Exigen a candidatos asumir compromisos por el bien colectivo.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un grupo de organizaciones de la sociedad civil alertó a los votantes sobre los peligros de la narco-política, la formación de candidaturas con perfiles para hacer negocios personales y la compra de votos, por lo cual instó a rechazar en las urnas a aquellos aspirantes a cargos electivos que no muestren transparencia.

Asimismo rechazaron la escogencia, entre los partidos políticos, de candidatos sin observar las reglas de la democracia, en violación a las disposiciones relacionadas con la cuota femenina y, en general, pisoteando los derechos de los militantes.

En un comunicado a la Nación , las instituciones sociales previnieron a las ciudadanía sobre los legisladores que continúan utilizando ilegítimamente recursos públicos para campaña proselitista.

Deploraron que los congresistas –muchos de los cuales aspiran a reelegirse- se resistan a rendir cuentas públicas sobre la utilización de los denominados “barrilito” y “cofrecito”, unas partidas ilegales que suponen un gasto superior a los RD$920 millones en cuatro años.

La posición, externada en un documento público, es sustentada por Ciudad Alternativa, la Federación de Asociaciones Industriales, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, el Centro Juan XXIII, Foro Ciudadano, el Centro de Estudios Juan Montalvo y Participación Ciudadana.

También suscriben el comunicado la Fundación Justicia y Transparencia, Probien, La Lucha y la Alianza Dominicana contra la Corrupción , entre otras instituciones sociales, que además deploraron el transfuguismo, el deterioro del sistema partidario y las imposiciones de candidaturas por parte de la cúpula de los partidos políticos.

Con respecto al “barrilito”, lamentaron que los senadores de todos los partidos tratan de justificarlo, cada uno de los cuales se ha beneficiado con un promedio de RD$22 millones en los últimos 4 años. El presidente del Senado, que debió ser el primero en rechazar el barrilito, ha recibido en dicho período cerca del doble de dicha suma y a nombre de todos sus compañeros de hemiciclo ha hecho una enfática defensa de tan irritante e injustificable privilegio.

“La falta de arraigo y liderazgo territorial de las candidaturas impuestas debilitan aun más los compromisos de los legisladores y autoridades municipales electas con el desarrollo local”, proclamaron las organizaciones.

En ese contexto, aseguraron que existe la percepción de que “inmensa mayoría” de los candidatos que corren en el presente proceso electoral se mueven tras los privilegios que brindan las posiciones electivas, ahora prolongadas a seis años.

Desde su óptica, el panorama se agrava con la resistencia a apoyar la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, que tiene una década en discusión, con la penetración del narcotráfico a las instancias de poder, como quedó demostrado con los casos Paya, Figueroa Agosto y Arturo del Tiempo.

“La red a la que pertenece este último logró involucrar al Presidente de la República en la promoción de su inversión extranjera y obtener financiamiento estatal, a través del Banco de Reservas”, precisaron las organizaciones de la sociedad civil.

Asimismo, exigieron a los candidatos exponer públicamente sus planes de trabajo, rendir cuentas sobre los fondos que invierten, asumir el compromiso de suspender el negocio de las exoneraciones de vehículos, comprometerse a ser responsables con la política de endeudamiento, impulsar la educación y respetar las leyes.

“La ciudadanía tiene la responsabilidad de solo votar por los candidatos que considere van a desempeñar con dignidad las funciones para las cuales han sido postulados; aquellos que hayan demostrado estar comprometidos el buen uso de los fondos del presupuesto nacional y de los ayuntamientos, con la lucha contra la corrupción, con el fortalecimiento institucional y con el combate a la pobreza y la desigualdad”, indicaron.

En numerosas ocasiones se ha comprobado que las exoneraciones asignadas a los legisladores son vendidas, haciendo negocios a costa del Estado. Algunas han sido traspasadas a personas con capitales de procedencia ilícita.

Participación Ciudadana considera escandaloso que en los últimos ocho años el Tesoro Nacional haya dejado de percibir más de mil millones de pesos por concepto de importación de vehículos exonerados a los miembros del Congreso Nacional.

