En atención a las solicitudes de diversos medios de comunicación social en torno a la situación de la doctora Aura Celeste Fernández, como miembra titular de la Junta Central Electoral (JCE), tras el anuncio de la candidatura presidencial de su esposo, el doctor Guillermo Moreno, el Movimiento Cívico Participación Ciudadana manifiesta lo siguiente:

1.- Antes que nada debemos indicar que tanto la doctora Fernández como el doctor Moreno son personas de la vida pública nacional del más alto aprecio por la rectitud de su conducta cívica y en los cargos que han desempeñado. Con ambos hemos sostenido una larga y fructífera relación y los dos han sido miembros de esta organización.

2.- Dado que la condición de candidato presidencial es muy efímera, pues se inicia cuando la JCE lo apruebe como tal y concluye con la proclamación de los resultados, en ningún caso la doctora Fernández, quien fue elegida por cuatro años, tendría  que considerar la opción de la renuncia.

3.- Las alternativas reales son: la que ella adoptó, de inhibirse cuando la JCE vaya a conocer alguna instancia relacionada con él o los partidos que lo postulen; y la de una licencia temporal desde el momento en que la JCE (ahí sí con su inhibición) acepte la candidatura del doctor Moreno, hasta que concluya el proceso electoral.

4.- Reconocemos que en términos estrictamente jurídicos, la doctora Fernández no está obligada a tomar licencia del cargo en virtud de que según la acepción jurídica más socorrida y aceptada el término de parentesco en primer grado a que se refiere el párrafo II del Artículo 4 de la Ley Electoral 275-97 abarca solamente a padres e hijos y no al esposo o esposa.

5.- Sin embargo, si el espíritu de la ley es evitar que la relación familiar cercana pueda influir sobre el arbitraje electoral, moralmente deberíamos convenir en que la condición de esposo o esposa puede ser tan determinante como la de hijo o padre, y hasta más en muchos casos.

6.- Si la Cámara Contenciosa de la JCE a la que pertenece la Dra. Fernández fuera un organismo completamente autónomo, como ocurre en otros países, sus miembros, titulares o suplentes, sólo operarían como jueces ante los cuales se elevan determinadas instancias. Pero ocurre que no es así y los cinco jueces contenciosos son a la vez miembros mayoritarios de un pleno de nueve que tiene un papel organizativo,   normativo y regulativo del proceso electoral, hasta la proclamación de los ganadores. Ellos son también parte de las comisiones de trabajo en la organización de los procesos electorales. Por ejemplo, la doctora Fernández presidió la comisión que reorganizó las juntas electorales.

7.- Desde que se proclamen las candidaturas todos los miembros de la JCE estarán involucrados en  innumerables decisiones no sólo relacionadas con la candidatura del Dr. Moreno y  los partidos que lo respalden, sino también con los demás candidatos y partidos con los que él competiría, y cualquiera de ellos   podría aducir el principio de que no se puede ser juez y parte.

8.- No tenemos la menor duda de que en ningún caso la Dra. Fernández   procedería como esposa en sus roles dentro de la JCE, pero no podemos ignorar que su decisión sienta un precedente potencialmente peligroso en otras personas y circunstancias.

9.- Por la rectitud moral y ética de la Dra. Fernández y su valor para defender los principios, demostrada en sus actuaciones dentro de la JCE, hubiésemos preferido que se mantuviera activa en el actual proceso electoral. Sin embargo, por esos mismos valores creemos que lo procedente es que tome una licencia de su cargo por el tiempo que medie entre la aceptación de la candidatura de su esposo y la proclamación de los resultados finales de las próximas elecciones.

10.- Confiamos en que la Dra. Fernández interpretará correctamente el espíritu de esta declaración y, en consecuencia, considerará la posibilidad de adoptarla.

  Consejo Nacional
Participación Ciudadana

A. LA PARTE INSTITUCIONAL.

a)  Aspectos positivos.

1.  Seguridad social. Debe destacarse como positivo el inicio de la ejecución del sistema de seguridad social en la República Dominicana, luego de transcurrido alrededor de seis años de la aprobación de la Ley 87/01 de Seguridad Social.

Es cierto que se ha iniciado en forma precaria, con múltiples dificultades por resolver, pero era muy probable que si se volvía a aplazar el inicio del sistema de seguridad social hasta que estuvieran dadas las condiciones ideales, se produjera una postergación indefinida.

El sistema de  seguridad social en toda su extensión, incluyendo el sistema previsional como el de salud, es concebido, como en todas partes del mundo, para hacer realidad los derechos sociales del ser humano. Estos son derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Constitución y en los pactos internacionales que el país ha suscrito. Basta señalar que el artículo 8, ordinal 17 de la Constitución establece que "el Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social, de manera que toda persona llegue a gozar de adecuada protección contra la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez". El Estado dominicano tiene una deuda social con todos los acreedores de estos derechos sociales fundamentales, y por esa razón entendemos que ha sido positivo el inicio del sistema de seguridad social, lo que genera por lo menos la esperanza de que la referida deuda pueda comenzar a pagarse aunque sea parcialmente.

