La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) ha comunicado que estará observando el rol del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el iniciado proceso para la próxima evaluación y selección de jueces y de juezas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Se recuerda que Pilar Jiménez Ortiz fue designada como jueza de la SCJ en julio de 2017, junto con los jueces Manuel Alexis Read Ortiz, Moisés Ferrer Ladrón y Blas Rafael Fernández Gómez, y según la Constitución, al término de 7 años de su designación, están sujetos a la evaluación de su desempeño por el CNM. En el caso de Blas Rafael Fernández Gómez, este ha expresado su intención de retiro. Asimismo, con la designación de Napoleón Estevez Lavandier como presidente del Tribunal Constitucional en diciembre de 2023, quedó una vacante en la SCJ.

En el caso del TSE, sus jueces y juezas se designan por un período de 4 años. En julio de 2021, fueron designados su presidente Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, junto con Pedro Pablo Yermenos Forasteri, Fernando Fernández Cruz y Rosa Pérez de García. En el caso de Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, ocupa la posición desde julio de 2023, a raíz del fallecimiento de Juan A. Biaggi Lama, al haber sido designada en 2021 como su suplente. Al CNM corresponderá también disponer quién presidirá esta Alta Corte.

Asimismo, ROI informa que estará observando posibles cambios en el reglamento que establece los criterios y procedimientos para evaluar el desempeño de jueces y juezas de la SCJ.
ROI reitera su compromiso con el fortalecimiento del sistema democrático y el respeto al Estado de derecho, por lo que desplegará una labor de observación de la transparencia, la publicidad del proceso, la equidad, el cumplimiento del debido proceso y que se respeten criterios claros de idoneidad, integridad y competencia profesional para las y los aspirantes.

Se recuerda que ROI es una red que reúne instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, como son el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), dada a conocer en octubre de 2023.

La 22.ª Conferencia Internacional contra la Corrupción (IACC) se celebrará del 1 al 4 de diciembre de 2026 en Punta Cana, bajo el lema “Encendiendo el poder de la integridad”.

El comité organizador anunció que el evento reunirá a líderes de gobierno, sociedad civil, sector privado, medios de comunicación y juventudes de todo el mundo para enfrentar la corrupción, fortalecer la democracia y promover un modelo de gobernanza centrado en el bien común.

En un contexto global marcado por el avance del autoritarismo, la violencia y el debilitamiento institucional, la IACC 2026 buscará articular soluciones y alianzas que defiendan los derechos humanos, protejan el medio ambiente y garanticen sistemas justos e íntegros.

La conferencia es organizada por Transparency International y contará con la participación de más de 2,000 delegados de más de 140 países.

“Encendiendo el poder de la integridad”

La erosión de los valores democráticos y el menoscabo de las libertades continúan, y lo hacen de manera deliberada, fracturando sociedades, propagando el miedo, la violencia y conflictos armados a una escala no vista desde el siglo pasado. El desprecio hacia las leyes y las instituciones se está convirtiendo en la norma. En el centro de este asalto se encuentran la codicia insaciable y la corrupción, impulsando una guerra contra la integridad, la seguridad humana y la sostenibilidad global.

La expansión de regímenes autoritarios y su ansia de poder concentrado alimentan un aumento sin precedentes de violaciones de derechos humanos, conflictos armados, crímenes contra la humanidad y destrucción ambiental —todos marcados por una creciente violencia contra mujeres, minorías, periodistas de investigación, migrantes y defensores del medio ambiente. Autócratas, traficantes, redes de crimen organizado, facilitadores y cleptócratas no se detendrán ante nada para asegurar su impunidad.

Al concluir la 21. ª Conferencia Internacional contra la Corrupción en Vilna, Lituania, en 2024, más de 2 000 participantes de más de 140 países y de todos los ámbitos coincidimos: la urgencia de nuestra misión nunca ha sido mayor, ni tampoco nuestra determinación.