El Movimiento Cívico informó que entre enero del 2002 hasta el 23 de octubre de 2009, los legisladores importaron 678 vehículos exonerados, por un valor CIF equivalente a RD$1,993 millones, los cuales, de haber sido adquiridos de acuerdo a las normas regulares aplicables a cualquier ciudadano habrían conllevado un pago de impuestos por RD$1,022 millones, con los cuales el Estado pudo haber financiado importantes iniciativas, como por ejemplo en escuelas, hospitales, infraestructura, o múltiples otras necesidades insatisfechas de la ciudadanía.

Isidoro Santana, Miembro de la Comisión de Transparencia de PC, indicó que esta información se obtiene a partir de unos datos suministrados por la Secretaría de Estado de Hacienda, obtenidos tras muchísimos esfuerzos y reenvíos a otros despachos, ante una solicitud formal de nuestra institución, pero que finalmente ponemos en sus manos.

Las exoneraciones impositivas a los vehículos importados por los senadores y diputados están amparadas en la ley 56 de 1996, que posibilita traer cualquier tipo de vehículos cada dos años, independientemente de su costo.

Los vehículos más costosos que aparecen en la lista suelen ser de la marca Bentley Continental, importados por ejemplo, dos a nombre de Ramiro Espino Fermín, ex senador por Samaná, uno valorado en RD$ 15.2 millones, valor CIF, y otro por RD$8.7 millones; también a Ramón Porfirio Colón, exdiputado por Santiago, por valor de RD$10.5 millones; Ramón Aníbal Páez, exdiputado del DN, por valor de compra CIF de RD$8.4 millones; Ángel Dinócrate Pérez y Pérez, exsenador por Pedernales, por valor de 8.3 millones de pesos; Luis Wellington Mejía Cáceres, exdiputado por Monseñor Nouel, por RD$10.1 millones; Julio Cesar Valentín, diputado por Santiago, por valor CIF de RD$8.9 millones; Germán Castro García, senador por La Altagracia, por valor de compra de RD$8.3 millones; Hugo Rafael Núñez Almonte, diputado por La Vega, por otros 8 millones. Solamente entre estos nueve vehículos de lujo, implicaron la pérdida para el fisco de 50.8 millones de pesos.

Pero también destacan otros vehículos marca Porshe, Roll Royce y Ferrari, importados a nombre de Alfonso Montás Domínguez, diputado por San Cristóbal, este valorado en 13.3 millones de pesos, de Víctor Luis Lasosé, diputado por Espaillat, de Reinaldo Pared Pérez, senador por el Distrito Nacional, de Agne Berenice Contreras, diputada por Elías Píña, de Manuel Elpidio Báez Mejía, diputado por el Distrito Nacional, de Juan Maldonado Castro, diputado por El Seybo, de Juan Benito Reyes, diputado por San Cristóbal, y de Lidio Cadet Jiménez, diputado por Santo Domingo.

“Hasta aquí, nos hemos concentrado exclusivamente en mencionar los vehículos importados con un valor CIF de más de ocho millones de pesos. Pero hay muchísimos otros con valores de entre cinco, seis y siete millones. Sin contar que muchos de los nombres mencionados aparecen nuevamente dos años después adquiriendo exoneraciones para nuevos vehículos” informó el Miembro de la Comisión de Transparencia de PC.

El Movimiento Cívico resaltó que es cierto que no todos corresponden a ese nivel de opulencia. También es cierto, y eso debe ser reconocido y puede comprobarse a partir del listado que se les suministra, que hay muchos casos de legisladores que no han abusado de ese privilegio, sino que han usado su exoneración para adquirir vehículos de trabajo. Pero se ha convertido en algo habitual que la mayoría de las exoneraciones corresponden a vehículos que, bajo cualquier parámetro de evaluación, se consideran de lujo, como Lamborghini, Mercedes Benz, Lexus, Porshe, BMW, etc.

