Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana en coordinación con la Defensoría del Pueblo, el Movimiento Reconocido y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), realizó el webinar “Dominicanas y dominicanos, pero sin derechos”.

Durante las palabras de bienvenida, Leidy Blanco García, coordinadora general del movimiento cívico, destacó que en esta ocasión Participación Ciudadana ha aunado esfuerzos con el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) y la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de promover una conversación  propositiva y reflexiva sobre la situación de apatridia o riesgo de apatridia en que se encuentran muchos dominicanos y dominicanas como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13.

“Esa decisión del Tribunal Constitucional contraviene los principios fundamentales en que se afianza la Constitución dominicana actual, la dignidad humana y, por ende, violenta todos los derechos fundamentales inherentes al ser humano, por lo que se debe analizar que la República Dominicana no solamente es el país con mayor número de apátridas en el Caribe, sino que es uno de los países con mayor número de apátridas en el mundo”, afirmó la coordinadora del movimiento cívico.

Gabriel Godoy, jefe de misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), subrayó la relevancia del plan de acción mundial y de la campaña #IBelong (#YoPertenezco) para que los que países pueden trabajar en la identificación, la prevención, la reducción y la protección de las personas que estén en situación de apatridia o riesgo de apatridia. De acuerdo con Godoy, la meta global es erradicar esta situación hasta el año 2024, aprovechando las molduras de las Convenciones de la ONU sobre Apatridia de 1954 y de 1961 como directrices para responder a los diferentes desafíos en la región de Las Américas y del Caribe.

“Invitamos a los Estados a tomar medidas políticas y jurídicas para evitar el riesgo de apatridia, promoviendo el acceso universal al registro de nacimientos y el reconocimiento de la identidad legal en acuerdo con la meta 9 del Objetivo de Desarrollo sostenible 16 de la Agenda 2030 (…); el acceso efectivo a la nacionalidad es el derecho a tener derechos”, resaltó Gabriel Godoy.

Alberto Fiallo-Billini, oficial de relaciones institucionales del ACNUR, explicó el contexto actual de las personas afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 que fueron beneficiadas por la Ley 169-14, puntualizando que 34,900 personas cuya nacionalidad dominicana ha sido confirmada aún no tienen su documentación nacional, según previó la auditoría realizada en el año 2014 la Ley 169-14.

“La situación de las personas nacidas en República Dominicana desde 1929 que no se encontraban registradas en el Registro Civil al momento de la emisión de la sentencia, pero que aplicaron al plan de regulación y naturalización establecido en la Ley 169-14 dentro del plazo de 180 días establecido por el Estado, fueron 8,768, de las cuales 7,147 han sido aprobadas por el Ministerio Interior y Policía (MIP) como elegibles para ser documentadas y posteriormente naturalizadas, incluyendo las 588 personas observadas que lograron completar sus expedientes antes del 30 de septiembre de 2019 con el apoyo directo del del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y sus socios en la República Dominicana. Es un verdadero drama humano lo que estamos viviendo en la República Dominicana que puede ser resuelto con voluntad institucional”, destacó Fiallo-Billini.

Elena Lorac, coordinadora nacional del Movimiento Reconocido, afirmó que la Ley 169-14, emitidita por el Poder Ejecutivo en el año 2014 como una forma de buscar una salida a las realidades que viven los dominicanos y dominicanas que fueron privados de su nacionalidad en 2013, fue promulgada gracias a los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, esta Ley ha fragmentado aún más la realidad y la situación de estas personas.

“Los jóvenes que nos vimos afectados por la Sentencia 168-13 somos dominicanos y dominicanas, pero sin derechos, ya que la realidad no nos permite avanzar con nuestros proyectos, ni realizar nuestros sueños. Nuestros derechos están siendo violentados por todos los mecanismos y dispositivos legales y administrativos que se han venido dando desde el año 2007. Al Estado no garantizar nuestros derechos esto va en decadencia en todo nuestro desarrollo personal y humano y, por ende, de nuestro país”, subrayó Lorac.

