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“La Primera Cumbre del Sistema Judicial, Gobierno Local y Sociedad Civil por el Acceso Ciudadano a la Justicia”

Las principales autoridades del Sistema Judicial Dominicano, la municipalidad y la Sociedad Civil, realizan “La Primera Cumbre del sistema Judicial, Gobierno Local y Sociedad Civil por el Acceso Ciudadano a la Justicia”, un este esfuerzo conjunto para el modelo de Casas Comunitarias de Justicia en el país que inicio Participación Ciudadana en Santiago.

La Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público, los ayuntamientos del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, Participación Ciudadana y otras instancias de la Sociedad Civil se unen para responder a las necesidades de acceso a la justicia de las poblaciones pobres que confrontan serios problemas para encontrar la debida protección a sus derechos fundamentales.

En este esfuerzo conjunto están involucrados Participación Ciudadana, la Suprema Corte de Justicia, Procuraduría General de la República, Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, Procuraduría Fiscal de la Provincia Santo Domingo, Procuraduría Fiscal de la Provincia Santiago, Oficina Nacional de Defensa Pública, Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia y el Consejo Nacional de Reforma del Estado.

Además la Escuela Nacional de la Judicatura, Escuela Nacional del Ministerio Público, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Alcaldía del Distrito Nacional, Federación Dominicana de Municipios, Secretaría General del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, Unión de Vecinos Activos y Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos.

Durante el desarrollo de la Primera Cumbre, celebrada en la Suprema Corte de Justicia, se discutieran los detalles para la implementación del proyecto Casa Comunitaria de Justicia, centros interinstitucionales de información, orientación, referencia y prestación de los servicios de solución de conflictos que aplica mecanismos de la justicia formal e informal en los sectores marginales de municipios y ciudades.

La instalación de la Primera Casa Comunitaria de Justicia la inauguró Participación Ciudadana en año pasado en la comunidad de Cienfuegos de la Provincia de Santiago. Con este proyecto se busca facilitar el acceso ciudadano a la justicia orientándolo sobre sus derechos y obligaciones con la sociedad para actuar desde la comunidad en la prevención de delitos, la reducción de la violencia y la conectividad.

Con mucho éxito se desarrollan la Casa Comunitaria de Justicia a nivel internacional, como en Colombia, Argentina, Costa Rica, Perú, Ecuador, Bolivia y El Salvador. La primera experiencia en la Región del Caribe se implementa en la República Dominicana, específicamente en el sector Cienfuegos del Municipio de Santiago.

Al final de la actividad se firmó un convenio entre las instituciones que aprobará la designación e integración de un equipo interinstitucional de trabajo, integrado por delegados del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización Judicial (CARMJ), las sindicaturas del Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y Santiago, de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Procuraduría General de la República y Participación Ciudadana.

Este acuerdo permitirá elaborar un concepto básico unificado de las Casas de Justicia para República Dominicana y preparar una propuesta de reglamentación de operación. Asimismo monitorear la operación de estas Casas de Justicia de Santiago y Santo Domingo y acompañar en la preparación y análisis de sus estadísticas.

Este compromiso también aprobó la realización de la Segunda Cumbre del sistema Judicial, Gobierno Local y Sociedad Civil por el Acceso Ciudadano a la Justicia, para evaluar las propuestas del equipo interinstitucional, el plan de diseminación y adoptar las decisiones pertinentes en relación con las Casas Comunitarias de Justicia 2008. El mismo fue firmado por los representantes de las diferentes instancias.

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CTI solicita a la suprema corte de justicia que decida sobre la declaratoria de inhibición presentada por dos magistrados de la segunda sala de la cámara penal de la corte de apelación del distrito nacional apoderada del recurso de apelación del caso banc

La Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, entidad que agrupa más de 40 organizaciones de la sociedad civil, en procura del fortalecimiento y la transparencia que deben regir todas las actuaciones de las entidades tanto públicas como privadas, ha venido dando un estrecho seguimiento a las actuaciones del Poder Judicial sobre las acusaciones de fraudes presentadas contra tres importantes bancos nacionales desde el año 2003, con la finalidad que la sociedad este informada del curso que han tomado dichos acontecimientos, que sacudieron política, económica y socialmente a la República Dominicana y que por su magnitud no pueden ser cubiertos con el manto del olvido.

En ese sentido, la CTI ha observado cuidadosamente el proceso penal seguido al Caso Bancrédito (Bancrédito pequeño), ante la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, encontrándose que el conocimiento del mismo está suspendido hasta tanto la Suprema Corte de Justicia decidiera sobre las declaratorias de inhibición presentadas por los Magistrados JULIO CESAR CANO ALFAUy KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTINEZ, Jueces que integran dicho tribunal colegiado.

Es por esto que la CTI en el día de hoy, 13 de junio de 2007, depositó una instancia en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia solicitándole respetuosamente a ese honorable tribunal de Justicia, decidir sobre la declaratorias de inhibición de los magistradosJULIO CESAR CANO ALFAUy KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTINEZ  jueces que integran la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que impiden continuar con el conocimiento de los recursos de apelación del Caso Bancrédito, en virtud de lo preceptuado por los artículos 78 y 79 del Código Procesal Penal dominicano, que establecen los motivos de inhibición y el trámite de la misma, así como el Art.14 de la Ley No.25-91 de fecha 15 de octubre de 1991, que señala dentro de las atribuciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, conocer sobre las recusaciones e inhibiciones de los jueces.

