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El cuartel policial de Tamayo se cae a pedazos

Las condiciones de deterioro que presenta el destacamento de la Policía Nacional en el municipio de Tamayo son deplorables.

Se trata de una vieja casa alquilada donde cinco o seis agentes tienen que hacer frente a las carencias del local para intentar cumplir la misión de proteger la población de Tamayo, que alcanza casi los 10 mil habitantes.

Este destacamento carece de servicios básicos primordiales, tales  como buena iluminación interna, suministro de agua potable, así como unidades motorizadas para realizar las labores de patrullaje.

El piso está inservible, mientras que el techo de zinc está lleno de agujero, lo cual obliga a los agentes a mover sus camas de lugar cada vez que llueve.

Mientras que las paredes laterales están prácticamente en el suelo, ya que las tablas, con el tiempo, se han caído, al punto de que el lado izquierdo solo se sostiene por la pared de una estación de gasolina ubicada al lado.

También se  observó que faltan abanicos o un sistema de ventilación adecuado para que los agentes puedan soportar el calor, además de que las camas están en muy mal estado.

Los propios agentes están preocupados por la inseguridad del lugar, que  tampoco tiene un espacio adecuado para la recepción de querellas y denuncias de parte de los ciudadanos y la cárcel preventiva es de una sola celda,  carece de espacio y de higiene.

Munícipes de Tamayo califican la situación  como una vergüenza, ya que la parte frontal se nota en franco deterioro y en el interior los techos de madera se caen a pedazos. “Es insólito que a estas alturas Tamayo tenga un destacamento con semejantes condiciones, además es una vergüenza para esta población”, dijo el dirigente comunitario Felipe Méndez.

Teresa Peláez dijo que es una desconsideración hacia la comunidad y un abuso de la jefatura policial, mantener a los agentes en el lugar con condiciones tan indignas

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Participación Ciudadana llama al país a poner sus ojos sobre la Junta Central Electoral

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana llama al país a poner sus ojos sobre la Junta Central Electoral ya que, tanto la investigación realizada por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados como la destitución de José Ángel Aquino de la coordinación de la Comisión de Oficialías del Registro Civil, confirman que la Junta Central Electoral (JCE) tiene escasa existencia como organismo colegiado y democrático, y en el cual se consolida el autoritarismo y el silencio con posibles consecuencias imprevisibles y nefastas para el país.

La autonomía con que cuenta la JCE y su carácter de órgano constitucional, no le exonera del cumplimiento de las leyes, como parecería indicar su actitud de no querer someterse a la Constitución  y a las leyes que norman la transparencia, las compras y contrataciones públicas y el manejo financiero de los organismos del Estado.

“La prensa dominicana ha denunciado recientemente que la JCE ha gastado más de dos veces lo que tenía proyectado  desembolsar este año en viáticos y gastos de representación, y para agravar,  acaba de anunciar que proseguirá con el proyecto de sustitución de la cédula de identidad a pesar de que no se encuentra presupuestado para este año”, agregó la organización en su comunicado.

Indicó PC que, la JCE viola impunemente la Constitución de la República que establece que “ninguna erogación de fondos públicos será válida si no estuviera autorizada por la ley”,  y la Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06 que dispone que “las apropiaciones aprobadas por el Congreso de la República constituyen el límite máximo de gasto, sujeto a la disponibilidad efectiva de de los ingresos estimados”. Esta última ley señala expresamente que la misma se aplica a las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras, como lo es la JCE, que, sin embargo, pretende ejecutar un proyecto multimillonario para el cual el Congreso Nacional no ha aprobado ni recursos ni préstamos.

Además, PC advierte que mientras esto ocurre en la JCE, el Congreso Nacional hace caso omiso a su obligación constitucional de fiscalización y control, permitiendo que su autoridad y credibilidad ante la Nación se erosione aun más, pues se irrespetan en sus propias narices las leyes que aprueba, sin hacer nada al respecto.

El movimiento cívico apartidista manifestó que no se trata solamente de un tema de transparencia en el manejo de los recursos públicos o de institucionalidad en el cumplimiento de las leyes, sino que va mucho más lejos, ya que, para poder organizar elecciones con un mínimo de credibilidad, la Junta Central Electoral debe actuar con absoluta independencia e imparcialidad, y no cabe duda de que la credibilidad del organismo electoral se ha venido degradando hasta tal punto que ahora se cuestiona si vale la pena asistir u observar unas elecciones en estas condiciones.

Participación Ciudadana recuerda los ataques infundados que dirigió la JCE contra sus observadores en las pasadas elecciones, y de los cuales José Ángel Aquino fue parte, apoyando al presidente de la JCE. Sin embargo, no se trata de asuntos personales sino institucionales y la institución hace votos por que el  organismo electoral recupere su capacidad de disidencia interna, dentro de un espíritu de crítica sana y constructiva, que ahora está claramente censurado bajo pena de juicio político y destitución.

