República Dominicana gana Medalla de Oro en impunidad
martes 13 de agosto, 2024
Participación Ciudadana entiende que a pesar de las ligeras mejorías del país en materia de corrupción en los últimos años, el sistema de justicia ha fracasado una vez más en su lucha por reducir la impunidad con la sentencia de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia que absuelve a los dos únicos imputados que quedaban en uno de los casos más grande de corrupción en nuestro país, que trascendió fronteras y nos llena de vergüenza ante la comunidad nacional e internacional, pues ante un caso de soborno confesado por el sobornante, no habrá nadie cumpliendo la sanción de rigor.
La mayor cuota de responsabilidad la lleva el ministerio público, que fue advertido en el 2017 por Miriam Germán Brito del déficit probatorio de este caso, pero no realizó ningún esfuerzo para subsanarlo, y por el contrario se negó a ir a Brasil a interrogar a los principales ejecutivos de Odebrecht a pesar de estar judicialmente habilitado para ello por el Juez de la Instrucción del caso, pues era evidente que obtendría los nombres de los sobornados, que estaban protegidos por unos codenomes, pero que comprometerían a importantes funcionarios públicos, incluyendo legisladores y otros cercanos al procurador general de la República de entonces.
Es importante que quede en la conciencia nacional que los sobornos existieron y no habrá sentencia que pueda decir lo contrario con efectividad, pues fue reconocido por Odebrecht en el acuerdo que suscribió con el ministerio público donde se comprometió a devolver el duplo de los 92 millones de dólares admitido como soborno y también asumió el compromiso de identificar a los sobornados, obligación que el ministerio público jamás reclamó su complimiento.
Por eso nos preocupa el lenguaje utilizado por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia en su sentencia, cuando en dos ocasiones señala la “inexistencia” del crimen de soborno (4.43 y 4.42), cuando debió referirse a que, a pesar de la confesión del soborno, no se pudo identificar con pruebas a los sobornados. Establecer la “inexistencia” de los sobornos hiere la sensibilidad de la ciudadanía ante hechos tan graves como los confesados por la propia Odebrecht.
Ante una sentencia definitiva corresponde al ministerio público realizar una evaluación interna y ofrecer explicaciones a la ciudadanía. Es importante también entender que cuando un crimen es cometido y no se castiga a los responsables, se compromete la credibilidad del sistema de justicia, no solo del órgano del sistema responsable de la ausencia de castigo.
Esta derrota en la lucha contra la corrupción en vez de desalentar los esfuerzos debe, por el contrario, obligar a redoblar los esfuerzos, teniendo como objetivo en lo adelante los cuatro casos de corrupción administrativa que se manejan en los tribunales en estos momentos, como son Anti-pulpo, Coral y Coral 5G, Medusa y Calamar, que, distintos al de Odebrecht, presentan una sobre abundancia de pruebas.
Un aspecto positivo que trajo la sentencia de Odebrecht fue el rechazo de la petición de extinción de la acción penal por la llegada del plazo máximo de duración del proceso, en un caso que ya sobrepasaba los siete años, confirmando los precedentes de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, de que no se trata de un plazo matemático en su cálculo, y que debe tomar en cuenta las características propias del caso, lo que trae tranquilidad en que los actuales casos de corrupción, que se han dilatado en el tiempo por incidentes y otras maniobras, no se verán amenazados por la extinción, pues la extinción, que no permite una sentencia al fondo de los casos, es tan nefasta como la ausencia de pruebas de un crimen cometido.
Participación Ciudadana ha iniciado un observatorio de los casos de corrupción administrativa y estará rindiendo reportes periódicos sobre el avance de los mismos.
Participación Ciudadana exige a autoridades cumplir la ley sobre la Declaración Jurada de patrimonio a funcionarios públicos
lunes 29 de julio, 2024
El movimiento cívico Participación Ciudadana les recuerda a los funcionarios municipales electos el contenido del artículo 146.3 de la Constitución de la República que establece que es obligatoria, la declaración jurada de bienes a dichos funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente.
En ese orden de ideas, la Junta Central Electoral en su nota de prensa en su web del 18 de abril de este 2024, da cuenta de haber entregado certificados de elección a unos 3,849 candidatos y candidatas electos y reelectos. Así las cosas, los funcionarios tienen la obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio inicial, dentro de los 30 días de la toma de posesión, plazo que está ventajosamente vencido.