Harold Modesto, secretario general de la Defensoría del Pueblo, señaló que lo importante, lo clave, lo distintivo es entender que, bajo ningún concepto, en ninguna circunstancia, es admisible que una persona, independientemente de su estatus jurídico, no pueda gozar de derechos más básicos, derechos que se encuentran establecidos en clave constitucional como derechos fundamentales y que deben alcanzar a todas las personas.

Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, criticó el sustento constitucional de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, resaltando lo delicada de la tarea de construir una salida a la situación creada por ella mediante una pieza legislativa. Precisó que lo que está de por medio es una situación que divide a la sociedad dominicana, y es un proceso difícil, lento y agotador, pero no debe paralizarse.

Con este encuentro Participación Ciudadana reafirma su compromiso con la defensa integral de los derechos humanos y la construcción de un estado social democrático y de derecho, que incluya a todos y a todas.

28 de julio de 2021

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participacion Ciudadana, realizó la Mesa de diálogo: Carrera Administrativa Especial – Carrera Policial: ingreso, avances y retos, la cual tuvo como objetivo conocer y analizar las carreras especiales de la administración pública con énfasis en la carrera policial, analizando los concursos para el ingreso, los avances y retos en la implementación y cumplimiento de la misma.

Leidy Blanco García, coordinadora general de la organización de la sociedad civil, reconoció que el país ha avanzado en el proceso de reforma de la administración pública, gracias a los esfuerzos del Ministerio de la Administración Pública (MAP), al trabajo colaborativo y sensible de las mesas sectoriales, y al apoyo financiero y técnico de organismos cooperantes que han servido de puente para alcanzar metas establecidas en el marco de la Reforma de Administración Pública.

“Sin embargo, todavía persisten retos fundamentales en la búsqueda de un Estado verdaderamente eficiente y transparente. Uno de estos retos se visualiza en el ámbito de la profesionalización y establecimiento de la carrera administrativa y especial, y así mismo en la implementación las políticas públicas que garanticen derechos humanos y calidad de servicio”, destacó Blanco García.

Abril Arias y Jovanny Ozuna representantes del Ministerio de Administración Pública, explicaron que el Sistema de Carreras es un conjunto sistematizado de oportunidades de estabilidad, ascenso, promoción y movilidad de las normas y los procesos que garantizan a los empleados públicos que la integran con base en los principios de mérito e igualdad de acceso.

“La finalidad de la carrera administrativa es promover la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública, así como la mejora continua de los servicios públicos. Es por ello que, si queremos un Estado democrático, social y que garantice los derechos a los ciudadanos la mejor manera es a través de la profesionalización del Estado”, destacaron.

 Las representantes del MAP, señalaron que la Ley de Función Pública en su artículo 06, establece que el Presidente de la República podrá crear carreras administrativas especiales en aquellos órganos de la administración pública central y en las entidades descentralizadas, previo estudio y opinión favorable del Ministerio Administración Pública.

“La carrera especial es una función estatal, actividad administrativa o servicio público que requiere gestionar de forma especial un personal altamente especializado con características particulares. Es decir, posee características particulares y no son parte de los cargos comunes que están establecidos en la Administración Pública. Cada vez que se aprueba una carrera especial se debe trabajar en un reglamento, a fin de diseñarla, desarrollarla e implantarla”, precisaron Abril Arias y Jovanny Ozuna.

Durante la actividad el General Cristóbal Morales, director central de Recursos Humanos de Policía Nacional, así como el Coronel Miguel Ángel Jiménez Cruz, subdirector de la Policía Nacional, sostuvieron que la transformación integral de la Policía es el horizonte trazado hacia un  nuevo modelo para República Dominicana, el cual busca dar respuesta integral y efectiva al mandato constitucional de preservar la convivencia pacífica para alcanzar una vida sin violencia, donde la seguridad ciudadana no solo sea la reducción de delitos, sino que incida en la mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad.

“La base y el punto de partida de la transformación integral institucional son nuestros policías. Por tanto, se busca dignificar su labor, consolidar su integridad a través de la ética policial, su formación permanente para una profesionalización y mejorar su calidad de vida.  Es un proceso de evolución, renovación, significativo, decisivo, constante y con el compromiso del gobierno, de la institución policial, y de nuestros hombres y mujeres policías”, señalaron.