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Cámara De Diputados Y Participación Ciudadana Suscriben Convenio

La Cámara de Diputados y el movimiento cívico, Participación Ciudadana, firmaron un convenio en el que se comprometieron a desarrollar acciones conjuntas para fortalecer la democracia, mediante la aprobación de leyes que garanticen que las propuestas ciudadanas sean tomadas en cuenta y a través de un proceso de discusión sobre la agenda pendiente en materia político electoral.

El acuerdo fue suscrito por el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín y el coordinador general de Participación Ciudadana, Ingeniero Porfirio Rodríguez Iriarte.

Mediante esta alianza ambas entidades impulsarán la aprobación de las leyes de partidos políticos, de participación social, fiscalización y función pública, como instrumento fundamentales para el fortalecimiento de la democracia, en procura de garantizar que las propuestas ciudadanas sean tomadas en cuenta.

También el acuerdo contempla la realización de consultas con diversos sectores para fortalecer la propuesta de la agenda priorizada, dando a conocer este mecanismo como una herramienta para la participación de la ciudadanía en el proceso legislativo.

Asimismo las instituciones se comprometen a discutir y definir estrategias, políticas y participación de la ciudadanía y sus organizaciones en los procesos que impulsa la Cámara de Diputados para fortalecer la función de representatividad.

La alianza tiene previsto la realización de cursos, seminarios, talleres y desarrollar una experiencia piloto que ponga a prueba los mecanismos de participación diseñados para garantizar la intervención activa de la ciudadanía en los asuntos de su competencia.

Al acuerdo asistieron los miembros del Consejo Nacional, Ana Teresa Pérez, Luis Scheker Ortiz, Mayra Lorenzo, Yuscil Chez, Samir Chamir Isa y Domingo Matías y del equipo técnico Nurys Paulino y Josefina Arvelo.

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Informe de observación de las primarias de electores del Partido Reformista Social Cristiano.

Con el primer informe preliminar presentado el pasado día 10 de junio, Participación Ciudadana (PC) dio cuenta de lo ocurrido en la jornada de votación de las primarias del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), durante las primeras horas de mañana, en lo concerniente a la llegada de los materiales de votación, la apertura de los centros de votación, el rol de los distintos actores del proceso, así como a los incidentes presentados en distintos puntos del país.

Este segundo informe, recoge los acontecimientos que pudieron ser observados en la fase de votación desarrollada en horas de la tarde del día de la jornada electoral reformista, así como del escrutinio realizado en los distintos  centros de votación en los que PC tuvo presencia a través de sus observadores. Los resultados presentados a continuación, tienen como base los informes de monitoreo presentados por los 350 voluntarios de esta organización, los cuales realizaron una observación itinerante en 44 municipios y el Distrito Nacional, y una observación fija en una muestra aleatoria de 80 centros de votación distribuidos en 63 municipios de 28 provincias y el Distrito Nacional.  Resultados Cualitativos.

1.  Aspectos organizativos y logístico del proceso de votación

En general puede afirmarse que, al igual que en otros procesos internos de los partidos políticos en el país, en las primarias de electores del PRSC se cumplió de manera satisfactoria con una serie de procedimientos relacionados con la logística electoral, necesarios para el buen desarrollo de procesos de esta naturaleza, como lo evidencian los siguientes aspectos:

  • Aunque hubo retrasos en la apertura de un número significativo de Centros de Votación, debido fundamentalmente a la llegada tarde de los funcionarios de mesas o al hecho de que las Escuelas se encontraban cerradas, esta situación pudo ser corregida a tiempo, como lo muestra el hecho de que el 97.33% de los Centros iniciaron antes de las 10:00  de la mañana.

  • En el 93.33% de los centros observados, las comisiones electorales estaban claramente identificadas y en igual proporción lo estaban los representantes de dos de los candidatos, excepto los delegados del precandidato Luis Toral. 

  • Según reportes enviados por los observadores de PC, el 82.77% de los locales de votación eran adecuados para ejercer el sufragio,  y  en el 76% de los mismos ofrecían condiciones para la privacidad del voto. Sin embargo, a pesar de esto, en muchos  de los Centros el voto no se ejercía de manera secreta

  • Se pudo constatar además,  que en el  97.33% de los centros de votación, el padrón electoral estaba en manos de los miembros titulares de la mesa. En 78.67% de los centros de votación, se dieron casos de electores  que no aparecían en el padrón.

No obstante a esto, se encontraron diversos problemas de carácter organizativo y logístico relacionados con la lentitud en el proceso al inicio de la votación y la desorganización en la filas de electores y en el funcionamiento de las mesas, debido fundamentalmente a la precaria capacitación de los funcionarios electorales y a la concentración de colegios electorales y sus padrones en una sola mesa. Se encontraron casos en que una sola mesa de votación, de apenas tres funcionarios, tenía que manejar entre 40 y 50 padroncillos correspondientes a los colegios que funcionan en  esos recintos de votación. Esta concentración no fue un problema aún más grave, debido a que la afluencia de electores no fue mayor.

