Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana realizó el conversatorio “Juventud participa: política y sociedad civil” con el objetivo de fomentar la participación, la formación y la reflexión de los jóvenes, a fin de que estos puedan contribuir a la institucionalidad democrática, la justicia social, la transparencia y la reducción de la impunidad.

El encuentro virtual moderado por la periodista Millizen Uribe, contó con la participación de Leidy Blanco García, coordinadora general del movimiento cívico; Olfanny Méndez, vice presidenta de la Cámara de Diputados; José Horacio Rodríguez, Diputado del Distrito Nacional por el Partido Alianza País; Bolívar Valera, Diputado de Santo Domingo Este por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Natalia Mármol, activista social.

Los jóvenes destacados en los últimos años por su accionar y compromiso político, así como por su lucha, interés e influencia desde la sociedad civil coincidieron en que las principales barreras que enfrentan estos enfrenta en la actualidad para incursionar en la política son las limitaciones para acceder a recursos económicos, así como el predominio del clientelismo en el escenario político.

En este sentido, el Diputado José Horacio Rodríguez, señaló que, para allanar el camino a los jóvenes, se hace necesario abaratar el costo de la política y que en ello la Junta Central Electoral (JCE) debe jugar un papel fundamental.

“El mundo que la generación joven está enfrentando es uno lleno de grandes retos y desafíos. La juventud se encuentra con un mundo del que no es responsable, pero en la medida que adquiere consciencia de esa realidad también entiende la importancia de la participación política”, destacó Rodríguez.

El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Ariel Jiménez, precisó que

la política es un ejercicio diario, por lo que recomendó a los jóvenes interesados en incursionar en ella a identificar por qué quieren entrar a la política, a desarrollar un liderazgo local y de servicio a través de la cercanía con la gente y a formarse en los asuntos de interés.

“Hace falta que desde los partidos políticos se invierta en políticas públicas y en policía per se. Debemos apostar a la formación, ya que no hay nada mejor que tener interlocutores formados en todos los partidos y en todos los espacios de participación pública”, puntualizó.

Bolívar Valera, Diputado de Santo Domingo Este, resaltó que la mejor manera de los jóvenes incursionar en la política es a través del trabajo, la disciplina y la honestidad, al tiempo que insistió en la necesidad de la creación de espacios que motiven a los jóvenes, a fin de que estos se interesen por los temas políticos no solo en tiempos de campaña.

“Nos han vendido la idea de que la juventud está perdida y de que la juventud no está en política. Es por eso que los partidos deben asumir la motivación de la gente y de sus votantes fuera de campaña política”, enfatizó Valera.

Olfanny Méndez, vice presidenta de la Cámara de Diputados, subrayó que la idea de que los jóvenes no están en política es la misma de que la política es solo para corruptos, por lo que estos tienen el reto de dejar las bancas e ir al terreno de juego.

“Incursionando y participando podemos ser parte de todo el cambio que se puede generar desde la política. Pero la juventud debe involucrarse en la política para llevar soluciones colectivas no individuales”, sostuvo.

La destacada activista social, Natalia Mármol, afirmó que los jóvenes que actualmente ocupan cargos políticos y públicos tienen un desafío bastante grande, pero también tienen la oportunidad para seguir demostrando que si es posible devolverle la confianza a la gente y de superar la barrera del clientelismo.

“Como ciudadanos tenemos un rol importante de fiscalizar, señalar y denunciar lo mal hecho, ya que de lo contrario las reglas de juego nunca van a ser justas en el avance de la garantía de los derechos. Necesitamos personas con compromiso real de construir una sociedad más justa”, recalcó.

Leidy Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana, señaló que este es el primero de una serie de encuentros que estará desarrollando la institución en el marco de la iniciativa Juventud Participa, la cual ha diseñada desde la organización de la sociedad civil con el objetivo de brindar a los jóvenes un espacio de participación, reflexión y formación sobre democracia, transparencia y fortalecimiento institucional.

18 de agosto de 2021

 Grabación del evento disponible en: Webinar “Juventud Participa: Política y Sociedad Civil”

 Por Cándido Mercedes

 “El mundo esencia en cuanto mundear. Esto significa: el mundear del mundo ni puede explicarse por otro, ni puede fundarse desde otro. El mundo como juego de espejo acontece más allá de la relación de fundamentación.” (Byung Chul Han: Filosofía del Budismo).

El mundo en casi todo el transcurrir del 2020 sufrió varias convulsiones: shock pandémico, shock económico y shock, en algunos países, institucional. La economía en América Latina y el Caribe se cayó a un promedio de 8.5% del PIB. Se perdieron 26 millones de empleos y 30 millones de personas se hundieron en la pobreza y 8 millones en la indigencia. ¡La desigualdad en la Región más desigual se expandió aún más!