2.  Ley Municipal. La aprobación de la Ley No. 176-07 del 17 de julio de 2007 del Distrito Nacional y los Municipios constituye otro paso de avance institucional, y debe estar llamada a fortalecer la organización, competencia, funciones y recursos de los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional, que son las entidades política administrativa básica del Estado dominicano, como la propia ley establece.

La ley municipal anterior databa del año 1952 y no recogía la notable evolución del poder municipal y el destacado rol que los nuevos tiempos le han otorgado al gobierno municipal. De esa manera, el desarrollo del poder municipal se veía constantemente obstaculizado por el Gobierno Central, impidiendo la descentralización de las funciones públicas que debe producirse a través del accionar del poder local.

Ahora cabe esperar que las nuevas disposiciones puedan ejecutarse a plenitud, permitiendo alcanzar los objetivos que la nueva ley describe con mucha precisión.

b)  Aspectos negativos.

1.  Corrupción. El año 2007 lamentablemente ha sido un año en el cual la lucha contra la corrupción ha sufrido un claro retroceso, a pesar de ser la corrupción el peor de todos los males que nos agobian como país, y responsable directo de que no podamos enfrentar con eficiencia la pobreza secular que abate a la mayoría de los dominicanos y sus necesidades de salud, educación, justicia, y vivienda digna, entre otras necesidades

En el 2007 se detuvo el esfuerzo de llevar a la justicia muchos de los casos de corrupción bajo investigación del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa. Un número indeterminado de auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas, que de acuerdo con funcionarios públicos revelan graves irregularidades en dependencias públicas, permanecieron ocultas para la ciudadanía.

Pero además, los expedientes de corrupción que se encontraban en manos de los tribunales han generado sentencias que promueven la impunidad como ha ocurrido en los casos de RENOVE, usufructo de vehículos robados por oficiales de la policía, PEME, Invernaderos, entre otros. Deben destacarse los expedientes relacionados con los fraudes bancarios producidos en Baninter, Bancrédito y Mercantil.

En el caso Baninter, en el juicio  más seguido por la ciudadanía, se produjo una sentencia que aunque condenó a 10 años a dos de los cinco imputados, a 8 años a otro y declaró no culpable a los otros dos, la mayor parte de la sociedad pudo apreciar cómo las influencias aún afectan las decisiones del Poder Judicial, pues se excluyó de la petición de confiscación realizada por los fiscales a uno de los medios de comunicación adquiridos con fondos de los depositantes, e igualmente se excluyeron los cargos de lavado y abuso de confianza a pesar de que la sentencia daba por probados todos los hechos cometidos por los imputados.

Sobre el Bancrédito se produjo una decisión que pretende cerrar el expediente iniciado por las autoridades, bajo el alegato de que los hechos ya han sido juzgados con anterioridad, sin que exista sentencia anterior que explique qué pasó con los más de veinte y tres mil millones de pesos distraídos de esa entidad bancaria, ni obligue a nadie a devolverlos.

Sobre el caso Mercantil, el más atrasado de todos, aún no se inicia juicio de fondo, y permanece por largo tiempo en la Suprema Corte de Justicia en espera de una decisión de cuál será el tribunal que deberá conocerlo.

2.  Acceso a la información pública. A pesar de contar con una nueva Ley de Acceso a la Información Pública, el año 2007 se ha encargado de demostrarnos que no basta con la norma y que se requiere de la voluntad política necesaria para su implementación. Fue paradigmático el caso del periodista Huchi Lora, quien hizo uso de la ley para requerir información sobre el Metro que se construyen en el Distrito Nacional, la que no le fue concedida, obteniendo el comunicador social una sentencia que ordenaba su entrega y que ha sido desacatada. Luego de una dilación injustificada, la Suprema Corte de Justicia rechazó la demanda en suspensión de la sentencia que ordenaba la entrega de la documentación reclamada, obligando a la OPREP a cumplirla. Es muy lamentable que la Suprema con su decisión haya validado que la simple demanda en suspensión suspenda una sentencia de amparo, lo que resta toda eficacia a este recurso, que en lo adelante se verá en todos los casos injustificadamente dilatado, en desconocimiento de los tratados internacionales que ha suscrito el país que establecen que el recurso de amparo debe conocerse y decidirse sin dilaciones indebidas.

3.   Ley de Austeridad. El incumplimiento por parte del Gobierno central de la Ley de Austeridad para el año 2007, ha sido otro hecho negativo. Sorprende que esto ocurriera pues la iniciativa partió del propio Poder Ejecutivo, quien alegó que los recursos adicionales que se requerirían para el año 2007 provendrían en un 50% de   una nueva reforma fiscal, y el otro 50% de los ahorros del Gobiernos a través de la ejecución de la señalada ley. Mientras la población cumplió con su parte pagando los impuestos que permitieron recaudar el 50% que le correspondía, y además se registró un superávit fiscal cercano a los 25 mil millones de pesos, el gobierno incumplió su propia ley de austeridad y por el contrario, aumentó sus gastos corrientes a través de la creación de un número importantes de nuevos empleos públicos, la mayoría de ellos innecesarios y creados solamente con fines reeleccionistas, y elevó el gasto en publicidad a un promedio de 187 millones  de pesos mensuales, aunque la ley ordenaba reducirlo. 