Pero lo grande del caso es que la mayoría de las veces el vehículo exonerado ni siquiera es usado en las labores congresionales. En numerosas ocasiones se ha comprobado que las exoneraciones asignadas a los legisladores son vendidas por estos a terceros, convirtiendo este beneficio en una especie de tráfico que se presta a situaciones, si no ilegales, al menos carentes de ética e injustificables , porque no se supone que estos funcionarios públicos deban hacer negocios a costa del Estado. Incluso se ha dado el caso de que estos vehículos de lujo han ido a parar a poder de poderosos personajes, muchas veces con capitales cuya procedencia lícita no puede ser comprobada.

Sólo en los últimos dos años, es decir, en el período 2008-2009 , los legisladores compraron vehículos de lujo por 549 millones de pesos y por ellos el fisco dejó de percibir impuestos por más de RD$300 millones; estas cifras son escandalosas, y más cuando se relacionan con el nivel de pobreza en que vive una gran parte de la población de las comunidades que ellos dicen representar.

El informe escrito que se pone a disposición de los medios, se concentra en estos últimos dos años, porque básicamente se refiere a diputados y senadores que todavía están activos , la mayoría de los cuales aspiran a ser reelectos por sus respectivas provincias, o sencillamente buscan nuevas posiciones.

Se recuerda que los legisladores han venido haciendo sucesivas reformas a la antigua ley Número 50 de 1966, para provecho propio. La primera ley posibilitaba la importación de un vehículo modesto (originalmente por valor no superior a los US$3,000), pero sólo cada cuatro años, y sin posibilidad de reventa.

Con las modificaciones posteriores los legisladores eliminaron la obligación de pagar los impuestos si deciden vender el vehículo amparado en la exoneración antes de cumplirse los cuatro años; más adelante volvieron a modificarla para optar por una segunda exoneración al cabo de dos años, y finalmente se eliminaron las normativas que evitaban la importación de vehículos de lujo, permitiendo la importación sin límite de precios, marcas, modelo, año o consumo de combustible. Es decir, se cambió el espíritu de la ley orientado a evitar que la misma se convirtiera en un privilegio.

Dados estos antecedentes, Participación Ciudadana postula por la derogación pura y simple de esta Ley.

Isidoro Santana, Miembro de la Comisión de Transparencia de PC, informó que el Movimiento Cívico entiende que lo correcto sería que todo legislador, al momento de asumir sus funciones, fuera dotado de un vehículo oficial, propiedad del Estado, que lo use durante el período que permanece en sus funciones, pero que deba devolver cuando termina su período. Pero como sabemos que eso es mucho pedir, al menos que se modifique la ley para permitir la exoneración cada cuatro años, ponerle un tope al valor del vehículo que puede ser comprado, y hacerlo intransferible, bajo el entendido que si lo vende deba pagar los impuestos correspondientes.

Más de 1200 personas laborarán en este proceso el día de las elecciones. PC ha hecho levantamiento en cinco provincias .

12 expertos internacionales de España y Costa Rica laboran con Participación Ciudadana en la Observación de la campaña electoral del 2010.

La misión de expertos nacionales e internacionales trabajan en las visitas a las Juntas Municipales supervisando el cumplimiento del calendario electoral, asimismo monitorean el desarrollo de las campaña, utilización de vehículos oficiales, locales y otros recursos de Estado; manejo de los medios de comunicación, consulta con líderes comunitarios, clientelismo y otras actividades.

Participación Ciudadana ha capacitado a más de 150 miembros del Movimiento Cívico sobre el proceso de observación electoral, los cuales servirán de multiplicadores para formar a los 1200 voluntarios que trabajarán el día de las elecciones.

Javier Cabreja, director ejecutivo de PC y jefe de la Misión de Observadores Electorales, dijo que las zonas que se les dará mayor prioridad el 16 de mayo próximo son el Distrito Nacional, la Provincia Santo Domingo, Santiago, San Juan de la Maguana y San Pedro de Macorís.

Cabreja explicó que el día de los comicios los expertos observarán la apertura de los Colegios Electorales, el desarrollo del escrutinio, cierre del proceso, la transmisión de información y la transparencia en el traslado de materiales electorales.

