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ROI destaca el reconocimiento a la carrera judicial en las designaciones de la Suprema Corte y llama a mantener la vigilancia ciudadana sobre su integración

La Red reconoce las trayectorias profesionales de las personas seleccionadas, advierte sobre la persistente desigualdad de género y reclama especial atención a la próxima designación de la presidencia de la Sala Penal.

Santo Domingo, 3 de noviembre de 2026.- La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI), en el marco de su labor de vigilancia ciudadana de los procesos de selección de jueces y juezas de las altas cortes, presenta sus consideraciones sobre las recientes designaciones realizadas por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La ROI valora positivamente que la carrera judicial, la experiencia jurisdiccional y las trayectorias profesionales hayan tenido un peso significativo en las nuevas designaciones. De las seis personas seleccionadas, cinco provienen de la carrera judicial conforme al mandato constitucional.

La designación de Justiniano Montero Montero como presidente de la SCJ también pone de relieve la experiencia acumulada dentro de la institución y la importancia de la continuidad de la carrera judicial, constituyendo un reconocimiento a la profesionalización de la judicatura y a la importancia de que quienes han dedicado décadas al servicio de la justicia puedan acceder a las más altas responsabilidades del Poder Judicial.

Las designaciones de Diomedes Ydelfo Villalona Guerrero, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Antonia Josefina Grullón Blandino, Julio César Emilio Canó Alfau y Amaury Antonio Pimentel Fabián, incorporan al máximo tribunal ordinario profesionales con una amplia trayectoria en distintas jurisdicciones. Por su parte, la selección de Ylona María de la Rocha Camilo, procedente del ejercicio profesional y de la academia, aporta una experiencia complementaria a la de quienes han desarrollado su carrera dentro del Poder Judicial. Para ROI la incorporación de la magistrada Antonia Josefina Grullón Blandino representa una contribución importante a la diversidad de conocimientos y experiencias de la SCJ, por trayectoria en la jurisdicción especializada de niños, niñas y adolescentes.

Es fundamental reafirmar que los procesos de selección de jueces y juezas no pueden convertirse en competencias de popularidad ni mediáticas. El escrutinio público, la libertad de expresión y el debate sobre las candidaturas constituyen manifestaciones legítimas de la participación democrática; sin embargo, estas deben distinguirse de las actuaciones orientadas a condicionar las decisiones institucionales mediante presiones ajenas a los criterios constitucionales y legales de selección. En este contexto, la ROI reconoce la importancia de que las trayectorias construidas dentro de la carrera judicial hayan ocupado un lugar central en las decisiones del CNM.

No obstante estos aspectos positivos, la ROI advierte que la nueva composición de la SCJ continúa reflejando una importante desigualdad entre mujeres y hombres. La presencia de mujeres sigue siendo insuficiente para alcanzar una composición paritaria. Con 5 mujeres entre 17 integrantes de esta alta corte, la representación femenina alcanza apenas el 29.4 %, frente a un 70.6 % de hombres.

Esta distribución contrasta con la presencia mayoritaria de mujeres dentro de la judicatura dominicana y evidencia que su participación en la carrera judicial todavía no se traduce proporcionalmente en el acceso a los espacios de mayor jerarquía y responsabilidad. Se precisa reconocer las capacidades y trayectorias de las juezas para superar las barreras que históricamente han limitado su acceso a los más altos tribunales. La ROI considera necesario que los futuros procesos de evaluación y selección incorporen una perspectiva de género que permita examinar las desigualdades existentes y avanzar de manera efectiva hacia una justicia más representativa e igualitaria.

En otro orden, la ROI advierte que corresponde ahora al Pleno de la SCJ determinar la integración de sus salas y designar, entre sus integrantes, a quienes ejercerán sus respectivas presidencias. Particular atención merece la designación de la presidencia de la Segunda Sala, competente en materia penal, por la trascendencia de los asuntos sometidos a su conocimiento. En consecuencia, la ROI considera indispensable que la designación de su presidencia responda a criterios verificables de idoneidad, independencia, integridad, experiencia en materia penal y capacidad de dirección jurisdiccional.

La ROI mantendrá especial atención sobre esta decisión, convencida de que la vigilancia ciudadana no debe concluir con la selección de quienes integran las altas cortes, sino extenderse a las decisiones posteriores que inciden en su funcionamiento y en la confianza pública en la justicia.

Reafirmamos la importancia de la vigilancia ciudadana independiente de los procesos de selección de jueces y juezas como un mecanismo de fortalecimiento de la democracia. Asimismo, recordamos que las decisiones de CNM deben estar acompañadas de niveles adecuados de transparencia, publicidad y motivación, que permitan a la ciudadanía conocer y evaluar los fundamentos de las designaciones, por lo que reitera la importancia de la publicación de las actas y de las motivaciones de las decisiones adoptadas, particularmente en lo relativo a los criterios utilizados para valorar las candidaturas.

Finalmente, reiteramos que la observación ciudadana tiene como propósito es contribuir a que las decisiones públicas respondan a la Constitución, al ordenamiento jurídico y al interés general; por lo que la vigilancia ciudadana organizada constituye un contrapeso democrático que contribuye a preservar la autonomía de las instituciones y a fortalecer su legitimidad.

