Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana invita a toda la población dominicana a sumarse al esfuerzo nacional que encabeza el gobierno, dirigido a lograr la vacunación generalizada de la población como la única vía posible para salir de la pandemia genera por el COVID-19 que por más de un año y medio ha azotado al mundo y a nuestro país.

A la fecha, más de 3,600 familias han sido enlutecidas por el fallecimiento de alguno de sus miembros. Decenas de miles han sufrido los rigores de esta terrible enfermedad. Los profesionales de la salud han venido trabajando sin descanso y aunque se encuentran agotados siguen firmes dando la batalla. Además, esta pandemia del coronavirus ha representado para el país pérdidas económicas, el atraso en la educación, adicional de las consecuencias psicológicas y sociales que el aislamiento ha tenido en la población.

Mediante comunicado de prensa Participación Ciudadana extendió una felicitación a los millones de dominicanos y dominicanas que han contribuido con grandes sacrificios a la contención de la pandemia, y que han acudido a los centros de vacunación designados por el gobierno en todo el territorio nacional.

“En este momento está creciendo la cantidad de vacunados, pero hace falta un impulso mayor, sobre todo en la población joven que es la mayoría, a fin de que en los próximos meses podamos superar la actual situación de confinamiento y restricciones impuestas por el toque de queda”, destaca el movimiento cívico.

Para que esto se logre, Participación Ciudadana llama a que el gobierno dominicano siga desarrollando una estrategia efectiva de educación, concienciación y persuasión de los ciudadanos, acompañada de medidas que garanticen el logro de las metas trazadas. Se requiere la colaboración de todos, primero del gobierno, asegurando la disponibilidad de vacunas y en particular la vacunación de todos los empleados públicos.

Adicionalmente, en la preservación de la salud pública, el gobierno debe disponer de medidas para prever que todas las personas que acudan a un servicio público, ya sea transporte o cualquier otro que requiera presencialidad, les sea solicitada la tarjeta de vacunación.

“Para hacer cumplir estas medidas el gobierno cuenta con disposiciones constitucionales y legales suficientes con el objetivo de proteger la salud colectiva en el estado de emergencia que se encuentra el país. El empresariado ya se está integrando activamente a este propósito y falta que lo hagan las pequeñas y medianas empresas, el sector informal de la economía y cualquier espacio donde se corra el riesgo de contagio, incluyendo quienes realicen espectáculos presenciales”, sostiene la entidad de la sociedad civil.

Como organización que propugna por los derechos humanos aspiramos a que el proceso se desenvuelva con el mayor respeto y civismo, pero entendemos que debemos lograrlo primero por la persuasión y luego con medidas legales efectivas, para que así todos caminemos hacia la meta de que el país pueda superar favorablemente la pandemia, y para ello confiamos en el compromiso de todos y todas.

Consejo Nacional

18 de junio del 2021

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, llamó hoy al Gobierno Central que encabeza el presidente Luis Abinader a asignar el presupuesto suficiente a la Procuraduría General de la República, que le permita seguir realizando su ardua labor de combatir y perseguir la corrupción, y en especial la corrupción administrativa, como hasta el momento ha venido realizando la Procuraduría General de la República, encabezada por la magistrada Miriam Germán Brito.

El Consejo Nacional del movimiento cívico, recordó que la Proclama de su Asamblea para el 2021 fue “Año por la independencia de los órganos de control, persecución y sanción de la Corrupción Administrativa”, y en ese sentido exigió que se le otorgue partidas acordes a lo solicitado por la Procuraduría General para el año 2021 y que, más allá de una asignación puntual, deben ser incluidas en la reformulación presupuestaria que será sometida al Congreso Nacional próximamente.

Participación Ciudadana afirmó que no basta con la independencia de actuación que se evidencia actualmente en los trabajos del órgano persecutor, sino que se precisa también de los recursos económicos necesarios que le permitan realizar su labor de investigación especializada y consiguiente instrumentación de expedientes sólidos que puedan ser sustentados en los tribunales de justicia.

“Para enfrentar los grandes desafíos que conlleva el combate y la persecución de la corrupción administrativa y la delincuencia de cuello blanco, en general, es fundamental terminar con la precariedad y ahogamiento económico a los que está sometido la Procuraduría General de la República, no obstante que la Ley No.194-04 en su artículo 3 establece que se le debe asignar el 1.4% del Presupuesto Nacional”, declaró el Consejo Nacional.

La organización de la sociedad civil lamentó que a dicha entidad pública se le tiene ahogada en el plano económico y recordó que la sociedad dominicana, esa misma que salió a las calles a exigir el fin de la impunidad, tiene cifradas sus esperanzas en la actual Procuraduría General de la República precisamente por su independencia de actuación y el temple con el cual ha enfrentado su responsabilidad.  Pero esa misma sociedad continúa exigiendo que se someta a los corruptos al sistema de justicia penal, se persigan y recuperen los bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio estatal y que se ponga fin a la impunidad que ha venido arrastrando al país por muchos años.

“Es penoso que el Ministerio Público no pueda desempeñar su rol a cabalidad por falta de recursos económicos y consiguiente falta de recursos humanos especializados en los que se apoyen los fiscales actuantes. Además de las investigaciones por los delitos de corrupción y derivados ilícitos la Procuraduría General de la República tiene otros temas muy importantes en su agenda ordinaria como son los de trazar las políticas públicas para enfrentar la criminalidad, la violencia de género, la delincuencia juvenil y continuar con la modernización del sistema carcelario que está bajo su responsabilidad”, destacó el Consejo Nacional.

