El periodismo latinoamericano contribuye al conocimiento de importantes procesos de corrupción en los países de la región. Hay numerosos ejemplos, y, sin embargo, el aprovechamiento privado de recursos públicos sigue siendo un fenómeno extendido, de acuerdo a los estudios especializados.

Pese al prestigio de que goza, el periodismo de investigación no es suficientemente promovido. Por los objetivos que se plantea, puede requerir tiempo y recursos que no están disponibles, y a veces soporta presiones o peligros causados por intereses contrarios. Otro riesgo es el sensacionalismo o la publicación, bajo el nombre del género, de trabajos insuficientemente documentados.

Por ello, las instituciones convocantes decidieron asociarse para brindar un estímulo importante al periodismo que investiga la corrupción con niveles de excelencia, y acompañados de un jurado de altísima calidad. Este estímulo consiste en un primer premio anual de 25 mil dólares americanos a la mejor investigación sobre corrupción publicada en un medio latinoamericano, y dos reconocimientos especiales de 5 mil dólares cada uno, destinados a investigaciones especialmente meritorias.

Las organizaciones comprometidas con el premio son Transparency International, la organización que lidera mundialmente la lucha anticorrupción, a través de sus capítulos de América Latina y el Caribe (TILAC); y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) una prestigiosa sociedad de periodistas latinoamericanos independientes, con sede en Lima. El proyecto es apoyado por el Open Society Institute, con sede en Nueva York, que aporta los fondos para el premio.

Con el objetivo de fomentar la reflexión en materia de lucha anticorrupción que propicie la adopción de una cultura de probidad y transparencia en la administración pública dominicana acorde a los compromisos asumidos por el Estado en la Convención Interamericana contra la Corrupción, las entidades Participación Ciudadana, Finjus y el Senado de la República inauguraron el seminario internacional “Por un Marco Legal Basado en la Probidad y la Transparencia: Compras, Contrataciones y Concesiones del Estado”.

En el seminario participaron como expositores internacionales los señores Laura Puertas, vicepresidenta de Transparencia Internacional y Directora Ejecutiva de Proética de Colombia; Alberto Leyton, consultor del Banco Mundial; Ricardo Salazar Chávez, presidente del Consejo Superior de Contrataciones y Concesiones del Estado de Perú y Rosa Inés Ospina, directora  ejecutiva de Transparencia por Colombia.

Del país participarán el Presidente del Senado Andrés Bautista;  Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; César Pina Toribio, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo; Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana; Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus.

Además intervendrán Faustino Collado, miembro de la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana; Tomás Emilio Durán, senador  por la provincia de Puerto Plata y Alejandro Montás, diputado del Distrito Nacional.

El  seminario además tratará de contribuir con el debate nacional en relación a la necesidad de un nuevo marco legal e institucional que garantice compras y contrataciones públicas transparentes.

También tiene como propósito dar a conocer experiencias de modelos exitosos en  la región, leyes de compras, contrataciones y adquisiciones del Estado que servirán de referencia para el fortalecimiento de la propuesta dominicana.

Y fortalecer los niveles de vínculos y articulación entre diferentes sectores de la sociedad dominicana despertando el compromiso  para el impulso y aprobación de l agenda legislativa anticorrupción priorizada.

• Rechazamos una reforma constitucional para eliminar el jus soli, que no resolvería el problema de la inmigración haitiana

• Afrontemos con una real política migratoria la masiva presencia haitiana en el país

• Si no tomamos en cuenta el escenario internacional cada vez quedaremos más solos con el problema

Después de ponderadas consideraciones de sus comisiones de Asuntos Jurídicos y de Análisis Político, Participación Ciudadana ha decidido rechazar la propuesta que se viene barajando en las últimas semanas de que sea reformada la Constitución de la República para eliminar el jus soli, o derecho a la nacionalidad por nacimiento en el territorio nacional.

La reforma propuesta, a más de contradecir un principio presente en nuestra Constitución casi desde la fundación de la República, al amparo del cual somos un arco iris de razas procedentes de todas las latitudes, no resolvería en sí misma el complejo problema de la creciente inmigración haitiana, como algunos plantean.

La eliminación del jus soli no podría tener efecto retroactivo, por lo que resultaría inútil si lo que se persigue es negar la condición de dominicanos a los descendientes de haitianos ya nacidos en el país. Los que la demandan por tal motivo, implícitamente están reconociendo lo que pretenden negar.

Una reforma como esa sería contradictoria con el hecho de que cerca de millón y medio de dominicanos y dominicanas han emigrado en las últimas décadas, gran parte de los cuales se ha reproducido y buscan legítimamente la nacionalidad de destino para sus descendientes y a menudo para ellos mismos. Por esa razón se estableció el derecho a la doble nacionalidad en la reforma constitucional de 1994.

Nos oponemos también a una reforma constitucional en las actuales circunstancias cuando la nación  está ya inmersa en una prematura campaña para elegir nuevos legisladores, síndicos y regidores. Abrir ahora la compuerta constitucional sería dar pie a otras reformas coyunturales y oportunistas e incluso a que algunos revivan el acariciado sueño de la prolongación del período legislativo a nombre de la reunificación de las elecciones generales.