La Red reitera su compromiso con una justicia independiente, profesional, transparente, igualitaria y comprometida con los valores de la democracia constitucional.

Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI)
Santo Domingo, República Dominicana.

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Participación Ciudadana: 33 años construyendo ciudadanía

Desde su nacimiento en 1993, en medio de una profunda crisis de confianza en el sistema electoral dominicano, el movimiento cívico no partidista ha contribuido a fortalecer la democracia, promover la transparencia y consolidar una ciudadanía más activa y vigilante.

El 31 de octubre de 1993, un grupo de dominicanos y dominicanas se reunió con una convicción compartida: la construcción de una democracia sólida no podía quedar exclusivamente en manos de los partidos políticos, los gobernantes o los sectores de poder. La ciudadanía también debía tener voz, capacidad de organización e incidencia en las decisiones que definían el rumbo del país.

De aquella primera asamblea nació Participación Ciudadana, un movimiento cívico no partidista que, 33 años después, continúa trabajando por la transparencia, la justicia, el fortalecimiento institucional y el Estado de derecho en la República Dominicana.

Su surgimiento respondió a un contexto de profundas tensiones políticas. Las elecciones de 1990 habían dejado cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados y evidenciado la necesidad de fortalecer la institucionalidad electoral. Al mismo tiempo, distintos sectores sociales reclamaban superar prácticas clientelares y avanzar hacia una cultura política más democrática.

Miriam Díaz Santana, integrante del grupo fundador, recuerda que la organización nació con entusiasmo, pero también con plena conciencia de los desafíos que enfrentaba el país.

«Teníamos la decisión de que íbamos a hacer alguna contribución al país», expresa al recordar aquella primera asamblea.

La permanencia del movimiento durante más de tres décadas constituye, por sí misma, un aspecto relevante de su historia. Como explica Díaz Santana, muchas organizaciones que surgían para incidir en coyunturas políticas desaparecían una vez superadas las circunstancias que motivaban su creación. Participación Ciudadana, en cambio, logró consolidar una presencia sostenida en la vida pública dominicana.

De la desconfianza electoral a la vigilancia ciudadana

Uno de los primeros grandes desafíos de Participación Ciudadana fue contribuir a recuperar la confianza en los procesos electorales.

En 1994, cuando apenas llevaba unos meses de existencia, la organización comenzó a involucrarse en la observación de las elecciones, en un escenario marcado por denuncias de irregularidades y tensiones políticas que desembocaron en el acuerdo para acortar el período presidencial y celebrar nuevos comicios en 1996.

Fue precisamente en las elecciones de 1996 cuando el movimiento desarrolló una de sus primeras grandes experiencias de observación electoral organizada.

Desde entonces, Participación Ciudadana ha acompañado 15 procesos de observación electoral, movilizado a más de 59,000 personas voluntarias, elaborado alrededor de 40 informes y realizado nueve conteos rápidos de elecciones presidenciales.

Estos últimos desempeñaron un papel particularmente importante en una época en que la desconfianza hacia los resultados electorales era elevada.

Mediante una muestra científicamente seleccionada de mesas electorales, equipos de observadores registraban incidencias y resultados, permitiendo realizar estimaciones independientes que contribuían a dar confianza al proceso.

Díaz Santana recuerda que los conteos rápidos llegaron a convertirse en una referencia esperada por candidatos, autoridades electorales y ciudadanía. Incluso relata que, en determinadas elecciones, los centros de cómputos debían funcionar bajo estrictas medidas de reserva para proteger la información y garantizar la independencia del ejercicio.

Con el paso del tiempo, la modernización de los procesos electorales y la mayor rapidez en la publicación de resultados oficiales hicieron menos necesaria esta metodología.

La evolución de esa práctica refleja también una característica del movimiento: su capacidad para adaptar las herramientas de vigilancia ciudadana a las necesidades de cada etapa democrática.

Educación ciudadana: una contribución que trasciende generaciones

Aunque la observación electoral constituye una de sus labores más reconocidas, la formación ciudadana ha ocupado un lugar central en la trayectoria de Participación Ciudadana.

Para Miriam Díaz Santana, dedicada durante gran parte de su vida a la educación, este es uno de los aportes más significativos del movimiento.

Entre 2005 y 2012, la organización formó a 2,040 jóvenes en liderazgo político y contribuyó a capacitar a otros 4,673 dirigentes políticos mediante una red de multiplicadores.

Estos esfuerzos han buscado promover una comprensión más amplia de la democracia, basada no solamente en el ejercicio del voto, sino también en la participación, el pensamiento crítico, la convivencia y la responsabilidad frente a los asuntos públicos.

En la conversación conmemorativa, Participación Ciudadana es descrita como una escuela de democracia: un espacio donde las personas aprenden a escuchar, deliberar, construir consensos y trasladar esos valores a otros ámbitos de la sociedad.

