Con el objetivo de fortalecer la difusión de la normativa de compras y contrataciones públicas entre los sujetos de la sociedad civil, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE) y Participación Ciudadana firmaron un convenio de colaboración interinstitucional.

Este acuerdo busca promover la transparencia, la participación ciudadana y el acceso a la información en los procesos de contratación pública, mediante acciones conjuntas de formación, comunicación y acompañamiento técnico dirigidas a organizaciones de la sociedad civil.

La firma del convenio estuvo encabezada por Carlos Pimentel, director de la DGCP; Erick Hernández-Machado Santana, coordinador general de Participación Ciudadana; y Agustín Sandino Olaverría, en representación de CEPAE.

Esta alianza estratégica reafirma el compromiso de las tres instituciones con una gestión pública más abierta, ética y participativa, orientada al fortalecimiento de la democracia y el ejercicio de ciudadanía activa.

En sus 31 años, desde que fue fundada en el 1993, Participación Ciudadana (PC) ha ejecutado 101 proyectos de educación ciudadana, promoción de la democracia y para el fortalecimiento institucional, con sus propias fuerzas o aliada a decenas de entidades nacionales e internacionales, muchas de las cuales han contribuido con financiamiento.

El mayor apoyo económico ha provenido de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), pero también de otras 38 instituciones internacionales, de varios Estados, de organismos multilaterales y no gubernamentales, así como de 3 nacionales y más de una veintena de empresas dominicanas. Esto sin contar los aportes de sus propios miembros, tanto por vía del trabajo voluntario como del pago de cuotas. Por ejemplo, el local nacional de PC fue comprado exclusivamente por contribuciones de empresarios dominicanos, lo mismo que el fondo patrimonial que recolectó más de 22 millones de pesos. Para mantener su plena independencia, PC nunca ha aceptado ayuda económica del Gobierno dominicano, aunque ha ejecutado acciones y proyectos conjuntamente con docenas de instituciones estatales, centralizadas y autónomas, incluyendo múltiples ayuntamientos.

El financiamiento a PC ha provenido de instituciones de Estados Unidos, de la Unión Europea, Canadá, Gran Bretaña, Alemania y Chile, de Transparencia Internacional, de la cual PC es capítulo nacional desde el 2004, así como de entidades financieras como el Banco Mundial, el BID y cuatro diferentes órganos de las Naciones Unidas.

LAS INSTITUCIONES DE MAYOR APOYO A LOS PROYECTOS DE PC

Razones del amplio apoyo

El gran apoyo nacional e internacional recibido por PC ha estado determinado:

1. Por tratarse de un movimiento cívico de estructura y participación democrática, que nunca ha dejado de celebrar su asamblea anual pública, sin haber tenido ninguna división o conflicto interno considerable en tres décadas.
2. Porque su estructura está encabezada por un Consejo Nacional, primero de 12 y ahora de 9 miembros electos por la Asamblea General, los que a su vez escogen un coordinador general que se ha renovado cada año, y sólo cinco han repetido, nunca en años consecutivos. Con una estructura y cultura de alta participación voluntaria en comisiones especializadas, la coordinación general y los principales directivos aportan decenas de horas de trabajo semanales, sin que sus titulares reciban remuneración, ni vehículo ni combustibles. Por más de tres décadas, ciudadanas y ciudadanos han aceptado esa responsabilidad, sin buscar perpetuarse ni promoverse.
3. Por haber tenido cientos de miembros voluntarios, en gran proporción profesionales y líderes sociales y religiosos, que no sólo han aportado su tiempo y recursos, sin recibir compensación alguna, sino que también pagan cuotas para ayudar al sostenimiento de la organización. Se destaca el papel desempeñado por las redes de observadores electorales que en algunos casos llegó a reunir más de 10 mil personas de todo el país, de diferentes edades y condiciones sociales y económicas, quienes han contribuido a un notable avance en la transparencia, legitimidad y organización de los procesos electorales.
4. Absoluta transparencia y rendición de cuentas, con auditorías anuales externas, tanto de los fondos generales, como específicamente de los fondos aportados por las principales agencias.
5. Publicación sistemática de todos los detalles de sus proyectos, incluyendo financiamiento, gastos, sueldos del personal técnico contratado, lo cual ha estado disponible para todo el público en la página Web, www. pciudadana.org.
6. Por la seriedad y precisión de las observaciones electorales y conteos rápidos, que, en todos los casos, quedaron con diferencias menores al 0.5% de los datos oficiales que ofreció la JCE muchas horas después, y que se entregaban el mismo día de las elecciones a las autoridades electorales y a los financiadores.

Los dos programas más extensos y de mayor financiamiento

de la USAID gestionados por Participación Ciudadana (PC)

Programa de Formación y Gerencia Política de Jóvenes Líderes de República Dominicana (2005-2012)

Fue gestionado por PC, conjuntamente con el Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y el Centro de Investigación y Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

Contó con la colaboración nacional del Senado de la RD, el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), de la Oficina Nacional de Administración de Personal, luego Secretaría de Estado y Ministerio de Administración Pública (MAP).

Colaboración internacional: Instituto Nacional Demócrata (NDI) de Estados Unidos, del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), y del Instituto de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y del Ayuntamiento de Málaga, España.

Para su ejecución, el programa tuvo un Consejo Consultivo integrado por seis profesores de las universidades participantes y los secretarios generales del PLD, PRD, PRSC, Reynaldo Pared Pérez, Orlando Jorge Mera, y Víctor Gómez Casanova. La FNP representó a 19 partidos emergentes.           

Coordinador general: Rafael D. Toribio

Dos etapas: 2005-08 y 2008-12

Costo total: 4,253,600.00 dólares

Tuvo el objetivo de contribuir a modernizar el liderazgo político, fortaleciendo la presencia de la juventud en el ejercicio de la política y abrir paso a una nueva relación entre la sociedad y la política.

En su ejecución se hicieron diplomados dirigidos a jóvenes propuestos por los partidos, de 72 horas de formación sobre liderazgo y gerencia política, abarcando el sistema democrático y sus instituciones, valores, liderazgo y prácticas democráticas, modernización y gerencia de los partidos políticos.

En la segunda etapa se agregó el entrenamiento de los que habían registrado mejor rendimiento en los diplomados para que pudieran ser capacitadores de dirigentes medios y de base de sus propios partidos. En el 2011 los egresados de los cursos constituyeron una Red de Jóvenes Líderes, vinculando a los de múltiples partidos que operó por varios años.

Participantes:

En total 2,040 jóvenes entre 18 y 40 años de edad, 72% hombres y 28% mujeres.

1,754, el 86%, provenientes de 18 de los 23 partidos reconocidos por la JCE

286, el 14%, provenientes de 263 organizaciones de la sociedad civil.  

208 dirigentes de partidos entrenados como capacitadores.

118 militantes certificados como capacitadores, Estos a su vez impartieron los conocimientos adquiridos a 4,673 dirigentes medios y de base de los partidos en 35 municipios de 16 provincias. Los cursos abarcaron las 31 provincias y el DN, y se impartieron en universidades y centros culturales de las mismas. Una condición para ser aceptados era la presentación de una carta de acreditación del partido o la organización a que pertenecían.

Distribución de los 2040 participantes en los diplomados:

632 (31%), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

469 (23%), del Partido Revolucionario Dominicano (PRD)

265 (13%), del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)

82 (4%), del Partido Alianza por la Democracia (APD)

306 (15%), de 14 partidos emergentes o minoritarios

286 (14%), de 263 organizaciones sociales, incluidos en la segunda etapa

2.- Acceso Ciudadano a la Justicia, o Casas Comunitarias de Justicia (CCJ)

Dos etapas:

2005-2018, gestionado por Participación Ciudadana

2018- 2025 gestionado por el Centro Casas Comunitarias de Justicia Inc.  

Financiamiento de USAID vía PC (2005-16): 4 millones 253 mil 600 dólares

Director Ejecutivo: José Ceballos

Colaboración de la Suprema Corte de Justicia, de la Procuraduría General de la República, y de las fiscalías provinciales y ayuntamientos, que aportaban abogados y ayudantes fiscales. El promedio de empleados por cada CCJ ha sido de seis, en su mayoría pagados por el proyecto.

Objetivo: Contribuir a la reducción y resolución de los conflictos en las comunidades barriales, así como a la disminución de la delincuencia con la integración de los dirigentes comunitarios a las labores de asistencia prevención. También reducir la enorme cantidad de querellas sobre delitos de poca monta que abarrotaban las fiscalías, conciliando posiciones e intereses.

Durante el período 2005-06 se desarrollaron jornadas de consulta y capacitación con participación de 5,012 personas, y entrenamiento para los primeros 69 mediadores, dando origen al Plan Nacional de Resolución de Conflictos.

La primera CCJ fue abierta en el barrio Cienfuegos de Santiago, en octubre del 2006 y en la actualidad suman 10, operando tres en Santiago, una en el DN, una en Santo Domingo Oeste, La Vega, San Francisco de Macorís, Moca, Mao y Puerto Plata. El proceso tuvo asistencia técnica de DPK Consulting.

En 18 años, hasta el 2024, las CCJ han prestado servicios a 650 mil personas, en el 90% de los casos con resolución de conflictos

Desde el 2016, PC consideró que las CCJ necesitaban mayor autonomía para su desarrollo y operatividad, por lo que inició un proceso que culminó con el traspaso del programa a la fundación Casas Comunitarias de Justicia Inc., aunque ha mantenido un representante en su consejo directivo. Las 10 casas siguen dando servicios y resolviendo conflictos en los barrios populares donde operan.  Haberse separado de Participación Ciudadana les permite a las Casas Comunitarias de Justicia recibir apoyo presupuestario del Gobierno para cumplir sus funciones, algo que no es posible dentro de PC.

Las múltiples contribuciones de Participación Ciudadana a la lucha contra la corrupción y por el fortalecimiento institucional

Campañas de descrédito contra PC

Cada cierto tiempo resurge una campaña que busca restar crédito a Participación Ciudadana, pretendiendo presentarla como una entidad que responde a determinado partido político o bien a intereses extranjeros, y difundiendo que sus dirigentes han recibido altas sumas de dinero de las agencias internacionales de financiamiento, en particular de la USAID.

Ambas versiones son absolutamente desmentidas por la historia de la organización, primero por sus observaciones electorales y conteos rápidos de las votaciones y luego por sus vínculos y colaboración con todo el espectro político nacional, que ha sido parte de la historia de PC. La gran mayoría de los proyectos se desarrollaron durante los gobiernos del PLD y numerosas actividades contaron con la participación, tanto del partido como de instituciones gubernamentales, quienes colaboraron ampliamente. Sin embargo, PC mantuvo los reclamos de transparencia, rechazo a la corrupción y respeto a la institucionalidad democrática. Toda la historia de PC ha quedado ampliamente documentada, tanto en sus publicaciones y fuentes de difusión electrónica, como también en la prensa nacional que le ha dado generosa cobertura a todas las actividades, propuestas y opiniones.

Se atribuye a PC una actitud parcial frente al PLD, pero como se podrá observar en los dos mayores proyectos que hemos desarrollado, tuvimos gran participación de ese partido y apoyo de sus órganos gubernamentales, relevantemente de los dirigentes partidistas y los funcionarios del ámbito judicial. En los procesos electorales que ganó el PLD, del 1996, 2004, 2008, 2012, 2016, los informes y conteo rápidos de PC dieron testimonio de los resultados.

Es cierto que unos pocos directivos de PC han salido de nuestra organización para formar parte del actual gobierno, pero eso nunca ha comprometido nuestras posiciones, esas personas se han desvinculado de nuestra militancia, que es muy diversa en posiciones políticas. Lo mismo pasó con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana.

El primer coordinador general de PC y uno de sus fundadores, Tony Isa Conde, formó parte de los gobiernos del PLD, incluyendo una posición de ministro. Otro coordinador general, Ramón Tejada Holguín, fue titular de la Dirección General de Análisis Estratégico de la Presidencia de Danilo Medina, el dos veces coordinador de PC, Isidoro Santana, fue ministro del Gobierno de Danilo Medina y varios más ocuparon cargos en esos Gobiernos. Donde no hubo un solo dirigente de PC, fue en el período que encabezó Hipólito Mejía, 2000-2004.

Los activistas y voluntarios de la sociedad civil mantienen su derecho ciudadano a acceder a posiciones públicas y, hasta el momento, ninguno de nuestros antiguos dirigentes ha deshonrado los principios y valores que profesamos. 

Es una infamia decir que los dirigentes de PC han recibido sueldos de la USAID o de otras fuentes, por los servicios prestados, todos son absolutamente voluntarios. Sólo el personal técnico y administrativo ha recibido salarios y los mismos siempre han estado transparentados en nuestro sitio de internet. Nuestros estatutos prohíben taxativamente que los directivos, tanto del Consejo Nacional como de las comisiones de trabajo, reciban remuneración alguna y esta disposición siempre se ha cumplido.

También son infamantes las denuncias de que periodistas han sido pagados con el financiamiento de la USAID y mucho más que con esos fondos se hayan desarrollado campañas contra los intereses nacionales. Esto carece del mínimo soporte, choca con la transparencia con que se han manejado los fondos recibidos y con el limpio historial de vida de esos ciudadanos y comunicadores.

Lucha contra la corrupción

Desde su nacimiento PC colocó la lucha contra la corrupción entre sus principales ejes programáticos. Ya para principios del Siglo XXI la organización decidió que esta sería su prioridad e inició contactos para ingresar a Transparencia Internacional, siendo designada en el 2004 como capítulo nacional de la misma. La mayoría de las acciones realizadas por la organización, incluyendo la observación de las elecciones y el impulso de leyes, tienen un alto componente de educación ciudadana para aglutinar fuerzas y emprender acciones contundentes que disminuyan la corrupción y la impunidad. Las publicaciones de PC han sido referentes y documentos para la historia en materia de lucha contra la corrupción, sin jamás haber recurrido a la mentira, todo lo que se ha denunciado ha sido ampliamente documentado.

Fue sistemático el seguimiento y la demanda de justicia por los fraudes bancarios que en el 2002-03 hundieron la economía nacional. Lo mismo ocurrió frente a otros escándalos como el caso Sum Land,  Odebrecht y a todos los expedientes de alta corrupción que han cursado en la justicia. En los casos mayores PC ha publicado folletos resúmenes para educar a la ciudadanía e incentivar los reclamos de fin de la impunidad. Actualmente está dando seguimiento a los procesos judiciales en curso.

Presión y concertación por leyes de avance democrático

La organización ha intervenido a favor o en contra de proyectos en el Congreso Nacional, siempre con el objetivo de lograr avances significativos en la construcción de la democracia. Entre estos se destacan: Defensoría del pueblo; reformas de la Constitución de la República del 2002, del 2010 y 2024; Ley Orgánica del Ministerio Público; Ley de Compras y Contrataciones Públicas; Ley de Reforma Policial; Ley de Participación Social; Ley de Libre Acceso a la Información Pública; Ley General de Educación, con el 4% del PIB para el sector; Ley General de Municipios con presupuesto participativo.

Como puede constatarse en este mismo documento, las publicaciones de PC han dedicado un amplio espacio a la difusión de las leyes, proyectos y debates que tienen que ver con el ordenamiento jurídico en materia constitucional, político-electoral, organismos de control del gasto público, derechos, participación social, entre otros.

Convenios con organismos públicos y privados

Sin recibir financiamiento, PC ha firmado convenios con múltiples organismos estatales, como la Procuraduría General de la República; Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa; Suprema Corte de Justicia; Consejo Nacional para la Reforma del Estado; Ministerios de Administración Pública y de Medio Ambiente.

PC participó en la comisión para la nómina pública, creada mediante decreto del Poder Ejecutivo; aprobación de convenio interinstitucional con la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), para la promoción de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Participación en el Consejo Nacional Anticorrupción; aprobación de convenio con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), para apoyar los procesos de capacitación en temas de ética del servidor público. Ha sido jurado por muchos años en el Premio anual a la calidad de las instituciones públicas.

Coaliciones, alianzas y articulaciones

En 1999 se convocó un encuentro de la sociedad civil encabezado por PC, FINJUS, ANJE, COPADEBA, ACOPRO, Centro JUAN MONTALVO, CONEDO, CONEP, CGT, INDUSTRIALES DE HERRERA, dando inicio al FORO CIUDADANO, concertación que ha hecho importantes aportes a los avances democráticos y que se mantiene vigente. También se creó la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia que ha servido de base a importantes proyectos. En el 2003, junto a decenas de organizaciones y personalidades nacionales, PC encabezó la creación de la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, CTI, que se movilizó contra la impunidad en los fraudes bancarios.  

Nuestras articulaciones han incluido acuerdos con la Fundación Solidaridad y con CEPAE, para la promoción del Proyecto de Transparencia Municipal; articulación de la sociedad civil con los componentes Transparencia de la Gestión Pública, Fortalecimiento del Poder Judicial, Transparencia Municipal. Promoción de la participación de la sociedad en las Reformas Políticas; implementación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Acuerdo con la Oficina Nacional de Administración de Personal (ONAP), para la búsqueda de consenso en la implementación de la Ley No. 14-91 sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa; Participación en la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, creada por el Poder Ejecutivo; integración de PC al Consejo Económico y Social y creación de la Red Nacional por la Transparencia Municipal.

Educación ciudadana y derechos de la mujer

Todos los proyectos y acciones de PC están orientados en primer lugar a la educación y la concientización ciudadana de líderes y militantes de los partidos y de la sociedad civil, empleados estatales, militares, policías, jueces, fiscales. Los más diversos sectores han participado en acciones de capacitación e incidencia organizados por PC, incluyendo un programa de formación en derechos humanos y seguridad ciudadana.

Ha sido relevante el Programa Mujer y Política, llamado a fomentar una mayor participación de las mujeres en la política. Formamos parte de la Coalición por una Legislación Moderna y Consensuada y desde ese espacio se ha apoyado el mantenimiento de la Ley No. 24-97 Contra la Violencia Intrafamiliar, como parte del Código Penal, que está en proceso de revisión en el Congreso, para lo cual ha asistido a diversas reuniones de la Coalición y a las vistas públicas que ha organizado el Congreso. En los años recientes, PC forma parte de la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres y ha participado en marchas y otras actividades relacionadas con los derechos de las mujeres, las tres causales, las protestas contra los feminicidios, entre otros.

Decenas de publicaciones

En sus tres décadas PC ha realizado decenas de publicaciones en forma de libros, folletos, investigaciones y estudios especiales. Las ediciones que se listan a continuación constituyen un referente obligado para las generaciones futuras, la historiografía y todo el que quiera estudiar este importante período de la historia dominicana.

