Participación Ciudadana, RedVejez y la Fundación NTD, Ingredientes exhortaron  al Presidente Danilo Medina, promover políticas públicas en favor del adulto mayor; Las organizaciones reiteraron que es el Estado quien está llamado a impulsar políticas públicas garantistas de los derechos fundamentales y la seguridad de los adultos mayores de  la República Dominicana.

Los adultos mayores son  uno de los grupos más vulnerables por la ausencia de políticas públicas efectivas que vayan a enfrentar sus necesidades dejando a esta población con un  69% por debajo de la línea de pobreza y un 24% en pobreza extrema. Además, la República Dominicana cuenta con una proporción de la población mayor de 60 años, la cual se ha incrementado de manera sostenida a lo largo de las últimas décadas, con una cobertura de pensiones de solo el 14% en el mejor de los casos y con limitado  acceso efectivo a la salud.

Las organizaciones expresaron que es necesario el fortalecimiento y reestructuración del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), organismo oficial en materia de definición y ejecución de las políticas nacionales orientadas a beneficiar a los adultos mayores; En este sentido, es importante avanzar y garantizar el cumplimiento de las promesas presentadas en el Programa de Gobierno del Presidente de la República para el cuatrenio 2016-2020, para fortalecer el instrumento específico de intervención para la protección social del envejeciente que represente un avance en cobertura, calidad de la protección, sostenibilidad e integralidad.

La Red de Organizaciones por una Vejez Digna (REDVEJEZ), Fundación NTD Ingredientes y Participación Ciudadana, solicitan al gobierno dominicano realizar las acciones necesarias para que el Estado dominicano firme y ratifique la CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES, aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA).  De igual manera, urge la implementación efectiva de Ley No. 352-98  de Protección de la persona envejeciente  para dotar al país de un órgano rector con las funciones y competencias y a los adultos mayores de una vida digna.

Una vez más queda evidenciado el poco interés del Procurador General de la República, como cabeza del Ministerio Público, cuando de actuar contra la corrupción administrativa se trata.

En esta ocasión nos referimos a su indiferencia e inacción en relación a las múltiples irregularidades cometidas por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) en la licitación y adjudicación del contrato para la remodelación y equipamiento del hospital Dr. Darío Contreras.

En ese sentido, la Dirección General de Contrataciones Públicas, emitió la Resolución 91/2015, en fecha 2 de octubre de 2015, denunciando las irregularidades detectadas. Dicha Resolución contempla su remisión tanto a la Procuraduría General de la República como a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, para los fines correspondientes.

Por esa razón, Participación Ciudadana, mediante comunicación de fecha 22 de enero de 2016, solicitó a la Procuraduría General de La República que informara sobre las actuaciones procesales llevadas a cabo con el objetivo de sancionar las irregularidades documentadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas en la citada Resolución 91/2015.

Corresponde denunciar a la opinión pública, que hasta la fecha no se conoce actuación alguna de la Procuraduría General de la República en relación con las irregularidades cometidas en la ejecución de esta obra pública, contratada con el Consorcio Proyecciones Luxor, mediante un procedimiento de urgencia, por un monto de RD$886.5 millones, y que terminó costándole al Estado y los contribuyentes dominicanos un total de RD$1,700 millones. Vale decir, casi el doble del valor originalmente licitado y aprobado.

Consejo Nacional de Participación Ciudadana

8 de abril de 2016

Con la celebración de la Conferencia “Rol de la Policía Nacional en la Seguridad Ciudadana”, dictada por el Mayor General Nelson Peguero Paredes, Jefe de la Policía Nacional, Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista dio inicio al  “Diplomado sobre Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana”.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Josefina Arvelo, coordinadora General de Participación Ciudadana, quien sostuvo que “Participación Ciudadana cree que la República Dominicana se encuentra sometida a  importantes desafíos para reducir la criminalidad, el delito y garantizar la seguridad de la ciudadanía y que todos los actores, sectores sociales y políticos tienen responsabilidad y roles protagónicos en las propuestas de solución y en esa dirección se inscribe el Diplomado que iniciamos en el día de hoy”.

El diplomado se imparte en el marco del proyecto “Acción de la sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia”, que desarrolla  Participación Ciudadana  y  co-ejecuta la Fundación Institucionalidad  y Justicia (FINJUS)

El diplomado se impartirá en coordinación con la Dirección de Educación Continuada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas  de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; el programa de clases está compuesto de  14  módulos, los sábado en horario de 9:00 a 4:00 de la tarde,  con un total de 100 horas; se realiza con la finalidad de capacitar  a los líderes/as de organizaciones de sociedad civil del país, para adquieran  conocimientos que les permitan crear conciencia colectiva para incidir en el  respeto de los derechos humanos y en la seguridad ciudadana.