Esta dimensión educativa constituye uno de los legados menos visibles, pero potencialmente más duraderos de la organización. Su influencia no se limita a las actividades que ejecuta, sino que también se expresa en las personas que, después de participar en sus iniciativas, continúan ejerciendo ciudadanía desde otros espacios.

Tres décadas de propuestas e incidencia institucional

A lo largo de su historia, Participación Ciudadana ha combinado la vigilancia y la denuncia con la elaboración de propuestas, el diálogo y la concertación.

Su participación en decenas de debates sobre reformas constitucionales, electorales, judiciales y legislativas ha contribuido a colocar las demandas de transparencia, independencia institucional y rendición de cuentas en la agenda pública.

La organización ha desarrollado acciones de incidencia relacionadas con las leyes electorales y de partidos, el sistema de justicia, los mecanismos de fiscalización de los recursos públicos y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

También ha dado seguimiento a procesos de selección de autoridades y jueces de las altas cortes, promoviendo criterios de transparencia, independencia e idoneidad.

Esta combinación de presión ciudadana y concertación constituye uno de los rasgos que definen su identidad.

Como plantea Díaz Santana, las sociedades avanzan mediante la construcción de acuerdos, incluso cuando estos no satisfacen plenamente las aspiraciones de todos los sectores.

La experiencia de Participación Ciudadana demuestra que la incidencia de la sociedad civil no depende únicamente de su capacidad para cuestionar decisiones, sino también de su disposición para formular alternativas y participar en los espacios donde pueden producirse transformaciones institucionales.

La lucha contra la corrupción y la construcción de memoria pública

Desde 2004, Participación Ciudadana es el capítulo dominicano de Transparencia Internacional, una vinculación que ha fortalecido su trabajo de prevención, investigación, denuncia e incidencia frente a la corrupción y la impunidad.

Durante estas décadas, la organización ha dado seguimiento a importantes procesos de corrupción administrativa, desarrollado investigaciones y promovido reformas relacionadas con la fiscalización, las compras y contrataciones públicas y los mecanismos de rendición de cuentas.

Entre sus aportes históricos destacan las investigaciones sobre la corrupción sin castigo, que documentaron procesos judiciales y contribuyeron a visibilizar los problemas de impunidad en el país.

Más recientemente, la institución ha fortalecido esta labor mediante el Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, que ha producido diez informes, y un repositorio público destinado a facilitar el acceso ciudadano a información sobre procesos de corrupción.

La producción de conocimiento ha sido otra constante de su trayectoria. Con más de 400 publicaciones, entre estudios, investigaciones, informes, análisis y herramientas de monitoreo, Participación Ciudadana ha contribuido a documentar acontecimientos, alimentar el debate público y preservar información relevante para la sociedad dominicana.

Este trabajo representa una contribución que trasciende la coyuntura.

En sociedades donde la memoria institucional suele ser frágil, documentar los hechos, registrar las actuaciones públicas y facilitar el acceso a información verificable permite que la ciudadanía conozca su historia y cuente con mejores herramientas para exigir responsabilidades.

Acercar la justicia a las comunidades

Otro de los aportes relevantes de Participación Ciudadana ha sido el impulso de las Casas Comunitarias de Justicia.

Concebidas para facilitar el acceso a servicios de orientación, mediación y resolución alternativa de conflictos, estas iniciativas han contribuido a acercar la justicia a las comunidades y promover una cultura de paz.

De acuerdo con los datos institucionales, alrededor de 650,000 personas han recibido atención a través de este modelo.

Con el tiempo, las Casas Comunitarias de Justicia adquirieron autonomía institucional, aunque conservan su origen como una iniciativa impulsada por Participación Ciudadana.

Su desarrollo ilustra una dimensión importante del trabajo del movimiento: la capacidad de promover proyectos que, una vez consolidados, pueden continuar ofreciendo servicios a la población mediante estructuras independientes.

En conjunto, Participación Ciudadana registra 109 proyectos ejecutados con el respaldo de más de 50 entidades nacionales e internacionales, en ámbitos que incluyen educación ciudadana, derechos humanos, participación política, fortalecimiento institucional, transparencia y justicia.

Una historia colectiva que continúa

Detrás de los informes, los proyectos y las cifras existe una historia construida por miles de personas.

Integrantes de la membresía, voluntarios, profesionales, organizaciones aliadas y generaciones de colaboradores han contribuido a sostener un movimiento cuya principal fortaleza ha sido la acción colectiva.

La independencia política, el compromiso con los principios democráticos y la participación voluntaria han sido elementos esenciales de su identidad.

A sus 33 años, Participación Ciudadana enfrenta un escenario distinto al que motivó su fundación.

La República Dominicana cuenta hoy con instituciones, normas y mecanismos de participación que han evolucionado durante las últimas décadas. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la corrupción, la calidad de la representación política, el fortalecimiento de la justicia, la transparencia en la gestión pública y la confianza ciudadana.

A estos se suman nuevas exigencias: ampliar la participación de las generaciones jóvenes, aprovechar las tecnologías para facilitar el acceso a información pública y fortalecer las capacidades de la ciudadanía para vigilar e incidir en las decisiones del Estado.