La esperanza perdura —y crece— por doquier. Surgen movimientos por la integridad, la justicia y la regeneración. Desde defensores del clima hasta denunciantes, líderes indígenas hasta periodistas de investigación, jóvenes agentes de cambio hasta líderes empresariales, servidores públicos hasta tomadores de decisiones globales: personas íntegras se están uniendo para reclamar una buena gobernanza, reconstruir la confianza y luchar por sistemas e instituciones que sirvan al conjunto, no solo a unos pocos.

En medio de los peligros que enfrenta la humanidad, nuestra unidad, propósito y determinación para regenerar y proteger el tejido —y la brújula moral— de nuestras sociedades nunca han sido tan esenciales. Juntos podemos reequilibrar el poder, para que nuestro futuro compartido no esté distorsionado por los intereses de los corruptos, sino impulsado por el bien común.

Bajo el tema Encendiendo el poder de la integridad, la 22. ª IACC —que se celebrará en Punta Cana, Santo Domingo, del 1 al 4 de diciembre de 2026— convoca a todas las personas íntegras de cada región del mundo, de los sectores público y privado, la sociedad civil, los medios, el ámbito académico y las nuevas generaciones, a unirse para defender nuestra visión compartida de un mundo libre de corrupción.

Juntos, podemos forjar alianzas más sólidas, definir estrategias audaces e innovadoras y desatar el poder de la integridad como fuerza guía en la política, la justicia, los negocios y las finanzas —desde lo global hasta lo local—, por el mundo que queremos.

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana manifiesta su profunda preocupación ante la aprobación en primera lectura por parte del Senado de la República de un proyecto de reforma al Código Penal que contiene múltiples disposiciones que consideramos graves retrocesos en materia de derechos humanos, lucha contra la corrupción, igualdad y acceso a la justicia.

Si bien reconocemos la urgente necesidad de dotar al país de un nuevo Código Penal que permita enfrentar de manera adecuada los delitos complejos que hoy afectan a nuestra sociedad, tales como el crimen organizado, los delitos tecnológicos, medioambientales y nuevas formas de corrupción, advertimos que en el mismo han sido incluidos aspectos sumamente peligrosos para la democracia y el Estado de derecho.

Preocupaciones principales del proyecto aprobado:

1. Exención de responsabilidad penal a instituciones públicas y privadas, como el Estado, los ayuntamientos, juntas municipales, iglesias y partidos políticos, lo cual constituye una violación al principio constitucional de igualdad ante la ley, creando privilegios, propiciando la impunidad y la falta de rendición de cuentas.

2. Penalización del aborto sin incluir las tres causales: Se establece pena de prisión de 1 a 2 años para las mujeres que interrumpan un embarazo, sin excepción alguna, ignorando una conquista de nivel mundial en los casos en que la vida de la madre esté en peligro, sea producto de violación, incesto o se compruebe inviabilidad fetal. Solo se contempla una eximente limitada para los médicos, sin reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos en situaciones extremas.

3. Retrocesos en el combate a la corrupción, pues se ignora la solicitud de establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público, por tratarse de casos de lesa humanidad que ofenden y agravian a la sociedad en su conjunto y son responsables de la carencia de recursos públicos destinados a la salud y otras necesidades prioritarias.

4. Persistencia de la jurisdicción militar: Se mantiene la competencia de los tribunales militares para conocer infracciones penales de policías y militares, a pesar de la sentencias TC/0350/19 del Tribunal Constitucional que dispuso:  “que los tribunales militares y policiales solo tienen la potestad de adoptar las medidas preliminares y conocer de las infracciones que se deriven de un ilícito administrativo disciplinario, estándole vedado emitir aquellas medidas y actuaciones que son propias de los procesos penales, las cuales solo pueden ser dispuestas por los órganos que conforman el Poder Judicial, en el contexto de procesos donde se esté ventilando el conocimiento de una falta penal que constituya una infracción al régimen penal militar o policial.”