     El uso incorrecto de los fondos públicos fue notable y escandaloso en los   aumentos de salarios producidos para los miembros de la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, en violación de la señalada Ley de Austeridad. Igual mención merece el aumento exorbitante de salario que se hizo aprobar el presidente del Banco Nacional de la Vivienda. Igual aconteció con los fondos dispuestos para los congresistas a través del denominado "barrilito".

 4. El DPCA y la Comisión de Ética. Los organismos llamados a trabajar contra la corrupción tuvieron una hoja de servicios muy deficiente durante el año 2007, incluyendo la Comisión Nacional de Ética y el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa. La Comisión de Ética prácticamente no se hizo sentir durante todo el año, poniendo en serias duda su papel.

5.  Sun Land. El de la Sun Land fue el último de los escándalos de corrupción destapados en el año 2007, con la firma de un contrato a través del cual el Gobierno firmaba pagarés por US$130 millones a favor de esa empresa privada, que luego los vendió a bancos extranjeros, sin que dicho contrato fuera aprobado por el Congreso como lo manda la Constitución, ni registrado como deuda púbica como lo dispone la Ley de Crédito Público. Tampoco se ha aclarado que ha hecho la Sun Land con esos fondos, que no han sido depositados en manos del gobierno o del Banco Central . Aunque parece obvio que esa empresa ha usufructuado durante más de año y medio un financiamiento del Estado Dominicano por 130 millones de dólares. 

Es destacable además la falta total de transparencia exhibida por el gobierno en el manejo de este contrato y frente a los legítimos cuestionamientos que generó luego que fuera   denunciado, pues las explicaciones dadas por los funcionarios públicos, incluyendo el presidente de la República, han arrojado más sombras que luces sobre el mismo.

El último acontecimiento, la terminación del contrato por parte del gobierno,   confirma las irregularidades que han sido denunciadas, pero la referida terminación adolece de los mismos problemas de falta de transparencia, y deja muchos aspectos sin responder. La referida terminación ha sido parcial, pues el gobierno, de manera expresa, ha reconocido que mantiene obligaciones por US$32 millones con la Sun Land, que provienen del contrato original, lo que obligará a   la Suprema Corte a pronunciarse sobre si la deuda, ahora reducida, fue originada cumpliendo o no con los requisitos legales y constitucionales.

Este acontecimiento es particularmente importante pues de admitirse como válido un precedente de esta naturaleza cualquier gobierno, sin necesidad del Congreso, podría hipotecar el futuro de la República Dominicana en manos de acreedores extranjeros.

6.  Área Electoral. En el área electoral el año también ha tenido un balance negativo pues las primarias de los partidos políticos demostraron que nuestros partidos políticos han decidido utilizar el clientelismo como   método fundamental de lograr adeptos, lo que pudo comprobarse con mucha pena en los tres partidos más importantes.

Igualmente, la Junta Central Electoral utilizó mucho de su tiempo en disensiones internas que disminuyeron su autoridad, lo que pudo reflejarse en el fracaso en aprobar el reglamento para regular las campañas electorales. Este intento, digno de mejor suerte, afectaba la forma tradicional de hacer política y encontró la oposición de todos los partidos, que prefieren no estar regulados y poder hacer campaña en todo momento y circunstancias, aún fuera del tiempo que establece la ley. Lamentablemente, el esfuerzo de la JCE se hizo en un momento en que se encontraba muy debilitada por sus enfrentamientos internos y tuvo que dejar de lado una iniciativa que habrá de adoptarse tarde o temprano en el país para evitar el dispendio de fondos públicos y privados a destiempo.

7.  La presa de Taveras. Cerrando el año, la tormenta Olga ha traído nuevas desgracias a los más desprotegidos, pero además ha colocado en agenda la necesidad de revisar la forma en que se manejan las presas en el país. Diversos sectores, incluyendo a los partidos de oposición, la iglesia católica, medios de comunicación y empresarios de Santiago, han reclamado una investigación sobre la forma en que se manejó el desfogue de la presa de Taveras, atribuyendo a ese hecho más de treinta muertos y graves daños a la ciudad de Santiago y a las zonas de influencia de dicha presa. Resulta indispensable que el caso se esclarezca y que si existió negligencia, se apliquen las sanciones de lugar y se tomen las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir, sobre todo ante la realidad de los cambios climáticos, que lamentablemente permiten suponer que el país seguirá siendo afectado por fenómenos de la naturaleza que pondrán a prueba todos sus presas.

B. LA PARTE ECONÓMICA.

Durante el año 2007 la evolución  económica siguió mostrando los rasgos característicos de los años recientes: alto crecimiento económico, aunque nada convincente en términos de bienestar de la población. De acuerdo con las últimas estimaciones del Banco Central, se espera que termine el año con una expansión de 8% en el PBI, una tasa mucho más elevada que la inicialmente prevista, pues las proyecciones originales eran de un 5%.

