Colegio Claret gana 1er. Lugar

El Colegio Claret con el seudónimo La Número 1, ganó el primer lugar del concurso de Ensayo “UNA SOCIEDAD TRANSPARENTE: LA CORRUPCIÓN UN MAL QUE DEBEMOS COMBATIR”, que organizó Participación Ciudadana.

El segundo lugar lo ganó el Colegio Lux Mundi, con el Seudónimo Igor y el tercer lugar resultó electo el Instituto Politécnico Cardenal Sancha, con el seudónimo Salomé.

Otras escuelas que resultaron ser preseleccionadas fueron el Liceo Gastón Fernando Deligne de San Pedro de Macorís, con el seudónimo La Soñadora y el Colegio APEC Minetta Roques, con el seudónimo Los Impolutos.

Participación Ciudadana realizó este concurso nacional de Ensayo “UNA SOCIEDAD TRANSPARENTE: LA CORRUPCIÓN UN MAL QUE DEBEMOS COMBATIR”, con el objetivo de estimular la reflexión y la acción de los y las jóvenes en torno al problema de la corrupción y sus efectos para el desarrollo del país.

Los premios a los ganadores serán entregados el viernes 11 de abril de 2003, a las 10:00 de mañana, durante un acto artístico cultural que será celebrado en el Auditórium  del Museo de Historia y Geografía, Plaza de la Cultura.

Para la realización de este concurso de Ensayo, Participación Ciudadana desarrolló 25 talleres a nivel nacional con  estudiantes de las escuelas públicas y colegios privados  participantes en la actividad.

Para la selección de los ganadores, se contó con un jurado compuesto por Nuria Piera, Altagracia Salazar, Juan Bolívar Díaz, Lissette Dumit, y Gladys Meregildo representante del DPC  quienes seleccionaron  los ganadores, en la categoría primer lugar, segundo lugar y tercer lugar.

PARTICIPACIÓN CIUDADANAcompletó la recolección y procesamiento de la información recogida en el día de ayer en la observación de las elecciones primarias del PRSC.

Como se explicó ayer, nuestra organización realizó una observación itinerante en 134 centros de votación, en 19 municipios y una observación permanente, desde la instalación hasta el escrutinio de los votos en una muestra de 60 centros de votación escogidos aleatoriamente en todo el territorio nacional. La muestra fue recuperada en un  93%, es decir, 56 centros de votación.

La información de la muestra procesada anoche confirma, en términos generales, la apreciación que presentamos sobre la calidad del proceso de votaciones expresado en el informe que se presentó ayer.

CONCURRENCIA A LAS ELECCIONES.

PC estimó la participación en las elecciones primarias del PRSC en aproximadamente de un 25 a un 30 por ciento del total de personas registradas en el padrón que, como ya sabemos era de 1,454,284 electores, de acuerdo a las cifras ofrecidas por el Comisionado Electoral del PRSC.

Un elemento muy significativo del proceso fue que en más del 91% de los centros observados se presentaron casos de personas que alegaron ser miembros del Partido Reformista y que no aparecieron en el padrón. Tal como había establecido el reglamento, a estas personas no se les permitió votar. Se estima que la cantidad de personas que no pudieron votar representa el 10 por ciento de los concurrentes. Sin embargo, Participación Ciudadana no cuenta con ningún indicador de que esta situación perjudicara a un candidato en particular.

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO:

La observación permanente de centros de votación mostró, al igual que la itinerante, una organización aceptable del proceso, de acuerdo a las siguientes informaciones:

1)     En el 82% de los centros el proceso se inició antes de las 10 de la mañana.

2)     El 95% de los centros cerró antes de las 5:30 de la tarde.

3)     El 89% de las comisiones electorales estaban claramente identificadas.

4)     El 77% de los delegados de los precandidatos estaban identificados.

5)     El 100% de los centros tenían padrón de electores.

6)     En el 91% de los centros se presentaron personas que no estaban en el padrón.

7)     El 70% de los locales eran adecuados en espacio y organización.

8)     El 86% de los locales permitían votar de manera secreta.

9)     En el 42% de los centros se realizó campaña proselitista a favor de uno o ambos candidatos.

10)En el 96% de los centros los funcionarios estuvieron presentes durante el escrutinio .

11)En el 91% de los centros los delegados de los precandidatos presenciaron el escrutinio.

INCIDENTES E IRREGULARIDADES OBSERVADOS.

Como informamos ayer, los principales incidentes reportados en este proceso se originaron en los casos de personas que no pudieron votar por no aparecer en el padrón, lo cual originó, en algunos casos, fuertes discusiones que, afortunadamente no desencadenaron actos de violencia significativos. También se reportaron deficiencias en el entrenamiento del personal que trabajó en los centros de votación, así como algunos casos de insuficiencia de boletas.

El caso de San Pedro de Macorís merece mención especial. En esa ciudad  ubicamos dos observadores en el Centro de Votación No. 005, situado en la Calle Virgilio Díaz Ordóñez, No. 52, (Casa de la Profesora Lidia Cedeño). En esta provincia este fue el único que salió en la muestra aleatoria de 60 centros ya mencionados, además teníamos un observador itinerante realizando un recorrido por diferentes centros de votación y otro observador en el centro de acopio y computo de esta localidad..

Sin embargo, nuestro observador de esta muestra, a pesar de haber permanecido en el centro desde su apertura, no pudo presenciar el escrutinio de dicho centro porque se le  pidió que se retirara. Al momento de retirarse, nuestro observador tenía información de que habían votado menos de 400 personas. Las cifras de votación de ese centro fue obtenida por el observador de PC en el centro de acopio y cómputos de San Pedro de Macorís, habiéndose reportado una cantidad de 1163 votos a favor del candidato Eduardo Estrella, 51 a favor del candidato Jacinto Peynado y 22 votos nulos para un total de votación de 1,236.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES:

Participación Ciudadana considera que la dirección del PRSC, en especial su Comisionado Electoral,  ha hecho un esfuerzo loable en la organización de estas primarias.

