Comunicado consejo nacional de Participación Ciudadana.

Participación Ciudadana reitera su posición de que lamenta que el Senado, a través de la Comisión Especial, continúe el proceso de selección de los miembros de la Junta Central Electoral sin antes modificar la  ley que aún exige que sólo los abogados puedan ser miembros.

No sólo la disposición  transitoria séptima  de la nueva Constitución exige primero la conformación del órgano antes de la elección de sus miembros, sino que el texto sustantivo redujo las funciones de la Junta Central Electoral  al segregar las funciones contenciosas y asignárselas al nuevo órgano creado bajo la denominación de Tribunal Superior Electoral. De esta manera, los miembros de la Junta Central Electoral dejarán  de ser “jueces” y serán exclusivamente administradores de procesos, por lo que tiene sentido que profesionales de otras disciplinas más afines con estas funciones puedan optar para ser seleccionados.

Tarde o temprano el Congreso tendrá que adecuar la actual Ley No.  275-95, que regula la Junta Central Electoral, a las nuevas disposiciones constitucionales, así como aprobar la Ley de Partidos Políticos para evitar las ventajas electorales que se obtienen debido al abuso del poder.

Con respecto al proceso de la designación de los miembros de la Junta Central Electoral que se lleva a cabo en estos momentos, Participación Ciudadana hace un llamado al Senado con la finalidad de que  evite desacreditar un método tan positivo como el de la presentación abierta de candidatos y el derecho a objetar los mismos por parte de la ciudadanía, pues se corre el peligro de que se entienda que se cumple con la parte formal, pero que las designaciones ya están decididas, y que aquellos que de buena fe presentan sus candidaturas creyendo que la selección se hará rigurosamente, de acuerdo a un perfil que priorice la capacidad,  integridad e independencia, no están siendo más que tontos útiles.

Al igual que en ocasiones anteriores, Participación Ciudadana  no propone candidatos, debido a que nuestra tradición de monitorear los procesos electorales nos aconseja mantenernos al margen de la proposición de nombres. Sin embargo, Participación Ciudadana sí trabajará en la verificación de los perfiles de los candidatos existentes.

Por esa misma razón, y visto que la experiencia con el más reciente proceso electoral, y particularmente con la administración de  la JCE, ha dejado demasiadas sombras, entendemos que en el momento de la escogencia el Senado debería aprovechar para producir una profunda renovación de la matrícula del órgano electoral. En adición, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana entiende que en caso de ser reelectos los miembros actuales estarían en esas funciones por seis años, lo que sumado al tiempo que ya tienen, haría demasiado prolongada su permanencia en funciones directivas, , no de carrera, lo que no es sano porque puede convertirse en un obstáculo a  la transparencia e incluso a la renovación de la entidad a través de nuevas ideas.

Participación Ciudadana también critica los aprestos existentes para repartirse la Junta Central Electoral en razón de criterios estrictamente político-partidarios, pues existen muchas probabilidades de que cualquiera de los lleguen allí con compromisos partidarios, los defenderán por encima de los intereses generales.

Consejo Nacional . 

El director ejecutivo del movimiento Participación Ciudadana (PC), licenciado Javier Cabreja, afirmó que en el país hay un retroceso en materia de combate a la corrupción administrativa, porque el discurso de tolerancia cero hacia ese delito no se ha traducido en la práctica.

Al ser entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa “Esferas de Poder”, que se transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV, consideró que no se ha avanzado de forma efectiva en materia de lucha anticorrupción por distintos factores, entre ellos los niveles de impunidad que siguen reinando en la República Dominicana.

Declaró que a pesar de las denuncias públicas que se hacen en contra de distintos funcionarios, que supuestamente incurren en actos dolosos desde la función pública, el Estado no lleva a cabo ningún tipo de acción que implique una sanción efectiva.

Cabreja enfatizó que en los últimos diez años la corrupción en el país ha crecido y no se han producido sanciones efectivas, porque la mayoría de los funcionarios implicados en esos hechos no han sido condenados.

“Esto se hace acompañar por el hecho de que las instituciones que están llamadas, primero a sancionar la corrupción y a investigarla, son muy débiles”, dijo.

Opinó que la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción y el Poder Judicial no han evidenciado la capacidad ni la eficiencia necesaria para enfrentar los casos de corrupción.

Asimismo, dijo que ni la Cámara de Cuentas ni la Contraloría General de la República llevan a cabo el rol que deben desempeñar en materia de fiscalización que impida el crecimiento de la corrupción en el país.

“A esto se le suma la falta de voluntad política de los principales líderes y funcionarios del Estado dominicano y todo esto ha generado que la República Dominicana tenga los niveles de corrupción que tiene y que en los indicadores sigamos apareciendo como un país con uno de los niveles más altos de corrupción en la región”, agregó.

