Tal como había planteado Participación Ciudadana a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, el Congreso Nacional, a partir de un proyecto elaborado por la Junta Central Electoral, está llamado a hacer viables las candidaturas independientes.

El proyecto entregado por la JCE parte de disposiciones contenidas en la Constitución que garantizan el derecho a ser elegible y de la sentencia del TC No. TC/788/2024 del 13 de diciembre de 2024. Establece las disposiciones que le darán viabilidad a lo dispuesto por el TC, al tiempo que se resguarda el sistema electoral y a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que la Constitución establece como medios para la postulación a puestos electivos.

Participación Ciudadana entiende, sin embargo, que el proyecto de ley presenta aspectos que es necesario discutir cuidadosamente y corregir, para que esta normativa sea viable y acorde con la Constitución de la República y con la sentencia del TC, cuyo cumplimiento es obligatorio.

El proyecto entregado por la JCE establece que las asociaciones cívicas que sean creadas para presentar candidaturas independientes tendrán que cumplir con requisitos para ser reconocidas, como los establecidos por la Ley No. 122-05, sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro; serán independientes de los partidos políticos; tendrán como único objeto apoyar la candidatura que postule en el proceso electoral del año correspondiente, por tanto, perderán su objeto electoral de pleno derecho inmediatamente tomen posesión las autoridades electas. Estas asociaciones cívicas (AC) no podrán presentar candidatos en otros procesos electorales diferente al que motivó su registro, aun cuando continúe con personalidad jurídica.

Los artículos 1 y 2 del proyecto establecen la DEFINICIÓN de una AC, su OBJETO SOCIAL y DURACIÓN. Queda claro que su definición, objeto social y duración están exclusivamente referidos a la participación en un único proceso electoral, por tanto, no tiene sentido que el proyecto diga que podrán mantener una personalidad jurídica más allá del proceso electoral.

Un primer punto a discutir es si la inscripción de estas asociaciones debe regirse por la Ley No. 122-05, la cual es muy exigente y conlleva un tiempo relativamente largo de registro, que le resta la espontaneidad y factibilidad de esta opción, dada la corta duración que el mismo proyecto de ley les otorga.

Participación Ciudadana entiende que, siendo este nuevo tipo de organización de objeto exclusivamente electoral y transitorio, deben ser registradas y supervisadas por la JCE. El objeto y muchas otras características de las ISFL no coinciden con los de las AC. Además, el proyecto establece que el patrimonio de la AC se regirá por las leyes núm.  33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos políticos y la núm. 33-18 de Régimen Orgánico Electoral, mientras que no recibirán recursos públicos.

Un aspecto que parece ser incongruente es que el Art. 1 del Proyecto, en su letra (a) define las ASOCIACIONES CIVICAS como sigue: Son asociaciones de ciudadanos y ciudadanas, legalmente constituidas y que fungen como vía para postular las candidaturas independientes. Están diseñadas para fines electorales, su creación y permanencia estarán limitadas al proceso electoral correspondiente, conforme a las disposiciones de esta ley.

La Ley No. 20-23 sobre el Régimen Electoral contempla tres personas morales que pueden presentar candidaturas: Los partidos políticos a nivel nacional, las agrupaciones políticas a nivel provincial y los movimientos políticos en los municipios y los distritos municipales. El Proyecto de Ley para candidaturas independientes, de ser aprobado, crearía una cuarta persona moral, la asociación cívica, la cual podrá presentar candidaturas independientes. Sin embargo, a pesar de que se trata de un nuevo tipo de organización, por otro lado, trata a sus candidaturas como personales o individuales.

Otro aspecto que cuestionamos es que el proyecto contempla para la AC el 2% del Padrón Electoral de las últimas elecciones ordinarias generales, mientras a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos se les exige el 2% de los votos válidos de las últimas elecciones generales. Eso pudiera representar para las AC, hasta el doble de las firmas con relacion a las demás organizaciones. Por otro lado, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos no tienen plazo para recolectar las firmas, mientras a las AC se les daría un plazo de 30 días. Estas diferenciaciones podrían ser recurridas como discriminatorias.

