Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, lamenta la posición asumida por el Dr. Alejandro Báez, asesor médico del Poder Ejecutivo y director del Comité de Emergencias y Gestión Sanitaria,  a través de un tuit y en un programa de radio,  de acusar a nuestra organización de antiética por nuestra posición de solicitar la eliminación de la campaña dirigida por la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud, utilizando una carabela y una cruz en una tumba para referirse a la pandemia que afecta al país y al mundo.

Una campaña de esa naturaleza, a la que no se refiere el Dr. Báez, infunde terror y puede alejar a los votantes de las urnas sin necesidad, pues el propio Dr. Báez señala que el “5 de julio debemos ir a votar con seguridad + confianza” y esa es exactamente la misma posición de Participación Ciudadana.

En nuestra nota de prensa no se menciona que el Gobierno esté manipulando cifras, solo se refiere al frenazo de la desescalada acompañada de una campaña que infunde terror, y entendemos que dicha campaña ya ha sido suprimida, lo que consideramos un paso positivo.  Esperamos que en un tema tan serio nadie se esté atreviendo a manipular las cifras del COVID19, lo que constituiría un crimen de lesa humanidad (https://www.clinicarlo.com/servicios-medicos/cialis/).

Agradecemos al Dr. Báez todo el esfuerzo que realiza por la salud de la población en nuestro país, y le informamos que nuestra tarea es ocuparnos de la salud de la democracia, pero tomando siempre como prioritario la salud de la población.

Consejo Nacional
23 de junio de 2020

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico, Participación Ciudadana ha llamado la atención de las autoridades sobre varios factores que pueden incidir en aumentar la abstención electoral, reduciendo la legitimidad de los resultados electorales como son el uso de la pandemia para sembrar terror y alejar a los electores, la negativa de la Junta Central Electoral (JCE) en aumentar en dos horas el horario de votación y las denuncias de dislocamientos en el padrón de los electores de ultramar.

Participación Ciudadana compara la votación en los colegios electorales con las filas y aglomeraciones que se producen desde el primer día en los bancos y supermercados. Estas filas se producen todos los días mientras la votación será un solo día. El frenazo de la desescalada a poco más de tres semanas de las elecciones ha generado temor, el cual ha sido atizado por una pésima campaña contra el Covid-19, de la Presidencia de la República, donde se muestra una carabela y una cruz en una tumba que parecería tener la intención de infundir terror en los votantes. Tanto la Presidencia de la República como el Ministerio de Salud Pública deben unirse a la JCE en una campaña para decir lo que es cierto: que basta ponerse su mascarilla, desinfectarse las manos y guardar la distancia física recomendada para votar sin riesgo para su salud. Exigimos una campaña que tome en cuenta la salud del pueblo y también de la democracia.

Para Participación Ciudadana hasta este momento la Junta Central Electoral se ha negado a la petición que tanto partidos políticos como sociedad civil han hecho para que extienda desde ya dos horas más la jornada de votación, es decir para que sea celebrada de 6.00 a.m. a 6.00 p.m. lo que ayudaría significativamente a reducir las filas frente a los colegios de votación y bajaría los niveles de abstención. Hacerlo el día de la votación reduciría significativamente su efectividad pues la gente no podría enterarse oportunamente. Exhortamos nuevamente a la JCE a tomar esa decisión y a difundirla dentro de su campaña, así como a dar algún tipo de preferencia a las personas vulnerables, sea por edad, embarazo y/ por capacidades especiales.

Participación Ciudadana ha recibido denuncias de la ciudadanía de ultramar de haber sido movida de colegio electoral, algunas veces a otro país distinto al de su residencia y en otras a colegios dentro de la República Dominicana, lo que ha venido generando inquietud sin que se haya producido una investigación que aclare la situación y permita que las personas que se encuentren con esta dificultad puedan votar, evitando el aumento de la abstención.

Un caso que confirma su preocupación es el de la ciudadana Cecilia García, quien reside en Orlando, Florida desde hace largos años, votó sin dificultad en Miami tanto en el año 2012 como en el 2016, pero ahora aparece empadronada en República Dominicana, lo que le obligaría a viajar si desea ejercer su derecho al voto.  La explicación del Presidente de la JCE es que en el 2015 la señora García, renovó su cédula en República Dominicana con una dirección aquí y que por eso aparece en un colegio electoral en el país. Esa explicación no es satisfactoria pues García pudo votar en Miami en las elecciones de 2016, es decir, en una fecha posterior a la referida renovación.

Con todas las denuncias que se han producido, es probable que una cantidad indeterminada de electores de ultramar estén en la misma situación al haber renovado su cédula aprovechando un viaje a la República Dominicana, le pidieran una dirección aquí sin advertirles que conllevaría un cambio de lugar de votación, lo que implicaría una seria negligencia de parte de la Junta Central Electoral que afecta el derecho fundamental a elegir.

Las autoridades electorales y del gobierno deben actuar de la mano tomando todas las decisiones que sean necesarias para asegurar una afluencia masiva de votantes, pues cualquier fracaso relacionado con escasa participación de electores será de su entera responsabilidad.

Por Miguel Collado Di Franco

Integrante del Consejo Nacional de Participación Ciudadana

La pandemia de COVID-19 tendrá un profundo impacto económico en República Dominicana durante el 2020 y, previsiblemente, en el año 2021. El efecto sobre la economía proviene tanto del exterior, así como de las medidas de contención adoptadas internamente para el manejo de la expansión del virus.