El Director Ejecutivo de PC agregó que los 12 expertos internacionales también han dado acompañamiento en los tres grandes procesos de capacitación que se han llevado a cabo en el Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, Cibao Central y Azua.

PC realiza reuniones con líderes comunitarios y Juntas de Vecinos para motivarlos a que se sumen a la Observación. Además monitorea en coordinación con Idea Internacional el contenido de la campaña desde una perspectiva de género a través de los medios de comunicación.

La misión de observadores internacionales esta compuesta por Xavier Meilan experto en medios y Andrés Araya, experto en asuntos electorales, así como otras diez personas que vienen en apoyo de la Agencia Española para la Cooperación al Internacional para el Desarrollo e Idea Internacional.

Demandan mayor regulación de las campañas electorales. Empresarios indican que la falta de propuestas se reflejan en campañas publicitarias “insípidas”.

La Federación de Asociaciones Industriales, Comunicadores y Participación Ciudadana denunciaron que gran parte de la propaganda política carece de contenido y de ofertas de soluciones reales para la población.

Durante un debate sobre la Regulación de la Publicidad en el Marco de las Campañas Electorales, PC también criticó el desorden en la colocación de Vallas, afiches, murales y pancartas en distintos municipios del país.

Santiago Sosa, coordinador general de PC, indicó una gran parte de candidatos a cargos congresuales y municipales de estas elecciones se han limitado a exponer su imagen en las campañas publicitarias, así como a criticar a sus oponentes sin preocuparse en promover sus ofertas y proyectos a favor de la población y el electorado.

Sosa explicó que esto ha traído como consecuencia, una desnaturalización del proceso democrático y una alta percepción en la sociedad de que las aspiraciones de los candidatos electorales depende de los del origen de los fondos proporcionados, quedando su eventual elección, de alguna manera, subordinada al interés económico, por lo que muchas veces, algunos candidatos, se apartan de los principios éticos y legales, cuando son electos.

Participación Ciudadana, la Federación de Asociaciones Industriales, y Juan Bolívar Díaz integrantes del debate denunciaron que este tipo de campañas resulta muy costosa, afectando el funcionamiento de las instituciones por la relación dinero y política, por lo que demandamos   mayores controles y regulación de las campañas electorales   y como un eje importante el control del financiamiento de los partidos políticos.

Los Empresarios y las Organizaciones de la Sociedad Civil aseguraron que esto ha traído como consecuencia una desnaturalización del proceso democrático y una alta percepción en la sociedad de que las aspiraciones de los candidatos electorales depende del origen de los fondos proporcionados, quedando su eventual elección, de alguna manera,   subordinada al interés económico, por lo que muchas veces, algunos candidatos, se   apartan de los principios éticos y legales,   cuando son electos.

Mientras que el periodista Juan Bolívar Díaz expositor de la Mesa de Transparencia dijo que la ausencia de una real oferta electoral, articulada a los problemas de la sociedad, trae consigo la necesidad de que los partidos le presten atención a   no seguir concentrando   su propaganda en   elementos psicológicos y emotivos de la población, con estrategias de persuasión, disuasión y manipulación,   sino más biena   incorporar análisis reales para articular propuestas de solución a las necesidades de la población.

“ Desde Participación Ciudadana lamentamos que después de millonarias campañas electorales lo único que queda son, los anuncios radiales y televisados, ciudades y lugares públicos manchados con propaganda electoral y algunas prendas de vestir, lo que nos coloca en una situación de debilidad y desánimo del sistema democrático que estamos empeñados en construir, constituyendo una terrible amenaza para el fortalecimiento del Estado de Derecho, la institucionalidad y la democracia”.

En tanto que   Ignacio Méndez, presidente de la Federación de Asociaciones Industriales , señaló que la falta de propuestas se refleja en las campañas insipidas que se exponen actualmente y solicitó una mayor supervisión de la utilización de los 2800 millones de pesos que se gastarán en esta campaña electoral. Mientras que   Oscar Sanoja, presidente de la Liga Dominicana de Agencias Publicitarias denunció que en el país la mayoría de Partidos Políticos e Instituciones manejan la publicidad a su antojo como si fueran recursos propios y no del pueblo dominicano. El LIDAP manifestó insatisfacción por la falta de licitación y transparencia por parte de Partidos e Instituciones al momento de manejar su publicidad.