Cabreja manifestó que mientras persista la cultura de los niveles de discrecionalidad y los funcionarios públicos entiendan que la información que se genera desde el Estado son de propiedad privada, seguirán creciendo los niveles de corrupción.

El reparto de cargos

El director ejecutivo de Participación Ciudadana consideró que detrás del proceso acelerado de designación de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas y la urgencia que tiene el Senado está el interés de los partidos políticos de repartirse esos cargos.

Cabreja manifestó que esos puestos no pueden responder al interés clientelar que tienen los partidos políticos, sino que deben responder a la institucionalidad y al desarrollo.

Manifestó que Participación Ciudadana está muy preocupada por el proceso que ha estado llevando a cabo el Senado de la República, en cuanto a la designación de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas.

Calificó como contraria a la Constitución la decisión del Senado, de designar al senador Félix Vásquez como miembro del CNM.

“Por lo siguiente, para la designación del Consejo Nacional de la Magistratura la Constitución es clara, respecto a que el segundo miembro tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, debe corresponder o debe ser asignado al partido de la oposición de dicha cámara”, enfatizó.

Cabreja dice que aunque Vásquez es claramente un senador del Partido Reformista Social Cristiano, en la boleta electoral fue propuesto y alcanzó la curul con el apoyo del Partido de la Liberación Dominicana.

“Por ende no es el senador que entra al Consejo Nacional de la Magistratura siendo de un partido distinto o contrario o de oposición, como establece el propio espíritu de la Constitución”, dijo.

Manifestó que la Constitución obliga a la designación de los miembros de esas instituciones, pero también a una readecuación del marco legal y jurídico del país.

Entiende que lo más adecuado y conveniente para el fortalecimiento institucional, era iniciar este proceso con las modificaciones y ajustes legales que están pendientes, para que los nombramientos estén a la altura de la Carta Magna.

“Pero que al mismo tiempo que en esas legislaciones se establecieran claramente los mecanismos y los procedimientos para la designación de los miembros de esas instituciones”, precisó.

Comisión de Ética, Cámara de Cuentas, Contraloría General y Dirección de Compra y Contrataciones apoyan propuesta.

Participación Ciudadana, las Asociaciones de Jóvenes Empresarios y de Industriales de Herrera, la Federación de Asociaciones Industriales y otras entidades destacan la necesidad de crear un Plan Nacional de Control y Auditoria con la finalidad de prevenir y perseguir la corrupción en las compras y contrataciones públicas.

Este plan debe llevarse a cabo en acciones coordinadas entre la Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República, el Ministerio Publico, la Dirección de Contrataciones Públicas y organizaciones de la Sociedad Civil.

En este debate sobre “Mecanismos para Prevenir y Perseguir la Corrupción en las Compra y Contrataciones Públicas” fue organizado por el programa Acción Ciudadana, auspiciado por la USAID, en el que participaron Marino Vinicio Castillo, presidente de la Comisión de Ética; Licelotte Marte de Barrios, presidenta de la Cámara de Cuentas; Eric Hazim, director general Contrataciones Públicas, Simón Lizardo, contralor general de la República y otros funcionarios.

El Coordinador General de PC indicó que para la creación de dicho Plan es necesario la correcta aplicación de ley 10-04 de la Cámara de Cuentas (CC), promulgada en enero del 2004.

El Movimiento Cívico señaló que la implementación de Ley 10-04 marcha con lentitud y no ha logrado superar o impulsar, ni fortalecer con planes claros y definidos el control administrativo, legislativo y social como herramienta de fiscalizar a quienes fiscalizan.

Explicó que dicha ley establece la creación de un comité de coordinación constituido por el presidente de la Cámara de Cuentas y el Contralor General de la República, por lo que recomiendan la creación de equipos técnicos y grupos de trabajo de carácter interinstitucional que faciliten el programa de trabajo y el monitoreo del Plan Nacional de Control y Auditoria.

Asimismo se requiere la creación de las condiciones y mejorar el clima de relaciones interinstitucionales entre las Organizaciones del sistema, minimizar conflictos y dualidades, articulando las unidades de control público.

Santiago Sosa, coordinador general de PC, denunció que sectores de la sociedad han manifestado recurrentemente su preocupación por el letargo y pocos avances en el impulso y fortalecimiento institucional de la Cámara de Cuentas.

Desde PC esperamos ansiosos el establecimiento de las modalidades de participación de las organizaciones ciudadanas en el control externo, e instaurar un sistema de evaluación y monitoreo de la implementación del Plan para prevenir la corrupción y sobre todo, sentar las bases para una buena y eficiente gestión, en la administración pública.