En medio de ese terrible panorama social y económico, la Región debió buscar soluciones para coadyuvar a responder al shock pandémico. Los esfuerzos fiscales rondaron un promedio de 3.2% del PIB. Algunos gastaron el 8.1% PIB. Nuestro país decreció 6.7% del PIB, y en 2020 el déficit rondó los RD$450,000 millones de pesos, esto es, el equivalente a un 8% del PIB. En los primeros meses de la pandemia el esfuerzo fiscal representó 0.7%. Sin embargo, actualmente, oscila en los RD$190,000 millones de pesos que representa 4.4% del PIB, para hacer frente a las dimensiones sociales que condujo el shock pandémico (lo laboral, lo social y salud).

La economía dominicana medida por su PIB regresó al 2018 cuando fue de US$83,000 millones de dólares. En 2020 perdimos US$10,000 millones de dólares. Turismo, su principal fuente de divisas creadas por su economía colapsó. Al 16 de agosto todavía falta por recuperar alrededor de 76,000 empleos y la pobreza monetaria se situó de 21 a 24%. Todo el año referido estuvo caracterizado por esa horrida desolación social, económica, laboral y la pandemia con unas botas inmensas a lo largo de todo el tejido, de todo el cuerpo social dominicano. Hasta agosto de 2020, al shock pandémico conjuntamente con el shock económico, nos atravesaba el shock institucional Estábamos en todo ese interregno de la fecha prescrita, en un verdadero riesgo político.

Un riesgo político, al decir de Jorge Sahd “son los riesgos derivados de decisiones o eventos políticos que terminan afectando significativamente los objetivos de gobierno o los resultados de un negocio determinado, pueden ir desde eventos geopolíticos, conflictos internos, cambios regulatorios, actos de corrupción, terrorismo, activismo social, hasta amenazas de seguridad o ciberseguridad”. Siguiendo el hilo conductor de Sahd o su nivel ascensional de pensamiento, podemos colegir que dos riegos políticos cuasi nos inundaban: corrupción y tensión social, y con ellos una ola de malestar social vía la prohijada impunidad y la ausencia de institucionalidad que derivaba en todo un vacío de legitimidad.

La capacidad de gobernanza se encontraba en el despeñadero. Esto es, las leyes que protegen, las microregulaciones, las normas sociales y las instituciones que están llamadas a hacer que se cumplan las normas, acusaban una profunda anomia institucional. ¡La limpidez, la nitidez, la diafanidad y la claridad como ejes medulares de la transparencia no existían en la praxis social! Vale decir, la transparencia, expresión de resultados de normativas ampliamente entendidas y claramente aplicadas, no nos guiaban como nación. La transparencia reduce la incertidumbre, disminuye los costos de la transacción y aumenta la confianza entre los diferentes actores sociales y políticos de una sociedad.

Jack Attali hace 11 años nos dijo que había que devolverles la confianza a las instituciones. De allá para acá un verdadero cráter como consecuencia de un volcán en erupción, cuasi nos anula. La confianza se evaporó generando un retroceso democrático y una recesión electoral. La calidad de la democracia se achicó a niveles demenciales. Como nos dice Patricia S. Churchland en su libro El cerebro moral “La confianza puede ampliarse más allá del círculo familiar si las pautas institucionales pueden garantizar un nivel razonable de fiabilidad entre sus participantes, tanto conocidos como desconocidos. Aunque la naturaleza de las instituciones más antiguas estaba determinada por un trasfondo de apegos sociales a los miembros de la propia familia, también estaba influida por una variedad de factores: La naturaleza de los problemas que se debían resolver, la disposición a castigar a los infractores, las idiosincrasias de los miembros en cuestión, así como el modo de hacer las cosas en ese momento de la historia”.

Ese es el contexto, lo esencial es, pues, cómo evaluamos un gobierno a un año de llegar al poder con sus consecuentes desafíos. Dos desafíos principales tiene el presidente Abinader: la problemática de la pandemia y ver cómo enfrentamos con éxito la encerrona económica como consecuencia de la derivación de la primera. Vamos bien en materia de soluciones, eso no quiere decir que puedan aparecer factores contingenciales, elementos que escapan a toda planificación por más proactiva que sea. La tasa de letalidad se encuentra en 1.15 (345,118 contagiados versus 3,975 fallecidos). La tasa de positividad, al momento de escribir este artículo, había llegado a 4.66 y tenemos 400,000 vacunados con tres dosis y un 52% con dos dosis. Nos encontramos cerca de una inmunidad colectiva. El universo a vacunar es de 7.5 millones de habitantes. Un verdadero éxito que pocas sociedades pueden exhibir y más aun, naciones de nuestro igual nivel de desarrollo económico y social.

