Violación constitucional, retroceso electoral, clientelismo, delincuencia y narcotráfico estuvieron presentes en el año que finaliza.
Participación Ciudadana presentó un balance del año 2010 en el que informó que el ámbito político nacional estuvo marcado este año por la celebración de las elecciones congresuales y municipales, proceso que registró un notable retroceso desde la elección y registro de candidatos hasta la jornada de votación y el escrutinio.
El Consejo Nacional de PC indicó que fue notorio que en esta ocasión las mayorías de las candidaturas de los partidos fueron señaladas por las cúpulas dirigenciales en detrimento de los convenciones de delegados y o de la votación de los militantes en elecciones primarias, lo que originó decenas de impugnaciones muchas de las cuales tuvieron que ser dirimidas por la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral (JCE).
La campaña electoral registró un desmesurado derroche de dinero en aras del clientelismo político que no respetó ni la jornada misma de votación, abuso generalizado de los recursos del Estado, abierta compra de votos y transfuguismo, todo lo cual fue reiteradas veces denunciado en los informes de la observación electoral que realizó Participación Ciudadana, pero también quedaron patentizados en las páginas de los diarios y los vídeos de televisión.
El Movimiento Cívico señaló que No pasó desapercibido que el presidente de la República utilizó todo sus poderes con el expreso propósito de lograr un Senado sin oposición, lo que consiguió en desproporción con la distribución de la votación.
“Aunque para ello la Cámara Contenciosa de la JCE tuvo que capitular en sus funciones, negando el derecho a verificar severas irregularidades que pudieron afectar el resultado de la voluntad popular por lo menos en la provincia de Pedernales”, expresó la Organización de la Sociedad Civil.
De esa forma esa institución deslució el valiente rol que había desempeñado en el proceso de registro de candidaturas cuando deshizo decenas de entuertos.
I.1Debilidad sistema de Partidos
La democracia interna del sistema partidista siguió dando signos de debilidad cuando los integrantes del Comité Central del partido de gobierno se auto-prolongaron por cinco años el período para el cual habían sido electos.
PC informó que dicha debilidad también se evidenció con las dificultades del principal partido de oposición para establecer las reglas y elegir la comisión que habrá de organizar las votaciones primarias para escoger su próximo candidato presidencial.
El incesante activismo político partidista quedó una vez más de manifiesto por cuanto apenas se conocieron los resultados de los comicios de mayo empezó la campaña de los aspirantes a las candidaturas presidenciales con alta inversión de recursos, sin la menor transparencia en sus orígenes y cuantía y sin que la JCE hiciera siquiera un llamado a la moderación, aunque uno de sus miembros elaboró un ante proyecto para intentar reglamentar las campañas internas de los partidos.
Pero el año concluye sin que se conociera el proyecto de ley de partidos políticos que ha sido consensuado repetidas veces a lo largo de los últimos 13 años con el objeto de fortalecer la democracia interna y transparentar el financiamiento y el gasto de partidos y candidatos, a pesar de que fue incorporado a los acuerdos pactados en mayo del 2009 por los dos partidos mayoritarios.
II. En el orden institucional
También en el orden institucional el 2010 deja un balance negativo a pesar de que se inició con la proclamación de una nueva Constitución de la República que registra importantes avances en la consignación de derechos ciudadanos, sociales y económicos.
Lamentablemente esa carta sustantiva quedó manchada por imposiciones retrógradas como la de la “inviolabilidad de la vida desde la concepción”, que desconoce derechos fundamentales de la mujer, por la ratificación del presidencialismo y por la unificación de las elecciones en un mismo año, entre otros aspectos.
Más grave aún es el hecho de que ya se registran por lo menos dos significativas violaciones a la nueva Constitución:
- Desconocimiento de la séptima disposición transitoria que, como era lógico, dispone que “Los actuales integrantes de la Junta Central Electoral permanecerán en sus funciones hasta la conformación de los nuevos órganos creados por la presente Constitución y la designación de sus incumbentes”.
- Violación del numeral 10 del artículo 63 que establece: “La inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país. La ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión”.
Como si eso no fuera suficiente la casi totalidad de los senadores, en un ejercicio de servilismo y genuflexión ante el presidencialismo, se sumaron al movimiento que procura la reelección del presidente Leonel Fernández en contradicción con el artículo 124 que establece que el primer mandatario “no podrá ser electo para el período constitucional siguiente”.
Santiago Sosa, coordinador general de PC, informó que otro retroceso en la institucionalidad democrática es la supresión del voto preferencial por los diputados dispuesta por la JCE en detrimento del derecho a elección, cuando la ciudadanía había venido reclamando su ampliación con el voto separado de los senadores.