5. Espionaje: El texto aprobado es ambiguo y se podría prestar para restringir el ejercicio del periodismo, la libertad de prensa, el acceso a la información el derecho a la privacidad y la lucha por los derechos humanos.

6. Retrocesos en la protección frente a la discriminación:

• Se excluye la orientación sexual como una categoría protegida contra la discriminación, lo cual atenta contra el principio de igualdad consagrado en la Constitución.
  • Se permite la discriminación bajo conceptos ambiguos como “libertad de conciencia y de culto” o “buenas costumbres”, que históricamente han sido utilizados para justificar actos de exclusión.
  • La persecución penal de la discriminación se condiciona a que haya una denuncia previa, dificultando el acceso a la justicia para personas vulnerables.

7. Libertad de expresión en riesgo: Se mantienen penas privativas de libertad por difamación (de uno a dos años) e injuria (hasta un año), contrariando la tendencia regional e internacional a despenalizar estas figuras y tratar estos conflictos en la jurisdicción civil. El uso del derecho penal para silenciar voces críticas afecta gravemente la libertad de expresión y de prensa.

Llamado al Congreso Nacional

Ante este panorama, Participación Ciudadana hace un llamado al Congreso Nacional, en particular a la Cámara de Diputados, para que se actúe con responsabilidad democrática y abra un espacio real de diálogo que produzca un Código Penal que fortalezca la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, alineado con los principios constitucionales y los estándares internacionales.

Finalmente exhortamos al presidente Abinader a ser coherente con sus promesas de campaña y en caso de que sea aprobado el Código Penal con todas estas fallas, utilice su derecho constitucional a observarlo y solicitar al Congreso las modificaciones que señalamos.

Consejo Nacional

Santo Domingo, República Dominicana
17 de julio de 2025

Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, dio apertura este domingo al Diplomado en Gobernanza Climática y Transparencia del Financiamiento Climático, un programa de formación diseñado para fortalecer las capacidades de líderes comunitarios, jóvenes, profesionales y miembros de organizaciones de la sociedad civil en la promoción de la justicia climática y la integridad en el uso de los recursos destinados a enfrentar la crisis ambiental.

El acto inaugural contó con la presencia de Leidy Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana, y Maribel Lorenzo, vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas, quienes ofrecieron palabras de motivación y reafirmaron el compromiso de sus instituciones con el fortalecimiento de capacidades para incidir en políticas públicas más justas, inclusivas y libres de corrupción.

Durante su intervención, Blanco destacó que “este diplomado es parte de nuestro Programa de Gobernanza Climática e Integridad Financiera, que busca promover una ciudadanía vigilante y empoderada, capaz de velar por la correcta gestión de los recursos destinados a la acción climática”.

Con una duración de 10 semanas y seis módulos, el diplomado abordará temas como gobernanza climática global y nacional, marco jurídico sobre el clima en República Dominicana, financiamiento climático y riesgos de corrupción, justicia climática con enfoque de género e inclusión social, comunicación estratégica para la incidencia, y herramientas de veeduría ciudadana y monitoreo del financiamiento climático.

Esta iniciativa combina sesiones virtuales y presenciales, permitiendo a las y los participantes desarrollar conocimientos y habilidades prácticas para contribuir desde sus comunidades e instituciones a una gobernanza climática efectiva y transparente.

El programa forma parte de los esfuerzos de Participación Ciudadana para fomentar un liderazgo social activo frente a los desafíos climáticos y para fortalecer los sistemas de rendición de cuentas en la gestión pública, contribuyendo así a un desarrollo sostenible con equidad y justicia para todas las personas.

Participación Ciudadana presentó el estudio titulado “Diagnóstico del sistema electoral y de partidos de la República Dominicana: propuestas para la reforma de las Leyes No. 33-18 de Partidos y No. 20-23 del Régimen Electoral”, una investigación que analiza críticamente las debilidades estructurales del sistema político-electoral y propone reformas sustanciales orientadas a fortalecer la democracia.