La economía camina. Lo que el presidente Abinader no puede seguir diciendo es que va a crear un millón de empleos. En el actual modelo económico la economía crece, empero, no genera los empleos al ritmo de la tasa de crecimiento. El elemento que llevará a esta gestión a la trascendencia es si continúa siendo transparente, castigando la corrupción, la de ayer y la de hoy, demoliendo la impunidad. Es eso lo que le dará el soporte real de legitimidad. Un camino decente desde lo público que sirva de antorcha, de referencia positiva hacia niveles de peldaños ético moral que privilegien y motiven las buenas conductas, el buen proceder. ¡Una verdadera gestión ética!

El presidente Luis Abinader tendrá que ponerse dos tapones bien grandes en sus oídos para no oír voces ladrando por atajos en la búsqueda de “bajaderos”. Frente a lo mal hecho, que se escude en la hermosa frase de Martin Luther King cuando decía “Tenemos que construir diques de corajes para contener las inundaciones de miedo”. Su desafío histórico y la expectativa más significativa, más grandilocuente, es seguir ondeando la bandera de una justicia independiente donde por primera vez se tiene una Procuraduría haciendo historia, sin el poder político del ejecutivo presidencial.

Paralelamente a ese camino, ver cómo va fortaleciendo las instituciones, que es lo que al final posibilita el desarrollo sostenible y apunta al cumplimiento de las leyes. Necesitamos mayores niveles de solidez institucional y mejor capacidad de negociación para ir construyendo más niveles de consenso social y político, que nos lleve de manera inexorable a disminuir la enorme tasa de informalidad laboral, la tasa de desempleo y de pobreza, el incremento de la desigualdad.

Si el Estado, a través de los dirigentes actuales, no puede dar respuestas a las demandas sociales, a mediano plazo se vislumbran tensiones sociales que pueden derivar en olas de violencia. Como nos dice Daniel Zovatto “Si no se encuentra una manera de canalizar institucionalmente estas demandas, el riesgo que viene es que van a volver las protestas sociales y, en algunos casos, estas protestas pueden venir acompañadas de una ola de violencia”.

Desde la época de la larga transición democrática (1978….), con excepción de Balaguer (1986-1996), todos los gobernantes han tenido aceptación favorable en su primer año de gobierno. Don Antonio Guzmán gozó de una amplia popularidad en sus primeros tres años. Jorge Blanco en los dos primeros años. Don Hipólito Mejía en los primeros dos. Leonel Fernández en su primer gobierno (1996-20000), la percepción de los primeros tres años, altamente valorados. 2004-2012 solo un solo año no tuvo por encima de 50% en la aceptación. Danilo Medina, 2012-2020, solo a partir del 2017 comenzó a disminuir su popularidad en la percepción valorativa de los estudios de opinión.

Luis Abinader entrará en el alma y corazón de los dominicanos si hace esfuerzos por ser un ESTADISTA, que es aquel que asume los desafíos de su época sin pensar en las próximas elecciones, sino en la sociedad, en su pueblo, colaborando con su liderazgo reputacional y político en las reformas, en la institucionalidad y en el desarrollo de un verdadero clima de confianza, más allá del marketing político.

Santo Domingo, República Dominicana. Con el objetivo de dar a conocer e intercambiar las herramientas y beneficios que produce el impulso de un modelo de gobierno abierto en los municipios, el movimiento cívico Participación Ciudadana junto a la Liga Municipal Dominicana, la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), Fundación Solidaridad y el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), realizaron el “Seminario internacional Transparencia y gobierno abierto municipal” en el que participaron destacados expertos nacionales y de países de la región latinoamericana como Perú, Colombia y Argentina.

La actividad fue inaugurada por la coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, quien estuvo acompañada de la subsecretaria de la Liga Municipal Dominicana, Mairelyn García y el director ejecutivo de FEDOMU, Ángel Mercedes.

“No es posible hablar de desarrollo inclusivo y sostenible sin una mirada al territorio y sin un pleno ejercicio de la gobernanza. Es a través de la gobernanza como el nuevo modelo de gestión verdaderamente participativa y horizontal que se promueve la descentralización, que se generan espacios de autonomía en los municipios, los cuales permiten mayores niveles de transparencia y que se fomenta el buen gobierno”, destacó Blanco García.