Lo que se impone es el establecimiento de una real política migratoria, de empleo y salarios que, acorde con los principios constitucionales que nos rigen, con absoluto respeto a las leyes, tratados y convenios internacionales, y sin menoscabo de los derechos humanos, reduzca el peso socio-económico de una inmigración desproporcionada a los recursos nacionales que no alcanzan ni remotamente para atender a las necesidades de todos los dominicanos y dominicanas.

No se discute el derecho soberano del Estado dominicano a restringir el ingreso de extranjeros, sino la forma anárquica y reñida con los derechos humanos como a menudo se ejerce, y el acto hipócrita de auspiciar el ingreso masivo de mano de obra barata, más explotable que la dominicana, para luego denunciar su presencia.

Una política migratoria pasa ineludiblemente por un censo y documentación de los extranjeros residentes en el país, estableciendo diferencias entre quienes están en condición de temporalidad real, los que tienen muchos años como residentes y los descendientes nacidos en el territorio nacional, a los cuales habría que reconocer sus derechos.

Como consecuencia del censo habría que establecer cuotas migratorias para aquellas labores agrícolas o de la construcción en que se estime necesaria la mano de obra haitiana, subordinando el interés particular al de la nación, y a partir de entonces ejecutar una justa política de repatriación de los indocumentados, sin permitir nuevos ingresos al margen de lo establecido. Esto implicaría que las autoridades nacionales se dispongan a mejorar de manera efectiva la seguridad en la frontera.

Esa política sobre inmigración no puede ser emprendida sin la cooperación del Estado con que compartimos la isla, por lo que conllevaría la reactivación de la Comisión Mixta Binacional que hace años no se reúne. Como forma de hacer transparente nuestra actuación, la nación también debería recabar la asistencia de algún organismo internacional con experiencia en la materia.

Lo que no podemos es continuar gritando el problema, mientras permitimos que se complique sin dar ningún paso para solucionarlo, y al mismo tiempo seguir proyectando una imagen internacional de xenofobia o racismo y de violadores de derechos humanos, que no se corresponde con el sentir mayoritario del pueblo dominicano. Si no tomamos en cuenta el escenario internacional cada vez quedaremos más aislados cargando con la pobreza y las precariedades institucionales de Haití.

Reiteramos nuestra declaración del 7 de Agosto pasado, en San Pedro de Macorís, en el sentido de que el problema de la inmigración haitiana tiene que ser analizado con ponderación y sin prejuicios, al margen de todos los intereses particulares de grupos o sectores, sin ignorar que la misma ha sido incentivada por un tráfico de mano de obra barata, al margen de las leyes laborales, que no reclama horario ni derechos sindicales y que puede ser despedida sin ningún límite ni pago de prestaciones.

Nuestra doble condición de país de inmigrantes y emigrantes y el peso que tienen las remesas de los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior también nos obligan a una mayor serenidad y nobleza en el tratamiento de este  complejo problema.-

Juan Bolívar Díaz

Excelentísimos señores Embajadores y honorables representantes del cuerpo diplomático y los organismos internacionales acreditados en el país:

Reciban el agradecimiento de Participación Ciudadana por haber dedicado parte de su apreciado tiempo para compartir un rato con nosotros

Nos encontramos en circunstancias en que la nación está obligada a una nueva reforma que debió ser integralmente fiscal y se está quedando en una reforma tributaria más, la cuarta a que nos abocamos en menos de una década, sin que hayamos podido crear las condiciones adecuadas para un desarrollo integral y equitativo que revierta siquiera en parte las iniquidades de la distribución del ingreso nacional, en beneficio de la mayoría de nuestra población que sigue sumida en el atraso y la pobreza.

Esta pobreza, con amplios segmentos de indigencia ha prevalecido pese a que, tal como indicó el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, publicado hace algunos meses, hemos sido el país de América Latina de mayor crecimiento económico en el último medio siglo, pero al mismo tiempo el que más lo desaprovechó.

Estamos ahora sumidos en una prematura campaña electoral, que condiciona todo el accionar de los poderes públicos y los partidos políticos, con abundante derroche de recursos, para unos comicios legislativos y municipales a celebrarse dentro de seis meses.

Tenemos la satisfacción de advertir que  nos abocamos a una nueva elección que deberá ser otra expresión de la voluntad democrática. Será la sexta consecutiva, lo que en la historia nacional es un avance altamente significativo, a la luz de los arrebatos, fraudes y traumas electorales que fueron persistentes en la historia nacional.

Por el momento, no se visualizan signos ominosos sobre el proceso electoral. Los últimos cinco han registrado avances considerables en la creación de un sistema comicial basado en un padrón de electores que ha demostrado ser excelente, a pesar de la persistente desconfianza por la debilidad de nuestras instituciones, y las incertidumbres.

En Participación Ciudadana nos sentimos satisfechos de esos avances, puesto que como institución hemos hecho importantes contribuciones al mejoramiento del sistema electoral, a través de la incorporación de millares de ciudadanos y ciudadanas a la observación electoral, y por medio de programas de educación y promoción de la cultura democrática y la transparencia.

