Santo Domingo, República Dominicana. El Consejo Nacional de Participación Ciudadana, eligió este miércoles a Sonia Díaz Inoa, como la nueva coordinadora general de la institución para el periodo 2020-2021.

Sonia Díaz Inoa es abogada con maestrías en Administración Pública y Derechos Humanos y un doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho. Ha trabajado en los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo; y en el Ministerio de Trabajo. Es docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); directora de la Escuela de Derecho de la universidad APEC; integrante del Consejo de Doctores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD; y voluntaria del Instituto de Género y Familia de la UASD.

Díaz Inoa pertenece a los Colegios de Abogados y de Notarios del país, y ha trabajado en planificación universitaria e investigaciones. Es especialista en los temas de derechos humanos, migración y género.

Es la segunda ocasión que ejerce la función de coordinadora general de Participación Ciudadana, siendo la primera vez en 2014. También es integrante de las comisiones de Análisis Político y de Ética de la institución. Ha formado parte de la membresía de PC desde 2012.

“Significa muchísimo para mi volver a ejercer esta función, y más en este año con un contexto electoral donde nuestra institución tiene el liderazgo y la responsabilidad de observar las elecciones. Basaré mi gestión en el fortalecimiento del sistema democrático, haciendo énfasis en los ejes del respeto de los derechos humanos y la transversalidad de los derechos de género, contribuyendo así, a lograr que la sociedad dominicana sea más justa y equitativa, aunque eso solo sea un grano de arena en el universo República Dominicana”, expresó Díaz Inoa.

 Un Consejo Nacional renovado

El pasado domingo, en su vigésima sexta Asamblea General, Participación Ciudadana renovó su Consejo Nacional, órgano máximo de dirección que ostenta la representación de la entidad. Los nuevos integrantes elegidos y aceptados por su membresía son: los abogados José Ceballos, Leidy Blanco y Tony Tejada; los economistas Melba Barnett y Miguel Collado; el mercadólogo, Melvin Peña; el filósofo, Pedro Acevedo; y la especialista en derechos humanos, Sonia Díaz Inoa.

La renovación del Consejo Nacional de PC forma parte de las acciones que se realizan anualmente durante la Asamblea General Ordinaria de la institución donde participa la membresía activa de la organización.

Consejo Nacional
06 de febrero de 2020

La organización celebró su XXVI Asamblea General

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, proclamó este 2020 como el Año “Por la Democracia, Transparencia e Integridad Electoral”, considerando el marco de las elecciones municipales, legislativas y presidenciales que se aproximan y la acción de observación electoral que realizan desde la organización para fortalecimiento de la democracia.

La proclamación fue hecha durante la vigésima sexta Asamblea General de la institución, celebrada este domingo 02 de febrero, donde se renuevan los integrantes del Consejo Nacional, órgano máximo de dirección que ostenta la representación de la entidad.

Participación Ciudadana aseguró que por ser un año electoral, en el 2020  habrá predominio de los temas políticos electorales, y uno de los objetivos principales de todos los actores, incluyendo autoridades, partidos políticos, candidatos y ciudadanía, deberá ser la correcta aplicación de la Ley No. 33-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas y de la Ley No. 15-19 sobre Régimen Electoral, sorteando sus limitaciones, insuficiencias y contradicciones, en un ejercicio de responsabilidad que contribuya a mejorar cada vez más los procesos electorales.

“Nuestra organización acude a su compromiso ciudadano de observar elecciones por décima primera ocasión, a través de la integración de miles de hombres y mujeres que, de forma voluntaria, desplegarán sus esfuerzos para velar por el fortalecimiento de la democracia electoral a través de la vigilancia en los tres niveles, municipal el 16 de febrero, y la congresual y presidencial el 17 de mayo”, expresó Francisco Álvarez, coordinador de la Comisión de Análisis Político de la institución.

Indicó que la observación que desarrollarán hará énfasis en la correcta organización de las elecciones, en el funcionamiento de los equipos del sistema automatizado de votación, en las posibles infracciones electorales, incluyendo, pero no limitado, la compra de votos, proselitismo y campaña a destiempo, y, sobre todo, al cumplimiento de los principios constitucionales que rigen todo proceso electoral, los de libertad, transparencia, equidad y objetividad.