Una vez más, Participación Ciudadana advierte que para que exista una  verdadera democracia la ropa sucia debe ser lavada de cara a la Nación, ya que, si lo que se busca es no afectar la imagen del organismo electoral como garante de la identidad y la democracia,  la única alternativa es una actuación estrictamente apegada a las normas constitucionales y la legislación nacional.

Consejo Nacional
Agosto 18, 2013. 

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Para Que No Se Olvide

Ante la posible puesta en libertad condicional del señor Ramón Báez Figueroa, Participación Ciudadana se siente en el deber de refrescar nuestra memoria colectiva con relación a los hechos que llevaron a la cárcel a un grupo de banqueros hace cinco años, entre ellos, al señor Ramón Báez Figueroa.  Como movimiento cívico nacional, como representantes de Transparencia Internacional y como ciudadanos, no guardamos silencio en el 2003 ni lo haremos ahora, frente al escándalo de corrupción que más daño ha hecho al pueblo dominicano en toda su historia. En aquella ocasión, denunciamos la responsabilidad y posible complicidad de las autoridades nacionales, que por incontables años permitieron que se produjera tan enorme fraude. En estos momentos, no podemos sentirnos más defraudados y conmovidos por la facilidad con que las autoridades correspondientes del Banco Central y del Ministerio Público acceden a la petición de libertad de Báez Figueroa, otorgándole unas condiciones privilegiadas de las que no disfrutan miles de dominicanos y dominicanas que están privados de libertad.

Para que sirva como referencia, vale indicar que en Estados Unidos de América se descubrió hace unos años un caso similar, el fraude piramidal del señor Bernard Madoff, con el cual logró sustraer miles de millones de dólares, como BANINTER, pero el Señor Madoff se encuentra purgando 150 años de cárcel, y si algún día lograra salir en libertad, afuera lo estarían esperando numerosas personas, sus descendientes y herederos, para demandarlo por el robo del que fueron objeto, ya que Madoff  sigue debiendo el dinero porque, a diferencia de aquí, el Estado no pagó ni un centavo.

De nuestra publicación del 2005, CUESTIONES QUE DEBEMOS CONOCER Y NO OLVIDAR SOBRE LOS FRAUDES BANCARIOS, extraemos algunos párrafos ilustrativos:

“El 13 de mayo del 2003, el Lic. José Lois Malkún, entonces Gobernador del Banco Central, dirigió un discurso al país, desde el Palacio Nacional, dando a conocer la situación del BANINTER. El Gobernador del Banco Central dijo que desde 1989 el BANINTER puso en marcha un sistema de información que le permitía operar simultáneamente dos bancos: uno conocido para fines de supervisión bancaria y otro “clandestino” o paralelo cuyas cuentas y transacciones se mantenían ocultas, siendo conocidas  sólo por el principal accionista y unos pocos ejecutivos de BANINTER.

“Se denunció que: “funcionarios del BANINTER instruyeron a subalternos para que borrasen de los libros, prácticamente todos los sobregiros, adelantos de cartas de crédito y préstamos especiales y confidenciales que se habían otorgado al principal accionista del BANINTER, y a empresas y personas vinculadas al mismo. “La Comisión de Administración, nombrada por el Banco Central, informó que durante el período enero-marzo del 2003 fueron borrados casi 17 mil millones de pesos de los libros del BANINTER”, correspondientes a supuestos préstamos a favor de las empresas y personas allegadas al señor Báez Figueroa, incluyendo periódicos, canales de televisión, amigos  y familiares.  “El informe de la Comisión investigadora, y documentos del caso que se sigue a Luis Álvarez Renta en la ciudad de Miami, revelan que una parte considerable de esos recursos fueron utilizados para comprar divisas y destinarlas al pago de deudas en el exterior de las empresas vinculadas al principal accionista del BANINTER (Ramón Báez Figueroa) y a Luis Álvarez Renta, e incluso para gastos personales de este último.

Los beneficiarios del fraude fueron muchísimos, quienes a través de múltiples formas de dádivas fueron recibiendo porciones menores a las que se apropiaban los directivos de BANINTER, dependiendo de la capacidad de influencia que tuvieran las personas beneficiadas: políticos, periodistas, jueces, militares, etc. como una forma de ganar complicidad y apoyo que impidiera o dificultara la aplicación de la ley cuando el fraude se descubriera.

Según el informe elaborado por un panel de cuatro expertos internacionales, contratados para investigar las causas del colapso de los citados bancos, el común denominador fue: “…la existencia de operaciones no registradas que conformaron una significativa banca paralela oculta”. De igual modo, el panel señaló que: “el mecanismo principal para ocultar operaciones indebidas ha sido un fraude”.

“Los expertos definieron la operación como un ‘artilugio informático y contable para ocultar a las autoridades y al público en general una parte significativa de las operaciones del banco. El mecanismo utilizado en el BANCREDITO y el MERCANTIL sólo tenía ‘variaciones formales’ con relación al usado en el BANINTER”.