En tal sentido, y para que este proceso culmine en el fortalecimiento de ese Partido, recomendamos el cotejo exhaustivo  de todas las actas de la Provincia de San Pedro de Macorís y, en el caso de que se compruebe la comisión de irregularidades, sea anulada la votación y celebradas nuevas elecciones en esta provincia. Ofrecemos desde ahora nuestra colaboración, mediante la observación, en caso de acogerse alguna de estas recomendaciones.

En segundo lugar, recomendamos a la alta dirección del PRSC iniciar en breve plazo una labor de saneamiento de su padrón electoral, a fin de que el mismo refleje la realidad actual, acompañado de una campaña entre sus militantes para asegurar que todos estén debidamente registrados.

PRIMER INFORME DE LA OBSERVACIÓN

La observación desplegada por Participación Ciudadana sobre las elecciones primarias del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), para seleccionar a su candidato presidencial, se ha desarrollado exitosamente en los 134 centros de votación pre-seleccionados, en 19 municipios, lo que ha conllevado la movilización de más de 250 personas voluntarias en todo el territorio nacional.

En esta observación se involucraron los miembros del Consejo Nacional de PC, el Comité Coordinador, el Equipo Técnico y el voluntariado a nivel nacional. En esta tarea se ha contado con la colaboración de la dirección del PRSC, de manera especial de su Comisionado Nacional Electoral, que preside la doctora Licelot Marte de Barrios.

PC optó por realizar su observación electoral en varios niveles, que incluyen:

a)     La observación itinerante de 134 centros de votación, distribuidos en 19 municipios, por voluntarios que se trasladaban de un centro a otro para recoger las incidencias ocurridas en los mismos. Los centros observados se encontraban localizados en los lugares de mayor incidencia para este proceso electoral interno, como el Distrito Nacional, la Provincia de Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís, entre otros.

b)     La observación permanente, desde la instalación hasta el levantamiento del acta con los resultados, en una muestra de 60 centros de votación, escogidos aleatoriamente a nivel nacional, que incluyen  una población de 50,000 votantes.

Desarrollo de la observación

La convención del PRSC ha transcurrido con normalidad hasta el mediodía del domingo, con una afluencia moderada de militantes en los centros de votación, en los cuales se ha observado actividad promocional significativa a favor de ambos candidatos.

La convención ha tenido una organización aceptable, sin inclinaciones, y en la medida en que transcurrían las primeras horas de la mañana se descubrían los primeros inconvenientes, vinculados a la calidad del padrón electoral.

Fue observada una indeterminada cantidad de personas que no podían ejercer su derecho al voto debido a que no se encontraban en el padrón de electores. En el Distrito Nacional hubo presidentes de centros de votación que desconocían si el PRSC había reinscrito a todos sus militantes para confeccionar un nuevo padrón o si el padrón utilizado era un documento actualizado con nuevos inscritos. La mayor cantidad de aparentes reformistas que no podían ejercer su derecho al voto se proclamaban como “viejos” militantes.

Pese a la escasa presencia de votantes reformistas en una parte de los centros, era notable que algunas de las personas responsables de dirigir el proceso no tenían el conocimiento, la destreza y la formación para encontrar nombres en las listas de votantes, o carecían del conocimiento sobre los centros de votación a los que debían remitir a los ausentes en las listas de votación.

No se registraron casos de violencia o incidentes considerables, pese a que en algunos centros de votación se produjeron fuertes discusiones.  Muchos centros de votación carecían de las condiciones para garantizar el secreto del voto en el momento de ser emitido.

A varios centros de votación no se les suministró la cantidad suficiente de boletas. Es el caso, por ejemplo, del centro de votación 0026, de Gaspar Hernández en el que había un total de 82 personas inscritas y sólo llegaron 51 boletas, por lo que hubo que cerrar el centro cuando se agotaron las boletas.

A continuación presentamos algunos datos concretos de los resultados de la observación itinerante realizada por directivos y miembros de nuestra organización, en 134 centros de votación.

1.      El 93 %  de los observadores  reportó que todos los centro visitados tenían  las comisiones electorales claramente identificadas.

2.      En el 93% reportó que los precandidatos tenían delegados debidamente identificados.

3.      El 100 % reportó que los centros disponían del padrón de votantes, aunque informaron de  casos de personas que no pudieron votar  por no aparecer en el padrón.

4.      El 88 % de los centros de votación contaban con la organización y el espacio adecuado para votar.

5.      En el 67%  de los locales se podía votar de manera secreta.

6.      En el 79 % de los locales se observaba campaña a favor de los precandidatos. En el 8 %  de los casos esta se producía dentro del local y en el 92 % fuera del mismo.

7.      No se reportó ningún centro que no funcionara.

8.      El 88 % de los centros comenzó las votaciones antes de las 10 de la mañana.

9.      El 96 % de nuestros observadores reportó que en  los centros visitados la militancia concurría y votaba en orden.

10.  En el 8 % de los centros visitados se reportaron discusiones y pleitos, aunque en no todos esta situación afectó el orden de los centros.

 En el día de mañana, lunes 31 de marzo, ofreceremos los resultados finales de nuestra observación, que incluirá los datos de la muestra aleatoria antes descrita.

La observación de las votaciones primarias del Partido Reformista Social Cristiano

Participación Ciudadana desarrolla un proceso de observación de las votaciones primarias del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) que se realizará el domingo 30 de marzo, en más de dos mil centros habilitados en todo el territorio nacional.

La decisión de observar las primarias del PRSC,  la adoptó el Consejo Nacional de esta institución, tras recibir una invitación de la Comisión Ejecutiva de esa organización política, siendo la segunda vez que se observa un proceso electoral interno reformista, puesto que ya se hizo en la elección de los/as candidatos/as que concurrieron a los comicios congresionales y municipales del 2002.

Nuestra observación abarcará una muestra de los centros de votación de todo el país, con observadores fijos e itinerantes, incluyendo el centro de cómputos y los locales principales del PRSC, tarea en la cual estarán involucrados cientos de miembros permanentes y colaboradores voluntarios, los cuales han sido entrenados adecuadamente, fundamentado dicho proceso  en  nuestras experiencias de los últimos cuatro procesos electorales nacionales.