A través de comunicado de prensa la entidad de la sociedad civil deploró las quejas que con sobradas razones ha manifestado públicamente la magistrada Procuradora General de la República, cuando expresa que la institución que dirige solo cuenta con un exiguo presupuesto 40.19% menor que el de 2020, al tiempo que advirtió “que sin recursos la lucha contra la corrupción no podrá ser exitosa”. Agregó la magistrada Procuradora General Miriam Germán Brito en sus declaraciones que la carga económica es alta y que el presupuesto es muy exiguo para cumplir con los múltiples compromisos, tanto los que se derivan del intenso trabajo del Ministerio Público actual como la pesada carga de deuda heredada de la gestión anterior.

Participación Ciudadana hizo un llamado al Poder Ejecutivo en la persona del presidente Luis  Abinader, a asignar fondos en lo inmediato a la Procuraduría General de República que le permita a la institución del Ministerio Público realizar su labor con holgura, a fin de que pueda continuar trabajando en la persecución de la corrupción administrativa y someter a la justicia expedientes sólidos que los fiscales puedan sostener cuando se sometan al escrutinio de la contradicción que caracteriza nuestro sistema de justicia.

Consejo Nacional

16 de junio del 2021

El derecho al nombre es una manifestación de los derechos de la personalidad. Asimismo, la filiación determina los apellidos de los individuos y la atribución de dichos apellidos no es más que la consecuencia de la relación entre los padres y sus hijos o hijas. En nuestro caso, el sistema jurídico dominicano establece un sistema dual en el que los hijos o hijas ostentan tanto el apellido del padre como el de la madre. El apellido del padre siempre ha precedido al apellido de la madre, imponiendo la continuidad del apellido en la línea masculina.

El 20 de enero del presente año 2021 el Tribunal Constitucional Dominicano emitió la sentencia TC/0127/21, que decidió sobre el la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta, contra el artículo 46 de la Ley No. 659, sobre Actos del Estado Civil, y el artículo 57 del Código Civil Dominicano, por una pareja a la que le fue negada la posibilidad de hacer una anotación en el Acta de Declaración de Nacimiento a fines de que se leyese el apellido de la madre antes que el apellido del padre, al momento de ir a realizar la declaración de su hijo o hija ante el Oficial del Registro Civil.

Si bien en esta sentencia el Tribunal Constitucional declaró inadmisible la acción directa en inconstitucionalidad al considerar que la norma no indica cuál apellido deber ir en primer orden, el Tribunal reconoce que las instituciones encargadas del registro de los nombres sí han actuado de manera discriminatoria y violando el derecho de igualdad al no permitir que los padres puedan elegir el orden de los apellidos de su prole. En ese sentido, el Tribunal deja constancia en su sentencia de “la necesidad de que dicha práctica sea eliminada en relación con los casos futuros que le sean presentados a la autoridad competente del registro de nombre”.

Aunque debemos celebrar esta postura de nuestro Tribunal Constitucional que busca proteger el derecho a la igualdad de las mujeres, es oportuno aclarar que este criterio establecido en la mencionada sentencia no es particularmente novedoso, de hecho, es extraño que aún no hubiese habido un pronunciamiento de esta índole en nuestro país, puesto que, en muchos otros países como Francia, Portugal, España, Suiza, Uruguay, Argentina, México y Chile, ya desde hace varios años se permite que los padres puedan elegir el orden de los apellidos de sus hijos o hijas. En el caso particular de España los padres tienen esta opción desde el año 1981.

Pero, muchos se preguntarán ¿Cuál es la importancia de que los padres puedan decidir el orden de los apellidos para sus hijos o hijas?

La tradición histórica de nuestro país, al igual que la de muchos otros países de Latinoamérica, impone que el apellido del padre siempre vaya primero que el de la madre. Asimismo, el apellido paterno tiene socialmente un significado simbólico, emocional e identificatorio para la prole, siendo el apellido del padre, y no así el de la madre, representativo de la identidad familiar.

Esta tradición pone en segundo lugar la figura materna otorgándole preminencia al apellido del padre, y constituyéndose en una tradición patriarcal arraigada que transmite el mensaje de que el hombre como “cabeza de la familia” posee una mayor jerarquía familiar y social que la mujer. Es decir, esta no es más que una costumbre discriminatoria que refuerza los estereotipos sociales en detrimento de la mujer.

Este tipo de costumbres que van contra el principio de igualdad consagrado en nuestra Carta Magna, no deben ser permitidas ni aupadas en nuestra sociedad en aras de garantizar un ambiente más justo y equitativo para todos y todas.

Teniendo en cuenta esto, ésta sentencia marca un importante precedente en la lucha de la eliminación de paradigmas discriminatorios contra la mujer y por ende debe ser reconocida como un paso importante en la búsqueda de la igualdad entre los sexos en nuestro país.

Sin embargo, esta sentencia solo es un primer paso en aras de garantizar la igualdad, pues ahora queda en manos del legislador establecer el criterio y las reglas para regular cómo se establecerá el orden de los apellidos, pues queda pendiente esclarecer, entre otras cosas, qué sucederá en caso de desacuerdo entre las partes para establecer el orden de los apellidos, sobre todo, porque en sentido práctico es el padre que acude ante el Oficial del Estado Civil a declarar al hijo o hija mientras la madre se recupera del parto.