Durante su intervención Mairelyn García, sub secretaria técnica y de gestión de la Liga Municipal Dominicana, aseguró que el objetivo propuesto por esta entidad es que el trabajo realizado desde la Liga y los gobiernos municipales sirva a la gente realizando una gestión de puertas abiertas, consultiva y participativa de todos los sectores y actores estatales, y sobre todo de la sociedad civil.

Para el director ejecutivo de FEDOMU, Ángel Mercedes no hay democracia sin ayuntamiento fuerte y transparente, y esto significa que las autoridades electas rinden cuentas de los recursos económicos que administran bajo su responsabilidad, pero también rinden cuenta de su gestión, mantienen informados permanentemente a la ciudadanía de manera oportuna sobre las acciones que desarrollan en sus territorios, y además son corresponsables de esas acciones que en términos de gobierno se van relacionando.

Durante dos días consecutivos los participantes pudieron profundizar, a través de diferentes presentaciones sobre qué es el gobierno abierto y cómo este puede impulsarse en los municipios, conociendo sobre las diferentes iniciativas que se impulsan en el país desde entidades como la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y la ONG Fundación Solidaridad.

Asimismo, se intercambiaron conocimientos y experiencias con representantes internacionales como: Carlos Arroyo, coordinador del Programa de Auditoría Ciudadana y Gobierno Abierto, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional; Fredy Alexander Martínez, gerente del Modelo de Gobierno Abierto de Bogotá y Ana Doria, directora de Participación Ciudadana, Gobierno Abierto, Transparencia y Datos de la ciudad Bahía Blanca, Argentina.

Diversos expertos nacionales como el sociólogo Cándido Mercedes, el economista Pedro Espaillat y la directora del Fondo para las Telecomunicaciones de Indotel, Amparo Arango, identificaron los principales retos y desafíos en la materia tanto a nivel legal, técnico y digital.

Finalmente, la viceministra de Viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia, Dilia Jorge Mera, compartió una reflexión final de cierre del seminario, destacado el compromiso del país para avanzar hacia un modelo de gobernanza con una mayor transparencia, participación y colaboración de la ciudadanía para la superación de las problemáticas sociales, en especial desde los municipios.

Esta actividad es un complemento de un conjunto de acciones de formación que Participación Ciudadana y el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE) desarrollan desde hace tres años en seis municipios de la región sur del país, en el marco del proyecto Promoviendo la participación ciudadana, la veeduría y la incidencia social en la gestión local, el cual es ejecutado por el movimiento cívico con el apoyo financiero de la Unión Europea (UE).

12 de agosto de 2021

Para acceder a las grabaciones de ambos días clic en:

Seminario Internacional – Transparencia y Gobierno Abierto Municipal. Sesión 1

Seminario Internacional – Transparencia y Gobierno Abierto Municipal. Sesión 2

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, expresó su profunda preocupación por el contenido del proyecto de Código Penal que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y que ahora se encuentra en el Senado de la República para aprobación bajo el falso argumento de querer modernizar un instrumento legal como el que actualmente nos rige, sin importar el precio que haya que pagar.

A través de rueda de prensa el Consejo Nacional de la organización de la sociedad civil manifestó que la comisión especial del Senado para estudiar el proyecto de Código Penal,  rindió un informe favorable sin tomar en cuenta a las  organizaciones,  ciudadanos y ciudadanas que presentaron sus valiosas propuestas y sin tomar en cuenta las importantes observaciones presentadas por la Magistrada Miriam Germán, Procuradora General de la República,  violentando el ejercicio pleno de la participación ciudadana establecido en la Constitución, el cual implica el derecho de ser escuchado y tomados en cuenta al momento de que se asuma una decisión  sobre asuntos que les afectan.

“Les toca ahora a los senadores asumir la responsabilidad histórica frente al país de no aprobar un proyecto que en realidad esconde en su articulado disposiciones excluyentes, discriminatorias y obsoletas que en nada representa un estado social, democrático y de derecho”, enfatizó el Consejo Nacional.

Para Participacion Ciudadana resulta absurdo que se argumente la necesidad de modernizar la norma penal, y al mismo tiempo se penaliza el aborto sin tomar en cuenta las tres excepciones que han sido acogidas en la mayor parte de los países del mundo; cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el embarazo haya sido el resultado de violación o incesto o cuando el embrión viene con malformación incompatible con la vida científicamente comprobada.

Durante la rueda de prensa aseguraron que el Estado está en la obligatoriedad de proteger la dignidad, integridad, libertad, seguridad personal, libre desarrollo de la personalidad a la mujer, y corresponde al Congreso Nacional sentar las bases para alcanzar tales fines.  Pero que también hay que reconocer que se trata de un tema que afecta la salud y la vida sobre todo de las mujeres más desfavorecidas que están en una condición de total indefensión.