El informe, elaborado por el politólogo y sociólogo Gustavo Alejandro Oliva Álvarez, combina el análisis técnico con la consulta a actores clave e insumos de opinión pública. Doctor en Ciencia Política y Máster en Gobierno y Políticas Públicas, Oliva cuenta con más de 15 años de experiencia en investigación aplicada sobre políticas públicas, comportamiento electoral y estrategias de gobernanza democrática. Ha trabajado como consultor para organismos internacionales, embajadas y entidades del Estado dominicano.

El diagnóstico identifica problemas persistentes como la sobrerrepresentación de mayorías, el debilitamiento de la democracia interna en los partidos, la opacidad del financiamiento político, la inequidad en el acceso a medios y la falta de aplicación efectiva de sanciones electorales. También destaca el bajo nivel de confianza ciudadana en los partidos y la necesidad de profesionalizar su funcionamiento.

Frente a estos desafíos, el estudio propone reformas que incluyen:

• Rediseñar el método de asignación de escaños para asegurar una representación más equitativa.
• Fortalecer los mecanismos de fiscalización del financiamiento político.
• Exigir mayor transparencia en las encuestas y campañas.
• Garantizar la observación electoral en todas las etapas del proceso.
• Democratizar y modernizar el funcionamiento interno de los partidos políticos.
Esta investigación forma parte del proyecto “Observación Electoral y Participación Política de las Mujeres y los Jóvenes”, que desarrolla Participación Ciudadana y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), con el objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional y a la calidad democrática del país.

El estudio financiado por la Unión Europea está disponible para consulta y descarga aquí: https://pciudadana.org/wp-content/uploads/2025/06/Diagnostico-del-sistema-electoral-y-de-partidos-de-la-Republica-Dominicana_propuesta-para-reformar-la-ley-de-partidos-y-del-regimen-electoral.pdf

En su primer mes la nueva Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ha publicado tres auditorías realizadas al Ministerio de Hacienda (MH), el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM) y al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), marcando una ruta que podría llevarla a recuperar la reputación perdida y por lo tanto a ganarse la confianza de la ciudadanía.

Aunque resulta evidente que estas auditorías no fueron llevadas a cabo por la Cámara de Cuentas actual, y que, por alguna razón, imposible de justificar, las anteriores gestiones de la Cámara de Cuentas no las publicaron. La voluntad de publicarlas sin pérdida de tiempo, implica un compromiso inicial con la transparencia en los trabajos de esa importante institución del Estado presidida por Emma Polanco Melo, e integrada por Francisco Tamárez Florentino, como vicepresidente y Francisco Franco Soto, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana como miembros.

Una auditoría pretende “examinar, utilizando las guías especializadas elaboradas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, las transacciones, registros, documentos, informes y los estados de ejecución presupuestaria, con el propósito de verificar el cumplimiento de la entidad con las disposiciones legales vigentes aplicables, incluyendo las normativas contables, presupuestarias y de control interno, para así sustentar el dictamen sobre la razonabilidad y legalidad de las cifras e informaciones contenidas en los estados de ejecución presupuestaria de la entidad, por parte de los auditores asignados por la CCRD.”

La auditoría al Ministerio de Hacienda.

La auditoría practicada a las informaciones incluidas en los Estados Financieros del Ministerio de Hacienda abarcó el período del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2020, y detectó una serie de irregularidades que superan la suma de RD$161,304,815. Entre esas irregularidades se encuentran expedientes con documentación incompleta, bienes no registrados, bienes no identificados ni ubicados, adendas que modifican irregularmente el objeto contractual, fraccionamiento compra bonos para Día de las Madres, inadecuada composición comité de compras, entre otras.