Por Isidoro Santana, miembro de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana

Muchos reclamos puntuales son tolerables, pero cuando se junten con un ambiente inflacionario, una pandemia sin control, una oposición activada y con fuerte control de medios de prensa, le convertirán su período en un infierno.

Explicando el 47% de crecimiento

Primero debo dar una explicación lógica a la tasa de crecimiento del 47.2 % anunciada por el Gobernador del Banco Central, por la multiplicidad de llamadas y mensajes recibidos de gente que cree que ahí hay un error. 

Pues no. Es un asunto de simple matemática. En todo país cuya economía haya estado cerrada en abril del 2020 y ahora esté abierta, se registra un crecimiento espectacular. Y mientras más drástico fuera el cierre, mayor se verá el rebote, pues el crecimiento se mide comparando un período con su igual del año anterior. 

Aquí, en abril 2020 el gobierno decretó un cierre casi total para las actividades industriales, de servicios, comerciales, de transporte, aeropuertos, hoteles, zonas francas, bancos (algunas horas), pero no cerraron todas, ni el cierre cubrió el mes completo, porque la agricultura tenía que seguir funcionando, lo mismo que la industria y el comercio de alimentos y medicamentos.

También tenían que seguir operando servicios públicos que constituyen una porción importante del PIB como la salud, policía, fuerzas armadas, administración general del Estado (incluyendo JCE), electricidad, comunicaciones, agua, vivienda, etc. Por eso la caída fue de 30% y no 100%, en cuyo caso, matemáticamente el crecimiento este año sería infinito. 

Para recuperar esa caída y volver al punto de partida, en abril de este año el PIB debía haber crecido un 42.5%. De todas maneras, la noticia es positiva, pues creció más de ahí, y los números auguran un resurgimiento económico apreciable en 2021. Siempre pensé que la economía podría crecer más que el 5.5% proyectado por las autoridades y por el FMI (dando por sentado que no haya más cierres), aunque tampoco es para que celebremos espectacularidades, pues tanto para lo malo como para lo bueno, abril es un mes pico. Esas cifras no volverán a verse. 

La lección de Colombia y nosotros

Hay otra cosa sobre la cual sí quiero llamar la atención: fuera de la buena coyuntura externa (crecimiento en EUA, crédito fácil, muchas remesas y exportaciones de zonas francas), hasta ahora todo el esfuerzo interno ha descansado en la política monetaria, pues la fiscal ha sido en extremo restrictiva.

Con nuestra deuda cuasifiscal, la política monetaria expansiva no tiene futuro, salvo que se logre controlar la renovada inflación, o decisiones externas sobre tasas de interés. 

Pero la gran restricción vendrá por el lado fiscal. Ya esto era así desde antes de la pandemia, pero ahora es asfixiante. Y ya todos sabemos que el año 2021 ofrece el peor de los escenarios para discutir sobre pacto fiscal ni sobre reformas tributarias, por lo cual el Gobierno ha optado por controlar el déficit (generar superávit) bajando el gasto; pero bajar el gasto público a los niveles que se ha hecho hasta ahora es insostenible, además de un camino socialmente injusto. Y sobre todo, un suicidio político.

Basar el crecimiento en una política monetaria laxa es algo que cae muy bien entre los banqueros, algunos grupos empresariales (sobre todo importadores y comerciantes), y un superávit fiscal satisfará al FMI y las calificadoras de riesgos, pero esto no contenta a los productores de frijoles de San Juan que reclaman que les paguen, ni a los de papas o de cebollas, ni mucho menos a los campesinos de Moca o Licey que quieren caminos y carreteras. 

Y paro de contar para no meterme en las demandas de los habitantes urbanos del Gran Santo Domingo o de una decena de provincias a las que el presidente ha prometido grandes obras, y de grupos sociales que esperan empleos o mejores sueldos, mientras el Gobierno verá esfumarse su período sin poder cumplirles, sin contar las otras 20 provincias o grupos sociales que esperan que también se les prometa.

Muchos reclamos puntuales son tolerables, pero cuando se junten con un ambiente inflacionario, una pandemia sin control, una oposición activada y con fuerte control de medios de prensa, le convertirán su período en un infierno.

La experiencia de Colombia es muy aleccionadora, aunque con serias diferencias: Colombia tiene un gobierno que ya ha sufrido un gran desgaste; además de haber aplicado políticas impopulares desde el principio, comenzando por ir desmantelando el mejor legado de su predecesor: el Acuerdo de Paz con las FARC, liquidando a exguerrilleros que entregaron las armas y estropeando el funcionamiento de la jurisdicción especial creada para garantizar la paz. De modo que las violentas protestas no son tanto por la reforma (que fue retirada de inmediato), sino por el hastío de la gente.

De todas formas, la experiencia sí ofrece una gran lección: aunque el paquete sometido fue regresivo, por muy bien intencionados que sean los diseñadores de la política tributaria, no hay formas de cobrar impuestos solo a los ricos. Tendría que ser al caviar servido en eventos suntuarios, pero con ello se cobraría apenas lo necesario para pagar el sueldo del que barre el parque de Villa Trina. Los problemas fiscales son grandes de verdad.