Para empezar, el país tiene una dependencia importante de la industria turística, cuyo tamaño se estima en un quinto de la actividad económica total. Con las restricciones a los vuelos internacionales y la aprensión natural a emplear el transporte aéreo aún luego de terminada la pandemia, el efecto sobre la industria de vacaciones a nivel mundial se extenderá por mucho tiempo. En el mejor de los escenarios proyectados por la Organización Mundial del Turismo, la caída durante este año sería cercana al 60%.

El impacto que está teniendo la pandemia ha afectado el empleo y el ingreso de los ciudadanos de las principales economías del mundo. Muchos de estos países son emisores de turistas a República Dominicana, por lo que hay que agregar un efecto adicional relacionado con la pérdida de poder adquisitivo. Además, esta pérdida de ingresos se está traduciendo en menores remesas para los dominicanos/as que tienen parientes en Estados Unidos; así como en España, Italia y otras economías de Europa afectadas por la crisis sanitaria. En consecuencia, las dos principales fuentes de ingreso de divisas del país se verán afectadas sensiblemente.

Por otro lado, el impacto de la menor actividad económica mundial se empezó a reflejar en las exportaciones de bienes, tanto los nacionales como aquellos producidos dentro de las zonas francas del país. El efecto negativo sobre el sector exportador se está traduciendo en menores ingresos de divisas al país; y, al igual que el turismo, experimenta pérdidas de empleo. A esta pérdida de empleos relacionadas con actividades del exterior se unen aquellas que están vinculadas con el cierre temporal o permanente de empresas locales. Algunas de estas empresas fueron afectadas por las medidas de confinamiento que han sido adoptadas, pero también por la reducción en la actividad económica relacionadas con el sector externo.

El panorama de la economía puede resumirse en menores ingresos de divisas, aumento del desempleo, reducción en el ingreso de los dominicanos/as, aumento de la informalidad y, como consecuencia, menores recaudaciones de impuestos para el Gobierno.

El camino a la normalidad dependerá de que la población mundial alcance alguna forma de inmunidad. Mientras eso ocurre, es necesario adoptar políticas públicas coherentes con el fin de minimizar los efectos locales. En adición, lograr que la economía se encuentre en las mejores condiciones para poderse recuperar en la medida que las condiciones de salud lo permitan.

Las principales acciones de políticas públicas deberán estar destinadas a la implementación de reformas estructurales. Estas deben estar orientadas a crear, de una vez, las condiciones que han faltado en el país para que existan los medios y el ambiente necesarios para la creación de más empleos formales que generen mayores ingresos a los dominicanos/as. El emprendimiento, en todos los niveles de la sociedad, es la única fuente de riqueza permanente y la base para levantar de la pobreza a una sociedad. El fortalecimiento de las instituciones políticas y jurídicas, la reducción de procesos burocráticos y permisología, las reformas en el sector eléctrico, en la previsión social, en el sector transporte, en el mercado de hidrocarburos y en la legislación laboral, entre otras, serán la base para una nueva República Dominicana.

¿Qué hacer mientras tanto? En el muy corto plazo, la principal acción a tomar por las autoridades debe ser someter un presupuesto complementario para el año 2020. El gasto en salud debe ser la prioridad para reducir las probabilidades de contagio y para atender a aquella población que depende de los servicios públicos hospitalarios. La referencia del gasto total que se adopte debe ser el año 2019. El presupuesto de 2020 no debe ser el referente ya que no será posible financiarlo como estaba previsto originalmente. Todo gasto debe ser bien priorizado y, en este sentido deben realizarse los ajustes necesarios para su control y lograr la mejor reasignación entre ministerios.

Aún con el control del gasto, los menores ingresos tributarios ocasionarán un déficit fiscal superior al que estaba originalmente presupuestado. Esto será inevitable. La forma como se financie ese déficit podría incidir sobre la estabilidad de los precios. En este contexto, el déficit no debe financiarse con transferencias del Banco Central hacia el sector público no financiero. Es decir, no debe haber financiamiento proveniente de lo que tradicionalmente se ha conocido como "dinero inorgánico", o financiamiento inflacionario. Las políticas que provocan depreciación e inflación crean lo que puede ser denominado "desigualdad por diseño", ya que los pobres suelen ser perjudicados de forma más fuerte por los procesos de aumentos de precios. En consecuencia, y para finalizar, en esta coyuntura es necesario evitar que el manejo de las finanzas públicas y su financiamiento afecte a los más necesitados del país.

A pesar de los esfuerzos desarrollados por más de 20 años para adecentar y regular la actividad política en el país, el actual proceso electoral está plagado del mismo comportamiento antidemocrático, inequidad y falta de transparencia que se quiso corregir con la Ley 15-19 de Régimen Electoral.

Santo Domingo, República Dominicana. La observación del proceso electoral que desde mediados de 2019 a la fecha ha realizado Participación Ciudadana, muestra que se han incumplido los preceptos de la democracia y se acrecienta la cantidad de violaciones a las leyes, ante la impotencia de una población que aspira y lucha por una práctica política más decente, equitativa y transparente.

El artículo 211 de la Constitución de la República Dominicana establece que la Junta Central Electoral (JCE) debe garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones.  Este mismo principio está recogido en el art. 212, párrafo IV, de la Ley 15-19 de Régimen Electoral. Si pasamos revista a las regulaciones que fueron consideradas avances importantes en la nueva ley electoral, encontramos un panorama verdaderamente frustratorio que detallamos a continuación:

Duración de campañas. La Ley 15-19 establece que las campañas electorales comienzan con una proclama de la JCE. Para las presidenciales, esto se hizo el 17 de marzo pasado, pero los candidatos iniciaron su campaña desde las primarias de octubre de 2019. Las autoridades electorales no han hecho nada para encaminar a reducir la duración de la campaña, de manera que este proceso podría pasar a la historia como el más largo que registra el país.

