Interrogatorios. El Consejo Superior Policial elaboró un informe sobre los interrogatorios practicados con motivo del allanamiento sangriento que realizaron miembros de la institución en el residencial La Mulata III, en Sosúa Puerto Plata, copia del cual obtuvo LISTÍN DIARIO.

Aunque la Jefatura de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República dicen en su informe que no tienen evidencia de que dos cajas fuertes con más de 60 millones de pesos habrían sido robadas por agentes policiales, durante el sangriento allanamiento del residencial La Mulata III, en Sosúa, Puerto Plata, por lo menos seis de los policías investigados han reconocido la existencia de las cajas y a varios de ellos les han ocupado facturas y recibos de transacciones bancarias por sumas millonarias que no pueden justificar ante los investigadores.

El capitán Gerson Acosta Polanco es uno de los oficiales que confirman la existencia de las cajas donde presuntamente habían 60 millones de pesos en euros y dólares, según la investigación.

Según el interrogatorio, incluido en el informe del Consejo Superior Policial que recomendó los retiros y cancelaciones de 14 oficiales y alistados que participaron en el caso, copia del cual posee LISTIN DIARIO, el capitán Acosta Polanco dice que vio cuando los tenientes “Nilson Peña Encarnación y Stalin Castillo Basora, y el sargento Pedro Antonio Hernández, alias Maceta, sacaban dos cajas fuertes por la puerta de la cocina de la residencia del alemán Peter Brunck, y la montaron en una guagua de la Policía Científica, que era conducida por el teniente Juan María Toribio y lo acompañaban el teniente Sandy Ramón Ferreira”.

El oficial agrega que éstos dos últimos se dirigieron con las cajas, desde Sosúa hacia el cuartel de Puerto Plata, quedándose en el lugar los tenientes Nilson y Stalin y el sargento Maceta.

Según el capitán Gerson, “las cajas fueron violentadas y sus contenidos sustraídos por el teniente Stalin, miembro de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), quien laboraba en La Vega”.

El capitán Gerson dice que luego se encontró con el teniente Stalin en Puerto Plata y empezaron a hablar del caso. “Entonces me dijo que estaba bravo, porque sólo le “habían dado 20 mil pesos, y que todos los demás se repartieron dinero hasta para comprar yipetas”.

Una de las cajas fuertes, según el informe del Consejo Superior Policial, fue abierta en el municipio de Imbert, y que de allí salieron los policías con relojes, joyas y dinero para comprar yipetas. Reveló que un primer teniente de apellido Sánchez sustrajo un reloj y una pistola, pero luego cuando se inició la investigación depositó el reloj en la casa de guardia de la Inspectoría de Sosúa para que fueran entregado a la fiscal de Puerto Plata y que se quedó con el arma.

En sus declaraciones, el oficial mencionó que el primer teniente Toribio Minaya sustrajo un Ipad y otros objetos de las casas de los alemanes y que éste oficial dijo a uno de sus compañeros que participaron en el operativo que “aprendiera a robar como él”.

Vandalismo
El oficial dijo que la residencia del alemán Peter Bruck, el presunto jefe del grupo de extranjeros que residía en el conjunto de villas La Mulata III, fue saqueada al igual que otras viviendas. Tras realizar un recuento de los hechos y las razones que tenían las autoridades policiales y del ministerio público para realizar el allanamiento, el capitán Gerson, afirma que debido a la resistencia de los extranjeros fue al cuartel para conseguir bombas lacrimógenas, pero cuando regresó ya uno de los alemanes estaba muerto.

Relató que más adelante en la casa de Peter Brunck, donde ya estaban los fiscales Juan carlos y Montán, se inició un verdadero saqueo, y que la fiscal general de la provincia, Alba Núñez llegó mientras  se recolectaban evidencias sacando cosas de la casa para ponerlas en lugares específicos.

