El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado por Transparencia Internacional en Berlín, en el día de hoy, muestra un escaso avance y en muchos casos retrocesos en la lucha mundial contra la corrupción pública en más de una década.

La República Dominicana avanzó por quinto año consecutivo, al alcanzar 37 puntos, ocupando el puesto 99, mientras en el 2020 había obtenido la más baja, con 28 puntos y el puesto 136.

El informe de Transparencia Internacional señala que “La corrupción está empeorando en todo el mundo y afecta incluso a democracias consolidadas, que están registrando un aumento de la corrupción en un contexto de debilitamiento del liderazgo”. Los datos de TI muestran que el número de países con una puntuación superior a 80 se redujo de 12, hace una década, a tan solo cinco este año.

Los datos muestran que incluso las democracias, que por lo general obtienen mejores resultados en la lucha contra la corrupción que las autocracias o las democracias imperfectas, están experimentado un preocupante deterioro en su desempeño en el índice.  “Otro patrón preocupante es el aumento de las restricciones impuestas por muchos Estados a las libertades de expresión, asociación y reunión. Desde 2012, 36 de los 50 países con descensos significativos en las puntuaciones del IPC también han experimentado una reducción del espacio cívico.”

Principales hallazgos sobre la corrupción global

El IPC clasifica a 182 países y territorios en función de sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, en una escala de cero (altamente corrupto) a 100 (muy muy limpio).

La puntuación promedio mundial en 2025 fue de 42 sobre 100, su nivel más bajo en más de una década, lo que apunta a una preocupante tendencia descendente, incluyendo en países que tradicionalmente sacaban buenas notas.

“La gran mayoría de los países no está logrando mantener la corrupción bajo control: más de dos tercios —122 de 180— obtuvieron una puntuación inferior a 50.”

Por octavo año consecutivo, Dinamarca tiene la puntuación más alta del índice (89), seguida de cerca por Finlandia (88) y Singapur (84).

Los países con las puntuaciones más bajas tienen, en su inmensa mayoría, sociedades civiles gravemente reprimidas y altos niveles de inestabilidad como Sudán del Sur (9), Somalia (9) y Venezuela (10).

República Dominicana con relación a América Latina y el mundo

Del continente americano participaron 33 países, con una puntuación promedio de 42 puntos. La República Dominicana, en este grupo ocupa la posición 18, por debajo de Canadá, Uruguay, Barbados, Bahamas, Estados Unidos, Chile, Saint Vincent y Granadina, Dominica, Santa Lucia, Costa Rica, Grenada, Jamaica, Trinidad y Tobago, Cuba, Guyana, Suriname y Colombia. Sin embargo, esta por encima de: Argentina, Belize, Brasil, Panamá, El Salvador, Perú; Bolivia, México, Guatemala, Paraguay, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela. Diez de estos países bajaron significativamente su puntuación en los últimos años, siendo República Dominicana el único del continente que aumentó, pasando de 28 en el 2020 a 37 en el 2025.

Participación Ciudadana considera que, aunque el país ha avanzado en este índice, todavía no hay mucho que celebrar. Por el contrario, en estos momentos el optimismo está amenazado por los escándalos de corrupción que se han conocido recientemente y que es muy posible que afecten nuestra puntuación en los próximos años.

Para que sigamos aumentando la confianza es necesario enviar mensajes muy claros de que estos avances no son vulnerables, sino que se asientan en instituciones públicas transparentes y honestas, mayor control del gasto público, acciones rápidas contra los funcionarios que se involucren en faltas éticas y, sobre todo, que la justicia actúe con presteza y eficacia contra todos aquellos a quienes se le demuestre actos de corrupción.

¿Cómo se obtiene el IPC?

El IPC puntúa a 182 países y territorios de todo el mundo en función de las percepciones de la corrupción en el sector público. Las puntuaciones reflejan las opiniones de los expertos y las encuestas de los empresarios, no del público. Los capítulos nacionales no intervienen en la elaboración del IPC.