PC exige acción rápida de los organismos competente

Varias organizaciones de la sociedad civil dijeron ayer que es evidente el uso de los recursos públicos del Poder  Ejecutivo, de los cabildos y del Congreso  en la  campaña electoral, pero el Gobierno lo niega.

Participación Ciudadana , la Fundación Institucionalidad y Justicia,  Foro Social Alternativo, Foro Ciudadano, y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción dijeron ayer que es evidente el uso de los recursos públicos del Poder  Ejecutivo, de los cabildos y del Congreso  en la  campaña electoral, para la promoción de los candidatos oficialistas.

 Deploraron ese tipo de prácticas, por considerarlas dañinas al sistema democrático y de partidos políticos, así como a la institucionalidad del país.

Llamaron a la Junta Central Electoral (JCE) a implementar medidas que eviten el despilfarro de los fondos del Estado.

Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana ; Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus ; Fidel Santana, coordinador del Foro Social; Román Batista, del Foro Ciudadano  y el coodinador general de Adocco, Julio César de la Rosa Tiburcio , en entrevistas por separado, opinaron sobre  la instalación de las cocinas móviles, que desarrollan los comedores económicos del Estado, en los lugares donde el presidente Leonel Fernández encabeza actividades proselitistas, en apoyo a los candidatos a senadores, diputados, alcaldes y regidores del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de sus aliados del Bloque Progresista.

Consideraron que eso provoca una competencia desigual y no equitativa.

    Denuncias .  Cabreja dijo que Participación Ciudadana ha recibido denuncias desde el interior del país de que los funcionarios del Gobierno central, de los ayuntamientos y del Congreso  están respaldando con dádivas de toda clase a sus candidatos, en detrimento de los de la oposición.

Consideró  que   un proceso electoral debe estar revestido de garantías de equidad y de igualdad en la competencia. “De lo contrario sería un proceso electoral viciado”.

Advirtió que  el uso de los  programas sociales   para favorecer candidatos tiene  que ser rechazado.

Lo que observó Adocco. El coordinador general de esa entidad, Julio César de la Rosa Tiburcio , dijo que  observadores de la organización anticorrupción, comprobaron el reparto de enseres del hogar, como electrodomésticos por parte de la administración de la Lotería. “Esto sin contar el despliegue de decenas de vehículos de alto cilindraje, con placas oficiales, utilizando combustibles de  instituciones del Estado”

Pidió a la JCE cumplir la promesa de establecer inspectores electorales en todo el país para vigilar el uso de los fondos públicos

Advirtió que de continuar esa práctica lo denunciarán ante organismos internacionales y  procederán judicialmente contra los funcionarios que mal  usen los fondos públicos.

Rechazan denuncias.  El administrador de los Comedores Económicos, Nicolás Calderón, rechazó que los programas de alimentación en las provincias sean por la campaña electoral. Dijo que se desarrollan  permanentemente.

Atribuyó la denuncia a la desesperación de la oposición  “porque saben que están perdidos en todos los lugares. Nosotros estamos arriba y seguiremos arriba”.

En tanto, el Ministro de la Presidencia y delegado político del PLD ante la JCE , César Pina Toribio, dijo que no se puede hablar de que el presidente Fernández utilizó los recursos del Estado en Ocoa,  porque su participación ahí fue en  su condición de presidente y líder del partido oficialista y, como tal, nadie le puede negar ese derecho.   “Es una tradición de la política dominicana que los líderes de cada partido acompañen a los candidatos de sus partidos”.

Programas sociales

Entidades de la sociedad civil  han denunciado que el Gobierno, los ayuntamientos y los congresistas están usando los programas sociales para hacer campaña política. El domingo los Comedores Económicos instalaron dos cocinas móviles en San José de Ocoa, en momentos en que el presidente de la República y del PLD encabezaba una marcha caravana con los candidatos oficialistas.