Conforme a la publicación oficial de la Cámara de Cuentas, sólo han presentado dicha declaración jurada inicial la cantidad de 525 funcionarios electos, lo que representa un 14% del universo de funcionarios y funcionarias municipales, quedando pendiente de cumplir con dicha formalidad la cantidad de 3,324 que representan el 86% de los funcionarios municipales electos. Es importante destacar que dicha obligación de prestación de declaración jurada es tanto para los funcionarios electos, como los reelectos en las posiciones públicas. En ese orden de ideas, la legislación de la materia establece de manera expresa que la ausencia de declaración jurada constituye una falta grave de tercer grado, conforme a la Ley núm. 41-08 de la función pública, que conlleva como sanción la destitución.
Es importante enfatizar que el cumplimiento de dichas normativas sobre la declaración jurada de patrimonio, se constituye como el primer eslabón que permite el control de la administración pública y con ello un adecuado seguimiento anticorrupción en el seno del Estado dominicano. Instamos a las autoridades competentes a dar cumplimiento a dicha obligación y a otras instancias, a disponer la tramitación correcta de dicha falta del funcionario público para la satisfacción de dicho deber y el cumplimiento de la normativa en materia de declaración jurada de patrimonio.
Participación Ciudadana expresa preocupación tras elecciones en Venezuela
lunes 29 de julio, 2024
Participación Ciudadana expresó su preocupación ante el ambiente electoral en Venezuela, por la violencia, el abuso de los recursos del Estado para el beneficio electoral, campañas de desinformación y amenazas.
???? Descubre las implicaciones y oportunidades de la Reforma Fiscal en nuestra próxima Tertulia.
???? Martes 30 de julio
???? 5:00 PM
???? Aula Magna del Centro de Estudios Económicos y Financieros (CEF)
Av. Lope de Vega, 29 (Novo Centro), 3.ª planta, Santo Domingo
Panelistas:
Antonio Ciriaco Cruz, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la UASD
Isidoro Santana, Excoordinador General y Miembro de la Comisión de Análisis Político
Miguel Collado, Miembro de la Comisión de Análisis Político y de la Comisión de Control Interno
Miembros de PC presentan en Vistas Públicas críticas puntuales al Código Penal
miércoles 17 de julio, 2024
Durante las Vistas Públicas organizada por la Cámara de Diputados para el Código Penal, el movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, presentó un conjunto de observaciones que pretenden hacer del código, más inclusivo.
En ese sentido, PC presentó críticas puntuales al artículo 14, en el que se pretende liberar de responsabilidad Penal a "las iglesias".
También figura el artículo 109, el cual en el Código Penal no incluye las tres causales como excepciones a la penalización del aborto.
Además, durante la ponencia en las Vistas Públicas, miembros de PC también presentaron sus observaciones al artículo 185, que excluye la orientación sexual como elemento discriminatorio; el artículo 187, que establece que la discriminación será "perseguida por acción pública a instancia privada".
En ese orden, el artículo 134, que solo circunscribe como "violación sexual", al acto de penetración.
El artículo 328 también fue criticado, ya que establece una prescripción de 20 años para las infracciones contra el patrimonio público, cuando se sostiene que estas infracciones deberían ser imprescriptibles, y todos los actos de corrupción deberían recibir el mismo tratamiento.
A continuación, documento con algunas críticas puntuales al Proyecto de Código Penal:
El Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) desarrollará un Taller de Lenguaje Inclusivo el 17 de julio de 2024, dirigido a las organizaciones que lo integran y sus alianzas.
El taller busca sensibilizar y capacitar a las personas participantes en el uso de un lenguaje inclusivo que promueva la igualdad y el respeto por la diversidad.
La agenda del taller incluirá temas como la redacción inclusiva, la importancia de los grupos poblacionales en las acciones del OCC, y se proporcionarán herramientas concretas para implementar un lenguaje que promueva la igualdad y el respeto por la diversidad.
El coordinador nacional de Participación Ciudadana (PC), Erick Hernández Machado, planteó esta mañana que la reforma del Código Penal debe ir acompañada de medidas para combatir los abusos de autoridad desde la administración pública, la corrupción, así como promover la transparencia y que se rinda cuentas.