Pero todavía no podemos bajar la guardia, por lo que nos proponemos poner en marcha otro programa de observación integral del proceso, el cual será hecho público próximamente.

Hay, eso sí, creciente decepción por un accionar partidista vacío de contenido ideológico y programático, basado en la disputa por los puestos de elección popular, fundada en el clientelismo, la malversación de recursos públicos y arrebatos que derivan con demasiado frecuencia en zancadillas y hasta en violencia criminal.

En la ciudadanía dominicana más consciente se manifiesta un creciente descreimiento en los partidos políticos, como fruto de la corrupción y una débil institucionalidad. De ahí que las encuestas siguen arrojando unos porcentajes alarmantes de los que creen que hay corrupción en la gestión pública: El 79 por ciento en la última encuesta de la firma Hamilton que acaba de publicar el Listín Diario.

En Participación Ciudadana vemos con mucha preocupación el progresivo deterioro de las organizaciones partidistas. Porque estamos absolutamente conscientes de que el sistema democrático se fundamenta en partidos políticos sólidos.

Por esa razón tenemos que seguir trabajando intensamente y convocando a la ciudadanía a superar el pesimismo predominante, fruto de la corrupción pública y privada, que tanto ha degradado el nivel de vida de nuestra población, especialmente en los últimos años. Hemos demandado y seguimos demandando, junto al Foro Ciudadano y la coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, sanción para la corrupción pública y para los que protagonizaron las quiebras bancarias más grandes, proporcionalmente de la historia.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer la firmeza con que organismos internacionales y naciones que ustedes representan se han solidarizado con los reclamos de sanción a la corrupción que ha afectado y afecta a la nación y sus instituciones.

Ciertamente que hay razones para sentir frustraciones por la lentitud con que avanza la construcción de una nación fuerte, regida por principios democráticos, con sólidas instituciones, transparencia y participación social, que demasiado frecuentemente se queda en el papel de los decretos y leyes. Pero somos conscientes de que los avances sociales son fruto de largos procesos que casi siempre rebasan los límites de una y varias generaciones.

Por eso creemos que este movimiento Participación Ciudadana tiene que seguir haciendo contribuciones, promoviendo el concepto de ciudadanía participativa, sembrando esperanzas y sueños aunque muchos de ellos vendrán a ser cosechados por las próximas generaciones.

Estamos a punto de lanzar una campaña por el sostenimiento financiero de nuestra institución, que incluye la creación de un fondo patrimonial. En estos primeros doce años de Participación Ciudadana hemos dependido en gran proporción de financiamiento externo, de organismos internacionales, fundaciones  y naciones, especialmente de la Agencia Internacional para el Desarrollo, de los Estados Unidos.

Estamos obligados a diversificar nuestras fuentes de financiamiento y a convencer a los dominicanos pudientes que comparten nuestras preocupaciones para que paguen una mayor cuota para el sostenimiento de nuestros programas.

El movimiento Participación Ciudadana fue formalmente constituido en 1993, como fruto de muchos meses de reflexiones de decenas de personas, en su mayoría de los ámbitos profesionales y académicos,  que decidieron aunar esfuerzos para promover la cultura democrática, la transparencia electoral y el adecentamiento de la justicia.

El artículo primero de sus Estatutos marcó el rumbo definitivo: “Participación Ciudadana es un movimiento cívico, no partidista, de presión, concertación y vinculación del ámbito social con los poderes públicos y los partidos políticos. Se constituye con el fin de promover la articulación en el seno de la sociedad civil y para incentivar la participación de los ciudadanos y ciudadanas a fin de lograr las reformas políticas, institucionales y democráticas que requiere la República y un desarrollo social justo y equilibrado”.

El movimiento se inscribió en el marco internacional que promueve la organización de los más diversos sectores sociales para dar una real dimensión participativa a la democracia y especialmente para contribuir al mejoramiento de las expresiones partidarias de la política.

Hemos tenido que superar muchos prejuicios y obstáculos, pero la transparencia de nuestras actuaciones, y los esfuerzos de acercamiento a la diversidad de los actores políticos han ido derribando barreras y en pocos años la entidad ha logrado una fuerte vinculación con todo el arco iris político nacional.

Aunque el mayor prestigio de PC se ha asentado sobre su esfuerzo por la transparencia electoral, también ha trascendido su promoción de las reformas políticas e institucionales, y la participación de la ciudadanía, particularmente en los ámbitos de la justicia y los poderes legislativo y municipal.

El haber involucrado a decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas, especialmente jóvenes, en los procesos de observación de las últimas cinco elecciones nacionales, y sus acertados conteos rápidos, han colocado a PC en la cúspide del prestigio nacional e internacional.

Por ejemplo, el entrenamiento de 12 mil voluntarios, en un 80 por ciento menores de 25 años,  para observar los comicios del 2000, implicó un gran esfuerzo de promoción de la nueva cultura democrática sobre la que se cimentará el fortalecimiento de las instituciones nacionales.