Puede provocar violencia

Participación Ciudadana alerta que la JCE y los ayuntamientos  deben evitar la práctica de tapar y quitar vallas de partidos políticos de la oposición,  ya que de lo contrario se  podrían generar confrontaciones y violencia. Pide usar  todos los medios para evitar eso.

El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) advirtió que tiene casos sobre uso y abuso de los recursos del Estado en campaña desde el Gobierno, el Congreso Nacional y los Ayuntamientos.

Mientras que el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) afirmó que necesita constancia para actuar.

Este viernes el ministro de la Presidencia , César Pina Toribio, refutó al juez del tribunal de comicios, Eddy Olivares, en el sentido de que el presidente Leonel Fernández no debe utilizar los fondos públicos en apoyo a los candidatos oficialistas.

Otro aspecto cuestionado es el de los funcionarios inscritos como candidatos a cargos congresuales y municipales.

El presidente de la JCE , Julio César Castaños Guzmán, les recordó que sus actos son nulos.

Unos dos mil ostentan puestos en la administración pública y figuran en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para la próxima contienda electoral. Se desconoce cuántos habrían presentado su licencia.

Objetan la decisión de venta los legisladores Mario Torres, Jesús Vásquez, Marino Collante y Hugo Núñez.

Si el  Gobierno  vende a Venezuela el 49% de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo violaría  la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, dijeron ayer, por separado,  el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, doctor Servicio Tulio Castaños Guzmán, y el director ejecutivo de Participación Ciudadana, licenciado  Javier Cabreja. El primero dijo que la posición de la Finjus sigue siendo que la venta de la Refidomsa es una operación que debe ser licitada porque el Estado no tiene un régimen jurídico único. Cabreja estima que la venta debe hacerse a través de una licitación.

Ambos  fueron  entrevistados por separado, luego de participar en un encuentro con la candidata a senadora del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en la Universidad Iberoamericana (Unibe).

Viola ley de contratación.   De su lado, Castaños Guzmán dijo  que la posición de la Finjus sigue siendo que la venta de la Refidomsa es una operación que debe ser licitada porque el Estado no tiene un régimen jurídico único.

“No nos interesa con quien se haga ese negocio, sino que se llenen los requisitos debidos”, dijo Castaños Guzmán, tras considerar que  esa venta   tiene componentes político y económico.

En tanto, el vocero de PC  dijo que el planteamiento es que el proceso no se había hecho con la debida transparencia y conocimiento del Congreso Nacional.

Cabreja entiende que se debió hacer una licitación que permitiera tener distintas ofertas de compra. También, criticó que el porcentaje de las acciones a favor de Venezuela  hace que casi la mitad del poder de decisión lo tenga un país  extranjero en una empresa tan importante, en términos estratégicos, para la República Dominicana.

El carácter  de Chávez

El carácter alegadamente temperamental, voluble o inestable del presidente venezolano Hugo Chávez fue presentado ayer por los senadores perredeístas Mario Torres y Jesús Vásquez Martínez  como pretexto para oponerse a la venta del 49 por ciento de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) a Venezuela y, de paso, favorecieron que la negociación se haga con el sector privado dominicano.

Para el ex gobernador del Banco Central y dirigente reformista, Guillermo Caram, el carácter impredecible e impulsivo de Chávez no favorece la negociación entre la República Dominicana y Venezuela.

Advierte el país se arriesgaría a ser perjudicada por intereses  políticos externos.

También, el diputado reformista Marino Collante dijo que  sería un error que el país haga negociaciones con un gobernante que un día adopta una actitud y otro día dice lo contrario.

De igual manera, manifestó su repudio el diputado perredeísta Hugo Núñez.

Firmarán el 19

El presidente  Leonel Fernández viajará el  19 de este mes  a Venezuela, para firmar con su colega Hugo Chávez la venta del 49% de las acciones de la REFIDOMSA. Posterior a la firma, el contrato  será sometido al Congreso Nacional para su ratificación, como lo establece la nueva Constitución.

Empañaría imagen

El diputado reformista Frank Martínez asegura que esa firma podrían empañar la imagen  comercial de RD y las relaciones con otros países de América Latina.

Participación Ciudadana felicita a todos los periodistas y comunicadores dominicanos al celebrarse el "Día Nacional del Periodista"

El Movimiento Cívico resalta la labor que realiza la prensa por el fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia dominicana.

La Organización No Gubernamental también destacó el digno desempeño de su profesión, elevando los derechos humanos y los principios constitucionales, reivindicando el valor social de su oficio y garantizando la credibilidad informativa.

“Ustedes, la prensa, son guardianes y vigilantes de los derechos humanos, sirven desinteresadamente a la nación y la sociedad algo que es digno de elogios”, indicó Javier Cabreja director ejecutivo de PC.

La Movimiento de la Sociedad Civil asimismo valoró la gran incidencia que tienen los periodistas en el desarrollo de los pueblos, ya que el crecimiento de la comunicación consolida la democracia y por ello siempre abogamos por el respeto a la libertad de prensa y fustigamos cualquier intento de coartar la misma.

Agradecemos infinitamente el apoyo que siempre nos han dado y les exhortamos a seguir trabajando con la misma objetividad, imparcialidad, valentía, amor y dedicación.

Los hombres y mujeres de la prensa son nuestros aliados y siempre tendrán en la Sociedad Civil un amigo.

Javier Cabreja
Director Ejecutivo
Participación Ciudadana

El coordinador general del movimiento Participación Ciudadana, Santiago Sosa, exhortó a los partidos políticos a realizar una campaña armoniosa, civilizada y coherente, sin la utilización de ataques personales.

Al ser entrevistado por el periodista Federico Méndez en el programa “Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV, aconsejó a los candidatos a cargos congresionales y municipales para que eviten las confrontaciones personales, llevándole a la población sus planes de campaña.

Advirtió que la violencia no puede ser un tema de campaña, pero no se puede descartar por los ataques morales y porque se trata de un período de seis años frente al cual todos los aspirantes quieren salir electos.

“De manera, que el mayor componente de confrontación, el elemento de violencia que puede tener, es el contenido de la campaña”, acotó.

Afirmó que el problema de los procesos electorales es que el gran ausente es la falta de programas, propuestas y planes de los candidatos, elemento que se acentúa en la actual campaña.

“Aquí, los candidatos van a elecciones para ganar por lo malo que es el otro y no por lo bueno que es el candidato, ni por los planes y proyectos que va a hacer el candidato”, dijo.

Sosa manifestó que ese es un elemento que motoriza mayor problema de violencia porque cuando se está en una caravana o una manifestación en un lugar determinado no se habla de oferta electoral, sino ataques personales. Opina que si se hiciera una campaña pro positiva, en base a ofertas y planes, disminuiría la violencia.

El transfuguismo

El coordinador del movimiento no partidista manifestó que este es el período electoral es donde quizás se han producido mayores niveles de transfuguismo, situación que está causando grandes daños y contribuyendo con el descrédito de los partidos.

“El transfuguismo es una de las cosas que mayor aprehensión da en este proceso y el mayor mal sabor que uno tiene con eso, porque no se trata de propuestas programáticas”.

Sosa sugirió a los partidos trabajar para fortalecerse porque son la base de la democracia. Consideró que en esos cambios de un partido hacia otro no se ve problema de principios ni de bienestar para la población ni la búsqueda de mejoría para la población. Dijo que sencillamente quienes lo hacen están buscando posiciones muy individuales.

La observación electoral

Sosa informó que Participación Ciudadana estará observando el actual proceso electoral en alrededor de diez provincias, con aproximadamente 700 observadores.

Cita entre ellas el Gran Santo Domingo, Santiago, San Juan de la Maguana y San Pedro de Macorís.

La recomendación fue ofrecida durante la presentación del Primer Informe de la Observación electoral del 2010. La Organización No Gubernamental cuestionó la entrega desproporcionada de más de 1085 millones de pesos a los partidos políticos y rechazó la elección de candidatos por arrastre.