Participación del Gobierno en campaña. El Gobierno en pleno, encabezado por el presidente Danilo Medina, quien declaró que personalmente ganaría las elecciones, ha asumido funciones de responsabilidad en la campaña, igual que lo hizo en las municipales, a favor del candidato oficialista, en violación a la Constitución, la Ley Electoral y la Ley de Función Pública. Por otro lado, la Ley 15-19 de Régimen Electoral, en su artículo 196, párrafo I y III, contempla la separación ipso facto del cargo, de los funcionarios/as que sean candidatos/as. Las autoridades electorales no han dado seguimiento al cumplimiento de este precepto.

Uso de los recursos públicos. El abuso de los recursos del Estado a favor de las candidaturas oficialistas ha sido la norma en este periodo. Esta práctica se refleja en la ejecución presupuestaria y en la enorme cantidad de compras realizadas, incluyendo las que fueron frustradas por denuncias públicas. La pandemia del COVID-19 y las sucesivas declaratorias de emergencia se convirtieron en una oportunidad ampliamente aprovechada por el Gobierno, cediendo un papel protagónico en la distribución de asistencia con recursos públicos, a su candidato presidencial, a la Vicepresidenta-candidata, así como a los aspirantes oficiales a senadores y diputados.  También se ha comprobado la constante violación del toque de queda por equipos gubernamentales y del candidato oficial y se han recibido denuncias de retiro en las noches de propaganda de los opositores.

Control de los gastos de campaña. El artículo 42, de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que contempla las regulaciones sobre el gasto en campaña, busca garantizar una mayor equidad y evitar el uso de dinero ilícito. Las autoridades electorales no han puesto en funcionamiento un mecanismo que fiscalice este aspecto. La abrumadora cantidad de recursos que se están gastando, especialmente por parte del candidato oficial, permite afirmar que ésta será la campaña más cara de la historia de República Dominicana. Participación Ciudadana ha hecho esfuerzos por dar seguimiento a este aspecto, pero la información proporcionada por la JCE, no permite saber el monto y el objeto de los gastos de los candidatos/as, ni quiénes son sus financiadores. En este momento, la publicidad es tan abrumadora que puede calificarse de agobiante y no se ha visto ninguna iniciativa de la JCE para actuar como ente regulador y moderador en pro de una mayor equidad en el proceso.

Persecución de los delitos electorales. El 12 de marzo pasado, como resultado de los acuerdos concertados en el Consejo Económico y Social (CES), se logró la designación de la Magistrada Gisela Cueto como Procuradora Interina de Asuntos Electorales. Hasta ahora, esta procuraduría no ha podido instalarse adecuadamente, sus posibilidades de establecer una diferencia en este proceso son muy bajas, sobre todo por el escaso apoyo del Procurador General de la República y la pasividad de las autoridades electorales frente a todas las violaciones a la ley electoral.

Educación ciudadana contra la compra de votos. La campaña contra la compra y venta de votos que se logró por presión popular en las elecciones municipales, no ha sido ejecutada previo a las presidenciales y tampoco se han conocido otras iniciativas para prevenir este delito que tanto ha afectado a la democracia en el país.

Regulación de la publicación de encuestas. Tampoco han sido aplicados los artículos 198 y 199, de la Ley 15-19 de Régimen Electoral, en cuanto a encuestas y sondeo electoral y registro de firmas encuestadoras.

Con este panorama, no podremos afirmar que las elecciones nacionales sean libres, democráticas y equitativas como lo establecen nuestras leyes. El pueblo dominicano merece más respeto en el cumplimiento de esas legítimas aspiraciones.

Participación Ciudadana apela de nuevo a la conciencia de nuestras autoridades gubernamentales, electorales y del liderazgo político, para que juntos hagamos un esfuerzo, en lo que resta de este proceso, por la decencia, la honestidad y el cumplimiento de las normas, condiciones indispensables en una democracia.

Consejo Nacional
11 de junio de 2020

“La implementación de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial, deben ser sobre la base de un enfoque multidisciplinario de coordinación y articulación Estado-sociedad civil, contando con la participación de diversos sectores, apostando a dicha implementación; pero para poder ser eficientes, se requiere de datos, información, análisis y tecnología que generen productos y conocimientos, que permitan hacer de nuestras ciudades, espacios agradables, sostenibles e inteligentes a fin de garantizar la calidad de vida de todos/as los ciudadanos/as.  Hablar de Ordenamiento del Territorio vinculado a Ciencia de los Datos es el presente para contribuir al diseño y la implementación de planes mucho más eficientes”, Carlos Pimentel, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana.

Con el objetivo de vincular la ciencia de los datos y el ordenamiento territorial, junto al Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) por medio del Laboratorio de Inteligencia Territorial para Ciudades Dominicanas (RD-LAB), realizamos el panel: “Ciencia de los Datos y Ordenamiento Territorial en RD”, donde se presentaron los retos que enfrentan los municipios del territorio nacional para ser ciudades sostenibles e inteligentes, reconociendo el ordenamiento y la planificación del territorio como herramientas fundamentales para el desarrollo y expansión controlada en aspectos sociales, ambientales y económicos, agregando el ingrediente fundamental de la tecnología para respuestas efectivas ante incertidumbres del desarrollo desorganizado de las ciudades.