La principal razón del Diplomado “Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana” es generar capacidades desde la sociedad civil sobre la problemática de la seguridad ciudadana entendida no sólo como un derecho fundamental, sino como una garantía y responsabilidad del Estado.

Las experiencias del desempeño de las Altas Cortes, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas han evidenciado las consecuencias negativas para la institucionalidad democrática y la vigencia de un estado de derecho de una selección de sus miembros donde la probidad, la competencia profesional y la independencia funcional han sido sustituidas por la pertenencia o proximidad a los partidos políticos que acuerdan la composición de las mismas. Otras experiencias indican que el diseño actual del sistema político permite que el partido que gana las elecciones pueda controlar los órganos superiores del Estado y garantizarse que sus decisiones le sean favorables.

Las violaciones al ordenamiento jurídico sin un régimen de consecuencias, las dificultades para que los órganos de control puedan ejercer sus funciones y las inequidades y abusos ocurridos antes, durante y después del reciente proceso electoral, suficientemente documentados por Participación Ciudadana y organismos internacionales, deben ser interpretados como un llamado a las fuerzas sociales, políticas y económicas responsables del país, para que unan sus voluntades y esfuerzos a fin de lograr la firma de un gran Pacto Político-Social por la Institucionalidad Democrática. Este es el llamado que ha formulado el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) en su discurso del miércoles ante la Cámara Americana de Comercio.

Ningún sector debe ampararse en el prejuicio, el sectarismo o la prepotencia para evadir el llamado que ha formulado el Consejo Nacional de la Empresa Privada, en un ejercicio de auténtica responsabilidad social.

Participación Ciudadana apoya este llamado y expresa su firme decisión de participar en este esfuerzo por el fortalecimiento de las instituciones para lograr una democracia de mayor calidad. Extiende este llamado a las demás organizaciones de la sociedad civil y a los actores políticos partidarios para que expresen su decisión de aunar voluntades y esfuerzos para iniciar los trabajos que concluyan con la implementación de un gran Pacto Político-Social por la Institucionalidad Democrática, que por su carácter y contenido debe preceder y ser fundamento de los pactos Eléctrico y Fiscal que están pendientes y confrontan evidentes dificultades. Un pacto entre los actores determinantes de los sectores políticos, sociales y económicos contribuirá a la viabilidad de los pactos sectoriales.

CONSEJO NACIONAL

03 de Julio del 2016

Participación Ciudadana, movimiento cívico no  partidista, presentó el “Primer Informe del Monitoreo Ciudadano a la Administración Pública”, en el marco del Proyecto “Ciudadanía Activa para una Gestión Local Transparente e Inclusiva”, ejecutado con otras 9 organizaciones de la sociedad civil y coordinada por Oxfam-RD.  El Proyecto se enmarca en el Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y a las Autoridades Locales (PASCAL),  financiado por la Unión Europea y tiene como visión generar  una cultura de transparencia  y corresponsabilidad en la gestión municipal en la República Dominicana.

El  Monitoreo Ciudadano a la Administración Pública  es un protocolo de 11 indicadores para medir la transparencia y el nivel de desempeño de los gobiernos locales en tres ejes: Profesionalización de la gestión municipal, Participación ciudadana en el ciclo presupuestario e Inclusividad de los servicios públicos.

En este primer Informe se presentan los hallazgos de la auditoría  ciudadana  realizada por los munícipes de 22 de los 40 municipios en los que se ejecuta el Proyecto en relación al eje  “Profesionalización de la Administración Local”.  Los comités de veeduría valoraron el acceso a las instituciones  locales, el control horizontal entre poderes, la gestión de la nómina y las garantías de transparencia  e integridad, para lo cual  solicitaron a las Oficinas de Acceso a la Información Municipal (OAIM) las siguientes evidencias:

• Prueba de publicidad de las ofertas de contratación (mural del Ayuntamiento, en la prensa local…)
• Constancia de la celebración de  las asambleas comunitarias para la elección de alcaldes pedáneos
• Actas de las Sesiones del Concejo Municipal
• Constancia de la presentación del Informe mensual al Concejo para su conocimiento y aprobación
• Nóminas, Declaraciones juradas de bienes y Listado de proveedores del gobierno local.

