Balance del año 2001

Expectativas para 2002


Los procesos de concertación llevados a cabo por el liderazgo político y la sociedad civil, el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica en un ambiente internacional adverso, así como nuevas medidas relacionadas con las elecciones de medio término, los avances hacia la descentralización del Estado y la promulgación de importantes leyes que habían estado estancadas en el Congreso Nacional, se destacan como aspectos positivos durante el año 2001.

En contraste, se observa apatía en la puesta en funcionamiento de los mecanismos de acercamiento entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, mientras las diversas leyes promulgadas confrontan dificultades para su materialización. Asimismo, preocupa la forma en que crecen la desconfianza y el descreimiento de la gente en las instituciones gubernamentales, lo que afecta grande-mente el desempeño económico y social del país.

1. LO POLÍTICO E INSTITUCIONAL

La forma en que el liderazgo político y sectores de la sociedad civil impidieron que se reformara la Constitución en función de intereses particulares, fue uno de los mayores logros en el plano político e institucional.

El Pacto por una Reforma Constitucional suscrito por los tres partidos mayoritarios, con el Presidente de la República como testigo y tres connotados miembros de organizaciones de la sociedad civil como parte de su Comisión de Seguimiento, contribuyó a desarticular los intentos de una modificación al vapor, que incluiría la extensión por dos años del período legislativo y municipal.

Este pacto surgió en el seno de la Comisión por una Reforma Constitucional instituida por el decreto 410-01. Estuvo integrada por representantes de los partidos políticos, organizaciones comunitarias, movimientos cívicos, organizaciones no gubernamentales, autoridades, líderes religiosos y connotados juristas. Pese a la lamentable exclusión del Poder Legislativo, los resultados evidencian una buena capacidad de diálogo, que debe ser estimulada y profundizada.

El establecimiento por la Junta Central Electoral de nuevas Circunscripciones Electorales basadas en la densidad poblacional, así como la elección de las candidaturas de los partidos mayoritarios a través de primarias, han sido también aspectos positivos contribuyentes a fortalecer el sistema político dominicano, que dotaron de mayor nivel de representación y legitimidad a las autoridades electas.

Un aspecto preocupante es la desconfianza de la población en los gobernantes y las dudas sobre la capacidad para manejar la situación económica y social del país, como lo muestran las encuestas realizadas a lo largo del año.  Esto  acrecienta el pesimismo y la desazón e impacta negativamente el desarrollo económico y social, lo cual, unido a la forma clientelista con que se responde a la demanda de puestos de trabajo en el gobierno por parte de la militancia y el irrespeto al mandato de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, afecta significativamente la institucionalidad y la capacidad de gestión del actual gobierno y compromete la continuidad del Estado.

Durante el año, el Congreso Nacional aprobó leyes que benefician la transparencia, la rendición de cuentas y un mayor nivel de defensa de los derechos ciudadanos, entre las que vale mencionar las de Seguridad Social, Defensoría del Pueblo, Electricidad, Salud y Educación Superior y Ciencia y Tecnología. Lamentablemente la mayoría no han entrado en plena vigencia. La del Defensor del Pueblo, cuya elección sigue pendiente, es un buen ejemplo.

Ha sido notoria la falta de coordinación mostrada por los funcionarios, como lo evidencia el hecho de que a pesar de la existencia de un Gabinete Social no se ha logrado articular una coherente política social. El propio presidente de la República, en su discurso del 2 de octubre, reconoció que el paquetazo económico fue muy rápido, mientras que el paquetazo social ha ido muy lento.

2. LA SOCIEDAD CIVIL

Hay evidencia de que cuando las organizaciones de la sociedad civil y el Estado logran trabajar en conjunto se produce una sinergia que favorece a toda la ciudadanía. En cabildos como los de La Vega, Constanza, Villa González, Castañuelas, y en diversos municipios de Puerto Plata, se han desarrollado experiencias de concertación entre la ciudadanía y sus autoridades que han dado como resultado una mejoría en los servicios y en la capacidad administrativa de las sindicaturas.

Las organizaciones cívicas posicionan el diálogo y la concertación como los puntales de la gobernabilidad democrática en el país, participando en procesos de consulta con la Suprema Corte de Justicia. Los resultados de la consulta ayudaron en el proceso de planificación del Poder Judicial para los próximos 5 años y en la discusión sobre el Defensor del Pueblo se han producido importantes encuentros y diálogo entre la sociedad civil y los diputados.  Desde el Poder Ejecutivo también se han dado pasos de avance hacia la coordinación entre la diversas instancias, con la finalidad de hacer un uso más racional de los recursos disponibles. Sin embargo,  estos mecanismos han tenido dificultades para realizar sus funciones.