Sin embargo, resulta particularmente llamativa la poca calidad del referido crecimiento, considerando que el mayor aporte a ese valor lo hicieron los impuestos indirectos, así como los sectores comercio, finanzas y telecomunicaciones, alentados por el gran aumento de las importaciones y las fuertes entradas de capitales financieros.

De igual modo, es necesario resaltar que el año 2007 se caracterizó por un comportamiento muy precario de los principales sectores productivos. Las zonas francas y la construcción registraron disminución en sus actividades respecto a los valores del 2006, en tanto que la industria y la agropecuaria apenas crecieron en proporciones ínfimas. Por otro lado, el turismo se estancó, registrándose hasta octubre un número de visitantes ligeramente más bajo que el año anterior. Todo lo anterior indica que los sectores responsables del aumento del producto tienen muy poca relación con el empleo formal y los ingresos de la población, la cual no percibe ningún progreso.

Podría considerarse que un logro importante del 2007 fue el mantenimiento de la estabilidad de precios, pese a los elevados costos internacionales de los combustibles y de diversos alimentos y materias primas. Aún así, al mes de noviembre la inflación anual ya se había elevado al 8.4%, y es posible que al terminar el año ese porcentaje sea mayor, como efecto de los altos precios de los alimentos, impactados, en gran medida, por las dos tormentas tropicales que afectaron gravemente el sector   agropecuario del país durante los meses finales del año.

Los incrementos de precios de los más importantes productos básicos en la economía mundial afectaron a la República Dominicana de dos maneras: por el lado positivo aumentaron las exportaciones, particularmente las de ferroníquel, las cuales se elevaron tanto que probablemente hayan superado los US$1,000 millones, casi duplicando su valor; pero por otro lado, han obligado al país a comprar más caros el petróleo y diversas materias primas.

Unas de las mayores fuentes de preocupación del entorno económico es el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, el cual ha   alcanzado niveles difícilmente sostenibles. Se estima que al terminar el 2007 podría estar cerca del 5% del producto bruto interno. El aumento de las exportaciones por   los altos precios del ferroníquel no ha sido ni mínimamente suficiente para contrarrestar el hecho de que las zonas francas siguieron en retroceso, el turismo estuvo estancado, mientras que las importaciones aumentaron vertiginosamente, alentadas, entre otras cosas, por el mismo fenómeno que afecta negativamente el turismo y las zonas francas, que es el mantenimiento de una moneda sobrevaluada.

El país podría haber experimentado serias presiones en su sector externo de no haber sido por que en la primera mitad del año se registraron fuertes entradas de capitales privados, que se unieron al financiamiento blando de Petrocaribe. Este flujo positivo de capitales vino atraído por las tasas reales positivas de interés, en instrumentos de gran confiabilidad como son los certificados del Banco Central, al tiempo que la tasa de cambio permanece prácticamente inalterable durante casi tres años. No debe olvidarse, sin embargo, que para mantener esa estabilidad cambiaria, el Banco Central ha tenido que seguir aumentando el balance de su deuda interna, la cual termina el año 2007 en alrededor de RD$200,000 millones, cuyo costo financiero tendrá que seguir pagando el país por varios lustros.

Otro elemento distintivo de la evolución económica es el incremento mayor de lo previsto de los ingresos fiscales. En los primeros once meses se habían incrementado en un 26%, en tanto que las proyecciones presupuestarias eran de un aumento de 16%. Las razones fundamentales que explican este fenómeno son: por un lado, los altos precios del ferroníquel, que significó un incremento de casi 500%, con relación al 2006, en los ingresos provenientes de los derechos de explotación de Falconbridge; y por otro lado, la introducción del número de comprobante fiscal, que mejoró considerablemente los controles de la administración tributaria, tanto en el cobro del ITBIS como del Impuesto Sobre La Renta.

El fuerte aumento de los ingresos le permitió al Gobierno incrementar sus gastos y aún así cumplir sus metas de superávit en el Gobierno Central negociadas con el FMI. Un aspecto a destacar es que los gastos corrientes se incrementaron en alrededor del 16%, incumpliendo así con la propia ley de austeridad vigente. Vale decir que, el Gobierno aprovechó su gran holgura de recursos para potenciar, a la mayor expresión, su política clientelista de gastos. Hasta tal punto, que los recursos le alcanzaron para complacer peticiones de múltiples sectores excepto para lo más importante, pues el país sigue manifestando un extremadamente bajo compromiso con lo social. Se estima que el porcentaje del PBI destinado al gasto educativo, terminará en apenas un 2%, lo que sigue siendo uno de los aportes más bajos a nivel mundial. Algo parecido ocurre con salud, justicia y otros servicios sociales.

La corrupción erosiona los sistemas judiciales, negando a los ciudadanos el acceso a la justicia y el derecho humano básico a un juicio imparcial y justo, o a veces, simplemente a tener un juicio, según el Informe Global de la Corrupción 2007: Corrupción en Sistemas Judiciales, cuya edición en español fue lanzada hoy por Transparency International (TI), la organización global de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción.