El IPC se calcula utilizando datos de 13 fuentes externas, entre ellas el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de riesgo y consultoría, grupos de expertos y otros.

El IPC utiliza una escala de 0 a 100; 100 es muy limpio y 0 es muy corrupto.

• Cambio de metodología

Consejo Nacional

10 de febrero del 2026

Participación Ciudadana presentó el séptimo informe del Observatorio de casos de corrupción administrativa, dedicado exclusivamente al caso Senasa, también denominado “Caso Santiago Hazim y compartes”.

El objetivo del documento es facilitar a la ciudadanía el conocimiento y la comprensión de un proceso penal de alto impacto público. El informe destaca que el caso afectó la salud del sector más vulnerable de la población y que “hiere la sensibilidad del más fuerte que se distraigan fondos del sector salud para comprar vehículos de lujo, o un reloj de más de RD$5,000,000.00, o botellas de whisky de más de RD$100,000.00 cada una”.

Hasta 2020 SENASA era descrito como un modelo de gestión. Según el informe, “su deterioro comenzó desde el inicio de la gestión de Santiago Hazim”. Las denuncias posteriormente dieron lugar a una investigación del Ministerio Público, cuya solicitud de medidas de coerción tiene 537 páginas. Participación Ciudadana elaboró una síntesis de 32 páginas para facilitar el acceso a la información.

Esta publicación ha sido apoyada técnica y financieramente por @alemaniaenrd través del Proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en América Central y el Caribe III (FEDACC) ejecutado por la @giz_centroamerica

Información proveniente del expediente del Ministerio Público

De manera explícita, el informe aclara que la síntesis se redacta “única y exclusivamente partiendo del contenido de la solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público”, por lo que los hechos, valoraciones, cifras y calificativos jurídicos contenidos en los hallazgos corresponden al expediente penal y no constituyen valoraciones propias de Participación Ciudadana.

Principales hallazgos contenidos en el expediente

Según la acusación presentada por el Ministerio Público:

• Se “creó una estructura de crimen organizado”
• Se “obstruyó la transparencia interna”
• Se “crearon programas especiales fraudulentos para recibir sobornos”
• Se “adulteraron y falsearon los estados financieros”
• Y se “distrajeron fondos del SENASA, comprometiendo la solvencia de la institución”

El expediente atribuye sobornos por más de 4 mil millones de pesos y la creación de empresas de carpeta para operaciones de lavado de activos.

Programas utilizados para el desvío de fondos

El Ministerio Público documenta que a través del programa NUTRISALUD y otros contratos se configuró un esquema continuo de sobornos que incluyó:

• Entregas iniciales de RD$100 millones
• Transferencias por RD$529,068,000.00
• Nuevas entregas en efectivo por RD$536,000,000.00
• Pagos totales de sobornos por RD$1,165,000,000.00 hasta 2024

Asimismo, el expediente recoge la afirmación de que “a Hazim no le importaba la eficacia de la inversión en estos programas”, destacando la ausencia de evaluaciones sobre su impacto sanitario.

Privatización irregular y sobornos por servicios de atención primaria

La acusación señala que servicios de atención primaria fueron “monopolizados” por un mismo grupo empresarial mediante contratos, adendas y pagos capitaros sin mecanismos adecuados de fiscalización. Este esquema habría generado sobornos adicionales por RD$1,621,337,217.15.

Manipulación del Bordereau y de los estados financieros

El expediente sostiene que durante la gestión de Santiago Hazim se “alteraron los estados financieros con la intención de ocultar la situación financiera real”. Se describe un subregistro sistemático de reservas técnicas que falseó los reportes enviados al regulador.

Una comisión interna encontró posteriormente una diferencia oculta superior a RD$14,340,821,883.00, desmontando los estados enviados previamente.

Enriquecimiento ilícito y patrimonio

La investigación atribuye ingresos ilícitos al imputado Santiago Hazim por aproximadamente RD$2,881,337,217.15, e incluye la adquisición de bienes de lujo a través de empresas, intermediarios y mecanismos destinados a ocultar el origen de los fondos.