Pero, aunque se lograra diseñar una reforma que recayera prioritariamente sobre los ricos, estos contarían con todos los medios (que son muchos) para convencer a los pobres y la clase media de que son ellos los perjudicados. 

Siempre he dicho que al presidente Abinader le ha tocado el período más maldito que gobierno alguno haya debido enfrentar. Actualmente, ni reformas tributarias ni bajar el gasto público son opciones socialmente recomendables pues, como acaba de declarar el saliente presidente de la OCDE, es preferible cambiar un poco más de deuda por un poco menos de pandemia. Ambas son barreras al crecimiento, pero la pandemia duele más. 

Santo Domingo, República Dominicana. El Consejo Nacional de Participación Ciudadana expresó un enérgico y total rechazo a cualquier plan que amenace la vida o la integridad física de la fiscal adjunta anticorrupción Yeni Berenice Reynoso.

El principal organismo de dirección del movimiento cívico, advirtió que ni el país ni sus autoridades pueden tomar a la ligera la revelación reciente de que se trama contra la vida de la fiscal Reynoso.

 “Esperamos que el Poder Ejecutivo, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ordene a todos los organismos de inteligencia del Estado que se pongan a disposición de la Procuraduría General de la República en los esfuerzos por identificar a los responsables de este tipo de conductas tan peligrosas para el Estado de Derecho”, expresó en un comunicado de prensa el Consejo Nacional de la organización.

Participación Ciudadana fue enfático al demandar que los resultados de dichas investigaciones, una vez concluidas, sean comunicados al público oportunamente, y los nombres de los involucrados sean dados a conocer, al tiempo que los implicados sean traducidos inmediatamente a la acción de la justicia.

 “La sociedad dominicana debe permanecer vigilante, tomar en serio esta grave denuncia y parar en seco cualquier intento en contra de la vida o la integridad de los fiscales anticorrupción, pues tan solo el intento de concretarse podría sumir al país en un estado de terror generalizado”, sostuvo el Consejo Nacional.

El movimiento cívico Participación Ciudadana, expresó, además su vigoroso respaldo a la lucha contra la impunidad que se libra desde el Ministerio Público y particularmente a la valentía, denuedo y dedicación con que los fiscales Yeni Berenice Reynoso, Wilson Camacho y todo el equipo de la Procuraduría Anticorrupción han tomado en sus hombros esta responsabilidad histórica.

Consejo Nacional

01 de junio de 2021

Por Faustino Collado

El pueblo se “jartó” de ser pendejo y se prepara para su próxima batalla: impedir que el gobierno cargue a los pobres y a los sectores de ingresos medios con más impuestos.

Los oligarcas que gobiernan lo intentaron en octubre del año pasado, cuando hasta al salario de Navidad le iban a colocar un impuesto. La opinión pública les obligó a echarlo hacia atrás, pero ahora insisten en la necesidad de nuevos impuestos a “los pendejos”.

Lo llaman pacto fiscal, que significa más impuestos para el pueblo y privilegios para los multimillonarios de las corporaciones, cadenas y oligopolios.

Es cierto que en comparación con otros países la presión tributaria dominicana (impuestos/PIB) de 14% es de la más baja. Pero no solo se trata de eso, sino de quiénes pagan ese 14%, igual a RD$ 927,838,858,174.00, y en qué se gasta e invierte esa suma.

De ese casi billón de pesos, los impuestos corrientes previstos a recaudar este año son RD$605,936,356,314.00, y para que se vea la injusticia de los gobiernos de los ricos, de ese total al pueblo y sectores medios les corresponderá pagar cerca del 77%, esto es, RD$470 mil millones de pesos, por impuestos sobre la renta, ITBIS, selectivos al consumo (341.2 mil millones), multas, seguridad social y otros impuestos y tasas.

En el otro lado de la moneda, las empresas y corporaciones solo pagarán 107 mil millones de pesos de impuestos por sus ganancias, lo que es apenas el 17.6% del total. Es decir, “los pendejos” pagan 4 veces más que las empresas (77/17.6). Pero, de esas empresas unas 95,000, el 98%, son micro, pequeñas y medianas, e injustamente, pagan el mismo 27% que las grandes, que son solo 1,520, las reales dueñas del país que se ríen de todos.

Pero la cosa no para ahí ¡caballero!. A estos grandes ricos, incluyendo empresas extranjeras de energía, minas y combustibles, se les exonera impuestos por RD$200 mil millones, cifra mayor de la que pagan en impuestos, aparte, también, de lo que evaden y roban, reteniendo impuestos y no pagándolo. ¡Así se burlan de los pendejos!

Los comunistas, socialistas, izquierdistas, revolucionarios en general, democráticos avanzados y decentes, pequeños y medianos empresarios, amas de casa, asalariados, queremos la reforma fiscal. Queremos más impuestos. Vamos a la calle por ellos. Pero a virar la tortilla. Para que los multiricos paguen el doble que hoy y se les impida que evadan, para que los terratenientes paguen impuestos por las tierras ociosas, para que sea bajado el ITBIS, el impuesto a los combustibles y a las comunicaciones.

 Reclama mantener derogados los tribunales penales militares.