Erick Hazim, Dirección Contrataciones Públicas.

El director de la Dirección General de Contrataciones Públicas favoreció la propuesta y dijo que en estos momentos el Organismo aplica sanciones a los proveedores que violan la ley de Compra y Contrataciones del Estado.

Eric Hazim señaló que algunas de estas sanciones han sido hasta la inhabilitación de compañías para poder venderles al Estado.

También hizo un llamado al empresariado y sociedad civil que unifiquen esfuerzos y denuncien la corrupción, para las mismas no se queden solo en los medios de comunicación. Agregó que en el Portal de Compras Dominicanas ofrece detalles de las Compras y Contrataciones del Estado.

Ignacio Méndez, Federación Asociaciones Industriales

El presidente de la Federación de Asociaciones Industriales, Ignacio Méndez, calificó como aterrador pensar que cálculos conservadores sitúan en decenas de miles de millones de pesos anualmente el dinero de todos los dominicanos que va a parar en los bolsillos y las cuentas de funcionarios y empleados públicos por concepto de las “comisiones en compras” y otras “indelicadezas”.

Asimismo dijo que es frustrante saber que hay mecanismos identificados hace mucho, que contamos con leyes y reglamentos, para controlar los actos de corrupción, y que los que la conocen y tienen el poder para exigir su implementación plena no lo hacen, y, por otro lado, la generalidad de la ciudadanía no tiene la mas mínima idea de su existencia.

La ley de contabilidad del Estado, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la Republica, la ley de compras y contrataciones del Estado, y, no menos importante debería de ser, la función controladora del Congreso Nacional.

Vincho Castillo, Pte. Comisión de Ética.

En tanto que Marino Vinicio Castillo, presidente de la Comisión Ética, dijo que el combate a la corrupción en las compras y contrataciones públicas debe de ser un esfuerzo de todos. Agregó que detrás de cada funcionario corrupto hay un corruptor.

Licelot Marte de Barrio, Pta. de la Cámara de Cuentas

Estamos más que conscientes de que nuestro trabajo se desarrolla en el marco de la política y la administración, campos sobre los cuales recae la fiscalización.

Este propósito nos demanda la conjunción de esfuerzos en procura de una cooperación, apoyo recíproco de los órganos, que con diferentes competencias han de enfrentar uno de los males de la sociedad contemporánea: la corrupción, producto de la insatisfacción y la ambición ilimitada en que suelen caer algunos, comprometiendo al país, a sus instituciones y a su propia dignidad. Todo debate e investigación que se propicie sobre la temática, jamás será inútil.

El vicepresidente ejecutivo del movimiento cívico Participación Ciudadana, Javier Cabreja, declaró este viernes que el Senado incurrió en una violación a la Constitución de la República cuando eligió al senador por Sánchez Ramírez Félix Vásquez como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Cabrera explicó que la decisión es parte de una serie de irregularidades que se dan en la Cámara Baja del Congreso, basada en el reparto de los partidos políticos, para evitar que se cumplan con los retos fundamentales de la reforma constitucional, como es el ordenar el marco jurídico del Poder Judicial.

Recordó que la misma viola la Constitución, la cual establece que el Senador que se elija como miembro del CNM tiene que ser de un partido diferente al que preside el Senado.

“Eso es muy propia de esa cultura política clientelar, patrimonialista que sigue primando en la República Dominicana”, preciso Cabreja en el programa “El Día del canal 11”.

El coordinador general del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, Santiago Sosa, calificó como una barbaridad inaceptable el que se contratara técnicos extranjeros para dirigir las empresas distribuidoras de electricidad (Edes), cuando en el país hay personal calificado para desempeñar esas funciones.

Sostuvo que la situación es más grave en el caso de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), donde fue designado un administrador que se vio involucrado en problemas legales de orden administrativo en el mercado de valores en Brasil.

Sosa consideró que la designación de nuevos ejecutivos en las distribuidoras de electricidad obedeció a presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), y a recomendaciones hechas al Poder Ejecutivo por el vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Celso Marranzini. A su entender, estas designaciones no contribuirán a solucionar el grave problema energético que afecta el aparato productivo dominicano.

Sostuvo además que con las contrataciones de esos consultores extranjeros el gobierno eroga una considerable cantidad de recursos que sumado a otras iniciativas podría utilizarse en el mejoramiento del servicio eléctrico.

Según el coordinador de Participación Ciudadana con la contratación de técnicos no se resuelve el problema, sino revisando los contratos con los generadores de electricidad e implementando una política de cobro de la energía, pero no partiendo de criterios políticos, sino exigiendo que todo el usuario lo haga, independientemente de influencias y posiciones sociales.