“Varios diputados y senadores, sobre todo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han engañado a los votantes al solicitar el voto defendiendo las tres causales de interrupción del embarazo y luego de alcanzar sus curules, votando por un proyecto que las excluye, convirtiéndose en autores de una verdadera estafa electoral que debe ser sancionada por los propios electores”, enfatizaron.

Un segundo aspecto que en el concierto de naciones nos coloca como país en una situación vergonzosa es el artículo 187 del proyecto del Código Penal que penaliza la discriminación, y que originalmente incluía la penalización de la discriminación por género o por orientación sexual. Ambos aspectos han sido excluidos del proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados, lo que prácticamente implica carta abierta a la discriminación que se origine por ambos motivos.

No obstante, el párrafo II de ese mismo artículo, permite la discriminación de manera ampliada, cuando establece que “No habrá discriminación cuando un prestador de servicio o contratante fundamente su negativa por objeción de conciencia religiosa, ética, moral o por requisitos institucionales”.

“Es importante recordar que el artículo 39 de nuestra Constitución trata sobre el Derecho a la Igualdad y junto con el numeral 1 claramente indica que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia: 1) La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes”, advirtió el movimiento cívico.

Asimismo, el artículo 38 de la Constitución dominicana establece que “el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.

Igualmente, el gobierno dominicano ha trazado una visión de nación a largo plazo a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END 2030) para el desarrollo sostenible, alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la cual la República Dominicana se ha suscrito, y trabaja cada objetivo junto a organismos de la ONU, así como junto a diversas instituciones públicas y del sector privado a través de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible (CDS).

En dicha Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 el país ha adoptado cuatro ejes fundamentales, y es favorable recordar el eje dos donde el gobierno se compromete a tener “una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial”.

“En adición a lo anterior, basta revisar no solo la legislación de la mayoría de los países, sino incluso las políticas adoptadas por instituciones privadas como universidades alrededor del mundo que han establecido la prohibición de la discriminación por razones de género o de orientación sexual”, sostuvieron.

Un tercer aspecto, es  pretender reinstalar la jurisdicción penal militar en el artículo 306 del proyecto, en clara violación del precedente del Tribunal Constitucional (TC), que en dos ocasiones ha interpretado el artículo 254 de la Constitución y el resto de la legislación positiva para llegar a la conclusión de que tal jurisdicción no existe en nuestro ordenamiento jurídico, y para que no se dude de lo que decimos, citamos, a título de ejemplo, la sentencia TC/350/2019:

“En este punto, debemos precisar que el procedimiento que se desarrolla en el artículo 183 de la Ley número 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana está encaminado a establecer el marco normativo relacionado a la estructuración de la jurisdicción administrativa disciplinaria militar de las Fuerzas Armadas y sus órganos de investigación, de cara al conocimiento y procesamiento de las faltas militares administrativas, así como la forma en que esos órganos de investigación administrativa disciplinaria deben proceder para el apoderamiento de la jurisdicción penal ordinaria en aquellos casos donde se verifique la existencia de una infracción penal militar. De esto se concluye, tal y como disponen los artículos 254 de la Constitución y 185 de la Ley 139-13, que las Fuerzas Armadas tienen un régimen disciplinario militar aplicable a aquellas faltas que no constituyan infracciones del régimen penal militar. De ahí que deba considerarse que los tribunales penales militares son inexistentes en nuestro ordenamiento jurídico.” Las decisiones del TC “son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.

Desde Participación Ciudadana hacemos un llamado al presidente de la República, Luis Abinader para que en su vocación democrática y por el derecho que le confiere la Constitución que de ser aprobado el Código Penal en el Senado en las mismas condiciones que en la Cámara de Diputados, ejerza su facultad de observarlo, pues en un Estado social, democrático y de derecho, las leyes deben garantizar los derechos de todos y todas sin distinción. Nadie puede quedar excluido, por lo que de ser aprobado por el Ejecutivo nuestra institución ejercerá su derecho de recurrir la pieza ante el Tribunal Constitucional.

Consejo Nacional

10 de agosto de 2021

Este Reconocimiento se entrega en diciembre de cada año, con motivo al Día Internacional Contra la Corrupción establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, abrió la convocatoria a postulación de candidaturas para la decimosegunda edición del Reconocimiento a la Integridad y Lucha contra la Corrupción 2021.

