Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, expresó su profunda preocupación por el contenido del proyecto de Código Penal que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y que ahora se encuentra en el Senado de la República para aprobación bajo el falso argumento de querer modernizar un instrumento legal como el que actualmente nos rige, sin importar el precio que haya que pagar.

A través de rueda de prensa el Consejo Nacional de la organización de la sociedad civil manifestó que la comisión especial del Senado para estudiar el proyecto de Código Penal,  rindió un informe favorable sin tomar en cuenta a las  organizaciones,  ciudadanos y ciudadanas que presentaron sus valiosas propuestas y sin tomar en cuenta las importantes observaciones presentadas por la Magistrada Miriam Germán, Procuradora General de la República,  violentando el ejercicio pleno de la participación ciudadana establecido en la Constitución, el cual implica el derecho de ser escuchado y tomados en cuenta al momento de que se asuma una decisión  sobre asuntos que les afectan.

“Les toca ahora a los senadores asumir la responsabilidad histórica frente al país de no aprobar un proyecto que en realidad esconde en su articulado disposiciones excluyentes, discriminatorias y obsoletas que en nada representa un estado social, democrático y de derecho”, enfatizó el Consejo Nacional.

Para Participacion Ciudadana resulta absurdo que se argumente la necesidad de modernizar la norma penal, y al mismo tiempo se penaliza el aborto sin tomar en cuenta las tres excepciones que han sido acogidas en la mayor parte de los países del mundo; cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el embarazo haya sido el resultado de violación o incesto o cuando el embrión viene con malformación incompatible con la vida científicamente comprobada.

Durante la rueda de prensa aseguraron que el Estado está en la obligatoriedad de proteger la dignidad, integridad, libertad, seguridad personal, libre desarrollo de la personalidad a la mujer, y corresponde al Congreso Nacional sentar las bases para alcanzar tales fines.  Pero que también hay que reconocer que se trata de un tema que afecta la salud y la vida sobre todo de las mujeres más desfavorecidas que están en una condición de total indefensión.

“Varios diputados y senadores, sobre todo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han engañado a los votantes al solicitar el voto defendiendo las tres causales de interrupción del embarazo y luego de alcanzar sus curules, votando por un proyecto que las excluye, convirtiéndose en autores de una verdadera estafa electoral que debe ser sancionada por los propios electores”, enfatizaron.

Un segundo aspecto que en el concierto de naciones nos coloca como país en una situación vergonzosa es el artículo 187 del proyecto del Código Penal que penaliza la discriminación, y que originalmente incluía la penalización de la discriminación por género o por orientación sexual. Ambos aspectos han sido excluidos del proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados, lo que prácticamente implica carta abierta a la discriminación que se origine por ambos motivos.

No obstante, el párrafo II de ese mismo artículo, permite la discriminación de manera ampliada, cuando establece que “No habrá discriminación cuando un prestador de servicio o contratante fundamente su negativa por objeción de conciencia religiosa, ética, moral o por requisitos institucionales”.

“Es importante recordar que el artículo 39 de nuestra Constitución trata sobre el Derecho a la Igualdad y junto con el numeral 1 claramente indica que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia: 1) La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes”, advirtió el movimiento cívico.

Asimismo, el artículo 38 de la Constitución dominicana establece que “el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.

Igualmente, el gobierno dominicano ha trazado una visión de nación a largo plazo a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END 2030) para el desarrollo sostenible, alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la cual la República Dominicana se ha suscrito, y trabaja cada objetivo junto a organismos de la ONU, así como junto a diversas instituciones públicas y del sector privado a través de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible (CDS).

En dicha Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 el país ha adoptado cuatro ejes fundamentales, y es favorable recordar el eje dos donde el gobierno se compromete a tener “una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial”.

“En adición a lo anterior, basta revisar no solo la legislación de la mayoría de los países, sino incluso las políticas adoptadas por instituciones privadas como universidades alrededor del mundo que han establecido la prohibición de la discriminación por razones de género o de orientación sexual”, sostuvieron.