Neil Nevit, un reputado consultor internacional que ha asesorado conteos rápidos en unos treinta países de cuatro continentes, incluidos tres en República Dominicana, sostiene que los nuestros son los que han resultado más aproximados a los escrutinios oficiales, por la calidad del trabajo, y la respuesta de la ciudadanía involucrada en los mismos.

Eso explica que misiones internacionales de observación a los comicios dominicanos se hayan venido apoyando en el trabajo de los miles de voluntarios de Participación Ciudadana para llevar a cabo su labor.

Pero el trabajo de PC rebasa con mucho el ámbito electoral. En los años 2003 y 2004 involucró a cerca de 20 mil ciudadanos y ciudadanas en programas orientados a la capacitación en las áreas del Estado, la democracia y la ciudadanía, además de lo electoral. En el 2002 se desarrollaron 116 talleres de capacitación, 89 en el 2003 y 681 en el 2004.

Participación Ciudadana ha ejecutado 13 proyectos orientados al fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad y ha desarrollado numerosos programas adicionales en colaboración con otras instituciones de la sociedad civil, incluyendo la creación del Foro Ciudadano y de la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad que han concertado a más de un centenar de organizaciones sociales, que van desde las empresariales y sindicales hasta las religiosas y comunitarias.

El legajo de libros y folletos publicados por PC es inmenso y ha sido fundamento de sus actividades capacitación ciudadana. Sobre monitoreo de procesos electorales acumula 27 publicaciones y 24 sobre transparencia en la gestión pública. El fortalecimiento del sistema judicial y derechos ciudadanos acumula 18 libros y folletos, y otros 14 sobre el fortalecimiento institucional. Sociedad civil, transparencia municipal, mujer y política y educación suman otros 12. En total se han distribuido más de un millón de ejemplares.

El éxito de Participación Ciudadana se ha fundado sobre una institución auténticamente democrática, que ha tenido un coordinador general distinto en cada uno de sus 12 años de existencia y una alternabilidad sistemática en los 12 integrantes de su Consejo Nacional, que como todos sus dirigentes son voluntarios, que además de aportar su tiempo, pagan cuotas mensuales.

La eficiencia descansa en un equipo técnico, integrado por una veintena de profesionales de diversas disciplinas y áreas, comprometidos hace tiempo con los principios y objetivos de la institución, contratados a tiempo completo.

La organización proclama con orgullo que no ha tenido una sola crisis institucional ni de operatividad democrática, porque todos sus miembros y su equipo técnico han querido ser ejemplo de transparencia y coherencia con los principios que proclaman y promueven.

En sí mismo el movimiento no es una entidad de masas, aunque moviliza miles de voluntarios. Tiene presencia activa en 16 provincias, con dos comités regionales y 20 municipales, que extienden su acción a toda la geografía nacional.

Sostenemos relaciones de intercolaboración con numerosas entidades similares de múltiples naciones y recientemente hemos recibido la encomienda de representar, como capítulo nacional, al movimiento Transparencia Internacional.

Apelamos a todos ustedes para que nos ayuden a mantener nuestros programas y a extender nuestros alcances. Tengan la seguridad de que seguiremos movilizando a millares de dominicanos y dominicanas que vienen aportando limitados recursos, pero sobre todo su tiempo y esfuerzo invaluables.

Pero reconocemos que ya es hora de que seamos los dominicanos los que aportemos la mayor parte de los recursos financieros que se precisan para mantener este aliento a la institucionalidad democrática y la participación ciudadana, a la lucha contra la corrupción y la impunidad y a la promoción de una sociedad mejor organizada que pueda albergar todos los sueños y esperanzas.

De lo que se trata es de crear un ancho y esplendoroso surco donde florezcan los sueños democráticos y libertarios de los millares de dominicanos y dominicanas que han ofrendado sus esfuerzos y vidas en la búsqueda de un destino esplendoroso para todos.-

Encuentro entre representantes del cuerpo diplomático y Participación Ciudadana, celebrado el 22 de noviembre del 2005.

Tan pronto como Participación Ciudadana tuvo las primeras noticias de que se pretendía construir una Isla Artificial en el lindero sur del Malecón, asumió una actitud crítica.

Primero, solicitó por escrito a la Secretaria de Medio Ambiente si tenia  conocimiento del proyecto y en caso afirmativo si se había realizado o  solicitado el estudio de impacto ambiental. Todavía esperamos la respuesta  oficial, pero extraoficialmente se nos informó negativamente.

Inmediatamente después procedimos a pedir información a la Academia de  Ciencias de la República Dominicana, para obtener la opinión calificada de  profesionales y expertos en aspectos específicos del proyecto que podrían  ser beneficiosos  o nocivos para el país y particularmente para el área  directamente afectada. La Academia respondió con la organización de un  taller al que no asistió ningún representante de la empresa constructora ni de sus promotores, sin ninguna excusa, pero si los expertos designados  por la Academia, Amparo Chantada, Omar Rancier y Arq.  Suncar quienes se  encargaron de desmontar todas las falsas virtudes y bonanzas pregonadas  por los promotores de la idea, ofreciendo datos contundentes advirtiendo  los peligros y efectos perjudiciales ecológico, patrimonialista, urbanista  y ambientalista que entraña ese proyecto, en modo alguno necesario ni prioritario para el desarrollo turístico o para la economía del pueblo dominicano.