En ese contexto, uno de los principales retos del movimiento será continuar renovando sus formas de organización, comunicación e incidencia, sin perder los principios que dieron origen a su existencia.

Su experiencia acumulada, sus redes de voluntariado y su capacidad de producir información y articular propuestas constituyen una base importante para afrontar esta nueva etapa.

Pero quizás su mayor contribución sea haber ayudado a consolidar una idea fundamental: la democracia no se limita a elegir gobernantes cada cierto tiempo. También requiere ciudadanía organizada, instituciones sometidas al escrutinio público y personas dispuestas a participar en la construcción de soluciones colectivas.

Treinta y tres años después de aquella primera asamblea de octubre de 1993, Participación Ciudadana continúa reivindicando el principio que motivó su nacimiento: la democracia es una responsabilidad compartida.

Porque construir ciudadanía no es una tarea que se completa con un proyecto, una reforma o una elección.

Es un compromiso permanente con el país.

33 años construyendo ciudadanía. ¡Y vamos por más!

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PC analiza en su décimo informe el rechazo a la extinción automática en grandes casos de corrupción

El informe fue puesto en circulación durante el Segundo Espacio de Diálogo Multisectorial sobre Integridad Pública, dedicado a debatir los retos del nuevo Código Penal y la lucha contra la corrupción.

Santo Domingo, 7 de octubre de 2026.— Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, puso en circulación su Décimo Informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, dedicado al análisis de la decisión del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional que rechazó la solicitud de extinción de la acción penal en el proceso seguido a Jean Alain Rodríguez y compartes.

La presentación se realizó en el marco del Segundo Espacio de Diálogo Multisectorial sobre Integridad Pública, desarrollado como parte del proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en Centroamérica y el Caribe (FEDACC III). El encuentro reunió a especialistas y participantes de distintos sectores para reflexionar sobre las implicaciones del nuevo Código Penal para la justicia, las instituciones, las empresas y la ciudadanía.

Durante el diálogo fueron abordados aspectos como la investigación y persecución penal de la corrupción, la eficacia de las sanciones, el decomiso de bienes y la prescripción, así como el equilibrio entre el poder punitivo del Estado, el debido proceso y las garantías constitucionales. También se destacó la necesidad de fortalecer la comprensión ciudadana de las reformas jurídicas para favorecer un control social informado y efectivo.

El tiempo transcurrido no basta para extinguir un proceso

El Décimo Informe considera trascendente la decisión analizada porque establece que el solo transcurso del plazo máximo previsto por la ley no conduce automáticamente a la extinción de la acción penal. Corresponde a los tribunales evaluar integralmente las circunstancias que han incidido en la duración de cada proceso.

Entre los elementos que deben ser ponderados se encuentran la complejidad del caso, la actividad procesal de las partes, la conducta de las autoridades judiciales y las circunstancias que expliquen las demoras registradas.

El informe reconstruye la trayectoria del expediente y señala que, solo durante la etapa preliminar, se celebraron 99 audiencias, además de múltiples actuaciones posteriores ante distintos tribunales. Entre las causas de aplazamiento figuran reposiciones de plazos para garantizar el derecho de defensa, situaciones de salud, recusaciones, recursos, designaciones de defensas técnicas, fusiones de expedientes y otras incidencias procesales.

El tribunal determinó que, aunque el proceso superó el plazo legal establecido, no se comprobó una paralización injustificada atribuible a las autoridades judiciales que justificara su extinción. Consideró, por el contrario, que su duración ha estado relacionada con la complejidad del expediente, la multiplicidad de actuaciones y el ejercicio de las facultades procesales de las partes.

Ni dilaciones indefinidas ni extinciones automáticas

Participación Ciudadana reconoce que el derecho de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable constituye una garantía fundamental del debido proceso. Sin embargo, entiende que su aplicación debe armonizarse con la complejidad de cada expediente, el derecho de defensa y la obligación de los órganos jurisdiccionales de conocer y responder las actuaciones promovidas por las partes.

La organización sostiene que el objetivo debe ser que los procesos puedan llegar al conocimiento del fondo, permitiendo la presentación y valoración de las pruebas y una decisión judicial que determine, conforme al debido proceso, la culpabilidad o inocencia de las personas procesadas.

Por ello, Participación Ciudadana llamó a los órganos jurisdiccionales a avanzar hacia criterios consistentes y suficientemente motivados sobre la aplicación del plazo razonable y la extinción de la acción penal, preservando simultáneamente las garantías de las personas procesadas y el derecho de la sociedad a que los casos sean conocidos y decididos conforme a derecho.

El movimiento cívico reiteró que continuará dando seguimiento, a través de su Observatorio, a los grandes procesos de corrupción administrativa que cursan ante los tribunales dominicanos, como parte de sus esfuerzos para fortalecer la justicia, la transparencia y el acceso ciudadano a información sobre estos casos.