Lo mismo puede decirse de la imposición de la mayoría congresual en la elección de los integrantes de la JCE y de la Cámara de Cuentas, atendiendo a intereses partidistas más que a las cualidades que deben caracterizar a los titulares de esas instituciones.
II.1 Justicia
En el orden judicial se produjeron algunas sentencias positivas como las condenas por la masacre de Paya o el amparo a favor de estudiantes suspendidos por una universidad privada en violación de sus derechos, aunque también hubo otras que fueron capitulaciones ante presiones como la ejercida por el presidente del Senado y secretario general del partido de gobierno frente al amparo solicitado por la Coalición por una Educación Digna ante la violación de la ley y el artículo constitucional que establecen la inversión mínima en educación.
Las sistemáticas denuncias de la corrupción y de involucramiento de los cuerpos de seguridad del Estado en el narcotráfico, el sicariato y la delincuencia en sus múltiples modalidades, la falta de transparencia y la impunidad y la prevalencia de altas tasas de ejecuciones policiales disfrazadas de “intercambios de disparos”, contribuyen al balance negativo en el orden institucional.
La ocurrencia de 126 asesinatos de mujeres, hasta mediados de diciembre, es otra tasa que cuestiona la convivencia social dominicana y los esfuerzos por proscribir taras como la violencia intrafamiliar y de género.
Al concluir el 2010, Participación Ciudadana deplora la carga de elementos negativos, pero también expresa su valoración por los avances en la generación de conciencia ciudadana y muy especialmente por el creciente protagonismo de agrupamientos juveniles en la reactivación de la sociedad civil, como ha quedado de manifiesto en la exitosa movilización por el 4 por ciento del PIB para la educación.-
III. Aspecto Económica
La República Dominicana ha logrado evadir muchos de los efectos de la crisis mundial, manteniendo alto crecimiento e inversiones públicas, pero solo de manera aparente, porque ha sido enrolándose, aunque con cierta tardanza, en la carrera de endeudamiento externo que promovieron los organismos internacionales desde el año 2008 para estimular la demanda y el comercio internacional.
Es en ese escenario que se inscribe el programa stand by que se firmó con el FMI en el último trimestre del 2009, que permitió la afluencia a la República Dominicana de muchos recursos externos, no sólo del propio Fondo sino también del BID y del Banco Mundial.
Esto posibilitó que el gobierno aumentara mucho la inversión pública y estimulara el crecimiento. De acuerdo con las cifras oficiales, el producto interno bruto (PIB) creció 7.6% en los primeros nueve meses, y terminaría por encima del siete por ciento en el año completo.
Sin embargo, tratando de sacar el máximo provecho a esta situación con miras a los resultados electorales de medio término, el gobierno extendió esta política más de lo previsto, concentrando el esfuerzo de inversión en los primeros meses, aumentando el subsidio al sector eléctrico y dejando de pagar al Banco Central los intereses pactados para ir saldando parte de la deuda resultante del fraude bancario de años anteriores.
Ante esta situación, el Acuerdo con el FMI entró en suspenso durante gran parte del año, lo que finalmente se resolvió, pero al costo de detener algunas de las obras públicas y sustraer recursos presupuestarios de importantes funciones sociales para cubrir subsidio eléctrico e intereses al Banco Central.
En adición, el mismo Banco Central ya comenzó a aplicar una política monetaria más restrictiva, elevando las tasas de interés de referencia, lo que indica que la alta tasa de crecimiento lograda no es sostenible en el contexto actual de crisis internacional.
De todas maneras, un crecimiento económico superior al 7% es considerablemente alto, y más si se toma en cuenta que se logró también con una gran estabilidad de precios. Al mes de octubre pasado el nivel medio de precios se había incrementado un 6.2% respecto al mismo mes del año anterior, y se estima que al terminar el año podría haberse verificado una inflación en un rango de 6% a 7%.
Al amparo de los grandes proyectos de inversión pública, de las fuertes entradas de capitales extranjeros, y a las bajas tasas de interés que estuvieron vigentes internamente, los sectores más favorecidos con el crecimiento fueron la construcción y el comercio, con tasas superiores al 10% hasta septiembre, así como el sector financiero y las comunicaciones. Pero los datos dicen que también hubo incrementos en la industria, exceptuando las zonas francas, en la agricultura y la electricidad.
Además de los grandes subsidios, un elemento distintivo de los gastos del actual gobierno es la gran concentración de las inversiones en pocas obras, y su localización geográfica en la ciudad de Santo Domingo, dejando en medio de gran abandono el resto de las provincias.
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS
