Ver todas

Balance del año 2008

I.   Aspectos institucionales.

A.     Un año electoral.

Durante el año 2008 se celebraron elecciones presidenciales, siendo este uno de los acontecimientos más relevantes en la parte institucional. Participación Ciudadana desarrolló su acostumbrada labor de observación electoral, la cual nos permitió medir importantes avances en la transparencia del conteo de los votos pero también como ha ido deteriorándose la calidad de la campaña electoral.

La campaña electoral comenzó de manera prematura, lo que aumentó sustancialmente el costo de la misma, no sólo para los partidos sino para la sociedad completa. No bastaron los más de mil millones de pesos distribuidos por la Junta Central Electoral entre los partidos en campaña, los cuales debieron recurrir a la recolección de fondos en el sector privado, sin que la mayoría de ellos haya hasta el momento rendido cuentas sobre las fuentes de donde recibieron tales fondos ni cómo lo gastaron.

El nivel de de los debates fue extremadamente bajo, cediendo paso a las peores prácticas. El clientelismo fue practicado por todos los partidos, mientras el partido oficial aprovechaba los recursos públicos para hacer publicidad electoral, comprar dirigentes de la oposición a través de designaciones en puestos públicos, aumentar los subsidios de todo tipo, crear nóminas como la denominada CB (Comités de Base), pagar a centenares de miles de personas a través de programas sociales como Solidaridad o Vamo´Arriba o estudiantes de la universidad estatal.

Quedó comprobado que el esfuerzo para mejorar nuestras elecciones debe ser reorientado, pues ya las irregularidades no se producen el día de las elecciones sino durante la campaña electoral. La Cámara Administrativa de la JCE utilizó por primera vez y de forma exitosa un sistema de escaneo y transmisión de las actas de votación desde los colegios electorales, lo que permitió adelantar la divulgación de los resultados.

La ausencia de reglamentación de las campañas electorales, y la violación de la Ley Electoral tendrá consecuencias que trascenderán el año que termina, pues son un componente importante del enorme déficit del gobierno.

B.     Justicia, corrupción y narcotráfico.

Durante el 2008 se cerraron los primeros casos judiciales relevantes de corrupción pública y privada, y los imputados, hoy condenados, cumplen las penas impuestas.

El caso de desfalco contra el Estado por más de mil millones de pesos conocido como Plan Renove, concluyó temprano el año 2008, con penas contra ex funcionarios públicos y sindicalistas del transporte que van desde tres meses hasta cuatro años.

En relación con la enorme crisis financiera que sufrió el país en el año 2003 con motivo de la quiebra fraudulenta de los bancos Baninter, Bancrédito y Mercantil, quedaron cerrados los dos primeros casos con penas que van desde seis a diez años de prisión, y el caso Mercantil comienza juicio de fondo este diciembre.  Lamentablemente los tribunales no han podido concluir el caso seguido contra el ex banquero Leonel Almonte, el cual se ha prolongado por más de quince años entre innumerables incidentes.

Una nota negativa ha sido la suerte seguida por los casos PEME y Ángel Lockward, donde el Ministerio Público ha desistido de las persecuciones penales por razones evidentemente políticas, demostrando nuevamente la necesidad de independizarlo del Poder Ejecutivo. Igualmente  vergonzoso es el caso de Anissia Rissi, que fue descargada no por no haber cometido los hechos sino por haberse extraviado el expediente y las pruebas en su contra.

Finalizando el año el señor Secretario de Estado que ocupa la Superintendente de Seguros, Euclides Gutiérrez, desnudó hasta qué punto la política partidista es el mejor aliado de la impunidad cuando señaló que una decisión política del actual gobierno había impedido que fueran sometidos a la justicia más de cuarenta casos de corrupción de la administración de Hipólito Mejía.

Es muy lamentable el pobre papel desempeñado por las instituciones dominicanas llamadas a prevenir y perseguir la corrupción, como la Dirección de Persecusión de la Corrupción Administrativa (DPCA) y la Comisión Nacional de Ética, las cuales no se han caracterizado por su ineficacia en el combate de este importante flagelo.

El narcotráfico se ha convertido en la principal amenaza contra la seguridad ciudadana, lo que quedó evidenciado en el sonado caso de Paya, con la ejecución de ocho personas. Las investigaciones realizadas permitieron descubrir con asombro hasta qué punto nuestras autoridades militares, en este caso de la Marina de Guerra, habían sido infiltradas por el narco.

La inseguridad ciudadana en todos los sentidos aumentó considerablemente en el 2008, con innumerables casos de asesinatos  y por primera vez un creciente número de secuestros. El gobierno deberá poner especial atención a este aspecto, para lo cual deberá conducir profundas transformaciones en la  Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas e incluso las Fuerzas Armadas.

C.     El precedente de la Cámara de Cuentas.

Los miembros de la Cámara de Cuentas fueron objeto de un juicio político que se inició con la acusación presentada por la Cámara de Diputados y terminó con la renuncia de todos los miembros y la destitución del único que no renunció por parte del Senado.

Si partimos de los numerosos escándalos en los que se vieron involucrados los anteriores miembros de este organismo, este juicio político se convirtió en un precedente positivo, que debe servir de ejemplo de lo que pudiera pasar si el Congreso decidiera  asumir su rol de control, tan abandonado en el pasado y tal vez de nuevo en el presente.

Lamentablemente el Poder Ejecutivo no aprendió la lección de lo pernicioso que puede resultar designar personas en las funciones de control de los ingresos y gastos públicos por simple interés político partidario, y ha vuelto a seleccionar las ternas que dieron lugar a los nuevos nombramientos por parte del Senado basado estrictamente en este tipo de interés.

D.     La Reforma Constitucional.

No hay duda de que es tema relevante en materia institucional la iniciativa de reforma constitucional del Poder Ejecutivo, que apoderó al Congreso de un proyecto de ley para declarar la necesidad de la reforma y convocar a la Asamblea Revisora a tales fines.

Participación Ciudadana ha sostenido que en razón de la crisis financiera que afecta al mundo y que dejará sentir sus efectos negativos en la República Dominicana, era preferible postergar esta iniciativa que puede generar  división en momentos en que la nación requiere la mayor unidad posible.

