Público objetivo:
El proyecto se desarrollará en Puerto Plata, Sosúa, Santiago de los Caballeros, y el Distrito Nacional, capital del país y donde se encuentra la sede del gobierno central.
La importancia de seleccionar estos territorios para el desarrollo del proyecto es porque en los mismos hay un gran flujo económico y turístico que atrae a personas de distintas comunidades, generándose constantes casos de abusos, discriminación y exclusión. Además, Participación Ciudadana tiene un trabajo comunitario reconocido con las organizaciones sociales y la población LGBTQI+ y existe una importante articulación como resultado de procesos anteriores con población en condición de vulnerabilidad.
Este proyecto se está llevando a cabo desde julio de 2022 con fecha de finalización enero 2023.
Actividades a realizar:
- Seis (6) talleres de capacitación para 150 líderes y activistas de la comunidad LGBTQI+
- Seis (6) Mesas de Diálogo con actores claves del sistema político, autoridades y la comunidad LGBTQI+
- Un (1) Foro Nacional por la participación de la comunidad LGBTQI+ en los procesos electorales.
- Guía para promover medidas que garanticen el derecho al voto y la participación política de las personas LGBTQI+
- Una campaña de sensibilización e incidencia.
- Reuniones de coordinación y seguimiento en los 4 municipios.
Resultados esperados
- Tener más líderes, lideresas y activistas de las comunidades LGBTQI+, capacitados para ejercer un mayor liderazgo en los procesos políticos.
- Espacios de participación e incidencia ciudadana para garantizar los derechos de la comunidad LGBTQI+.
- Mayor nivel de participación política de las comunidades LGBTQI+.
Guía Educativa para Promover Medidas que Garanticen el Derecho al Voto y la Participación Política de Personas LGBTQI+
Guía Educativa para Promover Medidas que Garanticen el Derecho al Voto y la Participación Política de Personas LGBTQI+
Esta guía tiene como objetivo contribuir a la participación política en igualdad de condiciones de las personas de la comunidad LGBTQI+, para que ejerzan un liderazgo activo en los procesos políticos, para garantizar derechos, eliminando las brechas, los estigmas y discriminación en los entornos comunitarios y espacios institucionales del Estado.