El movimiento cívico Participación Ciudadana destacó que la nueva ley de primarias electorales tiene una serie de elementos que deben ser objeto de revisión, a fin de que la misma contribuya al fortalecimiento del sistema de partidos políticos del país.

Señala la organización de la sociedad civil que lo más legítimo y democrático es que sea la militancia de los partidos políticos la que decida con su voto universal y secreto quienes serán los candidatos y candidatas que les representarán en las elecciones nacionales y municipales. “Las elecciones primarias –indica la nota – evitan que las élites partidarias impongan sus candidatos a la mayoría del partido y permite un mayor desarrollo de la democracia interna en las organizaciones políticas”.

Participación Ciudadana, sin embargo, cuestiona que la ley conciba las elecciones primarias de manera “abierta”, es decir, que se permita que todo el que figure en el padrón electoral pueda participar en estos procesos partidarios. Señala que esto podría conllevar a  que los miembros de un partido se involucren en las elecciones de otro y además incrementaría de manera desproporcionada el costo de las precampañas electorales. “Desde el momento en que toda la población pueda votar en la selección de los candidatos de cada partido, los precandidatos tratarán de conquistar la simpatía del mayor número de ciudadanos lo cual va a obligarles a realizar mayores inversiones económicas que las que tendrían que hacer si el proceso se realizara internamente.

En cuanto a la organización de las primarias, Participación Ciudadana plantea que es necesario que la Junta Central Electoral juegue un efectivo rol regulador y contencioso, pero entiende que el organismo electoral no tiene la estructura necesaria para organizar estos procesos y que deben ser los propios partidos políticos los encargados del montaje y desarrollo de sus primarias. “El papel de la Junta Central Electoral – apunta PC – debería limitarse a comprobar que las elecciones primarias son organizadas por los partidos dando cumplimiento a las normas legales y estatutarias, así como garantizando los derechos de su membresía”.  Asimismo, la organización de la sociedad civil sostiene que son las convenciones internas de los partidos políticos las que deben proceder a validar los resultados de las elecciones primarias y a proclamar los candidatos y candidatas electos y no la Junta Central Electoral.

Otros elementos que conforme el criterio de Participación Ciudadana deberían estar incorporados en la nueva ley de primarias electorales son los siguientes:

§         Regular que el padrón electoral de cada partido político, sea entregado oportunamente a los diferentes aspirantes y tendencias internas, a fin de que puedan revisarlo y depurarlo de manera adecuada.

§         Prohibir que una persona pueda estar inscrita como afiliado en más de un partido político.

§         zermitir que las organizaciones de la sociedad civil observen el proceso de organización y desarrollo de las elecciones primarias.

§         Regular la cuota de candidaturas que puedan ser designadas o atribuidas por los organismos de dirección de los partidos políticos a los fines de articular alianzas o coaliciones.

Finalmente, Participación Ciudadana plantea la necesidad de que la nueva Ley de Elecciones Primarias sea ponderada junto con el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas  que actualmente conoce la Cámara de Diputados de la República Dominicana, con el propósito de garantizar su compatibilidad y armonía como instrumentos que pueden servir al fortalecimiento del sistema de partidos y la democracia dominicanas.

Este informe fue presentado por la Comisión de la Sociedad Civil de Seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción,  integrada por  cincuenta y un (51) organizaciones sociales de diversa índole. Dicha comisión surge en el marco del Primer Seminario Internacional de Aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, celebrado del 27 al 29 de noviembre de 2002 en el Distrito Nacional de la República Dominicana, y es ratificada en el Seminario Taller de Capacitación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, convocado por Participación Ciudadana los días 18, 19 y 20 de marzo de 2003.

Para la elaboración del presente informe se crearon dos sub comisiones de trabajos, las cuales se ocuparon de manera independiente en el proceso de recolección de información, y de manera conjunta, en el proceso de socialización, verificación y validación.

La primera parte del documento da respuesta al Artículo III, numeral 4 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, sobre el Sistema de Declaración de Ingresos, Activos y Pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas: “Sistema para la declaración de ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando correspondan”.

Las respuestas fueron elaboradas por la sub comisión compuesta por seis (6) organizaciones de la sociedad civil: la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), la Fundación Federalista, Inc, La Fundación por el Enriquecimiento de los Valores Humanos y la Ecología Inc, (FEVHE), el Bloque de Organizaciones no Gubernamentales (BONGS), la Fundación Opción Comunitaria y Juvenil (FUNOCOJ) y  la Fundación por la Educación y Recuperación de la Adicción Inc, (FERA). Las citadas organizaciones son entidades no gubernamentales, dicha sub comisión fue coordinada por la FINJUS.