“Continuaremos reclamando la transparencia total del financiamiento de la campaña electoral, que deberá contar con la aprobación por parte de la Junta Central Electoral (JCE) del Reglamento de Contribuyentes, que permita a cualquier ciudadano informarse en tiempo oportuno del origen y destino de los fondos recaudados por partidos y candidatos, y a la JCE establecer quienes cumplen o no con los topes de ingresos y gastos previstos por la ley, así como evitar el uso de los recursos públicos con fines electorales”, agregó Álvarez.

Durante la Asamblea, Participación Ciudadana externó su respaldo a los esfuerzos de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral que contribuyan a que estas elecciones sean más democráticas, transparentes y equitativas; y recordó la necesidad de que el Consejo Superior del Ministerio Público designe con urgencia a la persona que asumirá la Procuraduría Especializada de Investigación y Persecución de los Delitos Electorales.

“Este año representa un reto muy singular en la historia electoral dominicana, con dos y tal vez tres elecciones en un mismo año, la aplicación de una nueva Ley de Régimen Electoral con serias deficiencias y el uso de un sistema automatizado de votación, y es por eso que Participación Ciudadana llama al pueblo, a ciudadanos y ciudadanas a unirnos ‘Por la Democracia, Transparencia e Integridad Electoral’, y les invitamos a comprometernos con un país decente donde prevalezcan los derechos y la dignidad de todos y todas”, manifestó Álvarez.

Sobre Asamblea General Ordinaria de Participación Ciudadana
La Asamblea General Ordinaria de Participación Ciudadana se celebra anualmente y los y las integrantes activos/as de la organización participan del proceso de evaluación y planificación anual, y seleccionan nuevos miembros del Consejo Nacional. Este año fueron electos: José Ceballos, Leidy Blanco, Melva Barnett, Melvin Peña, Miguel Collado, Pedro Acevedo, Sonia Díaz y Tony Tejeda.

Cada año el coordinador o coordinadora general saliente presenta un recuento de las principales acciones y avances durante su gestión. Esta vez estuvo a cargo de Heiromy Castro, quien destacó el “excelente trabajo que realiza el equipo técnico, administrativo, y todos las voluntarios y voluntarios de la organización”.

“Todos y todas con su tiempo y esfuerzo realizan una labor con la mejor calidad profesional y humana, pues ninguno de los procesos que gestionamos están exentos del amor al prójimo. Todos y todas son motivo de orgullo y con sus aportes del día a día han forjado el sólido apoyo y confianza que nos dispensan la mayoría de las personas en nuestro país y en el exterior. Y sepan que esa mínima parte de los que no nos apoyan, nunca podrán dejar de admitir que nos respetan. Ustedes hacen patria y gracias del alma por su irrestricto apoyo. Por favor, no nos cansemos de luchar juntos”, sostuvo Castro.

Consejo Nacional
Domingo 02 de febrero de 2020

El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, sostuvo un encuentro con los candidatos que aspiran a la alcaldía del Distrito Nacional en las elecciones de febrero de 2020, con el objetivo de trabajar en la construcción de una agenda municipal orientada a resultados que permitan encaminar un desarrollo local sostenible e inclusivo.

Durante este encuentro, los candidatos se comprometieron, a través de la firma del Pacto por la Gobernabilidad Democrática en el Ámbito Municipal, a encaminarse a la formulación y ejecución de políticas públicas que contribuyan a la mejora de la vida de los y las munícipes, colocando sus mayores esfuerzos en elevar la calidad de la gestión municipal en la planificación, administración y fiscalización del gobierno local.

También pactaron desarrollar un ejercicio de buen gobierno apegado al mandato de la Constitución y las leyes, así como a promover el fortalecimiento y la creación de herramientas y normas municipales que garanticen la participación de las organizaciones sociales, de mujeres, hombres y jóvenes en igualdad de condiciones en las instancias de toma de decisiones.

“El compromiso asumido en este Pacto por la Gobernabilidad Democrática en el Ámbito Municipal es para con la comunidad que los elegirá, a la cual se deben y en la cual viven ustedes junto a sus familias. Este compromiso será de mucho provecho para el ejercicio democrático nacional”, expresó Heiromy Castro, coordinador general de Participación Ciudadana.