El art. 25 del proyecto presenta serios problemas, es inconcebible que un grupo de ciudadanos complete todo un proceso de inscripción, bastante complejo y largo, también un proceso de obtención de firmas del 2% del padrón y que luego resulte que su participación va a depender de un sorteo, porque no se permiten más de tres candidaturas independientes.

Aquí no se trata de un desempate en una votación, se trata de ciudadanos/as que han completado un proceso, amparados en una ley y que luego tengan que depender de la suerte para participar.

El artículo 26 del proyecto contempla que la AC solo puede presentar una única candidatura por cada nivel de elección en los cargos de diputación, regidurías y vocalías. Sin embargo, la presentación de candidaturas a los puestos de elección popular no es personal, es institucional, por eso se estaría creando la figura de asociación de ciudadanos. El espíritu de la sentencia del TC parece ser de que ciudadanos individuales puedan presentar candidaturas, sin embargo, la creación de una asociación implica una personería jurídica colectiva, por tanto, la candidatura independiente ni es personal ni es individual. A esto se suma la indefinición de qué sucedería si uno de estos candidatos, una vez elegidos, por alguna razón, abandonara la posición ¿quién lo sustituiría?

Conforme al principio de igualdad contenido en el Artículo 39 de la Constitución, no puede haber diferenciación entre iguales y mucho menos discriminación. Una vez creada la AC tendría derecho, no solo a participar en los procesos electorales y presentar candidaturas, sino a hacerlo en igualdad de condiciones, con los efectos, beneficios, deberes y obligaciones que tienen las demás personas morales que presenten candidaturas.

Establecer que la AC solo pueda presentar una candidatura, en los niveles de elección plurinominales y que, sin importar la cantidad de votos que saque solo obtendrá una posición, es irrazonable y discriminatorio, en consecuencia, contrario al artículo 74 de la Constitución, que establece que la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales tiene que respetar el principio de razonabilidad y mantener la esencia del derecho a regular y al artículo 39 que refiere la identidad de trato entre iguales.

Es inconcebible que el Párrafo I del artículo 26 contemple la posibilidad de que la candidatura independiente reciba votos que les permitan acceder a más de un escaño dentro de ese nivel de elección y que se le adjudique solo un escaño. Ese artículo y sus párrafos no resiste la prueba de razonabilidad que ha establecido el Tribunal Constitucional para que un texto legal que regula el ejercicio de los derechos fundamentales esté acorde con la constitución. Ni los considerando del proyecto, ni el texto del artículo 26 explican razonablemente el trato diferenciado que dan a la AC en este aspecto.

Participación Ciudadana entiende que el Congreso Nacional debe estudiar cuidadosamente este proyecto, asesorarse de expertos constitucionales y escuchar las observaciones. El sistema electoral dominicano ha avanzado considerablemente en muchos aspectos, aunque definitivamente debe seguir mejorando.

Este año es propicio para que se produzca un acuerdo nacional que consolide el progreso en esta materia. Aspiramos a que nuestras observaciones sean tomadas en cuenta, tanto en el proyecto para viabilizar las candidaturas independientes como en los aspectos pendientes de las leyes de Partidos, Agrupaciones y Movimientos políticos y la de Régimen Orgánico Electoral.

CONSEJO NACIONAL

23 de abril del 2025

El Consejo Nacional del movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, eligió este jueves a la abogada Leidy Blanco García como Coordinadora General de la organización para el período 2025–2026.

Leidy Blanco García es doctora en Sociedad, Democracia, Estado y Derecho. Actualmente se desempeña como Coordinadora de Vinculación con Organismos Internacionales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). A lo largo de su trayectoria, ha participado activamente en iniciativas de justicia social y equidad de género, siendo voluntaria en asentamientos populares con Techo República Dominicana y colaboradora en acciones de ONU Mujeres en el país. También ha sido columnista voluntaria del periódico digital Acento.