Este reconocimiento fue establecido por Participación Ciudadana con el propósito de estimular a las personas que dedican esfuerzos extraordinarios a luchar por la transparencia en la gestión pública, la correcta administración de los recursos públicos y el combate a las diferentes manifestaciones de corrupción. Son elegibles para este reconocimiento ciudadanos y ciudadanas dominicanos o residentes en el país que hayan dedicado parte de su vida al combate a la corrupción, que sean ejemplo de conducta ética y/o que hayan hecho una contribución significativa en este campo.

Para ser consideradas, las propuestas deben estar documentadas y acompañadas de la historia de vida del candidato o candidata, detalles de las acciones que fundamentan la postulación y carta de presentación de la misma. Podrán presentar propuestas las organizaciones de la sociedad civil, las comisiones de trabajo, comités municipales o regionales de Participación Ciudadana, así como la ciudadanía en general. El plazo para recibir las postulaciones es hasta el 15 de septiembre del presente año.  Las candidaturas presentadas son depuradas por una comisión especial de Participación Ciudadana y el Consejo Nacional, máximo organismo de dirección de la organización, quien toma la decisión, en base a un perfil establecido para otorgar dicha distinción.

Hasta la fecha, han sido galardonados:  Germán Miranda Villalona, Roque Napoleón Muñoz, Nuria Piera, Luis Eduardo Lora Iglesias (Huchy), Alicia Ortega, Fausto Rosario, Juan Bolívar Díaz, Miriam Germán, Altagracia Salazar, Milagros Ortiz Bosch, Mario Arturo Fernández.  

Participacion Ciudadana, a través de esta iniciativa, procura educar mediante el ejemplo y las buenas prácticas presentando a los ciudadanos y ciudadanas modelos positivos de conducta a ser emuladas, y resaltar las virtudes que predicaron los fundadores y héroes de la República Dominicana y que promueve la institución.

Las bases del reconocimiento pueden ser consultadas en la página web de Participación Ciudadana https://pciudadana.org/reconocimiento/

Consejo Nacional

05 de agosto del 2021

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía, la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Patio Común y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, realizaron este martes la conferencia virtual: “Lineamientos para la elaboración de planes de seguridad y convivencia a nivel local: aprendizajes y retos para República Dominicana”, la cual contó con la ponencia de los especialistas Hugo Acero, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, experto en seguridad urbana y ciudadana; y Katy Civolani, educadora, mediadora y especialista en gestión de conflictos de Patio Común.

Durante la actividad el sociólogo Hugo Acero, aseguró que no se puede descuidar y hay que trabajar de manera permanente con las autoridades locales porque es allí donde sucede el delito, a pesar de que algunas veces se llegó a pensar que el delito pequeño estaba en los municipios y que el gran delito como el delito trasnacional de estructuras criminales trasnacionales se podía manejar desde el orden nacional.

“El narcotráfico se refleja en el consumo y la venta al menudeo de la droga en los parques, en las calles y los distintos territorios de los municipios. Igual sucede con la trata de niños y niñas que desaparecen de los barrios, de las calles de los municipios y que son explotadas a través de estos negocios de la trata. Sin seguridad no es posible el desarrollo, ya que la inseguridad afecta la inversión y sin inversión no hay empleos ni bienestar”, sostuvo Acero.

Katy Civolani, especialista en gestión de conflictos de Patio Común, destacó que según la presentación de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana el 75% de los dominicanos considera la criminalidad como el principal problema del país, sin embargo, la primera causa de homicidios a través de las armas de fuego es por convivencia.

“Esta violencia para resolver los conflictos es multidimensional y multicausal, entre ellas el acceso a la calidad educativa, acceso fácil a las armas, altos niveles de desempleo en jóvenes y la carencia de espacios públicos de calidad. Se debe trabajar el tema de la violencia desde la causa y no desde las consecuencias, ya que se castiga al que lo hace, pero no el por qué lo hace.

Con el encuentro sobre “Lineamientos para la elaboración de planes de seguridad y convivencia a nivel local: aprendizajes y retos para República Dominicana”, concluyó el ciclo de conferencias Buenas prácticas en el manejo de la seguridad urbana: aprendizajes y retos para la República Dominicana.

04 de agosto de 2021

República Dominicana retrocedió en materia de equidad de género, observa la institución de la sociedad civil.

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana saluda la designación de los nuevos jueces en el Tribunal Superior Electoral (TSE), y al mismo tiempo deplora que con esta designación el país haya retrocedido en cuanto a la obligación del Estado de cumplir con la equidad de género, ya que mientras que en el anterior TSE había dos mujeres entre sus cinco jueces titulares, en la nueva conformación hay escasamente una mujer.