Al encuentro asistieron los candidatos Hugo Beras, Johnny Ventura, Domingo Contreras, Bartolomé Pujals, Marcel Fonfrias y Michael Miguel Holguín.

“Nosotros tenemos cinco puntos que son básicos para mejorar nuestro Distrito Nacional: movilidad, deporte, cultura, seguridad y limpieza”, sostuvo Hugo Beras.

El candidato Johnny Ventura señaló que su propuesta busca transformar a la ciudad en un modelo de limpieza, sostenibilidad y estética.

El candidato Domingo Contreras manifestó que su propuesta plantea cinco visiones que contemplan la necesidad de una nueva gobernanza para el Distrito Nacional; el desarrollo sostenible; tránsito, movilidad y accesibilidad; la juventud; y el turismo.

“Nuestra propuesta se basa en una ciudad para la gente, en poner a la ciudadanía en el centro de las políticas públicas. Solamente generando su inclusión en la solución de los problemas que nos afectan, podremos acercarnos a ese Distrito Nacional que queremos”, enfatizó el candidato Bartolomé Pujals.

Por su parte, el candidato Marcel Fonfrias indicó que dentro de su propuesta contemplan la creación de un gobierno electrónico para fomentar la transparencia.

Finalmente, el candidato Michael Miguel Holguín enunció que su propuesta “busca mejorar el nivel de vida de los ciudadanos/as, convertir al DN en una sociedad próspera. No podemos avanzar sino mejoramos la distribución de la riqueza. Es por nosotros mismos que lograremos aumentar el bienestar del pueblo dominicano”.

El Pacto por la Gobernabilidad Democrática en el Ámbito Municipal es una iniciativa que forma parte de las acciones que realiza Participación Ciudadana en el marco de su programa de Observación Electoral 2020. Ha sido firmado por candidatos y candidatas municipales de San Juan de la Maguana, Azua, Baní, Santiago, Cienfuegos, Puerto Plata, San José de Ocoa, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Boca Chica, San Francisco de Macorís, La vega, Jarabacoa, Barahona, San Pedro de Macorís, Las terrenas y Cotuí.

Aspiran enlazar la tecnología con la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales para mejorar la calidad de la democracia.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico, Participación Ciudadana, en coordinación con el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y la Cámara Dominicana de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Cámara TIC), presentó el Laboratorio de Innovación para la Democracia (InnovaLab), iniciativa que aspira a ser referencia nacional en la innovación democrática para la transformación social.

InnovaLab busca ser un catalizador de proyectos de investigación, desarrollo, prototipado y acción, encaminados a construir un país más democrático, transparente y con justicia social; interpelando a alianzas público – privadas que a través de la experimentación social propugnen cambios que fortalezcan el Estado de derecho de la República Dominicana.

Durante el acto de lanzamiento, el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, expresó que InnovaLab procurará el análisis y diagnóstico de problemáticas sociales que, mediante la exploración de ideas entre la democracia y las tecnologías, potencie procesos e iniciativas que aporten nuevas soluciones contribuyendo al bien común.

“Este laboratorio conectará personas, conocimientos, saberes técnicos, prácticas, dispositivos y visiones sociales, facilitando el aprendizaje y la colaboración entre comunidades, proyectos e instituciones públicas”, agregó.

Por su parte, el rector del ITLA y presidente de la Cámara TIC, Ing. José Armando Tavares, sostuvo que “este proyecto fomentará la participación de la ciudadanía en la sociedad de la información y el conocimiento, para el diseño abierto y colaborativo de políticas públicas que profundicen y perfeccionen la democracia, apoyadas en ecosistemas de innovación social y estudiosos de la democracia”.

Durante el evento, las instituciones aliadas destacaron que los principios que regirán el InnovaLab, serán la inteligencia colectiva para el desarrollo de conocimientos especializados; la interdisciplinariedad; el aprender- haciendo (Desing – Thinking) donde se visualicen los retos, se creen ideas innovadoras y planteen soluciones ajustadas a necesidades reales; así como la innovación abierta que favorezcan el desarrollo económico, social, cultural y ambiental del país.