En efecto, en marzo de este año, se dio a conocer el decreto 407-01, con el cual se crea el Consejo Nacional de las Asociaciones sin Fines de Lucro, en el cual participan organizaciones de la sociedad civil y el Estado. Este Consejo diseñó un sistema de registro y de asignación de fondos a las organizaciones sin fines de lucro, instaló una unidad operativa para la tramitación de todo el proceso y elaboró sus reglamentos y normas internas.  Sin embargo, el Consejo no ha sido convocado desde septiembre y las organizaciones de la sociedad civil miembros del mismo desconocen si su trabajo fue tomado en cuenta para la  elaboración de las partidas del presupuesto nacional consignadas para este tipo de asociaciones.

3. LA CORRUPCIÓN

La Procuraduría General de la República, a través de su Departamento de Prevención de la Corrupción (DPC), ha desarrollado algunas acciones positivas como la creación de comisiones de ética pública en distintas dependencias gubernamentales,  formulación de un plan nacional anticorrupción y los esfuerzos realizados en la investigación de algunos expedientes de corrupción en la administración anterior. Pero esto no ha logrado evitar que la mayoría de la población perciba niveles importantes de corrupción en la actual administración del Estado.

Es condenable que el gobierno mantenga la práctica del grado a grado en el otorgamiento de obras públicas y que haya sido poco diligente en dar respuesta a las denuncias de irregularidades en algunas de sus instituciones. Un caso tan escandaloso y oneroso como el del subsidio al Gas Licuado de Petróleo, que involucra más de RD$ 200 millones, entre otras 15 denuncias de corrupción, no ha sido debidamente investigado. Hechos como estos son los que provocan que se acreciente la percepción de la ciudadanía de que el Estado dominicano mantiene niveles altos de corrupción y de que no existe, en las autoridades, una real voluntad política para enfrentarla.

De igual manera, permanecen engavetados importantes proyectos de leyes llamados a propiciar un marco legal adecuado para la transparencia del Estado, como son el que crea el Fiscal Nacional Anticorrupción, el de acceso a la información pública y el de contrataciones de obras públicas, entre otros.

4. JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Los esfuerzos realizados por la Suprema Corte de Justicia y la Escuela Nacional de la Judicatura para acercar a los jueces y a la ciudadanía y su empeño por incentivar la vigilancia desde las organizaciones de la sociedad civil de todo lo relativo al proceso de reforma judicial, son los principales aspectos positivos del sector justicia. Esta posición de nuestro más alto tribunal, en un año en que recibió duras críticas, permite mantener la esperanza en el proceso de reforma judicial.

Así mismo, algunos tribunales del país desarrollaron procesos que sugieren que se puede trabajar con eficiencia a pesar de las precariedades presupuestarias y de otra índole, pudiendo citarse la Tercera Sala de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte o los tribunales laborales de la jurisdicción de Santiago.

Lamentablemente, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura llenó las tres vacantes de jueces existentes a través de un procedimiento de repartición en que volvieron a primar los intereses partidarios por encima de los intereses nacionales, y creció el temor de un retroceso en el plano judicial.  El peor revés de este proceso fue la posición asumida por los dos representantes de la Suprema Corte de Justicia, que por mandato del Pleno votaron por candidatos que no pertenecían a la carrera judicial a pesar de haber sostenido públicamente una posición contraria.

Por otro lado, las denuncias y procesos contra jueces hacen temer que nuevamente la corrupción esté avanzando dentro del cuerpo judicial, poniendo en peligro uno de los principales logros alcanzados hasta el momento. Los niveles de eficiencia del Poder Judicial no fueron sustancialmente mejorados durante el año que termina, manteniéndose altos índices de presos preventivos debido a la excesiva lentitud con que marchan los procesos penales. La mayoría de las audiencias cada día son reenviadas y en algunas cortes hay que esperar hasta seis meses para la siguiente audiencia.

La responsabilidad de las dificultades para lograr mejorar la eficiencia de los tribunales no compete exclusivamente a los jueces. Otros factores son igualmente importantes, entre los que se puede citar un presupuesto inadecuado, procedimientos obsoletos, falta de traslado de los presos a los tribunales.