Participaron de esta mesa diálogo, además Sandra Fuentes y Noemi Germosén, representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y del Programa Internacional de Asistencia para la Capacitación en Investigación Criminal (ICITAP), quienes socializaron con los presentes sobre el Programa del fortalecimiento de la capacidad institucional y la transparencia para la transformación policial de la República Dominicana, destacando que este programa tiene como objetivo tres componentes: la planificación organizativa  y desarrollo, recursos humanos y desarrollo y relaciones policiales con la comunidad, especialmente con población vulnerable y marginada.

“El trabajo con la Policía Nacional se realiza de manera colaborativa e integrada, a fin de garantizar el desarrollo institucional, la transparencia, la efectividad, la profesionalización y la legitimidad en la institución con miras a buscar la convivencia pacífica, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos humanos”, subrayaron.

Este encuentro se llevó a cabo en el marco de los proyectos Administración Pública Inclusiva (PARAP II) y Acción de la sociedad civil por la seguridad y la justicia (PASJ), los cuales desarrolla Participación Ciudadana, y contó, además con la coordinación de Ciudad Alternativa, Fundación Solidaridad y OXFAM.

29 de julio de 2021

Santo Domingo, República Dominicana. En el marco del proyecto Promoviendo la Participación Ciudadana, la Veeduría Social e Incidencia en la Gestión Local, el movimiento cívico Participación Ciudadana, realizó el “Encuentro Regional de intercambio de experiencia de los comités de monitoreo ciudadano”, el cual se desarrolló en conjunto con el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), y con el auspicio de la Unión Europea.

Este encuentro tuvo por objetivos socializar las experiencias de monitoreo a la administración pública local, diseñar la estrategia de fortalecimiento y articulación regional de los comités de veeduría social, a fin de continuar el proceso de seguimiento a la gestión local, conocer el funcionamiento del Portal Transaccional de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP), analizar el contexto local y nacional en el marco de la pandemia Covid-19, y evaluar y elaborar los planes de acción de los equipos municipales de monitoreo.

Sandino Olaverria, director ejecutivo de CEPAE realizó un análisis de coyuntura sobre la corrupción administrativa, crisis sanitaria y la actuación del Ministerio Público, al tiempo que resaltó el impacto del Covid-19 en la articulación de las organizaciones sociales para el proceso de veeduría social y ejercicio de su derecho de vigilancia sobre la gestión pública.

Miembros de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), participaron de la actividad presentando el portal transaccional de ese órgano rector en la persona de Rubén Mañón, analista territorial, quien presentó el plan de compras, registro de proveedores del Estado y el canal de YouTube de dicha Dirección.

‘’Debemos promover que la ciudadanía se involucre en el proceso de veeduría social y para ello se debe conocer el proceso de compras y contrataciones públicas, así como el portal’’, señaló Pablo Vicente, coordinador territorial de la DGCP.

Durante la socialización los participantes exploraron el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal (SISMAP) y las páginas web de los seis ayuntamientos, mediante el uso de herramientas de observación, análisis y evaluación de evidencias, donde identificaron los niveles de la gestión municipal en términos de eficiencia, eficacia y calidad de cumplimiento de marcos normativos y procedimentales que inciden en la gestión municipal.

Para actuar en consecuencia los Comités Municipales elaboraron sus planes de monitoreo municipal, donde quedó constituida la Red Regional de Veeduría Ciudadana "Por una gestión local transparente y participativa", a fin de proveer un espacio de articulación de la sociedad civil que pretender monitorear la gestión local de los gobiernos locales de la Región Sur del país.

El “Encuentro Regional de intercambio de experiencia de los comités de monitoreo ciudadano”, contó con la participación de líderes y lideresas comunitarios de los municipios de Azua, Baní, Barahona, Cabral, San Juan de la Maguana, San Cristóbal y San José de Ocoa.