Sostuvo que los efectos de la corrupción son devastadores, debilitando la confianza en las instituciones, el desarrollo económico y los derechos de los ciudadanos.
Censuró que «la corrupción es un fenómeno que afecta a sociedades en todo el mundo, expresados desde el soborno y el nepotismo hasta el mal uso de fondos públicos, los efectos son devastadores, debilitando la confianza en las instituciones, el desarrollo económico y los derechos de los ciudadanos».
«Desde Participación Ciudadana apoyamos el proceso que se está agotando de la aprobación de títulos dedicados a la proscripción de la corrupción; de los abusos de la autoridad desde la administración pública; de la falta del deber de probidad. De la previsión de la infracción del tráfico de influencia y la recepción ilegal de beneficios por parte de los funcionarios públicos y hasta el reconocimiento en el ámbito penal del conflicto de intereses que pudiera suscitarse entre un funcionario o servidor público con la contratación de sociedades privadas», afirmó Hernández Machado.
Dijo que la normativa sanciona la violación del principio de igualdad a aquellos que participan en concursos públicos.
El dirigente cívico sostuvo que enfrentar la corrupción siempre debe hacerse desde el ámbito legal, institucional y social para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la ética en todos los niveles.
Opinó que al contemplar la persecución contra los que distraigan los fondos públicos el Código «es obvio que se está abriendo con la aprobación de tales contenidos, un capítulo nuevo para la lucha contra la corrupción pública»
«Aspiramos que ahora en la Cámara de Diputados, suceda lo mismo con la aprobación de todo este articulado desde el artículo 304 en adelante», dijo el coordinador nacional de Participación Ciudadana.
El artículo 304 del Código Penal tipifica todas acciones que se puedan realizar desde la administración pública que son consideradas como infracciones a las que perseguir y someter.
Citó entre las infracciones más tradicionales en la administración pública como es la malversación de fondos públicos y otras infracciones menos importantes.
Para el dirigente cívico toda esta legislación debe ir acompañada de medidas anticorrupción, acciones y políticas implementadas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción en diferentes ámbitos. «Algunas medidas efectivas incluyen: Transparencia y Acceso a la Información; fortalecimiento de instituciones públicas; fortalecimiento de la ética y capacitación, entre otras», consideró.
Participación Ciudadana responsabiliza al PRM de aprobación Código penal que protege la corrupción y vulnera derechos de las mujeres y los niños/as
martes 9 de julio, 2024
El movimiento cívico Participación Ciudadana, responsabilizó al liderazgo del Partido Revolucionario Moderno de la aprobación de un Código Penal que protege la corrupción estableciendo límites a su enjuiciamiento, vulnera derechos fundamentales de mujeres, niños y minorías bajo el falso argumento de querer modernizar un instrumento legal como el que actualmente nos rige, sin importar el precio que haya que pagar.
La organización cívica indica que la dirección del partido de Gobierno no se puede escudar en el carácter corporativo del congreso para disminuir su responsabilidad en una legislación que de aprobarse llevaría el país a la norma de estados teocráticos que hoy en día son parias internacionales. Por esta razón hacemos un llamado al presidente de la Republica Luis Abinader a que cumpla con su palabra y ejerza su liderazgo en la bancada de su partido.
El proyecto de Código Penal aprobado en el senado y aprobado ahora en primera lectura en la Cámara de diputados establece una prescripción de 20 años a los delitos de corrupción violando la norma constitucional y la jurisprudencia prevaleciente.
“La corrupción se ha convertido en un problema mayor en nuestro país, llevándose importantes recursos públicos que impiden atender adecuadamente la salud del pueblo dominicano, por lo que debería colocarse al lado de los crímenes de lesa humanidad y hacerse imprescriptible, lo que es permitido por el artículo 146 constitucional”, expresa el documento del Consejo Nacional de la organización.
“Los diputados acaban de aprobar un proyecto que en realidad esconde en su articulado disposiciones excluyentes, discriminatorias y obsoletas que en nada representa un estado social, democrático y de derecho”, enfatizó el Consejo Nacional.
Para Participación Ciudadana resulta absurdo que se argumente la necesidad de modernizar la norma penal, y al mismo tiempo se penaliza el aborto sin tomar en cuenta las tres excepciones que han sido acogidas en la mayor parte de los países del mundo; cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el embarazo haya sido el resultado de violación o incesto o cuando el embrión viene con malformación incompatible con la vida científicamente comprobada.