Participación Ciudadana recibió amplia información del proceso organizativo de las primarias reformistas, así como los materiales básicos que normarán la actividad, de parte de la Doctora Licelott  Marte de Barrios, Secretaria Electoral del Partido Reformista.

Es importante precisar, sin embargo, que Participación Ciudadana no dispone del padrón electoral del PRSC, lo que se constituye en una limitación al proceso de observación, por lo cual advertimos que nuestro informe no podrá abarcar  análisis o comentarios sobre  este aspecto.

Política institucional

Como se informó con anterioridad, la observación de los procesos internos de elección de los candidatos es una política institucional de Participación Ciudadana, ratificada en nuestro plan de trabajo para los próximos años, especialmente con miras a las elecciones presidenciales del 2004.

Como es lógico, para desarrollar esta observación es fundamental la invitación de los partidos políticos, que para la institución implica el reconocimiento de que nuestro único interés es contribuir al mejoramiento de la institucionalidad y la representación democrática. De ninguna forma pretendemos inmiscuirnos en sus asuntos internos, ni en las preferencias de sus militantes.

Ratificamos que queremos contribuir con el mejoramiento y perfección de la militancia política, de manera que se abra la competencia y se desarrolle la democracia interna, pilar fundamental de cualquier estado de derecho. Estamos convencidos de que la democracia interna en los  partidos es un requisito fundamental para el fortalecimiento de la institucionalidad y la legitimidad de las autoridades electas y los representantes populares.

Sin partidos políticos sólidamente asentados en procesos transparentes y limpios no hay posibilidad de constituir una institucionalidad democrática que garantice el desarrollo integral y  armónica  de la sociedad dominicana. Por lo que Participación Ciudadana espera que su participación en esta observación contribuya al fortalecimiento  de la democracia interna en el PRSC.

La observación previa

Nuestra observación se basa en el criterio de que los procesos electorales, sean internos o generales, no sólo dependen del ejercicio del voto y el cómputo en la jornada de votación, sino que tienen que tomar en consideración la transparencia, la equidad organizativa y condiciones justas para todos los participantes.

Hasta este momento no hay pruebas de que en el actual proceso interno del PRSC se hayan evidenciado falta de transparencia o inequidad en la organización del proceso, hasta donde hemos constatado existe un interés del organismo electoral en garantizar una elección de candidato presidencial que responda a las expectativas y deseos de sus militantes.

Los Estatutos del PRSC, el Reglamento Electoral, contenido en la Resolución 1/03, el Instructivo para los Miembros de Centros de Votación, la boleta electoral (modificada en la medida en que se redujeron los candidatos), la relación de los centros de votación y una relación de la cantidad de militantes inscritos por provincias y municipios, que totaliza un millón 454 mil 284 ciudadanos y ciudadanas, han estado disponibles oportunamente para todos los aspirantes a la candidatura. Además, han recibido considerable difusión, incluyendo un suplemento especial publicado en el diario Hoy el lunes 24 de marzo.

Tanto el Reglamento como el Instructivo para los Miembros de Centros de Votación, se corresponden con los procedimientos democráticos y la equidad y esperamos serán cumplidos en la jornada de votación y cómputo para  garantizar una elección transparente.

La extensión de la campaña electoral interna por seis semanas, a partir de su apertura formal y convocatoria a votación, mediante las resoluciones 2/03 y 2 bis/03, del 14 de febrero del 2003, nos ha parecido suficiente y debe marcar un acortamiento de esos procesos, a menudo excesivamente largos, en el sistema partidista dominicano.

Se debe resaltar el esfuerzo realizado por los organismos del PRSC para dotar a ese partido de una tecnología adecuada para el procesamiento de la votación y el levantamiento de las actas por cada centro de votación. Las barras codificadas para lector óptico y el plástico dispuesto para revestir las actas, son un buen aporte, a fin de reducir los márgenes de alteraciones que han sido frecuentes en nuestros procesos electorales.

Después de analizar esas previsiones, Participación Ciudadana llega a la conclusión de que es un buen aporte del PRSC a la transparencia de los procesos de elección de candidatos, y que se pondrán a prueba mecanismos que podrían trascender hasta los comicios generales.

Nos permitimos formular votos para que  la elección interna reformista culmine con la transparencia y el éxito que ha tenido la etapa organizativa y que, en consecuencia, sus resultados sean acatados por todos los actores, lo que a su vez deberá incentivar procesos similares en los demás partidos de incidencia nacional.

La observación de la jornada de votación

La metodología  a seguir para la observación de Participación Ciudadana en la jornada de votación del domingo 30 de marzo,  se definió a partir de la organización que ha establecido el PRSC para las primarias y  abarcará tres escenarios diferentes:

1.  Una observación itinerante, realizada por directivos de PC y voluntarios distribuidos en más de 100 centros de votación,  que permitirá apreciar el desarrollo de la jornada de votaciones y ofrecer el Primer Informe sobre el  desarrollo de las primarias a las 5:00 p.m.  del domingo 30 de marzo.

• Una observación fija en una muestra de 60 centros de votación, seleccionados de manera  aleatoria, utilizando como base de datos la relación de colegios de la Junta Central Electoral y el listado de Centros de Votación del PRSC.  La distribución de la muestra abarca 30 municipios y 23 provincias del país. Los voluntarios y voluntarias de Participación Ciudadana observarán las incidencias que se presenten durante todo el  proceso de votación, ya que  permanecerán en los Centros desde su apertura hasta concluir el escrutinio.  Los resultados de esta observación serán recopilados a través de un formulario que será procesado durante la noche del domingo y que aportará la información básica para el 2do. Informe, programado  para las 5: 00 PM,  del lunes 31 de marzo.

• La observación de centros de cómputos y/o acopios de actas  en 16 provincias del país con la participación de los Comités de PC. También se observará el proceso de escrutinio en el Centro Nacional de Cómputos por una Comisión designada por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y que recibirá acreditación especial del PRSC para ser testigo de lo que acontecerá en ese centro.