Este proyecto, auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y los Fondos Canadienses, contará con un consejo consultivo para proponer y analizar las temáticas que abordará Innovalab, conformado por los expertos en tecnologías de la comunicación: Mite Nishio, Rainiel Mallol, Luis Santiago, Katherin Motyka, Kenneth Aponte, Yulissa Mateo y José Frank Cuello; y por Emma Polanco, Rolando Guzmán, Javier Cabreja, Pablo Mella, Rafael Toribio, Ricardo Nieves, Berenice Barinas, Fausto Rosario, José Ángel Aquino y Melvin Peña, especialistas en temas de democracia, derechos humanos, innovación y otros campos del saber.

La actividad contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, la Embajadora de Canadá, Shauna Hemingway y con la ponencia de Laura Paonessa, quien impartió la conferencia “Una mirada a la experiencia de laboratorios de innovación en América Latina”. Al evento asistieron la representante de USAID, Kimberly Ludwig; miembros del consejo directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL); representantes del Poder Judicial, ministros y funcionarios del gobierno dominicano; procuradores fiscales; miembros del Cuerpo Diplomático; organismos internacionales y Cuerpo Consular acreditado en el país; representantes de la sociedad civil, medios de comunicación y del sector académico, entre otros.

23 de enero de 2020

• RD este año tiene una puntuación de 28 puntos de 100, ocupando el lugar 137 de 180 países, una pérdida de 2 puntos y 8 puestos en el ranking mundial con respecto al año 2018.
• RD se encuentra 15 puntos por debajo del promedio del continente americano (43 puntos promedio), confirmando que no existe avance alguno en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, presentó este jueves el indicador de corrupción más usado en todo el mundo, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019, el cual situó nuevamente a República Dominicana entre los países con más altos niveles de corrupción con una puntuación de 28 sobre 100, dos puntos menos respecto al 2018.

Para la República Dominicana este indicador, elaborado por Transparencia Internacional, fue oficializado al ser incluido para medir los avances del objetivo 1.1 de la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo. Los datos arrojan que el país está lejos de alcanzar la meta propuesta por esta estrategia para el 2020, que fue de 51 puntos y 78 puntos para el 2030.

“De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2019, nuestro país ocupa el lugar 137 de 180 países, representando una pérdida de ocho puestos con respecto al ranking mundial del año 2019, lo que evidencia que no hemos avanzando en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, expresó Heiromy Castro, coordinador general de Participación Ciudadana

Destacó que, en comparativa, dos países con puntuación similar a República Dominicana en el año 2018, Sierra Leona y Togo, mejoraron 3 y 1 puntos respectivamente su calificación con respecto al año anterior y en el caso de Sierra Leona, este país presentó un avance de 10 puestos en comparación con su ubicación en el ranking del 2018, esto a pesar de poseer un PIB per cápita 16 veces inferior al de la República Dominicana.

Según los resultados del IPC 2019, en el continente americano, la República Dominicana presenta una peor puntuación que el 78% de los países de la región, igualado en puntos con Paraguay (28 puntos) y solo mejor que 5 países del continente, Guatemala y Honduras (26 puntos), Nicaragua (22 puntos), Haití (18 puntos) y Venezuela (16 puntos). En esta categoría, los países con mejor puntuación en el índice son: Canadá con 77 puntos, Uruguay con 71, Estados Unidos con 69, Chile con 67, Bahamas con 64 y Barbados con 62. La puntuación promedio del continente es de 43 puntos. República Dominicana está 15 puntos por debajo del promedio continental.

El Coordinador General de Participación Ciudadana informó que los países del mundo que obtuvieron la mejor puntuación son: Dinamarca y Nueva Zelandia con 87 puntos, Finlandia con 86, Singapur, Suecia y Suiza con 85; Noruega con 84, Países Bajos con 82, Alemania y Luxemburgo con 80, Islandia con 78, Australia, Austria, Canadá y Reino Unido con 77, Hong Kong con 76 y Bélgica con 75.