El Décimo Informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa puede consultarse en:
https://corrupcion.pciudadana.org/ediciones

Consejo Nacional
Participación Ciudadana
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ROI llama al CNM a garantizar independencia, carrera judicial, paridad y transparencia en la selección de jueces de la Suprema Corte

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) llamó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a garantizar independencia judicial, carrera judicial, paridad y transparencia en las evaluaciones de las personas preseleccionadas para ocupar las seis vacantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Al anunciar que observará el desarrollo del proceso, ROI sostuvo que la selección de quienes integrarán la Suprema y, particularmente, de quien habrá de presidirla, debe responder al mérito, la trayectoria, la integridad, la capacidad profesional y la independencia de criterio.

“La ciudadanía también debe poder confiar en la independencia de las personas seleccionadas. Cuanto mayor pueda ser la percepción de cercanía con el poder, mayores deben ser las garantías de objetividad y transparencia que rodeen la decisión”, expresó la organización.

ROI recordó además que el artículo 180 de la Constitución exige que las tres cuartas partes de los integrantes de la Suprema Corte provengan de la carrera judicial, por lo que exhortó al CNM a respetar estrictamente esa composición y a reconocer la formación, experiencia y trayectoria de quienes han dedicado años al ejercicio jurisdiccional.

La Red consideró también que el proceso constituye una oportunidad para avanzar en la paridad y en el acceso de las mujeres a los espacios de mayor liderazgo judicial. “La República Dominicana cuenta con profesionales del derecho y juezas de carrera con los méritos y la capacidad necesarios. Es tiempo de que una mujer sea considerada para presidir la Suprema Corte de Justicia”, sostuvo.

ROI recordó que recientemente el presidente Luis Abinader planteó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que ha llegado el momento de que una mujer ocupe la Secretaría General de la ONU, y sostuvo que ese principio de igualdad debe proyectarse también hacia las instituciones dominicanas.

“Si reconocemos que las mujeres deben acceder a los más altos espacios de liderazgo internacional, debemos garantizar también las condiciones para que puedan hacerlo en las instituciones dominicanas”, manifestó la Red.

En materia de transparencia, ROI reclamó la publicación oportuna de las actas del CNM, así como información sobre las objeciones presentadas y las razones por las cuales fueron rechazadas. Asimismo, insistió en que las reglas y criterios deben aplicarse de manera uniforme a todas las candidaturas, sin diferencias injustificadas en los niveles de escrutinio.

ROI informó que remitió al CNM una guía de preguntas y una matriz de evaluación para contribuir a una valoración objetiva de las candidaturas y anunció que dará seguimiento a las entrevistas y decisiones del Consejo.

“Promovemos una Suprema Corte independiente del poder político y de intereses particulares; que reconozca el mérito y la carrera judicial; en la que las mujeres puedan no solamente integrarla, sino también dirigirla; y cuya composición sea resultado de un proceso transparente, objetivo y debidamente motivado”, concluyó la Red.

DOCUMENTO TÉCNICO PRESENTADO POR ROI

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE JUECES DE LA SUPREMA CORTE

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) comparece ante la opinión pública con motivo del inicio de las evaluaciones de las personas preseleccionadas para ocupar las seis vacantes existentes en la Suprema Corte de Justicia.

ROI estará observando este proceso a partir de cuatro ejes fundamentales: independencia judicial, carrera judicial, paridad y transparencia.

En primer lugar, la independencia judicial debe ser una condición esencial de toda designación. La selección de quienes integrarán la Suprema Corte y, particularmente, de quien habrá de presidirla, debe estar libre de cualquier consideración ajena al mérito, la trayectoria, la integridad, la capacidad profesional y la independencia de criterio.

En un proceso de esta naturaleza la ciudadanía también debe poder confiar en la independencia de las personas seleccionadas. Por ello, cualquier relación profesional, personal, económica o institucional relevante entre una persona aspirante y quienes participan en su selección exige mayores garantías de objetividad y transparencia. Cuanto mayor pueda ser la percepción de cercanía con el poder, mayores deben ser las garantías que rodeen la decisión.

La Presidencia de la Suprema Corte de Justicia no es una posición de confianza del Poder Ejecutivo, de los partidos políticos ni de ningún sector particular. Quien presida la Suprema debe ofrecer garantías inequívocas de independencia.

En segundo lugar, ROI recuerda que la carrera judicial constituye un mandato constitucional. El artículo 180 de la Constitución dispone que las tres cuartas partes de los integrantes de la Suprema Corte deben ser seleccionadas entre jueces y juezas pertenecientes al sistema de carrera judicial, reservando la cuarta parte restante a profesionales del derecho, académicos o integrantes del Ministerio Público.

El CNM debe garantizar estrictamente esta composición. Pero fortalecer la carrera judicial significa también reconocer la formación, experiencia y trayectoria de quienes han dedicado años al ejercicio jurisdiccional y asegurarles una posibilidad real de alcanzar las más altas posiciones del Poder Judicial.

En tercer lugar, este proceso constituye una oportunidad para avanzar en la paridad entre mujeres y hombres. La República Dominicana cuenta con profesionales del derecho y con juezas de carrera con la formación, experiencia, trayectoria y méritos necesarios para asumir las más altas responsabilidades jurisdiccionales. Por ello, ROI entiende que es tiempo de que una mujer sea considerada para presidir la Suprema Corte de Justicia.