A esto se suma el poco control de las autoridades electorales del partido, para impedir que los seguidores de los distintos precandidatos realizaran campañas proselitistas durante el día de las votaciones, lo que se constituye en una franca violación a lo establecido en el reglamento electoral del PRSC. En los centros donde hubo campaña, el 90% de la misma se realizó en favor del precandidato Amable Aristy, en el 66% a favor de Eduardo Estrella y en el 15% a favor de Luis Toral.

2. Incidentes encontrados

En general se reportaron diversos incidentes durante el proceso electoral interno del PRSC, algunos de los cuales fueron reportados en el primer informe presentado por PC el pasado domingo, siendo los más destacado los acontecidos en Jarabacoa y Cambita, lugar este último en que no fue posible la votación por las confrontaciones generadas entre seguidores del precandidato Aristy Castro y Eduardo Estrella.

Se reportaron casos de enfrentamiento y agresión física  entre simpatizantes de dos de los precandidatos, como los ocurridos en la escuela primaria de Jimaní, la escuela La Altagracia de Santo Domingo Este, o en la Escuela Básica de Quitasueños, San Cristóbal, lugar este último, en que además fue quemada una urna.  En otros lugares, como en la escuela de Barrio Lindo de San Pedro de Macorís, hubo discusiones y serias amenazas con exhibición de armas de fuego de parte de seguidores de uno de los precandidatos.

A esto se suma lo ocurrido en la comunidad de Villa Bao, del Distrito Municipal de Hato del Yaque, en que en medio de un lamentable incidente, dos dirigentes del PRSC fueron heridos de balas.  Estos hechos plantean la necesidad de que en posteriores procesos internos se debe contar con la presencia de miembros de la Policía Nacional que han trabajado en las elecciones realizadas en el país, como una forma de garantizar vigilancia y evitar que estos incidentes ocurran.

3. Sobre el Escrutinio y las actas de votación

En el 92% de los centros de votación observados por PC estaban presentes los miembros de la mesa y en el 98%  se encontraban los delegados de los distintos precandidatos. Sin embargo, con relación al llenado de las actas, en las mesas de la muestra de PC, pudimos comprobar dos hechos que llaman la atención.

En primer lugar, en la mesa de la Escuela la Abejita, del sector Primaveral de Villa Mella, nuestras observadoras comprobaron que habían asistido a votar alrededor de 70 electores, pero en el acta de votación se registraron 295 votantes, de los cuales aparecen 195 a favor del Candidato Amable Aristy, 13 a favor de Eduardo Estrella y 86 a favor de Luis Toral. Esto evidencia la existencia de una clara alteración de dicha acta. A este centro no asistió el delegado de Eduardo Estrella.

El segundo caso reportado por nuestros observadores y que llama mucho la atención, corresponde a la mesa de la muestra ubicada en la escuela pública Ángel Meriño de los Platanitos, Higuey, en que votaron 1,126 electores, 1118 por Amable Aristy, 6 por Eduardo Estrella y 2 por Luis Toral. Lo que se destaca de este caso, es que supera con crece el promedio de electores en las primarias del PRSC, que a nivel nacional se sitúa en alrededor de 200 personas por mesa. Esto quiere decir,  que esta cantidad  de personas no puede votar en una jornada de 8 horas.  Sólo puede ocurrir si cada elector se registra y vota en apenas 25 segundos, lo que es técnicamente imposible. Cabe señalar que en otros centros de votación ocurrieron situaciones similares.

Otros hechos observados en esta mesa de la provincia de Higuey, fueron los casos donde se  permitía un alto número de votación sin verificar correctamente la identidad de las personas e incluso quien firmaba el padrón electoral no era el elector. En ciertos casos solo se ponía una cruz como firma, de esa manera se facilitaba el voto masivo en algunas mesas pero no se garantizaba la identificación correcta del votante o se evitaba el voto duplicado del elector.

Posteriormente nos fueron reportadas otras actas de esta localidad, en las que el número de electores era muy alto, como el caso del  acta de la escuela básica Don Pedro Tapia, en donde supuestamente votaron 2,499 personas, lo que solo es posible si cada elector vota en un tiempo promedio de 12 segundos. En esta mesa el precandidato Amable Aristy aparece con 2,490 votos a favor, Eduardo Estrella con 4 votos y Luis Toral con 3.

4. El papel del dinero en las primarias

Un aspecto que llamó poderosamente la atención fue la práctica, mucho más evidente que en las otras primarias observadas, de la repartición de dinero a cambio de votos, lo que constituye una falta grave. Pudo ser observado un intenso clientelismo e intención de compra de votos, realizado en esta ocasión de manera abierta. En diversos centros de votación, los seguidores de los distintos precandidatos ofertaban dinero sin reparo alguno a cambio de apoyo. Tan grave como ello, muchos ciudadanos posiblemente sin ninguna afiliación reformista se ofertaban a ejercer el voto a cambio de compensación económica. El padrón  semiabierto, como el utilizado en esta ocasión, facilitó este tipo de práctica.

La influencia del dinero en este y los anteriores procesos internos de los partidos políticos, esta provocando daños profundo, no sólo al interior de las instituciones político partidarias, sino también en el sistema político e institucional del país, en tanto ya no es el  ejercicio del voto libre y responsable el que esta determinando los resultados de estos procesos,  sino las prácticas clientelares y la compra de consciencia, lo que es muy lamentable.