Agregó que, en contraste, los países del mundo con menor puntuación en el IPC 2019 son: Somalia con 9 puntos, Sudan del Sur con 12, Siria con 13, Yemen con 15, Afganistán, Guinea Ecuatorial, Sudan y Venezuela con 16, Corea del Norte con 17, República Democrática del Congo, Guinea Bissau, Haití y Libia con 18, Burundi, Congo y Turkmenistán con 19 y Camboya, Chad e Irak con 20.

“Para el año 2019, el índice encontró que un poco menos de un tercio de los países (32.7%) obtuvieron 50 o más puntos, mientras que la puntuación anual promedio de todos los países que integran el ranking fue de 43 puntos, lo que representa muy poca variación en los avances en materia de lucha contra la corrupción a nivel mundial con respecto a los datos del 2018, lo que significa que la corrupción sigue siendo un gran flagelo a nivel mundial”, señaló Heiromy Castro.

Transparencia Internacional, en su comunicado oficial, indicó que “los países donde las elecciones y la financiación de los partidos políticos son sometidos a la influencia indebida de intereses particulares, tienen menos posibilidades de reducir la corrupción, de acuerdo con los resultados del análisis, y manifestó que “los gobiernos deben afrontar urgentemente el rol corruptor de los grandes capitales en la financiación de los partidos políticos y la influencia indebida que se ejerce en nuestros sistemas políticos”.

“Frente a estos resultados, Participación Ciudadana llama a todas las autoridades nacionales y municipales y a todos los sectores políticos y sociales a prestar alta atención a estos datos que muestran que la corrupción ha aumentado según lo perciben sectores claves y la opinión pública, tomando en cuenta, además, que los efectos nocivos de la corrupción pueden sentirse más en un período electoral en que el crecimiento económico disminuirá con respecto a años anteriores”, sostuvo el coordinador general de PC, Heiromy Castro.

El crecimiento económico dominicano no ha generado mayor institucionalidad ni reducción de la corrupción.

Luego de un análisis de los datos ofrecidos por el IPC 2019 y el ingreso per cápita de los países que lo integran, Participación Ciudadana determinó que de 110 países con ingresos per cápita iguales o inferiores a la República Dominicana (aproximadamente US$ 8,050 dólares promedio por habitante según datos del Banco Mundial), el 62% de estos países presentan una puntuación y una posición en el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 superiores a los resultados obtenidos por la República Dominicana, pese a que se ha demostrado que los países con mejores ingresos tienden a poseer mayores niveles de institucionalidad y menores niveles de corrupción, un dato que se corrobora cuando se visualiza que los países con mejores ingresos per cápita se encuentran en lo más alto del ranking de este indicador suministrado por Transparencia Internacional.

Recomendaciones por parte de Transparencia Internacional

Para reducir la corrupción y recuperar la confianza en la política, Transparencia Internacional recomienda a los gobiernos:

1. Controlar la financiación política para prevenir la excesiva influencia de los flujos de dinero en la política
2. Acabar con el trato preferencial para garantizar que la prestación de servicios y la distribución de los recursos públicos no respondan a conexiones personales ni estén sesgados hacia determinados grupos de interés;
3. Gestionar los conflictos de interés y las “puertas giratorias”;
4. Regular las actividades de lobby, a través de la promoción del acceso transparente y amplio a los procesos de toma de decisiones;
5. Fortalecer la integridad electoral, y prevenir y sancionar las campañas engañosas;
6. Empoderar a la ciudadanía, y proteger a los activistas, los informantes y los periodistas;
7. Reforzar los sistemas de control y promover la separación de poderes.

En el año 2019, 180 países fueron incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción. La puntuación de cada país muestra la percepción sobre el nivel de corrupción en el sector público en una escala de 0 a 100, donde 0 significa la mayor corrupción y opacidad y 100 significa que se lo percibe como la mayor transparencia y honestidad en la administración pública. Los datos son extraídos a partir de 13 evaluaciones de expertos y la realización de encuestas a empresarios.

Santo Domingo, República Dominicana. Más de sesenta organizaciones y personalidades de distintas regiones del país del ámbito religioso, académico, empresarial, sindical, campesino, movimientos sociales y de la sociedad civil que suscriben el Manifiesto Ciudadano por un Sistema Electoral Transparente, solicitaron este miércoles al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, convocar con urgencia al Consejo Superior del Ministerio Público, a fin de que designe al Procurador que estará a cargo de la Procuraduría Especializada en crímenes y delitos electorales.