Santo Domingo, República Dominicana. Frente a las situaciones escandalosas y criminales que se han ventilado en la opinión pública y en los tribunales recientemente, el movimiento cívico, Participación Ciudadana, solicitó al Presidente de la República, Luis Abinader, en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, realizar una reforma integral de los cuerpos militares y policiales con el propósito de transformar la realidad y la imagen que estos han construido por décadas, y que los presentan como organismos carentes de transparencia, que manejan los recursos públicos de manera arbitraria, sin sujeción a las normas y en beneficio de cúpulas que exhiben fortunas y estilos de vida que no pueden justificar, mientras por otro lado, la mayoría de sus miembros desarrollan sus vidas y su trabajo en condiciones de sacrificio y precariedad.

El Consejo Nacional del Participación Ciudadana, aseguró que el país ha llegado al 2021 escuchando las mismas denuncias, nunca investigadas y mucho menos corregidas. A la vista de todos hay múltiples indicadores de que una parte del personal de los cuerpos militares, al igual que sucede con la Policía, no desempeña el trabajo para el que está designado, en cambio prestan servicios a empresas o personalidades privadas en transacciones que benefician a los mandos superiores. También se ha denunciado que, bajo la denominación de especialismos, un grupo de privilegiados recibe ingresos otorgados de manera arbitraria y bajo esquemas que se prestan a la corrupción y al tráfico de influencia.

A través de rueda de prensa, el Capítulo Dominicano de Transparencia Internacional, declaró, además que no es de ahora que se denuncia que en los cuerpos militares y policiales se compran y venden los ascensos y las posiciones con acceso a recursos públicos y privados; se compran y asignan pensiones desproporcionadas; se cobran peajes a cambio de protección a delincuentes. Una denuncia que se hace desde hace décadas es que algunos comandantes realizan recortes fraudulentos en los viáticos y la alimentación, en perjuicio de los servidores más vulnerables, y que tampoco respetan las normas que rigen las compras y contrataciones.

“Numerosas modalidades de corrupción son señaladas como prácticas cotidianas en organismos que están llamados a ser ejemplo de honestidad y patriotismo. En todos los escándalos relacionados con el crimen organizado han salido evidencias de que criminales cuentan con elementos infiltrados y la protección activa de militares y policías de todos los rangos. Basta recordar los casos de José David Figueroa Agosto, Arturo del Tiempo, Quirino Ernesto Paulino Marmolejos, Ramón Antonio del Rosario Puente (alias Toño Leña), César Emilio Peralta (alias César el Abusador), entre otros”, destacó el Consejo Nacional.

El movimiento cívico, saludó  los esfuerzos que viene realizando la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en los últimos meses bajo el liderazgo de su presidente el Contralmirante José Manuel Cabrera Ulloa, donde se han anunciado cifras récord en la incautación de drogas, sin embargo, afirmó que estos esfuerzos quedan cortos, ya que no se han desmontado desde la raíz las redes del tráfico ilícito de estupefacientes ni se conocen los culpables, sus beneficiarios finales ni sus padrinazgos.

Es preocupante para Participación Ciudadana que a más de ocho meses del cambio de gobierno no se haya visto indicador alguno de que estas prácticas corruptas estén en vías de ser eliminadas. Tampoco se han iniciado las auditorías correspondientes.  El país no puede seguir aceptando desmentidos oficiales y promesas de que no se sigue haciendo lo mismo. Una cultura sistémica, contraria a los valores éticos como la que estamos señalando, no desaparece sin que se realicen cambios profundos y valientes, sin que se investigue y se someta a la justicia a las personas responsables de instalar y mantener esas estructuras.

“Estamos cansados de escuchar que jefes militares o policiales locales, así como otros rangos medios y bajos, vinculados a crímenes, delitos de corrupción o atropellos son trasladados a otra localidad donde nuevas poblaciones son sometidas a los mismos abusos. Los pocos que reciben sanciones son llevados a cárceles militares en las que se burlan de la sociedad manteniendo sus privilegios”.

“Tampoco podemos aceptar que se espere que el Ministerio Público asuma toda la responsabilidad en el combate de estas prácticas. Es necesario actuar de manera preventiva y educar en materia de ética, integridad y transparencia a las instituciones armadas. Desde el Comandante en Jefe hasta cada oficial son responsables de que esta cultura cambie, y de que nuestros militares y policías pasen a ser percibidos como honestos y sean respetados por la ciudadanía”, sostiene el movimiento cívico.

Numerosas encuestas nacionales e internacionales, incluyendo el último Barómetro Global de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, muestran que en el país la confianza en las instituciones llamadas a velar por el orden y la seguridad es muy baja. Para restituirla se requieren cambios más allá de los nombres de los incumbentes que han incurrido en infracciones y faltas a su juramento de proteger la nación. Estas instituciones deben abrirse al escrutinio público. No existe en la Constitución y las leyes excepción alguna a la ética y la transparencia administrativa, y no podemos esperar del gobierno ni de los altos mandos ninguna conducta que propenda a mantener la impunidad y la creencia de que los militares y policías están por encima de las leyes.

Desde Participación Ciudadana hacemos un llamado al Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, para que retire su carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados, en la que pide modificar el proyecto de Código Penal para excluir a los militares de la aplicación del mismo. Esta petición contradice la sentencia del Tribunal Constitucional No. TC/0350/19, la cual estableció “que los tribunales penales militares son inexistentes en nuestro ordenamiento jurídico”. Resulta inconcebible pretender que en momentos de compromiso con el fin de la impunidad se pretenda volver al pasado.