“Le dije al coronel Salcedo Santos que había que sacar policías de allí, porque había mucho desorden, me dijo que lo hiciera y así lo hice, pero seguían entrando y entonces le dije a la magistrada Núñez que me retiraba del lugar porque el allanamiento se había convertido en un pillaje, contestándome ésta que tratara de controlarlo y que no hubiera desorden”. El capitán Rafael Rodríguez Ceballos, quien fue cancelado y sometido a la justicia por su participación en los hechos, justificó que había comprado un yipeta Honda CRV, modelo 2011, por un millón de pesos, con un préstamo que solicitó la señora Ramona Confesora Rodríguez.

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ROBARON DINERO Y PRENDAS PRECIOSAS
Entre los investigados, el teniente Víctor Manuel Martínez afirmó que una semana o diez días después escuchó los rumores de que en los allanamientos se robaron una gran cantidad de dinero y prendas de oro y piedras preciosas, y que esa misma semana habían trasladado al general Pablo Almonte Morales, el director regional; al coronel Raymundo de la Rosa Ogando, y al capitán Gerson Acosta, y que un mes y medio después el coronel Roberto Salcedo Santos le dijo que se juntaran con un informante, que resultó ser el sargento Hiraldo Martínez (Vaquerito), de la Fuerza Aérea, pero asignado a la Fuerza Agregada, de Sosúa, y éste les dijo que vio al sargento Josecito de la Rosa, ayudante del coronel De la Rosa Ogando, introduciendo objetos de los incautados en una camioneta de la Policía de Sosúa.

Además, que días después el capitán Acosta Polanco llamaba en forma amenazante al capitán Rodríguez Ceballos, que laboraba en el Dicrim, de Puerto Plata, diciéndole que “no lo tumbe”, porque el coronel De la Rosa Ogando le había entregado dos cajas fuertes al capitán Ceballos y que abrieron una en Imbert y la otra en el cuartel de Puerto Plata, pero que las dos estaban vacías, pero que el capitán Acosta y otros decían tenían dinero. Además que el coronel Ceballos le dijo que no tenía problemas y que el coronel Salcedo le recomendó que hiciera un informe que le llevó al general Net Bautista, director del Dintel, manifestándole éste general que no se preocupara que ya él tenía esas informaciones. En su querella Peter Brunck, propietario de la residencia saqueada, dijo que deseaba saber dónde estaban los 80 mil euros que tenía en una de las cajas fuertes para construir una escuela, y su bomba de insulina de 10 mil euros.

http://www.listindiario.com/la-republica/2013/8/8/287546/Los-policias-compraron-yipetas-con-botin-de-PP

El dinero desapareció durante un allanamiento en Sosúa, Puerto Plata 

Tres generales de la Policía fueron “sancionados” por la desaparición de dos cajas fuertes con prendas preciosas y 60 millones de pesos durante el  allanamiento realizado a la casa de unos extranjeros en Sosúa, Puerto Plata. El dato fue confirmado por el jefe de la Policía.

Manuel Castro Castillo confirmó la información al ser entrevistado en el programa Zol de la Mañana, de la emisora Zol 106.5.

El allanamiento fue realizado  en el Proyecto Habitacional La Mulata III, de Sosúa, el 17 de octubre del año 2012. En la ocasión se dijo que los extranjeros tenían una red de tráfico de órganos, lo que nunca pudo confirmado.

Los generales investigados por el caso fueron  Ney Aldrín Bautista Almonte, Pablo R. Almonte Morales y Máximo Báez Aybar, quienes eran directores de Inteligencia Delictiva, Regional Norte e Investigaciones Criminales, señala, en tanto,  el portal diariometropolitano.net.

La investigación del caso, que incluyó la investigación de 25 miembros de la uniformada, fue realizada por el actual jefe de la Policía, quien para ese tiempo no estaba en el cargo.