Agradecimiento

Participación Ciudadana agradece a la comisión organizadora de estas primarias por el apoyo brindado y reconoce la receptividad y cordialidad que tuvieron los dirigentes y miembros del PRSC participante en las internas del PRSC.

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Países enfrentan graves problemas en la transparencia de fondos políticos

Estudio llama a vigilar el financiamiento de campañas y partidos Berlín / Ciudad de Panamá, 3 de Junio 2007 – El financiamiento de partidos políticos y campañas electorales se desarrolla en la oscuridad en ocho países latinoamericanos, según un estudio publicado hoy por Transparency International (TI) y el Centro Carter.

El estudio, parte del proyecto Crinis, demuestra que existen graves fallas en las normas y prácticas que rigen la transparencia y la rendición de cuentas en los sistemas de financiamiento de partidos y campañas en Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú, países cubiertos por el estudio. Los principales problemas están en: la falta de control de las donaciones privadas, la falta de rendición de cuentas por parte de los candidatos, la poca confiabilidad de los datos presentados por los partidos y el hecho de que en la mayoría de los países la información sobre fondos políticos no se divulga al público.

“Nuestra meta no es criticar sino aportar para que los gobiernos democráticos mejoren. Para una participación justa de los votantes, debemos evitar que los candidatos y partidos se beneficien de sus recursos económicos derivando ventajas indebidas con fondos superiores y asegurarnos de que los donantes no influyan indebidamente las decisiones de los representantes electos cuyas campañas ayudaron a financiar. La regulación del financiamiento político es esencial para una democracia saludable”, dijo Jimmy Carter, ex mandatario estadounidense y fundador del Centro Carter en una declaración.

El dinero es un elemento esencial para el buen funcionamiento de las democracias y de los partidos siempre y cuando se utilice de manera transparente, debidamente contabilizado, a la vista pública y sujeto a mecanismos efectivos de control estatal y social. Esto garantiza a la ciudadanía el derecho fundamental de conocer los intereses económicos detrás de sus candidatos y poder tomarlos en cuenta al emitir su voto. La transparencia y rendición de cuentas también sirven para controlar irregularidades como la compra de votos o la entrada de fondos ilícitos.

Crinis propone medidas para que los gobiernos y ciudadanos ayuden a aumentar la transparencia y rendición de cuentas. Más allá de un análisis comparado de los resultados en ocho países, el estudio incluye un informe narrativo para cada país con resultados y recomendaciones detalladas.

“Los ciudadanos no tienen cómo saber quienes financian a sus candidatos y representantes políticos. La falta de transparencia del dinero en la política plantea alarmantes riesgos de corrupción ya que las donaciones privadas se convierten fácilmente en un canal para comprar favores”, dijo Silke Pfeiffer, Directora para las Américas de Transparency International durante el lanzamiento del estudio en la ciudad de Panamá.

Un aumento en la transparencia conduciría a un mayor cumplimiento con acuerdos internacionales de estos países tales como la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos y la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas. Ambos convenios han sido ratificados por todos los países evaluados en Crinis.

Financiamiento político a oscuras

Donaciones privadas sin control: En la mayoría de los países la rendición de cuenta de los partidos cubre principalmente los recursos públicos recibidos dejando en segundo lugar las contribuciones privadas, que suelen ser los aportes más significativos durante los procesos electorales. En los cuatro países centroamericanos y Paraguay los órganos estatales de control o no reciben informes sobre ingresos privados o los registran sin llevar a cabo ningún tipo de revisión o fiscalización de éstos, concentrándose sólo sobre el uso correcto de los recursos públicos.

La rendición de cuenta goza de baja confiabilidad: En los ocho países evaluados, los expertos encuestados confirman que los informes presentados por candidatos y partidos al órgano electoral sobre sus ingresos y gastos no son confiables o están incompletos. En Argentina, Paraguay, Colombia, Costa Rica y Nicaragua, los expertos estiman que en general se declara menos que 50 por ciento de los fondos recaudados.

Cuando los políticos se sienten más comprometidos con sus donantes que con la ciudadanía, son los pobres quienes más sufren ya que sus recursos no alcanzan para influir a los políticos en el cumplimiento de sus promesas electorales. Esto afecta directamente la calidad de vida de la gente y la credibilidad de las democracias. Según el Barómetro Global de la Corrupción 2006 de Transparency International, los encuestados en diez países de Latinoamérica perciben a los partidos políticos como uno de los sectores más corruptos de la sociedad, con una puntuación de 4,2 en una escala del 1 al 5 (1 menos, 5 más corrupto).

Sobre Crinis:

El proyecto Crinis -rayo de luz en latín- es un proyecto en conjunto de Transparency International y el Centro Carter que evalúa y compara niveles de transparencia y rendición de cuentas en los sistemas de financiamiento de partidos y campañas en: Argentina, Paraguay, Perú, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Panamá. Basado en casi 150 indicadores detecta vulnerabilidades y fortalezas en áreas claves.