Contrario a la noticia inicial que se emitió, de que el fraude de BANINTER había sido de 55,000 millones de pesos, en la medida que se fue aclarando su monto resultó mayor, pues el Banco Central tuvo que pagar casi 80 mil millones de pesos, como se cita en el documento indicado, “Para el salvamento de todos los depositantes de los tres bancos colapsados, el Banco Central desembolsó RD$109,150 millones, una parte en dinero efectivo y otra en forma de Certificados de Inversión.” Corresponde a BANINTER la suma de 79,403 millones; a BANCREDITO 23,238 millones y al BANCO MERCANTIL, 6,509 millones.

¿COMO AFECTÓ EL FRAUDE BANCARIO AL PUEBLO DOMINICANO?

  • El crecimiento del PIB cayó desde 4.29% en el 2002 a –1.9% en el 2003 y el ingreso per cápita disminuyó drásticamente.
  • El salario real se redujo estrepitosamente, el desempleo se incrementó, más de un millón de dominicanos que ya habían superado su nivel de pobreza volvieron a caer en esa situación y muchos otros se acercaron a ese nivel. El salario real todavía hoy no se ha recuperado por completo y el nivel de pobreza sigue afectando a más del 40% de los hogares.
  • Como efecto de todo ello, el consumo privado se deprimió un 12.5% en el 2003, reflejando lo que sufrió el nivel de vida de la población, y afectando las actividades productivas.
  •  El tipo de cambio promedio anual se disparó desde 18.53 pesos por dólar en el 2002, a 30.27 en 2003, y a 47.70 a mediados de 2004.
  • La inflación creció desde un 11% al final del año 2002, a un 43% en 2003, y llegó a alcanzar un ritmo anual de 66% entre mayo del 2003, y el mismo mes del 2004, para estabilizarse después y cerrar en un 29% en 2004.

Para tener una idea del enorme impacto negativo causado por los citados fraudes bancarios en los niveles de pobreza del país, basta citar un documento denominado "Algunas Consideraciones Sobre la Situación de Pobreza del País" de la autoría del cuerpo de asesores del Gobernador del Banco Central, disponible en la página web del Banco desde el 06/08/13, en el cual se lee lo siguiente: "El porcentaje de pobreza general aumentó de 32% en el año 2000 a 49.8% en el 2004….mientras el subgrupo de pobreza extrema llegó a su punto máximo en el año 2005, duplicándose el porcentaje de la población en condiciones de indigencia con respecto al nivel de pre-crisis bancaria, alcanzando el 16.6% de la población en dicho año, como consecuencia directa de la crisis".

AUN SEGUIMOS VIVIENDO LOS EFECTOS DEL FRAUDE BANCARIO.

Diez años después de descubiertos los fraudes bancarios y cuando ya del pequeño grupo condenado por los tribunales, varios han salido y otros están solicitando libertad condicional, nuestro país sigue y seguirá sufriendo por muchos años los efectos de los más grandes delitos bancarios conocidos en el país y en la región.

Como consecuencia del rescate bancario dispuesto por el Estado, la deuda de BANINTER fue heredada por el Banco Central y, por tanto, por todos los dominicanos y dominicanas. Una parte de los altos intereses del rescate del fraude tiene que ser pagado cada año con recursos del presupuesto nacional, por medio de la ley de Capitalización del Banco Central, habiéndose pagado hasta el 2012 unos RD$80,181 millones, sin contar los de este año. Para afrontar los déficits creados por estos fraudes, el pueblo dominicano ha tenido que sufrir varias reformas tributarias y aún resta por pagar una suma cuantiosa que debería estar destinada a las escuelas, hospitales, sueldos de los policías, jueces, médicos y demás servidores públicos.

Pero eso no es todo, pues el principal de la deuda sigue creciendo y el monto de los valores adeudados por el Banco Central ya supera los RD$280 mil millones, hasta el pasado mes de julio del año en curso. Estos compromisos, que penden sobre los contribuyentes dominicanos, se estima que sólo durante el presente año, devengarán intereses por alrededor de RD$45 mil millones, en favor de los propietarios de dichos valores en circulación. La sociedad dominicana no ve en el horizonte fecha de término de esta deuda, que aparentemente seguirá afectando a nuestros descendientes por generaciones. Ninguna prisión va a restituir al pueblo dominicano los daños causados por estos banqueros y por todos aquellos que se beneficiaron con el derroche de dineros ajenos que protagonizaron Ramón Báez Figueroa y compartes. Pero este pueblo merece un poco de dignidad y respeto por parte de sus autoridades y, sobre todo, merece un ejemplo de que no está dispuesto a tolerar  o a tratar con manos de seda a quienes abusen de los recursos públicos, ya sean banqueros o funcionarios. El mensaje que recibe la población y, especialmente los jóvenes, sobre cuyos hombros recaerá el peso del principal de la deuda, es que por apropiarse miles de millones bien valen la pena unos pocos años en una cómoda cárcel.