La organización asegura que el Estado está en la obligatoriedad de proteger la dignidad, integridad, libertad, seguridad personal, libre desarrollo de la personalidad a la mujer, y corresponde al Congreso Nacional sentar las bases para alcanzar tales fines. Pero que también hay que reconocer que se trata de un tema que afecta la salud y la vida sobre todo de las mujeres más desfavorecidas que están en una condición de total indefensión.
Hace tres años el proyecto de Código Penal aprobado en la Cámara de diputados obviaba derechos de las mujeres reconocidos en más de 190 países, ahora el proyecto aprobado en el senado violenta además los derechos de niños, niñas y adolescentes, lo que ha obligado a decenas de organizaciones nacionales e internacionales a dar un grito de alarma ante este retroceso institucional expresa el documento.
Un segundo aspecto que en el concierto de naciones nos coloca como país en una situación vergonzosa es el artículo que penaliza la discriminación, y que originalmente incluía la penalización de la discriminación por género o por orientación sexual.
“Es importante recordar que el artículo 39 de nuestra Constitución trata sobre el Derecho a la Igualdad y junto con el numeral 1 claramente indica que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia: 1) La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes”, advirtió el movimiento cívico.
Pancho Álvarez: Criterio de oportunidad es parte de las herramientas del Código Penal para combatir la criminalidad
lunes 1 de julio, 2024
Fuente: Edilí Arias, El Día
El abogado Francisco Álvarez consideró correcta la estrategia del Ministerio Público con relación a los acuerdos arribados con decenas de imputados en los casos de corrupción que se ventilan en los tribunales.
El jurista afirmó que dichos acuerdos “permiten descabezar la criminalidad organizada instalada en el sector público”.
“Es un mal decirle a una persona que admitió y confesó un crimen que no irá a prisión, pero es un mal menor en comparación a mantener intacta una estructura de criminalidad”, explicó Pancho Álvarez en el programa El Día de Telesistema.
El abogado explicó que los casos de corrupción que actualmente se ventilan en los tribunales se catalogan como crimen organizado porque tienen una estructura, y que el caso de los funcionarios se llama coalición de funcionarios, lo cual es sancionado penalmente.
Los que llegaron a acuerdos con el Ministerio Público se comprometen no solo a regresar dinero, sino a testificar contra los demás imputados.
Sobre la petición de los abogados defensores de algunos de los implicados de participar en la audiencia de homologación de los acuerdos, destacó que, como estos no son parte de los acuerdos, no pueden estar presentes en las audiencias.
En cuanto al rechazo por parte de las defensas de las supuestas cabezas de los entramados de corrupción, el jurista consideró “obvio” que traten de desacreditar los acuerdos, “porque saben que el testimonio de los delatores premiados perjudicará” a sus clientes.
El jurista acotó que el criterio de oportunidad forma parte de las herramientas que el Código Penal pone en manos del Ministerio Público para combatir la criminalidad.
A juicio del abogado Pancho Álvarez, las defensas técnicas de los señalados como cabeza de los casos de corrupción están jugando a vencer los plazos y que, en el caso de los implicados en la Operación Medusa, quedan 10 meses para una sentencia de fondo.
Tiempo para los jueces
Recordó que, por los vencimientos de los plazos, en octubre del año pasado, la organización de la sociedad civil Participación Ciudadana envió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, expresando la preocupación por el destino de los expedientes de corrupción.
En la misiva se afirma que “los jueces están otorgando a los abogados defensores plazos más extensos de lo ordinario. No nos oponemos a la protección de los derechos de los imputados, pero también el Poder Judicial debe proteger el derecho de la ciudadanía a que se haga justicia. Para tal fin, también deben crearse las condiciones para que los jueces a cargo puedan concentrarse en tales casos complejos, fijando, por ejemplo, audiencias cada día y no solo una o dos veces por semana”. Estas medidas pueden ser tomadas por el Consejo Nacional de la Magistratura.
Explicó que los incidentes conocidos y fallados por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, no se pueden conocer nuevamente.