En el plano institucional, la prioridad debe ser prestar atención a la aplicación de un conjunto de leyes que no están siendo debidamente aplicadas y que contribuirían a fortalecer la institucionalidad y el estado de derecho, y  en estos momentos limitar la reforma constitucional al establecimiento de la asamblea constituyente, de manera  que sea a partir del 2010 que se discuta el fondo de una reforma integral, debidamente consensuada y legitimada por las fuerzas políticas y sociales de la nación.

El Presidente siguió adelante y el Congreso ha debido posponer para principios de año 2009 el conocimiento de este proyecto, con la finalidad de dedicar tiempo al conocimiento del proyecto de presupuesto.

Durante el último cuatrimestre del año 2008 se invirtieron enormes esfuerzos en estudiar el proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo. Los temas que generan división salieron a flote, como por ejemplo la indefinición con respecto a la posibilidad del actual mandatario de buscar en el 2012 un tercer período consecutivo, lo que creó inquietudes a lo interno del propio partido oficial.

Participación Ciudadana sostiene que de seguir adelante el proyecto, debe reorientarse para que en una primera etapa modifique la Constitución sólo para establecer que su reforma se haría a través de una Asamblea Constituyente y se adopten las reglas necesarias para su elección. Se procedería entonces a elegir a los constituyentes, quienes conocerían el proyecto del Ejecutivo.

E.     Incumplimiento de las leyes vigentes

Reconocemos que en los últimos años se han realizado esfuerzos en procura de dotar al país de un marco jurídico para la transparencia y el fortalecimiento institucional del Estado, en los cuales se han invertido cuantiosos recursos nacionales y otros procedentes de la cooperación internacional.

Sin embargo, a pesar de contar con una ley de libre acceso a la información pública, una de compras y contrataciones, una ley de la función pública y una de municipios y el distrito nacional, estamos aún muy lejos de su efectiva implementación, debido a la falta de voluntad política de las autoridades de actuar conforme a estos preceptos legales.

En relación al cumplimento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, se evidencian claramente  pocos avances en las instituciones públicas, especialmente en el cumplimiento de lo relativo a la instalación y conformación de las Oficinas de Acceso a la Información (OAI) y  a la designación de los Responsables de Acceso a la Información (RAI) en cada institución y la deficiente información básica o de oficio disponible en los portales Web, para la consulta de los ciudadanos.

Consideramos que parte del estancamiento de la implementación de la Ley se debe a la dejadez de muchos de los funcionarios encargados de hacerla cumplir, así como también a la cultura de la opacidad en la administración pública dominicana.

Reconocemos que en este periodo se promulgó la muy demandada Ley de Función Publica, no obstante, desde el Poder Ejecutivo, en este período logramos identificar, signos de incumplimiento de la norma, solo por citar la cantidad de Sub Secretarios designados, los nombramientos de asesores, Secretarios sin cartera, envían una clara señal de que la función pública en la Republica Dominicana, se caracteriza por ser un botín, para favorecer amigos, allegados, partidarios y como instrumento del clientelismo político.

Por otro lado, desde Participación Ciudadana consideramos de urgencia avanzar en la implementación de la nueva Ley de Contrataciones Públicas de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones, esperamos que la aprobación de la misma  pueda garantizar  un sistema de contratación eficiente, eficaz, ágil y transparente, con mayores niveles de institucionalidad y credibilidad, reconocemos que a la fecha se refleja y evidencia que esa ha sido una de las áreas más vulnerable para actos dolosos y para el enriquecimiento ilícito.

II.         Aspectos económicos

El año 2008 puede ser dividido en dos partes con una evolución económica muy dispar. Los primeros meses del año se caracterizaron por un fuerte crecimiento de la economía, con expansión monetaria y fiscal y creciente inflación, muy influenciados por el activismo estatal derivado de la campaña reeleccionista. Pero el déficit de la cuenta corriente de balanza de pagos que se fue generando hizo imposible el sostenimiento de esa tendencia, y obligó a las autoridades a frenar la economía en la segunda mitad del año, mediante mecanismos de contracción monetaria y elevación de las tasas de interés. Con ello se redujo el crecimiento y bajó la inflación. A estas políticas restrictivas contribuyó la crisis internacional, que convirtió el entorno externo en altamente preocupante.

La crisis económica internacional

Durante el año 2008 se presentó una situación internacional que acabó con prácticamente una década de crecimiento persistente de la economía mundial en un ambiente de apertura y estabilidad, para dar paso a lo que es percibido como la peor crisis económica conocida por la humanidad después de la gran depresión del decenio de 1930.

Todo comenzó como una crisis subprime, originada en el mercado inmobiliario. Al parar de crecer los precios de las viviendas en los EUA, y posteriormente comenzar a disminuir, hizo evidente que muchas instituciones financieras se habían excedido otorgando créditos en condiciones muy riesgosas bajo la premisa de que siempre los podrían recuperar con la ejecución de las hipotecas.

Pero esta situación desnudó las insuficiencias y debilidades de la regulación y la supervisión bancarias, que habían permitido que casi todos los sistemas financieros de los países desarrollados, en busca de ganancias superiores a las normales, se aventuraran en la compra de títulos amparados en hipotecas de alto riesgo.  De la crisis subprime se  pasó a una crisis del sistema financiero en general, la cual se globalizó al contagiar a múltiples instituciones de Europa y Japón, y al final del 2008 evolucionó hacia una crisis económica generalizada, al afectar a las empresas de producción, el consumo  y el empleo.

Los gobiernos de las grandes economías capitalistas han estado haciendo lo indecible para evitar la propagación y profundización de la crisis, primero mediante las políticas de tasas de interés, después tratando de salvar de la bancarrota a instituciones financieras y alentándolas a renovar el crédito bancario a las empresas industriales y comerciales, y después bajando impuestos o elevando el gasto público para inducir a los agentes económicos a elevar el consumo y la inversión, con miras a evitar el desempleo. Pero hasta ahora todo ha resultado insuficiente, y al finalizar el año, la tendencia sigue amenazando con convertirse en una depresión

económica mundial.