Esta solicitud fue realizada vía comunicación oficial, y a través de la cual, las organizaciones manifestaron su preocupación por la ausencia de los preparativos necesarios para la operatividad de la Procuraduría Especializada para la investigación y persecución de los delitos electorales, creada por el artículo 289 de la Ley de Régimen Electoral, No. 15-19 de fecha 18 de febrero de 2019.

El comunicado, entregado al Procurador General de la República, señala que la eficacia de esta procuraduría dependerá del empoderamiento de todos los fiscales a nivel nacional, por tratarse de unas elecciones que se celebrarán simultáneamente en todo el país, tanto en el nivel municipal el próximo 16 de febrero como en los niveles congresual y presidencial el 17 de mayo del presente año, y una probable segunda vuelta presidencial el 28 de junio.

Requirieron, además, que por su conducto el Consejo Superior del Ministerio Público difunda ampliamente el listado con los nombres y datos de contacto directo de todos los Fiscales Adjuntos de cada Distrito Judicial que serán asignados a la persecución e investigación de los crímenes y delitos electorales, y el sometimiento penal de los responsables; y que estos sean instruidos a cumplir cabalmente con las responsabilidades puestas a su cargo.

“La ciudadanía reclama y espera que de oficio el Ministerio Público asuma frente a los crímenes y delitos electorales un rol activo, enérgico e imparcial y que no actúe solo a requerimiento de parte interesada. Que su accionar esté siempre apegado al respeto del debido proceso y a los derechos fundamentales de todos los dominicanos y dominicanas.  Que de forma alguna sirva de instrumento a intereses electorales partidarios, pero que tampoco se mantenga al margen del cumplimiento de sus responsabilidades legales y que con ello frustre toda posibilidad de procesar penalmente a quienes incurran en la deleznable práctica de retorcer la voluntad popular mediante la comisión de los ilícitos contempladas en la Ley de Régimen Electoral y el ordenamiento penal en general”, expresaron en el comunicado.

Finalmente, sostuvieron que la confianza en el proceso electoral es un elemento clave en la legitimación del acceso al poder público y para la consolidación del régimen democrático, por lo que tienen la firme determinación de trabajar para vencer la impunidad que ha prevalecido en la justicia electoral con sus graves derivaciones sociales, económicas y políticas, garantizando así los derechos civiles y políticos fundamentales que tutelan cualquier democracia.

Sobre Manifiesto Ciudadano por un Sistema Electoral Transparente

Es una iniciativa creada para expresar el compromiso con la defensa activa y vigilante del proceso de institucionalización democrática de República Dominicana y, en particular, de su sistema electoral. Forman parte del Manifiesto Ciudadano: Articulación Nacional Campesina, Asociación Dominicana de Profesores, Centro Juan XXIII, Centro Montalvo, Ciudad Alternativa, Monseñor Jesús Castro, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Monseñor Víctor Masalles, Foro Ciudadano, Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Participación Ciudadana, entre otras organizaciones y personalidades.

Nota: Anexo carta entregada al Procurador

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, en el marco de las acciones que desarrolla dentro de su programa de observación electoral, manifestó su apoyo a los debates electorales que organiza la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), reconociendo su importancia al permitir a la ciudadanía conocer y contrastar las distintas propuestas y programas de los candidatos y candidatas.

El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, expresó que la democracia necesita actores sociales y empresariales comprometidos con el Estado de derechos y que este se fortalece con el diálogo, las propuestas y el compromiso, mediante la participación activa y responsable de la ciudadanía y sus organizaciones, en las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 2020.

Indicó que los debates electorales se convierten en un espacio de gran trascendencia para el país y que la República Dominicana debe pasar a la lista de las naciones que asumen esta práctica como una acción política de la democracia y de los sistemas electorales que promueven la integridad, la transparencia y la construcción colectiva.

“Confiamos en la metodología propuesta por ANJE para la organización de este tipo de eventos que aporta al fortalecimiento institucional y a la propia democracia de nuestro país, y esperamos que los candidatos y candidatas que plantean querer llevar los destinos de República Dominicana, se motiven a participar y a presentar sus propuestas y compromisos para abordar los problemas básicos de nuestra nación”, añadió Pimentel.