Un tercer aspecto, es  pretender reinstalar la jurisdicción penal militar en el artículo 306 del proyecto, en clara violación del precedente del Tribunal Constitucional (TC), que en dos ocasiones ha interpretado el artículo 254 de la Constitución y el resto de la legislación positiva para llegar a la conclusión de que tal jurisdicción no existe en nuestro ordenamiento jurídico, y para que no se dude de lo que decimos, citamos, a título de ejemplo, la sentencia TC/350/2019:

“En este punto, debemos precisar que el procedimiento que se desarrolla en el artículo 183 de la Ley número 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana está encaminado a establecer el marco normativo relacionado a la estructuración de la jurisdicción administrativa disciplinaria militar de las Fuerzas Armadas y sus órganos de investigación, de cara al conocimiento y procesamiento de las faltas militares administrativas, así como la forma en que esos órganos de investigación administrativa disciplinaria deben proceder para el apoderamiento de la jurisdicción penal ordinaria en aquellos casos donde se verifique la existencia de una infracción penal militar. De esto se concluye, tal y como disponen los artículos 254 de la Constitución y 185 de la Ley 139-13, que las Fuerzas Armadas tienen un régimen disciplinario militar aplicable a aquellas faltas que no constituyan infracciones del régimen penal militar. De ahí que deba considerarse que los tribunales penales militares son inexistentes en nuestro ordenamiento jurídico.” Las decisiones del TC “son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.

Desde Participación Ciudadana hacemos un llamado al presidente de la República, Luis Abinader para que en su vocación democrática y por el derecho que le confiere la Constitución que de ser aprobado el Código Penal en el Senado en las mismas condiciones que en la Cámara de Diputados, ejerza su facultad de observarlo, pues en un Estado social, democrático y de derecho, las leyes deben garantizar los derechos de todos y todas sin distinción. Nadie puede quedar excluido, por lo que de ser aprobado por el Ejecutivo nuestra institución ejercerá su derecho de recurrir la pieza ante el Tribunal Constitucional.

Consejo Nacional

10 de agosto de 2021

Este Reconocimiento se entrega en diciembre de cada año, con motivo al Día Internacional Contra la Corrupción establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, abrió la convocatoria a postulación de candidaturas para la decimosegunda edición del Reconocimiento a la Integridad y Lucha contra la Corrupción 2021.

Este reconocimiento fue establecido por Participación Ciudadana con el propósito de estimular a las personas que dedican esfuerzos extraordinarios a luchar por la transparencia en la gestión pública, la correcta administración de los recursos públicos y el combate a las diferentes manifestaciones de corrupción. Son elegibles para este reconocimiento ciudadanos y ciudadanas dominicanos o residentes en el país que hayan dedicado parte de su vida al combate a la corrupción, que sean ejemplo de conducta ética y/o que hayan hecho una contribución significativa en este campo.

Para ser consideradas, las propuestas deben estar documentadas y acompañadas de la historia de vida del candidato o candidata, detalles de las acciones que fundamentan la postulación y carta de presentación de la misma. Podrán presentar propuestas las organizaciones de la sociedad civil, las comisiones de trabajo, comités municipales o regionales de Participación Ciudadana, así como la ciudadanía en general. El plazo para recibir las postulaciones es hasta el 15 de septiembre del presente año.  Las candidaturas presentadas son depuradas por una comisión especial de Participación Ciudadana y el Consejo Nacional, máximo organismo de dirección de la organización, quien toma la decisión, en base a un perfil establecido para otorgar dicha distinción.

Hasta la fecha, han sido galardonados:  Germán Miranda Villalona, Roque Napoleón Muñoz, Nuria Piera, Luis Eduardo Lora Iglesias (Huchy), Alicia Ortega, Fausto Rosario, Juan Bolívar Díaz, Miriam Germán, Altagracia Salazar, Milagros Ortiz Bosch, Mario Arturo Fernández.  