La organización de la sociedad civil recordó lo que establece la Constitución Dominicana en su artículo 39.5, cuando señala que “El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado”, por lo que lamentó el desconocimiento que por esta disposición exhibe el Consejo Nacional de la Magistratura, en la escogencia de los integrantes de esta alta corte, ya que no tomó en cuenta la normativa interna que el mismo TSE se ha dado en su reglamento, el cual regula la división de igualdad de género de este tribunal.

“Esta decisión representa un retroceso en materia de proteger el derecho a la igualdad de género en el sistema democrático y viola las disposiciones que ese el mismo que este tribunal está llamado a hacer valer”, señaló el momento cívico.

“Con la composición decidida por el CNM, el Tribunal mismo tendrá problemas de legitimidad para aplicar ese 40-60 que establece la Ley 15-19 sobre Régimen Electoral en su artículo 136 referente a la equidad de género  cuando alguno de los partidos políticos la quiera violar, pues si el órgano encargado de aplicarla tiene vicios de fondo en ese aspecto, no tendrá calidad moral para exigir a otros su cumplimiento”, observó Participación Ciudadana mediante comunicado de prensa, recordando que la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, establece en su artículo 53, párrafo 1, un mínimo de un 40% y máximo de 60%, como cuota  de género de mujeres y hombres.

El movimiento cívico Participación Ciudadana precisó, además que, si bien los nuevos jueces del TSE son personas con idoneidad para el cargo, con solvencia moral y capacidades profesionales que exige la ley, dentro de los concursantes había múltiples mujeres con sobrados méritos, credenciales y competencias para ser seleccionadas y de esta manera cumplir el mandato de la Constitución de la República teniendo una mirada mas integradora que permita los cambios culturales que necesita la sociedad en materia de igualdad.

Consejo Nacional

01 de agosto de 2021

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía, la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Patio Común y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, realizaron este martes la conferencia virtual: “Narcomenudeo y microtráfico-Jóvenes e ilegalidad: Aprendizajes y Retos para República Dominicana”, la cual contó con la ponencia de los especialistas Tahira Vargas García, antropóloga social y Ariel Ávila, politólogo y periodista colombiano.

Durante la conferencia la antropóloga Tahira Vargas García, destacó que el narcotráfico en la República Dominicana tiene dos objetivos: el tránsito y el destino. En el caso del destino la distribución de las drogas y de las sustancias ilícitas en el país se realiza a través de diferentes estructuras, y una de ellas es el narcomenudeo y el microtráfico.

Estas son las estructuras más pequeñas dentro de toda la organización de distribución de sustancias ilícitas en el país, y en ella participa una población joven y adolescentes sobre todo población masculina.

“Esta población masculina proveniente de sectores marginados se inserta en estas redes por varias razones: estos jóvenes se encuentran fuera del sistema educativo; modelo de dinero fácil, el cual se ha convertido en modus vivendis en la República Dominicana y está presente en todos los estratos sociales teniendo acogida no solo en las redes delictivas sino también en los sectores políticos; estas redes funcionan cada vez más extendidas por la permisividad y la complicidad existente con las estructuras de poder y las mismas organizaciones encargadas de desmantelar estas redes”, sostuvo.

Tahira Vargas, señaló, además que el proceso de prevención de la delincuencia juvenil debe ir acompañado de espacios de capacitación y orientación en los centros educativos sobre las drogas, sus efectos, relaciones de poder-género, autoestima y proyecto de vida.

El politólogo y periodista Ariel Ávila, explicó que la mayoría de los jóvenes que están ingresando al consumo de drogas lo hacen con drogas de síntesis, experimentales y de nueva generación, lo cual representa una situación muy complicada, ya que estos narcóticos causan adicciones psicológicas, pero no física y las autoridades no están preparadas estos temas ni saben cómo identificarlos.

 “Hay que apostar a la prevención terciaria en tres aspectos: sometimiento a la justicia, programas locales de proyectos de vida que vayan más allá de la ocupación de tiempo libre y trabajar con el aparato de seguridad, en este caso la policía para que entiendan que la repe presión y la bala no es lo único que va a calmar esta situación”, comentó, además.

 Participación Ciudadana extiende la invitación a la 6ta y última conferencia “Lineamientos para la elaboración de planes de seguridad y convivencia a nivel local: Aprendizajes y Retos para República Dominicana”, la cual tendrá lugar el martes 03 de agosto a las 10:00 am. Para mayor información sobre el registro acceder a las redes sociales de la institución @pciudadana

30 de julio de 2021

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana en coordinación con la Defensoría del Pueblo, el Movimiento Reconocido y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), realizó el webinar “Dominicanas y dominicanos, pero sin derechos”.