Con respecto a la publicidad y transparencia en el acceso a las instituciones locales, ninguno de los municipios observados aportó  prueba alguna de la difusión de las ofertas de contratación en medios de libre acceso al público   ni evidencia de la celebración de consultas a la comunidad  para la  designación de sus alcaldes pedáneos.  Estas  deficiencias en la difusión y en la participación comunitaria comprometen el principio de mérito y competencia y menoscaban  la igualdad de oportunidades.

Los comités de veeduría constataron también la falta de regularidad  en la convocatoria de las sesiones del Concejo Municipal, órgano colegiado con funciones normativas y fiscalizadoras donde se da a conocer la gestión de los asuntos del municipio.  El Informe revela que el 63% de los municipios observados se reunió  una o ninguna vez  en el  trimestre enero-marzo 2015, mientras que  solo el 27% del total aportó prueba  de las sesiones  del Concejo celebradas  con una regularidad mensual y/o superior. El Concejo Municipal ejerce funciones de fiscalización,  entre las que destaca la de conocer y aprobar  los informes periódicos que han de presentar los  Alcaldes y Alcaldesas, aunque este ejercicio rutinario de rendición de cuentas no pudo ser constatado en ninguna de las actas aportadas por los Ayuntamientos a los comités de veeduría.

En cuanto a la eficiencia en la gestión de los recursos humanos, las nóminas municipales  revelaron  una clara estabilidad en el número de empleados  durante el  primer trimestre  del  2015, con casos muy puntuales de alzas en la contratación. Por el contrario, el Informe muestra escenarios muy diversos en el camino hacia la igualdad y equidad en la administración local,  con Ayuntamientos en los que es escasa la presencia de mujeres (11%) y otros donde el porcentaje de mujeres empleadas supera el 40%. El análisis desagregado de las nóminas reveló una gran brecha de desigualdad  salarial y funcional por razón de género. La presencia mayoritaria de mujeres  en los departamentos de ornato, limpieza  o como beneficiarias de la asistencia social, apunta a la reproducción en las instituciones locales de los roles tradicionales asignados a la mujer.  El análisis de las retribuciones muestra también una fotografía de gran precariedad salarial en el escenario local,  ya que el promedio de empleados municipales de los Ayuntamientos observados que  gana apenas 5.000 pesos o menos supera el 70%.

Además de estas circunstancias,  se destacan en el Informe otros desafíos en  la institucionalidad y legalidad de las nóminas municipales, algunas de ellas sin la debida identificación de cédula o cargo desempeñado,  y la mayoría otorgan la condición de empleado  a beneficiarios de ayudas selectivas de asistencia.

Por último, para comprobar si se garantizan los principios de integridad e imparcialidad que deben acompañar la actuación de los servidores públicos, los comités de veeduría  valoraron el cumplimiento de la obligación de  presentar la declaración de patrimonio en el registro del Ayuntamiento  y solicitaron el listado de proveedores. Solo en el 22% de los municipios la mayoría de las  autoridades había presentado  la declaración jurada de bienes; mientras que la solicitud del listado de proveedores fue atendida en el 36% de los municipios,  en el 27%  no fue entregada a la ciudadanía y en el 36% restante este documento público adolecía de  serias deficiencias en la identificación (falta de RNC o cédula del distribuidor) o en la apariencia de legalidad y formalidad (falta de sello y timbre el Ayuntamiento, escritos a mano…).

A partir de los resultados de este diagnóstico ciudadano,  el Informe presenta  los diez retos de la Administración Local para una mayor pluralidad, transparencia, rendición de cuentas y  eficiencia:

1. Fortalecer las Oficinas de Acceso a la Información Municipal
2. Publicitar las  ofertas de  contratación municipal
3. Recuperar la vocación participativa de la designación de los alcaldes pedáneos
4. Asegurar la regularidad de  las sesiones del Concejo Municipal. 
5. Institucionalizar la rendición de cuentas periódica
6. Implementar una política de equidad de género
7. Apego al manual de cargos y a la legislación en materia salarial.
8. Fortalecer el compromiso de las autoridades, representantes y funcionarios/as del gobierno local con la transparencia y la ética.
9. Fortalecer la apariencia de legalidad e institucionalidad de la nómina    
10. Fortalecer la apariencia de legalidad e institucionalidad del  listado de proveedores.

Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, en el marco del proyecto  “Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia”,  realizó la mesa de diálogo “Anteproyecto de Ley de Igualdad y No Discriminación”,  con la finalidad  de   promover la igualdad de las personas, tal como lo establece  el  artículo 39 de la constitución.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Josefina Arvelo, Coordinadora de la institución, quien advirtió que “Una de las tareas esenciales, para la consolidación democrática de nuestro país, es precisamente el fortalecimiento del sistema de protección de los derechos humanos, a través del cual el Estado tiene la obligación de implementar políticas públicas que garanticen la inclusión social de estos grupos, al mismo tiempo que la ciudadanía está llamada a jugar un rol fundamental en la demanda de estos”.

En la actividad  participaron los juristas Cristóbal Rodríguez y Orlidy Inoa Lazala, ambos trabajaron en base a la definición inicial del anteproyecto,  que está siendo impulsado por el Consejo Nacional para el VHI y el Sida, mientras que la Diputada Electa Faride Raful, hizo una valoración Jurídica del Proyecto de Ley Igualdad y No Discriminación y su importancia social.

El  anteproyecto de Ley de Igualdad y No discriminación tiene el objetivo de prevenir y eliminar las distintas formas de discriminación que se ejercen contra los individuos, principalmente en la poblaciones vulnerables, tales como: mujeres, niños / niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, comunidad LGTBIQ, trabajadoras (es) sexuales, migrantes, usuarios (as)  de  drogas, quienes viven en pobreza extrema o  con VIH (PVVIH).

Aprovechando que desde el próximo lunes 13 y hasta el miércoles 15, República Dominicana será sede de la Cuadragésimo-Sexto Asamblea General Ordinaria de la Organización de Estados Americanos. La Red de Organizaciones por una Vejez Digna (REDVEJEZ), Fundación NTD Ingredientes y Participación Ciudadana, solicitan al gobierno dominicano realizar las acciones necesarias para que nuestro país ratifique la CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES, aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA), además urge la implementación efectiva de Ley de Protección de la Persona envejeciente ( Ley 352-98) y dotar al país de un órgano rector con las funciones y competencia para garantizar la vida digna de los adultos mayores.

La Convención Interamericana fue aprobada por los Estados Miembros el pasado año pero hasta la fecha solo cinco países la han ratificado: Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile y Uruguay. Es necesario que este proceso no se estanque, necesitamos que nuestro país y los demás Estados  se adhieran y ratifiquen ante sus respectivos entes judiciales para que pueda entrar plenamente en vigor.

La República Dominicana necesita que el Estado ratifique la Convención sobre los derechos de las personas mayores,  porque los actuales mecanismos de derechos humanos no tienen un carácter vinculante y por consiguiente los países no están obligados a implementarlos. Creemos que este documento regional, es una forma más eficaz para asegurar que todas las personas disfruten de sus derechos humanos en la vejez y en igualdad de condiciones que los demás grupos poblacionales.

En ese sentido, aprovechamos para reiterar que el Consejo Nacional de la Persona Envejecientes (CONAPE), pueda ser fortalecido en el orden institucional, reformado y restructurado para que pueda impulsar políticas de calidad, cumplir la ley y los compromisos, asumidos por el Estado Dominicano con la firma de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

En la República Dominicana la población adulta mayor representa un 10 % de la población total, lo que representa más o menos un millón de personas. De esta cantidad, se estima que el 70%  vive por debajo de la línea de pobreza y en la actualidad, solo el 11% recibe una pensión.   Desafortunadamente, el  Estado Dominicano continúa considerando a los mayores como objetos de dádivas y no como sujetos poseedores de derechos.

Urge avanzar en el cumplimiento de la Ley No 352-98 garantizar el respeto de los derechos básicos contenidos en la misma, como son el acceso a servicios de salud, medicamentos, pensión, que no se cumplen.

Esperamos que en una coordinación Estado-Sociedad logremos e impulsemos la ratificación en el Congreso Nacional de dicha Convención e iniciar un proceso de dialogo transparente, de colaboración  entre las organizaciones que trabajan con y por los adultos mayores y el Consejo Nacional de la Persona Envejecientes (CONAPE).

Necesitamos una Convención para:

1. Establecer normas legales que desafíen y reemplazen las actitudes deshumanizadoras y estigmatizantes contra la vejez y los adultos mayores

1. Aclarar cómo se aplican los derechos humanos en la vejez

1. Asegurarse que los Estados comprendan sus obligaciones en el goce de los derechos humanos para todas las personas independientemente de su edad

1. Comprender mejor y hacer valer nuestros derechos aun en la vejez

1. Proporcionar un marco para el desarrollo de políticas y la toma de decisiones sobre la vejez