Para llevar a cabo este operativo, nuestra institución ha integrado y capacitado  más de 250 voluntarios que participarán en el monitoreo y en las actividades del centro de operaciones que funcionará en nuestro local  el día  de las primarias del PRSC, y que permitirá recibir, digitar y procesar las informaciones recopiladas por el voluntariado en los diferentes escenarios de observación.

El trabajo del voluntariado de Participación Ciudadana será coordinado por el Consejo Nacional y la Comisión de Análisis Político, quienes permanecerán durante toda la jornada del domingo 30 de marzo  supervisando el trabajo, y mantendrán la comunicación con la Comisión Electoral del PRSC, a fin de informar  cualquier incidencia que sea reportada por nuestros observadores.

El informe final,  con el resultado y las recomendaciones derivadas del operativo de observación efectuado antes, durante y después de la jornada de votaciones será entregado a los organismos del PRSC.

La Juntas Receptoras de Votos (JRV) podrían ser más eficientes, sino dependieran tanto del partidarismo de las mismas, es una de varias conclusiones de un informe de Observadores Electorales Internacionales del Acuerdo de Lima, dadas a conocer después de las elecciones del 16 marzo.

El partidarismo, el retraso en la instalación de urnas , la falta de conocimiento para utilizar formularios, problemas en el padrón electoral, inadecuados centros de votación y propaganda de los partidos en los centros de votación, son las otras limitantes observadas en el proceso electoral.

Los observadores, un promedio de 25 delegados representantes de distintos países de la región Latinoamericana y de Europa, dijeron que la observación se hizo en los departamentos de San Salvador, La Paz, La Libertad y Sonsonate.

Y aunque reconocieron que hay avances en el proceso democrático, por el clima de respeto y tranquilidad en que se desarrollaron las elecciones, la tolerancia de los partidos y el comportamiento de la PNC, afirmaron hubo problemas que se pudieron evitar.

“Los malos procedimientos de logística en el proceso electoral denotan la carencia de capacitación por parte de los integrantes de las mesas de votación”, dijo Javier Cabreja, observador de la República Dominicana.

Las otras observaciones se refieren a que el Padrón Electoral no contiene a todos los salvadoreños aptos para votar, aunque si estaban en el listado informativo de la JRV del mismo municipio o de uno diferente.

Además, los centros de votación no son adecuados, ya que no reúnen los requisitos mínimos de seguridad y privacidad, para el ejercicio secreto del voto.

Para resolver este problema se debe buscar lugares techados y amplios donde se respete el derecho privado de los ciudadano, dijeron. Y también los observadores pudieron observar que los partidos inducían al voto, tanto en los centros como fuera, el mismo día de la votación.

Las recomendaciones de los observadores se basan en que es necesario despartidarizar y capacitar las JRV mediante la participación ciudadana, la utilización del DUI, implementar el voto residencial y electrónico para el 2004 y el respeto de los partidos políticos a la legislación electoral.

“Confiamos en que El Salvador asuma los retos principales y nos sentiremos satisfechos si se reforma el sistema electoral, con la implantación de mecanismos que faciliten el voto a la población”, añadió Cabreja.

Sobre la propaganda en los centros de votación, los observadores manifestaron que no pudieron apreciar la inducción a la voto, pero sí les llamó la atención la gran cantidad de camisetas y banderas, dentro y fuera de los centros y que los supervisores de la Juntas de Vigilancia no hayan hecho nada para evitar la repartición de camisetas, gorras u otras.

Delegado municipal impide acceso a los medios
Una denuncia que se hace a través de este medio es la actitud prepotente e intransigente, del señor Jacinto Salvador Guerra, delegado de la Junta Electoral Municipal, quien impidió que los medios de comunicación, le dieran cobertura al cierre de la Juntas Receptoras de Votos, ubicada en el Gimnasio Nacional.

Todo inició cuando algunas cámaras de televisión salieron del gimnasio para hacer una tomas de los electores que ya no serían recibidos, porque el centro de votación cerró a las 5 de la tarde

Al querer entrar nuevamente, Guerra había dado la orden. “ A las cinco ya no se puede dejar entrar a nadie”. Se le explicó que eran medios de comunicación, en su mayoría camarógrafos y fotoperiodistas, que tenían el derecho a informar sobre el recuento, pero la respuesta fue: “no puede entrar nadie”.

Incluso se le pidió que señalará en el Código Electoral, donde se prohibía a la prensa entrar. Después de dar vueltas y vueltas con el Código Electoral en la mano, no encontró la base legal y se limitó a decir que ello retrasaba el proceso electoral.

Mientras las cámaras afuera se perdían el recuento, Guerra amenazó a la periodista con sacarla del lugar con la policía. Incluso llamó a un agente para que diera por efectivo la orden.

Es de destacar que este delegado era asesorado por un simpatizante de ARENA, a quien él obedecía.
Al final, los periodistas no pudieron entrar, pese a que el Presidente del TSE, vía telefónica, dio la orden de dejar ingresar a los medios, según informaron fuentes del TSE, que prefirieron el anonimato.

Participación Ciudadana y la Oficina Nacional de Administración de Personal (ONAP) realizaron su segunda mesa de la búsqueda de consenso para la implementación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa , en la que se abordó, en esta ocasión, el tema  “diagnóstico de la cantidad y las funciones de los servidores públicos”.

Esta segunda mesa que fue presidida por el director de la ONAP, Ramón Ventura Camejo; el director de CONARE,  Marcos Villamán, contó con la ponencia de  Porfirio Quezada, director de PROREFORMA,  quien se refirió al mito del gigantismo del Estado Dominicano.

En su intervención, Quezada precisó que para entender la cuestión de la burocracia pública dominicana, es conveniente recurrir a comparaciones conceptuales y estadísticas sobre nuestro modelo de gestión pública y sus características, a la luz de lo que sucede en América  Latina, Europa y Norteamérica.

Aseguró que existe un gigantismo del gobierno que lucha contra la eficiencia de los servidores convirtiéndolos en un circulo vicioso que impide su reducción.