Participacion Ciudadana, a través de esta iniciativa, procura educar mediante el ejemplo y las buenas prácticas presentando a los ciudadanos y ciudadanas modelos positivos de conducta a ser emuladas, y resaltar las virtudes que predicaron los fundadores y héroes de la República Dominicana y que promueve la institución.

Las bases del reconocimiento pueden ser consultadas en la página web de Participación Ciudadana https://pciudadana.org/reconocimiento/

Consejo Nacional

05 de agosto del 2021

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía, la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Patio Común y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, realizaron este martes la conferencia virtual: “Lineamientos para la elaboración de planes de seguridad y convivencia a nivel local: aprendizajes y retos para República Dominicana”, la cual contó con la ponencia de los especialistas Hugo Acero, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, experto en seguridad urbana y ciudadana; y Katy Civolani, educadora, mediadora y especialista en gestión de conflictos de Patio Común.

Durante la actividad el sociólogo Hugo Acero, aseguró que no se puede descuidar y hay que trabajar de manera permanente con las autoridades locales porque es allí donde sucede el delito, a pesar de que algunas veces se llegó a pensar que el delito pequeño estaba en los municipios y que el gran delito como el delito trasnacional de estructuras criminales trasnacionales se podía manejar desde el orden nacional.

“El narcotráfico se refleja en el consumo y la venta al menudeo de la droga en los parques, en las calles y los distintos territorios de los municipios. Igual sucede con la trata de niños y niñas que desaparecen de los barrios, de las calles de los municipios y que son explotadas a través de estos negocios de la trata. Sin seguridad no es posible el desarrollo, ya que la inseguridad afecta la inversión y sin inversión no hay empleos ni bienestar”, sostuvo Acero.

Katy Civolani, especialista en gestión de conflictos de Patio Común, destacó que según la presentación de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana el 75% de los dominicanos considera la criminalidad como el principal problema del país, sin embargo, la primera causa de homicidios a través de las armas de fuego es por convivencia.

“Esta violencia para resolver los conflictos es multidimensional y multicausal, entre ellas el acceso a la calidad educativa, acceso fácil a las armas, altos niveles de desempleo en jóvenes y la carencia de espacios públicos de calidad. Se debe trabajar el tema de la violencia desde la causa y no desde las consecuencias, ya que se castiga al que lo hace, pero no el por qué lo hace.

Con el encuentro sobre “Lineamientos para la elaboración de planes de seguridad y convivencia a nivel local: aprendizajes y retos para República Dominicana”, concluyó el ciclo de conferencias Buenas prácticas en el manejo de la seguridad urbana: aprendizajes y retos para la República Dominicana.

04 de agosto de 2021

República Dominicana retrocedió en materia de equidad de género, observa la institución de la sociedad civil.

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana saluda la designación de los nuevos jueces en el Tribunal Superior Electoral (TSE), y al mismo tiempo deplora que con esta designación el país haya retrocedido en cuanto a la obligación del Estado de cumplir con la equidad de género, ya que mientras que en el anterior TSE había dos mujeres entre sus cinco jueces titulares, en la nueva conformación hay escasamente una mujer.

La organización de la sociedad civil recordó lo que establece la Constitución Dominicana en su artículo 39.5, cuando señala que “El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado”, por lo que lamentó el desconocimiento que por esta disposición exhibe el Consejo Nacional de la Magistratura, en la escogencia de los integrantes de esta alta corte, ya que no tomó en cuenta la normativa interna que el mismo TSE se ha dado en su reglamento, el cual regula la división de igualdad de género de este tribunal.

“Esta decisión representa un retroceso en materia de proteger el derecho a la igualdad de género en el sistema democrático y viola las disposiciones que ese el mismo que este tribunal está llamado a hacer valer”, señaló el momento cívico.