A partir de entonces tomamos mayor conciencia del desventurado proyecto, y  sus implicaciones. El rechazo ha sido absoluto. La población a través de  sus organizaciones mas representativas han dicho no a este absurdo. Las  Juntas de Vecino de los grupos más directamente perjudicados se han unido  en una sola voz de protesta que el Congreso debe escuchar y sopesar.

Sobretodo del tema de la PRIORIDAD. La dudosa prioridad de construir una  isla artificial que oculte y trastorne quizás para siempre la belleza  natural de nuestra isla  preñada de urgencias y necesidades verdaderamente prioritarias. Valiosos editoriales se han pronunciado acerca de si se justifica la intervención de Estado Dominicano como garante de una inversión privada que nada le reporta a cambio y que bien podría, como ha resultado con anteriores proyectos de menos trascendencia y peligrosidad involucrarlo de mala manera una vez iniciada la construcción. Lo que es del mar, el mar lo reclama, y no son pocas las experiencias de su terrible reclamo.

El Presidente Fernandez Reyna, en ocasión de la inauguración de la lujosa biblioteca de la UASD, confesaba no entender a quienes hablan de prioridades citando a propósito de esa  inauguración  las grandes bibliotecas existentes en las grandes naciones del mundo.

Pero sin negar la importancia de estas grandes obras cabría preguntarse si antes en esas grandes naciones no fueron superadas o se intentaron superar  seriamente los elevados niveles de analfabetismo, de mala educación, de deserción escolar, de  insalubridad, de pobreza extrema , de mortandad infantil, de inseguridad social, la falta de  transporte colectivo adecuado, de alimentación, o simplemente de energía eléctrica fundamental y demás servicios públicos básicos, en franca bancarrota, que la República Dominicana padece.

Como justificar la existencia de una Isla Artificial elitista, concebida  para la gente de buena vida y gasto fastuoso, de quien pueda comprarla y vivirla, que nos coloca en su patio trasero, bueno para los desechos, y el reclamo, por otra parte, de una Reforma Fiscal, con los sacrificios que se le pide al pueblo empobrecido por malos gobiernos, por fraudes multimillonarios, por una  deuda pública que sobrepasa nuestra capacidad de pago, contraída irresponsablemente, cuando hay una ausencia absoluta de política pública que apuntale  la austeridad y vaya al socorro de los sectores productivos de la nación y se vive improvisando en mega proyectos como el metro y la isla de la fantasía, sin importar el excesivo consumismo y el dispendioso gasto público.

Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, no quiere hacerse cómplice y se opone a esta monstruosidad. Se hace militantemente solidaria con  todas las acciones e iniciativas asumidas por organizaciones de la sociedad civil ,  las academias y colegios profesionales, personalidades independientes y patrióticas que han elevado su voz junto con el pueblo,  con hombres y mujeres humildes y callados de todos los sectores de la vida nacional que no quieren que se nos enajene nuestro mar territorial, violentando la Constitución de la República, y que se nos prive de un patrimonio único en el Caribe, del cual deberíamos sentirnos orgullosos para rescatarlo y hacerlo tan hermoso como la madre naturaleza generosamente lo  prolijo para nuestro goce y solaz espiritual.

Pide encarecidamente a los señores legisladores que rechacen vigorosamente este contrato leonino, oneroso, desconsiderado inconstitucional  anti patriótico y vergonzante que es una vulgar afrenta a la dignidad nacional de todo un  pueblo que quiere y aspira ser mejor gobernado y vivir mejor, orgulloso de su historia y su patrimonio nacional.

Berlín, 14 de Noviembre de 2005– Huguette Labelle, una respetada canadiense con amplia trayectoria en temas de desarrollo, ha sido elegida Presidenta de Transparency International (TI), la coalición global contra la corrupción. Labelle reemplaza a Peter Eigen, quien fundó el movimiento de TI y ha servido con distinción durante los doce años de historia de la organización. Eigen asumirá la Presidencia del Consejo Asesor de Transparency International.

“Me siento profundamente honrada de haber sido elegida por el movimiento de Transparency International para liderar esta organización de vital importancia, y contribuir a mejorar las vidas de las víctimas de la corrupción en el mundo” dijo  Labelle. Trae consigo un fuerte compromiso para fortalecer los ya sólidos cimientos de TI, pero previno sobre los retos que enfrenta el futuro. “La corrupción enraizada en el mundo sigue atrapando a millones de personas en la pobreza. Transparency International continuará liderando la lucha anticorrupción para reducir sus efectos corrosivos y aumentar las oportunidades para una vida mejor”.

“Estoy dejando la presidencia de Transparency International en muy buenas manos”, dijo Peter Eigen. Y describió a su sucesora como “excepcionalmente bien preparada para liderar el movimiento de TI y para inspirar a sus capítulos nacionales en todo el mundo. Su capacidad de juntar intereses diversos ayudará a TI a enfrentarse a los criminales y a sus intereses creados que continúan arruinando vidas alrededor del mundo”.