Participación Ciudadana continuará dando seguimiento a este caso y está solicitando al Banco Central, amparado en la Ley de Libre Acceso a la Información, una copia del acuerdo económico al que ha llegado con Ramón Báez Figueroa y con otros banqueros fraudulentos. También estamos solicitando la lista de los beneficiarios de los pagos del Banco Central, ya que si todos somos herederos de la deuda que alegremente nos legaron estos banqueros, al menos es justo que sepamos por cuenta de quién las estamos pagando.

Al pueblo dominicano le hacemos un llamado a expresar por todos los medios a su alcance un rotundo rechazo a la impunidad y a los acuerdos ocultos, así como una firme decisión de seguir combatiendo la corrupción en todas sus expresiones.

Consejo Nacional
Agosto, 13, 2013

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CONSEJO POLICIAL RECOMENDÓ RETIRO DE 14 OFICIALES Y ALISTADOS Los policías compraron yipetas con botín de PP REVELAN CÓMO SUSTRAJERON Y ABRIERON DOS CAJAS FUERTES CON RD$60 MM

Interrogatorios. El Consejo Superior Policial elaboró un informe sobre los interrogatorios practicados con motivo del allanamiento sangriento que realizaron miembros de la institución en el residencial La Mulata III, en Sosúa Puerto Plata, copia del cual obtuvo LISTÍN DIARIO.

Aunque la Jefatura de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República dicen en su informe que no tienen evidencia de que dos cajas fuertes con más de 60 millones de pesos habrían sido robadas por agentes policiales, durante el sangriento allanamiento del residencial La Mulata III, en Sosúa, Puerto Plata, por lo menos seis de los policías investigados han reconocido la existencia de las cajas y a varios de ellos les han ocupado facturas y recibos de transacciones bancarias por sumas millonarias que no pueden justificar ante los investigadores.

El capitán Gerson Acosta Polanco es uno de los oficiales que confirman la existencia de las cajas donde presuntamente habían 60 millones de pesos en euros y dólares, según la investigación.

Según el interrogatorio, incluido en el informe del Consejo Superior Policial que recomendó los retiros y cancelaciones de 14 oficiales y alistados que participaron en el caso, copia del cual posee LISTIN DIARIO, el capitán Acosta Polanco dice que vio cuando los tenientes “Nilson Peña Encarnación y Stalin Castillo Basora, y el sargento Pedro Antonio Hernández, alias Maceta, sacaban dos cajas fuertes por la puerta de la cocina de la residencia del alemán Peter Brunck, y la montaron en una guagua de la Policía Científica, que era conducida por el teniente Juan María Toribio y lo acompañaban el teniente Sandy Ramón Ferreira”.

El oficial agrega que éstos dos últimos se dirigieron con las cajas, desde Sosúa hacia el cuartel de Puerto Plata, quedándose en el lugar los tenientes Nilson y Stalin y el sargento Maceta.

Según el capitán Gerson, “las cajas fueron violentadas y sus contenidos sustraídos por el teniente Stalin, miembro de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), quien laboraba en La Vega”.

El capitán Gerson dice que luego se encontró con el teniente Stalin en Puerto Plata y empezaron a hablar del caso. “Entonces me dijo que estaba bravo, porque sólo le “habían dado 20 mil pesos, y que todos los demás se repartieron dinero hasta para comprar yipetas”.

Una de las cajas fuertes, según el informe del Consejo Superior Policial, fue abierta en el municipio de Imbert, y que de allí salieron los policías con relojes, joyas y dinero para comprar yipetas. Reveló que un primer teniente de apellido Sánchez sustrajo un reloj y una pistola, pero luego cuando se inició la investigación depositó el reloj en la casa de guardia de la Inspectoría de Sosúa para que fueran entregado a la fiscal de Puerto Plata y que se quedó con el arma.

En sus declaraciones, el oficial mencionó que el primer teniente Toribio Minaya sustrajo un Ipad y otros objetos de las casas de los alemanes y que éste oficial dijo a uno de sus compañeros que participaron en el operativo que “aprendiera a robar como él”.

Vandalismo
El oficial dijo que la residencia del alemán Peter Bruck, el presunto jefe del grupo de extranjeros que residía en el conjunto de villas La Mulata III, fue saqueada al igual que otras viviendas. Tras realizar un recuento de los hechos y las razones que tenían las autoridades policiales y del ministerio público para realizar el allanamiento, el capitán Gerson, afirma que debido a la resistencia de los extranjeros fue al cuartel para conseguir bombas lacrimógenas, pero cuando regresó ya uno de los alemanes estaba muerto.

Relató que más adelante en la casa de Peter Brunck, donde ya estaban los fiscales Juan carlos y Montán, se inició un verdadero saqueo, y que la fiscal general de la provincia, Alba Núñez llegó mientras  se recolectaban evidencias sacando cosas de la casa para ponerlas en lugares específicos.