26 de julio de 2021

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, realizó la conferencia virtual: “Buenas Prácticas en el enfrentamiento de la violencia armada a nivel regional: Aprendizajes y Retos para República Dominicana”, la cual se desarrolló en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía, la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Patio Común y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

Los panelistas Luisa Dammert, reconocida experta chilena y profesora Asociada de la Universidad de Santiago de Chile; y Jesús Feliz, viceministro de seguridad interior del Ministerio de Interior y Policía compartieron con los participantes sus experiencias en materia de seguridad pública, y en procesos de reforma del sector de seguridad en América Latina y la República Dominicana.

Luisa Dammert, aseguró que es necesario que las políticas públicas para enfrentar la violencia armada estén concentradas en personas prioritarias, es decir en aquellas que corren más riesgo de ser víctimas de violencia urbana o de desarrollarla; jóvenes, minorías, zonas vulnerables.

“Es necesario hacer un equilibro entre el control y la prevención para mantener a los individuos de alto riesgo fuera de posibles problemas, pero también mantener mecanismos de apoyo la comunidad y el aumento de las consecuencias del mal comportamiento”, dijo, además.

Dammert, enfatizó que también se debe utilizar la equidad como una herramienta para establecer la legitimidad del gobierno y para aumentar los niveles de cumplimiento de las leyes.

Durante su intervención el viceministro de seguridad interior del Ministerio de Interior y Policía, Jesús Feliz, afirmó que uno de los problemas y que vincula también a la fuerza del orden y que vincula al Estado como corresponsable de esos niveles de criminalidad que se han dado en la República Dominicana tiene que ver mucho con jugar a la falta de control.

“En la República Dominicana las armas ingresan a través de los puertos, de los aeropuertos y a través de la frontera que es muy porosa y extensa para las capacidades que nosotros tenemos como país.  Es por ello que para implementar un plan sostenible en el tiempo de desarme de la población civil debemos tener mayores niveles de controles, rigurosos controles en los puertos en los aeropuertos y en la frontera, y especial nivel de cuidado con los cargamentos de droga que entran al país”, destacó.

Jesús Feliz, refirió, además que el 80% de los cargamentos de narcóticos que vienen de Sur América a la República Dominicana vienen con sus armas de resguardo, y esas armas no regresan a Sur América, sino que por lo general se quedan en República Dominicana.

Participación Ciudadana extiende la invitación a la próxima conferencia virtual “Narcomenudeo y microtráfico / Jóvenes e ilegalidad: Aprendizajes y Retos para República Dominicana”, la cual tendrá lugar el martes 27 de julio a las 10:00 am. Para mayor información sobre el registro acceder a las redes sociales de la institución @pciudadana

21 de julio de 2021

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, otorgó la categoría de Miembro Emérito al empresario José Manuel Paliza, quien ha sido voluntario de la organización por más de 25 años.

En un acto celebrado este jueves 15 de julio, le fue entregada una placa de reconocimiento que destaca su elevada contribución a la democracia, la institucionalidad y el progreso de la República Dominicana, a lo largo de su vida, así como el legado de compañerismo, enseñanzas y compromiso que ha dejado en Participación Ciudadana.

La comisión que entregó el reconocimiento estuvo integrada por Leidy Blanco García, coordinadora general; Fátima Lorenzo, directora ejecutiva; Francisco Álvarez, Melba Barnett y Mirian Díaz Santana.

La categoría de Miembro Emérito, es otorgada por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana a personas que han hecho contribuciones significativas al movimiento. Quienes reciben esta distinción se mantendrán de por vida como miembros de la organización, con derecho a voz y voto en las asambleas, y a participar en las diferentes actividades internas y cualquier otro derecho propio de los miembros activos.

Al agradecer el reconocimiento, José Manuel Paliza reiteró su compromiso con los principios e ideales que por más de 27 años ha representado Participación Ciudadana. “Me siento muy feliz de haber participado porque los esfuerzos han valido la pena y han dado sus frutos. El país avanza en institucionalidad, justicia, castigo a la corrupción, transparencia y democracia”, manifestó, además.