La segunda parte presenta los resultados de la sub comisión que trabajó el tema de los Mecanismos para Estimular la Participación de la Sociedad Civil y Organismos no Gubernamentales en los Esfuerzos Destinados a Prevenir la Corrupción,Artículo III, numeral 11, y está integrada por ocho (8) organizaciones. A saber, Asociación de Jóvenes Amantes de la Paz, Bloque de Organizaciones No gubernamentales, Consejo de Juventud de la República Dominicana, Consejo Municipal del Desarrollo del Hábitat, Fundación Dominicana de Ayuda al Anciano, Fundación Universidad Popular, Fundación para la Reforma y Participación Ciudadana. Esta última entidad recibió el mandato de las organizaciones miembros de la Comisión de Seguimiento para coordinar los trabajos para tales fines.

Ver Informe Alternativo CICC- Primera Ronda (PDF)…

El viernes 20 de agosto concluyó el segundo modulo sobre “Democracia y Reformas Políticas”, del II Curso de Formación Socio-Política que organiza Participación Ciudadana en coordinación con el Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social de INTEC.  El módulo contó con 27 participantes y 2 oyentes.

Esta segunda sesión del módulo II contó con la participación de Francisco Álvarez Valdez y Domingo Matías, quienes abordaron el tema “Justicia y Estado de Derecho”, y compartieron con los asistentes los avances logrados en términos de las reformas en el sistema judicial dominicano, las principales debilidades del sistema y los retos a enfrentar para el futuro.

Ambos expositores trabajaron los temas con los participantes de forma interactiva.  Además, hubo una sesión de trabajo y un ejercicio grupal, mediante el cual los participantes presentaron sus opiniones respecto a si las reformas judiciales han sido positivas o negativas, y sobre el nivel en que se encuentra la descentralización en nuestro país.

El modulo III, que versará sobre el tema “Partidos Políticos y Sistemas Electorales”, se realizará el viernes 3 de septiembre y contará con las ponencias de José Angel Aquino y Vianela Díaz.

La actual crisis económica y el creciente deterioro de las condiciones de vida del Pueblo Dominicano son de tal magnitud que exigen un compromiso de todos. Es por ello que el movimiento cívico Participación Ciudadana desea manifestarle nuestra plena disposición a apoyar todas aquellas acciones y decisiones de su Gobierno orientadas al fortalecimiento institucional del país y a superar la actual situación.

Corresponde al Gobierno dar las primeras señales de que sus directrices serán firmes en esa dirección. Entendemos que la sociedad espera una gestión estatal caracterizada por la transparencia y, particularmente, la no impunidad. Es por ello que proponemos un compromiso ético para el ejercicio del poder, dirigido a fomentar una gestión pública  moderna, transparente y confiable, que garantice los servicios públicos a la ciudadanía, elimine la corrupción y establezca un nuevo modelo de gobierno fundado en la eficiencia y la austeridad.

Estamos convencidos de que si su gobierno empieza dando señales claras de pulcritud y eficacia en el uso y destino de los recursos públicos, recibirá todo el apoyo que necesita de la ciudadanía.

En este sentido consideramos que el compromiso ético debe estar fundamentado en los siguientes aspectos:

1.Aplicar una política racional en el gasto público,que abarque desde la depuración de la nómina hasta el control estricto de los gastos en materiales y servicios tales como combustibles, viáticos, telecomunicación inalámbrica y de larga distancia, publicidad, viajes y otros de similar naturaleza.

2.Instruir administrativamente a todos sus Secretarios de Estado, Directores y Administradores Generales y a cualquier funcionario que tenga la responsabilidad de manejar fondos públicos, para que las compras gubernamentales y las asignaciones de obras cumplan estrictamente con mecanismos de licitaciones y concursos transparentes, como única manera de eliminar la corrupción inherente al otorgamiento de contratos grado a grado.

3.Suprimir la práctica clientelista de realizar nombramientos en determinados consulados para favorecer amigos y relacionados con ingresos extraordinarios que deberían ser depositados en la Tesorería Nacional. Entendemos que lo correcto es remunerar a esos servidores públicos con un sueldo o salario en función del costo de la vida de la ciudad o país donde le corresponda ejercer sus funciones.