“A fines de garantizar los derechos de todos y no sólo de los privilegiados por dinero o conexiones, la reforma judicial debería ser prioridad para los gobernantes que verdaderamente buscan disminuir la desigualdad y pobreza que azota a casi el 40 por ciento de la población en América Latina”, dijo Silke Pfeiffer, Directora para las Américas de Transparency International.

El Informe pone de manifiesto que la interferencia política sigue siendo un grave problema en la región y que en algunos países el Poder Ejecutivo ejerce poder discrecional sobre el nombramiento o promoción de jueces o que éstos reciben instrucciones para que un juicio se resuelva de determinada manera.

“Debemos contar con un Poder Judicial fuerte, independiente, inamovible, científicamente solvente y con rigurosas normas de calidad internas y externas”, declara el magistrado español Baltasar Garzón Real en su prólogo del Informe. “Son muchos los países en que los jueces son meros apéndices del Poder Ejecutivo”.

El soborno y la influencia política en la judicatura deterioran la cohesión social: tener un sistema para ricos y otro para los pobres divide a las comunidades. “Si el dinero y la influencia son la base de la justicia, los pobres no pueden competir,” añadió Marta Erquicia, responsable del reporte publicado este día.

La edición en español del Informe Global de la Corrupción 2007 incluye análisis comparativos sobre las diferentes manifestaciones de la corrupción judicial; nueve informes de país de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y España; así como una sección que repasa las últimas investigaciones sobre corrupción.

Retos en el Poder Judicial

En el Informe Global de la Corrupción 2007, se reconoce que pese a décadas de reformas para proteger la independencia judicial, la presión para fallar a favor de intereses políticos sigue muy presente. Aunque a escala mundial muchos jueces efectivamente actúan con integridad, los problemas persisten.

Los recursos limitados con los que cuentan algunos poderes judiciales o las presiones y amenazas a las que están sujetos los jueces en casos por ejemplo de narcotráfico, hacen que los jueces sean susceptibles a la corrupción. La interferencia de políticos o empleados civiles también puede servir para instrumentar el desfalco, nepotismo, amiguismo y decisiones políticas ilegítimas.

El Informe Global de la Corrupción 2007 ofrece recomendaciones detalladas para promover la independencia y rendición de cuentas judiciales, alentar la integridad individual, aumentar la aplicación efectiva de la ley y salvaguardar la judicatura contra la influencia política. Las nominaciones y destituciones de jueces y fiscales deben ser transparentes, independientes del poder ejecutivo y legislativo, y basarse en la experiencia y el desempeño. Los periodistas deben contar con la libertad necesaria para monitorear y opinar sobre procedimientos jurídicos y comunicar información fidedigna en materia de leyes, cambios propuestos en la legislación y procedimientos y fallos de la corte al público. El papel supervisor de la sociedad civil es de importancia imperativa.

La red de capítulos de Transparency International en Latinoamérica está laborando arduamente por obtener reformas que garanticen el acceso a la justicia para todos.

• El Informe Global de la Corrupción2007

Participación Ciudadana presenta el 2do Informe Alternativo de Organizaciones de la Sociedad Civil sobre la aplicación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, en el marco de la XII Reunión del Comité deExpertos sobre la implementación de la Convención InteramericanaContra la Corrupción (CICC), órgano de la OEA que se reúne esta semana en Washington.

El Dr. Luis Scheker Ortiz, Miembro del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, tuvo la responsabilidad de presentar el Informe, el cual evalúa los niveles de cumplimiento por parte del Estado Dominicano de las recomendaciones que tuvo a bien formular el Comité de Expertos en diciembre del 2007, en relación a los artículos de la Convención analizados en la Primera Ronda.   En este Informe elaborado por diversas organizaciones de la Sociedad Civil, se exponen las debilidades del sistema de contratación de funcionarios públicos vigente en República Dominicana; su débil base legal, estructura, características funcionales y el subsistema de sueldos, a partir de los dos componentes básicos del  Servicio Civil y la Carrera Administrativa.

Dentro del tema de las contrataciones públicas de bienes, servicios obras y concesiones, el informe presenta, en relación a las modalidades de contratación según los montos involucrados, los controles existentes, los órganos rectores, requisitos de los contratos, los criterios de selección de los contratistas, registros, recursos de impugnación, publicidad y el uso de los medios electrónicos. Además aborda el tema de la protección a los funcionarios públicos y ciudadanos que denuncian de buena fe actos de corrupción, destacando la ausencia de legislación sobre la materia en la RD.

Asimismo, el Dr. Scheker mostró una relación de los casos de corrupción que se encuentran en los tribunales, la legislación anticorrupción vigente y los resultados obtenidos a la fecha. El representante de PC expuso un conjunto de recomendaciones sobre las contrataciones públicas, tanto desde el punto de vista legal como de sus  procesos. De igual modo se procedió con la temática de protección de los denunciantes y la tipificación legal de los actos de corrupción.

Finalmente, acompañó su presentación con una breve evaluación acerca del cumplimiento por parte del Estado Dominicano de las recomendaciones realizadas por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento a la Aplicación de la Convención, en la Primera Ronda de análisis realizada en marzo de 2005.

El próximo 7 de diciembre será inaugurada en el Barrio Duarte de Herrera la segunda Casa Comunitaria de Justicia (CCJ) para cobijar y proteger los derechos de todos y todas los ciudadanos/as de Santo Domingo Oeste.

La Casa Comunitaria de Justicia se caracteriza por ser un centro de acción de justicia formal e informal, de educación y defensa de los derechos ciudadanos, creada por Participación Ciudadana y dirigida a fortalecer el Acceso Ciudadano a la Justicia.

Esta institución está diseñada para brindar servicios de información a los sectores más vulnerables y necesitados de las comunidades sobre sus derechos legales, tanto los individuales como colectivos.

La CCJ tendrá como objetivos propiciar la convivencia pacífica en las comunidades mejorando el acceso ciudadano a la justicia, elevando el conocimiento de la ciudadanía sobre sus derechos, garantías y protecciones legales, e implementando la mediación y otros mecanismos alternos de resolución de conflictos.

Además la institución llevará a la comunidad el trabajo coordinado de instituciones de diferentes naturalezas y disciplinas con el fin de prestar servicios integrales  que mejoren las condiciones de vida del ciudadano/a.

También propiciar espacios de articulación, coordinación y educación interactiva entre las comunidades y autoridades, integra equipos de ciudadanos en capacidad de ofrecer el servicio de mediación y resolución de conflictos.

La Casa Comunitaria de Justicia es un centro integral de información, orientación legal popular, referencia y prestación de servicios de mediación y resolución alternativas de conflictos en la ciudadanía y los sectores comunitarios.

Es un espacio de aproximación y coordinación entre el sistema judicial y las comunidades, destinado a facilitar el acceso ciudadano a la justicia de manera formal e informal.

Este centro promueve deberes y derechos ciudadanos, así como los considerados colectivos y difusos, capacita líderes sociales en el ejercicio de ciudadanía, buscando fortalecer la convivencia pacifica , la seguridad ciudadana , así como la prevención y reducción de la violencia para el fortalecimiento del Estado de Derecho en la República Dominicana.

Esta institución propicia la Sostenibilidad de las garantías constitucionales, como lo es el Derecho a la Defensa a través de la Tutela Judicial, de quienes se encuentran en imposibilidad económica para defenderse en las instancias judiciales.

Con sus servicios la Casa Comunitaria de Justicia garantiza mayor presencia institucional de las instancias judiciales y municipales en las comunidades.

La CCJ presta servicios de información sobre el Sistema de Justicia y su funcionamiento, orientación legal popular para el manejo de procedimientos y herramientas que facilite el acceso ciudadano a la justicia, asiste sicológicamente a las victimas, mediación y otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos, entre otros.

La Casa Comunitaria de Justicia de Santo Domingo Oeste es el resultado de una acción coordinada conjuntamente con:

• Suprema Corte de Justicia

• Procuraduría General de la República

• Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia

• Procuraduría Fiscal de la Provincia de Santo Domingo

• Oficina Nacional de Defensa Pública

• Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)

• Centro de Medicación Familiar

• Ayuntamiento Municipal Santo Domingo Oeste

• Unión de Vecinos Activos (UVA)

• Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID)

(Capítulo Nacional en la República Dominicana de Transparency International, en formación)

Un día como hoy, hace justamente un año, fue firmada la Declaración de Guatemala por una Región Libre de Corrupción. La misma fue firmada en la Ciudad de Guatemala el 16 de noviembre del 2006 por los Presidentes y Jefes de Gobierno de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana, a saber Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Belice, Panamá y la República Dominicana.

En el caso dominicano el Presidente Leonel Fernández no pudo asistir personalmente a la firma, pero envió en su lugar y otorgó un Poder para su representación al Embajador Adscrito a la Cancillería, Lic. Luis Manuel Piantini. República Dominicana es, en consecuencia, signatario de la Declaración y compromisario del fiel cumplimiento de sus postulados.

Mediante la firma de la indicada Declaración, los gobiernos de la Región se comprometieron a garantizar el libre acceso ciudadano a la información pública en forma veraz y oportuna,contar con mecanismos de rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas, el manejo transparente de las compras y contrataciones públicas y los programas sociales, el control del financiamiento político y electoral, la implementación de normativas de conducta que regulen el comportamiento ético tanto en el sector público como privado, que incluyan medidas para prevenir y controlar potenciales conflictos de intereses, la persecución de la corrupción, y el impulso a las reformas orientadas a contar con servicios civiles probos, estables y eficientes.

Es lamentable, sin embargo, que no se percibe que la firma de la indicada Declaración haya inducido cambios positivos en el manejo de los asuntos públicos en la República Dominicana. Más bien, lo que resulta evidente es que, transcurrido un año de haber sido suscrita, para el Gobierno Dominicano su firma no pasó de un acto protocolar,  pues al interior del país y del Gobierno mismo el hecho prácticamente ha pasado inadvertido, en virtud de que el funcionamiento de la administración pública ha seguido su curso normal en los aspectos relacionados con la transparencia y el combate a la corrupción, independientemente del compromiso firmado.