Calificación jurídica atribuida en el expediente

• El Ministerio Público sostiene que los hechos:
• “constituyen actos típicos, antijurídicos y culpables”
• y los subsume en delitos tales como:
• corrupción
• coalición de funcionarios
• prevaricación
• asociación de malhechores
• soborno
• estafa contra el Estado
• desfalco
• falsificación
• lavado de activos

Francisco "Pancho" Álvarez, del Consejo Nacional de Participacíon Ciudadana y panelista, explicó el valor de estos reportes, en los que se sintetizan y explican complicados entramados de corrupción, para que la ciudadanía pueda comprender más fácilmente el reto al que se entrenta la sociedad en la lucha contra la impunidad.

Por su parte, Leidy Blanco García, coordinadora general, dijo que "El caso Senasa, que hoy nos convoca, plantea serias interrogantes sobre la gestión de los recursos públicos, la transparencia institucional y la responsabilidad de quienes administran fondos destinados a garantizar atención médica, especialmente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad".

"Cada peso mal gestionado, cada decisión opaca, se traduce en servicios deficientes, en medicamentos que no llegan, en tratamientos postergados y en vidas afectadas"; agregó.

"Por eso, este espacio busca un análisis, responsabilidad y verdad. Busca aportar a una cultura de rendición de cuentas donde las instituciones públicas estén verdaderamente al servicio de la gente y donde la ciudadanía tenga información clara para exigir correcciones y sanciones cuando corresponda"., puntualizó Leidy.

Mira las participaciones de Edith Febles y la doctora Altagracia Guzmán Marcelino aquí.

Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, saluda y respalda la reciente Sentencia TC-01225-25, mediante la cual el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las disposiciones de los Códigos de Justicia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que penalizaban las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo dentro de los cuerpos uniformados.

Los artículos anulados, el 210 de la Ley núm. 285 y el 260 de la Ley 3483, imponían penas de hasta dos años de prisión exclusivamente a oficiales y alistados de cuerpos castrenses por el solo hecho de mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, sin importar el ámbito donde ocurrieran. Estas disposiciones, heredadas del trujillismo, mantenían plena vigencia normativa y práctica, vulnerando de forma concreta los derechos de las personas homosexuales que sirven al país desde estas instituciones.

Participación Ciudadana destaca que el Tribunal reafirma un principio constitucional fundamental: ninguna autoridad del Estado ni ningún particular puede restringir derechos en función de la orientación sexual, al tratarse de un aspecto protegido por la dignidad humana, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad.

La organización subraya que esta decisión restablece la supremacía constitucional frente a normas anacrónicas y discriminatorias que, durante décadas, legitimaron desigualdad estructural en la carrera policial y militar. “El Tribunal Constitucional cumple con su función de garante último de la Constitución, asegurando que ninguna disposición sancione a personas por conductas privadas, consensuales y sin relación con los fines legítimos del servicio público”, expresó la entidad.

Asimismo, Participación Ciudadana resaltó que la sentencia fortalece la institucionalidad democrática, al ordenar que todas las normas internas, de cuerpos castrenses, instituciones públicas y actores privados, se adecuen al mandato constitucional de igualdad y no discriminación.

La entidad valoró positivamente la claridad con la que el Tribunal Constitucional identificó que las disposiciones anuladas no guardaban relación con la disciplina institucional ni con los objetivos legítimos del servicio, sino que respondían a prácticas históricas de estigmatización e intromisión indebida en la vida privada de policías y militares.

La organización reiteró que las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes y obligatorias para todos los poderes públicos y para los particulares. En ese sentido, exhortó a las instituciones del sector seguridad y defensa a adoptar medidas inmediatas para adecuar sus reglamentos, procedimientos internos y políticas de recursos humanos al estándar constitucional reafirmado por esta decisión. “Se trata de un precedente histórico que fortalece nuestra democracia, promueve la igualdad real y reafirma que ningún sector del Estado está por encima de la Constitución”, concluyó la organización.