La evolución de la economía nacional

La reacción del gobierno dominicano, acostumbrado a darle largas a los problemas, bajo la concepción de que el tiempo todo lo resuelve, fue por mucho tiempo negar la crisis o decir que en nada afectaría a la República Dominicana. Eso le permitió seguir gastando dinero público sin mucho sentido de racionalidad y seguir haciendo sucesivas promesas de realizaciones y de un futuro de abundancias, sin tomar decisiones necesarias con miras a preparar mejor a la economía para un eventual choque externo. Sólo al finalizar el año, cuando ya no es posible seguir negando su existencia, y cuando gran cantidad de profesionales, instituciones y gobiernos extranjeros le dicen que debe prepararse para afrontar sus efectos, el gobierno reconoce la nueva situación.

El activismo electoral hizo que el gobierno mantuviera políticas expansivas durante gran parte del año, a pesar de los altos precios del petróleo y la crisis externa. Según los datos oficiales, el PBI se incrementó 7.5% en el primer semestre. Durante ese tiempo el gasto público venía incrementándose a un ritmo cercano al 40% anual, tanto por vía del gasto corriente como de la inversión pública. Ante los constantes incrementos de precios de los bienes básicos en la economía mundial, principalmente petróleo y alimentos, el gobierno respondía estableciendo subsidios.

Pero una vez pasadas las elecciones, si bien la política de gastos públicos siguió su curso anterior, las autoridades monetarias comenzaron a restringir el crédito bancario y elevar las tasas de interés, atemorizadas de que el creciente déficit corriente de la balanza de pagos se tradujera en presiones sobre la tasa de cambio. Después el propio gobierno se vio precisado a controlar un poco la expansión del gasto público, sobre todo, porque la situación internacional y las menores perspectivas internas hicieron que los ingresos fiscales dejaran de aumentar.

De todas maneras, se fue generando un déficit fiscal altamente preocupante. Aún con estadísticas muy incompletas, se estima que el déficit presupuestario terminará entre un tres y un cuatro por ciento del PBI, lo que complica el manejo de la crisis, particularmente porque hace más difícil la aplicación de políticas anticíclicas ahora para responder a los embates del entorno externo.

Las políticas más restrictivas en la segunda mitad del año dieron lugar a que el producto bruto interno casi no creciera. En el trimestre julio-septiembre apenas se incrementó en un 1.3%, y podría ser que en el último trimestre la tasa sea aun menor. Al terminar el 2008 se estima que el crecimiento del año completo podría estar en torno al 4% o el 5%.

Llama la atención que sólo una serie de actividades muy vinculadas al mercado importador habrán viabilizado dicho crecimiento, como el comercio, las finanzas, las telecomunicaciones y algunos servicios, pues la mayoría de las ramas de producción real expuestas a la competencia internacional, como la agricultura, ganadería, minería, industria, zonas francas y turismo, registran crecimiento negativo, afectadas por la existencia de una moneda sobrevaluada y por un entorno internacional adverso.

La inflación constituyó un verdadero problema también en la primera parte del año, aunque se atenuó bastante al final, como efecto principalmente de la caída del precio de los combustibles y de diversos alimentos y materias primas en el mercado internacional. Hasta los meses de agosto y septiembre, la tasa anual de inflación estaba cerca del 15%, pero se espera que al terminar el año la inflación haya sido de menos de 10%.

La mayor amenaza a la estabilidad macroeconómica se deriva del gran desequilibrio de la balanza de pagos. En los primeros nueve meses del 2008, el déficit alcanzó un 12.2%, impactado por los altos precios de los combustibles, pero muy particularmente por la sobrevaluación del peso dominicano, que estimuló un gran crecimiento de las importaciones y la caída de la producción nacional. Las autoridades respondieron frenando el crecimiento de la economía y elevando las tasas de interés para forzar un flujo positivo de capitales. A ese propósito contribuyó que el país está recibiendo importantes ingresos por medio de inversiones extranjeras en el sector inmobiliario y algunos servicios.

El gran perdedor de todo este proceso es la población de menores ingresos. Con la caída de la producción real, se ha agudizado una tendencia que venía de años anteriores de disminución del empleo en el sector formal de la economía, compensado por grandes contingentes ocupándose en actividades informales, de menor productividad y de remuneración más baja e inestable.

Pero en adición a todo ello, se han estado deteriorando los salarios reales y la política social del gobierno sigue siendo insuficiente e ineficaz. Los gastos sociales del gobierno son bajos y asignados muy en función de criterios clientelistas. Mientras todas las comparaciones internacionales presentan al sistema educativo dominicano como algo deprimente, el gasto gubernamental en esta elemental función pública se mantiene alrededor del 2% del PBI, uno de los porcentajes más bajos del mundo.

Tal es la situación en que encuentra al país el año 2009, cuando se espera un empeoramiento de la crisis mundial, y el país se encontrará de manos atadas para hacerle frente por el déficit fiscal previo, pero particularmente por el gran desequilibrio de la balanza de pagos.

Finalmente, el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del año 2009, enviado al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, constituye otro motivo de preocupación al final del 2008. Esto así, porque se trata de un presupuesto concebido con un alto  déficit y con un monto significativo de recursos externos e internos cuyas fuentes de financiamiento no están debidamente identificadas. De manera que, se pone en evidencia, una vez mas, que el Poder Ejecutivo  insiste en mantener un  nivel de gasto excesivo, aunque eso signifique encarecer y mantener restringido el financiamiento para las actividades productivas a través del sector privado, ni proteger la inversión en educación, salud y otros servicios sociales básicos que el Estado debe garantizar a la población, particularmente a las familias más pobres.

Noticias relacionadas

26 de enero, 2016

Suspenden y ponen a disposición de la justicia miembros de patrulla involucrados en muerte

Leer más

9 de agosto, 2004

II Visita del Instituto Nacional Demócrata a Participación Ciudadana

Leer más

Departamento de Comunicaciones

Ver todas

La Decisión de la Procuraduría General en el caso Bancrédito

La desacertada decisión de la Procuraduría General de la República, de desinteresarse de la acción penal referente al fraude bancario cometido por ejecutivos de Bancrédito condenados por la Cámara Penal de la Corte de Apelación, cuya situación procesal se encuentra en su fase final, aumenta el descrédito y la desconfianza de este estamento político judicial en donde se percibe su falta de entendimiento sobre la responsabilidad histórica de su misión: “ejercer, como institución responsable de la acción penal pública, la investigación de los hechos punibles, la representación y defensa del interés público y social, así como la vigilancia y cumplimiento de las normas del debido proceso legal; garantizado la protección de las víctimas y los testigos y el respeto de los derechos humanos”.

Esta penosa decisión cobra visos de tragicomedia, y pone de manifiesto la obligada independencia funcional del Ministerio Público del Poder Ejecutivo, ahora que se debate la propuesta de Reforma Constitucional sometida por el Presidente Leonel Fernández Reyna vía Senado de la República.

La reiterada actitud de la Procuraduría General de la República nueva vez se suma a los lamentables precedentes tanto del actual Gobierno del PLD, caso PEME y el de Ángel Lockward, acusado de malversación de fondos en el manejo del subsidio al gas licuado, como también en la gestión del PRD, cuando el Presidente Hipólito Mejía retiró la querella que pesaba sobre el ex Presidente Salvador Jorge Blanco, condenado por un Tribunal de Primera Instancia.

No obstante a las desafortunadas decisiones que debilitan el fortalecimiento deseado del sistema de justicia, obligan a Participación Ciudadana conservar la fe de que los casos de los fraudes bancarios no quedarán impune, y que la Suprema Corte de Justicia, apoderada en este caso de un recurso de casación, ejercerá honrosamente su misión actuando con absoluta independencia, transparencia y apego a la ley, sin ataduras políticas o complicidades que deslucirían su alta investidura.

Aprovechamos la ocasión para resaltar nuevamente la labor desarrollada por los representantes del Ministerio Público que han llevado los casos bancarios, trabajo que está siendo desconocido por la contradictoria e injustificada acción que ha tomado la Procuraduría General frente al caso Bancrédito.

Noticias relacionadas

16 de noviembre, 2011

Max Puig aplicará Tolerancia Cero Contra la Corrupción en su Gobierno.

Leer más

12 de abril, 2011

PC y ADOCCO piden quitar el fuero a Amable

Leer más

Departamento de Comunicaciones

Ver todas

Participación Ciudadana presentó resultados Monitoreo Programa de Solidaridad

Santo Domingo, D.N.  Participación Ciudadana, Capitulo Dominicano de Transparencia Internacional, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, a través del Programa de Transparencia y Acción Ciudadana presentó los resultados del Proyecto de Monitoreo Ciudadano realizado al Programa de Solidaridad, partiendo de la premisa de que el mismo debía cumplir con un principio básico de la democracia y la gestión pública moderna: la Transparencia. 

El ejerció de monitoreo al Programa Solidaridad se realizo, bajo la premisa de que el mismos, se diseño como una estrategia de política focalizada para la salida de la pobreza de una población estimada en 1,600,000, y estando convencidos desde PC  de que si el Gobierno no logra la transparencia en la gestión pública y no evita la corrupción en el manejo de los fondos destinados a la acción social, no  cumplirá con la misión con la que se ha comprometido  y le resultará imposible garantizar el derecho de la ciudadanía a convertir los bienes públicos en factores del desarrollo social, sustentado en la equidad y en una justa distribución.

Para PC, la motivación principal para el monitoreo de este programa, como cualquier otro a nivel del Estado, es porque el mismo, ha de sustentarse en bases legales, normas o reglamentos,  procedimientos y acciones que preserven el buen uso de los recursos públicos.

En ese sentido, el referido monitoreo estuvo centrado en la identificación de las limitaciones y debilidades del Programa de Solidaridad en términos de su estructura institucional y en materia de transparencia de la gestión, que podrían vulnerar sus principios y colocarlo en riesgos de corrupción.  De igual forma, sugerir medidas preventivas, para mitigar o eliminar factores de riesgos de corrupción y contribuir al logro de los objetivos del mismo.

Para su desarrollo fue utilizando como guía el Índice de Transparencia  de Colombia, adaptándolo por PC a la realidad institucional dominicana, el cual toma como ejes tres factores fundamentales

a.        Institucionalidad y Eficiencia: puesta en práctica de normas, procedimientos y controles para limitar la discrecionalidad de funcionarios, empleados, políticos y particulares en el ejercicio de la función pública.

b.        Visibilidad y Rendición de Cuentas: publicación, rendición de informes y capacidad de acceso de la ciudadanía a información relevante y actualizada.

c.        Investigación y Sanción: identificación y sanción efectiva por faltas cometidas por los servidores públicos

En ese sentido, y de acuerdo a los resultados obtenidos fueron presentadas recomendaciones, que contribuirán a mantener el Programa de Solidaridad libre de las garras de la corrupción, entre estas citamos: Redefinir la Estructura Orgánica del Programa y sus Responsabilidades, incluir dentro del Plan operativo un objetivo relacionado con la prevención de actos de corrupción, incluyendo en este un Comité de Ética responsable de planificar, organizar y dar seguimiento a acciones anti-corrupción.  De igual manera, se recomienda ampliar el plan de capacitación incluyendo un conjunto de actividades tendentes a lograr un empoderamiento de las organizaciones comunitarias en el Programa.

Otras de las recomendaciones emanadas del Monitoreo fueron: agilizar el proceso de revisión del Manual de Puesto. Aprobarlo en este año 2008 y realizar la debida capacitación al personal para conocimiento del mismo.  Así también, usar como canal de reclutamiento de personal avisos por la radio, la televisión y la prensa escrita de cobertura regional y nacional.

Además, habilitar la Oficina de Libre Acceso a la Información dotándola de una persona responsable y capacitada para ello. Elaborar y colocar en su Página Web un documento o informe anual rindiendo cuentas del total de casos de sanciones presentados, conocidos, resueltos y pendientes por año., entre otras recomendaciones.

Los mayores riesgos identificados, en el factor institucional, están centrados en: Conocimiento del Programa, Capacitación, existencia de manuales y reglamentos. Además, en el reclutamiento y selección del personal, en al coordinación interinstitucional y en la participación comunitaria.

Participación Ciudadana está convencida de que si el Gobierno no logra transparencia en la gestión pública y no evita la corrupción en el manejo de los fondos destinados a la acción social, no  cumplirá con la misión con la que se ha comprometido, y le resultará imposible garantizar el derecho de la ciudadanía a convertir los bienes públicos en factores del desarrollo social, sustentado en la equidad y en una justa distribución.