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Observatorios LGLAIP

Participación Ciudadana, dando continuidad al interés de garantizar con transparencia y equidad los procesos de aplicación de justicia en el país, lleva a cabo los observatorios de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (LGLAIP) Ley 200-04 partiendo ante todo de la importancia de esta herramienta para la ciudadanía. La Ley General de Libre Acceso a la Información Pública se constituye en un valioso instrumento de trabajo en beneficio de procesos transparentes y veraces en favor de la sociedad dominicana, sobre todo por el fácil uso de este instrumento, para quienes todo ciudadano/a que procura su derecho de acceso a la información.

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Señor

Dr. Reinaldo Pared Pérez

Presidente del Senado de la República Dominicana

Su Despacho.-

Asunto: Solicitud de destitución de los miembros de la Cámara de Cuentas

Distinguido Señor Pared Pérez: 

Las instituciones y personas abajo firmantes desean hacer llegar al Senado de la República, por su intermedio, la presente solicitud de destitución y sustitución de los actuales miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

A. Los hechos

  • En fecha 28 de diciembre de 2006 fue promulgada la Ley No. 497-06 sobre Austeridad en el Sector Público, cuyo artículo 1 establece una reducción “de los sueldos de todos los funcionarios del Gobierno Central y de las instituciones descentralizadas y autónomas del Estado…” Para los funcionarios que devengaren un sueldo mayor a RD$200,000 la reducción debió ser de un 15%.
  • La referida ley establece en su artículo 11 que “el Contralor General de la República y la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, tendrán la obligación de velar para el cumplimiento de esta ley y aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo con la Ley de Planificación e Inversión Pública”.
  • En fecha 18 de enero del año 2007 la Cámara de Cuentas de la República Dominicana aprobó por resolución el aumento de ingresos de sus miembros desde la suma de RD$261,088.28 hasta la suma de RD$449,994.28. En un claro mecanismo de pretender argumentar que no hubo aumento del sueldo, el aumento fue consignado en la partida de dietas o viáticos.
  • Ante la repudio general originado por la resolución, la Cámara de Cuentas la dejó sin efecto el 16 de mayo de 2007, consignando en un documento público que “con ese aumento los miembros de la Cámara de Cuentas enviábamos la firme señal de que en nuestro accionar sólo contaríamos con los ingresos legalmente establecidos”.

B. Nuestros argumentos.

  • Los miembros de la Cámara de Cuentas que aprobaron o aceptaron el aumento de sus ingresos, violaron claramente la Ley de Austeridad recientemente aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo.
  • Es todavía más escandaloso pretender insultar la inteligencia del pueblo dominicano, incluyendo la de los legisladores,  con la excusa de que lo que estaba prohibido era el aumento del salario y no de las dietas o viáticos, cuando la Ley de Austeridad es bastante clara cuando en su preámbulo establece que “un aumento de la presión fiscal, o cualquier programa de compensación de ingresos tributarios, deben ser acompañados con medidas de austeridad y control del gasto público”.
  • Además, el  monto del aumento deja claramente al desnudo la intención de los miembros de la Cámara de Cuentas de aumentarse sus ingresos en forma desproporcionada, en franca violación a la ley ya citada.
  • La violación es todavía más grave cuando burla la confianza que el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo han puesto en los miembros de la Cámara de Cuentas al encomendarle el deber de velar por el cumplimiento de la Ley de Austeridad.
  • La Ley No. 10-04, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, establece en su artículo 14, lo siguiente:

“Art. 14.- Separación. Los miembros de la Cámara de Cuentas sólo podrán ser separados de sus cargos durante el ejercicio de su mandato por el Senado de la República, en virtud de decisión motivada, por incumplimiento de sus responsabilidades o por la comisión de graves irregularidades, previo estricto respeto del derecho de defensa.”

  • La violación a la Ley de Austeridad cometida por los miembros de la Cámara de Cuentas constituye una grave irregularidad y además un incumplimiento de las obligaciones que dicha ley pone a su cargo.
  • El argumento utilizado y hecho público de que el aumento pretendía mandar la señal de que sólo contarían con sus ingresos para actuar como miembros de la Cámara de Cuentas, hace suponer que, una vez derogado el aumento, esa garantía
  • no existe, generando una pérdida total de la credibilidad de que deben estar dotados los miembros de un organismo que, como la Cámara de Cuentas, está llamado a examinar el uso de los fondos públicos.
  • En adición, con su decisión de aumentarse sus ingresos, los miembros de la Cámara de Cuentas violaron las leyes de Presupuesto y de la propia Cámara de Cuentas al comprometer fondos no aprobados por el Congreso Nacional.

C. Petición.

Por las razones expuestas solicitamos, muy respetuosamente, que el Senado de la República, luego de cumplir con el debido proceso, separe de sus posiciones de miembros de la Cámara de Cuentas a sus actuales integrantes por haber violado la Ley de Austeridad.

A la espera de que nuestra solicitud  sea atendida.