Llamado a ciudadanía y medios de comunicación

Participación Ciudadana hace además un llamado firme a la ciudadanía y a los medios de comunicación a elevar el rigor informativo y evitar ser presa fácil de la desinformación, el morbo o el sensacionalismo que muchas veces surge a partir de titulares amarillistas o reacciones emotivas en redes sociales. En tiempos marcados por bulos, noticias falsas y discursos que distorsionan debates esenciales, es indispensable que la población lea, contraste y verifique el contenido real de decisiones tan relevantes como una sentencia del Tribunal Constitucional.

La entidad recordó que la democracia se fortalece cuando la ciudadanía participa desde la información veraz y el análisis crítico, y subrayó que la lectura responsable más allá del titular es un acto de ciudadanía activa.

CONSEJO NACIONAL

24 de noviembre de 2025

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) realizó este miércoles una rueda de prensa para presentar la Guía de Entrevistas para Aspirantes a Jueces y Juezas de las Altas Cortes y su correspondiente Manifiesto por una justicia independiente, transparente e inclusiva, un llamado público a fortalecer la legitimidad de los procesos de selección judicial en la República Dominicana.

Durante el acto, ROI destacó que la calidad de la justicia comienza en la forma en que se eligen quienes la imparten, y que el establecimiento de criterios claros y públicos para las entrevistas de selección constituye una garantía de objetividad, transparencia y equidad. La guía, explicaron sus representantes, propone un conjunto de criterios, ejes temáticos y preguntas estructuradas que permitirán a los órganos evaluadores valorar la idoneidad, la independencia y la ética judicial de las personas aspirantes a integrar las altas cortes.

“No hay justicia independiente sin transparencia”, y “la transparencia empieza en la forma en que elegimos a quienes juzgan”, expresó la Red en su manifiesto, leído durante la presentación. La guía “es una apuesta ética y ciudadana para reducir la discrecionalidad” y para “abrir los procesos judiciales al escrutinio público”, señala el texto.

Uno de los aspectos más destacados del documento es la incorporación transversal de la perspectiva de género, entendida como condición indispensable para garantizar la igualdad sustantiva en el acceso y ejercicio de la justicia. “Una justicia que ignora la realidad de la discriminación o las brechas de poder no es imparcial, es incompleta”, subraya el manifiesto.

ROI llamó al Consejo Nacional de la Magistratura, a la academia y a la sociedad civil a asumir la guía como un instrumento técnico y ético que promueve la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la confianza pública en el sistema judicial. Asimismo, reiteró su invitación a que las entrevistas sean fundamentadas en criterios verificables.

La guía está disponible para consulta pública y puede ser utilizada por instituciones estatales, organizaciones de la sociedad civil y la academia como instrumento de observación, formación o referencia técnica en procesos de selección judicial, en el siguiente enlace: Guía de Entrevistas para Aspirantes a Jueces y Juezas de las Altas Cortes

Igualmente, la Red enfatizó en la necesidad de que el CNM publique las actas motivadas con los votos razonados de cada uno de sus integrantes, sobre las sesiones en las que se determinó no ratificar en sus funciones a la magistrada Pilar Jiménez Ortiz y los magistrados Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, actuales miembros de la SCJ.

ROI está compuesto por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) manifiesta su profunda preocupación y hace un llamado al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que garantice la transparencia y rendición de cuentas sobre lo ocurrido en el reciente proceso de evaluación de la magistrada Pilar Jiménez Ortiz y los magistrados Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, actuales miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

ROI recuerda que, desde que inició esta convocatoria, el CNM ha celebrado 4 sesiones; sin embargo, no se han publicado ninguna de las actas de las sesiones. Y critica que este proceso, de alto impacto para la independencia judicial y la confianza ciudadana en el sistema de justicia, se realice sin apego a los principios de publicidad, objetividad y participación ciudadana.

En este sentido, a la Red le preocupa que el CNM no haya hecho públicas las evaluaciones, los criterios aplicados, ni las deliberaciones internas, lo que impide a la ciudadanía conocer las razones en las que sustenta la decisión de no ratificar a las personas evaluadas. Para ROI, la ausencia de información erosiona la legitimidad institucional del proceso y abre espacio a percepciones de arbitrariedad o discrecionalidad política.