4.Seleccionar un Ministerio Público comprometido con la lucha contra la corrupciónpública o privada, dotado de la suficiente independencia y probidad para no amedrentarse ante el poder económico o la alcurnia de los inculpados.

5.Dar cumplimiento estricto a la Ley 82 que obliga a los funcionarios públicos a hacer una Declaración Jurada de Bienes ante un Notario Público, tanto al inicio como al final de su gestión, disponiendo además que estas declaraciones de bienes sean auditadas por la Contraloría General de la República y publicadas en una página de internet.

6.Cesar la práctica de otorgar exenciones y “facilidades” arancelarias,que no estén amparadas por la ley.

7.Velar de manera especial por un eficaz funcionamiento de los mecanismos estatales de control y supervisión en toda la administración pública y muy particularmente en los sectores financiero y eléctrico, así como garantizar la preservación de la propiedad pública.

8.Procurar que los programas sociales lleguen a los sectores más pobres sin distinción en función de preferencias políticas y adoptando los controles necesarios para evitar que se constituyan en fuentes de corrupción.

9.Disponer, una vez depurada la nómina gubernamental, un ajuste general de salarios, en dos etapas,que permita a los servidores públicos y trabajadores en general recuperar parte del poder adquisitivo perdido como consecuencia de la devaluación y la inflación padecida por el país tanto en el presente como en el pasado año.

10.Impulsar y velar por el estricto cumplimiento de la Ley sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa, incluyendo su Código de Ética del Funcionario Público

Como podrá observar, Sr. Presidente, las líneas de acción de este compromiso ético no requieren la intervención de ningún otro poder del Estado para su ejecución. Dependen sólo de su propia voluntad política.

Por eso, esperamos que estas, así como cualesquiera otras medidas imbuidas del mismo espíritu, serán ejecutadas y mantenidas durante todo el periodo de su mandato constitucional.

Participación Ciudadana, en coordinación con el Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social de INTEC continúan con la realización del II Curso de Formación Socio-Política iniciado el pasado mes de julio.

El pasado viernes 6 de agosto, se dio inicio al segundo modulo del curso titulado “Democracia y Reformas Políticas”, y en dicha sesión participaron 32 participantes y 4 oyentes.

En esta primera sesión del módulo II se contó con la participación de Ramón Tejada Holguín, quien abordó el tema “Democracia y Gobernabilidad” y Javier Cabreja,  quien expuso sobre la importancia de las reformas políticas para el sistema democrático y las principales reformas ocurridas en República Dominicana durante la última década, enfoques del tema “Reformas Políticas y Consolidación Democrática”.

Ambos expositores trabajaron los temas con los participantes de forma interactiva.  Asimismo, durante esta segunda sesión de trabajo se realizó un ejercicio grupal donde los participantes presentaron sus opiniones respecto a los principales desafíos de la gobernabilidad en la República Dominicana y los principales actores y escenarios involucrados en las reformas políticas de los últimos años.

La segunda sesión del modulo II se realizará el viernes 20 de agosto y se abordarán los temas “Justicia y Estado de Derecho” a cargo del Sr. Francisco Alvarez Valdez y “Descentralización en la República Dominicana” a cargo del Sr. Domingo Matías

Del 29 de Julio al 2 de Agosto, Participación Ciudadana estuvo trabajando con el Instituto Nacional Demócrata (NDI) en el desarrollo de la segunda visita de seguimiento a los becarios dominicanos del Programa de Liderazgo (Promoción 2004), acción que forma parte de la coordinación entre ambas instituciones para la implementación en el país de este programa regional.

Para esta visita, contamos con Erica Breth, Responsable del Programa para la Renovación Partidaria del NDI y con Guillermo Yanco, abogado y periodista argentino responsable de relaciones internacionales de la agrupación política Unión por Todos.

La Sra. Breth compartió con los diferentes grupos sobre el tema “Técnicas para Capacitar a Adultos” y presentó una herramienta para el análisis interno de las agrupaciones políticas.  Por su lado, el Sr. Yanco abordó los temas “Negociación y Resolución de Conflictos” y “Herramientas de Negociación para Mujeres”, a la vez que compartió sobre su experiencia en su partido político para la conformación y fortalecimiento de un espacio de capacitación para miembros.