Participación Ciudadana espera que el presidente Abinader no acepte chantajes de quienes advierten o propalan que las acciones de saneamiento de las fuerzas armadas y la policía podrían ser respondidas con desestabilización política o del orden institucional. Por el contrario, el gobierno que se atreva a emprender esta impostergable tarea contará con el respaldo de la ciudadanía, de los miembros honestos de las instituciones militares y policiales que también son víctimas de las prácticas delictivas y de todos los sectores de la vida nacional que aportan para construir un mejor país.

Consejo Nacional

19 de mayo de 2021

Por Francisco Álvarez Valdez

En estos días de escándalos relacionados con militares de alto rango, sometidos a la jurisdicción penal ordinaria, como debe ser, se informa de una carta dirigida por el ministro de defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, al presidente de la Cámara de Diputados, donde pide no dejar fuera del proyecto de código penal el antiguo artículo 5 que disponía que “las disposiciones del presente Código no son aplicables a las contravenciones, delitos o crímenes militares”,  con lo cual se pretende reinstaurar un artículo derogado, pero además volver al pasado de privilegios donde un militar juzgaba a otro militar con los resultados históricos que todos conocemos.

Lo primero es señalar que ese antiguo artículo 5 del Código Penal vigente, fue derogado por el Código Procesal Penal, que en su artículo 57 dispuso que “las normas establecidas en este código se aplican a la investigación, conocimiento y fallo de cualquier hecho punible, sin importar su naturaleza ni la persona imputada, incluyendo los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aun cuando los hechos punibles que les son atribuidos hayan sido cometidos en el ejercicio de sus funciones y sin perjuicio de las facultades estrictamente disciplinarias de los cuerpos a los que pertenecen”.

De manera también puntual la Ley 278-04, de implementación del proceso penal, dispuso en su artículo 15, ordinal 13, lo siguiente: “Quedan derogadas… 13. Todas las normas procesales referidas al enjuiciamiento penal de los miembros de la Policía Nacional y/o de las Fuerzas Armadas, contenidas en el Código de Justicia Policial contenido en la Ley No. 285 del 29 de junio de 1966 y en el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, contenido en la Ley 3483 del 13 de febrero de 1953 y sus respectivas modificaciones, así como cualquier otra ley que establezca normas en este sentido. Todo sin perjuicio de las facultades disciplinarias conferidas a los órganos internos de las referidas instituciones”.

En consonancia con las disposiciones antes citada, se aprobó la Ley 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas, cuyo artículo 185 dispuso que “las Fuerzas Armadas tienen un régimen disciplinario militar aplicables a aquellas faltas que no constituyan infracciones del régimen penal militar”.

Algunos pretenden sustentar la vigencia de la jurisdicción penal militar en las disposiciones del artículo 254 constitucional, que dispone que “la jurisdicción militar solo tiene competencia para conocer de las infracciones militares previstas en las leyes sobre la materia. Las Fuerzas Armadas tendrán un régimen disciplinario militar aplicables a aquellas faltas que no constituyan infracciones del régimen penal militar.”

Ha sido el Tribunal Constitucional el encargado de definir este tema y lo ha hecho en varias sentencias, primero en la número TC/0512/17, refrendando la constitucionalidad de las disposiciones de la ley 278-04 antes citada al disponer: “11.2 Asimismo, la Ley de Implementación del Proceso Penal número 278-04, del 13 de agosto de 2004, en el artículo 15, numeral 13, derogó todas las normas referidas al enjuiciamiento de sus miembros previstas en el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, las cuales estaban instituidas en la Ley 3483, del 13 de febrero de 1953, y sus respectivas modificaciones, sin perjuicio de las facultades disciplinarias conferidas a los órganos de las referidas instituciones”.

Posteriormente, el propio Tribunal, en su sentencia núm. TC/0350/19 dispuso que “En sintonía con las consideraciones anteriores, debemos precisar que los tribunales militares y policiales solo tienen la potestad de adoptar las medidas preliminares y conocer de las infracciones que se deriven de un ilícito administrativo disciplinario, estándole vedado emitir aquellas medidas y actuaciones que son propias de los procesos penales, las cuales solo pueden ser dispuestas por los órganos que conforman el Poder Judicial, en el contexto de procesos donde se esté ventilando el conocimiento de una falta penal que constituya una infracción al régimen penal militar o policial”.

El Tribunal Constitucional agrega, en su sentencia antes citada: “es necesario señalar que la jurisdicción militar es un ente administrativo de carácter disciplinario, que tiene competencia exclusiva para conocer de las infracciones y faltas disciplinarias contenidas en las leyes, y reglamentos castrenses, quedando fuera de su competencia el procesamiento y juzgamiento de aquellas faltas penales que constituyan una infracción a su régimen penal militar, las cuales deben ser instruidas y conocidas por los tribunales penales ordinarios del Poder Judicial”.

Y para cerrar de forma contundente el Tribunal Constitucional, en la misma sentencia antes citada, concluye de la siguiente forma: “De esto se concluye, tal y como disponen los artículos 254 de la Constitución y 185 de la Ley 139-13, que las Fuerzas Armadas tienen un régimen disciplinario militar aplicable a aquellas faltas que no constituyan infracciones del régimen penal militar. De ahí que deba considerarse que los tribunales penales militares son inexistentes en nuestro ordenamiento jurídico. En la especie se trata de una infracción al régimen penal militar, lo cual escapa a la competencia de la jurisdicción militar”.