La ROI exhorta al Consejo Nacional de la Magistratura a publicar de manera inmediata las actas extensas que contengan las razones motivadas y los resultados de las evaluaciones, incluidos los votos de cada integrante del CNM, de conformidad con la ley y en consonancia con los principios de gobierno abierto y justicia transparente.

Asimismo, hace un llamado a la ciudadanía para que esté atenta a los perfiles que se evaluarán próximamente, para optar por su designación tanto en la SCJ como en el Tribunal Superior Electoral. La ROI recuerda que la independencia judicial no solo depende de la autonomía de los jueces y juezas, sino también de procesos de evaluación y designación transparentes, previsibles y basados en méritos comprobables, como garantía del derecho de toda persona a una justicia imparcial y del derecho al debido proceso que tienen las personas que aspiran a ocupar algunos de estos puestos.

Finalmente, la Red reitera su compromiso de observar, documentar y promover la transparencia institucional en los procesos judiciales y constitucionales, en defensa del fortalecimiento democrático y del Estado de derecho. ROI está compuesto por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).

El objetivo principal es el desarrollo de iniciativas conjuntas para impulsar el fortalecimiento del sistema democrático, la rendición de cuentas, la veeduría de la sociedad civil en la gestión pública, y la participación política de las mujeres, como mecanismos para acelerar el logro de la Agenda 2030 en el país.

Distrito Nacional. Mediante una alianza estratégica, el Movimiento Cívico Participación Ciudadana (PC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) impulsarán iniciativas conjuntas que fortalezcan el sistema democrático, la rendición de cuentas, la veeduría de la sociedad civil en la gestión pública, y la participación política de las mujeres, como mecanismos para acelerar el logro de la Agenda 2030 en el país.

Mediante la firma de un memorándum de entendimiento, las entidades buscan acelerar el cumplimiento de las prioridades nacionales del país, en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Entre las áreas de cooperación definidas en el Memorando se encuentran la promoción del liderazgo político femenino, el desarrollo de investigaciones sobre transparencia y acceso a la información pública, y el impulso a políticas públicas que contribuyan al cumplimiento de los ODS, en especial: ODS 5: Igualdad de género; ODS 10: Reducción de las desigualdades; ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

"Al promover el liderazgo político de las mujeres, la veeduría social, el acceso a la información y la transparencia, estamos contribuyendo directamente a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y resiliente ", indicó Ana Maria Díaz, Representante Residente del PNUD tras la firma.

En tanto, Leidy Blanco de Participación Ciudadana precisó que "esta alianza refuerza la convicción de que solo mediante la articulación entre lo local y lo global, entre la sociedad civil y los organismos internacionales, podremos impulsar verdaderos cambios estructurales que pongan en el centro a la ciudadanía y sus derechos.".

El acuerdo se enmarca en el Documento de Programa País (CPD 2023–2027) del PNUD, que establece como prioridades el fortalecimiento del sistema de administración pública para una gestión transparente y eficaz, la mejora de los mecanismos institucionales para una gobernanza participativa e inclusiva con enfoque de género, y la promoción de soluciones innovadoras para el acceso a la justicia, la participación política y la seguridad ciudadana.

Participación Ciudadana, con más de 32 años de trayectoria, aporta su experiencia en el combate a la corrupción y en la promoción de una ciudadanía activa, equitativa y democrática. Su compromiso con los principios de la democracia participativa, la equidad de género y la transparencia administrativa la convierte en un aliado clave para el fortalecimiento institucional del país.

El valor agregado del PNUD en esta alianza radica en su capacidad de ofrecer asistencia técnica especializada, su red global de conocimiento y su firme compromiso con la ética, la transparencia y la rendición de cuentas. Con más de 50 años de presencia en República Dominicana, el PNUD ha acompañado a más de 90 entidades en la ejecución de 350 iniciativas de desarrollo en la última década que han generado resultados concretos en la vida de las personas y en la institucionalidad del país.