Consejo Nacional

16 de julio, 2021

Investigación de la Sociedad Civil demuestra complicaciones para lograr profesionalización de servidores públicos y erradicación del acoso sexual en la Ley 41-08.

Santo Domingo. Jueves 08 de julio de 2021.- El Ministro de Administración Pública, Darío Castillo, valoró como positivos los resultados del estudio “Avances en la Carrera de la Administración Pública” presentado este jueves en el ciclo de seminarios web sobre la reforma a la Administración Pública desde un enfoque de género y derechos humanos, por el consorcio conformado por las organizaciones Participación Ciudad, Ciudad Alternativa, Fundación Solidaridad y OXFAM en el que se demuestra la necesidad de actualizar el marco jurídico que rige la función pública en el país.

Darío Castillo aseguró, que como indica la investigación, los servidores públicos no han podido acceder a la carrera administrativa desde 2016 debido a la ineficiencia del proceso de evaluación. Castillo reveló que a febrero de este año solo habían ingresado a la carrera administrativa poco más de 94 mil personas que fueron seleccionadas con el método de evaluación de conocimientos y desempeño en el cargo, no por concurso de oposición como indica la Ley 41-08.

Además, ante los casos de acoso sexual en las instituciones estatales, la asesora técnica del Ministerio de Administración Pública (MAP), Alexandra Olivo, aclaró que la normativa actual no contempla esta figura por lo que debe ser actualizada para incluir sanciones y acciones concretas que eviten este delito como recomienda el estudio presentado por los representantes de la Sociedad Civil.

No obstante, los funcionarios del MAP revelaron que se han hecho los acercamientos interinstitucionales pertinentes para corregir las debilidades de la normativa 41-08 y que para los meses de agosto o septiembre de este año se planea presentar al Congreso Nacional un proyecto de modificación a la Ley de Función Pública que contemple soluciones para los desafíos planteados en el estudio.

De su lado, el director del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), Cristian Sánchez, enfatizó que desde el Gobierno se trabaja en la profesionalización de los servidores públicos y que el 53% de las personas que acceden a estas capacitaciones son mujeres.

La investigación del consorcio también establece que el clientelismo ha afectado la sistematización y profesionalización de la carrera administrativa a lo que las autoridades del sector aseguraron que se trabaja para que los cargos políticos sean incluidos en la regulación de la función pública a través de una carrera especial que fomente la selección de estos a partir de un concurso de oposición y desde ternas en las que se incluyan postulantes por sus propios méritos.

El Ciclo de Seminarios sobre la Reforma de la Administración Pública desde un Enfoque de Género y de Derechos Humanos continúa el próximo jueves 15 de julio, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, a través de la plataforma digital de Zoom con el seminario sobre “Calidad de los servicios públicos y derechos ciudadanos”.

Para participar se debe acceder a las redes sociales del consorcio de la sociedad civil organizadora para inscribirse en el formulario disponible desde ya.

El campamento comprendió varias actividades formativas, a fin de desarrollar multiplicadores de buenas acciones y fomentar un liderazgo responsable.

Santo Domingo, República Dominicana. Con la participación de 35 jóvenes en edades comprendidas entre 18 a 29 años, procedentes del Corredor Duarte y la Región Este del país, el movimiento cívico Participación Ciudadana y la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia, con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), realizó el campamento de prevención de violencia juvenil 2021.

Este encuentro tuvo como objetivo fomentar el liderazgo, la orientación y la capacitación para el fortalecimiento del compromiso de los jóvenes en la implementación de las políticas de seguridad ciudadana, prevención del delito y la promoción de los derechos humanos, así como facilitar herramientas a los participantes que le motiven y permitan adquirir las bases para fortalecer su identidad, a través del conocimiento y aceptación de sí mismos que genere en ellos una autoestima sana, y facilite la toma de sus decisiones para cumplir con las metas planeadas y lograr sus objetivos de vida.