Dentro de Participación Ciudadana, Leidy ha ocupado diversas funciones desde su ingreso en el año 2013. Es miembro del Consejo Nacional , la Comisión de Justicia y Coordinadora General 2021-2022 , desde donde ha impulsado temas clave para el fortalecimiento institucional y el Estado de derecho.

“Recibo esta designación con profundo agradecimiento y un alto sentido de responsabilidad. Asumir la Coordinación General de Participación Ciudadana representa para mí un compromiso firme con la defensa de la democracia, la transparencia, la justicia social y el fortalecimiento institucional de nuestro país. Desde esta función, me propongo trabajar con apertura, entrega y vocación de servicio, para seguir construyendo una ciudadanía activa, crítica y comprometida con el bien común”,

Nuevo Consejo Nacional

El pasado domingo 30 de marzo, durante su 31ª Asamblea General Ordinaria, Participación Ciudadana llevó a cabo la renovación parcial de su Consejo Nacional, órgano máximo de dirección que ostenta la representación formal de la entidad.

Como parte del proceso, la Asamblea eligió al abogado y dirigente cívico Francisco Álvarez Valdez (Pancho) como nuevo integrante del Consejo, sumándose al equipo que liderará los próximos desafíos institucionales del movimiento cívico junto a Betty del Villar, Erick Hernández, Jacinta Valdez, Josefina Arvelo, Joseph Abreu, Leidy Blanco, Ramón Stalin Montero y Wilfredo De León.

Consejo Nacional
Participación Ciudadana

4 de abril de 2025

En un esfuerzo por fortalecer la transparencia y el monitoreo ciudadano de los procesos de Compras y Contrataciones Públicas en la República Dominicana, Participación Ciudadana celebró este lunes 31 de marzo un almuerzo-encuentro para socializar la Guía Metodológica del Observatorio de Compras y Contrataciones Públicas (OCC).

El evento, realizado en el salón de actos de la institución, reunió a representantes de organizaciones de la sociedad civil, aliados estratégicos y especialistas en el tema. Esta guía metodológica ha sido desarrollada como parte de uno de los programas impulsados junto a Transparencia Internacional, en respuesta a la creciente demanda social de mayor rendición de cuentas y al compromiso sostenido con la lucha contra la corrupción.

Durante la actividad, se presentó el contenido de la guía y se discutieron sus principales aportes para el fortalecimiento del Observatorio, una plataforma ciudadana que busca incidir en la mejora de las prácticas de compras públicas a través del análisis, la denuncia y la participación informada.

El encuentro contó con la intervención del consultor Marino Tejeda, quien colaboró en el proceso de elaboración de la herramienta y compartió detalles sobre su aplicación práctica y utilidad en el contexto nacional.

Participación Ciudadana celebró este domingo 30 de marzo su trigésima primera (31ª) Asamblea General Ordinaria, en la que hizo un llamado a fortalecer la cultura democrática, la participación cívica responsable y el cumplimiento de las leyes como pilares fundamentales para una mejor República Dominicana.

En su proclama anual, la organización destacó el valor de la convivencia pacífica, el diálogo constructivo y el respeto a las reglas como elementos esenciales de toda sociedad que aspire a vivir con dignidad y justicia social. “Los avances logrados en las últimas décadas son resultado del compromiso colectivo de diversos sectores de la sociedad. Pero aún persisten prácticas y comportamientos que debemos seguir superando, con decisión y coherencia”, expresa el documento leído al cierre de la jornada.

Participación Ciudadana reafirmó su convicción de que el camino hacia una democracia robusta y una ciudadanía empoderada pasa por instituciones más sólidas, mayor equidad en el acceso a derechos y el cumplimiento riguroso de las normativas vigentes. En ese sentido, alentó a su membresía y al país a seguir siendo parte activa en la construcción de una nación donde impere el respeto mutuo y la responsabilidad compartida.

Durante el desarrollo de la Asamblea, se conocieron y aprobaron el informe anual del Consejo Nacional, el informe financiero, el Plan Estratégico 2025–2027, el Plan Operativo y el presupuesto para el año 2025.