“La trayectoria de Huguette Labelle en el campo del Desarrollo y en el Gobierno le ha dado un conocimiento único sobre los aspectos del movimiento anticorrupción de hoy en día.  Comunicadora efectiva y persuasiva, Huguette servirá como una voz poderosa en el ámbito internacional”, dijo el Director Ejecutivo de TI, David Nussbaum. “Estoy contento de trabajar con ella y entusiasmado con la idea de que trae consigo tanta experiencia relevante y grandes conocimientos”.

Huguette Labelle ha tenido diferentes cargos públicos, incluyendo la presidencia de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, La vicepresidencia del Grupo de Trabajo sobre Salud y Políticas de Desarrollo de la Organización Mundial de la Salud, fue Vice Ministra de transporte y Presidenta de la Comisión Canadiense de Servicio Público. En la actualidad es Canciller Honorario de la Universidad de Ottawa y miembro de la Junta Directiva de varias organizaciones canadienses e internacionales.

Labelle fue elegida el domingo por los 95 capítulos nacionales y contactos de Transparency International en todo el mundo, durante la Reunión Anual de Miembros

Akere T. Muna, fundador de TI Camerún, fue elegido Vicepresidente de Transparency International. Abogado de profesión, es presidente del Comité de Acreditación de la Unión de Abogados Pan Africana y ex Presidente de la Asociación de abogados de Camerún. Muna es miembro de varias comisiones nacionales de reforma legal para luchar contra la corrupción. Fue miembro de la Comisión Nacional Ad-Hoc para la lucha contra la corrupción y Observador de la Commonwealth para las elecciones de Zanzíbar de 2000.

Estuvo activamente involucrado en el grupo de trabajo de TI que ayudó a redactar la Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir la corrupción y ha escrito una guía sobre la Convención publicada por TI. Fue elegido miembro de la Junta Directiva de TI en la Reunión Anual y como Vicepresidente del movimiento, el 13 de Noviembre de 2005.

Transparency International es la organización de la sociedad civil liderando la lucha contra la corrupción en el mundo.

Note para los editores:

Pueden encontrar la biografía de Huguette Labelle en el sitio web de TIwww.transparency.org

Contacto para los medios:

Sarah Tyler

Inés Selvood

Tel: +49-30-3438 2019/45

Mob: +49-162-419 6454

Fax: +49-30-3470 3912

[email protected]

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Alt Moabit 96

10559 Berlín, Alemania

Tel: +49-30-3438 2061/19

Fax: +49-30-3470 3912

http://www.transparency.org

Palabras de apertura Cumpleaños de
Participación Ciudadana 8 de noviembre del 2005

En nombre de Participación Ciudadana les damos la más cordial bienvenida a este acto para celebrar los 12 años de existencia de nuestra institución, en su condición de movimiento cívico no partidista. Sin lugar a dudas que el trabajo que de manera colectiva hemos realizado nos llena de satisfacción y es un motivo para celebrar.

Creemos importante dar apertura a este acto expresando nuestro agradecimiento a la diversidad de sectores que en el tránsito de estos años nos han acompañado, compartiendo con nosotros el esfuerzo sostenido para contribuir a fortalecer nuestra democracia.

Queremos darles las gracias a los diversos medios de comunicación, que han contribuido a que Participación Ciudadana sea un  referente,  convirtiendo nuestras opiniones y nuestras acciones en noticias de primer orden, colaborando de manera especial en afianzar la credibilidad alcanzada como resultado de nuestro accionar.

Gracias a las instituciones del Estado Dominicano, quiénes a pesar del rol de nuestro movimiento de denunciar y presionar para lograr mejorar el orden establecido, colaboran con la implementación de nuestros programas, participando de manera activa y entendiendo  la importancia que tiene la institucionalidad pública.

Gracias a las instancias que constituyen los espacios de poder de representación, en especial el Congreso Nacional,  en los que hemos encontrado aliados y aliadas en el debate de temas de interés general y  que han contribuido a impulsar  proyectos de leyes que entendemos son de beneficio para la Nación.

Gracias a los Organismos de Cooperación Internacional, Embajadas  y a las entidades empresariales que han aportado recursos para la ejecución de las diversas acciones que conforman nuestros programas y proyectos, en especial a la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, que durante 8 años ha creído en Participación Ciudadana  y en nuestra capacidad para administrar recursos con eficiencia y pulcritud.

Gracias a la  diversidad de organizaciones sociales que participan junto a nuestra institución contribuyendo con su presencia en fortalecer el escenario de la acción ciudadana.

Gracias a la membresía  de nuestra institución  y a la Red de Voluntarios y Voluntarias que con su acción desinteresada ponen a disposición de un propósito cívico como es la construcción de la democracia y la institucionalidad del sistema político de nuestra Nación; su esfuerzo, sus capacidades y su tiempo; con  el único interés de ser parte de los procesos, ser útil o sentir como íntima satisfacción el haber contribuido con una causa que ennoblece.

Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche.