“Con la composición decidida por el CNM, el Tribunal mismo tendrá problemas de legitimidad para aplicar ese 40-60 que establece la Ley 15-19 sobre Régimen Electoral en su artículo 136 referente a la equidad de género  cuando alguno de los partidos políticos la quiera violar, pues si el órgano encargado de aplicarla tiene vicios de fondo en ese aspecto, no tendrá calidad moral para exigir a otros su cumplimiento”, observó Participación Ciudadana mediante comunicado de prensa, recordando que la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, establece en su artículo 53, párrafo 1, un mínimo de un 40% y máximo de 60%, como cuota  de género de mujeres y hombres.

El movimiento cívico Participación Ciudadana precisó, además que, si bien los nuevos jueces del TSE son personas con idoneidad para el cargo, con solvencia moral y capacidades profesionales que exige la ley, dentro de los concursantes había múltiples mujeres con sobrados méritos, credenciales y competencias para ser seleccionadas y de esta manera cumplir el mandato de la Constitución de la República teniendo una mirada mas integradora que permita los cambios culturales que necesita la sociedad en materia de igualdad.

Consejo Nacional

01 de agosto de 2021

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía, la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Patio Común y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, realizaron este martes la conferencia virtual: “Narcomenudeo y microtráfico-Jóvenes e ilegalidad: Aprendizajes y Retos para República Dominicana”, la cual contó con la ponencia de los especialistas Tahira Vargas García, antropóloga social y Ariel Ávila, politólogo y periodista colombiano.

Durante la conferencia la antropóloga Tahira Vargas García, destacó que el narcotráfico en la República Dominicana tiene dos objetivos: el tránsito y el destino. En el caso del destino la distribución de las drogas y de las sustancias ilícitas en el país se realiza a través de diferentes estructuras, y una de ellas es el narcomenudeo y el microtráfico.

Estas son las estructuras más pequeñas dentro de toda la organización de distribución de sustancias ilícitas en el país, y en ella participa una población joven y adolescentes sobre todo población masculina.

“Esta población masculina proveniente de sectores marginados se inserta en estas redes por varias razones: estos jóvenes se encuentran fuera del sistema educativo; modelo de dinero fácil, el cual se ha convertido en modus vivendis en la República Dominicana y está presente en todos los estratos sociales teniendo acogida no solo en las redes delictivas sino también en los sectores políticos; estas redes funcionan cada vez más extendidas por la permisividad y la complicidad existente con las estructuras de poder y las mismas organizaciones encargadas de desmantelar estas redes”, sostuvo.

Tahira Vargas, señaló, además que el proceso de prevención de la delincuencia juvenil debe ir acompañado de espacios de capacitación y orientación en los centros educativos sobre las drogas, sus efectos, relaciones de poder-género, autoestima y proyecto de vida.

El politólogo y periodista Ariel Ávila, explicó que la mayoría de los jóvenes que están ingresando al consumo de drogas lo hacen con drogas de síntesis, experimentales y de nueva generación, lo cual representa una situación muy complicada, ya que estos narcóticos causan adicciones psicológicas, pero no física y las autoridades no están preparadas estos temas ni saben cómo identificarlos.

 “Hay que apostar a la prevención terciaria en tres aspectos: sometimiento a la justicia, programas locales de proyectos de vida que vayan más allá de la ocupación de tiempo libre y trabajar con el aparato de seguridad, en este caso la policía para que entiendan que la repe presión y la bala no es lo único que va a calmar esta situación”, comentó, además.

 Participación Ciudadana extiende la invitación a la 6ta y última conferencia “Lineamientos para la elaboración de planes de seguridad y convivencia a nivel local: Aprendizajes y Retos para República Dominicana”, la cual tendrá lugar el martes 03 de agosto a las 10:00 am. Para mayor información sobre el registro acceder a las redes sociales de la institución @pciudadana

30 de julio de 2021

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana en coordinación con la Defensoría del Pueblo, el Movimiento Reconocido y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), realizó el webinar “Dominicanas y dominicanos, pero sin derechos”.

Durante las palabras de bienvenida, Leidy Blanco García, coordinadora general del movimiento cívico, destacó que en esta ocasión Participación Ciudadana ha aunado esfuerzos con el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) y la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de promover una conversación  propositiva y reflexiva sobre la situación de apatridia o riesgo de apatridia en que se encuentran muchos dominicanos y dominicanas como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13.