Como parte del proceso de renovación de su órgano de dirección, la Asamblea eligió al abogado Francisco Álvarez Valdez (Pancho) como nuevo miembro del Consejo Nacional, quien fue juramentado al cierre del evento. Reconocido por su histórica labor en favor de la transparencia y la institucionalidad democrática, su elección refuerza el liderazgo ético y plural de la organización.

Además de Francisco Álvarez Valdez, el Consejo Nacional está integrado por Betty del Villar, Erick Hernández, Jacinta Valdez, Josefina Arvelo y Joseph Abreu, Leidy Blanco, Ramón Stalin Montero y Wilfredo De León.

La Asamblea se celebró en el Salón de Actos del Colegio Dominicano de La Salle, con la participación activa de su membresía proveniente de distintas regiones del país.

Consejo Nacional

Participación Ciudadana 

Marzo 2025

Participación Ciudadana celebró el panel titulado “Casos de alta corrupción: la justicia y el devenir mediático”, un espacio de análisis y reflexión sobre la evolución judicial de los principales expedientes por corrupción administrativa en el país y el impacto de su cobertura en medios y redes sociales.

La actividad fue moderada por Fátima Lorenzo Mencía e inició con las palabras de bienvenida de Erick Hernández-Machado, Coordinador General de la organización.

Durante el panel, el abogado y activista Francisco Álvarez Valdez presentó el 4to. Informe de seguimiento del Observatorio de Casos Judicializados de Corrupción, en el que se abordaron los avances y retrocesos de los procesos judiciales más emblemáticos.

El periodista Fausto Rosario analizó el impacto de las campañas en redes sociales en la lucha contra la corrupción, mientras que el sociólogo Cándido Mercedes expuso sobre los riesgos del uso abusivo de estos medios en la democracia.

El evento concluyó con una sesión de preguntas y comentarios del público, seguida de las palabras de cierre.

Sobre el cuarto informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa

Con esta iniciativa, Participación Ciudadana reafirma su compromiso con el seguimiento riguroso a los casos de corrupción y la promoción de una ciudadanía informada y crítica frente al uso del poder público.

Participación Ciudadana continúa observando los procesos penales de casos de alta corrupción administrativa por su importancia en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Estos casos tienen todas las características de formar parte del concepto de crimen organizado y es una de las razones que obligan a la sociedad a estar atenta para evitar que este tipo de crímenes se normalicen.

No se trata en este observatorio de expresar opiniones sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados, sino de darle seguimiento a procesos que deben terminar con sentencias sobre el fondo de los mismos, sea de absolución o de condena, pero siempre en base a las pruebas aportadas y valoradas por los jueces a cargo.

Lo que definitivamente no puede ocurrir, sin causar un grave daño a la credibilidad del sistema de justicia, es que casos como estos, que involucran recursos públicos por miles de millones de pesos, terminen sin sentencia al fondo, debido a la ineficiencia del sistema, o a estrategias orientadas a ponerle fin a los casos, sin que sean valoradas las pruebas de hechos tan graves como los relatados en cada una de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público. No cabe duda alguna de que el sistema de justicia se juega su credibilidad en estos procesos.

Cinco son los casos bajo observación: Anti-pulpo, Coral y Coral 5G, Medusa, Calamar y Camaleón. En informes anteriores hemos comunicado quiénes son los imputados y el monto de los fondos públicos involucrados, por lo que remitimos a nuestro último informe colocado en nuestra página. En este cuarto informe expondremos de manera muy sucinta los hechos relevantes acontecidos en estos casos durante los primeros dos meses y medio del presente año 2025. Conózcalo aquí: https://pciudadana.org/wp-content/uploads/2025/03/Cuarto-Informe-Corrupcion.pdf

Participación Ciudadana presenta informe y panel sobre casos de alta corrupción y su tratamiento mediático

Participación Ciudadana celebró el panel titulado “Casos de alta corrupción: la justicia y el devenir mediático”, un espacio de análisis y reflexión sobre la evolución judicial de los principales expedientes por corrupción administrativa en el país y el impacto de su cobertura en medios y redes sociales.

La actividad fue moderada por Fátima Lorenzo Mencía e inició con las palabras de bienvenida de Erick Hernández-Machado, Coordinador General de la organización.