Participación Ciudadana espera una investigación completa, profunda y transparente sobre los hechos denunciados en el Seguro Nacional de Salud -SeNaSa-. La institución valora el inicio de las pesquisas por parte del Ministerio Público, sumados a los esfuerzos de investigación de la Unidad Antifraude de la Contraloría General y la Cámara de Cuentas.

La organización cívica no partidista expresó que los hechos denunciados en diferentes medios de comunicación por los periodistas de investigación y la oposición, y con ello; la adopción de una resolución por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas, contra uno de los procesos de SeNaSa, calificado de irregular, demuestran que el cuidado de los recursos de los contribuyentes es una tarea constante que trasciende gobiernos.

En los hechos alrededor del SeNaSa se evidencian irregularidades originadas en graves deficiencias de gestión y falta de mecanismos de transparencia, prácticas corruptas y clientelares, las cuales han provocado un déficit financiero de varios miles de millones, así como demoras en la entrega de medicamentos y en los pagos a las prestadoras de servicios de salud, y poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema y deteriorando su credibilidad establecida durante años.

Nos preocupan los contratos ya difundidos que muestran una clara intención desde este órgano público de privatizar servicios en detrimento de la salud pública, especialmente la red de atención primaria que conforme a los datos estatales cuentan con las condiciones para asistir a los ciudadanos/as que así lo demanden. Estas contrataciones en muchos casos lesiva, perjudica el interés general, y conducen a la pérdida de recursos públicos, la ineficiencia de los servicios, pero también debilita la legitimidad de las instituciones. La intención de privatización de servicios esenciales, como la salud, en condiciones desfavorables para el Estado y la población, nos deja serias preocupaciones éticas, sociales y económicas.

Sabemos que el sector privado contribuye con eficiencia, innovación y recursos. Sin embargo, cuando la contratación se da sin una regulación adecuada, sin transparencia, y bajo esquemas que priorizan el lucro sobre el bienestar colectivo, el resultado es perjudicial para la mayoría de la población, especialmente los más vulnerables.

Por los datos aportados en investigaciones periodísticas y por las versiones de técnicos y profesionales vinculados a la seguridad social, el caso no solo implica a SeNaSa, sino un conjunto de operadores del sector salud, público y privado, cuyas actuaciones deben ser profundamente indagadas por los órganos de investigación.

Participación Ciudadana saluda la decisión del Poder Ejecutivo de remitir sus hallazgos al Ministerio Público; confía en que este órgano documente y persiga cualquier acto reñido con la Ley para que no prevalezca la impunidad en un sector tan sensible y de vital importancia para los afiliados y toda la ciudadanía.

Por ello exigimos consecuencias sobre aquellos que resultasen responsables sin importar cargos, afinidades políticas o rol público o privado. Lo ocurrido en SeNaSa constituye una invaluable oportunidad para que el gobierno examine sus políticas públicas en materia de salud, mancomune los esfuerzos de las distintas instituciones y gestione los procesos al amparo de reglas claras y supervisión rigurosa, pero a su vez para que la Procuraduría General de la República actúe con esmero y el Poder Judicial haga frente a la impunidad.

La corrupción en el sector salud, no solo representa una desviación de recursos, sino una profunda traición al deber de garantizar la vida y el bienestar de la población. Cada acto de corrupción retrasa tratamientos, vulnera derechos y atenta contra la dignidad de quienes más necesitan atención. Como Estado y como sociedad, tenemos la responsabilidad indelegable de proteger lo público, de fortalecer los sistemas de control y de asegurar que la salud jamás sea tratada como un negocio, sino como un derecho inalienable. Solo así podremos avanzar hacia un sistema sanitario justo, transparente y verdaderamente humano.

Consejo Nacional – 25 de septiembre de 2025

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana anunció la selección de la periodista Edith Febles para recibir el Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2025, el cual será entregado el 9 de diciembre con motivo del Día Internacional Contra la Corrupción establecido por Naciones Unidas. 