En cuanto a la administración de Marranzini, consideró que en términos de resultados ha sido un fracaso, porque los apagones en vez de reducirse se han incrementados.

En otro aspecto, Sosa cuestionó el procedimiento utilizado para la escogencia de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE), porque según dijo se está violando el artículo 7 de la Constitución.

Denuncian que la DPCA y la Comisión de Ética han sido ineficaz en su lucha contra de la corrupción administrativa

El tercer informe de seguimiento a la Declaración de Guatemala, elaborado por Participación Ciudadana, capitulo nacional de Transparencia Internacional, afirma que, el funcionamiento de la administración pública ha seguido su curso normal en los aspectos relacionados con la transparencia y el combate a la corrupción, ignorando el compromiso firmado y el cumplimiento de las diversas normas aprobadas durante la firma de la Declaración Guatemala.

El Movimiento Cívico indica que transcurridos casi cuatro años de haber sido suscrita la Declaración, para el Gobierno Dominicano no ha pasado de un acto protocolar.

El informe fue presentado durante una reunión en San Salvador pautada para el 28 y 29 se septiembre en la que participan representantes de los gobiernos firmantes de la Declaración, así como de las organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento al cumplimiento de la misma.

Participación Ciudadana esta representanta en dicha reunión por la Lic. Miriam Díaz Santana, miembro del Consejo Nacional y enlace con Transparencia Internacional y por José Ceballos Responsable del Área de Justicia y Derechos Ciudadanos.

Otras personas representantes de diversos sectores del país participantes en la actividad son : Hotoniel Bonilla, director del DPCA; Miguel Suazo, director de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC); Julio Cesar de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO); Alicia Ortega, Periodista y productora del Programa de TV "El Informe"; Biviana Riveiro directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE); Vianela García fiscal adjunta de la Vega y Román de Jesús Vargas, Alcalde del municipio de Peralvillo, provincia Monte Plata.

La Declaración de Guatemala por una Región Libre de Corrupción, fue firmada en la Ciudad de Guatemala el 16 de noviembre del 2006 por los presidentes y jefes de gobierno de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana, a saber Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Belice, Panamá y la República Dominicana.

Miriam Díaz, miembro del Consejo Nacional de PC y enlace dominicano con Transparencia Internacional dijo que uno de los principales compromisos que asumieron los países fue “diseñar e implementar, en los casos que no se ha hecho, planes nacionales para promover la transparencia en la administración pública, con el concurso de los diferentes sectores políticos, sociales y económicos”.

Participación Ciudadana informa que en el país fue creada la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC) órgano rector que tiene bajo su responsabilidad la implementación del Plan Estratégico República Dominicana Transparente, de Ética y Prevención 2009-2012 y sus respectivos planes operativos.

Señala que, aunque representantes de los ministerios se han integrado a determinadas acciones dentro de ese Plan, el mismo ha sido totalmente ineficaz ya que frente a todas las pruebas presentadas y los escándalos de corrupción que han salido a la luz pública en los últimos años, la Comisión ha declarado que los mismos no son de su incumbencia y no ha tomado ninguna acción para detenerlos.

Lo mismo ha pasado con la Dirección General de Persecución de la Corrupción-DPCA-, organismo que no tiene en este momento ninguna acción en los tribunales contra los centenares de actos de corrupción que se han documentado ampliamente en la prensa nacional.

Otro de los compromisos asumidos en la Declaración de Guatemala es “Proponer y promover la aprobación, en los países que aún no se ha hecho, de un marco regulatorio que garantice el libre acceso ciudadano a la información pública en poder del Estado, en forma veraz y oportuna, sin más restricciones que las contempladas en las Constituciones Políticas.”

En la Republica Dominicana existe desde abril del 2004 la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, 200-04. Participación Ciudadana, que ha venido monitoreando la aplicación de la misma, afirma que, en términos generales, el nivel de aplicación de la ley sobre libre acceso a la información pública es bajo, ya que un significativo número de instituciones no han cumplido de manera efectiva con los requerimientos de la normativa. Más del 70% de las instituciones públicas obtuvieron una calificación de deficiente al obtener puntajes por debajo de los 70 en el cumplimiento de esta Ley.

La Declaración de Guatemala también compromete a los países firmantes a “Garantizar que las instituciones estatales adopten la rendición de cuentas obligatoria, en forma periódica, a fin de visualizar la correcta administración de los recursos por parte de los servidores públicos.

En este aspecto la Republica Dominicana tampoco ha cumplido, ya que el Estado no ha garantizado que las instituciones estatales adopten la rendición de cuentas obligatoria y en forma periódica. Por el contrario, las evidencias muestran que una importante cantidad de instituciones estatales se manejan con un criterio patrimonialista.