El ministro Díaz Morfa se ha caracterizado por tener siempre un comportamiento ejemplar, a través de una carrera militar correcta, y además un don de gente del que he sido beneficiario por su trato amable y cortés. Espero que reflexione y retire la solicitud, pues además no es buen momento para propuestas como esta. Tal vez nunca exista un buen momento.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico, Participación Ciudadana, señaló este jueves que cuatro de los cinco miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE) han denunciado que el presidente de esta alta corte ha pretendido convertirlo en un tribunal unipersonal, por lo que reclaman transparencia e institucionalidad en este importante organismo.

Los magistrados Rafaelina Peralta, Ramón Arístides Madera, Santiago Sosa y Cristian Perdomo, han exigido al presidente, magistrado Marcos Cruz García, llevar al pleno los temas de autoridad del colectivo en materia administrativa. El diferendo se origina en que, a pesar de que la Ley 29-11 dispone que el pleno es la máxima instancia, con competencia para establecer todas las políticas, incluyendo la financiera, el magistrado Cruz García, desde que asumió el cargo, ha tomado unilateralmente decisiones sin informar y sin la aprobación de los demás miembros del organismo.

A través de un comunicado de prensa, el Consejo Nacional del movimiento cívico, destacó que entre las actuaciones que cuestionan los cuatro miembros del Tribunal Electoral están: el manejo de la tarjeta de crédito del presidente; manejo de fondos de cajas chicas; concentración de varias funciones especializadas, como la de relaciones internacionales; cancelación de empleados; aislar a los demás miembros titulares del TSE, entre otras acciones. Todo esto cuando apenas quedan dos meses para el vencimiento del período que agotan sus actuales miembros.

“Esta situación implica un serio riesgo de deterioro institucional del Tribunal Superior Electoral, organismo, que entre otras funciones está llamado a dirimir los conflictos electorales y entre los partidos políticos, por lo que resulta indispensable preservar su salud institucional y credibilidad pública”, advierte el Consejo Nacional.

El plazo para el cual fueron elegidos los actuales miembros del TSE vence el 17 de julio del año en curso, por lo que hacemos un llamado al presidente Luis Abinader en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura para iniciar el proceso de elección de las personas que ocuparan esas posiciones, a fin de que, a la fecha, los elegidos puedan tomar posesión sin pérdida de tiempo. De esta manera, también se iría corrigiendo la brecha que se ha producido en el momento de elección de los miembros de este tribunal, que debe ser posterior y cercana al 16 de agosto, cada cuatro años.

Participación Ciudadana hace un llamado, además al magistrado Marcos Cruz García para que en lo que resta de su período devuelva el carácter de tribunal colegiado al Tribunal Superior Electoral y respete la investidura de sus pares.

Consejo Nacional

13 de mayo del 2021

 Por Cándido Mercedes

 “En la modernidad avanzada, la producción social de riqueza va acompañada sistemáticamente por la producción social de riesgos. Por tanto, los problemas y conflictos de reparto de la sociedad de la carencia son sustituidos por los problemas y conflictos que surgen de la producción, definición y reparto de los riegos producidos de manera científico-técnica.”

 (Ulrich Beck: La sociedad del riesgo).

Oteando con los ojos entreabiertos parecería que alcanzamos a ver un horizonte desestructurado donde el conjunto social, expresado en los tejidos político, empresarial e institucional, colindan de manera impulsiva, de manera sempiterna; empero, más agravado en los últimos 25 años.

El lobbismo (que no existe como figura jurídica en nuestro país) se acrecentó. El tráfico de influencia, vía empresarial, acusó un desbordado sitial. Las puertas giratorias, de tanto producirse, se constituyeron en una norma. Las puertas giratorias, son la capacidad del empresario de entrar a los órganos del Estado, en sus principales mecanismos de control, de puestos de altas jerarquía (entrada) y de volver (salida) a las organizaciones privadas.

Al mismo tiempo, se produce desde la dimensión política, esto es, de cómo los directivos en el tren gubernamental, los políticos, se encuentran en el Estado para después de un tiempo pasar al sector privado. Es doble vía que se van dando de manera recurrente. Es sistemático y se expresa en ambas direcciones. No es que la división social del trabajo se diluyera sino como descomposición en el proceso de acumulación más rápido y más descarnada.

Las puertas giratorias se han convertido en un fenómeno social, pues expresa un modo de articulación, de vinculación de dos elites: la política y la empresarial, que tiene como protagonista al Estado. El político que llega y establece relaciones con una parte del tejido empresarial y, a veces por no decir muy a menudo, se hace rico y luego se transforma en burgués al construir su “riqueza” en capital. Los hay que saltan al sector privado con todo el expertise, el know how adquirido y con informaciones privilegiadas.

Los apologistas del sector empresarial muy a menudo aluden que como ventaja que estos llevan sus capacidades, competencias y experiencias gerenciales a fin de eficientizar y actuar con mayor eficacia y calidad en el Estado. Empero, se olvidan de que gobernar es mucho más que gerenciar. Lo trascendental para encontrar el equilibrio es como logramos controlar, regular la puerta giratoria en el sentido del tiempo de entrada y de salida y el grado de recurrencia con que ocurren y, al mismo tiempo, de cómo evitar la sangría de la corrupción.