“Le dije al coronel Salcedo Santos que había que sacar policías de allí, porque había mucho desorden, me dijo que lo hiciera y así lo hice, pero seguían entrando y entonces le dije a la magistrada Núñez que me retiraba del lugar porque el allanamiento se había convertido en un pillaje, contestándome ésta que tratara de controlarlo y que no hubiera desorden”. El capitán Rafael Rodríguez Ceballos, quien fue cancelado y sometido a la justicia por su participación en los hechos, justificó que había comprado un yipeta Honda CRV, modelo 2011, por un millón de pesos, con un préstamo que solicitó la señora Ramona Confesora Rodríguez.

(+)
ROBARON DINERO Y PRENDAS PRECIOSAS

Entre los investigados, el teniente Víctor Manuel Martínez afirmó que una semana o diez días después escuchó los rumores de que en los allanamientos se robaron una gran cantidad de dinero y prendas de oro y piedras preciosas, y que esa misma semana habían trasladado al general Pablo Almonte Morales, el director regional; al coronel Raymundo de la Rosa Ogando, y al capitán Gerson Acosta, y que un mes y medio después el coronel Roberto Salcedo Santos le dijo que se juntaran con un informante, que resultó ser el sargento Hiraldo Martínez (Vaquerito), de la Fuerza Aérea, pero asignado a la Fuerza Agregada, de Sosúa, y éste les dijo que vio al sargento Josecito de la Rosa, ayudante del coronel De la Rosa Ogando, introduciendo objetos de los incautados en una camioneta de la Policía de Sosúa.

Además, que días después el capitán Acosta Polanco llamaba en forma amenazante al capitán Rodríguez Ceballos, que laboraba en el Dicrim, de Puerto Plata, diciéndole que “no lo tumbe”, porque el coronel De la Rosa Ogando le había entregado dos cajas fuertes al capitán Ceballos y que abrieron una en Imbert y la otra en el cuartel de Puerto Plata, pero que las dos estaban vacías, pero que el capitán Acosta y otros decían tenían dinero. Además que el coronel Ceballos le dijo que no tenía problemas y que el coronel Salcedo le recomendó que hiciera un informe que le llevó al general Net Bautista, director del Dintel, manifestándole éste general que no se preocupara que ya él tenía esas informaciones. En su querella Peter Brunck, propietario de la residencia saqueada, dijo que deseaba saber dónde estaban los 80 mil euros que tenía en una de las cajas fuertes para construir una escuela, y su bomba de insulina de 10 mil euros.

http://www.listindiario.com/la-republica/2013/8/8/287546/Los-policias-compraron-yipetas-con-botin-de-PP

 

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Jefe de la PN confirma tres generales fueron "sancionados" por desaparición de RD$60 MM

El dinero desapareció durante un allanamiento en Sosúa, Puerto Plata 

Tres generales de la Policía fueron “sancionados” por la desaparición de dos cajas fuertes con prendas preciosas y 60 millones de pesos durante el  allanamiento realizado a la casa de unos extranjeros en Sosúa, Puerto Plata. El dato fue confirmado por el jefe de la Policía.

Manuel Castro Castillo confirmó la información al ser entrevistado en el programa Zol de la Mañana, de la emisora Zol 106.5.

El allanamiento fue realizado  en el Proyecto Habitacional La Mulata III, de Sosúa, el 17 de octubre del año 2012. En la ocasión se dijo que los extranjeros tenían una red de tráfico de órganos, lo que nunca pudo confirmado.

Los generales investigados por el caso fueron  Ney Aldrín Bautista Almonte, Pablo R. Almonte Morales y Máximo Báez Aybar, quienes eran directores de Inteligencia Delictiva, Regional Norte e Investigaciones Criminales, señala, en tanto,  el portal diariometropolitano.net.

La investigación del caso, que incluyó la investigación de 25 miembros de la uniformada, fue realizada por el actual jefe de la Policía, quien para ese tiempo no estaba en el cargo.

De acuerdo al portal, que cita una fuente de entero crédito,  el general Báez Aybar fue sancionado con 10 días de arresto, sin perjuicio del servicio, por negligencia, falta de tacto y de control en el desempeño de sus funciones como director Central de Investigaciones Criminales, organismo que, a través de su subdirección en Puerto Plata, realizó el allanamiento, donde “desaparecieron” las cajas fuertes.

El día uno de julio fue quitado del cargo y nombrado jefe de la Región Sur con asiento en Barahona.

Igual sanción recibió el general Almonte Morales por actuar con falta de tacto, mando y control en sus funciones.

En cuanto al general Bautista Almonte, la información del diario señala que éste recibió una sanción disciplinaria consistente en una amonestación por escrito, según el informe, por no haber tomado los correctivos de lugar, tan pronto tuvo conocimiento del hecho.

La semana pasada, el Consejo Superior Policial recomendó al Poder Ejecutivo la cancelación y retiro forzoso de 14 miembros de la uniformada, entre ellos dos coroneles, luego de una investigación realizada en torno a la desaparición de varios millones de pesos durante un allanamiento realizado en Sosúa, Puerto Plata.