Atentamente,

Organizaciones firmantes:

  1. Acción Comunitaria por el Progreso (ACOPRO)

  2. Centro Mujer y Participación-CE-MUJER-

  3. Central Nacional de Transportistas Unificados

  4. Centro de Apoyo Aquelarre

  5. Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo

  6. Centro de Formación Social y Agraria (CEFASA)

  7. Centro de Planificación y Acción Ecuménica –CEPAE-

  8. Centro de Trabajo Popular

  9. Centro Dominicano de Asesoría e Investigación Legal –CEDAIL-

  10. Centro Mujer y Participación (CEDEMUR)

  11. Ciudad Alternativa

  12. Colectiva Mujer y Salud

  13. Color Service Cx A

  14. Comunidad Cosecha de Cotui

  15. COPADEBA

  16. Consejo Nacional de Consumidores y Usuarios –CONACONU-

  17. Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción

  18. Foro Ciudadano

  19. Frente Amplio de Lucha Popular –FALPO-

  20. Fundación por una Ética Empresarial y de Organizaciones

  21. Fundación Solidaridad

  22. Hogar Renacer

  23. Instituto Nacional de la Salud –INSALUD-

  24. Junta de Vecinos Gran Almirante

  25. Participación Ciudadana

  26. Programa Sábado Cultural de Santiago

  27. Proyecto Petrolero Dominicano-PROPEDOM C x A

  28. Solidaridad Fronteriza

  29. Unión de Vecinos Activos

  30. Unión Junta de Vecinos Sabana Perdida

  31. Coordinadora de Mujeres del Cibao

Ciudadanos y Ciudadanas firmantes:

1. Adela Mercedes Torres61. Guillermina Cedeño121. Marisol Marte
2. Águeda Hernández62. Hegmigio Galvan122. Maritza Uceta Roberto Rubio
3. Alberto Andrés Peralta63. Héctor Guerrero123. Mariví Arregui
4. Alfonso Abreu64. Héctor Turbí124. Marnie Garrido
5. Altagracia Balcacer Molina65. Hermes Báez125. Mary Fernández Rodríguez
6. Altagracia Salazar66. Hugo E. Peña126. Melba Barnett
7. Américo Ramírez67. Isidoro Santana127. Mellizen Joseyris Uribe Moreno
8. Ana Jiménez68. Isis Duarte128. Meraldo De Js. Pérez Rodríguez
9. Ana Josefina Padilla69. Javier Cabreja129. Miguel Angel Jiménez Mesón
10. Ana Josefina Vásquez70. Jefrey Lizardo130. Miguel Ceara Hatton
11. Ana Teresa Pérez71. Jeronel Reyes131. Miguel Guerrero
12. Anabelle Desengles72. Jesús Elías Michelén E.132. Milagros Ortiz Bosch
13. Andrés Nicolás Alejo Mendoza73. Jesús Machado133. Miriam Díaz Santana
14. Ángel Paredes74. José Alberto Santana134. Mirna Santos
15. Ángela María Comas75. José Alfredo Matías135. Nelly Heredia Agramonte
16. Ángela Rosario76. José Antonio Holguín Guzmán136. Nouel Florián
17. Aracelis de Sena77. Joselito Bautista137. Nurys Paulino
18. Argentina Gutiérrez78. José Casado Liberato138. Octavio Figueroa
19. Bernardo Adán de la Cruz79. José Ceballos139. Patricia Peña
20. Bolívar Yunior Sosa Soriano80. José de Jesús Vásquez Peña140. Paulino Sarita Jaquez
21. Braulio Arias81. José Guillermo Saleta Pérez141. Pavel De Camps Vargas
22. Cándido Méndez82. José Núñez142. Pavel Isa Contreras
23. Cándido Mercedes83. José Ramón Holguín Brito143. Pedro Hernández
24. Canoabo Gutiérrez84. José Ricardo Roques Ortiz144. Pedro Luis Veras Nicasio
25. Carlos Brito85. José Tejada145. Pengsien Sang Ben
26. Carlos de Pérez86. José Urbina146. Persio Antonio Henríquez
27. Carlos Luis Roques87. Josefina Arvelo147. Porfirio Rodríguez Iriarte
28. Carlos Pimentel Florenzán88. Josefina Federo148. Rafael Duvergé
29. Carmen Imbert Brugal89. Juan Alcibíades Mejía149. Rafael Enrique Rivera
30. Carmen Julia Gómez90. Juan Augusto García150. Rafael Toribio
31. Carmen Rosa Lorenzo91. Juan Bolívar Díaz151. Raidirys Rodríguez
32. César Ballenilla92. Juan de Dios Moquete152. Ramón David Phipps
33. Cristina Roques Ortiz93. Juan Luis Corporán Medina153. Ramón Pérez Figueroa
34. Cristina Taveras Roques94. Juan Ubiere154. Ramona Perdomo
35. Damián Santana95. Julio César Urbáez155. Regino Martínez
36. Dania Milagros Batista Peña96. Julio Cordero Espaillat156. René B. Soler Hungría
37. Domingo Artiles Minor97. Julissa Hernández157. Robert R. Marrero
38. Domingo Matías98. Julissa Reyes158. Roberto A. Merán Hernández
39. Dulce Rossó99. Kelva Pérez159. Roberto Fulcar
40. Ernesto Cruz100. Leandro José Batista160. Roberto Rubio
41. Fabiola Medina101. Leocadio Santana161. Rolando A. Guerrero
42. Fátima Lorenzo Mencía102. Lidia Mercedes Beato Peña162. Roque Napoleón Muñoz
43. Faustino Collado103. Lizzie Sánchez de Roque163. Rosa Duncan
44. Fausto Ant. Chirino104. Luis Estrella164. Rosa Marte
45. Fausto Florentino105. Luis Manuel Jiménez Rosario165. Rubén A. Torres R.
46. Federico Santana106. Luis Rosa Valerio166. Santa Luciana Valdez
47. Felicia Ceballos107. Luis Sabater167. Santiago Sosa
48. Fidel Santana108. Luis Scheker168. Santos Mariano Castro
49. Félix Gerónimo109. Luz María Abreu Lantigua169. Silvio Minier Guigni
50. Fiordaliza Pujols110. Magda Acosta170. Sol Silvia García
51. Flérida Del Castillo111. Magino Corporán171. Somnia Vargas
52. Francisco Álvarez Valdez112. Manuel Antonio Pérez Jiménez172. Teresa Hernández
53. Francisco Checo113. Margarito De León Castillo173. Víctor Hugo Morales
54. Francisco Cortorreal114. Margot Tapia174. Wendy Santos de Yérmenos
55. Francisco Cuevas115. María Angelina Castillo175. Wilfredo Lozano
56. Gabriel Imbert116. María Díaz176. Xiomara Castillo
57. Genoveva Belén M.117. María Jesús Pola Zapico177. Xiomara Domínguez
58. Gianna Sangiovanny Sturla118. Maria Nelly de Sena178. Zhora Annabel Desangles
59. Ginell Castillo119. Mariano De la Cruz Hernández179. Zobeyda Apólito
60. Gisell Scarlon120. Mario Serrano