Vianela Díaz

Directora Ejecutiva en funciones

Recomendaciones de Transparency International al Secretario General de la OEA en la IV Cumbre de las Américas

Mar del Plata, 3 de noviembre de 2005 — La mala administración de los recursos públicos tiene un efecto devastador sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, y es el principal obstáculo para el alivio de la pobreza y la generación de empleo. Los gobiernos reunidos en la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Argentina, deben comprometerse seriamente con la lucha anticorrupción si quieren superar los principales retos del hemisferio.

“En una región donde la mayoría de los países están estancados en un pozo de corrupción, sumergidos en la pobreza extrema y, ahora, devastados por los desastres naturales, los gobiernos deben ser los primeros en lanzarse a la lucha contra la corrupción. Debe ser la prioridad número uno”, sostuvo Silke Pfeiffer, Directora para las Américas de Transparency International (TI), desde Berlín. “Las metas de superación de la brecha entre ricos y pobres, de generación de empleo y de fortalecimiento de la gobernabilidad no serán alcanzadas hasta que los gobiernos del hemisferio superen las viejas promesas del pasado y las hagan realidad”, agregó.

En la reunión de la sociedad civil esta mañana en Mar del Plata, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza recibió recomendaciones de TI sobre cómo los gobiernos pueden fortalecer las prácticas transparentes y la lucha anticorrupción en sus administraciones, alentar la responsabilidad social empresarial y la lucha contra el soborno en el sector privado.

TI instó a los gobiernos a implementar completa y efectivamente la Convención Interamericana Contra la Corrupción y a firmar y ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que entrará en vigor el 14 de diciembre.

TI se refirió también al debilitado proceso de Cumbres y solicitó la creación de un mecanismo transparente y participativo de seguimiento de los compromisos de la IV Cumbre, de manera de generar un diálogo permanente entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en la construcción e implementación real de una agenda común hemisférica.

“Más allá de los indispensables cambios en los sistemas jurídicos para luchar contra la corrupción, los gobiernos y las entidades públicas deben avanzar hacia cambios en sus prácticas cotidianas, empezando por volverlas transparentes de cara a los ciudadanos”, señaló Miguel Angel Peñailillo, coordinador del programa de convenciones anticorrupción de TI desde en Mar del Plata.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2005 que Transparency International (TI) lanzó el pasado 18 de octubre confirmó nuevamente la correlación dramática entre corrupción y pobreza. Dos tercios de los 159 países incluidos, entre ellos 23 países de las Américas, enfrentan niveles percibidos de corrupción muy altos.

Latinoamérica se encuentra lejos de cumplir con el objetivo de superación de la pobreza expresado en los Objetivos del Milenio: más de 128 millones de personas en la región viven con menos de 2 dólares al día y más de 50 millones lo hacen con menos de 1 dólar diario. La corrupción es un factor que atenta contra la gobernabilidad, ya que genera inestabilidad, debilita las instituciones democráticas y disminuye las posibilidades de desarrollo económico. La corrupción afecta el clima de inversión, debilita los esfuerzos de asistencia y conduce al desempleo.

Los ciudadanos son los que pagan las consecuencias. Por ejemplo, las comunidades campesinas de las zonas montañosas de Guatemala, casi en su totalidad indígenas, han perdido el 80 por ciento de la única cosecha anual de maíz que les sirve como base de alimentación en el último huracán que afectó al país. Si la ayuda no llega adecuadamente por faltas de control y transparencia en su administración, los damnificados estarán amenazados por el hambre y la muerte.

Transparency International es la organización no gubernamental líder en la lucha contra la corrupción en el mundo.

En República Dominicana, Participación Ciudadana es el contacto nacional de Transparencia Internacional.

Nota para los editores:
Para acceder a las recomendaciones de Transparency International presione aquí.

Transparency International (TI) participa desde la entrada en vigor de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) en 1996, de las acciones de seguimiento de los compromisos asumidos por los Estados parte. Esta actividad de monitoreo le ha permitido aplicar este año una herramienta denominada Informes de Cumplimiento, para verificar la aplicación real de disposiciones de la CICC en 10 países. TI publicará sus resultados en diciembre de este año.

En 1978, las elecciones generales de mi país, la República Dominicana, fueron interrumpidas por militares con la intención de robarse el resultado y mantener en el poder al régimen gobernante, aún por encima de la voluntad popular.

A pesar de sólo tener 10 años, recuerdo muy bien el miedo y la incertidumbre que se vivían en mi hogar y en los hogares vecinos, y cómo se susurraban, a puertas cerradas, el desacuerdo y la indignación ante los acontecimientos.

Las elecciones de los años siguientes – voté por primera vez en 1986 – no fueron mucho más transparentes que ese difícil proceso del ’78.  Aún celebrándose elecciones puntual y regularmente, siempre existía una sombra de duda acerca de la veracidad del resultado y de la civilidad del proceso.  La manipulación y la intimidación seguían presentes.

Claramente, había que hacer algo. Se hizo evidente para un grupo de ciudadanos dominicanos que las cosas no iban a mejorar por sí solas, ni mucho menos contando con las débiles instituciones que dirigían las elecciones.  Entendieron que solamente asumiendo un rol activo en la transformación de los procesos, así como la responsabilidad por la vigilancia de principio a fin de los mismos, podrían conseguirse mejoras sustanciales en la todavía joven democracia dominicana.