La coordinadora general de la organización, Leidy Blanco García, quien tuvo a su cargo las palabras de bienvenida, aseguró que para poder ser parte del relevo institucional se necesitan jóvenes comprometidos con la construcción de un país más justo y sostenible. “Nosotros necesitamos más jóvenes como ustedes, ya que este país se construye en la medida en que más jóvenes estén capacitados para afrontar los cambios que en esta sociedad se requieren”, agregó Blanco García.

Por su parte, Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, expresó la necesidad de forjar ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el cambio que requiere nuestro país, a fin de crear condiciones de igualdad, de no discriminación y situaciones de oportunidad.

“Vivimos en una sociedad donde se han instalado muchas desigualdades, muchas discriminaciones. Hay muchas cosas que debemos cambiar, por lo que desde la dirección de Participacion Ciudadana les quiero dejar esta palabra: cambio. Es una palabra que ustedes tienen en sus manos porque el cambio solamente se produce cuando viene de mí hacia el colectivo, y vuelve del colectivo hacia mí”, sostuvo Lorenzo.

El campamento, realizado los días 26 y 27 de junio en el Hotel Rancho Guacamayo en Bonao, que comprendió varias actividades formativas, se desarrolló en el marco del proyecto Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia, el cual coordina el movimiento cívico contó con la facilitación de Emmanuel Rosado (Manny), José Escalante y Rossy Santos, así como colaboradores de Participación Ciudadana.

28 de junio de 2021

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana invita a toda la población dominicana a sumarse al esfuerzo nacional que encabeza el gobierno, dirigido a lograr la vacunación generalizada de la población como la única vía posible para salir de la pandemia genera por el COVID-19 que por más de un año y medio ha azotado al mundo y a nuestro país.

A la fecha, más de 3,600 familias han sido enlutecidas por el fallecimiento de alguno de sus miembros. Decenas de miles han sufrido los rigores de esta terrible enfermedad. Los profesionales de la salud han venido trabajando sin descanso y aunque se encuentran agotados siguen firmes dando la batalla. Además, esta pandemia del coronavirus ha representado para el país pérdidas económicas, el atraso en la educación, adicional de las consecuencias psicológicas y sociales que el aislamiento ha tenido en la población.

Mediante comunicado de prensa Participación Ciudadana extendió una felicitación a los millones de dominicanos y dominicanas que han contribuido con grandes sacrificios a la contención de la pandemia, y que han acudido a los centros de vacunación designados por el gobierno en todo el territorio nacional.

“En este momento está creciendo la cantidad de vacunados, pero hace falta un impulso mayor, sobre todo en la población joven que es la mayoría, a fin de que en los próximos meses podamos superar la actual situación de confinamiento y restricciones impuestas por el toque de queda”, destaca el movimiento cívico.

Para que esto se logre, Participación Ciudadana llama a que el gobierno dominicano siga desarrollando una estrategia efectiva de educación, concienciación y persuasión de los ciudadanos, acompañada de medidas que garanticen el logro de las metas trazadas. Se requiere la colaboración de todos, primero del gobierno, asegurando la disponibilidad de vacunas y en particular la vacunación de todos los empleados públicos.

Adicionalmente, en la preservación de la salud pública, el gobierno debe disponer de medidas para prever que todas las personas que acudan a un servicio público, ya sea transporte o cualquier otro que requiera presencialidad, les sea solicitada la tarjeta de vacunación.

“Para hacer cumplir estas medidas el gobierno cuenta con disposiciones constitucionales y legales suficientes con el objetivo de proteger la salud colectiva en el estado de emergencia que se encuentra el país. El empresariado ya se está integrando activamente a este propósito y falta que lo hagan las pequeñas y medianas empresas, el sector informal de la economía y cualquier espacio donde se corra el riesgo de contagio, incluyendo quienes realicen espectáculos presenciales”, sostiene la entidad de la sociedad civil.

Como organización que propugna por los derechos humanos aspiramos a que el proceso se desenvuelva con el mayor respeto y civismo, pero entendemos que debemos lograrlo primero por la persuasión y luego con medidas legales efectivas, para que así todos caminemos hacia la meta de que el país pueda superar favorablemente la pandemia, y para ello confiamos en el compromiso de todos y todas.