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Participación Ciudadana pone a circular en el país el informe Global de la Corrupción de Transparencia Internacional.

La organización Transparencia Internacional pone en circulación el Informe Global de la Corrupción correspondiente al 2007

El Informe Global de la Corrupción ofrece un análisis anual y sistemático de la corrupción a nivel mundial, con un tema especial cada año. En este año se dedica una atención especial a la corrupción en el sistema judicial.

El Informe destaca que la corrupción está socavando las bases de la justicia en muchas partes del mundo, negándoles a las víctimas y a los acusados el derecho humano elemental a un juicio justo e imparcial.

El principio de que todos somos iguales frente a la ley, base fundamental del estado de derecho en las sociedades democráticas, se ve seriamente afectado cuando las cortes ceden ante la corrupción por avaricia o conveniencias políticas.

“La corrupción judicial implica que la voz del inocente no es escuchada, mientras que los culpables son libres de actuar con impunidad”, dice el informe. “Si el dinero y la influencia son la base de la justicia, los pobres no pueden competir,”

Además, un sistema judicial corrupto mina el crecimiento económico, dañando la confianza de la comunidad de inversionistas y dificulta las iniciativas de reducción de la pobreza.

Los jueces son sólo una parte del sistema general de justicia. Los jueces no entran en juego hasta después de que la policía, fiscales y demás personal de la corte entren en escena.

Latinoamérica es la región del mundo en que se percibe mayor prevalecía de corrupción en la justicia, seguida por los nuevos estados independientes de la Europa del Este.

En el caso de la República Dominicana, el informe indica que, pese a que la institución de un proceso de selección basado en el mérito ha mejorado la calidad del estrado y disminuido la corrupción de manera temporal, se registran quejas de retrocesos. De hecho, los últimos nombramientos a la Corte Suprema han obedecido en un alto grado a consideraciones políticas.

¿Qué es la corrupción? ¿Qué implica la corrupción judicial?

Transparencia Internacional define la corrupción como “el abuso del poder encomendado para el beneficio propio”. Y los diversos tipos de funcionarios públicos, de todos los poderes, disponen de un poder que les ha sido encomendado. El uso abusivo de que hacen, defrinido como corrupción, abarca tanto la ganancia material o financiera y la no material, tales como la promoción o conservación del poder político. 

La corrupción judicial se refiere a toda influencia indebida ejercida sobre el proceso judicial por parte de todo aquel que esté en condiciones de hacerlo. Existen dos tipos principales de influencia: uno es la interferencia política, a través de la intimidación de los jueces y la manipulación de nombramientos judiciales u otros medios, los cuales ponen en peligro la independencia judicial; el otro es el soborno.  

Un hallazgo desalentador del Informe Global de la Corrupción 2007  es que pese a décadas de iniciativas de reforma y creación de instrumentos internacionales que apuntan a proteger la independencia judicial, los jueces y el personal de la corte en todo el mundo continúan experimentando presión para fallar a favor de entidades políticas o económicas poderosas, en lugar de regirse por lo establecido en la ley. 

La corrupción judicial y la corrupción política se refuerzan mutuamente. Cuando el sistema de justicia es corrupto, es probable que no se apliquen las sanciones a las personas que se valen de cohechos y amenazas para sobornar a políticos. Las ramificaciones de esta dinámica son profundas por cuanto disuaden a candidatos más honestos y sin trabas de entrar o triunfar en la política o el servicio público.

El soborno, el otro lado oscuro de la corrupción judicial, puede ocurrir a lo largo y ancho dela estructura del proceso judicial. Según lo demuestran los informes de 32 países en el Informe Global de la Corrupción, los jueces pueden aceptar sobornos para aplazar o acelerar casos, aceptar o rechazar apelaciones, influir a otros jueces o simplemente para decidir un caso de un modo determinado. Los funcionarios de la corte pueden demandar sobornos por servicios que deberían ser gratuitos; los abogados pueden cobrar “cuotas” adicionales para acelerar o atrasar casos, o para derivar a clientes a jueces conocidos por su disposición al soborno.