“Esa decisión del Tribunal Constitucional contraviene los principios fundamentales en que se afianza la Constitución dominicana actual, la dignidad humana y, por ende, violenta todos los derechos fundamentales inherentes al ser humano, por lo que se debe analizar que la República Dominicana no solamente es el país con mayor número de apátridas en el Caribe, sino que es uno de los países con mayor número de apátridas en el mundo”, afirmó la coordinadora del movimiento cívico.

Gabriel Godoy, jefe de misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), subrayó la relevancia del plan de acción mundial y de la campaña #IBelong (#YoPertenezco) para que los que países pueden trabajar en la identificación, la prevención, la reducción y la protección de las personas que estén en situación de apatridia o riesgo de apatridia. De acuerdo con Godoy, la meta global es erradicar esta situación hasta el año 2024, aprovechando las molduras de las Convenciones de la ONU sobre Apatridia de 1954 y de 1961 como directrices para responder a los diferentes desafíos en la región de Las Américas y del Caribe.

“Invitamos a los Estados a tomar medidas políticas y jurídicas para evitar el riesgo de apatridia, promoviendo el acceso universal al registro de nacimientos y el reconocimiento de la identidad legal en acuerdo con la meta 9 del Objetivo de Desarrollo sostenible 16 de la Agenda 2030 (…); el acceso efectivo a la nacionalidad es el derecho a tener derechos”, resaltó Gabriel Godoy.

Alberto Fiallo-Billini, oficial de relaciones institucionales del ACNUR, explicó el contexto actual de las personas afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 que fueron beneficiadas por la Ley 169-14, puntualizando que 34,900 personas cuya nacionalidad dominicana ha sido confirmada aún no tienen su documentación nacional, según previó la auditoría realizada en el año 2014 la Ley 169-14.

“La situación de las personas nacidas en República Dominicana desde 1929 que no se encontraban registradas en el Registro Civil al momento de la emisión de la sentencia, pero que aplicaron al plan de regulación y naturalización establecido en la Ley 169-14 dentro del plazo de 180 días establecido por el Estado, fueron 8,768, de las cuales 7,147 han sido aprobadas por el Ministerio Interior y Policía (MIP) como elegibles para ser documentadas y posteriormente naturalizadas, incluyendo las 588 personas observadas que lograron completar sus expedientes antes del 30 de septiembre de 2019 con el apoyo directo del del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y sus socios en la República Dominicana. Es un verdadero drama humano lo que estamos viviendo en la República Dominicana que puede ser resuelto con voluntad institucional”, destacó Fiallo-Billini.

Elena Lorac, coordinadora nacional del Movimiento Reconocido, afirmó que la Ley 169-14, emitidita por el Poder Ejecutivo en el año 2014 como una forma de buscar una salida a las realidades que viven los dominicanos y dominicanas que fueron privados de su nacionalidad en 2013, fue promulgada gracias a los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, esta Ley ha fragmentado aún más la realidad y la situación de estas personas.

“Los jóvenes que nos vimos afectados por la Sentencia 168-13 somos dominicanos y dominicanas, pero sin derechos, ya que la realidad no nos permite avanzar con nuestros proyectos, ni realizar nuestros sueños. Nuestros derechos están siendo violentados por todos los mecanismos y dispositivos legales y administrativos que se han venido dando desde el año 2007. Al Estado no garantizar nuestros derechos esto va en decadencia en todo nuestro desarrollo personal y humano y, por ende, de nuestro país”, subrayó Lorac.

Harold Modesto, secretario general de la Defensoría del Pueblo, señaló que lo importante, lo clave, lo distintivo es entender que, bajo ningún concepto, en ninguna circunstancia, es admisible que una persona, independientemente de su estatus jurídico, no pueda gozar de derechos más básicos, derechos que se encuentran establecidos en clave constitucional como derechos fundamentales y que deben alcanzar a todas las personas.

Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, criticó el sustento constitucional de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, resaltando lo delicada de la tarea de construir una salida a la situación creada por ella mediante una pieza legislativa. Precisó que lo que está de por medio es una situación que divide a la sociedad dominicana, y es un proceso difícil, lento y agotador, pero no debe paralizarse.

Con este encuentro Participación Ciudadana reafirma su compromiso con la defensa integral de los derechos humanos y la construcción de un estado social democrático y de derecho, que incluya a todos y a todas.

28 de julio de 2021

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participacion Ciudadana, realizó la Mesa de diálogo: Carrera Administrativa Especial – Carrera Policial: ingreso, avances y retos, la cual tuvo como objetivo conocer y analizar las carreras especiales de la administración pública con énfasis en la carrera policial, analizando los concursos para el ingreso, los avances y retos en la implementación y cumplimiento de la misma.

Leidy Blanco García, coordinadora general de la organización de la sociedad civil, reconoció que el país ha avanzado en el proceso de reforma de la administración pública, gracias a los esfuerzos del Ministerio de la Administración Pública (MAP), al trabajo colaborativo y sensible de las mesas sectoriales, y al apoyo financiero y técnico de organismos cooperantes que han servido de puente para alcanzar metas establecidas en el marco de la Reforma de Administración Pública.

“Sin embargo, todavía persisten retos fundamentales en la búsqueda de un Estado verdaderamente eficiente y transparente. Uno de estos retos se visualiza en el ámbito de la profesionalización y establecimiento de la carrera administrativa y especial, y así mismo en la implementación las políticas públicas que garanticen derechos humanos y calidad de servicio”, destacó Blanco García.

Abril Arias y Jovanny Ozuna representantes del Ministerio de Administración Pública, explicaron que el Sistema de Carreras es un conjunto sistematizado de oportunidades de estabilidad, ascenso, promoción y movilidad de las normas y los procesos que garantizan a los empleados públicos que la integran con base en los principios de mérito e igualdad de acceso.

“La finalidad de la carrera administrativa es promover la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública, así como la mejora continua de los servicios públicos. Es por ello que, si queremos un Estado democrático, social y que garantice los derechos a los ciudadanos la mejor manera es a través de la profesionalización del Estado”, destacaron.

 Las representantes del MAP, señalaron que la Ley de Función Pública en su artículo 06, establece que el Presidente de la República podrá crear carreras administrativas especiales en aquellos órganos de la administración pública central y en las entidades descentralizadas, previo estudio y opinión favorable del Ministerio Administración Pública.

“La carrera especial es una función estatal, actividad administrativa o servicio público que requiere gestionar de forma especial un personal altamente especializado con características particulares. Es decir, posee características particulares y no son parte de los cargos comunes que están establecidos en la Administración Pública. Cada vez que se aprueba una carrera especial se debe trabajar en un reglamento, a fin de diseñarla, desarrollarla e implantarla”, precisaron Abril Arias y Jovanny Ozuna.

Durante la actividad el General Cristóbal Morales, director central de Recursos Humanos de Policía Nacional, así como el Coronel Miguel Ángel Jiménez Cruz, subdirector de la Policía Nacional, sostuvieron que la transformación integral de la Policía es el horizonte trazado hacia un  nuevo modelo para República Dominicana, el cual busca dar respuesta integral y efectiva al mandato constitucional de preservar la convivencia pacífica para alcanzar una vida sin violencia, donde la seguridad ciudadana no solo sea la reducción de delitos, sino que incida en la mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad.

“La base y el punto de partida de la transformación integral institucional son nuestros policías. Por tanto, se busca dignificar su labor, consolidar su integridad a través de la ética policial, su formación permanente para una profesionalización y mejorar su calidad de vida.  Es un proceso de evolución, renovación, significativo, decisivo, constante y con el compromiso del gobierno, de la institución policial, y de nuestros hombres y mujeres policías”, señalaron.