Durante todo el año 2019 y 2020 la Directora de Planificación y Desarrollo y miembro del Comité de Compras de la entidad, lo fue la señora Tomasina Tolentino Peralta, quien en 2021 pasó a ser miembro de la Cámara de Cuentas, lo que podría explicar por qué esta auditoría no fue publicada durante el período anterior, aunque la misma se haya inhibido del conocimiento de este caso. Corresponderá a los demás ex miembros explicar al país por qué esas auditorías no fueron publicadas bajo su gestión.

La auditoría al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Esta auditoría abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre del 2019, y reflejó desviaciones contables e incumplimientos legales por un monto de RD$2,417,820,527.00.

Entre las irregularidades se detectaron  diferencia entre la nómina física y la ejecución presupuestaría por RD$44,472,214;  compensación a funcionarios y empleados por uso de vehículos y horas extraordinarias carentes de justificación por RD$18,575235; diferencias en el cálculo de impuesto sobre la renta a asalariados por RD$17,607,235; cargo de asesor sin la autorización del Ministerio de Función Pública por RD$228,700,448; cargos por servicios de inteligencia carente de soporte por RD$270,000,000.00; personal en nómina con relación de parentesco con funcionarios de la entidad por RD$4,999,667; compras realizadas sin proceso de selección por RD$16,479,762; expedientes de pago carente de certificación de apropiación presupuestaría por RD$174,994,744; pago de raciones alimenticias carente de documento soporte; arrendamiento financiero sin observar la Ley de Compras y Contrataciones por RD$1,464,750,000.00.

Investigación especial practicada al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).

La investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas al INAIPI perseguía emitir una opinión sobre la razonabilidad y legalidad de las informaciones presentadas por la entidad, específicamente en los procesos de compras y contrataciones, en lo relativo a los procedimientos aplicados, costo de los productos suministrados, así como en la etapa de gerencia y pagos realizados a partir de los contratos, contrataciones de personal en los períodos 2019 y 2020, gestiones administrativas en las distribuciones y almacenamientos de productos de insumos y alimentos para los centros CAIPl y CAPI, manejo de los activos fijos adquiridos con los procesos de compras evaluados, y cuantificaciones de los recursos manejados con el fondo por excepción del “Programa Quisqueya Empieza Contigo”.  

Las irregularidades en esta institución son más dolorosas, pues la misma se encarga de prestar servicio de atención integral a la infancia menores de 5 años, con necesidades educativas de atención directa desde 45 días hasta 4 años 11 meses y sus familias, así como servicios de asistencias en casas a los familiares de esa niñez, para el fortalecimiento de las prácticas de crianza y valores humano, servicios de educación, alimentación y cuidados, en salud, registro de identidad y seguridad social. Por lo tanto, cada peso desviado o mal invertido perjudica a uno de los sectores más vulnerables del país, como lo es la niñez.

La Cámara de Cuentas detectó irregularidades que afectan procesos que involucran la suma de RD$1,969,586,632. Las irregularidades detectadas incluyen incumplimiento en la entrega de alimentos, contratos con productos diferentes al pliego de condiciones, proveedores sin estar al día en sus impuestos, discrepancias entre conduces físicos y el sistema automatizado, proveedores habilitados con documentos no subsanables.

También documentos de contratación no suministrados ni registrados en el SIGEPI, contratos vencidos sin cumplir con los objetos contractuales, contrato registrado con información incompleta, gestión de pago en departamento incorrecto, adjudicaciones con incumplimiento en ficha técnica, garantía no ejecutada en acción de daños y perjuicios por declinación de adjudicatarios, informe no remitido a los órganos rectores de control interno y externo CGRD y CCRD, productos y/o alimentos crudos pendientes de entrega, diferencia en cantidad facturada y soporte de recepción de productos, adjudicación de contrato por alimentos crudos sin evidencia de registro sanitario, contratos saldados y no concluidos, entrega de leche sin evidencia de recepción, cargos de asesor sin la autorización del Ministerio de Administración Pública, diferencia en precio contratado y el facturado, conduces con numeración repetidas en entregas diferentes.