Noticias relacionadas

19 de agosto, 2021

Participación Ciudadana realiza conversatorio Juventud participa: política y sociedad civil

Leer más

2 de marzo, 2011

FINJUS Y PC denuncian vacio Institucional por falta de Tribunal Superior Electoral

Leer más

Departamento de Comunicaciones

Ver todas

El Indice De Percepción De La Corrupción 2008

PC  pone a circular el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC),  correspondiente al año 2008, elaborado por Transparencia Internacional (TI) que es una organización no gubernamental, líder en el mundo en la lucha contra la corrupción, cuya representación en la República Dominicana ejerce el movimiento cívico Participación Ciudadana.

La República Dominicana mantiene este año la misma puntuación del año pasado, con un índice de 3.0, aunque baja del lugar 99 al 102 en el mundo, nivel que denota la percepción de que existe una corrupción rampante.

La corrupción desenfrenada pone en peligro y amenaza con frustrar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)

Presentación Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)

Este enlace contiene video de la Secretaria general de TI en Berlin que contiene  breve explicación del IPC http://www.youtube.com/watch?v=acr09tED6eo

Noticias relacionadas

1 de mayo, 2012

Moreno pide que se deje observar a Participación Ciudadana

Leer más

25 de agosto, 2003

PC realiza Mesa sobre Seguridad Electoral

Leer más

Departamento de Comunicaciones

Ver todas

Participación Ciudadana Saluda Sentencia Del Caso Bancrédito

En su labor de seguimiento de los casos judiciales relacionados con las quiebras bancarias fraudulentas ocurridas en el año 2003, Participación Ciudadana saluda la reciente decisión dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que aumentó de tres a ocho años de prisión, la sanción impuesta a los señores Arturo Pellerano Peña y Juan Felipe Mendoza, por considerarlos culpables de asociación de malhechores, falsedad en escritura de bancos, alteración y manipulación de datos y documentos a los fines de desviar la fiscalización de las autoridades en relación con el caso Bancrédito.

Los jueces Ramón González Pérez, Modesto Martínez y Pedro Sánchez confirmaron la decisión de primer grado en cuanto a los hechos probados al señalar “que las acciones de los imputados, estaba destinada a alterar y manipular datos y documentos a los fines de desviar la fiscalización y supervisión del Banco Nacional de Crédito por parte de las autoridades competentes, ofertando al público atractivas tasas de interés y así captar depósitos que distrajeron y disiparon de los ahorristas y de las facilidades otorgadas por el Banco Central a favor de sus empresas vinculadas”.

Acertadamente aumentaron la pena, basados en que la práctica comprobada es “un agravante que no puede estar justificada por la precaria situación económica que estremecía al país, agudizada por los acontecimientos derivados de los problemas confrontados a consecuencia de las quiebras fraudulentas de otras entidades bancarias que han generado una crisis sin precedente en el sistema financiero nacional, que perjudica de forma perenne a la sociedad dominicana.”

Plausible es igualmente la actuación del ministerio público, representado por los magistrados Francisco García, Daniel Miranda Villalona, Carmen Alardo y Laura Guerrero, quienes sustentaron la acusación en nombre del magistrado Octavio Lister.

Es Importante recordar, que aún se encuentran pendiente de conocimiento y decisión el fraude similar ocurrido en el Banco Mercantil y la otra parte de Bancrédito, relacionada con la reclamación del Banco Central por más de veinte mil millones de pesos.

Sin embargo, sentencias como las de Baninter y ahora la de Bancrédito animan las esperanzas de que no habrá impunidad en ninguno de los casos.

Noticias relacionadas

21 de febrero, 2019

Conferencia Corrupción e Impunidad en la Región – Rol de la Sociedad Civil

Leer más

2 de junio, 2006

Gobernabilidad en RD a la luz de la Carta Democrática Interamericana

Leer más

Departamento de Comunicaciones

Ver todas

Sobre Reformas Electorales

Este planteamiento fue elaborado por la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana, para lo cual se tomó en cuenta el Proyecto de Constitución que logró consensuar en el 2001 la Comisión Especial designada por el Poder Ejecutivo. También una consultoría encargada a la socióloga Isis Duarte y recientes propuestas de los jueces electorales Aura Celeste Fernández y Eddy Olivares. No se incluyen reformas al sistema de  los partidos políticos y su financiamiento, ya que estarán contempladas en otro documento en proceso de elaboración.

    1.   Del orden constitucional

1.1-    Prohibir la reelección consecutiva hasta que la nación alcance un grado de institucionalidad democrática capaz de contener los abusos del poder y los excesos del presidencialismo.

1.2-    Limitar a 150 el número de diputados y diputadas a ser electos a nivel nacional,  7 de los cuales en representación de los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior, y 5 por acumulación de votos para la representación de los partidos, alianzas o coaliciones que habiendo alcanzado más del 2 por ciento de la votación total no obtengan escaños en alguna circunscripción.

1.3-    Consignar que los partidos políticos y todas las formas de  organización territorial son esenciales para el funcionamiento de la democracia representativa.

1.4-    Establecer como requisito para la participación de los partidos políticos en los procesos electorales,  el dotarse de estatutos democráticos que establezcan la elección  periódica de sus dirigentes y la elección primaria para la postulación de candidatos y candidatas a todos los cargos electivos.

1.5-    Instituir que la Ley Electoral dispondrá de los reglamentos y medios adecuados para limitar y fiscalizar el financiamiento de los partidos y agrupamientos electorales, la extensión  y contenido de las campañas proselitista y la propaganda electoral, tanto en las elecciones primarias como para las nacionales.

1.6-    Consignar la observación electoral como un derecho de la ciudadanía organizada.

1.7-    Establecer como requisito para la elección del Presidente  y el Vicepresidente de la República la obtención de un mínimo del 45 por ciento de los votos válidos,  o del 40 por ciento si el más votado sobrepasa al segundo en más de un 10 por ciento.