SOBRE TEMAS DECORRUPCION E IMPUNIDAD

1. ¿Un Estado del siglo XIX para el siglo XXI? La gestión pública y el reto dominicano. 2001
2. 20 años de Impunidad, Investigación de casos de corrupción en la Justicia Dominicana 1983-2003. Feb. 2004.
3. Acusación de corrupción Contra el Senador Félix Bautista, 2015.
4. Convención Interamericana Contra la Corrupción, 2005.
5. Cuestiones que debemos conocer y No Olvidar sobre los Fraudes Bancarios, 2005.
6. El Caso Medusa.
7. El Impacto de la Corrupción en las Políticas Sociales.
8. Géneros y Corrupción en República Dominicana, 2022.
9. Índice de Transparencia de la Entidades Públicas, 2007.
10. Informaciones claves Operación Calamar. Documentos sobre la medida de coerción del Ministerio Público. 2023.
11. Informe Alternativo de la Sociedad Civil a la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
12. Informe República Dominicana: Seguimiento al Compromiso de Lima Observatorio Ciudadano de Corrupción. 2021.
13. Informe de la Convención Inter Americana contra la Corrupción (CICC). 2004.
14. Inventario Nacional de Construcciones Públicas Paralizadas 1960-2004. (2005).
15. La acusación Antipulpo. Un caso de corrupción administrativa y criminalidad organizada. 2022.
16. La Corrupción, Características y Consecuencias en la Rep. Dom., 2003
17. La Corrupción sin Castigo. 2014.
18. La manzana y la serpiente. 2011.
19. La pre y pos corrupción en República Dominicana. 2020.
20. Normativa legal sobre control y transparencia en la gestión pública, 2001.
21. Odebrecht Finanzas públicas & desorden institucional. 2017.
22. Odebrecht Punta Catalina, más corrupción impune. 2018.
23. Pobreza y Corrupción, el reto de los programas sociales. 2005.
24. Primer Informe del Observatorio a los expedientes judiciales. 2024.
25. Propuestas de Acciones sugeridas por la Sociedad Civil al Estado para hacer operativas las recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
26. Segundo Informe del Observatorio a los expedientes judiciales, 2024.
27. Tercer Informe del Observatorio a los expedientes judiciales, 2025.

TEMAS POLITICOS Y ELECTORALES

• ¿Son transparentes nuestros partidos? 2015.
• Alrededor de cuarenta 40 informes de procesos y resultados electorales en 13 observaciones nacionales y municipales realizadas.
• Código de Ética Electoral, 2008.
• Cuota femenina y voto preferencial, 2001.
• Cuota femenina, circunscripciones electorales y listas de candidaturas. 2004.
• Democracia y Partidos Políticos, Legislación y Expectativas de Cambio, 2002.
• Guía de Monitoreo al cumplimiento del Pacto por la Gobernabilidad Democrática en el Ámbito Municipal. 2020.
• La Reforma Político-Electoral. 2011.
• La representación femenina en el congreso y el ayuntamiento. 2002.
• Liderazgo democrático y la participación ciudadana. 1999.
• Liderazgo joven y participación política. Ponencias dictadas en los paneles regionales organizados por el programa durante los últimos tres años (2003-2005).
• Poder y representación femenina (Estudio cualitativo acerca de la participación de la mujer en la política). 2002.
• Presencia de las candidaturas femeninas y de los temas de género en los medios de comunicación de Rep. Dom. durante las elecciones congresuales de mayo 2010.
• Propuesta de PC frente a los proyectos de leyes de Partidos Políticos y Agrupaciones políticas y de régimen electoral, 2017.
• Propuestas de los jóvenes en seguridad ciudadana dirigidas a los candidatos/as electorales de los comicios del 2024.
• Reformas Electorales Pendientes. 2005.
• Resultados del Estudio pre y post electoral del observatorio electoral de personas con discapacidad para el proceso electoral de la Rep. Dom. del año 2016.
• Sistematización de experiencias y prácticas del observatorio electoral 2016 de personas con discapacidad en la Rep. Dom.