Agregó que para evitar caer en repeticiones fundamentales y carentes de base objetiva, sugiere tener en cuenta tres indicadores básicos para establecer la dimensión del sector público utilizados frecuentemente  por las ciencias administrativas dedicadas al asunto de la burocracia estatal.

En ese orden de ideas, los tres indicadores básicos son : el Porcentaje de la población  total que tiene la condición de servidor público, cobertura de población por servidor público y porcentajes de servidores públicos  en la conformación del PEA.

Para Quezada es hora de  asumir  la reforma  institucional del país con la seriedad y sobriedad que el tema merece, pues evadirla puede comprometer el desarrollo de las potencialidades del país como nación y precipitarlas puede conducir  a un laberinto que puede hacer perder cuarentas años de modernización al país.

Esta mesa que es organizada por el Programa de Transparencia de Participación Ciudadana y la Oficina Nacional de Administración de Personal, en el marco de un acuerdo firmado por ambas instituciones, participaron, el Contralor General de la República, congresistas, representantes del sector académico, sindicalistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

A continuación ponencia presentada por el Sr. Porfirio Quezada, director de PROREFORMA:

El Mito del Gigantismo del Estado Dominicano

"… un gobierno puede ser criticado por malo, no por grande… 11

Ornar Guerrero Orozco, pensador mexicano

Desde septiembre pasado se viene Incubando la hipótesis de que la crisis de la economía dominicana está asociada a un gasto corriente excesivo y de manera puntual al crecimiento desmedido de la nómina pública.

El empresariado dominicano/ apostando a su vieja idea de contribuir lo menos posible a la financiación de la política social haciendo provecho de la coyuntura y argumentando la necesidad de disminuir el presupuesto público se ha hecho eco de la idea y ha empujado al Gobierno a colocar el tema sobre la mesa de negociación. .

Con la jugada, el sector privado obviamente evita la discusión sobre el necesario incremento de la presión tributaria para, cuanto menos dignificar la pobreza en RD.

La oposición, avezada y oportuna toca el tema y se escurre dejándole al gobierno una granada activada en las manos.

Al crear la Comisión para la Adecuación de la Nómina Pública con la misión de analizar la situación y presentar en 90 días un plan de solución/ no sabemos si el Estado está realmente interesado en abordar el problema o si simplemente trata de ganar tiempo y esperar que se diluya la prisa.

Ahora bien, tanto se repite la idea del supuesto gigantismo de la Administración Pública dominicana, que muchos de nuestros generadores de opinión han resultado sorprendente mente convencidos y fanatizados por ideas a las cuales evidentemente nunca le habían prestado suficiente Interés.

Este planteamiento carece de toda originalidad  fue el Banco Mundial quien en el año 1983, en el marco de un estudio sobre los "países en vía de desarrollo" planteó su preocupación por el incremento de la nómina pública a velocidades que superaban hasta tres veces el crecimiento de la población y considero tal crecimiento como una amenaza al proceso de desarrollo de esos países.

Hasta la fecha, esa hipótesis no ha podido ser probada, pero 51 ha recorrido por más de quince años, cual 51 fuera un axioma, todos los foros de discusión sobre el desarrollo, marcando las líneas de trabajo de algunos organismos de cooperación internacional y creando corrientes de pensamiento en los partidos conservadores del mundo sub-desarrollado.

Para entender la cuestión de la burocracia pública dominicana, es conveniente recurrir a comparaciones conceptuales y estadísticas sobre nuestro modelo de gestión pública y sus características, a la luz de lo que sucede en América Latina, Europa y Norteamérica, Para evitar caer en repeticiones fundamentalistas y carentes de base objetiva, proponemos tener en cuenta tres indicadores básicos para establecer la dimensión del sector público utilizados frecuentemente por las ciencias administrativas dedicadas al asunto de la burocracia estatal, a saber:

1.- porcentaje de la población total que tiene la condición de servidor público: Este indicador es sin dudas el preferido para determinar el tamaño de las burocracias públicas e Incluso es muy utilizado para dimensionar las entidades privadas, en el caso del grupo de países comparables con la RD en la región, tomando en cuenta el ingreso per capita como elemento clasificatorio (Argentina, México, Venezuela, Uruguay, Costa Rica, Panamá y Chile), el promedio de habitantes que ostentan la condición de servidores públicos (Incluyendo fuerzas de defensa, entidades descentralizadas y tercerizadas), alcanza un promedio del 6%, la RD por su lado cuenta con un 4.55% de su .; población, es decir 1.5% por debajo del promedio en la región. .

Uruguay presenta una tasa del 9.2% de su población con la condición de servidor público y se considera una .de las mejores y más estable burocracia de la región. En el grupo de países considerados como "altamente desarrollados" de Europa, esta tasa alcanza el 10% como promedio según datos del FMI.

Los EEUU cuentan con una nómina pública Que sobrepasa los 18,000,000 (dieciocho millones) de servidores públicos, un 6.8% de su población.

Por el contrario, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Guatemala son los países de la región con menor tamaño del sector público y al mismo tiempo conforman (junto a otros) el grupo de menor desarrollo relativo del continente.

2.- Cobertura de población por servidor público: al considerar este indicador en el ámbito latinoamericano, nos encontramos que entre el grupo comparable a la RD, el promedio de cobertura es de 22 habitantes por servidor  público, la RD por su lado presenta una cobertura de 21.9 habitantes por servidor, muy cerca del promedio EEUU presenta una tasa de cobertura de 14.77, menor a la de RD.

La importancia de este indicador es que demuestra la dimensión de la política social de un Estado, junto a indicadores relativos a la desconcentración de los recursos, nos explica el grado de penetración de los servicios del Estado en la población.

3.- porcentaje de servidores públicos en la conformación PEA: con este indicador se pretende además verificar la incidencia del Estado en el mercado laboral y de alguna manera en la economía nacional, el promedio para el mismo grupo de países en la región alcanza 13.2%, y en el caso dominicano presentamos un índice del 9.58%, nueva vez debajo del promedio.