En esta actividad virtual se presentaron casos tangibles en los que se evidenció la falta de ordenamiento, planificación del territorio y las dificultades que se presentaron para poder desarrollar proyectos tales como “La Nueva Barquita”, por la falta de datos certeros, concretos y válidos, que conllevaron a un gran esfuerzo de levantamiento de información y costosos estudios. Dichos levantamientos aun contenían brechas de información que no se tomaron en cuenta para el traslado de “La Vieja Barquita”, como el tránsito, rutas para traslado laboral y a los centros educativos entre otros.

Según el Ing. Kelyn Tejada, docente del ITLA, “de haber existido una base de datos que incluso más que de tecnología, son datos que los pueden facilitar los mismos ciudadanos, como registros de vivienda y básicamente preguntas concernientes a un censo, para determinar factores culturales, económicos y sociales, básicos para la toma de decisiones, no hubiese sido necesario invertir tanto tiempo y recursos en estos proyectos”. Tejada hizo énfasis en la necesidad de estandarización de los datos, para mayor provecho de los usuarios.

Por su parte, el Ing. José Aquino, fundador y coordinador de la comunidad Big Data DO, afirmó que “las ciudades inteligentes, tienen algo en común, y es que todas utilizan datos de sensores para mejorar la gestión de la ciudad, y es donde entra el big data, que apoya con el monitoreo, administra problemáticas urbanas como el manejo de residuos, el transporte, optimización de recursos, entre otros asuntos ambientales”.

El Ing. Aquino, aseguró que las ciudades están apostando por el uso del denominado “Internet de las Cosas” o (IoT) por sus siglas en inglés, para remodelar o desarrollar nuevas ciudades y habló sobre cómo las economías urbanas modernas dependen de la conectividad a internet y que los ciudadanos cada vez demandan servicios más eficientes y accesibles como el transporte. “Las ciudades inteligentes pueden producir información que puede ser cruzada con datos recabados por instrumentos físicos, para obtener mejores productos”, afirmó Aquino.

Por el RD-LAB, la Ing. Indhira De Jesus, presentó los retos que enfrentan las ciudades dominicanas para ser ciudades inteligentes, siendo estos:

• La comprensión y compromiso con el concepto de ciudad inteligente, sobre todo por parte de los gestores municipales y de la población en general.
• Infraestructura y cantidad de recursos que hace falta dedicar para lograr y garantizar ciudades inteligentes.
• La ciberseguridad de las ciudades inteligentes. Estas, se conciben como más seguras debido a que tienen más control e información de lo que está sucediendo en el territorio y la ciudadanía, pero a la vez la propia inteligencia de la ciudad, cuando no está debidamente resguardada, puede convertirse en un problema grave de seguridad.
• Preocupaciones sobre la privacidad de los ciudadanos/as.
• Educar e involucrar a la comunidad. Para que tengamos ciudades inteligentes, necesitamos ciudadanos inteligentes que estén comprometidos y aprovechen activamente las nuevas tecnologías. Para esto, debemos superar la brecha digital.
• Descentralización. Cuando se habla de ciudades inteligentes, por lo general se habla de ciudades donde el gobierno ofrece servicios básicos, que, en nuestro país, la mayoría son centralizados.
• Limitadas capacidades en todos los niveles, pero particularmente a nivel municipal (en cuanto a profesionalismo y recursos, entre otros).
• Crecimiento desordenado del territorio y sin planificación.
• Falta de una cultura de uso de datos.
• Falta, aun mayor, de una cultura de Datos Abiertos.
• Brechas muy amplias en la provisión de servicios urbanos.

“Sin duda alguna quedan muchas brechas por cubrir y mucho trabajo por delante para alcanzar una ciudad inteligente, tareas que requieren de voluntad política, mentes visionarias y una sociedad civil empoderada, junto a políticas públicas, leyes que respalden el ordenamiento y la planificación del territorio, y la participación e inclusión de las nuevas generaciones para crear una sinergia de ideas que converjan en el bien común y promuevan la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de las República Dominicana”, acotó la Licda. Raquel Miranda, coordinadora docente del Centro de Excelencia en Ciencia de los Datos del ITLA, quien fue moderadora del panel.

El ordenamiento del territorio conjuga las buenas prácticas de uso de suelo y pone en práctica las políticas públicas para tener como resultado ciudades dinámicas, resilientes y organizadas, tanto en calidad de servicios, como en actividades que se generan por la relación entre la sociedad, la economía y el medio ambiente.

De acuerdo a la docente, arquitecta y urbanista del Plan Estratégico en Santiago (PES) y del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), Cinthia De la Cruz, “la planificación estratégica en el territorio es una de las esencias que componen a esa implantación democrática en un territorio y su composición. Sin ella, las garantías representativas, las ejecuciones inyección de capital empresarial local y la relación ciudad-ciudadano serían inciertas para cualquier plan”.

Indica que el ordenamiento territorial (OT) es una política pública que norma, estructura y organiza e impone de forma sistémica el uso y el valor de la ocupación del suelo y la propiedad del territorio; mientras que el plan estratégico usa insumos para generar desarrollo, tales como el uso del suelo y el ordenamiento junto a otros como sostenibilidad, gobernabilidad, gobernanza, economía.

“El plan estratégico y el plan de OT convergen cuando los proyectos de formulación e implantación en el territorio acontecen apegados a las leyes, a las normas y a los mandatos territoriales: cuando se norma espacio público por encima del espacio privado; cuando se norma el tipo de transporte público; cuando el hábitat se norma y se buscan respuestas colectivas. Las estrategias y normas territoriales son un conjunto sostenible en pro del bien común”, destaca la arquitecta y urbanista del PES y CDES Santiago.