Hace pocos días, el presidente Luis Abinader afirmó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que ha llegado el momento de que una mujer ocupe la Secretaría General de esa organización. Ese principio de igualdad debe proyectarse también hacia nuestras propias instituciones. Si reconocemos que las mujeres deben acceder a los más altos espacios de liderazgo internacional, debemos garantizar también las condiciones para que puedan hacerlo en las instituciones dominicanas.

Esto significa reconocer que existen mujeres con los méritos, la carrera, el compromiso con la democracia y con los derechos humanos, así como la capacidad necesaria y que la igualdad debe alcanzar también los espacios donde se ejerce el poder.

Finalmente, ROI llama la atención sobre la necesidad de garantizar transparencia y debido proceso.

La ciudadanía tiene derecho a conocer las reglas del proceso, los criterios de evaluación, las decisiones adoptadas y, sobre todo, las razones que las sustentan. Hasta este momento se desconocen aspectos relevantes del proceso, entre ellos el contenido de las objeciones presentadas y las razones por las cuales fueron rechazadas. Asimismo, resulta indispensable la publicación oportuna de las actas del Consejo Nacional de la Magistratura.

La experiencia reciente de evaluación de los propios integrantes de la Suprema Corte demuestra la importancia de criterios objetivos y previamente establecidos. Tras ese proceso, la magistrada Pilar Jiménez Ortiz cuestionó que se hubieran utilizado para valorar su desempeño elementos que, según sostuvo, no se encontraban entre los criterios previstos en las normas aplicables, y advirtió sobre sus implicaciones para la independencia judicial.

Por ello, las reglas deben ser conocidas y aplicadas de manera uniforme a todas las personas aspirantes. No puede haber niveles de escrutinio diferentes sin justificación objetiva, preguntas rigurosas para unas candidaturas y complacientes para otras, ni criterios que aparezcan después de realizadas las evaluaciones.

ROI elaboró y envió el 15 de octubre de 2025 al CNM una guía de preguntas y una matriz de evaluación como herramientas para contribuir a una valoración objetiva de las candidaturas. Exhortamos al CNM a tomarlas en consideración y a evaluar aspectos esenciales como la independencia judicial, integridad, conflictos de interés, trayectoria, derechos fundamentales, igualdad y no discriminación, perspectiva de género y gestión judicial.

A partir de hoy, ROI estará observando las evaluaciones y las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura. Prestaremos especial atención al debido proceso, la objetividad de las entrevistas, el respeto a la carrera judicial, la composición constitucional de la Suprema Corte, la participación equilibrada de mujeres y hombres, la independencia judicial y la transparencia y motivación de las decisiones.

Promovemos una SCJ independiente del poder político y de intereses particulares; que reconozca el mérito y la carrera judicial; en la que las mujeres puedan no solamente integrarla, sino también dirigirla; y cuya composición sea el resultado de un proceso transparente, objetivo y debidamente motivado.

El Consejo Nacional de la Magistratura tiene ante sí una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

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PC solicita levantar la confidencialidad del acuerdo migratorio con Estados Unidos

República Dominicana firmó  el 12 de mayo de 2026 un memorando de entendimiento (MOU por sus siglas en inglés), con Estados Unidos, para permitirle el “ingreso temporal y excepcional” de un número limitado de nacionales extranjeros, deportados de Estados Unidos y en tránsito hacia sus países de origen, firma que ha levantado serios cuestionamientos por los problemas y riesgos que podría generar para nuestro país, por lo que Participación Ciudadana solicitó el 20 de mayo de 2026 que el mismo se hiciera público para poder entender su alcance.

Sin embargo, nos percatamos que la decisión del ministro de relaciones exteriores saliente fue aprobar la resolución No. 001-2026, de fecha 12 de mayo de 2026 que declara como confidencial el MOU y toda información relacionada.

Participación Ciudadana no entiende las razones que llevaron al Mirex a clasificar como confidencial este documento, sobre todo cuando el mismo es público en Estados Unidos.  Por razones de transparencia, Participación Ciudadana ha decidido subir en su página en internet el referido documento, para que la ciudadanía tenga acceso al mismo.

Informaciones en las redes señalan que una aeronave de ICE que salió de El Paso, Texas, aterrizó en el aeropuerto de San Isidro en la República Dominicana, sin que se tenga noticia oficial de si se trata de la ejecución del MOU y cuáles personas arribaron al país, cuál es su estatus migratorio, qué tiempo permanecerán en el país y en cuáles condiciones. Recordemos que los dominicanos que son deportados desde los Estados Unidos no están cubiertos por la confidencialidad, por lo que no entendemos por qué deberían estarlo los nacionales extranjeros ingresados a nuestro país amparados en el MOU.

El MOU no explica cuál es la contrapartida que recibirá la República Dominicana por aceptar en su territorio a estas personas de terceros países, por lo que entendemos que el Mirex debería ofrecer información al respecto.