Los bienes de Jean Alain Rodríguez
Sobre el rechazo a la devolución de los bienes en los que se verificó una vinculación a los ilícitos imputados en la Operación Medusa, señaló que tienen la posibilidad de ser decomisados en el juicio.
El caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez consiste en realizar múltiples acciones a través de terceros con fondos económicos extraídos de la Procuraduría General de la República, adquirir bienes millonarios producto de estos actos de corrupción, así como no declararlos en sus declaraciones juradas de bienes.
En ese sentido, el juez ordenó que no se le devolvieran a Jean Alain Rodríguez, principal acusado del caso, una villa ubicada en Casa de Campo, un lujoso apartamento, un yate y varios terrenos en Santo Domingo.
Álvarez explicó que, si Jean Alain es condenado, deberá pagar una indemnización con todo su patrimonio.
Desmiente que su oficina de abogados trabaje para la Procuraduría
Sobre la afirmación de que su oficina privada de abogados haya trabajado para la Procuraduría General de la República y que esté detrás de los acuerdos firmados por el Ministerio Público con acusados de corrupción, el jurista negó que él, personalmente, ni los profesionales de su oficina, Headrick Rizik Alvarez & Fernández, formen parte de los mismos.
Desmintió que abogados de su oficina hayan trabajado para los acusados de corrupción sometidos por la Procuraduría General de la República.
Erick Hernández Machado dice leyes pendientes no afectarían cambios Constitución
lunes 1 de julio, 2024
Fuente: Víctor Martínez, El Nacional
El conjunto de leyes pendientes de adaptar a la Constitución del año 2010 no impide que se puedan emprender cambios en la Constitución, afirmó esta mañana el coordinador nacional de Participación Ciudadana (PC), Erick Hernández Machado.
Añadió que en el sistema de jerarquía la necesidad de la modificación de la Constitución es superior a las leyes pendientes de conocimiento.
En ese sentido exhortó a los nuevos legisladores que asumirán el próximo 16 de agosto, realizar para los próximos cuatro años un programa de cumplimiento de las reservas de ley previstas en nuestra Constitución, que están pendientes en el Congreso Nacional.
“La modificación a la Constitución no está supeditada a que el legislador cumpla con las leyes programáticas previstas en la Constitución o lo que se conoce como las reservas de ley”, sostuvo el dirigente cívico.
Para el dirigente de PC “el constituyente o asambleísta revisor de la Constitución es soberano en su actuación de recibir o realizar la ley sobre la necesidad de la reforma de la Constitución, basado en el principio de soberanía constitucional”.
En cuanto a un conjunto de más de 70 leyes pendientes de adaptar de la modificación constitucional del año 2010, este debe trabajo debe ser reservado a los nuevos legisladores que asumirán a partir del próximo 16 de agosto.
Fue enfático en señalar que la preferencia por la modificación a la Constitución es superior y no está supeditada a las obligaciones del legislador ordinario para dar cumplimiento al programa legislativo pendiente.
“En ese sentido, no hay obligación ni necesidad de cumplir de manera previa con las leyes ordinarias o leyes orgánicas ante la propuesta de reforma de la Constitución”, consideró Hernández Machaco.
Exhortó a los congresistas a que después del 16 de agosto que se asuma un programa y cumplimiento de las reservas de ley previstas en nuestra Constitución, que están pendientes por parte de ese Poder del Estado.
Las reformas
Durante la campaña el presidente Luís Abinader anunció que ganar las elecciones emprendería un conjunto de reformas entre ellas constitucionales, financieras y de la seguridad social.
Aseguró que como parte de las reformas se busca que el Ministerio Público sea totalmente independiente y ponerle definitivamente un candado a la reelección por más de un período.
Informó que estas medidas incluyen reformas fiscales, modificaciones constitucionales para fortalecer la democracia, y cambios en la Seguridad Social, el Código Laboral y posiblemente en la estructura del Ministerio de Interior y Policía, que podría transformarse en Ministerio de Seguridad Ciudadana.
Destacó la importancia de consultar con diversas fuentes antes de hacer públicas estas reformas, dada la sensibilidad del tema y su impacto potencial en la sociedad dominicana.
“Cuando presentamos nuestro programa de metas para el año 2036, con el objetivo de duplicar nuestra economía, se basa en la implementación de estas reformas”, explicó el mandatario en La Semanal, en el Palacio Nacional.