Consejo Nacional

18 de junio del 2021

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, llamó hoy al Gobierno Central que encabeza el presidente Luis Abinader a asignar el presupuesto suficiente a la Procuraduría General de la República, que le permita seguir realizando su ardua labor de combatir y perseguir la corrupción, y en especial la corrupción administrativa, como hasta el momento ha venido realizando la Procuraduría General de la República, encabezada por la magistrada Miriam Germán Brito.

El Consejo Nacional del movimiento cívico, recordó que la Proclama de su Asamblea para el 2021 fue “Año por la independencia de los órganos de control, persecución y sanción de la Corrupción Administrativa”, y en ese sentido exigió que se le otorgue partidas acordes a lo solicitado por la Procuraduría General para el año 2021 y que, más allá de una asignación puntual, deben ser incluidas en la reformulación presupuestaria que será sometida al Congreso Nacional próximamente.

Participación Ciudadana afirmó que no basta con la independencia de actuación que se evidencia actualmente en los trabajos del órgano persecutor, sino que se precisa también de los recursos económicos necesarios que le permitan realizar su labor de investigación especializada y consiguiente instrumentación de expedientes sólidos que puedan ser sustentados en los tribunales de justicia.

“Para enfrentar los grandes desafíos que conlleva el combate y la persecución de la corrupción administrativa y la delincuencia de cuello blanco, en general, es fundamental terminar con la precariedad y ahogamiento económico a los que está sometido la Procuraduría General de la República, no obstante que la Ley No.194-04 en su artículo 3 establece que se le debe asignar el 1.4% del Presupuesto Nacional”, declaró el Consejo Nacional.

La organización de la sociedad civil lamentó que a dicha entidad pública se le tiene ahogada en el plano económico y recordó que la sociedad dominicana, esa misma que salió a las calles a exigir el fin de la impunidad, tiene cifradas sus esperanzas en la actual Procuraduría General de la República precisamente por su independencia de actuación y el temple con el cual ha enfrentado su responsabilidad.  Pero esa misma sociedad continúa exigiendo que se someta a los corruptos al sistema de justicia penal, se persigan y recuperen los bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio estatal y que se ponga fin a la impunidad que ha venido arrastrando al país por muchos años.

“Es penoso que el Ministerio Público no pueda desempeñar su rol a cabalidad por falta de recursos económicos y consiguiente falta de recursos humanos especializados en los que se apoyen los fiscales actuantes. Además de las investigaciones por los delitos de corrupción y derivados ilícitos la Procuraduría General de la República tiene otros temas muy importantes en su agenda ordinaria como son los de trazar las políticas públicas para enfrentar la criminalidad, la violencia de género, la delincuencia juvenil y continuar con la modernización del sistema carcelario que está bajo su responsabilidad”, destacó el Consejo Nacional.

A través de comunicado de prensa la entidad de la sociedad civil deploró las quejas que con sobradas razones ha manifestado públicamente la magistrada Procuradora General de la República, cuando expresa que la institución que dirige solo cuenta con un exiguo presupuesto 40.19% menor que el de 2020, al tiempo que advirtió “que sin recursos la lucha contra la corrupción no podrá ser exitosa”. Agregó la magistrada Procuradora General Miriam Germán Brito en sus declaraciones que la carga económica es alta y que el presupuesto es muy exiguo para cumplir con los múltiples compromisos, tanto los que se derivan del intenso trabajo del Ministerio Público actual como la pesada carga de deuda heredada de la gestión anterior.

Participación Ciudadana hizo un llamado al Poder Ejecutivo en la persona del presidente Luis  Abinader, a asignar fondos en lo inmediato a la Procuraduría General de República que le permita a la institución del Ministerio Público realizar su labor con holgura, a fin de que pueda continuar trabajando en la persecución de la corrupción administrativa y someter a la justicia expedientes sólidos que los fiscales puedan sostener cuando se sometan al escrutinio de la contradicción que caracteriza nuestro sistema de justicia.