Estas tres primeras auditorías publicadas revelan, no solo la distracción de fondos públicos sino, además, el enorme descuido con que se gestionó la cosa pública, que implica pérdidas importantes de recursos en perjuicio del Estado, es decir para la ciudadanía en general.

En estos tiempos donde, en violación a la ley, ya existen aspirantes a candidaturas para las elecciones todavía distantes del 2028, pero sobre todo que varios de esos aspirantes al mismo tiempo ocupan posiciones en la Administración Pública, se hace necesario que la Cámara de Cuentas incluya en su calendario de auditorías aquellas entidades públicas administradas por esos aspirantes, para tratar de poner un freno al uso de los recursos públicos con fines electorales.

El reto de esta Cámara de Cuentas será concluir y hacer públicas aquellas auditorías en carpetas y cumplir con su calendario de auditorías que, una vez levantadas, sean publicadas en tiempo adecuado, para que se puedan dar las justificaciones y correctivos administrativos de lugar; y en los casos que amerite responsabilidades, ya sean administrativas o civiles, o indicios de responsabilidad penal, estás auditorías puedan servir de soporte y guía para establecer las sanciones de lugar; o acciones del Ministerio Público, en los casos de indicios de responsabilidad penal. 

Es importante señalar que tanto la aplicación como las recomendaciones realizadas por la CCRD, son de cumplimiento obligatorio por parte de la entidad u organismo auditado, así como la posterior verificación de su aplicación por parte de la Contraloría, unidades de auditoría interna u otras entidades de supervisión, según se recoge en el Artículo 69 y 81 de la nueva Ley de la CCRD No. 18-24; por lo que sus actuales incumbentes deberán dar respuesta oportuna, confirmando la aplicación de estas recomendaciones, y de las acciones llevadas a cabo según el tipo de responsabilidad que se establezca en los informes.

CONSEJO NACIONAL

3 de junio de 2025

La Red de Observadores para la Institucionalidad (ROI) y la Escuela de Derecho Universidad APEC (UNAPEC) organizaron un panel sobre “Transparencia en el Consejo Nacional de la Magistratura: Retos en los procesos de convocatoria, evaluación y selección de integrantes de las Altas Cortes”, celebrado este martes 20 de mayo de 2025 en el Salón de la Cultura José María Bonetti de la Universidad APEC.

El panel contó con la destacada participación de tres figuras clave del ámbito jurídico, académico, periodístico, político y social: Jorge Subero Isa, Guadalupe Valdez y Edith Febles, en un diálogo en el que se identificaron desafíos pendientes y propuestas viables para mejorar los estándares de transparencia y rendición de cuentas en los procesos que lleva a cabo el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El encuentro inició con las palabras de bienvenida de la doctora Rosa L. Fernández Javier, directora de la Escuela de Derecho de UNAPEC, quien resaltó la importancia de que la academia se vincule a debates que impactan la institucionalidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho en el país; y contó con la moderación de Maria Fernanda López, Coordinadora de Proyectos de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) y representante de ROI, quien destacó la labor de veeduría que hace esta Red desde el año 2023.

Siendo la primera vez que participa en un panel académico, Jorge Subero Isa, presidente emérito de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y figura clave en la reforma judicial dominicana, recordó que el CNM es un órgano político y que la designación de jueces y juezas de la SCJ en el año 1997 fue producto de una convergencia de las fuerzas políticas, resaltando el éxito de esa coyuntura que “se va a repetir única y exclusivamente cuando las fuerzas políticas de la Nación lo decidan” y cuando haya una recomposición del CNM y de las fuerzas políticas que lo integran. Destacó el papel de Milagros Ortiz Bosch en el CNM en ese mismo año, “la valentía con que desafió al poder, atento a lo que ella representaba en la sociedad dominicana”, dijo. Señaló la necesidad de una masa crítica y de observatorios de los sistemas de justicia, así como mayor presencia de la academia en ese ejercicio. La justicia, expresó, debe ser “abierta a toda la ciudadanía”. Reiteró que “el peor daño que se le hizo a la administración de justicia en RD es la evaluación de jueces de la SCJ desde 2010, porque ahí comenzó el tráfico de influencia, los contactos y ventas de posiciones y compromisos políticos”, así como haber eliminado la inamovilidad de jueces y no respetar el escalafón de la carrera judicial.