Otros temas relacionados con la justicia no mostraron progreso, como el de la independencia del ministerio público, cuyo proyecto de ley se mantuvo estancado. La calidad de los abogados en ejercicio, responsables igualmente de la lentitud de los tribunales, ha continuado deteriorándose por falta de control de las universidades que los forman, quedando como triste muestra la crisis permanente en que se desenvuelve el Colegio de Abogados, que repitió la hazaña de elegir a dos juntas directivas.

En lo que a los derechos humanos se refiere,el saldo es obviamente negativo. Más de un centenar de personas han muerto en supuestos intercambios de disparos, los organismos de derechos humanos han denunciado prácticas de torturas, apresamientos injustos y desconocimiento de órdenes de libertad emanadas de los fiscales. Por otra parte, la existencia de tribunales policiales obstaculiza las investigaciones objetivas de los hechos en que se ven envueltos agentes de la Policía Nacional, provocando un mayor nivel de incertidumbre en la población y cierto sentimiento de desprotección entre los sectores pobres, que aportan la mayoría de las víctimas de la violencia policial.

5. LA ECONOMÍA

Durante el año 2001, la economía dominicana experimentó un descenso significativo en el ritmo de crecimiento que había registrado durante el lustro anterior. Se reconoce que este estancamiento ocurre en un contexto de recesión y estancamiento en los países de mayor desarrollo económico del mundo, incluido Estados Unidos de América. A pesar del contexto adverso, la economía finaliza el año con una tasa de crecimiento del producto superior al crecimiento poblacional y, por ende, con una mejoría en el  ingreso promedio per cápita.

El país disfruta de estabilidad macroeconómica gracias a las modificaciones impositivas que entraron en vigencia al inicio del año, pues los ingresos adicionales recaudados permitieron al Gobierno cubrir una parte substancial de sus compromisos y terminar el 2001 con un déficit fiscal menos pronunciado que el año anterior. En lo que concierne al sector externo, es importante advertir que el déficit de cuenta corriente al final de año se mantuvo por debajo del 5.0% del PIB, lo cual representa una importante mejoría con relación a lo ocurrido en años anteriores. A este resultado contribuyó, por un lado, la reducción de los precios internacionales del petróleo que se verificó en el transcurso del año, y por el otro, a la disminución de las importaciones totales del país.

Llama a preocupación, sin embargo, la propensión de las actuales autoridades a recurrir a los empréstitos, externos e internos, para financiar el gasto público. Durante el año 2001 un 15% del gasto público tuvo que ser destinado a cubrir el servicio de la deuda y en el año 2002 habrá que destinar una proporción similar para amortizaciones y pago de intereses, en desmedro de inversiones en obras prioritarias demandadas por los sectores más empobrecidos del país, con la agravante de que el actual Gobierno ha seguido la irregular práctica del anterior, en el sentido de recurrir a los empréstitos internos sin la correspondiente sanción congresual que exige la Ley orgánica de Presupuesto y la propia Constitución de la República.

6. EXPECTATIVAS

Participación Ciudadana espera que para el año 2002 se pongan en funcionamiento los diversos mecanismos de acercamiento del Estado y la ciudadanía, particularmente lo referente al decreto 685-00 con el que se descentraliza la planificación social en el país, se empodera a los ayuntamientos y a la ciudadanía, lo que contribuirá a la gobernabilidad y a mayores niveles de eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos.

Al mismo tiempo confiamos en que el proceso electoral venidero transcurra en un clima de respeto, profundizando los niveles de representatividad de los congresistas, síndicos y regidores, al tiempo que se espera que se sepulten para siempre los intentos de reformar la Constitución al margen del pueblo soberano. En ese sentido el respeto al Pacto firmado por el liderazgo político dominicano es vital.

El gobierno necesita definir con claridad y precisión sus metas y elaborar una política económica con mayores niveles de articulación con la política social. Esperamos que se cumpla con lo presupuestado para el 2002, sin desbordar los gastos programados, de manera que pueda terminar el año en equilibrio sin necesidad de recurrir a los empréstitos internos como ha ocurrido durante el 2001.

Hay varios proyectos de leyes pendientes en el Congreso Nacional cuya aprobación y ejecución serán beneficiosas para la sociedad. Entre estos merece especial mención el de la reforma policial.