De acuerdo al portal, que cita una fuente de entero crédito,  el general Báez Aybar fue sancionado con 10 días de arresto, sin perjuicio del servicio, por negligencia, falta de tacto y de control en el desempeño de sus funciones como director Central de Investigaciones Criminales, organismo que, a través de su subdirección en Puerto Plata, realizó el allanamiento, donde “desaparecieron” las cajas fuertes.

El día uno de julio fue quitado del cargo y nombrado jefe de la Región Sur con asiento en Barahona.

Igual sanción recibió el general Almonte Morales por actuar con falta de tacto, mando y control en sus funciones.

En cuanto al general Bautista Almonte, la información del diario señala que éste recibió una sanción disciplinaria consistente en una amonestación por escrito, según el informe, por no haber tomado los correctivos de lugar, tan pronto tuvo conocimiento del hecho.

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CON ESTO SE PERSIGUE QUE LOS POLICÍAS SIENTAN EL APOYO PARA ACTUAR CON MÁS ENERGÍA EN SUS FUNCIONES

Alicia Soto

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Jefatura de la Policía Nacional informó de la creación del Departamento de Defensoría Policial, una dependencia de la Dirección Central de Asuntos Legales, para defender a los agentes que sean sometidos a la justicia por asuntos derivados de sus labores de combate al crimen.

El Departamento de Defensoría Policial fue aprobado por el Consejo Superior Policial, como parte del proceso de reforma y modernización del cuerpo del orden.

“Este departamento tendrá como misión asistir en sus medios de defensa a los miembros policiales que en el desempeño de sus funciones sean objeto de procesos penales derivados de sus actuaciones como fieles guardianes de la seguridad ciudadana”, explicó la jefatura de la PN, al mando del general Manuel Castro Castillo.

El coronel y abogado Dr. José Francisco García Lara, Director Central de Asuntos Legales, dijo que los abogados de la nueva entidad en todo momento estarán prestos a defender los derechos de los agentes policiales en toda la geografía nacional.

Detalló que la dependencia contará con la consejería  del Doctor Porfirio Rojas Nina, y su coordinación estará a cargo del coronel Lic. Pedro e. Cordero Ubrí.

Asimismo, el cuerpo de abogados litigantes lo integrarán el Dr. Freddy Castillo, y los licenciados Roselen Hernández Cepeda, Carlos Bartolomé Michel Nolasco, Yndira Elizabeth Tejeda Minyeti, Freddy Mateo Calderón, Héctor Francisco Coronado Martínez, Robert Alexander García Peralta, Ambiorix  Arno Contreras, Miguel A. Castillo Sosa, Mauro Alcántara Merán y Eddy Amador Valentín.

Declaración ciudadana contra la corrupción y la impunidad

Mariano Germán Mejía,

Presidente de la  Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial;

Francisco Domínguez Brito,

Procurador General de la República.

Nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas nos dirigimos hoy a ustedes para exigir la aplicación de todo el peso de la ley a los servidores públicos que han utilizado los recursos públicos para su beneficio personal o el de su partido, traicionando la confianza del pueblo dominicano.

La corrupción es la peor forma de utilizar los recursos del Estado, es el peor gasto público, roba recursos para combatir la pobreza y es un obstáculo para el desarrollo de hombres y mujeres, además de lesionar el sistema democrático cuando este uso no es sólo individual sino partidario.

El Sistema de Justicia de esta República no puede permanecer indiferente ante un flagelo que está enriqueciendo a una pequeña parte de la clase política nacional a expensas de la miseria de la mayoría de la población; del histórico y vergonzoso desorden de las instituciones; y de la ineficiencia de servicios básicos como la educación, la salud, la seguridad, el agua potable, la electricidad y el transporte.

Nuestra sociedad conoce importantes y recientes ejemplos de robo y prevaricación de la propiedad colectiva, pues estos son registrados semana tras semana en los espacios periodísticos que, con un alto sentido de valentía y respeto por el imperio de la justicia,  denuncian con pruebas,  nombres y apellidos a los funcionarios y funcionarias que abusan de sus cargos  públicos para acumular beneficios privados.