Durante el panel, el abogado y activista Francisco Álvarez Valdez presentó el 4to. Informe de seguimiento del Observatorio de Casos Judicializados de Corrupción, en el que se abordaron los avances y retrocesos de los procesos judiciales más emblemáticos.

El periodista Fausto Rosario analizó el impacto de las campañas en redes sociales en la lucha contra la corrupción, mientras que el sociólogo Cándido Mercedes expuso sobre los riesgos del uso abusivo de estos medios en la democracia.

El evento concluyó con una sesión de preguntas y comentarios del público, seguida de las palabras de cierre.

Sobre el cuarto informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa

Con esta iniciativa, Participación Ciudadana reafirma su compromiso con el seguimiento riguroso a los casos de corrupción y la promoción de una ciudadanía informada y crítica frente al uso del poder público.

Participación Ciudadana continúa observando los procesos penales de casos de alta corrupción administrativa por su importancia en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Estos casos tienen todas las características de formar parte del concepto de crimen organizado y es una de las razones que obligan a la sociedad a estar atenta para evitar que este tipo de crímenes se normalicen.

No se trata en este observatorio de expresar opiniones sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados, sino de darle seguimiento a procesos que deben terminar con sentencias sobre el fondo de los mismos, sea de absolución o de condena, pero siempre en base a las pruebas aportadas y valoradas por los jueces a cargo.

Lo que definitivamente no puede ocurrir, sin causar un grave daño a la credibilidad del sistema de justicia, es que casos como estos, que involucran recursos públicos por miles de millones de pesos, terminen sin sentencia al fondo, debido a la ineficiencia del sistema, o a estrategias orientadas a ponerle fin a los casos, sin que sean valoradas las pruebas de hechos tan graves como los relatados en cada una de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público. No cabe duda alguna de que el sistema de justicia se juega su credibilidad en estos procesos.

Cinco son los casos bajo observación: Anti-pulpo, Coral y Coral 5G, Medusa, Calamar y Camaleón. En informes anteriores hemos comunicado quiénes son los imputados y el monto de los fondos públicos involucrados, por lo que remitimos a nuestro último informe colocado en nuestra página. En este cuarto informe expondremos de manera muy sucinta los hechos relevantes acontecidos en estos casos durante los primeros dos meses y medio del presente año 2025. Conózcalo aquí: https://pciudadana.org/wp-content/uploads/2025/03/Cuarto-Informe-Corrupcion.pdf

Desde sus inicios, Participación Ciudadana ha mantenido una postura firme contra la corrupción, convirtiéndose en un referente en la defensa de la transparencia en República Dominicana. Como capítulo nacional de Transparencia Internacional desde 2004, la organización ha liderado numerosas iniciativas para exponer y combatir la corrupción en el país.

Uno de sus logros más importantes ha sido la documentación y denuncia de escándalos de corrupción que han sacudido al país, incluyendo casos como Odebrecht, Anti Pulpo, Medusa y Calamar. Además, PC ha desarrollado el Observatorio de Expedientes Judiciales, una plataforma de seguimiento que evalúa los procesos legales contra funcionarios y empresarios acusados de corrupción, garantizando que estos casos no queden en la impunidad.

A lo largo de tres décadas, PC ha impulsado importantes reformas y leyes de transparencia, como la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que permite a los ciudadanos fiscalizar el uso de los recursos del Estado. Asimismo, la organización ha promovido auditorías externas y la rendición de cuentas en instituciones públicas, fortaleciendo la lucha contra la corrupción.

El compromiso con la integridad también se refleja en el Premio Anual a la Integridad y Lucha Contra la Corrupción, instaurado en 2009, con el que se ha reconocido a figuras clave como Miriam Germán, Nuria Piera, Huchi Lora, Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, entre otros. A través de estas acciones, Participación Ciudadana sigue defendiendo los valores democráticos y exigiendo un país más justo y transparente para todos.

Descubre más sobre cómo Participación Ciudadana ha liderado la lucha contra la corrupción en este documento ampliado.