De hecho, algunos de los escándalos más graves relacionados con violaciones a la ética pública han afectado el país después de la firma de dicha Declaración. Ejemplos de ello son el caso del apoyo presidencial a que la Oficina del Metro desobedezca una orden judicial que obliga a suministrar informaciones públicas al periodista Luis Eduardo Lora. Otro ejemplo es el uso reiterado de los recursos del Estado en la campaña por la reelección presidencial del Dr. Leonel Fernández.

Y quizás el más escandaloso de todos, la firma y el mantenimiento en secreto del contrato con la Sun Land, y la defensa pública que del mismo hiciera el Presidente, no obstante estar claro que el caso conlleva procedimientos impropios en el uso de crédito internacional del país y la contratación de obras públicas, violatorios de la Constitución, de diversas leyes adjetivas y de acuerdos internacionales del país. Con el agravante de que todavía ni siquiera se ha aclarado a la Nación dónde están los US$130 millones que ahora el país debe.

• Comunicado emitido por Transparency International

El Movimiento Cívico Participación Ciudadana (PC) desea expresar su preocupación por la situación que afecta a la Junta Central Electoral (JCE), tanto en su coherencia interna como por la falta de respaldo a sus legítimos esfuerzos por reglamentar la campaña electoral en cumplimiento de su mandato constitucional y legal.

El fortalecimiento del máximo organismo rector y contencioso del sistema electoral   es fundamental para la preservación y perfeccionamiento del régimen democrático nacional, aún en proceso de afianzamiento.

Tanto los partidos políticos como los diversos sectores sociales y empresariales están en la obligación moral de subordinarse al supremo interés nacional, aceptando las legítimas decisiones de la JCE.

Nos contamos entre las instituciones que han dado firme apoyo a los esfuerzos de la JCE por reglamentar las campañas electorales para mejorar el sistema político y democrático, en aras de la transparencia y racionalidad en el gasto, la igualdad de oportunidades para todos los actores y para mayor garantía del inalienable derecho ciudadano a la libre y consciente elección. Tales objetivos son más imperativos porque hace una década los partidos políticos reciben financiamiento del presupuesto nacional.

Es sorprendente que la JCE no haya recibido mayor apoyo de las instituciones en el esfuerzo de reglamentación, ya que durante muchos años se ha clamado en el país por una limitación de la extensión y el costo de las campañas electorales. Pareciera que faltan muchas energías todavía para que esta nación pueda ordenarse democráticamente y superar las rémoras que le impiden alcanzar mayores niveles de desarrollo.

La negativa de los partidos mayoritarios a acatar la Resolución 07-2007 que prohíbe la publicidad proselitista hasta que se inicie oficialmente el período de campaña electoral es un desafío a la autoridad de la JCE que deja en crisis el sistema electoral. Esa situación tiene que ser urgentemente superada para preservación de la institucionalidad democrática, en juego una vez más por el proceso electoral llamado a culminar dentro de seis meses.

Es insustancial el argumento de que la JCE se excede al establecer límites al proselitismo y que viola derechos constitucionales. El artículo 92 de la Constitución de la República establece claramente que "las elecciones serán dirigidas por una Junta Central Electoral y por juntas dependientes de ésta, las cuales tienen facultad para juzgar y reglamentar de acuerdo con la ley". Así mismo, los artículos 87 y 88 de la Ley Electoral 275-97, indican cuando comienza y termina el período electoral.

Resulta obvio que la JCE tiene facultad para disponer el retiro de cualquier propaganda que viole principios constitucionales o alguna ley, como el mensaje proselitista que empleó a un miembro activo de las Fuerzas Armadas. Lo que no debió fue permitir que pasara un mes para tomar la decisión.

También tiene facultad para limitar el inicio de la campaña electoral, aspecto básico del proyecto de reglamento sobre el que se viene discutiendo hace más de 4 meses, y sobre el cual fueron consultados los partidos políticos y la sociedad en general. Pero la JCE debió decidir sobre todo el reglamento y no improvisar la puesta en vigencia de uno solo de sus aspectos.

Queremos dejar constancia de que reconocemos la legitimidad del reclamo de los partidos de oposición en el sentido de que es inadmisible la prohibición de la propaganda electoral de los partidos si no va acompañada de igual medida para la que mantienen diversos organismos estatales que promueven al presidente-candidato, incluso con sus consignas electorales.

Insistimos en la legitimidad de la reglamentación de la campaña y el financiamiento de los partidos, materia en la que se ha avanzado mucho en diversos países, sin menoscabo de los derechos constitucionales.

Pero para superar la preocupante situación en que se encuentra el sistema electoral lo más urgente es que la JCE logre una mayor cohesión interna, que las legítimas diferencias entre sus miembros titulares sean dirimidas en su seno sin ser transportadas a la opinión pública y que se acepten las decisiones mayoritarias.