Participación Ciudadana llamó a la ciudadanía a vigilar la campaña electoral para evitar el uso de los recursos del Estado y la irrupción del dinero del narcotráfico en el actual proceso.

Durante la presentación del Primer Observatorio Electoral, Santiago Sosa, coordinador general de PC, dijo que la observación del Movimiento Cívico estará enfocada más en la campaña electoral que el día de las elecciones, poniendo énfasis en el financiamiento y en el abuso de los recursos del Estado; contenido y extensión del proselitismo; debate electoral; así como en las propuestas de los candidatos y candidatas, materias en las que persisten graves distorsiones que vulneran los principios democráticos y restan legitimidad a las autoridades y representantes electos.

Sosa explicó que el Movimiento Cívico observará los comicios de forma más integral en el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís y Santiago, así como en otras que serán escogidas por su tamaño y peso electoral.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana también reseñó en su informe que la organización de las elecciones marcha con regularidad , cumpliéndose con el cronograma de trabajo planificado.

El Movimiento Cívico destacó que la Cámara Administrativa de la JCEha adelantado como nunca antes el proceso organizativo de estos comicios, en la actualización de la tecnología, la adquisición de materiales, preparación de folletos instructivos, en la campaña educativa y promocional, así como con el reclutamiento y entrenamiento del personal que operará los 13, 250 colegios electorales previstos para estos comicios

Sosa explicó que “es muy relevante que al 19 de enero hubiesen completado la selección del personal técnico necesario para la logística, escaneo, digitación y cómputo electoral, y al cierre de febrero hubiesen seleccionado a más de 75 mil 796 personas que operarán en los colegios electorales.

Sin embargo calificaron como preocupante de que una vez más las autoridades electorales han tenido que mendigar ante el presidente de la República la asignación del presupuesto necesario para cubrir los gastos de este proceso electoral. En estos comicios se necesitarán 600 millones de pesos adicionales del presupuesto de la Junta, de las cuales ya le han entregado 487.

En cuanto a la entrega de los recursos a los Partidos Políticos, PC cuestiona la entrega desproporcionada de más de 1085 millones de pesos, debido a que más del 80 por ciento de estos recursos serán entregados a los dos Partidos Mayoritarios.

La Agrupación de la Sociedad Civil asimismo dijo que en estas elecciones competirán 4,036 candidatos a cargos congresuales y municipales, lo que representa un incremento de un 66 por ciento con relación a los candidatos del 2006.

Sin embargo rechaza la selección de candidatos por arrastre y destaca la necesidad de una reforma que permita ampliar el derecho a elegir, estableciendo la posibilidad de seleccionar un senador separado de los diputados y un síndico que no arrastre a los regidores.

“En este proceso también hemos visto una escasa reglamentación de la campaña electoral que garantice la democracia interna de los partidos, impida y sancione el abuso de los recursos del Estado, así como la irrupción del dinero procedente del narcotráfico en los procesos electorales” expresó el Coordinador General.

PC calificó deplorable la no aprobación de la Ley de Partidos , tal y como lo acordaron los dos partidos mayoritarios y a pesar de que la misma se viene discutiendo desde hace casi 12 años.

También objetó la decisión de la Junta de flexibilizar el requisito básico del nacimiento o la residencia en la circunscripción donde se postula cada candidato.

El Coordinador General de PC informó que Asimismo se han percatado que en las negociaciones de alianzas electorales ha prevalecido el debate por las cuotas de poder y de ninguna forma el interés de sumar fuerzas para impulsar proyectos que superen las graves carencias sociales, económicas e institucionales de la nación.

El Organismo No Gubernamental refutó la forma del financiamiento estatal a los partidos y las distorsiones antidemocráticas como la del barrilito de los senadores y el cofrecito de los diputados desincentivan los nuevos agrupamientos ciudadanos.

PC afirma que para estos comicios todavía hay superar la compra de votos. Participación Ciudadana tiene 16 años trabajando en la observación electoral y es la organización líder en el conteo rápido de votos a boca de urna.