En el informe de Participación Ciudadana se hace notar que a requerimiento en relación al cumplimiento de este acuerdo la respuesta de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa fue que “No existe ninguna disposición gubernamental específica que obligue a las instituciones públicas a rendir cuentas periódicamente”.

Sin embargo, el informe de Participación Ciudadana presentado en Guatemala muestra que la Constitución de la República, la ley 10-04 de cámara de cuentas, la Ley 10-07 de control interno, la Ley 200-04 de acceso a la información pública, la Ley 340-06 y sus modificaciones sobre contrataciones públicas, por solo citar algunas, establecen principios de rendición de cuentas por parte de los administradores de la cosa pública.

De lo que claramente colegimos que Las normativas existen pero no se cumplen, que desde el Estado mismo se evidencia no solo disparidad de criterios, “desconocimiento de las leyes”, falta de voluntad para exigir su cumplimiento y por vía de consecuencia la nula aplicación de sanciones para quienes violan los referidos marcos legales.

En relación al compromiso de “Implementar las normativas jurídicas en materia de contrataciones públicas en los países que aún no se ha hecho, apoyadas en sistemas eficaces y eficientes, que optimicen y transparenten los procedimientos de las adquisiciones de bienes y servicios por parte del Estado.”, el informe de Participación Ciudadana afirma que, aunque en el país existe la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas desde hace tres años, los avances en la implementación de la misma han sido reducidos y predomina la práctica de las contrataciones directas.

Algunas instituciones se muestran resistentes a la implementación de los procedimientos establecidos en la Ley.

Se evidencia falta de interés por parte de las máximas autoridades institucionales, resistencia al cambio por parte de los funcionarios intervinientes y falta de empoderamiento de los organismos de control. Al Foro que se celebra en San Salvador asisten algunos representantes gubernamentales y de la sociedad civil, aunque ninguna autoridad de alto nivel del Gobierno Dominicano confirmo su asistencia, en tanto de todos los Estados firmantes de dicha declaración, República Dominicana es el único país que no presentó su informe oficial.

Participación Ciudadana ha alertado al Senado de la República sobre la escogencia nuevamente de Roberto Rosario como juez de la Junta Central Electoral (JCE), ya que personalmente él ha cobrado cheques por los servicios que su oficina jurídica presta a la Lotería Nacional, lo que calificó como anti ético y un conflicto de intereses.

Dijo que hay cheques cobrados en los años 2004, 2005 y 2006 y 2008, y que se tiene la documentación y las pruebas necesarias para avalar la afirmación hecha.

En llamada hecha a El Gobierno de la Tarde, Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, dijo que “Tenemos información de que por lo menos parte de los cheques que fueron pagados a la oficina del magistrado por parte de la Lotería Nacional fueron cobrados directamente por Roberto Rosario, hay cheques que les fueron etregados directamente a él por concepto de consultoría y asesoría jurídica”.

A su juicio, “Si hay un miembro de la Junta Central Electoral que mantiene sus oficinas abiertas, aunque esta persona no haga el trabajo de manera directa, es un conflicto de intereses el hecho de que su oficina haga ese trabajo a una institucion del Estado, porque en definitiva el miembro de la Junta Central Electoral recibe beneficios por el trabajo que desarrolla su oficina”.

Dijo que el Consejo Nacional de Participación Ciudadana está discutiendo sobre si el magistrado Roberto Rosario debe ser nuevamente escogido como juez de la JCE, a fin de fijar una posición definitiva ante el país.

Cabreja manifestó que PC ha hecho hincapié de que el Senado de la República debe escoger personas de una probada solvencia ética y moral incuestonable, y que personas que hayan sido cuestionadas por conflicto de intereses 

Cabreja dijo que a Participación Ciudadana le ha sorprendido que dicho magistrado tuviera una práctica privada y contractual con instituciones del Estado, ya que la propia Constitución y la Ley Ley Electoral establece que solo puede desempeñar actividades académicas u honoríficas.

Precisó que esa práctica "Es un contrasentido, un conflicto de intereses y una violación ética el hecho de que la oficina del presidente de la Cámara Administrativa de la JCE estuviera dando servicios a una institución del Estado y sobretodo a la Lotería Nacional, porque no se trata solo de servicio al sector privado, sino a una institución estatal".

“Esto genera mucha desconfianza, poca credibilidad en un organismo electoral cuyo presidente brinda servicio a una institución del Estado y que al mismo tiempo debe ser árbitro del proceso electoral y que se supone que debe tener una absoluta imparcialidad respecto a las distintas fuerzas políticas”, apuntó.