Costa Rica y Panamá alcanzan casi el 35% de participación de los servidores públicos en la conformación del PEA y nadie esta planteando que cuentan con un Estado agigantado. Particularmente el primero (Costa Rica), es considerado como un modelo mundial de desarrollo humano sostenible según los Indicadores de las Naciones Unidas.

La constante es que a mayor desarrollo mayor proporción de servidores públicos, en América latina, por ejemplo, se puede apreciar muy claramente la relación entre Ingreso per cápita y la densidad del servicio público.

Esto se explica, porque aunque parezca un anacronismo, la verdad científica es que "a mayor Estado mayor desarrollo". No obviamos la cuestión relativa a la calidad de organización y operación del Estado, pero esa es una discusión que no parece tener espado en la agenda pública en RD, no obstante sería muy Importante centrarse en ella en el futuro próximo.

Como Queda demostrado en las referencias presentadas en los párrafos precedentes, la Administración Pública dominicana no puede ser caracterizada como extra- numeraria, ni agigantada, con lo cual no queremos decir que la misma no presente patologías que requieran de urgente intervención.

Entre los problemas más graves que comprometen la efectividad de las Instituciones públicas dominicanas, se encuentran el alto nivel de centralización en que han distribuidos los recursos humanos, la proliferación de empleos no productivos, la debilidad de los sistemas de planificación y gestión de los recursos humanos, la bajísima escala de compensación, el escasísimo apoyo que reciben los esfuerzos de capacitación, la baja motivación y el deteriorado ambiente de trabajo en que se desempeñan, entre otras.

Al comparar la data relativa al grado de concentración de los recursos humanos, nos encontramos con países como Argentina y Chile, que tienen una mayor proporción de servidores públicos en los niveles descentralizados y autónomos (estos son probablemente los países de mayor descentralización en América latina).

Otros como Costa Rica y Panamá con proporciones casi idénticas entre el nivel central y el nivel descentralizado y casos como la República Dominicana donde alrededor del 65% de la nómina pública esta concentrada en el llamado Gobierno Central. '

Si se revisa la evolución de la nómina en América latina y se compara con la de República Dominicana se comprueba que en cualquier caso ha habido un Incremento sostenido, cuyas causas no han sido determinantemente establecidas y que algunos autores asocian a la adopción de políticas populistas en la conducción del Estado.

La realidad estadística, Indica que el crecimiento de la nómina pública que en principio acompañaba a la tasa de crecimiento poblacional tiende en las últimas dos décadas a sobrepasarla y a crecer a un ritmo aproximado de un 5%.

No obstante, mucho más dramático que ese crecimiento de la nómina pública, es su alta tasa de movilidad, especialmente en el período inmediatamente posterior en las transiciones de mando.

Cada vez que hay sucesión de mando un porcentaje considerable de servidores públicos pierde su empleo y un porcentaje similar de seguidores/ beneficiarios del nuevo incumbente ingresan al tren público.

Con esta práctica el cuerpo administrativo del Estado es sometido a dos situaciones Indeseables, la primera es que una porción Importante de la experiencia acumulada se pierde cada vez; por otro lado, el universo total de la burocracia sobrevive en medio de una amenaza permanente a su estabilidad y ello reduce considerablemente su potencial de trabajo.

Definitivamente el sometimiento de la burocracia pública a esta tensión permanente, generada por la ignorancia y la politiquería, lejos de contribuir a incrementar los niveles de eficiencia del sector público, genera una situación de Inestabilidad e Incertidumbre que corroe la prestación de servicios públicos a la ciudadania.

Como se ha planteado en innumerables propuestas sobre la materia, se reconocen algunas iniciativas que podrían contr1bulr a una transformación del trabajo gubernamental que, además de asegurar un mejor uso de los recursos públicos, logre, sobre todo, hacer mucho más eficiente y universal la prestación de los servicios públicos; algunas de estas ideas se exponen a continuación:

Primero._ Impulsar una recomposición de la arquitectura organizacional de la Administración pública, centrando las organizaciones en su misión orgánica¡ diferenciando los niveles de competencia en funci6n de un esquema básico a saber:

Función de rectoría;
Función reguladora fiscalizadora; y
Función prestadora

Segundo.- Fortalecer la capacidad de los entes prestadores de servicios impulsando su autonomía y sostenibilidad económica, y estableciendo reglas claras para estimular la efectividad en las prestaciones de los servicios.

Tercero._ Impulsar un proceso rápido de descentralización y tercerización que acerque mucho más la capacidad de decisión al territorio y circunstancias donde se generan los problemas.

Cuarto.- Definir un programa de transferencia de recursos humanos desde las sedes instituclonales hacia los centros de prestación de servicios, con el propósito de colocar más ciudadanos al servicio de la población (más ciudadanos sirviendo a los ciudadanos).

Quinto.- Una vez se ejecute esta recomposición del ambiente de trabajo en la Administración Pública, se debe implantar sIn demora la ley de servido civil y carrera administrativa a manera de estabilizar el empleo público, única vía para alcanzar niveles mínimos de eficiencia en la administración pública.

Plantear el simple despido de empleados públicos con el supuesto propósito de disminuir gastos, es elegir la vía más fácil para llegar a ningún lado.

Quién, cuándo y con qué fondos compensará a los despedidos?, Quién ofertará nuevos trabajos a 128 mil personas? Tendrán todos vocacíón empresarial… ?, Alguna vez nos hemos detenido a pensar que estos ciudadanos también tienen derechos?, Qué pasará con nuestra seguridad pública 51 de repente 128 mil ciudadanos se quedan sin trabajo? Mejoraran esas medidas la eficiencia pública? Acabarán con esto los problemas fiscales y monetarios por los que atravesamos?

Por demás se debe señalar que los programas de retiro voluntario siempre han fracasado debido a que aquellos que se sienten atraídos por la aventura del cambio y dan efectivamente el salto, son justamente los mejores empleados los que nadie quiere perder.

El mejor mecanismo ya viene previsto en nuestra ley 14-91 sobre el servicio civil, se trata simplemente de evaluar el desempeño y aplicar un adecuado sistema de consecuencias.

Es cierto que la nómina pública requiere de atención y más aún, de transformación, no obstante, en todos los países que se han intentado una reforma de la nómina pública con la perspectiva de los ministerios de economía y finanzas, el resultado ha sido siempre contrario a los propósitos, este es el caso de Argentina país en el cual después de varias olas reformadoras, la burocracIa ha Involucranado y los niveles de Inestabilidad en el empleo han sido un factor de corrupción y de deterioro de los servicios públicos y la pobreza en la poblaci6n.

Es necesario definir un marco básico de metas nacionales que puedan orientar cambios institucionales profundos en nuestra arquItectura organlzaclonal, que definan de una vez hacia donde deben moverse los cambios en la burocracia pública y disminuyan el nivel de Incertidumbre que se produce cada vez que' alguien saca de la manga un nuevo "proyecto de salvación nacional".

La tesis del "Estado pequeño" ha sido ampliamente derrotada en los foros especializados de discusión, no entendemos el porqué de este afán de llegar retrasados a temas de tanta trascendencia para nuestra nación.

No se trata ya de si más o menos Estado, sino de mejor Estado, esto es más y mejores servicios, más seguridad pública y juridica, mejor salud y educación, más seguridad social, mejores Infraestructuras, en fin más calidad de vida para la ciudadanía.

Argentina es un espejo de lo que pasa cuando decisiones apresuradas son tomadas sIn tener en cuenta todas las perspectivas vinculadas con un tema tan critico y complejo como el empleo público.

Las causas de la crisis económica hay que buscarlas en otro lado, casi seguro en nuestra competitividad económica como nación, el tema de la gestión de los recursos humanos en el sector público ya ha tenido suficiente con cuatro décadas de vaivenes politiqueros, la permanente falta de estabilidad y la discriminación económica y social que se ejerce sobre los ciudadanos que se dedican al servicio público, esto no se resuelve simplemente isumando "Iogica privada" a la gestión de Estado.

De hecho, las Incursiones de la inteligencia privada en la gestión pública no tienen precisamente una hoja de logros en América latina, basta recordar que en gran medida el fracaso del último gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela se debió a la mala gestión de un grupo de funcionarios provenientes de las más prestigiosas empresas venezolanas y el resultado para Venezuela fue nefasto no solo por la caída del gobierno Sino también por lo que todavía sucede.

Más reciente en México, el Presidente electo Vicente Fox contrató una compañía especializada en "caza de talentos" (heat hunter), para que seleccionara un gabinete Integrado con lo más selecto del exitoso sector empresarial mexicano, para abreviar la historia basta revisar la última encuesta de opinión sobre la gestión de Fax, en la cual el 70% de la población estima que ha sido simplemente un fracaso, que el Presidente ha sido superado por los problemas y su equipo ha sido incapaz de enfrentar con éxito la situación.

En suma, las transferencias de las experiencias privadas, sin más ni más, al ámbito de la gestión pública aún tiene pendiente probar su efectividad.

Es hora ya de asumir la reforma institucional del país con la seriedad y sobriedad que el tema merece, evadirla puede comprometer el desarrollo de nuestras potencialidades como nación, precipitarlas puede conducimos a un laberinto que nos haga perder otros cuarenta años.

Jueves, 06 de Marzo de 2003

Porfirlo Quezada
Consultor en Gestión Pública 
[email protected]

Participación Ciudadana  lamentó que el Senado de la República no haya tomado en cuenta a los candidatos y candidatas que reunían las mejores condiciones para completar la Junta Central Electoral, de acuerdo a una vieja aspiración de la ciudadanía de que los organismos electorales sean integrados por ciudadanos y ciudadanas alejados de la militancia partidaria, además de  calificados y con un reconocido prestigio.

Nunca hemos cuestionado las prerrogativas que la Constitución y la Ley Electoral asignan al Congreso Nacional, y, en este caso, al Senado de la República. lamentablemente, la Ley no es clara en el  establecimiento de una condición que debe ser  indispensable en un organismo contencioso administrativo que es el árbitro de los procesos electorales y que por tanto debe ser eminentemente imparcial.

Sin embargo, cuando el Senado invita a la sociedad civil y a la ciudadanía a presentar candidatos se supone que estos deberán competir en igualdad de condiciones. Si se introduce un elemento de negociación ajeno al currículo y no transparente, se está minando la credibilidad de mecanismos democráticos como las vistas públicas y los concursos. Si esto sigue ocurriendo será muy difícil convencer a organizaciones y a ciudadanos serios de participar en competencias que, cada vez más, el pueblo puede considerar como mascaradas, cuyo único propósito es legitimar decisiones y acuerdos entre las fuerzas políticas.

El país necesita credibilidad en sus instituciones, mucho más en estos momentos en que este factor es considerado clave en la estabilidad macroeconómica. La elección realizada por el Senado no contribuye a este fin. Queda esperar que este precedente no sea reproducido a nivel nacional con la negociación, a espaldas de la sociedad, de las posiciones en las juntas municipales electorales y en los cargos técnicos, lo cual completaría un panorama poco alentador para las próximas elecciones y significaría un paso atrás en los avances que el país ha tenido en los últimos años.

Esperamos que esto no vuelva a ocurrir y que la Junta Central Electoral, ya completa, inicie de inmediato los trabajos de  organización de las elecciones del 2004 y que en sus actuaciones prime el interés nacional. Participación Ciudadana seguirá trabajando, como lo hemos hecho desde nuestra fundación, en pro de unas elecciones limpias y transparentes.

Participación Ciudadana expresa su interés en que el Senado de la República  escoja en el menor tiempo posible a las  personas que ocuparán los dos cargos vacantes en la Junta Central Electoral.

Reiteramos  nuestra solicitud de que esta selección se realice no sólo con apego a la Ley Electoral, sino también respondiendo al interés nacional de tener una Junta Central Electoral que garantice la mayor transparencia, limpieza y eficiencia en la organización de los procesos electorales y que, al mismo tiempo, cuente con la confianza de la ciudadanía de que cualquier recurso que le sea interpuesto será conocido y resuelto con imparcialidad.

La composición de la Junta Central Electoral  es un asunto de alto interés nacional. La ciudadanía ha manifestado por diversos medios que quiere jueces electorales de reconocida integridad moral, confiables, respetables  y calificados, pero que además no tengan una militancia política, ya que esto distorsionaría la esencia misma de lo que es un órgano contencioso administrativo.

Los integrantes de la Junta Central Electoral no deben obedecer a otros intereses que no sea el servicio al país en una labor tan delicada y fundamental para el presente y futuro democrático. Nuestro país ha registrado avances significativos en los últimos procesos electorales, los cuales son parte de las fortalezas que podemos mostrar al mundo y que nos han colocado en la lista de naciones del continente que avanzan.

Estamos esperanzados de que los Senadores, en el ejercicio de las atribuciones que les confiere la Constitución de la República, harán honor a la confianza que el pueblo dominicano depositó en ellos, poniendo en alto el interés nacional y eligiendo, dentro de los candidatos propuestos, aquellos que inspiren a todos mayor confianza.

Sra.MiriamDíaz,coordinadora general

La Sra. Miriam Díaz ha sido elegida nueva coordinadora general de Participación Ciudadana. Sustituye en esas funciones a la Sr. Ramón TejadaHolguín, quien llegó al término de su mandato de un año.

La elección se produjo durante la primera reunión del Consejo Nacional, que escogió también un nuevo Comité Coordinador integrado por la propia Miriam Díaz, Francisco Álvarez, Adriana Mu Kien Sang, Fausto Rosario Adame, Isidoro Santana, Samuel Encarnación y Alfonso Abreu Collado.

Miriam Díaz, es socióloga, graduada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestría en educación.

Labora como docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, (UASD). Su experiencia laboral incluye trabajos de investigación y publicaciones, fundamentalmente  de la problemática  educativa.

Miriam Díaz, también se desempeña como Gerente de Planificación y Desarrollo de la Fundación APEC de Crédito Educativo.

La socióloga es miembra fundadora de Participación Ciudadana y tiene una amplia participación en las luchas democráticas de la sociedad civil.

La Asamblea Nacional de Participación Ciudadana presenta al país una agenda de 10 puntos que deben ser abordados sin mayores dilaciones con el concurso de todos los sectores políticos, sociales y económicos si se desea avanzar de manera real en el siempre complicado tema de la corrupción.

La Corrupción se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la construcción de una sociedad democrática. Es un grave problema que afecta a todos los estratos de la sociedad y que debe ser enfrentada de manera enérgica. La corrupción es un sistema que forma parte de todos los ámbitos de la sociedad y es una de las principales consecuencias del patrimonialismo y el clientelismo presentes en la cultura política dominicana.

Los puntos que proponemos a la nación son:

1. Trabajar para que exista un marco legal adecuado en la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia en los sectores público y privado. La plataforma anticorrupción presentada por diversos sectores de la sociedad civil en el año 2000,los resultados de la evaluación del plan nacional de Prevención y Lucha anti Corrupción y del Seminario Internacional de Aplicación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción ofrecen importantes propuestas para lograr este objetivo. En este sentido, hacemos un llamado al Congreso Nacional para que coloque en agenda y apruebe en la próxima legislatura diversos proyectos de leyes sometido a su consideración en los últimos años, tales como:  el de Contrataciones de Obras y Servicios del Estado, el de Acceso a la Información Pública, la reforma de la ley de declaraciones juradas de bienes, el que crea la Fiscalía Anticorrupción , la modificación de las leyes de la  Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, la de Presupuesto.

Al mismo tiempo pedimos al Poder Ejecutivo que hasta tanto el Congreso sancione las leyes mencionadas, promulgue un decreto exigiendo de los diverso organismos estatales que la asignación de obras y la contratación de bienes y servicios se haga mediante concursos públicos, desterrando el grado a grado y la discrecionalidad en las contrataciones.

2. Que se fortalezca la capacidad técnica operativa del Congreso Nacional y de la Cámara de Cuentas de manera que cumpla el rol de fiscalizador de la ejecución presupuestaria del Poder Ejecutivo, prestando atención al uso en los gastos discrecionales que se producen en la administración pública, tal como lo consigna la Constitución de la República.
3. Que los organismos gubernamentales y las organizaciones que reciben fondos estatales lleven a cabo procesos de rendición de cuentas  obligatorios. Que se creen estos mecanismos de rendición de cuentas con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general; tal como lo contempla el proyecto de Ley de Participación Social.
4. Que las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general participen activamente en las Comisiones de Auditoria Social creadas por el Decreto 39-2003 y se creen las condiciones que faciliten esta participación. Estas comisiones deben abarcar a todas las instancias del Estado que realizan inversión en obras públicas.
5. Ofrecer todo el apoyo necesario a la Oficina de Administración de Personal ONAP, para que la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, sea aplicada de manera generalizada.
6. Solicitar que el presupuesto del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa sea aumentado substancialmente, con el fin de que este organismo adscrito a la Procuraduría General de la República, pueda ejecutar con eficiencia y eficacia el Plan Nacional de Prevención de la Corrupción que elaborado en el Año 2001.
7. Hacer un llamado al Poder Judicial y al  Ministerio Público, para que se imparta justicia con objetividad, imparcialidad y celeridad en los casos de corrupción que se  encuentran en los tribunales y aquellos que sean presentados en el futuro. Que el Procurador General de la República tramite hacia los tribunales los casos de Corrupción investigados por el  Departamento de Prevención de la Corrupción y que permanecen en su despacho.
8. Reforma Institucional de la Administración Pública, que fortalezca los pasos dados en los organismos de control que tiene el Estado Dominicano. Fortaleciendo el control automatizado de los procesos financieros con su conectividad vía la Internet.
9. Recomposición y funcionamiento del Consejo Asesor  en Materia y Lucha Anti Corrupción, mediante la incorporación de representantes del Congreso, del Poder Judicial y  la Cámara de Cuentas, entre otros.
10. Las autoridades del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Poder Judicial deben ofrecer a la ciudadanía claros mensajes de que las prácticas no éticas serán sancionadas ejemplarmente sin excepciones y sin dilaciones.