PUBLICACION DE LEYES Y PROYECTOS DE LEYES

• 1er y 2do Informe de Seguimiento del Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad. 2014.
• Adquisición, Enajenación y Uso de los Bienes Estatales.
• Análisis del Plan Estratégico y Plan Operativo anual del MAP a la luz de la Ley 41-08 de Función Pública. 2022.
• Análisis integral de los anteproyectos de leyes de la minería nacional y del Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal Minera. 2021.
• Campaña por la Independencia del Ministerio Público. 1997.
• Carrera Municipal Valoración Jurídica, Estado de Situación y Perspectivas.
• Compilación de leyes que toman en cuenta a la mujer y propuestas de modificaciones, (versión popular, 2005.
• Compilación de leyes que toman en cuenta a la mujer y propuestas de modificaciones, 2004.
• Compras y contrataciones en los gobiernos locales: Un desafío de los municipios en el Siglo XXI. 2020.
• Compendio de Legislación de función Pública: Impreso 1,000 ejemplares con 10 Leyes cada compendio. 2014.
• Constitución de la República 1999.
• Constitución de la República 2003.
• Constitución de la República, 2010.
• Contraloría y Contabilidad Gubernamental;
• Cumplimiento de la Ley Orgánica de la Administración Pública No. 247-12. (2022).
• Diagnóstico introductorio al marco presupuestario de la Policía Nacional. Período 2008-2016,
• Distritos Electorales: hacia una nueva forma de votación en el 2002. (2000).
• Equidad de Género en la Aplicación de la Ley de Función Pública No.41-08.
• El Defensor del Pueblo. 2003.
• El sistema judicial dominicano. 2001.
• El Ministerio Público. 2001.
• El Nuevo Código Procesal Penal, y sus implicaciones en casos de corrupción en RD,2006.
• Estudio Situación y Perspectivas de las Carreras Especiales Docente y Sanitaria.
• Estudio Macro Estructura del Estado Dominicano para determinar dualidad de función es de los órganos de la administración pública
• Evolución de la carrera administrativa y especial en la Rep. Dom.: a 8 años de la entrada en vigencia de la Estrategia Nacional de Desarrollo. 2021.
• Guía Ciudadana para el Acceso a la información pública, 2005.
• Guía comunitaria para conocer cómo se compra y se contrata en tu municipio. Elementos para un control eficiente. 2019.
• Guía para el monitoreo ciudadano de la administración pública. 2018.
• Guía para el Monitoreo de la Gestión Pública. 2013.
• Guía para el monitoreo ciudadano de la gestión pública en la Rep. Dom. 2014.
• Implementación de la Ley 169-14 sobre naturalización. Informe final. 2023.
• Implementación del Presupuesto Participativo en el marco de la Ley No. 176-07.
• Interpelación e impugnaciones de los actos de la Administración Pública.
• Inventario normativo legal sobre control y transparencia en la gestión pública. 2002.
• La carrera municipal. Valoración jurídica, estado de situación y perspectivas. 2014.
• La cascada, manual de procedimientos. Metodología de capacitación para la observación electoral: Elecciones presidenciales del año 2000. (1999).
• La Defensa Pública. Ley 277-04 del 12 de agosto del 2004.
• La inamovilidad de los jueces. 2002.
• Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas.
• Ley 340-06 Sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento, 2010.
• Ley de Adjudicación de Obras y Servicios (2004.
• Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, 2004.
• Ley de Presupuesto, 2001.
• Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, 2005.
• Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04 y el decreto que aprueba su reglamento. 2010.
• Ley General de Participación, 2004.
• Ley No. 107-13 sobre los derechos de las personas en relaciones con la administración y de procedimiento administrativo.
• Ley No. 311-14 que instituye el Sistema nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los funcionarios y Servidores Públicos.
• Ley No. 41-08 de Función Pública. 2012.
• Ley No. 631-16 del 2 de agosto de 2016, para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados.
• Ley No. 6-96 dispone que toda persona privada de su libertad por autoridad policial o militar, tiene derecho a comunicarse con sus familiares por vía telefónica u otra vía, modificada por la Ley 158-06.
• Ley No. 72-02 sobre lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas.
• Ley Orgánica de la Policía Nacional No. 590-16.
• Leyes y Proyectos de leyes y decretos anticorrupción 1996-2003.
• Los tribunales y juzgados del Sistema Judicial. 2001.
• Los avances en el cumplimiento de la Ley General de Salarios del Estado Dominicano. 2021.
• Manual para los comités y núcleos sobre la observación del proceso electoral. Elecciones presidenciales 16 de mayo del 2000 (1999).
• Marco legal para la gestión de riesgos. Guía de seguimiento. 2008.
• Propuesta de Reglamentación a los Mecanismos legales para el financiamiento de Asociaciones sin Fines de Lucro. 2010.
• Mecanismos Normativos de Controles Administrativos y Financieros para la Prevención de la Corrupción en la República Dominicana, 2005.
• Monitoreo aplicación de la Ley de función pública No. 41-08 de Función Pública y sus reglamentos. 2013.
• Monitoreo Ley No. 41-08: Situación y perspectivas de las carreras especiales docente y sanitaria. 2014.
• Niveles de diferencia en los salarios de la administración pública. La Ley de Función Pública No. 41-08. (2013).
• Observación de la selección de los candidatos. Elecciones presidenciales de los partidos políticos. Mayo, 2000 (1999).
• Participación de la sociedad civil en la Cumbre de las Américas: Experiencia de la Rep. Dom. 2001.
• Por qué nos conviene el proyecto de reforma a la Ley Electoral. Resumen del anteproyecto de modificación a la Ley Electoral No. 58-84 (1997).
• Posición de Participación Ciudadana sobre la nueva Constitución 2010.
• Presupuesto Orientado a la Reforma de la Administración Pública, que abarcan una evaluación de lo presupuestado y lo invertido en los años 2011- 2012.
• Presupuesto Orientado a la Reforma de la Administración Pública, que abarcan una evaluación de lo presupuestado y lo invertido en los años y 2013-2014.
• Presupuesto participativo municipal. Extracto de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. 2019.
• Prevención y Sanción de la Corrupción Publica (recopilación de leyes y artículos de leyes anticorrupción).
• Reforma de la ley 340-06 por la transparencia y el fortalecimiento de la Administración Pública. 2021.
• Reformas electorales. Experiencias regionales sobre calendarios electorales y sistemas de doble vuelta. 2001.
• Relatoría: Seminario sobre avances y desafíos en la Administración Pública en los últimos 10 años. 2022.
• Relación ayuntamiento – sociedad civil. Diagnóstico de 9 municipios dominicanos. 2000.
• Sistema de monitoreo ciudadano a la Administración Pública (SIMCAP). Primer informe resultados de veeduría ciudadana, Profesionalización de la Administración Pública local. 2016.
• Sistematización de los foros por la calidad de los servicios públicos. 2022.
• Vamos a conocer nuestra Constitución. 2001.
• Varios Ranking del Cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública por parte de los ministerios y de partidos políticos.