Junto a los coroneles, también se recomendó el retiro forzoso también de tres primeros tenientes y un segundo teniente. En tanto pidió la cancelación de un capitán, un primer teniente, un sargento mayor, tres sargentos  y dos rasos.

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Policía crea departamento de abogados para defender a miembros esa institución

CON ESTO SE PERSIGUE QUE LOS POLICÍAS SIENTAN EL APOYO PARA ACTUAR CON MÁS ENERGÍA EN SUS FUNCIONES

Alicia Soto

Santo Domingo

El jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo, anunció ayer la creación del Departamento de Defensoría Policial, como una dependencia de la Dirección Central de Asuntos Legales de la institución del orden.

Expresó que este departamento tendrá como misión asistir a los miembros policiales que  en el desempeño de sus funciones sean objeto de procesos penales derivados de sus actuaciones como “guardianes de la seguridad ciudadana”.

Explicó que esta dependencia contará con la consejería del jurista doctor Porfirio Rojas Mina y la coordinación estará a cargo del coronel Pedro Cordero Ubrí.

Mientras que el cuerpo de abogados defensores litigantes lo conforman  los abogados Freddy Castillo, Roselen Hernández Cepeda, Carlos Bartolomé Michel, Indira Tejeda Minyeti, Freddy Mateo Calderón, Héctor Coronado Martínez, Robert García, Ambiorix Arnaud, Miguel Castillo Sosa, Mauro Alcántara, y Eddy Amador.

Castro Castillo, tras valor la creación de este departamento, enfatizó que serán drásticos con los agentes policiales en caso de que violen las normas y la ética que están establecidas por la institución.

Dijo que con esto se persigue que los policías sientan el apoyo para actuar con más energía en sus funciones.

Fuente: http://www.listin.com.do/la-republica/2013/7/29/286324/Policia-crea-departamento-de-abogados-para-defender-a-miembros-esa

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Jefatura de la Policía Nacional informó de la creación del Departamento de Defensoría Policial, una dependencia de la Dirección Central de Asuntos Legales, para defender a los agentes que sean sometidos a la justicia por asuntos derivados de sus labores de combate al crimen.

El Departamento de Defensoría Policial fue aprobado por el Consejo Superior Policial, como parte del proceso de reforma y modernización del cuerpo del orden.

“Este departamento tendrá como misión asistir en sus medios de defensa a los miembros policiales que en el desempeño de sus funciones sean objeto de procesos penales derivados de sus actuaciones como fieles guardianes de la seguridad ciudadana”, explicó la jefatura de la PN, al mando del general Manuel Castro Castillo.

El coronel y abogado Dr. José Francisco García Lara, Director Central de Asuntos Legales, dijo que los abogados de la nueva entidad en todo momento estarán prestos a defender los derechos de los agentes policiales en toda la geografía nacional.

Detalló que la dependencia contará con la consejería  del Doctor Porfirio Rojas Nina, y su coordinación estará a cargo del coronel Lic. Pedro e. Cordero Ubrí.

Asimismo, el cuerpo de abogados litigantes lo integrarán el Dr. Freddy Castillo, y los licenciados Roselen Hernández Cepeda, Carlos Bartolomé Michel Nolasco, Yndira Elizabeth Tejeda Minyeti, Freddy Mateo Calderón, Héctor Francisco Coronado Martínez, Robert Alexander García Peralta, Ambiorix  Arno Contreras, Miguel A. Castillo Sosa, Mauro Alcántara Merán y Eddy Amador Valentín.

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Declaración ciudadana contra la corrupción y la impunidad "Paren eso"

Declaración ciudadana contra la corrupción y la impunidad

Mariano Germán Mejía,

Presidente de la  Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial;

Francisco Domínguez Brito,

Procurador General de la República.

Nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas nos dirigimos hoy a ustedes para exigir la aplicación de todo el peso de la ley a los servidores públicos que han utilizado los recursos públicos para su beneficio personal o el de su partido, traicionando la confianza del pueblo dominicano.

La corrupción es la peor forma de utilizar los recursos del Estado, es el peor gasto público, roba recursos para combatir la pobreza y es un obstáculo para el desarrollo de hombres y mujeres, además de lesionar el sistema democrático cuando este uso no es sólo individual sino partidario.

El Sistema de Justicia de esta República no puede permanecer indiferente ante un flagelo que está enriqueciendo a una pequeña parte de la clase política nacional a expensas de la miseria de la mayoría de la población; del histórico y vergonzoso desorden de las instituciones; y de la ineficiencia de servicios básicos como la educación, la salud, la seguridad, el agua potable, la electricidad y el transporte.

Nuestra sociedad conoce importantes y recientes ejemplos de robo y prevaricación de la propiedad colectiva, pues estos son registrados semana tras semana en los espacios periodísticos que, con un alto sentido de valentía y respeto por el imperio de la justicia,  denuncian con pruebas,  nombres y apellidos a los funcionarios y funcionarias que abusan de sus cargos  públicos para acumular beneficios privados.

Estos casos despiertan recurrentemente la indignación y el deseo de justicia de quienes aspiramos a vivir en una sociedad justa y respetuosa de su ley.