En la actualidad, la República Dominicana no cuenta con una ley que ampare el ordenamiento del territorio y la planificación de regiones, por lo que el desarrollo desorganizado de las ciudades se ha convertido en un reto para los Gobiernos Locales y el Gobierno Central.

Santiago de los Caballeros posee estudios territoriales, contando con un sector empresarial organizado y articulado, el cual, a través de las relaciones y colaboraciones de los sectores públicos y privados, ha logrado hacer frente de una forma más adecuada y oportuna a las vulnerabilidades territoriales y climáticas que amenazan el país.  

Sin embargo, no es menos cierto que presenta grandes retos futuros como el desarrollo habitacional y la distribución adecuada de los suelos por atributos, a fin de poder aprovechar y potenciar los recursos y actividades que se generan en el territorio.

Sobre el tema, el director del PES 2030 y CDES Santiago, Reynaldo Peguero, expone que “en el nuevo plan estratégico de Santiago no estamos pensando en la ciudad sino en la metrópolis. Santiago es una ciudad que ha venido creciendo de manera sistemática. Los diversos distritos municipales y municipios colindantes tienen una magnitud de población y de territorio importante, por lo que cualquier decisión altera toda la dinámica de ordenamiento territorial”.

No obstante, señala que “si el plan estratégico se implanta y las normas de ordenamiento no se llevan a cabo de forma rigurosa, Santiago se va a expandir, no solo a la montaña que están al norte, sino que también le quitará toda competitividad al aeropuerto, va a agredir todos los cursos de agua, va a reducir el verde de la ciudad y va a generar una dispersión de los servicios”.

Es por esto que, desde Participación Ciudadana, insistimos reiteradas veces en la necesidad de aprobación de las leyes de Ordenamiento Territorial y de Regiones Únicas de Planificación, las cuales, sin dudas, serán el eslabón que vendrá a articular todas las herramientas para que el territorio dominicano funcione de manera coordinada, equitativa y sostenible, apostando siempre en embarcarse en la modernidad, con miras a ser ciudades inteligentes, y buscando que como Estado se brinde una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos y ciudadanas, y que estos, que viven el día a día, sean partícipes de las recomendaciones y/o soluciones para ordenar su territorio.

Como expresa Julio Corral, Consultor Arquitecto-Urbanista, “ordenar el territorio es ordenar las relaciones de poder; poderes que son formales e informales. Los formales son los que otorga la ley, por ejemplo, al Ayuntamiento con la competencia para ordenar el territorio; sin embargo, yo como ciudadano, actor territorial, ejerzo muchas veces el poder sin tener la competencia para ello, lo hago de manera informal”.

Según Julio Corral, existen cinco condiciones que deben darse para la gestión de un plan de ordenamiento territorial, tales como:

• Cómo pasamos de un documento u ordenanza que ha sido redactado y aprobado a un instrumento empoderado y aplicado en todos los sectores de la ciudadanía.
• Cómo pasamos de una respuesta técnica-normativa a una institucionalización de procesos que me garantice que todas esas propuestas técnicas-normativas se institucionalicen como un proceso. Llevar lo plasmado a la práctica.
• Cómo paso de una enunciación de propuestas a una ejecución administrativa-financiera que sea sostenible e institucionalizada.
• El paso de una ejecución de proyectos dirigidos del Ayuntamiento a una articulación participativa con los actores involucrados.
• Cómo paso de una ejecución de proyectos dirigidos desde el Ayuntamiento y resolver la solución transitoria de un desorden actual a una solución que sea formativa, concientizada, de seguimiento y valoración sostenible, pública, privada y comunitaria.

Debemos partir del supuesto de que necesariamente ordenar el territorio es consensuar, concertar y articular, tal y como destaca el consultor arquitecto-urbanista, Julio Corral. Es de vital importancia insistir en la aprobación y promoción de leyes que garanticen el desarrollo estratégico y sostenible de nuestras ciudades. Se impone un verdadero cambio en la manera en que los recursos son preparados para el ordenamiento, a fin de reducir las brechas y las desigualdades existentes, las cuales representan un gran reto en los planes estratégicos implementados en el territorio.

Estos temas se trataron en el panel virtual “Planificación Estratégica y Ordenamiento Territorial: Perspectivas de Futuro en Santiago”, organizado por

Participación Ciudadana. 

Publicación original en acento.com.do

Vivimos momentos muy especiales y particularmente difíciles como consecuencia de la pandemia COVID-19. La situación obliga a las autoridades, los partidos políticos, la sociedad civil, en sintesis a todas las fuerzas vivas y la comunidad internacional a que unan esfuerzos para proteger la salud de las personas, para con ello garantizar sus democracias. Los comicios electorales son elementos básicos que fortalecen la democracia, pues refuerzan el estado de derecho y los cimientos instituciones de los que penden. En medio de esta crisis una inadecuada administración de un proceso electivo puede conducir al deterioro de las libertades fundamentales, promover el abuso de poder y con ello la corrupción. Las autoridades electorales saben que deben abordan esta crisis de forma objetiva y eficiente, pues aguardar por cómo se comportará la pandemia y la sociedad puede colocarles en un escenario en le falte tiempo para limitar al mínimo los riesgos de salud pública y de derechos democráticos debido a posposiciones de elecciones o una inadecuada organización de las mismas. Particularmente, confiamos en el trabajo que está desarrollando la JCE, pero el tiempo apremia.

Dentro del proceso de desarrollo del programa de observación electoral de los comicios del próximo 05 de julio, con el objetivo de intercambiar buenas prácticas, acciones y políticas para la organización y realización de elecciones durante una crisis sanitaria, el movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, realizó el conversatorio “Democracia, procesos electorales y crisis sanitaria”. En el marco del mismo tuvo una participación destacada Ina Kim Lee, oficial de programas, del Departamento de Relaciones Externas A-WEB, quien socializó sobre la experiencia de las elecciones en Corea del Sur. Afirmando que, durante todo el proceso electoral realizado recientemente en Corea del Sur, los votantes recibieron informaciones transparentes, de forma masiva y constante, de parte de la Comisión Nacional Electoral, a través de las cuales explicaban las medidas y precauciones a tomar para para ejercer el derecho al voto, generando la confianza sanitaria de todos.

La Asociación de Organismos Electorales Mundiales, comúnmente conocida como ‘A-WEB’, Association of World Election Bodies, por sus siglas en inglés, fue creada en 2013 en Song-do, Corea del Sur. A-WEB es la primera organización mundial de organismos de gestión electoral y actualmente está compuesta por un total de 115 organismos y 20 asociaciones regionales como miembros asociados. Su lema es: “Democracia para crecer para todos en todo el mundo”. A-WEB provee programas de capacitación para funcionarios electorales de los países miembros y desarrolla programas a solicitud de la organización asociada, brindando apoyo durante los procesos electorales para con ello mejorar la capacidad de gestión electoral.

Ina Kim Lee, comentó sobre el registro de los candidatos, de cómo se debieron atener a un protocolo en sus actividades proselitistas, de cómo los votantes debían acudir a sus mesas electorales (Con un kit sanitario que garantice un mínimo de transmisión). De aquí la importancia de que el protocolo sanitario incluya ese tipo de tarea en cada mesa. Agregando que la COVID-19 trajo consigo riesgos y los mismos, restos que implican esfuerzos que valen la pena pues ayudan a proteger a las personas, los procesos electorales y con estos los principios democráticos, los cuales son innegociables.

Los desafíos para celebrar unas elecciones bajo una situación de pandemia son los siguientes:

-Peligro para la salud de los ciudadanos.

-Baja concurrencia de votantes (Alta abstención)

-Resguardo del derecho al voto de los ciudadanos infectados, en cuarentena y bajo riesgo de contagio.

-Problemas logísticos.

Las medidas sanitarias en los centros de votación fueron publicadas y diseminadas por los medios masivos de comunicación de forma amplia y constante. A grandes rasgos toda persona, al asistir a votar debe sujetarse al protocolo obligatorio siguiente:

-Debe llevar una mascarilla.

-Hacer fila con un metro de distancia entre las personas.

-Un personal se ocupará de dispensar alcohol en las manos de los votantes en fila, varias veces.

-Al llegar a la Mesa de Votación se establece un distanciamiento entre el personal, la mesa y la persona que acude a votar.

-Se verifican los documentos contra el acta correspondiente (Cada delegado debe verificar en sus actas y el personal comprobar si la persona que va a votar es quien dice ser: Fecha, lugar y año de nacimiento, dirección registrada, número de cédula y cualquier otro tecnicismo que se pueda utilizar. Esto por el hecho de que las personas no estarán exponiendo sus rostros y la identificación dactilar puede ser un vehículo de contagio alto).

-Una vez ejerza su derecho al voto, el personal correspondiente de la Mesa Electoral, limpia con alcohol el marcador utilizado por la persona que votó y el espacio de la cabina de votación.

En Corea del Sur se asumieron varias formas de votación, a saber:

-Voto en el día electoral (Con un horario específico para las personas en Cuarentena)

-Voto desde las casas (Correo)

-Voto Anticipado

Las dos últimas opciones no son aceptadas en nuestro país, aunque puede ser legalmente discutible.

Finalmente, inició su conclusión con el mismo argumento inicial de su intervención: “Se debe garantizar un ambiente seguro para votar, así los electores participan”. También, agregó que es importante ofrecer varias opciones en las formas de votar (Ya hemos apuntado que en nuestro país no se han aceptado opciones como el voto anticipado o vía correo, para que los electores que opten por estos tipos metodologías de votación), garantizar el derecho al voto para las personas hospitalizadas o en cuarentena.

Enfatizó que cada país tiene su realidad y que sólo se limitó a compartir la experiencia de Corea del Sur.

En la próxima entrega comentaremos el documento “Cuidando la Salud y las Elecciones” publicado por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (International Foundation for Elector al Systems –IFES, por sus siglas en inglés) hace apenas unos días, con la única intención de coadyuvar a generar el mayor nivel de confianza para los electores al momento de que acudan a ejercer el voto. Ojalá este 05 de julio todos y todas lo hagamos en forma masiva.

Ver la segunda parte de este artículo sobre “Las elecciones en tiempos de la COVID-19” en: https://acento.com.do/2020/opinion/8824818-las-elecciones-en-tiempos-de-la-covid-19-2/

Heiromy Castro,
Ex Coordinador General de Participación Ciudadana
Integrante de la Comisión de Análisis Político de la organización

Estudian las experiencias de seis gobiernos locales de la región sur con énfasis en el proceso de construcciones de obras públicas consignadas en el presupuesto municipal.

Santo Domingo, República Dominicana. Con el objetivo de promover la participación ciudadana, la veeduría social e incidencia en la gestión local, la organización de la sociedad civil, Participación Ciudadana, en alianza con el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE) presentaron el estudio “Compras y Contrataciones Públicas en los Gobiernos Locales: Un Desafío de los Municipios en el Siglo XXI”.

Se trata de un estudio sobre la aplicación de la Ley No. 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones en los ayuntamientos, con énfasis en el proceso de construcciones de obras públicas consignadas en el presupuesto municipal en los municipios: Azua, Baní, Barahona, San Cristóbal, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana.

El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, expresó que “los resultados de este estudio conducen a retos y desafíos para garantizar la implementación y cumplimiento de las recomendaciones que contiene. Los Gobiernos Locales tienen el rol y desafío de la implementación de amplias disposiciones normativas, pero cuando se trata de las contrataciones públicas, el nivel de impulso e incidencia en las organizaciones sociales se debe redoblar para evitar el despilfarro y la corrupción”.

La economista e investigadora Guadalupe Valdez, quien presentó los hallazgos y recomendaciones de la investigación, puntualizó que dentro de los principales descubrimientos se destacan la ausencia de información en los portales institucionales y de publicidad en las convocatorias, que las obras no van a concurso, la contratación de proveedores no registrados en la lista de proveedores del Estado, y el fraccionamiento del costo de las obras.

Destaca también que sólo dos de los seis ayuntamientos cumplen con la disposición del artículo 68 de la Ley 488-08 sobre Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), que establece a todas las entidades contratantes, que al momento de hacer su presupuesto deben reservar el 20% para asignarlo a compras y contrataciones a través de MIPYMES.

En cuanto a la sociedad civil, detectaron que esta tiene poco conocimiento de la Ley No. 340-06, que los/as munícipes no son debidamente informados sobre los procesos por parte de los ayuntamientos y que las autoridades locales no dan participación a la comunidad en la selección de las obras, lo que complica ejercer veeduría social.

“Sin democracia local no hay democracia ni Estado de Derecho en nuestro país. Para lograr una mayor integración de la sociedad civil y que haya transparencia en estos procesos se deben propiciar espacios para articular; desde los suplidores y desde la ciudadanía debemos exigir al gobierno local que dé razones de porqué escogieron un suplidor y no otro; hay que seguir haciendo investigaciones para conocer nuestra realidad y así reclamar el cumplimiento de la Ley sobre la base del dato científico de la evidencia; y se necesita de capacitación para conocer los procesos y fortalecer la capacidad de incidencia de los diferentes actores”, sostuvo Guadalupe Valdez.

Esta investigación, desarrollada como una de las acciones del proyecto “Promoviendo la Participación Ciudadana, la Veeduría Social e Incidencia en la Gestión Local” que Participación Ciudadana implementa en coordinación con CEPAE y el auspicio de la Unión Europea, basa su marco legal en la Constitución dominicana, la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12), así como lo establecido en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y su alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Clik en el siguiente enlace para descargar el estudio.

Estudio Sistematización Ley 340-06 Obras Públicas Locales

Uno de los ejes fundamentales para el crecimiento de la institucionalidad en los países son los servidores públicos, diversos estudios demuestran que un aumento en la profesionalización de éstos, incrementa la eficiencia del Estado, reduce la burocracia, disminuye los niveles de corrupción, entre otros factores, que aumentan la confianza de los ciudadanos en los órganos de administración.

Conociendo las características anteriores, el Estado dominicano, a través de la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END), trazó como parte de sus objetivos  “Fortalecer el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, respetando la equidad de género, para dotar a la Administración Pública de personal idóneo y seleccionado por concurso que actúe con apego a la ética, transparencia y rendición de cuentas, mediante mecanismos de ingreso, estabilidad, promoción y remuneración por resultados, méritos, idoneidad profesional y ética” (objetivo 1.1, numeral 1.5).  Este, vinculado con el Art. 29 de misma ley, otorga un plazo no mayor de 10 años para que todos los empleados y empleadas de la administración pública, se incorporen a la Carrera Administrativa.

A 8 años de la entrada en vigencia de dicha ley cabría preguntarnos, ¿cuáles han sido los resultados?  Desde un punto de vista cuantitativo, falta un largo trecho por recorrer para lograr el cumplimiento del mandato de incorporar el 100% de los empleados/as públicos/as a la carrera administrativa y especial, cuando se cumpla el plazo de 10 años previsto por la Ley 1-12, en el año 2022.

En términos generales y con los datos que contemplamos en el estudio que realizamos junto a OXFAM, Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad, “Evolución de la Carrera Administrativa y Especial en la República Dominicana” CLIK AQUÍ, el número de funcionarios públicos de carrera, contados desde 1995 hasta el 2018 y de los funcionarios que reporta el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), el porcentaje de empleados de carrera solo alcanza cerca del 10%, pero, si se incluyen a los de carreras especiales como los maestros, diplomáticos, Ministerio Público, este porcentaje aumenta a cerca de un 25%. Cabe señalar que estos datos solo evalúan los funcionarios de la administración registrados en el SISMAP, por lo que, en realidad, el porcentaje de empleados de las carreras administrativa y especial es mucho menor del 25%, tal como reflejamos en el estudio realizado, ya que falta agregar el resto de los empleados del gobierno central que no registra el SISMAP y los funcionarios pertenecientes a instituciones descentralizadas y autónomas del Estado dominicano. Veamos algunos datos:

El 91% de los que ingresaron a la carrera administrativa han entrado por evaluación interna (antes del 2015). Los que entraron por concurso desde el 2003 hasta ahora, solo alcanzan el 8.34% y desde la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, un 5.75%. Así que bajo la modalidad de concurso por oposición solo 71 personas han entrado a la carrera, desde 2016 a la fecha, lo que significa un 0.22%. Esto reafirma la opinión generalizada sobre las dificultades de los procesos de entrada a la administración pública por concurso: son muy difíciles, burocráticos y restrictivos, de acuerdo con un cuestionario aplicado durante el estudio que hemos citado.