1.8-    Separar totalmente las funciones electorales, mediante organismos autónomos, dejando la responsabilidad normativa y administrativa de los procesos electivos bajo responsabilidad de la Junta Central Electoral e instituyendo para lo contencioso un tribunal electoral nacional, cada uno de ellos con tres miembros. También  se recomienda instituir una fiscalía o procuraduría especial para investigar, perseguir y procesar los delitos del orden electoral. Los miembros titulares de los tres organismos serán electos por el Consejo Nacional de la Magistratura.

1.9-    Establecer que las elecciones generales se celebrarán  el primer domingo de junio, en caso de segunda vuelta el primer domingo de julio.

     2.   De la Legislación Electoral 

2.1-    Adecuar la Ley Electoral a la división de las funciones electorales en organismos plenamente autónomos  y separados.

2.2-    Reducir a 3 los miembros titulares de la Junta Central Electoral y consignar que podrán elegirse entre profesionales de cualquier disciplina relacionada con la gestión administrativa y las ciencias jurídicas y sociales.

2.3-    Consignar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a elegir senadores, senadoras, diputados, diputadas, síndicos, sindicas, regidores y regidoras en boletas separadas, de manera que ninguno arrastre al otro y se pueda optar por diversos partidos. (Artículo 86 de la Ley Electoral).

2.4-    Establecer penalidades significativas, que incluyan multas y hasta suspensión  del financiamiento estatal para los partidos y candidatos/as que violen las normativas electorales y muy especialmente para quienes abusen de recursos estatales para obtener ventajas electorales.

2.5-    Instituir que ningún dirigente ni militante de partido político podrá ser titular de  los órganos electorales, ya sean el administrativo-normativo, el tribunal contencioso o la fiscalía o procuraduría electoral.

2.6-    Modificar el artículo 76 de la Ley Electoral para flexibilizar la posibilidad de presentar candidaturas independientes en los niveles provincial y municipal, reduciendo la proporción de firmas de electores necesarias a no más del 10 por ciento.

2.7-    Reformular el párrafo del Artículo 52 de la Ley Electoral para que indique que la Cámara de Cuentas deberá auditar los registros contables de los partidos políticos después de cada elección consignando los descargos o procesamientos que  correspondan.

2.8-    Eliminar las restricciones a la publicación de encuestas a la salida de los colegios electorales y de conteos rápidos, después de la hora de cierre de las  votaciones.

Noticias relacionadas

16 de diciembre, 2022

Participación Ciudadana y FINJUS presentan resultados del proyecto “Acción Ciudadana por la Seguridad y la Justicia”

Leer más

15 de marzo, 2012

PRI presenta pruebas a PC de Convención

Leer más

Departamento de Comunicaciones

Ver todas

Propuestas sobre el Anteproyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas

Elaborado por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados/as que estudia el Anteproyecto

Consideraciones Generales

  • Participación Ciudadana después de haber estudiado el Anteproyecto de Ley que presenta la Comisión Especial de la Cámara de Diputados/as sobre los Partidos y Agrupaciones Políticas, considera que el mismo:
  • Integra una buena parte del contenido del anteproyecto del CONARE, que fue consensuado y que recogía, a su vez, parte de las propuestas formuladas sobre la regulación de los partidos
  • Atiende a dificultades evidenciadas en el quehacer político electoral reciente
  • Otorga esencialidad a la labor de formación de los dirigentes y miembros de los partidos, incluyendo la obligación de la especialización de los fondos públicos para desarrollarla
  • Contempla sanciones, aunque pudieran ser mejoradas

Algunas sugerencias

  • Establecer de manera concreta, a lo interno de los partidos políticos la democratización interna, la institucionalidad y la transparencia.
  • Definir un Artículo que establezca relaciones entre la sociedad civil y los partidos políticos.
  • Nueva redacción del artículo 3 en la que se indique que, además de la prohibición de que los miembros de las fuerzas armadas, policía y organismos de seguridad, tampoco podrán  afiliarse a partido político los funcionarios de alta dirección del Poder Judicial, del Ministerio Público y  de la  JCE.
  • En el artículo 5 bastaría con indicar que la afiliación a un partido implica la renuncia al anterior.
  • En el artículo 8 no está claro si las Elecciones Primarias Internas sustituyen a cualquier otro mecanismo de elección de candidatos (como asambleas de electores y convenciones). Más bien parece que se puede escoger entre estos mecanismos
  • Incluir la Tolerancia entre los Principios y Valores Fundamentales (Artículo 11)
  • Señalar, en el literal b del artículo 14, que son Estatutos provisionales los que se presentan al solicitar el reconocimiento como organización política
  • En el Artículo 26, además de prohibir las designaciones, que también se prohíba el pago en dinero para ocupar una función dirigencial.
  • En el artículo 28, establecer como un deber de los miembros de un partido la cotización regular.
  • El artículo 29 es muy amplio en materia de formación. Pretende que también incluya el adiestramiento técnico de todos los ciudadanos en los asuntos de Estado. Bastaría que se hiciera respecto a sus afiliados y, de manera general, a la ciudadanía.
  • Tal como está redactado el artículo 37, respecto a la organización de las Primarias, éstas son cerradas (sólo para los afiliados al partido)
  • Artículo 43- Para la escogencia del 33% de las candidaturas que por Ley corresponde a la mujer  se sugiere lo siguiente: Se escogerán las mujeres que hayan sido más votadas dentro de cada provincia, municipio o circunscripción hasta completar la cuota correspondiente.
  • En el artículo 47 se establece que el 10% de las candidaturas puede ser escogido por la dirección del partido, incluyendo las cedidas en alguna alianza. Parece conveniente que la dirección tenga esa prerrogativa. Se sugiere evaluar el aumento de ese %.
  • Reducir a dos años de militancia previa en el partido para poder ser precandidato (a) o candidato (a).  Artículo 48, literal c
  • Atención al artículo 50: establece que los cargos electivos, salvo los del Presidente y vicepresidente, son del partido, y en el párrafo I se señala cuándo se pierde la posición ganada en las urnas
  • En el Artículo 50 agregar el cargo de Vicesindica/o
  • En el Artículo 50, Párrafo I mantener el literal d, pero agregar, mientras la persona electa no se declare a favor de otro partido o decida apoyar candidaturas de otro partido.
  • En el Artículo 50, Párrafo I- Agregar: Quien ocupe el cargo vacante debe ser la persona más votada que no resultó electa, para el cargo en discusión del mismo partido. Si quien  deja el cargo es una mujer debe ser sustituida por otra mujer, al igual si es hombre debe ser sustituido por otro hombre.
  • En el Artículo 50, Párrafo I-Definir cuando hay alianzas de partidos y se le cede la postulación al partido aliado, si éste renuncia a quien le corresponde el cargo, al partido aliado o al partido que lleva la nominación.
  • En el artículo 53 se contempla la prohibición de dar los datos de encuestas a boca de urna hasta que la JCE entregue los suyos. Junto a las encuestas a boca de urnas debe contemplarse otras técnicas de estimación de resultados  electorales, como el Conteo Rápido, y restringir que no se puedan dar los resultados mientras dure la jornada electoral, es decir, mientras se esté votando
  • Incluir en la prohibición del párrafo II del artículo 58 el uso de fondos públicos para financiar actividades de rentabilidad electoral particular (aunque estén identificadas como labores de desarrollo de la comunidad o asistencia social)
  • En el artículo 60 el esquema del financiamiento público a los partidos  permanece como está.  Sería  más democrático que la distribución sea con relación a la votación obtenida (Ver propuesta del CONARE)
  • El monto representado por el 5% del financiamiento público como monto máximo permitido en las contribuciones individuales a los partidos (Artículo 61, párrafo) es muy alto
  • En el artículo 69, la publicidad del extracto del informe sobre ingresos y egresos públicos y privados, en vez de podrá, señalar que “deberá” ser publicado por la JCE
  • Establecer en el artículo 74, relativo al “patrimonio” de la precampaña y campaña, contabilizar el aporte económico que representan las contribuciones “en especie” a los candidatos
  • Sobre el artículo 79 (causas de pérdida de personería), observar varios aspectos:
  • No haber obtenido del 5% de los votos válidamente emitidos parece muy alto; atentaría contra la existencia de la pluralidad de opciones. Para las Agrupaciones pudiera ser extremadamente restrictivo (literal a).