Por tratarse de un tema migratorio, la ciudadanía tiene derecho a saber todos los detalles de este MOU y de la forma en que se está ejecutando, por lo que estamos solicitando al Ministerio de Relaciones Exteriores la revocación del carácter confidencial de dicho documento y sus detalles generales.

CONSEJO NACIONAL

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Delegación de Transparencia Internacional e IACC desarrolla agenda de trabajo en República Dominicana de cara a la Conferencia Internacional Anticorrupción 2026

Una delegación de alto nivel de Transparencia Internacional y de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC) realiza una agenda de trabajo en la República Dominicana con el propósito de fortalecer los preparativos para la 21.ª Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), que tendrá lugar del 1 al 4 de diciembre de 2026 en Punta Cana.

La misión está integrada por François Valérian, presidente de Transparencia Internacional; Rubén Lifuka, presidente de la IACC; Roberto Pérez Rocha, director de la Serie IACC e Iniciativas Globales; y Patricia Cobos, coordinadora de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Serie IACC.

Durante su estancia en el país, la delegación desarrolla una agenda de reuniones con representantes de organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, cuerpo diplomático y otros actores estratégicos, con el objetivo de promover la participación en la conferencia y fortalecer las alianzas que contribuirán al éxito de este importante encuentro internacional.

Como parte de esa agenda, la delegación sostuvo un encuentro con el Consejo Nacional y el equipo técnico de Participación Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional en la República Dominicana. Durante la reunión se intercambiaron impresiones sobre los avances de la organización de la conferencia y las oportunidades que representa para el país albergar el principal foro mundial dedicado a la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción.

La IACC reúne cada dos años a líderes de gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil, sector privado, academia, medios de comunicación y personas defensoras de la integridad de todo el mundo para compartir experiencias, promover soluciones innovadoras y fortalecer la cooperación internacional frente a los desafíos de la corrupción.

La edición de 2026 marcará un hito para la República Dominicana al convertirse en sede de este prestigioso encuentro global, consolidando al país como un espacio para el diálogo internacional sobre gobernanza democrática, transparencia y rendición de cuentas.

Como capítulo nacional de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana desempeña un papel fundamental en la organización y coordinación local de la conferencia, trabajando junto a Transparencia Internacional y la Secretaría de la IACC para hacer posible un evento que reunirá a cientos de participantes de distintos países y sectores.

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El Código Penal debe entrar en vigor cuando concluya el vacatio legis

Participación Ciudadana está consciente de las debilidades con que fue aprobado el Código Penal, que entra en vigencia en agosto de este año, pero entiende que no es buen precedente extender el plazo para su entrada en vigencia o vacatio legis, por lo que el mismo debería entrar en vigor cuando concluya dicho plazo.

La solución a las debilidades del Código Penal deberá producirse en cualquier momento y mientras más temprano mejor, incluso antes de su entrada en vigor, sea por obra del propio Congreso, que debería corregir sus errores con prontitud, como de la mano de decisiones del Tribunal Constitucional, que ya está apoderado de algunas de estas correcciones, como, por ejemplo, la inclusión de las tres causales como eximentes de responsabilidad penal en la interrupción del embarazo para proteger la salud y dignidad de las mujeres.

Lo mismo ocurre con la difamación e injuria, así como con el ultraje, que deben ser despenalizados para seguir la tendencial mundial, protegiendo de esa manera la libertad de expresión y difusión del pensamiento y el ejercicio del periodismo.

El Código Penal incorpora alrededor de 70 nuevos tipos penales en áreas tan sensibles como la violencia de género e intrafamiliar, como el feminicidio; cibercrímenes y delitos tecnológicos; delitos financieros y de corrupción; crímenes graves como los de lesa humanidad, genocidio, sicariato, auto secuestro, obstrucción de la justicia, entre otros.

En materia de corrupción, se sanciona la corrupción pública y se establece que la concurrencia de varias conductas que configuren varios tipos penales implicaría la imposición de todas las penas correspondientes a cada una de las infracciones. Igualmente se sanciona el tráfico de influencia, los conflictos de intereses, la alteración de precios, el acuerdo ilícito entre comerciantes, la obtención de beneficios por concesión dolosa de ventajas a terceros, la sobrevaluación ilegal, la distracción de recursos cometida por tercero con concurso de funcionario público, pago irregular por contratos administrativos, y se dispone que las infracciones contra el patrimonio público prescriben en un plazo de 20 años.

La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo ha estado trabajando en un anteproyecto de ley para corregir las deficiencias del nuevo Código Penal, por lo que esperamos conocer su contenido y se someta sin dilación al Congreso, que debería ser el más interesado en corregir sus propios errores.

Consejo Nacional

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Organizaciones debaten sobre los avances y desafíos de la democracia paritaria en República Dominicana


Santo Domingo. Participación Ciudadana, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), la Fundación Friedrich -Ebert-Stiftung, con el apoyo de y la Unión Europea, realizaron el encuentro “Democracia Paritaria: Avances, Retos y Desafíos”, un espacio de diálogo y reflexión sobre la participación política de las mujeres, la igualdad en la representación y los desafíos pendientes para avanzar hacia democracias más inclusivas.