En cuanto a las carreras especiales existe un desbalance de los ingresos, el 96.8% ha entrado a la Carrera Docente, 1.7% a la Carrera Tributaria, un 0.2% a la carrera diplomática y 1.3% al Ministerio Público. Estos datos evidencian que las principales metas del sistema de carrera dominicano es la profesionalización en materia docente, los demás son casi nulos, comparado con la alta nómina pública ascendente a 365,000 personas, sin contar los guardias y policías, ni las denominadas nominillas que tienen cabidas en diferentes áreas de los gobiernos. En resumen, el 74.7% de los empleados públicos no son de carrera, el 9.4% pertenecen a la carrera administrativa y un 15.8% pertenecen a la carrera especial, sobre todo los profesores.

Otros datos importantes para relacionarlos con la crisis sanitaria que nos afecta, tanto la creada por el COVID-19, como las deficiencias del sistema de salud y seguridad social anteriores al virus,  es que el 46% de los servidores públicos, gana sueldo mensual menor que el costo de la canasta básica, calculada por el Banco Central, que es de RD$31,000, y el 38% de ellos tiene más de 50 años, lo que los hace especialmente vulnerables al contagio del COVID-19. Esto unido con el exceso de empleados públicos, una parte importante de ellos trabaja en ambientes hacinados.

Uno de los problemas más preocupantes de la República Dominicana, ha sido que el alto crecimiento económico exhibido en las últimas décadas ha sido muy desigual, asimétrico e inequitativo en la distribución de la riqueza creada por este crecimiento. Después de la crisis sanitaria y la económica derivada de la primera, el país está obligado a enrumbarse por una ruta diferente en cuanto a la racionalización de los recursos humanos que sirven al Estado y sus instituciones. Estamos obligados a hacer una administración pública más eficiente y productiva, que responda a las demandas de la ciudadanía afectada por la crisis. Debemos de iniciar definitivamente la aplicación del ingreso a la carrera del servidor público basada en concursos de oposición asentados en las competencias y méritos personales de los oponentes.

No podemos responder a problemas nuevos con respuestas viejas, la patria nos convoca a reconstruirla en lo inmediato en los ejes sanitario, económico e institucional. Todos los servidores públicos deberán dedicarse a dotar al pueblo dominicano de los derechos fundamentales consagrados por nuestra Constitución, que propongo iniciar trabajando en los pilares básicos que construyan una sociedad más igualitaria, nos urge dotar a todos y todas de agua potable, salud, alimentación y vivienda digna, más allá de la educación que es transversal a todas las primeras.

Por último, llamo a las nuevas autoridades que gobernarán el país a partir de agosto próximo, a crear un equilibrio salarial en la administración pública, pues mientras tenemos servidores públicos ganando 8,000 mil pesos mensuales que no les alcanza ni para adquirir el quintil más modesto, y en franca violación a la Ley de Salarios y el decreto presidencial de febrero de 2019 referente al sueldo mínimo en la Administración Pública de RD$ 10.000. En contraste, tenemos 81 altos funcionarios ganando sueldos superiores a los 400 mil pesos, sin contar con los beneficios colaterales que les provee el cargo que detentan. Así no se ayuda a cumplir con el valor de la dignidad, base de todos los derechos que consagra nuestra Carta Magna.

Sonia Díaz Inoa,
Coordinadora General de Participación Ciudadana

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico, Participación Ciudadana, manifestó la tarde de este martes su respaldo a la celebración de los debates electorales que organiza la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), los cuales tienen como objetivo incentivar el voto consciente de la ciudadanía, a través del conocimiento de los planes y propuestas de gobierno de los distintos candidatos.

A través de un comunicado de prensa, Sonia Díaz Inoa, coordinadora general de Participación Ciudadana, consideró que frente a los retos del actual contexto político-electoral que vive el país, es vital fortalecer el sistema democrático de la República Dominicana, a través de espacios y acciones que contribuyan a la participación de la ciudadanía, la transparencia electoral, el respeto de la democracia y a la claridad de la voluntad popular expresada en las urnas.

“La sociedad merece escuchar los compromisos de sus candidatos. Es necesario que todos y todas conozcan las propuestas y los planes de gobiernos de los distintos aspirantes a la presidencia, especialmente ante la crisis sanitaria, económica y social que ha provocado el Covid-19, la cual supone, además, importantes desafíos para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país”, resaltó Sonia Díaz Inoa.

La Coordinadora General de Participación Ciudadana, consideró que a pesar de que la Ley de Régimen Electoral obliga a los candidatos presidenciales a depositar sus programas de gobierno ante la Junta Central Electoral (JCE), lo cual representa un avance importante en materia electoral, el contenido de estos compromisos, así como los planes de acción para su ejecución aún no cuenta con una metodología de difusión que permita a la ciudadanía conocer de manera íntegra, oportuna y transparente las propuestas de los representantes de los diferentes partidos políticos.

“Es por ello que, desde Participación Ciudadana, promovemos la celebración de los debates que organiza la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), en ocasión de los comicios electorales a realizarse el próximo 05 de julio, ya que representan una interesante oportunidad para fortalecer la transparencia institucional, así como la calidad del sistema democrático. Al tiempo que brindan a la población la oportunidad de ejercer su derecho al voto de manera consciente, y en ese sentido la posibilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las propuestas de sus candidatos”, afirmó Sonia Díaz Inoa, a través del comunicado del movimiento cívico.

Consejo Nacional
26 de mayo de 2020