Un total tres talleres se realizaron, los cuales fueron impartidos a miembros del PRD y PLD, en el Distrito Nacional y en Santiago, y en los que participaron 97 personas.   De igual forma durante la visita se realizaron diversas reuniones con dirigentes de estos partidos políticos.

El viernes 23 de julio, con la presencia de 33 participantes y 5 oyentes, Participación Ciudadana  y el Centro de Gobernabilidad Democrática de INTEC dieron inicio al II Curso de Formación Socio-Política para jóvenes de diversas organizaciones políticas y sociales.

El primer módulo abordó el tema “Pensamiento Político” y contó con la participación de José Oviedo, quien presentó las principales líneas del pensamiento político y David Álvarez,  quien analizó el pensamiento político dominicano del siglo XX y sus principales características.  Ambas intervenciones fueron enriquecidas con un espacio de intercambio entre los participantes del curso y los expositores.

La primera sesión del modulo II titulado “Democracia y Reformas Políticas” se realizará el viernes 6 de agosto y se abordarán los temas “Democracia y Gobernabilidad” y “Reformas Políticas y Consolidación Democrática”.  Para esta sesión de trabajo contaremos con los señores Ramón Tejada Holguín y Javier Cabreja.

El pasado jueves 22 de julio, Participación Ciudadana, a través de su proyecto Democratización del Liderazgo Político y el Centro de Gobernabilidad Democrática y Gerencia Social de INTEC inauguraron el II Curso de Formación Socio-Política, espacio dirigido a jóvenes de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil.

Durante el acto hablaron Javier Cabreja, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana, Altagracia López, Rectora de INTEC, Rafael Toribio, Director del Centro de Gobernabilidad Democrática, y Keila González, Encargada del Programa Democratización del Liderazgo Político de Participación Ciudadana.

En su intervención, Javier Cabreja resaltó la importancia de este tipo de espacio y reseñó el trabajo que ha venido realizando Participación Ciudadana con los jóvenes de partidos políticos y sociedad civil.  Asimismo, reconoció el avance logrado al realizar esta segunda experiencia en coordinación con la Universidad INTEC.

Por su parte, Altagracia López, Rectora de Intec saludó el interés de los jóvenes participantes en formarse políticamente en base a valores democráticos y reconoció la importancia de que instituciones como PC y la Universidad INTEC unan esfuerzos para contribuir con los procesos educativos nacionales.

El señor Rafael Toribio, director del Centro de Gobernabilidad Democrática y Gerencia Social de INTEC presentó algunos comentarios sobre el Informe de la Democracia en América Latina publicado recientemente por el PNUD.

Finalmente, Keila González presentó una descripción general del curso, resaltando los temas que serían abordados, la metodología a utilizar y las expectativas para con los participantes de este espacio

Hoy nos convoca el tema de los fraudes bancarios denunciados el pasado año 2003 por las autoridades monetarias del país.

Tema que no ha perdido actualidad por varias razones muy relevantes.

En primer lugar, porque la solución aplicada por las autoridades monetarias y bancarias, de salvar indiscriminadamente a los ahorrantes de los bancos fraudulentamente quebrados, ha implicado una emisión monetaria descomunal, con su negativa secuela sobre el nivel de precios, incluyendo una devaluación de nuestra moneda superior al 100%.

En segundo lugar, porque para mantener fuera de circulación una proporción significativa del dinero inorgánico emitido, el Banco Central ha tenido que recurrir al uso de Certificados de Participación pagando altísimas tasas de interés, con lo cual, además de ahondar el déficit del sector público, echándole más leña al fuego de la inflación, encarece el financiamiento de eventuales inversiones del sector privado, y consecuentemente se dificulta superar la crisis que afecta al país, y que se traduce en pérdidas de empleos y, sobre todo, en disminución drástica de los niveles de vida de los sectores medios y bajos de la población.

Por otro lado, hemos venido observando con marcada preocupación, como se va perfilando la posibilidad de que la justicia dominicana sea de nuevo arropada por la cobardía o la complicidad con que tradicionalmente actúa, cuando los inculpados pertenecen a sectores de reconocido poder e influencia, como es el caso que nos ocupa.