Participación Ciudadana espera que las informaciones extraídas de estos debates sirvan de lineamientos a las organizaciones políticas y que los candidatos y candidatas que logren ganar en los comicios de este año, durante su gestión, implementen esas iniciativas que llevarán a la construcción de una mejor sociedad.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, solicitó este jueves a la Junta Central Electoral (JCE), la acreditación de 1800 voluntarios y voluntarias que participarán como observadores electorales en los comicios municipales de este 16 de febrero de 2020.

Esta solicitud fue realizada conforme al compromiso asumido por Participación Ciudadana como entidad observadora para garantizar la transparencia del proceso, y dando cumplimiento al “Reglamento para la observación electoral en las elecciones ordinarias generales del año 2020” y al proceso de Observación Electoral 2020.

“Desde Participación Ciudadana haremos dos tipos de observación electoral; una observación itinerante, donde estos voluntarios y voluntarias se movilizarán por las calles y visitarán diferentes locales de votaciones, observando las incidencias dentro y en los alrededores de los mismos; y una observación de locales de votación, donde el observador u observadora tendrá asignado un local y podrá constatar las incidencias fuera del local y dentro de los colegios electorales”, expresó Heiromy Castro, coordinador general de la organización.

Explicó que todos los voluntarios y voluntarias observarán las incidencias que se produzcan en las filas, en la mesa de votación y en los alrededores del local donde le corresponde hacer su labor, y que, al momento del cierre de la votación, estarán observando un colegio electoral para ver el proceso del cierre y conteo de los votos.

Castro invitó a todos los ciudadanos y ciudadanas del país a que se integren, a que ejerzan su derecho al voto de manera consciente y a que también sean observadores electorales y reporten cualquier irregularidad de la que sean testigo, destacando que “cada uno de nosotros decidimos el futuro de nuestro país, a cada uno de nosotros nos debe importar que se realicen elecciones transparentes para que no se atente contra la democracia dominicana”.

Esta es la onceava ocasión en que Participación Ciudadana realiza esta iniciativa que busca velar por el respeto de la democracia y la voluntad popular en las urnas. Desde su primera observación electoral en 1996, han contado con más de 60,000 voluntarios y voluntarias.

16 de enero de 2020

Santo Domingo, República Dominicana.  La organización de la sociedad civil, Participación Ciudadana, manifestó su preocupación por la tardanza en la impresión de las boletas de votación que se utilizarán en las elecciones municipales del 16 de febrero, destacando que no es culpa de la Junta Central Electoral (JCE), el Tribunal Superior Electoral (TSE) ni del Tribunal Superior Administrativo (TSA), pero que requiere del compromiso y esfuerzo de todos para alcanzar la meta de que estén listas en tiempo oportuno, sean distribuidas y alejar la posibilidad de dificultades logísticas que pongan en riesgo los comicios.

“Varios factores han producido una gran cantidad de recursos jurídicos, especialmente los relacionados con las primarias, las reservas de candidaturas y la equidad de género. El TSE ha trabajado aceleradamente para dar salida a esos recursos, pero debe buscar una salida dentro del marco de la Ley para que sus decisiones no obstaculicen factores tan decisivos como la impresión de las boletas”, expresó el Consejo Nacional de PC mediante un comunicado de prensa.

Recordó que el Tribunal Superior Administrativo suspendió la resolución que establece el orden de los partidos en las boletas hasta tanto decida una solicitud de medida cautelar, lo cual impide imprimir las boletas a menos de 30 días de las elecciones.

“La audiencia para conocer la medida será celebrada este viernes 17 y ese día debe producirse una decisión en el sentido que entienda el magistrado apoderado, pero que además permita a la JCE continuar con su calendario hacia el 16 de febrero. Por igual, el TSE debe cumplir lo prometido y decidir en esta semana los casos pendientes para que la JCE pueda hacer a tiempo las correcciones necesarias en las boletas y mandarlas a imprenta”, afirmó el Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

El comunicado de prensa enviado por el Movimiento Cívico, señala, además, que el artículo 98 de la Ley de Régimen Electoral ordena que las boletas deben ponerse en manos de las juntas electorales en “tiempo oportuno”, y ese mandato no solo obliga a la JCE, sino, además, a los tribunales que conocen casos que pudieran incidir en el cumplimiento del mismo.