Participaron de esta mesa diálogo, además Sandra Fuentes y Noemi Germosén, representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y del Programa Internacional de Asistencia para la Capacitación en Investigación Criminal (ICITAP), quienes socializaron con los presentes sobre el Programa del fortalecimiento de la capacidad institucional y la transparencia para la transformación policial de la República Dominicana, destacando que este programa tiene como objetivo tres componentes: la planificación organizativa  y desarrollo, recursos humanos y desarrollo y relaciones policiales con la comunidad, especialmente con población vulnerable y marginada.

“El trabajo con la Policía Nacional se realiza de manera colaborativa e integrada, a fin de garantizar el desarrollo institucional, la transparencia, la efectividad, la profesionalización y la legitimidad en la institución con miras a buscar la convivencia pacífica, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos humanos”, subrayaron.

Este encuentro se llevó a cabo en el marco de los proyectos Administración Pública Inclusiva (PARAP II) y Acción de la sociedad civil por la seguridad y la justicia (PASJ), los cuales desarrolla Participación Ciudadana, y contó, además con la coordinación de Ciudad Alternativa, Fundación Solidaridad y OXFAM.

29 de julio de 2021

Santo Domingo, República Dominicana. En el marco del proyecto Promoviendo la Participación Ciudadana, la Veeduría Social e Incidencia en la Gestión Local, el movimiento cívico Participación Ciudadana, realizó el “Encuentro Regional de intercambio de experiencia de los comités de monitoreo ciudadano”, el cual se desarrolló en conjunto con el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), y con el auspicio de la Unión Europea.

Este encuentro tuvo por objetivos socializar las experiencias de monitoreo a la administración pública local, diseñar la estrategia de fortalecimiento y articulación regional de los comités de veeduría social, a fin de continuar el proceso de seguimiento a la gestión local, conocer el funcionamiento del Portal Transaccional de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP), analizar el contexto local y nacional en el marco de la pandemia Covid-19, y evaluar y elaborar los planes de acción de los equipos municipales de monitoreo.

Sandino Olaverria, director ejecutivo de CEPAE realizó un análisis de coyuntura sobre la corrupción administrativa, crisis sanitaria y la actuación del Ministerio Público, al tiempo que resaltó el impacto del Covid-19 en la articulación de las organizaciones sociales para el proceso de veeduría social y ejercicio de su derecho de vigilancia sobre la gestión pública.

Miembros de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP), participaron de la actividad presentando el portal transaccional de ese órgano rector en la persona de Rubén Mañón, analista territorial, quien presentó el plan de compras, registro de proveedores del Estado y el canal de YouTube de dicha Dirección.

‘’Debemos promover que la ciudadanía se involucre en el proceso de veeduría social y para ello se debe conocer el proceso de compras y contrataciones públicas, así como el portal’’, señaló Pablo Vicente, coordinador territorial de la DGCP.

Durante la socialización los participantes exploraron el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal (SISMAP) y las páginas web de los seis ayuntamientos, mediante el uso de herramientas de observación, análisis y evaluación de evidencias, donde identificaron los niveles de la gestión municipal en términos de eficiencia, eficacia y calidad de cumplimiento de marcos normativos y procedimentales que inciden en la gestión municipal.

Para actuar en consecuencia los Comités Municipales elaboraron sus planes de monitoreo municipal, donde quedó constituida la Red Regional de Veeduría Ciudadana "Por una gestión local transparente y participativa", a fin de proveer un espacio de articulación de la sociedad civil que pretender monitorear la gestión local de los gobiernos locales de la Región Sur del país.

El “Encuentro Regional de intercambio de experiencia de los comités de monitoreo ciudadano”, contó con la participación de líderes y lideresas comunitarios de los municipios de Azua, Baní, Barahona, Cabral, San Juan de la Maguana, San Cristóbal y San José de Ocoa.