En otro orden, Cabreja sostuvo que PC no tiene candidatos a la Junta Central Electoral porque son  observadores de los procesos electorales y mal harían con ser juez y parte.

Observó, sin embargo, que previo a la escogencia de los jueces de la Junta Central Electoral debió haberse hecho una reforma a la propia Ley Electoral, adecuarla a la Constitución, porque la propia Ley Electoral debió establecer las condiciones requeridas para ser miembro de la junta.

El tema fue expuesto al concluir la Decimoséptima Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Interamericana Contra la Corrupción en Washington.

Washington D.C. Participación Ciudadana denunció que en la República Dominicana no se aprecia una voluntad política por parte del Gobierno para combatir la corrupción y que "hasta la fecha se exhiben pocos resultados por parte de las instancias responsables de perseguir y sancionar este delito".

Esta posición fue expuesta por Isidoro Santana, miembro del Consejo Nacional de PC, durante la conclusión este viernes de la Decimoséptima Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Interamericana Contra la Corrupción, que se llevó a cabo en la sede de la OEA en Washington, del 13 al 17 de septiembre.

Santana recalcó ante expertos anticorrupción internacionales que unos de los principales problemas es que República Dominicana carece de un marco legal que regule la venta de bienes del Estado y el otorgamiento de las concesiones, dejando en evidencia un alto margen de discrecionalidad, por lo que es más vulnerable a la corrupción.

Esto a pesar de que el Congreso de la República está apoderado de un proyecto de ley sobre concesiones hace más de tres años.

Durante la culminación del evento, Santana reiteró la necesidad de fortalecer la prevención e investigación de privilegios de todo tipo, por concepto de pagos que se efectúen en violación a las leyes, así como de la creación de legislaciones que rijan esta materia.

El Miembro del Consejo Nacional de PC,  denunció que otra debilidad del sistema dominicano es que el Estado no cuenta con una legislación que explícitamente niegue, impida o restrinja la obtención de beneficios tributarios mediante actos de corrupción, en tanto existen leyes que de manera indirecta impiden a funcionarios públicos y sociedades mercantiles u otro tipo de asociaciones la obtención de beneficios tributarios.

Señaló que el país también carece de mecanismos que garanticen la protección a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien actos dolosos.

El Informe presentado por PC a expertos internacionales además revela que tampoco hay un seguimiento a lasdeclaraciones de bienes que los servidores públicos deben hacer al entrar y salir del cargo, en violación a la ley de función pública.

Presentación Irregularidades

El Tercer Informe Alternativo presentado por PC ante la OEA plantea que pesar de que la República Dominicana cuenta con un marco legal que regula las exoneraciones para el pago de impuestos y en este caso en lo referido a las importaciones de vehículos de motor por parte de legisladores, indicó que amparados en la ley 56 de 1996 sobre exoneración impositiva a los vehículos importados por los senadores y diputados, entre 1 de diciembre de 2002 y 23 de octubre de 2009, los legisladores y las legisladoras importaron 678 vehículos por un valor 60 millones 014 mil 990.8 dólares equivalente a RD$1,993,111,047.27, para un sacrificio tributario de RD$1,022,473,031.08.

“Centrando el análisis en el período 2008-2009, los (as) legisladores (as) compraron vehículos de lujo por 549 millones 123 mil 022.58 pesos y se exoneró el pago de todos los impuestos por 300 millones 12 mil 636.74 pesos; una   cifras descomunal al compararlo con los niveles de pobreza de cada provincia”, expresó Santana.

Analizaran Problemática

En esta oportunidad, los expertos anticorrupción de los Estados Parte que integran el MESICIC analizan la implementación en Panamá, Chile, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua y Las Bahamas de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción relacionadas con la negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción, la prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, el soborno transnacional, el enriquecimiento ilícito y la extradición.

Propuestas para R.D.

El Comité de Expertos analiza, entre otros aspectos, el marco jurídico e institucional de la Republica Dominicana y formulará recomendaciones concretas para mejorarlo en temas de tanta sensibilidad e importancia como los aludidos anteriormente.

Asimismo evaluará los avances en la implementación de las recomendaciones que formuló a dichos Estados en relación con las materias que fueron analizadas en el marco de las dos rondas anteriores.

El MESICIC es un instrumento de carácter intergubernamental establecido en el marco de la OEA para apoyar a los Estados que son parte del mismo en la implementación de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción, mediante un proceso de evaluaciones recíprocas y en condiciones de igualdad, en donde se formulan recomendaciones específicas con relación a las áreas en que existan vacíos o requieran mayores avances.

Para más información visite el Portal Anticorrupción de las Américas.