Para seleccionar a la periodista Edith Febles, Participación Ciudadana ponderó su historial de vida de integridad y lucha contra la corrupción y la impunidad, siendo un ejemplo positivo para la sociedad dominicana, tanto en su vida personal como en lo profesional y social. Por más de 25 años ha trabajado y colaborado en causas que contribuyen a una mejor sociedad dominicana; ha enfrentado de manera valiente y persistente las acciones de corrupción administrativa, crímenes contra la población, violación de derechos humanos y ha contribuido de manera notable a crear conciencia ciudadana, así como a los avances institucionales que en esta materia se han producido en el país.

Este reconocimiento ha sido entregado anualmente desde el 2009 a 16 personalidades de la vida pública dominicana con el objetivo de estimular a las personas que dedican esfuerzos extraordinarios a luchar por la transparencia en la gestión pública, la correcta administración de los recursos públicos y el combate a las diferentes manifestaciones de corrupción.

El lugar y horario de la actividad será anunciado oportunamente.

Consejo Nacional

22 de septiembre del 2025

La iniciativa establece una estrategia nacional, fortalece la gobernanza y garantiza la transparencia en la acción climática

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana presentó la propuesta de Ley Marco de Cambio Climático de la República Dominicana, un instrumento diseñado para dotar al país de un marco regulatorio integral frente a la crisis climática, alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París.

La iniciativa se presentó durante la primera reunión ordinaria 2025 del Comité Consultivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono.

Estrategia de largo plazo

La propuesta fija como meta alcanzar la neutralidad climática en 2050, con revisiones periódicas que incrementen la ambición. Para lograrlo, plantea la elaboración de una Estrategia Nacional a Largo Plazo de Cambio Climático y un Plan Nacional de Adaptación, que aseguren continuidad más allá de los períodos de gobierno.

Asimismo, establece que sectores clave como energía, transporte, agricultura, agua, salud y residuos definan metas propias de mitigación y adaptación, integradas en un plan común.

Gobernanza inclusiva

La propuesta fortalece al Consejo Nacional para el Cambio Climático como órgano rector, establece una Oficina Ejecutiva como brazo operativo y asigna responsabilidades claras a ministerios, gobiernos locales y sector privado.

También crea un Mecanismo de Participación de Partes Interesadas, integrando a la sociedad civil, la academia, las comunidades y el empresariado en el diseño y seguimiento de las políticas. A nivel local, dispone que los municipios alineen sus planes de ordenamiento territorial y gestión de riesgo con las estrategias climáticas nacionales.

Transparencia y rendición de cuentas

La Ley Marco instituye el Sistema Nacional de Transparencia Climática, con mecanismos de medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones, adaptación y financiamiento. Además, obliga a publicar evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad cada cinco años, garantizando acceso público a la información.

Otros aportes

La propuesta contempla una estrategia de financiamiento climático que incluye impuestos al carbono, bonos sostenibles, seguros climáticos, alianzas público-privadas y un Fondo de Innovación.

Asimismo, incorpora la Estrategia Nacional REDD+ para reducir emisiones por deforestación y degradación de los bosques, y fomenta la educación y la cultura climática como parte de un cambio cultural necesario.

Más detalles sobre la propuesta pueden consultarse en la web de Participación Ciudadana.

Un llamado a la acción ciudadana

“Esta Ley Marco busca que la acción climática sea una política de Estado, con visión estratégica, institucionalidad fuerte y transparencia, en beneficio de las presentes y futuras generaciones”, expresó Participación Ciudadana.

La organización invita a la ciudadanía a sumarse a la causa y abogar por la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático a través de la plataforma:

👉 unaleyporelclima.org

• El Volumen 3 del Séptimo Informe Estado de la Región ofrece una mirada profunda sobre los desafíos actuales y las posibilidades de transformación en la región de CARD.
• A pesar de un panorama complejo, el informe subraya el potencial de la región para relanzar la integración y construir soluciones conjuntas.