Estos casos despiertan recurrentemente la indignación y el deseo de justicia de quienes aspiramos a vivir en una sociedad justa y respetuosa de su ley.

De igual forma, esta sociedad ve cómo Participación Ciudadana, la  Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCO), Ciudadanos Contra la Corrupción (C3), Alianza País y otras organizaciones cívicas y políticas se fundamentan en el artículo 146 de nuestra Carta Magna para ir más allá de la denuncia y someter a expresidentes, legisladores, ministros, exministros, alcaldes y otros funcionarios.

Estas muestras de responsabilidad y fiscalización ciudadana, sin embargo, contrastan a diario  con la  lamentable inercia  del Ministerio Público. El órgano facultado  por la Constitución para perseguir el delito en cualquiera de sus manifestaciones se muestra inflexible con el delincuente común de los barrios, pero mantiene una actitud pasiva frente a los grandes casos de corrupción que se denuncian  una y mil veces desde los medios informativos y las organizaciones cívicas.

El país ha visto la contundencia y la rapidez con que la Procuraduría puede sancionar a un alcaide de El Seibo por permitir irregularidades en un centro carcelario, mientras se ignora por completo a los responsables del déficit fiscal del 2012 y los informes de la Cámara de Cuentas donde se explica que en el mismo año hubo Ingresos Tributarios no ingresados al circuito presupuestario por montos que suman más de RD$1,300 millones.

El mismo Pleno de la Cámara de Cuentas entregó en abril a la justicia los resultados de las 54 auditorías después de confirmar que los principales funcionarios de esas instituciones violaron leyes que comprometen su responsabilidad legal. Las auditorías detectaron malversación y dispendio de recursos del pueblo dominicano por RD$4 mil millones en la administración pública, desde 2004 hasta el 2008. Sin embargo, la mayoría de estas auditorías se encuentran archivadas en la Dirección de la Persecución de la Corrupción Administrativa y en diferentes fiscalías del interior, sin que el Ministerio Público inicie acciones legales contra los funcionarios que elegidamente incurrieron en manejo indecoroso de los dineros públicos.

En los días recientes tampoco han despertado el brazo persecutor del Ministerio Público las fundamentadas denuncias de corrupción en el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI), ni la presunta irregularidad de la declaración jurada de bienes del doctor Marino Vinicio Castillo, titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

La indiferencia de la Procuraduría General de la República raya hoy en la complicidad, y hay que pararla.

La impunidad de los responsables de actos de corrupción agudiza el fenómeno, por cuanto estimula un círculo perverso de nuevas prácticas corruptas y de ostentación del enriquecimiento ilícito sin consecuencias penales, generando una cultura de prevaricación que corroe la calidad de gobierno y amenaza la convivencia pacífica de este pueblo.

Archivar grandes casos de corrupción es una práctica que jueces y juezas de la República mantienen vigente, obligando a la población a realizar juicios populares para, por lo menos, simular la aplicación de la ley. Pero este pueblo se merece mucho más que simulaciones. Esa impunidad hay que pararla.

Ustedes, en su calidad de rectores del sistema nacional de justicia, deben pararla. 

Sabemos que la tarea que les reclamamos no es fácil, por los grandes intereses económicos y políticos que se alimentan de la corrupción pública. Pero deben saber que la ciudadanía respaldará a las autoridades que se atrevan a hacer justicia imponiendo el castigo que manda la ley a quienes, con el hurto flagrante de los bienes colectivos, traicionan los principios que sustentan nuestra sociedad.

Nosotros y nosotras, los firmantes de este documento, les informamos que hoy damos inicio a una campaña nacional contra la corrupción y la impunidad. Y, en el marco de la misma, estamos dispuestos a apoyar  cualquier acción ciudadana o institucional que procure erradicar de una vez y para siempre una de las grandes lacras que obstaculizan el desarrollo pleno de República Dominicana.  No tengan dudas de que recibirán nuestro respaldo si deciden superar la pasividad actual del sistema de justicia y actuar en coincidencia con los mandatos de nuestra Carta Magna.