El numeral séptimo de las Disposiciones Transitorias de la Constitución ordena mantener los actuales jueces de la Junta Central Electoral (JCE) en sus puestos hasta que sean creados los órganos relacionados con el tribunal electoral.

Participación Ciudadana sostiene que se violenta la Carta Magna apresurando elección de los integrantes de la JCE, inquietud que ha abierto un debate sobre la legalidad de este proceso y las posibles contradicciones con lo establecido en la Constitución. Javier Cabreja, director ejecutivo del movimiento, plantea que las diligencias para escoger a los jueces de la JCE contradice el numeral 7 de las Disposiciones Transitorias de la Constitución.

“Sin la existencia de una ley reformada no están claramente establecidas las condiciones, los criterios o las incompatibilidades para la selección de los miembros de la Junta Central Electoral. Creo que esta es la gran debilidad. Obviamente, lo único que explica esto es que haya una urgencia por parte del Senado que uno no entiende, pero que podría deberse a toda esa lógica clientelar”.

En tanto que el jurista Flavio Darío Espinal, experto en Derecho Constitucional, no comparte el razonamiento expuesto por Cabreja y asegura que, por el contrario, el proceso para escoger a los integrantes de la JCE que realiza actualmente el Senado está en sintonía con lo estipulado en la Ley Sustantiva.  “El Senado no estaría violando la Constitución si elige los miembros de la Junta Central Electoral, porque además, el texto constitucional no condiciona dicha elección a la adopción de una legislación particular para dicho órgano.

La Ley Electoral (275-97) vigente es perfectamente aplicable a la Junta Central Electoral en todo aquello que no haya quedado derogado por la nueva Constitución”, explica Espinal.

Apunta que una situación distinta aplica al Tribunal Superior Electoral, dado que la designación de sus miembros por el Consejo Nacional de la Magistratura debe esperar la aprobación de su legislación orgánica, porque se trata de un nuevo órgano no contemplado en la Ley 275-97.

Senadores defienden legalidad del proceso de escogencia de miembros

La vicepresidenta del Senado y presidenta de la comisión especial designada para la escogencia de los miembros de la JCE, Cristina Lizardo, aseguró que la Cámara Alta lo que está es cumpliendo con lo que le confiere la Constitución y sus reglamento, que es seleccionar los miembros y suplentes del organismo comicial.

“Indiscutiblemente, que para la Junta Central Electoral no es necesario crear ninguna ley, eso aplica para el Tribunal Superior Electoral. Es que hay una gran confusión con el mismo, la Junta y el Tribunal son completamente independientes”, explicó.

Dijo que se está trabajando en el marco de los 60 días que está establecido en el Reglamento del Senado de la República, por lo que entienden que no están violando ningún mecanismo ni que se contradice tampoco la creación de esos estamentos.

El senador Julio César Valentín también negó que el Senado de la República esté incurriendo en algún tipo de violación en este proceso de selección, tras insistir que no se va a alterar ninguna disposición legal ni constitucional.

Mientras que el jurista Flavio Darío Espinal, quien fue del equipo de redactores del proyecto de reforma, advierte que “ahora bien, la elección de la Junta Central Electoral sin que se constituya el Tribunal Superior Electoral puede tener consecuencias prácticas no deseables.

Si se presenta, por ejemplo, un asunto contencioso en uno de los partidos políticos que sea competencia del Tribunal Electoral, la nueva Junta no tendría competencia para conocerlo, lo cual sería negativo a la institucionalidad partidaria”.

Abogado favorece

El abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez plantea que el proceso de escogencia de los integrantes de la JCE no entra en contradicción con la Constitución, porque es precisamente la Ley Sustantiva la que establece que después del 16 de agosto debe iniciar la selección de los miembros del organismo.

“No hay  impedimento legal ni constitucional. Al contrario, la disposición octava de la Constitución, establece muy claramente que a partir del 16 de agosto debe iniciar el proceso de integración, tanto del Tribunal Superior Electoral como de la Junta Central Electoral”, dijo Rodríguez.

Denuncia carencia de un marco legal que regule la venta de bienes del Estado y el otorgamiento de las concesiones.

Washington D.C. Participación Ciudadana, Capitulo Dominicano de Transparencia Internacional, denunció que el Estado Dominicano no cuenta con una legislación que explícitamente niegue, impida o restrinja la obtención de beneficios tributarios mediante actos de corrupción, en tanto existen leyes que de manera indirecta impiden a funcionarios públicos y sociedades mercantiles u otro tipo de asociaciones la obtención de beneficios tributarios.

Esta posición fue externada este miércoles por Isidoro Santana, miembro del Consejo Nacional de PC, durante la  decimoséptima Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento que se lleva a cabo en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington del 13 al 17 de septiembre del 2010.