Entre los factores que afectan la susceptibilidad de un juez se incluye el sueldo precario. Las condiciones laborales inseguras, incluidos los procesos de ascenso y transferencia injustos y la falta de capacitación continua, provocan la vulnerabilidad al soborno en los jueces y personal de la corte.  

En resumen, la corrupción afecta la independencia de la judicatura por cuanto no puede actuar sin estar sujeta a la influencia indebida que ejercen los grupos de intereses poderosos. Y afecta su rendición de cuentas, tales como la eficacia de los reglamentos y el monitoreo.

El Informe Global de la Corrupción 2007 ofrece recomendaciones detalladas para promover la independencia y rendición de cuentas judiciales, alentar la integridad individual, aumentar la aplicación efectiva de la ley y salvaguardar la judicatura contra la influencia política. Las nominaciones y destituciones de jueces y fiscales deben ser transparentes, independientes del poder ejecutivo y legislativo, y basarse en la experiencia y el desempeño. Los periodistas deben contar con la libertad necesaria para monitorear y opinar sobre procedimientos jurídicos y comunicar información fidedigna en materia de leyes, cambios propuestos en la legislación y procedimientos y fallos de la corte al público.

El IGC va dirigido a un público de amplio alcance, pero resulta de particular utilidad para los legisladores, quienes deben mantenerse al tanto de los avances en otros países y de los resultados de las últimas investigaciones.La edición de este año está orientada a los legisladores y profesionales de la judicatura, tales como ministros de justicia, jueces y fiscales. No obstante, todo aquel interesado en el estado de derecho, incluidos los periodistas, activistas de la sociedad civil, académicos y representantes del sector privado, encontrarán en el IGC un importante recurso.

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Carece validez el recurso sometido por la OPRET

Los abogados Miguel Angel Prestol, Laura Acosta y Melisa Sosa afirmaron anoche que carece de validez jurídica el recurso sometido por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) de clasificar información relativa al proyecto del Metro de Santo Domingo, por lo que solicitaron a la Suprema Corte de Justicia declararlo inadmisible.

   Durante el Panel sobre la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y la Sentencia sobre el Caso Huchi 'Lora, los juristas hicieron la solicitud al tribunal de alzada tras afirmar la "clasificación" no fue amparada en una Ley o un decreto como establece la Ley 200-04.

Tanto prestol como las abogadas del periodista Hu­chi Lora, advirtieron que la Ley 200-04 sólo establece como limitante a la libre obtención de la información vincu­lada con la defensa o la segu­ridad del Estado, el que ésta ­"hubiera sido clasificada co­mo reservada por ley o por decreto del Poder Ejecutivo."

En la actividad efectuada en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y organizada conjuntamente con Par­ticipación Ciudadana, los abogados precisaron que pa­ra que el argumento fuera sustentable la información clasificada que se alega para no entregar los documentos que requiere Lora debieron haber sido previamente declarados"resguardados" por las autoridades competentes.

Para defender la sentencia del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, los profesionales del Dere­cho se sustentaron en los artí­culos 17,18 y otros de la Ley 200-04, así como el artículo 8 de la Constitución, además de los convenios, tratados y convenciones internaciona­les sobre Derechos Huma­nos ratificados por el Estado dominicano.

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La propuesta de PC a los partidos

La entidad cívica pretende contrarrestar los estragos provocados por una precampaña desarrollada con mucha antelación.

Participación Ciudadana ha estado promoviendo un proyecto cuyo objetivo es conseguir que los partidos políticos detengan sus actividades proselitistas durante la última mitad del año.

La iniciativa parece razonable. De lograrse, la nación se ahorraría una significativa cantidad de recursos y muchos momentos de tensión y de jolgorio propagandístico. Los gastos de campaña interna presupuestados por los tres partidos mayores ascienden a unos 409 millones de pesos.

Con su propuesta Participación Ciudadana pretende contrarrestar los estragos provocados por las precampañas que abrieron los partidos anticipadamente y que se iniciaron inmediatamente después de las elecciones legislativas y municipales de 2006.

Satisface que, según se ha anunciado, se están encaminando conversaciones con dirigentes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Socialcristiano (PRSC) para discutir un acuerdo conducente al cese en el activismo y la propaganda tan pronto concluya el proceso de primarias en esas organizaciones. Los peledeístas y los perredeístas ya seleccionaron a sus respectivos candidatos. Los reformistas lo hará el 10 de junio.

La importancia de esa iniciativa, que aspira a concertar una especie de tregua extendida, consisten que se convertiría en un fuerte compromiso de los partidos mediante la cesación provisional de una de las actividades a las que esas organizaciones dedican más tiempo, esfuerzos y dinero, y de la cual aparentemente esperan que broten los cambios que pregonan en un tráfago permanente de estimulación de las pasiones políticas.

Ese compromiso, para que sea efectivo, deberá contar con el monitoreo de la Junta Central Electoral, entidad definida por la ley como la responsable de proclamar oficialmente la apertura de la campaña electoral

Si la iniciativa resulta exitosa, tendríamos una oportunidad para desintoxicarnos.

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