  • Artículo 79- Literal a) Mantener lo que rige actualmente, es decir el 2%  de los votos válidos emitidos.

  • Artículo 79-  Agregar  un nuevo literal que diga “Si el partido postulante sólo logra la elección de un Regidor/a o Síndico/a queda como movimiento municipal, si alcanza un Diputado/a queda comomovimiento provincial y si es un Senador/a se mantiene como partido nacional.

  • Consignar, en literal c que se pierde la personería por no haber participado, de manera individual y con candidatos propios, en dos  de  dos elecciones generales ordinarias sucesivas.

Noticias relacionadas

9 de mayo, 2005

Carta enviada por el Consejo Nacional de PC al Presidente

Leer más

4 de abril, 2010

PC llama a ciudadanía vigilar campaña electoral.

Leer más

Departamento de Comunicaciones

Ver todas

Transparencia Internacional celebra compromiso de monitorear acciones hacia una región libre de corrupción

Berlín, 10 de julio de 2008 – Representantes de Estados centroamericanos y de Transparency International (TI) acordaron los términos del monitoreo de la implementación de una declaración a través de la cual dichos países se comprometen a llevar a cabo medidas específicas contra la corrupción. La "Declaración de Guatemala por una Región Libre de Corrupción" representa una agenda común anticorrupción y fue firmada por los presidentes de Centroamérica y la República Dominicana en 2006 en el marco de la 12ava Conferencia Internacional Anticorrupción. La primera fase de la evaluación culminará en noviembre de 2008.

Emisarios de entidades estatales de Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá y los capítulos nacionales de TI en la región, acordaron hacer dos veces por año una evaluación sobre el estado de implementación de los compromisos asumidos. "Este mecanismo de seguimiento refleja que los países centroamericanos quieren avanzar de manera conjunta en la lucha contra este problema", agregó Silke Pfeiffer, Directora para las Américas de TI.

Dada la relevancia para la ciudadanía de prevenir la corrupción en los programas y fondos sociales y de controlar el financiamiento político y electoral se evaluará, entre julio y noviembre de 2008, el cumplimiento de los compromisos relacionados con estos temas. Entre otros siete temas elegidos para evaluar durante esta primera fase se encuentran: conflictos de interés, el acceso a la información, el servicio civil, y los mecanismos de denuncia y protección a testigos.

Estos son también parte de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, por lo cual se buscará unificar esfuerzos entorno a los distintos instrumentos anticorrupción vigentes. "Aunque vemos algunos avances en la región, varios compromisos de la Declaración aun están pendientes de cumplirse, por lo cual este mecanismo de monitoreo contribuirá a que los países centroamericanos pasen a tomar acciones concretas", señaló Manfredo Marroquín, Coordinador Regional de TI para Centroamérica. Atendiendo a lo pactado en la Declaración, el mecanismo buscará incorporar a la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) como institución de apoyo al monitoreo. También se invitará a los demás países centroamericanos y a la República Dominicana a sumarse a este esfuerzo.

En Noviembre de 2008, segundo aniversario de la Declaración, se celebrará un foro regional de diálogo donde grupos de la sociedad civil y entidades estatales anticorrupción presentarán las evaluaciones e identificarán desafíos para el cumplimiento de la Declaración.

Transparency International es la organización mundial de la sociedad civil líder en la lucha contra la corrupción.

Participación Ciudadana
Capitulo Nacional de Transparencia Internacional en República Dominicana

Noticias relacionadas

24 de marzo, 2025

DGCP, CEPAE y Participación Ciudadana firman convenio para difundir normativa de contrataciones públicas entre la sociedad civil

Leer más

12 de marzo, 2002

Gobierno y partidos gastaron RD85 millones en publicidad política último cuatrimestre 2001

Leer más

Departamento de Comunicaciones

Ver todas

La elección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas

Luego del enjuiciamiento y destitución por parte del Senado de los miembros de la Cámara de Cuentas, corresponde ahora al señor Presidente de la República y al propio Senado poner todo su empeño para elegir adecuadamente los nuevos miembros de ese importante organismo, a fin de que no se repitan escándalos como los registrados recientemente.

Junto al proceso de selección de los nuevos funcionarios, el ministerio público debe proceder a investigar las violaciones a las leyes que pudieron haber cometido los funcionarios salientes, a fin de que se apliquen las sanciones penales que correspondan, lo cual enviaría una señal de que las autoridades están en disposición de emprender medidas destinadas a promover la transparencia, la ética y la intolerancia de la corrupción en la gestión pública.