26 de julio de 2021

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, realizó la conferencia virtual: “Buenas Prácticas en el enfrentamiento de la violencia armada a nivel regional: Aprendizajes y Retos para República Dominicana”, la cual se desarrolló en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía, la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Patio Común y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

Los panelistas Luisa Dammert, reconocida experta chilena y profesora Asociada de la Universidad de Santiago de Chile; y Jesús Feliz, viceministro de seguridad interior del Ministerio de Interior y Policía compartieron con los participantes sus experiencias en materia de seguridad pública, y en procesos de reforma del sector de seguridad en América Latina y la República Dominicana.

Luisa Dammert, aseguró que es necesario que las políticas públicas para enfrentar la violencia armada estén concentradas en personas prioritarias, es decir en aquellas que corren más riesgo de ser víctimas de violencia urbana o de desarrollarla; jóvenes, minorías, zonas vulnerables.

“Es necesario hacer un equilibro entre el control y la prevención para mantener a los individuos de alto riesgo fuera de posibles problemas, pero también mantener mecanismos de apoyo la comunidad y el aumento de las consecuencias del mal comportamiento”, dijo, además.

Dammert, enfatizó que también se debe utilizar la equidad como una herramienta para establecer la legitimidad del gobierno y para aumentar los niveles de cumplimiento de las leyes.

Durante su intervención el viceministro de seguridad interior del Ministerio de Interior y Policía, Jesús Feliz, afirmó que uno de los problemas y que vincula también a la fuerza del orden y que vincula al Estado como corresponsable de esos niveles de criminalidad que se han dado en la República Dominicana tiene que ver mucho con jugar a la falta de control.

“En la República Dominicana las armas ingresan a través de los puertos, de los aeropuertos y a través de la frontera que es muy porosa y extensa para las capacidades que nosotros tenemos como país.  Es por ello que para implementar un plan sostenible en el tiempo de desarme de la población civil debemos tener mayores niveles de controles, rigurosos controles en los puertos en los aeropuertos y en la frontera, y especial nivel de cuidado con los cargamentos de droga que entran al país”, destacó.

Jesús Feliz, refirió, además que el 80% de los cargamentos de narcóticos que vienen de Sur América a la República Dominicana vienen con sus armas de resguardo, y esas armas no regresan a Sur América, sino que por lo general se quedan en República Dominicana.

Participación Ciudadana extiende la invitación a la próxima conferencia virtual “Narcomenudeo y microtráfico / Jóvenes e ilegalidad: Aprendizajes y Retos para República Dominicana”, la cual tendrá lugar el martes 27 de julio a las 10:00 am. Para mayor información sobre el registro acceder a las redes sociales de la institución @pciudadana

21 de julio de 2021

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, otorgó la categoría de Miembro Emérito al empresario José Manuel Paliza, quien ha sido voluntario de la organización por más de 25 años.

En un acto celebrado este jueves 15 de julio, le fue entregada una placa de reconocimiento que destaca su elevada contribución a la democracia, la institucionalidad y el progreso de la República Dominicana, a lo largo de su vida, así como el legado de compañerismo, enseñanzas y compromiso que ha dejado en Participación Ciudadana.

La comisión que entregó el reconocimiento estuvo integrada por Leidy Blanco García, coordinadora general; Fátima Lorenzo, directora ejecutiva; Francisco Álvarez, Melba Barnett y Mirian Díaz Santana.

La categoría de Miembro Emérito, es otorgada por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana a personas que han hecho contribuciones significativas al movimiento. Quienes reciben esta distinción se mantendrán de por vida como miembros de la organización, con derecho a voz y voto en las asambleas, y a participar en las diferentes actividades internas y cualquier otro derecho propio de los miembros activos.

Al agradecer el reconocimiento, José Manuel Paliza reiteró su compromiso con los principios e ideales que por más de 27 años ha representado Participación Ciudadana. “Me siento muy feliz de haber participado porque los esfuerzos han valido la pena y han dado sus frutos. El país avanza en institucionalidad, justicia, castigo a la corrupción, transparencia y democracia”, manifestó, además.

Consejo Nacional

16 de julio, 2021