De igual forma, esta sociedad ve cómo Participación Ciudadana, la  Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCO), Ciudadanos Contra la Corrupción (C3), Alianza País y otras organizaciones cívicas y políticas se fundamentan en el artículo 146 de nuestra Carta Magna para ir más allá de la denuncia y someter a expresidentes, legisladores, ministros, exministros, alcaldes y otros funcionarios.

Estas muestras de responsabilidad y fiscalización ciudadana, sin embargo, contrastan a diario  con la  lamentable inercia  del Ministerio Público. El órgano facultado  por la Constitución para perseguir el delito en cualquiera de sus manifestaciones se muestra inflexible con el delincuente común de los barrios, pero mantiene una actitud pasiva frente a los grandes casos de corrupción que se denuncian  una y mil veces desde los medios informativos y las organizaciones cívicas.

El país ha visto la contundencia y la rapidez con que la Procuraduría puede sancionar a un alcaide de El Seibo por permitir irregularidades en un centro carcelario, mientras se ignora por completo a los responsables del déficit fiscal del 2012 y los informes de la Cámara de Cuentas donde se explica que en el mismo año hubo Ingresos Tributarios no ingresados al circuito presupuestario por montos que suman más de RD$1,300 millones.

El mismo Pleno de la Cámara de Cuentas entregó en abril a la justicia los resultados de las 54 auditorías después de confirmar que los principales funcionarios de esas instituciones violaron leyes que comprometen su responsabilidad legal. Las auditorías detectaron malversación y dispendio de recursos del pueblo dominicano por RD$4 mil millones en la administración pública, desde 2004 hasta el 2008. Sin embargo, la mayoría de estas auditorías se encuentran archivadas en la Dirección de la Persecución de la Corrupción Administrativa y en diferentes fiscalías del interior, sin que el Ministerio Público inicie acciones legales contra los funcionarios que elegidamente incurrieron en manejo indecoroso de los dineros públicos.

En los días recientes tampoco han despertado el brazo persecutor del Ministerio Público las fundamentadas denuncias de corrupción en el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI), ni la presunta irregularidad de la declaración jurada de bienes del doctor Marino Vinicio Castillo, titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

La indiferencia de la Procuraduría General de la República raya hoy en la complicidad, y hay que pararla.

La impunidad de los responsables de actos de corrupción agudiza el fenómeno, por cuanto estimula un círculo perverso de nuevas prácticas corruptas y de ostentación del enriquecimiento ilícito sin consecuencias penales, generando una cultura de prevaricación que corroe la calidad de gobierno y amenaza la convivencia pacífica de este pueblo.

Archivar grandes casos de corrupción es una práctica que jueces y juezas de la República mantienen vigente, obligando a la población a realizar juicios populares para, por lo menos, simular la aplicación de la ley. Pero este pueblo se merece mucho más que simulaciones. Esa impunidad hay que pararla.

Ustedes, en su calidad de rectores del sistema nacional de justicia, deben pararla. 

Sabemos que la tarea que les reclamamos no es fácil, por los grandes intereses económicos y políticos que se alimentan de la corrupción pública. Pero deben saber que la ciudadanía respaldará a las autoridades que se atrevan a hacer justicia imponiendo el castigo que manda la ley a quienes, con el hurto flagrante de los bienes colectivos, traicionan los principios que sustentan nuestra sociedad.

Nosotros y nosotras, los firmantes de este documento, les informamos que hoy damos inicio a una campaña nacional contra la corrupción y la impunidad. Y, en el marco de la misma, estamos dispuestos a apoyar  cualquier acción ciudadana o institucional que procure erradicar de una vez y para siempre una de las grandes lacras que obstaculizan el desarrollo pleno de República Dominicana.  No tengan dudas de que recibirán nuestro respaldo si deciden superar la pasividad actual del sistema de justicia y actuar en coincidencia con los mandatos de nuestra Carta Magna.

Señor presidente del Consejo del Poder Judicial, señor procurador general de la República, “Paren eso”, pongan un freno y un castigo ejemplar a los corruptos y corruptas que nos traicionan y empobrecen, y la inmensa mayoría de los dominicanos sabrá acompañarles y agradecerles.

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Paren eso

Declaración ciudadana contra la corrupción y la impunidad

Mariano Germán Mejía,
Presidente de la  Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial;

Francisco Domínguez Brito,
Procurador General de la República.

Nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas nos dirigimos hoy a ustedes para exigir la aplicación de todo el peso de la ley a los servidores públicos que han utilizado los recursos públicos para su beneficio personal o el de su partido, traicionando la confianza del pueblo dominicano.

La corrupción es la peor forma de utilizar los recursos del Estado, es el peor gasto público, roba recursos para combatir la pobreza y es un obstáculo para el desarrollo de hombres y mujeres, además de lesionar el sistema democrático cuando este uso no es sólo individual sino partidario.