OTROS

1. 2do. diagnóstico sobre percepción de violencia y delincuencia. 2022.
2. Veintiún recomendaciones para la seguridad ciudadana del municipio en tiempos de emergencia. 2020.
3. Actuaciones irregulares de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones. 2016
4. Análisis de la Mesa Nacional de la iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). 2021.
5. Análisis del proceso de observación electoral de mayo del 1998. (1999).
6. Biografía: candidatos y candidatas Provincia Santo Domingo. 2002.
7. Casa Comunitaria de Justicia, para cobijar nuestros derechos, 2010.
8. Cómo votar en las elecciones presidenciales de las elecciones presidenciales de mayo 2000 (1999).
9. Compras y Contrataciones en los Gobiernos Locales: Un desafío de los municipios en el Siglo XXI. 2020.
10. Condiciones de trabajo de la Policía Nacional en los destacamentos del Corredor Duarte y 18 barrios de la zona norte del Distrito Nacional. 2016.
11. Democratización de la cultura y las prácticas políticas. 1997.
12. Diagnóstico sobre percepción de violencia y delincuencia. 2021.
13. El Foro Ciudadano como espacio de articulación de la sociedad civil. Balance y perspectivas. 2002.
14. En la historia dominicana la reelección ha sido antidemocrática. 2002.
15. Encuentro con candidatos y candidatas a regidores en las elecciones congresuales y municipales del 1998.
16. Equidad de género en la aplicación de la Ley de función pública No. 41-08 (2014)
17. Estructuras del Estado Dominicano, Hacia una renovación pertinente, 2014.
18. Estudio factores de riesgo de corrupción administrativa en el sistema de monitoreo, vigilancia, enjuiciamiento y adjudicación de delitos ambientales en la Rep. Dom. 2024.
19. Estudio nacional sobre la situación de la integridad empresarial en sectores específicos, principales empresas con riesgo de corrupción y/o delitos ambientales y climáticos en la Rep. Dom. 2024,
20. Evaluación de las políticas de transparencia en la Gestión Forestal de RD. 2017
21. Evaluación del Proyecto piloto de pagos por servicios ambientales hídricos en la Cuenca Alta del Yaque del Norte. 2019
22. Foro Ciudadano. La sociedad civil no busca gobernar, sino ser bien gobernada. 1999
23. Foro Ciudadano. Principios básicos. Reglas generales. Plan Estratégico de acción. 1999,
24. Foro Ciudadano. Por la democracia y vida. Memoria del acto público. 1999
25. Foro Ciudadano. Memoria de gestión de la Secretaría General agosto 1999- marzo 2000 (2000).
26. Foro Ciudadano. Memoria período marzo-septiembre 2000 (2000)
27. Foro Ciudadano. El pueblo propone a los candidatos. Elecciones presidenciales año 2000
28. Foro Ciudadano. Memorias. Por la articulación y la consolidación de la sociedad civil para el afianzamiento de la democracia. 1999
29. Foro Ciudadano. – Pobreza + Democracia + Mejor País. Propuestas nacidas de la consulta a la sociedad civil. 2000
30. Fortalecimiento de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) del Ayuntamiento de Jarabacoa. 2019
31. Fortalecimiento de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) del Ayuntamiento de Santiago. 2019
32. Fortalecimiento de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) del Ayuntamiento de Las Terrenas. 2019
33. Guía educativa para promover medidas que garanticen el derecho al voto y la participación política de personas LGBTQI+. 2022.
34. Informe final Observatorio Ciudadano a la Policía Nacional, 2013
35. Informe sobre el contexto actual de la integración de género en la gobernanza climática. 2024.
36. Informe sobre implementación del presupuesto participativo en el marco de la Ley No. 176-07. (2019).
37. La violencia de género en la Rep. Dom. Un enfoque desde las estadísticas provistas por el Estado dominicana entre 2005-2018.
38. Las elecciones congresionales y municipales y la participación ciudadana. 1998.
39. Luchar contra la marea: Estudio sobre trata de personas en once municipios de República Dominicana.
40. Manual de Capacitación Estructura y Funcionamiento de la Administración Pública.
41. Manual de Capacitación para la constitución de las Comisiones de las Auditorias Sociales.
42. Mapeo del flujo de las finanzas para proyectos de cambio climático en la Rep. Dom. 2024.
43. Medios de comunicación y seguridad en RD. 2017.
44. Memoria pacto de ética electoral. Una propuesta desde la sociedad civil. Elecciones presidenciales mayo 2000. (2001).
45. Mesa de diálogo ordenamiento territorial de Las Terrenas. 2021.
46. Monitoreo y evaluación de las estrategias nacionales para el cambio climático en la Rep. Dom. 2019.
47. Niveles de diferencia en los salarios de la Administración Pública, 2013.
48. Pasos a dar para formar una Junta de Vecinos. 2002.
49. Percepción de violencia y delincuencia desde la juventud. 2022.
50. Plan de educación con estudiantes. Estado, Democracia y Ciudadanía. 1999.
51. Planificación estratégica para la gestión local. 2001.
52. Planificación estratégica y ordenamiento territorial: Base fundamental para la efectividad de la gobernabilidad y la implementación de políticas públicas. 2020.
53. Plan municipal de Ordenamiento Territorial Terrenas 2016-2028.
54. Seminario Internacional “Transparencia y gobierno abierto municipal: construyendo gobernanza para los territorios”. 2021.
55. Trabajamos por la transparencia y la participación. 2000.
56. Todos somos iguales. Memorias talleres Poder Judicial: Balance y perspectivas.  1999.
57. Una Década de Participación Ciudadana, 2003.
58. Una nueva forma de esclavitud: la trata de personas. Una guía para su derrota. 2019.

Reconocimiento anual a Integridad y la lucha contra la corrupción

Este programa fue creado en el 2009 para reconocer y estimular a personas que han hecho contribuciones extraordinarias a la lucha contra la corrupción y que a la vez hayan sido un ejemplo de integridad. Se entrega el 9 de diciembre con motivo del Dia Internacional Contra la Corrupción, establecido por Naciones Unidas.  A continuación, la lista de reconocidos:

1. Germán Miranda Villalona, Fiscal, año 2009
2. Roque Napoleón Muñoz, sociedad civil, PC, 2010
3. Nuria Piera, periodista de investigación, 2011
4. Huchi Lora, periodista, 2012
5. Alicia Ortega, periodista de investigación, 2014
6. Fausto Rosario Adames, periodista de investigación, 2015
7. Miriam Germán, jueza de la Suprema Corte de Justicia, 2016
8. Altagracia Salazar, periodista, 2017
9. Milagros Ortiz Bosch, Política, ex vicepresidenta de la República, 2018
10. Juan Bolívar Díaz, periodista, 2019
11. Mario Arturo Fernández, sociedad civil, 2020
12. José Alejandro Vargas, juez de la Suprema Corte de Justicia, 2021
13. Yeni Berenice Reynoso, Procuradora adjunta, Directora de Persecución, 2022
14. Wilson Camacho, director del PEPCA, 2022
15. Julio César Canó, Juez, 2023
16. Marino Zapete, periodista, 2024

Febrero del 2025

Consejo Nacional

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI), presentó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) una matriz de evaluación útil para calificar a todos las personas propuestas o postulantes tanto a la Procuraduría General de la República (PGR) como a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Superior Electoral y al Tribunal Constitucional, como una herramienta que podría satisfacer las expectativas adecuadas al perfil de cada cargo.

El baremo propuesto está compuesto por 2 categorías: Desempeño profesional y perspectiva jurídico-administrativa, describiendo en detalle cada uno de ellos y estableciendo una ponderación máxima del 100%, dependiendo de cada caso. 

Respecto del desempeño profesional, se sugiere valorar su experiencia, medible mediante indicadores sobre nivel de cargos previos, período del desempeño profesional (público o privado) y su trayectoria jurídica destacada.  Asimismo, valorar su formación académica, sus conocimientos en materia de derecho y administración de justicia. Asimismo, su experiencia docente y aportes a la academia.

Los indicadores más importantes que sugiere ROI para un perfil idóneo son los de independencia, imparcialidad y conciencia ética, haciendo énfasis en que el CNM debe garantizar que las personas electas estén al servicio de las personas usuarias del sistema, sin procurar  intereses particulares o sectoriales, y que cuenten con reputación correcta, conocida públicamente, como características fundamentales para constituir legitimidad.