Señor presidente del Consejo del Poder Judicial, señor procurador general de la República, “Paren eso”, pongan un freno y un castigo ejemplar a los corruptos y corruptas que nos traicionan y empobrecen, y la inmensa mayoría de los dominicanos sabrá acompañarles y agradecerles.

Declaración ciudadana contra la corrupción y la impunidad

Mariano Germán Mejía,
Presidente de la  Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial;

Francisco Domínguez Brito,
Procurador General de la República.

Nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas nos dirigimos hoy a ustedes para exigir la aplicación de todo el peso de la ley a los servidores públicos que han utilizado los recursos públicos para su beneficio personal o el de su partido, traicionando la confianza del pueblo dominicano.

La corrupción es la peor forma de utilizar los recursos del Estado, es el peor gasto público, roba recursos para combatir la pobreza y es un obstáculo para el desarrollo de hombres y mujeres, además de lesionar el sistema democrático cuando este uso no es sólo individual sino partidario.

El Sistema de Justicia de esta República no puede permanecer indiferente ante un flagelo que está enriqueciendo a una pequeña parte de la clase política nacional a expensas de la miseria de la mayoría de la población; del histórico y vergonzoso desorden de las instituciones; y de la ineficiencia de servicios básicos como la educación, la salud, la seguridad, el agua potable, la electricidad y el transporte.

Nuestra sociedad conoce importantes y recientes ejemplos de robo y prevaricación de la propiedad colectiva, pues estos son registrados semana tras semana en los espacios periodísticos que, con un alto sentido de valentía y respeto por el imperio de la justicia,  denuncian con pruebas,  nombres y apellidos a los funcionarios y funcionarias que abusan de sus cargos  públicos para acumular beneficios privados.

Estos casos despiertan recurrentemente la indignación y el deseo de justicia de quienes aspiramos a vivir en una sociedad justa y respetuosa de su ley.

De igual forma, esta sociedad ve cómo Participación Ciudadana, la  Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCO), Ciudadanos Contra la Corrupción (C3), Alianza País y otras organizaciones cívicas y políticas se fundamentan en el artículo 146 de nuestra Carta Magna para ir más allá de la denuncia y someter a expresidentes, legisladores, ministros, exministros, alcaldes y otros funcionarios.

Estas muestras de responsabilidad y fiscalización ciudadana, sin embargo, contrastan a diario  con la  lamentable inercia  del Ministerio Público. El órgano facultado  por la Constitución para perseguir el delito en cualquiera de sus manifestaciones se muestra inflexible con el delincuente común de los barrios, pero mantiene una actitud pasiva frente a los grandes casos de corrupción que se denuncian  una y mil veces desde los medios informativos y las organizaciones cívicas.

El país ha visto la contundencia y la rapidez con que la Procuraduría puede sancionar a un alcaide de El Seibo por permitir irregularidades en un centro carcelario, mientras se ignora por completo a los responsables del déficit fiscal del 2012 y los informes de la Cámara de Cuentas donde se explica que en el mismo año hubo Ingresos Tributarios no ingresados al circuito presupuestario por montos que suman más de RD$1,300 millones.

El mismo Pleno de la Cámara de Cuentas entregó en abril a la justicia los resultados de las 54 auditorías después de confirmar que los principales funcionarios de esas instituciones violaron leyes que comprometen su responsabilidad legal. Las auditorías detectaron malversación y dispendio de recursos del pueblo dominicano por RD$4 mil millones en la administración pública, desde 2004 hasta el 2008. Sin embargo, la mayoría de estas auditorías se encuentran archivadas en la Dirección de la Persecución de la Corrupción Administrativa y en diferentes fiscalías del interior, sin que el Ministerio Público inicie acciones legales contra los funcionarios que elegidamente incurrieron en manejo indecoroso de los dineros públicos.