Tras el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), magistrado Luis Henry Molina, por motivo del Día del Poder Judicial, la organización de la sociedad civil, Participación Ciudadana, realizó una evaluación del mismo indicando estar de acuerdo con varios de los puntos mencionados y haciendo énfasis en la necesaria mejora de la independencia de los jueces y juezas y del presupuesto nacional destinado al Poder Judicial, elementos omitidos por el presidente de la SCJ.

“En su discurso, el magistrado Molina pone el dedo en una de las llagas más lacerantes que padece nuestro sistema de justicia, la increíble mora judicial a la que hemos estado encadenados desde hace décadas, que afecta a todos los usuarios de este sistema, pero de manera principal a los sectores más vulnerables que se cansan de esperar una sentencia que nunca llega o llega demasiado tarde”, señaló el Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

Dijo que también apuntó en el sentido correcto cuando fija como una de las prioridades mejorar sustancialmente la eficacia y eficiencia con que se conduce el sistema de justicia, “llena de obstáculos burocráticos que ralentizan la labor judicial, además de la increíble desproporción en la carga de trabajo entre todos los jueces y juezas del país”.

“Dos aspectos del discurso merecen, sin embargo, una crítica constructiva, cuando no concede, por omisión, la importancia que tiene, en primer lugar, mejorar sustancialmente la independencia de los jueces y juezas, no solo hacia lo externo, sino además a lo interno, y en segundo lugar el cumplimiento de la ley que fija un 2.6% de los ingresos internos del presupuesto nacional para el Poder Judicial, sobre todo porque para el año en curso su asignación es de apenas 1.3%, es decir la mitad de lo que le corresponde por ley”, sostuvo el Consejo Nacional del movimiento cívico.

Desde Participación Ciudadana esperan que la Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial y su nuevo presidente utilicen sus facultades, incluyendo su iniciativa en la formación de la leyes, para trabajar junto con los demás poderes del Estado y la sociedad civil en las modificaciones que luego de agosto de este año deberían emprenderse en las normas sustantivas y adjetivas para mejorar las condiciones de independencia, comenzando por la revisión del Consejo Nacional de la Magistratura, a fin de excluir al Procurador General de la República como integrante del mismo, la eliminación de la facultad de dicho Consejo para evaluar a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y el establecimiento de una mayoría calificada para tomar decisiones, que obligue al consenso entre los miembros del Consejo.

Con respecto al presupuesto del Poder Judicial, explicaron que es cierto que uno de los problemas es el gasto ineficiente, lo que debe corregirse, pero que tampoco hay duda de que se requiere una fuerte inversión en “la penosa infraestructura del Poder Judicial, en el uso de tecnología, en los salarios, sobre todo del personal administrativo, en la puesta en funcionamiento de tribunales aprobados por el Congreso y muchos otros aspectos”.

El Consejo Nacional de PC afirmó que el acceso a la especializada jurisdicción contenciosa administrativa que lleva el mandato constitucional de creación de jueces de primer grado y que se ha incumplido por más de diez años por falta de presupuesto, está vedada a la mayoría de la población, a lo que se le añade las condiciones de extrema precariedad en que opera la misma, lo que la hace “prácticamente inexistente”.

Participación Ciudadana espera que temprano este año, luego de un levantamiento de las necesidades del Poder Judicial y de iniciar un plan de eficiencia en el gasto, el Poder Judicial en pleno, encabezado por su presidente, se comporte como el poder del Estado que es y reclame a sus pares la asignación presupuestaria que requiera.

“La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo del Poder Judicial, y el nuevo presidente de ambos órganos, permiten una vez más alumbrar la esperanza de una mejoría en el sistema de justicia que le permita recuperar por lo menos parte de la credibilidad pérdida y Participación Ciudadana asume esa esperanza sin dejar de lado el ejercicio de su derecho a mantenerse vigilante, evaluar y opinar sobre los procesos que se avecinan”, expresó el Consejo Nacional de la organización.