Se recuerda que, según las declaraciones de la secretaría del CNM, magistrada Nancy Salcedo, en la sesión celebrada el pasado 14 de febrero, fueron consideradas las observaciones realizadas por ROI al proyecto de reglamento de aplicación de la Ley 1-25 que modifica la Ley No. 138-11 del CNM.  Este documento fue sometido a Consulta Pública en su totalidad, a pesar que luego de aprobado el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo informó que sólo se tomarían en consideración las observaciones relativas a las modificaciones producto de la reforma constitucional y legal. La red sugiere reconsiderar esta postura, considerando que el reglamento anterior nunca se aplicó ya que entraba en vigencia en enero de 2024 y, además, tiene mucha oportunidad de adecuación a los principios constitucionales y democráticos. 

Al día de hoy, el reglamento aprobado no ha sido publicado en ninguna de las plataformas digitales, lo mismo que las actas de las reuniones del CNM celebradas en ocasión de esta nueva convocatoria, por lo que reitera la necesidad de fortalecer la publicidad y acceso a la información, enfatizando su profunda preocupación por la demora en la divulgación de los documentos oficiales.

Asimismo, ROI valora la posibilidad de que se celebren vistas públicas previo a la confirmación de las personas que ocuparán los puestos en la PGR.

Las observaciones presentadas por ROI el 12 de febrero de 2022 y la matriz de evaluación están disponibles en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1VTae-RLwLo9l_zwOt3gMAdsgyYqCX6z_?usp=sharing

ROI es una red que reúne instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, como son el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), dada a conocer en octubre de 2023.

Sobre ROI Altas Cortes

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI-Altas Cortes) es una iniciativa conformada por organizaciones de la sociedad civil y la academia, creada con el objetivo de supervisar y vigilar los procesos de selección de jueces y juezas de las Altas Cortes en la República Dominicana. Su propósito es asegurar que estos procesos se lleven a cabo con transparencia, equidad e imparcialidad, y que estén alineados con el fortalecimiento institucional y el Estado Social, Democrático y de Derecho.

La ROI está conformada por organizaciones de la sociedad civil y entidades académicas, entre ellas: Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF); Participación Ciudadana (PC); Fundación Friedrich Ebert (FES); Foro Ciudadano y el Decanato de Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Miércoles 19 de febrero de 2025

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) publicado por Transparencia Internacional revela que la mayoría de los países han avanzado poco o nada en la lucha contra la corrupción en el sector público en más de una década.

La República Dominicana avanzó ligeramente, al alcanzar 36 puntos y ocupar el puesto 104, la puntuación más alta desde que está participando en el IPC, mientras en  el 2020 había obtenido la más baja, con 28 puntos y el puesto 136.

Participación Ciudadana considera que, aunque el país ha avanzado en este índice, todavía no hay mucho que celebrar. Para que sigamos aumentando la confianza es necesario enviar mensajes muy claros de que estos avances no son vulnerables, sino que se asientan en instituciones públicas transparentes y honestas, mayor control del gasto público, acciones rápidas contra los funcionarios que se involucren en faltas éticas y, sobre todo, que la justicia actúe con presteza y eficacia contra todos aquellos a quienes se le demuestre actos de corrupción.

Este año el IPC hace énfasis en los riesgos de corrupción ante la crisis climática. De acuerdo con el Mapeo del flujo de las finanzas para proyectos de cambio climático, desarrollado a través del Proyecto de Gobernanza e Integridad Climática Financiera, auspiciado por Transparencia Internacional y Waverley Street Foundation, República Dominicana ha recibido financiamiento para cambio climático por más de 22,000 millones de pesos de fondos internacionales entre 2014 y 2023.

Estos recursos están destinados a proyectos que buscan reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático, fomentar un desarrollo sostenible y representan una oportunidad crucial para combatir los efectos de este fenómeno que afecta directamente a las comunidades más vulnerables.

Según el Atlas de la Corrupción en el Clima lanzado por Transparencia Internacional no se muestra ningún caso de corrupción en la RD relacionados con éstos fondos. Sin embargo, esto no significa que no existan riesgos de transparencia en la rendición de cuentas de dicho financiamiento tal como aparece en los hallazgos del estudio realizado por PC. 

República Dominicana con relación a América Latina y el mundo

En su informe, Transparencia Internacional afirma que “en la última década, 24 países han mejorado significativamente sus puntuaciones en el índice y ahora se consideran menos corruptos que en 2015. Entre los que lograron avances significativos en su capacidad para controlar la corrupción en el sector público son Costa de Marfil (45), República Dominicana (36), Kosovo (44), Kuwait (46), Maldivas (38), Moldavia (43) y Zambia (39).”

Sin embargo, TI destaca que más de 120 países cubiertos por el IPC, o más de dos tercios de la muestra, todavía obtienen una puntuación por debajo del punto medio de la escala (50 sobre 100). El promedio mundial del IPC es de 43 y más de la mitad de los países (56%) se sitúan por debajo de él.

En Las Américas, con 32 países en la muestra, República Dominicana ocupa la posición 15, por encima de Brasil, Panamá, Ecuador, Perú, El Salvador, Bolivia, México, Guatemala, Paraguay, Honduras, Haití Nicaragua y Venezuela, en ese mismo orden. El promedio de la región es de 42 puntos, el mundial es 43.

Por séptimo año consecutivo, Dinamarca obtiene la puntuación más alta en el índice (90) y le siguen de cerca Finlandia (88) y Singapur (84). Mientras tanto, más de una cuarta parte de los países de la muestra (47 de 180) obtuvieron su puntuación más baja hasta ahora en el índice, entre los que se destacan: Suiza (81), Alemania (75), Austria (67), Francia (67), Estados Unidos (65) Cuba (41), Hungría (41), Brasil (34).

¿Cómo se obtiene el IPC?

El IPC puntúa a 180 países y territorios de todo el mundo en función de las percepciones de la corrupción en el sector público. Las puntuaciones reflejan las opiniones de los expertos y las encuestas de los empresarios, no del público. Los capítulos nacionales no intervienen en la elaboración del IPC.

El IPC se calcula utilizando datos de 13 fuentes externas, entre ellas el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de riesgo y consultoría, grupos de expertos y otros.

El IPC utiliza una escala de 0 a 100; 100 es muy limpio y 0 es muy corrupto.

Percepción de la corrupción en Las Americas, 2024

Histórico del IPC de la República Dominicana

• Cambio de metodología

11 de febrero del 2025

La reciente sentencia No. TC-0788/2024 dictada por el Tribunal Constitucional (TC) el 13 de diciembre de 2024, habilita el concepto de candidatura independiente, establecido en nuestra legislación desde 1923, mediante una figura jurídica que crea agrupaciones cívicas o sociales de ciudadanos, pero sin regulación alguna, al señalar que serán espontáneas y sin ningún requisito previo para su inscripción. Esta decisión genera una desigualdad con respecto a todas las demás personas morales que operan en nuestro país, incluyendo los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, todos sujetas a un régimen legal específico.