En los días recientes tampoco han despertado el brazo persecutor del Ministerio Público las fundamentadas denuncias de corrupción en el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI), ni la presunta irregularidad de la declaración jurada de bienes del doctor Marino Vinicio Castillo, titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

La indiferencia de la Procuraduría General de la República raya hoy en la complicidad, y hay que pararla.

La impunidad de los responsables de actos de corrupción agudiza el fenómeno, por cuanto estimula un círculo perverso de nuevas prácticas corruptas y de ostentación del enriquecimiento ilícito sin consecuencias penales, generando una cultura de prevaricación que corroe la calidad de gobierno y amenaza la convivencia pacífica de este pueblo.

Archivar grandes casos de corrupción es una práctica que jueces y juezas de la República mantienen vigente, obligando a la población a realizar juicios populares para, por lo menos, simular la aplicación de la ley. Pero este pueblo se merece mucho más que simulaciones. Esa impunidad hay que pararla.

Ustedes, en su calidad de rectores del sistema nacional de justicia, deben pararla.

Sabemos que la tarea que les reclamamos no es fácil, por los grandes intereses económicos y políticos que se alimentan de la corrupción pública. Pero deben saber que la ciudadanía respaldará a las autoridades que se atrevan a hacer justicia imponiendo el castigo que manda la ley a quienes, con el hurto flagrante de los bienes colectivos, traicionan los principios que sustentan nuestra sociedad.

Nosotros y nosotras, los firmantes de este documento, les informamos que hoy damos inicio a una campaña nacional contra la corrupción y la impunidad. Y, en el marco de la misma, estamos dispuestos a apoyar  cualquier acción ciudadana o institucional que procure erradicar de una vez y para siempre una de las grandes lacras que obstaculizan el desarrollo pleno de República Dominicana.  No tengan dudas de que recibirán nuestro respaldo si deciden superar la pasividad actual del sistema de justicia y actuar en coincidencia con los mandatos de nuestra Carta Magna.

Señor presidente del Consejo del Poder Judicial, señor procurador general de la República, “Paren eso”, pongan un freno y un castigo ejemplar a los corruptos y corruptas que nos traicionan y empobrecen, y la inmensa mayoría de los dominicanos sabrá acompañarles y agradecerles.

Los agentes aceptaban sobornos que oscilaban entre RD$500 diarios y RD$3,500 semanales de parte de los controles de las rutas.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) recomendó la separación de las filas de la Policía Nacional de un capitán y la cancelación de cuatro agentes más asignados al organismo por alegadamente actuar en contubernio con choferes públicos.

Un informe organismo regulador del tránsito establece que a los agentes se les dio seguimiento ante denuncias relativas a que actuaban en contubernio con choferes de una ruta de transporte urbano para permitirles todo tipo de infracciones.

Los agentes involucrados en las acciones irregulares son el capitán Miguel Apolinar Durán López, el sargento Alejandro Irocie Constanza, el cabo Jesús E. Castillo Payams, y los rasos Junior M. Segura Feliz y Nelis Elizabeth Peña Cuevas, quienes se determinó aceptaban dadivas y sobornos de diferentes choferes del transporte público.

Al capitán se le recomendó el retiro forzoso de las filas de la Policía y a los alistados la cancelación, agrega el informe.

“Los investigadores establecieron que los agentes antes citados aceptaban sobornos que oscilaban entre RD$500 diarios y RD$3,500 semanales de parte de los controles de las rutas ubicadas en sus áreas de responsabilidad, a cambio de permitirle distintas anomalías llevadas  a cabo en la zona-19”, explica la Amet en un comunicado de prensa.

Los agentes actuaban de manera indiferente ante los parqueos de guaguas en lugares no autorizados, lo que provocaba grandes congestionamientos del tránsito, entre otras exigencias realizadas por los propietarios de las reseñadas rutas de vehículos.

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