El Sistema de Justicia de esta República no puede permanecer indiferente ante un flagelo que está enriqueciendo a una pequeña parte de la clase política nacional a expensas de la miseria de la mayoría de la población; del histórico y vergonzoso desorden de las instituciones; y de la ineficiencia de servicios básicos como la educación, la salud, la seguridad, el agua potable, la electricidad y el transporte.

Nuestra sociedad conoce importantes y recientes ejemplos de robo y prevaricación de la propiedad colectiva, pues estos son registrados semana tras semana en los espacios periodísticos que, con un alto sentido de valentía y respeto por el imperio de la justicia,  denuncian con pruebas,  nombres y apellidos a los funcionarios y funcionarias que abusan de sus cargos  públicos para acumular beneficios privados.

Estos casos despiertan recurrentemente la indignación y el deseo de justicia de quienes aspiramos a vivir en una sociedad justa y respetuosa de su ley.

De igual forma, esta sociedad ve cómo Participación Ciudadana, la  Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCO), Ciudadanos Contra la Corrupción (C3), Alianza País y otras organizaciones cívicas y políticas se fundamentan en el artículo 146 de nuestra Carta Magna para ir más allá de la denuncia y someter a expresidentes, legisladores, ministros, exministros, alcaldes y otros funcionarios.

Estas muestras de responsabilidad y fiscalización ciudadana, sin embargo, contrastan a diario  con la  lamentable inercia  del Ministerio Público. El órgano facultado  por la Constitución para perseguir el delito en cualquiera de sus manifestaciones se muestra inflexible con el delincuente común de los barrios, pero mantiene una actitud pasiva frente a los grandes casos de corrupción que se denuncian  una y mil veces desde los medios informativos y las organizaciones cívicas.

El país ha visto la contundencia y la rapidez con que la Procuraduría puede sancionar a un alcaide de El Seibo por permitir irregularidades en un centro carcelario, mientras se ignora por completo a los responsables del déficit fiscal del 2012 y los informes de la Cámara de Cuentas donde se explica que en el mismo año hubo Ingresos Tributarios no ingresados al circuito presupuestario por montos que suman más de RD$1,300 millones.

El mismo Pleno de la Cámara de Cuentas entregó en abril a la justicia los resultados de las 54 auditorías después de confirmar que los principales funcionarios de esas instituciones violaron leyes que comprometen su responsabilidad legal. Las auditorías detectaron malversación y dispendio de recursos del pueblo dominicano por RD$4 mil millones en la administración pública, desde 2004 hasta el 2008. Sin embargo, la mayoría de estas auditorías se encuentran archivadas en la Dirección de la Persecución de la Corrupción Administrativa y en diferentes fiscalías del interior, sin que el Ministerio Público inicie acciones legales contra los funcionarios que elegidamente incurrieron en manejo indecoroso de los dineros públicos.

En los días recientes tampoco han despertado el brazo persecutor del Ministerio Público las fundamentadas denuncias de corrupción en el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI), ni la presunta irregularidad de la declaración jurada de bienes del doctor Marino Vinicio Castillo, titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

La indiferencia de la Procuraduría General de la República raya hoy en la complicidad, y hay que pararla.

La impunidad de los responsables de actos de corrupción agudiza el fenómeno, por cuanto estimula un círculo perverso de nuevas prácticas corruptas y de ostentación del enriquecimiento ilícito sin consecuencias penales, generando una cultura de prevaricación que corroe la calidad de gobierno y amenaza la convivencia pacífica de este pueblo.

Archivar grandes casos de corrupción es una práctica que jueces y juezas de la República mantienen vigente, obligando a la población a realizar juicios populares para, por lo menos, simular la aplicación de la ley. Pero este pueblo se merece mucho más que simulaciones. Esa impunidad hay que pararla.

Ustedes, en su calidad de rectores del sistema nacional de justicia, deben pararla.

Sabemos que la tarea que les reclamamos no es fácil, por los grandes intereses económicos y políticos que se alimentan de la corrupción pública. Pero deben saber que la ciudadanía respaldará a las autoridades que se atrevan a hacer justicia imponiendo el castigo que manda la ley a quienes, con el hurto flagrante de los bienes colectivos, traicionan los principios que sustentan nuestra sociedad.

Nosotros y nosotras, los firmantes de este documento, les informamos que hoy damos inicio a una campaña nacional contra la corrupción y la impunidad. Y, en el marco de la misma, estamos dispuestos a apoyar  cualquier acción ciudadana o institucional que procure erradicar de una vez y para siempre una de las grandes lacras que obstaculizan el desarrollo pleno de República Dominicana.  No tengan dudas de que recibirán nuestro respaldo si deciden superar la pasividad actual del sistema de justicia y actuar en coincidencia con los mandatos de nuestra Carta Magna.

Señor presidente del Consejo del Poder Judicial, señor procurador general de la República, “Paren eso”, pongan un freno y un castigo ejemplar a los corruptos y corruptas que nos traicionan y empobrecen, y la inmensa mayoría de los dominicanos sabrá acompañarles y agradecerles.

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