Es ese temor el que llevó a 57 organizaciones  de la sociedad civil dominicana, entre las que se encuentra Participación Ciudadana, a publicar un documento, a mediados del mes pasado, que contiene dos párrafos que, por el interés de su contenido, quiero me permitan citar:

“Transcurrido un año de que se denunciaran los escandalosos fraudes que hicieron sucumbir a tres importantes bancos privados, queremos llamar la atención sobre las señales desalentadoras que se han visto, tanto desde el Ministerio Público, como desde el sector justicia. Una vez más, parecen abrirse las puertas a la impunidad, ratificando la vieja tradición del sistema judicial dominicano de no llegar al conocimiento del fondo de los casos, ni decidir en función de las pruebas presentadas, cuando se trata de grandes estafas contra la sociedad”.

“La coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y decenas de organizaciones de la sociedad civil, volvemos a reiterar nuestro reclamo de castigo a los culpables, como lo hicimos el año pasado, porque si estos inmensos fraudes bancarios no son sancionados hasta las últimas consecuencias, la corrupción se extenderá aún más sobre el cuerpo social dominicano, debilitándolo hasta su disolución”.

Nos resistimos a creer en la veracidad de la versión que ha comenzado a circular con insistencia, en el sentido de que varios comisionados de las autoridades electas están tratando de lograr soluciones de aposento, que permitan a los inculpados resolver sus respectivos casos con arreglos extrajudiciales, que luego concluirían en sentencias venales de los tribunales de la República.

Estamos convencidos de que el tratamiento que reciban estos casos, de parte de los nuevos incumbentes del ministerio público, será la primera prueba de fuego de las autoridades entrantes, en torno a la sinceridad de su discurso anticorrupción.

En Participación Ciudadana hemos estado y seguiremos estando muy atentos al desenvolvimiento de estos procesos. Prestos a desenmascarar cualquier maniobra tendente a cubrir con impunidad a los autores y cómplices de la denunciada estafa bancaria, cuyas repercusiones negativas seguirán sintiéndose por varios años sobre la sociedad dominicana en general y, muy particularmente, sobre los segmentos más pobres de la población.

Estamos urgidos de una sociedad con instituciones sólidas, organizada en base a un claro mecanismo de rendimiento de cuentas y de un estricto sistema de consecuencias.

Este encuentro de reflexión lo hemos organizado como una manera de mantener el alerta permanente contra eventuales componendas para la aplicación del “borrón y cuenta nueva” que tanto daño ha ocasionado, haciendo más difícil para nuestras jóvenes generaciones asimilar que la superación individual debe estar basada, fundamentalmente, en el principio de integridad y en el trabajo honrado.

Quiero finalizar expresando nuestro agradecimiento a los señores panelistas que han correspondido a nuestra invitación para debatir este tema.

Estoy seguro que después de escucharlos, saldremos con un mayor esclarecimiento del impacto que han tenido los denunciados fraudes bancarios sobre la sociedad dominicana.

El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana saluda, la decisión de la Cámara de Diputados,  de aprobar el proyecto de Ley de Libre Acceso a la Información Pública, por considerarlo un paso de avance y de respeto al principio constitucional del “derecho de los ciudadanos a investigar y recibir informaciones del Estado, de sus poderes y organismos de la administración pública.

Para impulsar la aprobación de la  Ley de parte de los diputados, PC diseñó una campaña que incluyó un afiche y brochurede sensibilización.

Esta decisión de la Cámara de Diputados quita el velo a la administración pública, pues a partir de la promulgación de esta Ley los funcionarios deberán tener abiertos los libros del Estado al público y los ciudadanos podrán pedirles  cuenta sobre el uso que les dan a los recursos que reciben del Estado Dominicano; pues de negarse serían pasibles de sanciones que van desde privación de libertad hasta la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

En nota de prensa, Participación Ciudadana dijo que la ley de acceso a la información es una de las demandas que venía haciendo esta institución, por entender que  dicho acceso favorece  el derecho de la ciudadanía a obtener las informaciones que requieren de todos los organismo del  Estado.

Esta organización cívica reitera su felicitación a los legisladores por la aprobación de la Ley de Acceso a la información  Público, ya que consideramos que las informaciones pertenecen a la ciudadanía y el acceso a las mismas no debe depender de la voluntad del funcionario de turno.

Entiende PC que la nueva Ley garantiza un mejor manejo de los recursos del Estado, así como su transparencia, pues la misma una vez promulgada facilitará que los dominicanos  vigilen más de cerca los documentos oficiales, registros e  informes oficiales.