En la sociedad dominicana no hemos conocido la figura jurídica del LOBBISMO. En los países que existe hay regulaciones y controles. Lo que se da en el tejido social nuestro es una enormidad de tráfico de influencia a todos los niveles y en todos los estratos de la pirámide social. Esto hace que los conflictos de intereses prevalezcan como un juego de niños que conforman las costumbres y tradiciones. Es tan vasta su dimensión que los distintos actores – político-empresarial y social – los asumen como una norma. No se “dan” cuenta cuando están en presencia de “conflicto de intereses”. Sobre todo, en una sociedad donde había una supremacía, una privilegiación y priorización en los dilemas éticos.

Hay una ausencia, debilidad y falencia en el marco legislativo frente a esta realidad que lo que hace es recrudecer la corrupción. Constituye uno de los soportes de porqué somos una de las sociedades con mayor testaferrismo y presta nombre. Los casos que estamos viendo, Anti pulpo y Coral, forman parte del tinglado de las puertas giratorias en toda su variedad. Aunque justo es resaltar que podemos estar en presencia de una puerta giratoria que no conlleva necesariamente delito alguno, solo el fino hilo de la delicadeza y reciedumbre ética moral lo impide; sin embargo, no amplifica un axioma inexorablemente hacia la conducta delictiva o conflicto de intereses.

Ese ir y venir en doble vía del sector público al privado, llamado puerta giratoria, se ha producido con mucha frecuencia en el Estado dominicano. Tal vez por la configuración del Estado en la época de Trujillo donde el peso de la administración es significativo en el tejido social y empresarial. En los doce años de Joaquín Balaguer (1066-1978) el otrora presidente llegó a señalar que se habían hecho más de 300 millonarios y que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho.

Tiempo después, muchos de esos funcionarios pasaron a ser empresarios y accionistas de empresas. Lo mismo sucedería en los próximos 10 años de Balaguer (1986-1996). En este último interregno el gobernante nonagenario fortaleció a esos sectores y el tráfico de influencia seguiría gravitando; empero, la acumulación originaria de capital sería menos estrepitosa. Los empresarios, ayer como hoy, tienen las puertas abiertas en el Palacio. No conozco ningún país donde ese sector fáctico incida tanto en la construcción de leyes y en la gravitación de políticas públicas.

En los últimos 25 años las puertas giratorias se darían con mayor incidencia desde lo público hacia lo privado. Muy pocos empresarios ocuparon puestos en el tren gubernamental. Algunos dieron un buen servicio al país y no crearon distorsiones negativas. Solo que la sensibilidad los llevó a desempeñar un cargo público que refleja, cuando lo hacen con entereza y dignidad, el grado de compromiso e identificación con su país.

El “devolving door” como se dice en anglosajón es la puerta giratoria que implica desplazamiento de personas, generalmente de cargos encumbrados, en la cima del poder del Estado (público). En nuestra sociedad no ocurre con mucha frecuencia por dos razones: una parte de la elite política no tiene una alta competencia profesional para irse al sector privado y además, vivimos en pleno Siglo XXI, en el Capitalismo familiar; la otra explicación es lo desacreditada que se encontraba la política que impedía que actores empresariales fueran al sector público.

Lo más trascendente de la puerta giratoria, desde la óptica del sector privado en el plano de lo público, son los riesgos que se producen al no poder diferenciar los distintos actores (público y privado) y, el grado difuso con que toman las decisiones pudiendo crear no solo la captura en las acciones y decisiones sino la entera captura del Estado, cambiando las normas y leyes del mismo para su beneficio. Ahí se encuentra el verdadero dilema de la calidad y desarrollo de la democracia cuando no se sabe vincular y los distintos intereses, cuando siempre debería ser lo colectivo, lo público. La captura institucional está permanentemente al acecho, sobre todo, si la elite empresarial es muy dominante en su visión corporativa.

Aquí, como en todas partes, la calidad de la democracia depende hondamente de la visión de esa elite empresarial a corto, mediano y largo plazo, de la sociedad y de la calidad, competencia y honor de la elite política. Sin esa articulación viabilizadora el desarrollo de la democracia no es posible ni sostenible. Balaguer logró una alta autonomía desde la dirección del Estado que le permitía la articulación con la elite empresarial, desde la visión de su interpretación sin presión desde lo privado. A partir de 1996 las puertas giratorias, acusaron una dimensión cuasi demencial. Empresarios golondrinas llegaron al Estado en puestos públicos y acumulaban más fortunas de la que en todos sus años anteriores no habían logrado, al tiempo que otros que llegaron sin nada (político) se hicieron potentados y luego crearon empresas mediante testaferros para esconder la riqueza que no podían explicar legal y razonablemente.

Llegaron de la empresa a lo público para volver a la empresa en doble dimensión: empresarios –políticos, empero, con más poder económico. Urge todo un proceso de regulación como lo tiene el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, donde los incumbentes, incluyendo los Miembros de la Junta Monetaria, no pueden trabajar en otras organizaciones por espacio de un año. Esto así para evitar lo que sucedió con una persona que formaba parte de la Unidad de Análisis Financiero y pasó a trabajar en la defensa de un imputado.

Se requiere normalizar el lobbismo, reducir al máximo el tráfico de influencia que expande la corrupción y que desde la dirección del Estado no se negocie con actores individuales del sector empresarial sino con las organizaciones. Ello ayudaría a disminuir la bipolaridad de intereses entre las instituciones que representan y luego sus intereses individuales en el Palacio con el “lobbismo” sin preámbulo.