Consejo Nacional

16 de junio del 2021

El derecho al nombre es una manifestación de los derechos de la personalidad. Asimismo, la filiación determina los apellidos de los individuos y la atribución de dichos apellidos no es más que la consecuencia de la relación entre los padres y sus hijos o hijas. En nuestro caso, el sistema jurídico dominicano establece un sistema dual en el que los hijos o hijas ostentan tanto el apellido del padre como el de la madre. El apellido del padre siempre ha precedido al apellido de la madre, imponiendo la continuidad del apellido en la línea masculina.

El 20 de enero del presente año 2021 el Tribunal Constitucional Dominicano emitió la sentencia TC/0127/21, que decidió sobre el la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta, contra el artículo 46 de la Ley No. 659, sobre Actos del Estado Civil, y el artículo 57 del Código Civil Dominicano, por una pareja a la que le fue negada la posibilidad de hacer una anotación en el Acta de Declaración de Nacimiento a fines de que se leyese el apellido de la madre antes que el apellido del padre, al momento de ir a realizar la declaración de su hijo o hija ante el Oficial del Registro Civil.

Si bien en esta sentencia el Tribunal Constitucional declaró inadmisible la acción directa en inconstitucionalidad al considerar que la norma no indica cuál apellido deber ir en primer orden, el Tribunal reconoce que las instituciones encargadas del registro de los nombres sí han actuado de manera discriminatoria y violando el derecho de igualdad al no permitir que los padres puedan elegir el orden de los apellidos de su prole. En ese sentido, el Tribunal deja constancia en su sentencia de “la necesidad de que dicha práctica sea eliminada en relación con los casos futuros que le sean presentados a la autoridad competente del registro de nombre”.

Aunque debemos celebrar esta postura de nuestro Tribunal Constitucional que busca proteger el derecho a la igualdad de las mujeres, es oportuno aclarar que este criterio establecido en la mencionada sentencia no es particularmente novedoso, de hecho, es extraño que aún no hubiese habido un pronunciamiento de esta índole en nuestro país, puesto que, en muchos otros países como Francia, Portugal, España, Suiza, Uruguay, Argentina, México y Chile, ya desde hace varios años se permite que los padres puedan elegir el orden de los apellidos de sus hijos o hijas. En el caso particular de España los padres tienen esta opción desde el año 1981.

Pero, muchos se preguntarán ¿Cuál es la importancia de que los padres puedan decidir el orden de los apellidos para sus hijos o hijas?

La tradición histórica de nuestro país, al igual que la de muchos otros países de Latinoamérica, impone que el apellido del padre siempre vaya primero que el de la madre. Asimismo, el apellido paterno tiene socialmente un significado simbólico, emocional e identificatorio para la prole, siendo el apellido del padre, y no así el de la madre, representativo de la identidad familiar.

Esta tradición pone en segundo lugar la figura materna otorgándole preminencia al apellido del padre, y constituyéndose en una tradición patriarcal arraigada que transmite el mensaje de que el hombre como “cabeza de la familia” posee una mayor jerarquía familiar y social que la mujer. Es decir, esta no es más que una costumbre discriminatoria que refuerza los estereotipos sociales en detrimento de la mujer.

Este tipo de costumbres que van contra el principio de igualdad consagrado en nuestra Carta Magna, no deben ser permitidas ni aupadas en nuestra sociedad en aras de garantizar un ambiente más justo y equitativo para todos y todas.

Teniendo en cuenta esto, ésta sentencia marca un importante precedente en la lucha de la eliminación de paradigmas discriminatorios contra la mujer y por ende debe ser reconocida como un paso importante en la búsqueda de la igualdad entre los sexos en nuestro país.

Sin embargo, esta sentencia solo es un primer paso en aras de garantizar la igualdad, pues ahora queda en manos del legislador establecer el criterio y las reglas para regular cómo se establecerá el orden de los apellidos, pues queda pendiente esclarecer, entre otras cosas, qué sucederá en caso de desacuerdo entre las partes para establecer el orden de los apellidos, sobre todo, porque en sentido práctico es el padre que acude ante el Oficial del Estado Civil a declarar al hijo o hija mientras la madre se recupera del parto.