Guadalupe Valdez, activista social, quien también fungió como diputada nacional (2010-2016), recordó la necesidad de generar confianza en nuestras instituciones cumpliendo con el rol para el que fueron creadas, siendo “transparentes, con rendición de cuentas y con un ejercicio ético” explicando que, de lo contrario, “la ciudadanía no puede jugar el rol que le corresponde, de ser una activa, responsable, comprometida con los procesos de participación”. Desde su experiencia representando a Foro Ciudadano en ROI, identificó algunos retos que constituyen debilidades estructurales que deben superarse con urgencia para garantizar los principios de igualdad y no discriminación, como son: la ausencia de criterios objetivos y uniformes de evaluación, prácticas de discriminación por edad, sesgo de género durante las entrevistas y cuestionamientos ideológicos orientados a descartar postulantes. Subrayó que es indispensable integrar formalmente a observadores acreditados de organizaciones de sociedad civil, universidades y colegios profesionales, habilitar un mecanismo de diálogo permanente con la sociedad civil y la implementación de un canal digital de denuncias y sugerencias.

Edith Febles, periodista de investigación y directora del matutino televisivo “El Día”, destacó la importancia de la creación del CNM y abordó el rol del periodismo en el monitoreo del proceso de selección, cuestionando prácticas de lobbismo en medios de comunicación y el padrinazgo político para acceder a estos puestos. Recordó que, previo a la selección de integrantes de las altas cortes, suelen circular listas de nombres que resultan coincidir con las designaciones, lo que genera dudas y cuestionamientos sobre la idoneidad de los perfiles y sobre la transparencia del proceso. Además, señaló que unos de los mayores retos que enfrenta el CNM es, precisamente, romper con estas prácticas y garantizar “el acceso de la gente que dice: vamos a formarnos, vamos a creer en la democracia y vamos a participar”.

Los panelistas coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de veeduría ciudadana en torno a las convocatorias del Consejo Nacional de la Magistratura a los fines de restaurar la confianza pública de dicho órgano.

Asistieron al evento estudiantes de la Escuela de Derecho de UNAPEC, así como destacados actores sociales como el Dr. Pedro Pablo Yermenos, juez titular del Tribunal Superior Electoral; Leidy Blanco, Coordinadora de Participación Ciudadana; la magistrada Ysis Muñiz, jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Fátima Lorenzo, economista y especialista en Género y Justicia; y juristas, como Francisco Álvarez Valdez (Pancho), Patricia Santana Nina y Erick Hernández Machado, entre otras personas.

Se recuerda que ROI es una red que reúne instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, como son el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), dada a conocer en octubre de 2023.

El Tribunal Constitucional ha dictado la sentencia No. TC/0225/25 acogiendo un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Jean Alain Rodríguez Sánchez. Dicha sentencia prohíbe al Ministerio Público el uso del sobrenombre caso Medusa en el proceso penal que cursa en los tribunales. Por el efecto vinculante de las sentencias del TC, la misma debe ser acatada y aplicada, no solo al señor Jean Alian Rodríguez, sino a toda persona sometida a un proceso penal.

Esta prohibición no es absoluta, pues el TC ha dicho en la sentencia comentada: “Los sobrenombres o motes han de ser empleados única y exclusivamente como estrategias secretas de investigación y organización de los equipos de trabajo, para evitar las filtraciones de información, no así de cara o de conocimiento del público una vez es instrumentado el proceso.”