Así, en 1993 nace Participación Ciudadana (PC) con los objetivos de contribuir a la justicia social, a la democracia y a la integración de los ciudadanos como sujetos (y no objetos) de los procesos democráticos.  Venciendo desconfianza y prejuicios, PC se ha ganado un espacio muy importante en el espacio político dominicano, gracias al trabajo sostenido y al compromiso con la democracia plural demostrado con mucha consistencia y con muchos hechos concretos.

Por ejemplo, en las elecciones de 1996 (que fueron adelantadas por un impasse político-electoral acaecido en 1994) PC movilizó más de 5,000 voluntarios en todo el país, siendo la primera vez que una organización cívica dominicana asumía un rol de observación directa de los comicios.  Ese año se realizó por primera vez un conteo rápido de votos, mecanismo alterno de cómputo electoral que vendría a demostrar su efectividad reiterada en las sucesivas elecciones.

En el 1998 los voluntarios fueron más de 12,000; en el 2000 y en el 2002 más de 5,000.  En el 2004, acudí a votar con la tranquilidad de que las elecciones serían rápidas, confiables y transparentes; sabiendo que los más de 7000 observadores de PC evitarían cualquier distorsión de la voluntad popular.  Esas elecciones se celebraron con un nivel de orden y participación que ha servido de ejemplo para otras democracias del hemisferio.  Acudí a votar con la tranquilidad de que ya el proceso no sería un trauma, sino una celebración de los valores democráticos; una celebración de los derechos del ciudadano a elegir y ser elegido.  Ciertamente, una experiencia muy diferente de la que recuerdo del 1978.

La gran lección que encierra la transformación radical de un proceso tan crítico como las elecciones es que la movilización ciudadana constituye, más que un derecho, un deber de todos.  Este es el credo de PC: la sociedad que queremos debe ser construida por los ciudadanos proceso por proceso y nadie – ni gobiernos, ni partidos políticos – lo hará por nosotros.

Hoy día, PC cuenta con más de 800 miembros, 20 comités municipales y 7 comisiones de trabajo.  La institución funciona como una democracia, en la que la Asamblea Nacional de PC constituye la auténtica instancia máxima de decisión.

Con el trauma de las elecciones ya en el pasado, PC ha ampliado su rol de vigilancia y de articulación, incluyendo otros problemas no menos urgentes: La transparencia en la gestión pública y la lucha contra la corrupción, así como la educación ciudadana.  Para tener una idea, sólo en el 2004 PC celebró casi 700 talleres, tocando a cerca de 20,000 ciudadanos dominicanos.

La historia sigue. Y aunque hay muchos logros para mostrar (Transparencia Internacional seleccionó a PC como su representante en la República Dominicana, por ejemplo), todavía es mucho más lo que resta por hacer. PC seguirá cumpliendo su misión de hacer que, para beneficio de mis hijos, la sociedad dominicana funcione para sus ciudadanos y no contra ellos.  PC seguirá avanzando proceso por proceso.

Y en ese avance, necesitamos que cada vez seamos más, dentro y fuera de la República Dominicana, los que estemos participando de la construcción de una democracia fuerte y auténtica.  Me atrevo a invitarlos a que se unan a nosotros en esta tarea.  Su apoyo – intelectual, personal, moral – contribuirá al desarrollo democrático y social de un país y de una región. Así construiremos nosotros – todos nosotros, los ciudadanos – la sociedad que merecemos. Porque nadie lo hará por nosotros.

El Instituto Synergos cada año organiza un evento de recaudación de fondos denominado University for a Night. Este evento reúne a 400 personas de diversas organizaciones relacionadas con esta institución– desde norte a sur, desde diferentes sectores de la sociedad, y con diferentes grupos de intereses, lugares y trayectoria —  juntos para conseguir un mismo fin: tomar acción para reducir la pobreza y crear mejores expectativas de prosperidad.

En esta ocasión además, se hará honor a dos individuos que han ayudado a unir a partes separadas de la sociedad para dirigirla a cuestiones criticas del día de hoy.  Este año los que recibieron el reconocimiento David Rockefeller por su destacado liderazgo son:

• Corazón C. Aquino
  Ex presidente de Philippinas
  Presidente de Benigno S. Aquino, Jr. Foundation

•  James D. Wolfensohn

Ex presidente, The World Bank

       Special Envoy for Gaza Disengagement for the Quartet Principals

Para Participación Ciudadana fue un honor asistir a este encuentro gracias al espacio donado por Synergos Institute, el cual permitió a la institución una mayor proyección internacional y a su vez conocer las experiencias, opiniones y esfuerzos de líderes mundiales. El tema tratado en la mesa de discusión liderada por PC fue: “The Role of Civil Society in the Consolidation of Democratic Processes – A Model from the Dominican Republic” a cargo Rosario Espinal y la intervención del Sr. Paulo Herrera, cuya exposición se encuentra a continuación.