El Presidente y el Senado de la Repúblicatienen la responsabilidad de que los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas tengan suficiente credibilidad y capacidad para ejercer de manera idónea las delicadas funciones a su cargo. Es decir, deben seleccionar personas de probada integridad, competencia profesional e independencia de criterios, que garanticen que ejercerán sus funciones con imparcialidad y transparencia, apegadas a principios éticos y a las normas constitucionales y legales vigentes.

En cuanto a las competencias profesionales, somos de opinión que debe privilegiarse la integración de personas con formación y experiencia en las áreas de contabilidad, auditoria y finanzas, en vista de que la Cámaraya no tiene las funciones de Tribunal Contencioso Administrativo, lo que hace menos necesario que en la dirección del organismo haya un número significativo de profesionales del derecho.

Al mismo tiempo, consideramos pertinente que, en lugar de nueve miembros, la Cámara quede integrada por solo cinco miembros, que es el mínimo establecido por la Constitución. Estoimplicaría reducción de gastos y se correspondería con la necesidad que tiene el país de dar un uso racional a los fondos públicos y liberar recursos para atender tantas necesidades básicas insatisfechas.

De igual manera, entendemos que al seleccionar este equipo de profesionales, tanto el Presidente como el Senado de la República, deben tener en cuenta la equidad de género, garantizando que una parte de los miembros escogidos para integrar la Cámara de Cuentas, sean mujeres.

Respecto a la imparcialidad, deseamos  resaltar la importancia de que se trate de personas  con la ética y carácter necesarios para actuar con plena independencia frente a los intereses de funcionarios, partidos y grupos de poder tanto del ámbito público como del privado. En relación con esto, se debe tomar en cuenta que para toda función pública, y de manera particular para cargos de la naturaleza de miembro de la Cámarade Cuentas, se requiere especial vocación de servicio y dedicación a tiempo completo, como lo establece la Ley, que no permite actividades remuneradas en otras entidades públicas ni privadas, salvo cuando se trate de labores docentes.

Exhortamos a la ciudadanía y a los partidos políticos a darle seguimiento al proceso de selección de los nuevos miembros de la Cámarade Cuentas, a fin de que el mismo se realice de manera transparente y que los que resulten designados cumplan con el perfil requerido para ocupar el cargo. Para ello solicitamos que se publiquen los CV de los postulantes a los cargos, así como sus declaraciones juradas de bienes debidamente detalladas y certificadas.

Una vez en funciones, tanto los partidos políticos, el Congreso Nacional, la prensa y los ciudadanos y ciudadanas, deben vigilar atentamente el desempeño de la Cámara, así como de las restantes entidades estatales, que también están muy expuestas al uso incorrecto de los recursos públicos y a otro tipo de irregularidades. Es responsabilidad de todos requerir rendición de cuentas y solicitar las sanciones de lugar, en beneficio del fortalecimiento institucional, el comportamiento ético en la función pública y el respeto a las leyes.

Noticias relacionadas

7 de abril, 2009

Participación Ciudadana señala recursos inconstitucionalidad es ejercicio de un derecho ciudadano

Leer más

9 de diciembre, 2011

PC reconoce a Nuria Piera por su lucha contra la corrupción

Leer más

Departamento de Comunicaciones

Ver todas

Sobre el Aumento Salarial de los Diputados

Los diputados han sorprendido a la población con un inoportuno y desproporcionado aumento de salario a su favor, sin tomar en consideración la delicada situación social y económica del país, agravada por el dispendio de los recursos públicos durante la recién pasada campaña electoral y por el shock externo que desde el pasado año afecta el país.

El referido aumento fue realizado al margen de la transparencia que debe caracterizar a una institución de la naturaleza de la Cámarade Diputados. En efecto, se trató de ocultar la medida, lo que revela claramente que los mismos conocían que estaban adoptando una decisión incorrecta, tanto desde el punto de vista ético, como institucional, social y económico.

Ese aumento salarial resta legitimidad a cualquier medida que desde el Congreso Nacional o desde el gobierno central se impulse para enfrentar la crisis económica actual, que implique restricciones para la población de mediano y bajos ingresos, incluidos servidores públicos, maestros, enfermeras, médicos, militares y policias.

Les solicitamos a los legisladores dejar sin efecto el aumento salarial que se han aprobado, lo que contribuiría al fortalecimiento institucional de la Cámara de Diputados y al mejoramiento de su imagen pública, la cual se ha visto favorecida por la diligente y correcta actuación frente al escándalo de la Cámarade Cuentas. Al propio tiempo, exhortamos a los partidos políticos con representación congresual requerir firmemente a sus respectivas bancadas acoger de inmediato esta recomendación.

Además, solicitamos a la Cámarade Diputados que, en cumplimiento de la Leyde Libre Acceso a la Información Pública, publique en su portal de Internet información detallada sobre su ejecución presupuestaria, incluyendo la nómina contentiva de los sueldos y los beneficios extrasalariales de cada diputado y empleado de ese organismo. La Cámara, al igual que otras instituciones públicas no están cumpliendo con una Ley tan importante como la señalada para promover la transparencia, el buen uso de los recursos estatales, la ética en la gestión pública y el combate a la corrupción. La Cámara de Diputados y el Congreso en sentido general, en su condición de órgano legislativo,  debiera ser ejemplo, en términos de cumplimiento de las leyes, para el resto de las instituciones estatales.

Por otro lado, los partidos políticos debieran ser vigilantes de las actuaciones de sus congresistas y de todos sus miembros y dirigentes en posiciones de poder, para que en cada actuación distingan claramente entre la ética en la gestión pública y el aprovechamiento de lo público para obtener ventajas personales. Si bien consideramos que todo empleado y funcionario público debe contar con adecuada remuneración, ésta debe responder a criterios de justicia, equidad y estar acorde al contexto social y económico nacional.

Noticias relacionadas

2 de junio, 2021

La lección de Colombia y la encrucijada fiscal dominicana

Leer más

28 de enero, 2019

PC ratifica su posición respecto a la reelección presidencial

Leer más

Departamento de Comunicaciones