La actividad se llevó a cabo en el Salón Barcelona-Berlín del Hotel Catalonia, en Santo Domingo, y reunió a lideresas políticas, académicas, activistas, representantes de organizaciones sociales y tomadoras de decisión nacionales e internacionales.
El encuentro contó con la participación de Martha Tagle Martínez, exsenadora mexicana y referente regional en materia de paridad, quien tuvo a su cargo la conferencia magistral. Asimismo, se desarrolló el panel “Democracia Paritaria: Avances, Retos y Desafíos”, con la participación de Milagros Ortiz Bosch, Minou Tavárez Mirabal, Josefina Arvelo Tejada y Syra Taveras Pineda, bajo la moderación de Estephany Encarnación.


Durante la jornada también fue presentado el proyecto “Laboratorio de Paridad: Fortaleciendo el liderazgo político de las mujeres en República Dominicana (Parity Lab)”, una iniciativa orientada a fortalecer el liderazgo político de las mujeres dominicanas, promover partidos más inclusivos y paritarios, e impulsar herramientas de transparencia, monitoreo e incidencia para avanzar hacia una representación política más equitativa.


Este lanzamiento del proyecto Laboratorio de Paridad se desarrolla en un contexto regional marcado por importantes avances en la participación política de las mujeres y, al mismo tiempo, por el fortalecimiento de resistencias políticas, culturales e institucionales que continúan limitando el ejercicio pleno de sus derechos.


Contempla, entre sus principales componentes, la plataforma “Después del Voto”, que dará seguimiento a propuestas legislativas, decisiones de congresistas y compromisos electorales vinculados con igualdad, inclusión y paridad; así como el Dashboard de Paridad, un tablero digital que recopilará y presentará información sobre representación política, brechas de género, liderazgo de mujeres y violencia política.


Asimismo, el proyecto impulsará la publicación Radiografía de la Paridad, campañas de datos y narrativas bajo la identidad “Más Mujeres, Más Democracia”, y consultas con mujeres políticas, jóvenes y actores clave del sistema electoral, con miras a contribuir a una reforma electoral más inclusiva, basada en evidencia y orientada a garantizar una representación política más justa, democrática y paritaria en la República Dominicana.


Con esta iniciativa, Participación Ciudadana, CIPAF, la Fundación Friedrich -Ebert-Stiftung y la Unión Europea reafirmaron su compromiso con fortalecer fortalecieron el debate público sobre la igualdad política de las mujeres y de aportar aportando a la construcción de una democracia dominicana más representativa, plural e inclusiva.

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ROI urge convocatoria de evaluación de jueces de la SCJ y advierte sobre lecciones del proceso 2025

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) llamó al Presidente de la República, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a convocar de manera inmediata el proceso de evaluación de los jueces y juezas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), cuyo período constitucional de siete años se cumplió el pasado 4 de abril.

La organización recordó que once magistrados y magistradas se encuentran pendientes de evaluación, etapa indispensable para determinar su permanencia o eventual sustitución en el cargo. ROI advirtió que la ausencia de convocatoria formal genera incertidumbre institucional y afecta la confianza pública en el sistema de justicia.

ROI enfatizó que la evaluación de desempeño es un mandato constitucional y una garantía de independencia judicial, señalando que, aunque no existe un plazo específico para la convocatoria, la Constitución establece que esta debe realizarse al término de los siete años desde la designación.

En ese contexto, la organización advirtió que el país llega a este nuevo proceso con importantes lecciones derivadas de la evaluación realizada en 2025, marcada por cuestionamientos sobre falta de transparencia, ausencia de motivación suficiente en las decisiones y uso de criterios no previstos en la normativa.

Asimismo, alertó sobre el riesgo de que algunos jueces y juezas opten por no someterse a evaluación, como reacción a experiencias previas —como las ocurridas a las magistradas Miriam Germán Brito y Pilar Jiménez— percibidas como injustas, discriminatorias y lesivas a la independencia judicial, lo que, a su juicio, compromete la legitimidad del sistema.

“Cuando quienes deben ser evaluados desconfían del proceso, lo que está en riesgo es la legitimidad de la justicia”, indicó la organización.

ROI reiteró que la evaluación judicial debe regirse por criterios objetivos, previamente establecidos y aplicados de manera transparente, con pleno respeto al debido proceso, la independencia judicial y la igualdad de género.

En el marco de la rueda de prensa, la organización puso a circular el Informe sobre el proceso de evaluación y selección de jueces y juezas de la SCJ y del TSE 2025, que recoge las incidencias del proceso anterior y propone medidas para fortalecer futuros procedimientos.

Finalmente, ROI recordó que, mientras no se realicen las evaluaciones de desempeño, no es posible convocar un proceso de selección de nuevos jueces y juezas, dado que actualmente no existen vacantes en la Suprema Corte de Justicia.

ROI está compuesto por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).

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Curso virtual “Democracia y Derechos Humanos: una mirada desde la Juventud”

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