El Programa Estado de la Nación presentó el Séptimo Informe Estado de la Región 2025, que analiza el desarrollo humano sostenible en los países de Centroamérica y la República Dominicana (región CARD) durante el período 2018–2023. Esta edición identifica retos significativos, pero también ofrece un mensaje de esperanza y un llamado a la acción, destacando el papel clave que puede jugar la región en la construcción de un futuro próspero más inclusivo, democrático y sostenible.

En las últimas décadas, la región logró avances significativos como la diversificación económica, el fortalecimiento de sus vínculos con los mercados internacionales y la reducción de la pobreza. Sin embargo, persisten desafíos como la desigualdad, la fragilidad institucional y las presiones ambientales, que requieren respuestas urgentes y coordinadas entre los países.

Desde una perspectiva de largo plazo, la región también amplió libertades y avanzó en la democratización de sus sistemas políticos, especialmente en lo relacionado con el acceso al poder a través de elecciones. No obstante, existen importantes rezagos para fortalecer la capacidad de sus instituciones para atender las necesidades de la población y las profundas transformaciones experimentadas por las sociedades y las economías.

Uno de los principales hallazgos del informe es la tendencia a la autocratización en algunos países, acompañada de un creciente desencanto ciudadano con los resultados de la democracia. Esta situación se da, paradójicamente, en un contexto de crecimiento económico, que, aunque superior al promedio latinoamericano, ha sido ambientalmente insostenible y socialmente excluyente.

El informe también destaca que la región opera en un entorno internacional complejo y cambiante, marcado por tensiones geopolíticas.

En este contexto, las sociedades de Centroamérica y la República Dominicana se enfrentan a dos decisiones clave:

1. Fortalecer la democracia, como vía para lograr consensos y mejorar la calidad de vida de las personas, o permitir una mayor concentración del poder que podría poner en riesgo libertades y derechos fundamentales.
2. Impulsar la integración regional para enfrentar un contexto internacional incierto y generar soluciones conjuntas a problemas compartidos, o avanzar de forma aislada, lo que podría fragmentar aún más la región frente a un mundo cada vez complejo.

“Estamos en un momento decisivo. El camino que elijamos ahora puede marcar la diferencia para las próximas generaciones. Fortalecer la democracia y apostar por una integración más efectiva nos permitirá enfrentar los desafíos y aprovechar nuestras fortalezas como región”, expresó Alberto Mora, Coordinador de la Investigación.

Hallazgos clave del Informe:

• El crecimiento económico ha sido superior al promedio latinoamericano, pero sus beneficios no se distribuyen de manera equitativa.
• En países como Honduras, Guatemala y Nicaragua, más de la mitad de los hogares aún viven en pobreza.
• Hay señales claras de una ciudadanía dispuesta al cambio, lo que representa una oportunidad para renovar el pacto social y fortalecer la democracia a partir de la búsqueda del bien común.
• La integración regional puede ser una herramienta poderosa para impulsar soluciones sostenibles y responder mejor al contexto global.

Región CARD y América Latina

Hogares en pobreza, según etapaᵃ/ de pandemia covid-19 por nivel de pobreza
(porcentaje)

El Informe hace un llamado a los gobiernos, la ciudadanía y la sociedad civil a trabajar en conjunto para fortalecer las democracias, reducir las brechas sociales y proteger el patrimonio ambiental, sentando las bases de un modelo de desarrollo más justo e inclusivo.

Esta investigación contó con el apoyo financiero del Rockefeller Brothers Fund y la Unión Europea mediante el Programa EUreCA. 

Para más información, descargue el informe completo en https://hdl.handle.net/20.500.12337/10176

Sobre el Programa Estado de la Nación (PEN)  

El Programa Estado de la Nación es una iniciativa de investigación y formación sobre desarrollo humano sostenible.  Pertenece al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) de Costa Rica, entidad que agrupa a las cinco universidades públicas de ese país. También cuenta con el respaldo de la Defensoría de los Habitantes de la República.  

Desde 1994 brinda información relevante para la formulación de políticas públicas y opinión crítica de la ciudadanía sobre temas estratégicos, tanto en Costa Rica como en Centroamérica.