También ha dicho el TC: “De tal forma que, en todo estado del proceso, la persona ha de ser identificada bajo su propio nombre, el cual es su distintivo por excelencia, salvo las excepciones derivadas de procesos que requieran codificar o numerar a la persona por razones de seguridad y confidencialidad, evitando su divulgación al público”.

En lo adelante, Participación Ciudadana, en el seguimiento a los expedientes de corrupción administrativa, incluyendo el que afecta al señor Jean Alain Rodríguez, usará los nombres de los imputados más relevantes, seguido de la mención “y compartes”, para incluir a los no mencionados expresamente, tal como se ha usado tradicionalmente en la República Dominicana, cuando la cantidad de partes obliga a abreviar por economía procesal.

A continuación, presentamos las denominaciones que utilizaremos en los casos que observamos:

1. El caso originalmente denominado Anti Pulpo, en lo adelante se denominará Caso Juan Alexis Medina Sánchez, Carmen Magaly Medina, Fernando Rosa y compartes.

Bajo la denominación “y compartes” están incluidos: Aquiles Christopher, Antonio Florentino Méndez, Rigoberto Alcántara Batista, José Alarcón Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa, Libni Arodi Valenzuela Matos, Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny, Víctor Encarnación Montero, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Cristian Manuel Ramírez, Carlos Martín Montes de Oca, Paola Mercedes Molina Suazo, José Dolores Santa y Wacal Bernabé Méndez. Originalmente incluía a los señores Francisco Pagán y Julián Esteban Suriel, quienes ya fueron condenados utilizando el procedimiento penal abreviado, a Domingo Antonio Santiago Muñoz, a quien se le validó un criterio de oportunidad aplicado por el Ministerio Público, y Lewyn Ariel Castillo Robles, a quien se le aplicó la suspensión condicional del proceso.

• El caso originalmente denominado Coral y Coral 5G, en lo adelante se denominará Caso Mayor General Adán Cáceres Silvestre, pastora Rossy Guzmán, coronel Rafael Núñez de Aza y compartes.

Bajo la denominación “y compartes” se incluyen: sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez,  general Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Julio Camilo de los Santos Viola,  Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana, capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Miguel Ventura Pichardo, el cabo Jehohanan Rodríguez Jiménez y Erasmo Roger Pérez Núñez.

• El Caso originalmente denominado Medusa, en lo adelante se denominará Caso Jean Alain Rodríguez, Javier Alejandro Forteza, José Miguel Estrada Jackson y compartes.

Bajo la denominación “y compartes” se incluyen: Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

• El Caso originalmente denominado Calamar, en lo adelante se denominará caso Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes.

Bajo la denominación “y compartes” se incluyen: Daniel De Jesús Caamaño, Marcial Reyes, Ramón David Hernández, Yahaira Brito, Luis Miguel Piccirilo, Claudio Silver, Ángel Lockward, Aldo Gerbasí, Alejandro Constanzo, Ana Linda Fernández de Paola, Emir Fernández de Paula, Julián Omar Fernández, Oscar Arturo Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez y Agustín Mejía Ávila, Rafael Calderón Martínez, Manuel Miqui, Rosa Arias, Marino Enrique Cabrera, Cesar Miguel Santana, Mabel Mejía Cintrón, Hathaly Hernández, Natividad Martínez, Kimberly Zayas, Manuel Morilla Soto, Manuel Morilla Gil, Princesa Alexandra García Medina, Roberto Moquete, y Daniel Guerrero. 

•  El Caso originalmente denominado Camaleón, en lo adelante se denominará caso, José Gómez, Hugo Beras y compartes.

Bajo la denominación “y compartes” se incluyen: Frank Díaz, Samuel Baquero, Juan Francisco Álvarez, Pedro Vinicio Padovani y Carlos José Peguero.

Reiteramos la importancia de mantener el impulso en la lucha contra la corrupción, promoviendo la transparencia en todos los ámbitos y garantizando que las investigaciones y procesos judiciales culminen en sentencias firmes.

13 de mayo del 2025