Participación Ciudadana ha venido luchando por el cese de la impunidad y clamando por  sentencias judiciales que sancionen ejemplarmente los casos de corrupción pública y privada,  ante el hecho evidente de que el más grave de todos los males sociales que padecemos es precisamente la corrupción, que se ha venido generalizando en el país y que amenaza con arropar a todos los sectores sociales, incluido el sistema monetario y financiero del país.

Reconocemos que el ámbito judicial es uno de los pocos en que la institucionalidad dominicana ha mostrado leves avances, lo que permitió que en el caso BANINTER se llegara por primera vez a dictar sentencia por un crimen mayor de corrupción. Sin embargo, por ser el brote de corrupción más grande que conoce la historia de nuestra Nación, debió constituirse en el punto de partida de un esfuerzo conjunto de la sociedad y sus instancias, para mandar un claro mensaje de que la corrupción no será tolerada, por lo que cualquier banquero que meta la mano en los fondos que los depositantes le confíen, será sancionado sin tomar en cuenta las influencias políticas, económicas o sociales que pueda tener.

Lamentablemente ese no fue el caso, y en vez de enviarse ese mensaje lo que ha logrado la sentencia dictada es dejar una sensación de insatisfacción en amplias instancias de la sociedad, bajo el entendido de que la misma refleja intentos por acomodar las decisiones judiciales a las expectativas de poderosos grupos de presión económicos y políticos,  con el efecto adicional de que hiere sensiblemente la confianza que estaba generando el proceso de reforma judicial iniciado auspiciosamente hace ya once años.

La  sentencia  admite como probados todos los hechos imputados a Ramón Báez Figueroa  y Marcos Báez Cocco, así como válidas todas las pruebas aportadas por  los  acusadores  públicos  y  privados, comprobando que lo que el país vivió en el 2003 y lo que ocurrió en ese Banco desde años atrás, no fue una fábula, sino una cruda realidad que afectó a todo el país, como lo describe la  propia  sentencia  al señalar:  "hemos podido establecer la gravedad de este   hecho,  pues  las  consecuencias  socioeconómicas  derivadas  de  la afectación del bien jurídico protegido, en este caso el sistema monetario y financiero nacional, han alcanzado a todos los sectores de la sociedad".

Resulta  evidente que se excluyó el delito de abuso de confianza lo que podría servir de base para intentar  excluir  posteriormente el delito de lavado de activo, en el caso del Presidente y Vicepresidente del banco, cuando tal condición los hacía responsable  del buen uso de los fondos del Banco, que provienen de los depositantes.

Se  sienta  un   funesto precedente cuando la sentencia valida que una funcionaria bancaria  pueda  sobregirar  su  cuenta  por  28  millones de pesos bajo el alegato  de que los fondos tomados corresponden a bonificaciones, cuando todo pago en bonificación tenía que estar previamente documentado y, en todo  caso,  los  fondos tendrían que haber ingresado a la cuenta antes de su uso.  Esperamos que los que actualmente laboran en el sistema financiero no sigan este ejemplo, aún validado por una sentencia.

Otro aspecto cuestionable es haber desconocido la decisión de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de enviar a juicio de fondo al imputado Jesús María Troncoso,  en base a un tecnicismo legal que impidió  al Primer Tribunal Colegiado aceptar las pruebas en su contra que figuraban en el expediente, y al hacerlo ignoran y pretenden descalificar  a nuestro más alto tribunal de justicia.

Participación Ciudadana considera insólito que, al final, según se desprende  de la sentencia, parecería ser que el más grande fraude bancario conocido, en términos relativos, fue obra de apenas tres personas, eximiendo de culpas a otros que tenían responsabilidades fundamentales en la conducción cotidiana del banco, incluidas las acciones fraudulentas. Todo esto sin mencionar el mundo de corrupción y complicidades que lo hicieron posible, o que profundizaron su impacto negativo, cuyos costos estará pagando la sociedad dominicana por varias generaciones.

Esperamos  ahora  que el Ministerio Público actúe de acuerdo con lo que fue su convicción durante todo el juicio de fondo y apele aquellas partes de la sentencia  en que no fue complacido. Entendemos que el desafío y la responsabilidad de la corte de apelación, ante la frustración que deja el tribunal de primera instancia, debe ser, acoger la solicitud del ministerio público y validar la acusación de abuso de confianza y lavado de activo, los cuales, se hace obvio que fueron delitos cometidos. Es necesario además que se incorporen las personas que han sido absueltas.  La justicia tiene así la oportunidad, de lograr que en este caso no ocurra lo que ha ocurrido tanta veces, como en los  caso  del  Plan  RENOVE, de los Invernaderos,  del  uso  de  vehículos robados por la Policía Nacional, del PEME,  de  Salvador Jorge Blanco y de tantos otros casos de corrupción, que aunque  se obtuvieron sentencias  condenatorias  en  primer grado, luego terminaron exculpando a los imputados ya sea por sentencias absolutorias o por renuncia a la persecución. El crédito y la recuperación de la fe en nuestro sistema judicial, es lo que esta en juego.