En la misma el Movimiento Cívico presentó el III Informe Alternativo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.

Santana informó que ante esta problemática, es preciso señalar la necesidad de que el Estado Dominicano incorpore a su marco legislativo una ley que aborde esta temática.

Al mismo tiempo señalo que es recomendable que el Estado Dominicano principalmente mediante la Comisión Nacional de Ética y la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa fortalezcan el rol de prevención e investigación de privilegios de todo tipo por concepto de pagos que se efectúen en violación a las leyes.

El miembro del Consejo Nacional de PC señaló en Washington que la Dirección General de Impuestos Internos debiera trabajar en la prevención del soborno en materia tributaria.

El Tercer Informe Alternativo presentado por PC ante la OEA plantea que pesar de que la República Dominicana cuenta con un marco legal que regula las exoneraciones para el pago de impuestos y en este caso en lo referido a las importaciones de vehículos de motor por parte de legisladores, indicó que amparados en la ley 56 de 1996 sobre exoneración impositiva a los vehículos importados por los senadores y diputados, entre 1 de diciembre de 2002 y 23 de octubre de 2009, los legisladores y las legisladoras importaron 678 vehículos por un valor 60 millones 014 mil 990.8 dólares equivalente a RD$1,993,111,047.27, para un sacrificio tributario de RD$1,022,473,031.08.

“Centrando el análisis en el período 2008-2009, los (as) legisladores (as) compraron vehículos de lujo por 549 millones 123 mil 022.58 pesos y se exoneró el pago de todos los impuestos por 300 millones 12 mil 636.74 pesos; una  cifras descomunal al compararlo con los niveles de pobreza de cada provincia”, expresó Santana.

El Sr. Santana concluyo en la presentación del Informe Alternativo señalando que en términos de resultados objetivos no se precisa una voluntad política por parte del gobierno para combatir la corrupción, en vista que las denuncias realizadas principalmente por periodistas especializados/as en investigación, hasta la fecha se exhiben pocos resultados por parte de las instancias responsables de perseguir y sancionar este delito.

Al tiempo de indicar en el Mecanismo de Seguimiento a la Convención Ínteramericana Contra la Corrupción que en la actualidad en el país, no existe un sistema debidamente instaurado que garantice la protección a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción.

El Informe también revela que tampoco hay un seguimiento a las declaraciones de patrimonio que los servidores públicos deben hacer al entrar y salir del cargo, en violación a la ley de función pública.

A pesar de la regulación sobre soborno transnacional y local, no se demuestra una labor de prevención de este tipo penal y menos de concientización de la ciudadanía del tema y del marco legal vigente sobre el mismo.

El Movimiento Cívico informó que carecemos de un marco legal que regule la venta de bienes del Estado y el otorgamiento de las concesiones, dejando en evidencia un alto margen de discrecionalidad de manera que queda evidenciado la carencia de norma que regule este tema a pesar de que el Congreso de la República está apoderado de un proyecto de ley sobre concesiones hace has de tres años.

En ese mismo orden en República Dominicana tenemos pendiente la aprobación de la ley sobre partidos políticos y financiamientos de las campañas electorales.

Reunión Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC)

 En esta oportunidad, los expertos anticorrupción de los Estados Parte que integran el MESICIC analizan la implementación en Panamá, Chile, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua y Las Bahamas de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción relacionadas con la negación o impedimento de beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción, la prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, el soborno transnacional, el enriquecimiento ilícito y la extradición .

Expertos formularán recomendaciones a R.D.

El Comité de Expertos analiza, entre otros aspectos, el marco jurídico e institucional de la Republica Dominicana y les formulará recomendaciones concretas para mejorarlo en temas de tanta sensibilidad e importancia como los aludidos anteriormente.

Asimismo evaluará los avances en la implementación de las recomendaciones que formuló a dichos Estados en relación con las materias que fueron analizadas en el marco de las dos rondas anteriores.

Cabe resaltar que antes de iniciar con los trabajos de esta reunión, está previsto un encuentro informal entre los miembros del Comité de Expertos y los representantes de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil de algunos de los países que serán analizados en esta ocasión.

El MESICIC es un instrumento de carácter intergubernamental establecido en el marco de la OEA para apoyar a los Estados que son parte del mismo en la implementación de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción, mediante un proceso de evaluaciones recíprocas y en condiciones de igualdad, en donde se formulan recomendaciones específicas con relación a las áreas en que existan vacíos o requieran mayores avances. Para más información visite el Portal Anticorrupción de las Américas.

Ver informe: INFORME PC CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA CORRUPCION