Esta decisión del TC ha creado un debate sobre si el TC fue más allá de su competencia, entrando en un terreno que corresponde constitucionalmente al Congreso Nacional, como es la regulación por ley orgánica de los derechos fundamentales. Preocupa que, mientras las decisiones del Poder Legislativo, de los tribunales y del Poder Ejecutivo son recurribles ante el TC, las decisiones de este último son finales y vinculantes y solo pueden ser modificadas por el propio TC, que es un órgano con una legitimidad social menor que los poderes legislativo y ejecutivo.

Alrededor de las candidaturas independientes existen varios elementos a tomar en cuenta como, evitar un trato privilegiado en comparación con las candidaturas de los partidos políticos. El requisito creado por la sentencia comentada, de que para que una candidatura independiente pueda ser aceptada deberá reunir el apoyo de electores que representen por lo menos un 2% del total de votos válidos emitidos en las últimas elecciones en la demarcación electoral en la que competirá, puede ayudar a evitar inscripciones masivas de candidaturas, pero a su vez genera el riesgo de que estas candidaturas solo puedan ser perseguidas por personas con abundancia de recursos económicos, especialmente aquellas que manejan dinero sucio. Muchos otros aspectos relativos a la presentación, elección y sustitución en caso de ser necesario, deberán ser establecidos en la legislación.

Otro tema no resuelto y que perjudica la presencia eficaz de candidaturas independientes es que no tendrían acceso a financiamiento público, generando una desigualdad inexcusable con los candidatos de los partidos políticos.

Como movimiento cívico, Participación Ciudadana promueve la participación de la ciudadanía en los procesos electorales, sea a través de los partidos, movimientos o agrupaciones políticas o de candidaturas independientes, pero entendemos que todo mecanismo de acceso al poder debe contar con la debida regulación, para asegurar que tales procesos sean administrados de manera eficiente y contribuyan a mejorar y fortalecer la democracia.

Entendemos que la forma apropiada para hacer factibles las candidaturas independientes es a través de la aprobación de una ley orgánica que las regule, por lo que proponemos que la Junta Central Electoral, utilizando su facultad constitucional de iniciativa en la formulación de leyes, redacte un proyecto de ley en esta dirección y lo someta al Congreso Nacional, previa consulta con los partidos políticos y la ciudadanía.

CONSEJO NACIONAL
21 de enero del 2025

Santo Domingo, República Dominicana. La República Dominicana ha sido seleccionada como sede de la 22ª edición de la Conferencia Internacional de Anticorrupción (IACC), el foro global más importante para abordar los desafíos de la corrupción y proponer soluciones innovadoras. Este evento, organizado por Transparencia Internacional y el Consejo de la IACC, reunirá en 2026 a líderes mundiales, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, activistas y periodistas de más de 140 países.

Participación Ciudadana, como capítulo dominicano de Transparencia Internacional, celebra esta noticia y reafirma su compromiso de acompañar las iniciativas que surjan de este importante evento. Este momento marca una oportunidad única para promover la rendición de cuentas y reforzar la lucha contra la corrupción en el ámbito local e internacional.

Desde 1983, la IACC ha sido un espacio clave para el intercambio de ideas y la acción colectiva contra la corrupción. En su edición más reciente, realizada en Vilna, Lituania, participaron más de 2,000 personas, abordando temas como crímenes climáticos, retroceso democrático y falta de confianza en la gobernanza pública.

Daniel Eriksson, CEO de Transparencia Internacional, resaltó: "Espero conocer más sobre los avances de República Dominicana en la protección del espacio cívico y la libertad de prensa. Estos temas son esenciales en la lucha contra la corrupción y deben ocupar un lugar central en la agenda de esta conferencia."

El anuncio oficial fue realizado por el presidente dominicano Luis Abinader, quien destacó la importancia de este evento para fortalecer la transparencia en el país. En el acto estuvo presente el director de la IACC, Roberto Pérez Rocha, quien enfatizó el papel de la República Dominicana como anfitrión.

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, presenta al país el primero de una serie de informes en los que analiza la situación en el sistema judicial de cuatro casos de corrupción administrativa que, por sus características y gravedad de los hechos denunciados, han sido calificados de emblemáticos y sobre los cuales el país merece y espera decisiones de fondo que condenen o absuelvan a los imputados sobre la base de las pruebas presentadas. 

En los últimos meses el país ha recibido con estupor las noticias relativas a importantes casos de corrupción que han sido extinguidos y otros absueltos por insuficiencia de pruebas, de acuerdo a diferentes tribunales. Estos casos tienen en común el haber sido instrumentados en una gestión ampliamente cuestionada, encabezada por el anterior procurador general y hoy imputado Jean Alan Rodríguez. No es, por tanto, sorprendente que aquellos graves delitos hayan quedado en la impunidad.

Los expedientes que analizamos en este informe, presentados en la actual gestión del Ministerio Público, además de los enormes montos y la gran cantidad de involucrados, presentan miles de pruebas y testigos que merecen ser conocidos en los tribunales de manera oportuna, poniendo fin a una larga historia de impunidades.

Los casos que serán objeto de este y subsiguientes informes son:  Antipulpo; Coral y Coral 5 G; Medusa y Calamar. Desde sus inicios, Participación Ciudadana ha dado seguimiento a estos expedientes judiciales. 

La decisión de emitir informes detallados sobre la marcha en los tribunales se debe al peligro de que, a pesar de la gravedad de los hechos imputados y debido a las dilaciones que presentan los mismos, puedan terminar en la extinción de la acción penal, por la llegada del plazo de duración máxima del proceso sin una decisión sobre el fondo. 

Participación Ciudadana entiende que estos importantes casos de corrupción avanzan muy lentamente, caracterizados por innumerables incidentes y exceso de permisividad, como la de obligar a la lectura íntegra del expediente en la audiencia preliminar. Todavía, con una buena administración de los procesos, los tribunales tienen la oportunidad de impartir justicia, imponiendo el interés supremo de la sociedad, de que el sistema de justicia deje de ser burlado por quienes tienen recursos y poder para imponerse.  

En el documento, presentamos los datos básicos del avance procesal de los casos y el estado en que se encuentran en estos momentos. Descárgalo aquí.