Durante las palabras de bienvenida, Leidy Blanco García, coordinadora general del movimiento cívico, destacó que en esta ocasión Participación Ciudadana ha aunado esfuerzos con el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) y la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de promover una conversación  propositiva y reflexiva sobre la situación de apatridia o riesgo de apatridia en que se encuentran muchos dominicanos y dominicanas como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13.

“Esa decisión del Tribunal Constitucional contraviene los principios fundamentales en que se afianza la Constitución dominicana actual, la dignidad humana y, por ende, violenta todos los derechos fundamentales inherentes al ser humano, por lo que se debe analizar que la República Dominicana no solamente es el país con mayor número de apátridas en el Caribe, sino que es uno de los países con mayor número de apátridas en el mundo”, afirmó la coordinadora del movimiento cívico.

Gabriel Godoy, jefe de misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), subrayó la relevancia del plan de acción mundial y de la campaña #IBelong (#YoPertenezco) para que los que países pueden trabajar en la identificación, la prevención, la reducción y la protección de las personas que estén en situación de apatridia o riesgo de apatridia. De acuerdo con Godoy, la meta global es erradicar esta situación hasta el año 2024, aprovechando las molduras de las Convenciones de la ONU sobre Apatridia de 1954 y de 1961 como directrices para responder a los diferentes desafíos en la región de Las Américas y del Caribe.

“Invitamos a los Estados a tomar medidas políticas y jurídicas para evitar el riesgo de apatridia, promoviendo el acceso universal al registro de nacimientos y el reconocimiento de la identidad legal en acuerdo con la meta 9 del Objetivo de Desarrollo sostenible 16 de la Agenda 2030 (…); el acceso efectivo a la nacionalidad es el derecho a tener derechos”, resaltó Gabriel Godoy.

Alberto Fiallo-Billini, oficial de relaciones institucionales del ACNUR, explicó el contexto actual de las personas afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 que fueron beneficiadas por la Ley 169-14, puntualizando que 34,900 personas cuya nacionalidad dominicana ha sido confirmada aún no tienen su documentación nacional, según previó la auditoría realizada en el año 2014 la Ley 169-14.

“La situación de las personas nacidas en República Dominicana desde 1929 que no se encontraban registradas en el Registro Civil al momento de la emisión de la sentencia, pero que aplicaron al plan de regulación y naturalización establecido en la Ley 169-14 dentro del plazo de 180 días establecido por el Estado, fueron 8,768, de las cuales 7,147 han sido aprobadas por el Ministerio Interior y Policía (MIP) como elegibles para ser documentadas y posteriormente naturalizadas, incluyendo las 588 personas observadas que lograron completar sus expedientes antes del 30 de septiembre de 2019 con el apoyo directo del del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y sus socios en la República Dominicana. Es un verdadero drama humano lo que estamos viviendo en la República Dominicana que puede ser resuelto con voluntad institucional”, destacó Fiallo-Billini.

Elena Lorac, coordinadora nacional del Movimiento Reconocido, afirmó que la Ley 169-14, emitidita por el Poder Ejecutivo en el año 2014 como una forma de buscar una salida a las realidades que viven los dominicanos y dominicanas que fueron privados de su nacionalidad en 2013, fue promulgada gracias a los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, esta Ley ha fragmentado aún más la realidad y la situación de estas personas.

“Los jóvenes que nos vimos afectados por la Sentencia 168-13 somos dominicanos y dominicanas, pero sin derechos, ya que la realidad no nos permite avanzar con nuestros proyectos, ni realizar nuestros sueños. Nuestros derechos están siendo violentados por todos los mecanismos y dispositivos legales y administrativos que se han venido dando desde el año 2007. Al Estado no garantizar nuestros derechos esto va en decadencia en todo nuestro desarrollo personal y humano y, por ende, de nuestro país”, subrayó Lorac.

Harold Modesto, secretario general de la Defensoría del Pueblo, señaló que lo importante, lo clave, lo distintivo es entender que, bajo ningún concepto, en ninguna circunstancia, es admisible que una persona, independientemente de su estatus jurídico, no pueda gozar de derechos más básicos, derechos que se encuentran establecidos en clave constitucional como derechos fundamentales y que deben alcanzar a todas las personas.

Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, criticó el sustento constitucional de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, resaltando lo delicada de la tarea de construir una salida a la situación creada por ella mediante una pieza legislativa. Precisó que lo que está de por medio es una situación que divide a la sociedad dominicana, y es un proceso difícil, lento y agotador, pero no debe paralizarse.

Con este encuentro Participación Ciudadana reafirma su compromiso con la defensa integral de los derechos humanos y la construcción de un estado social democrático y de derecho, que incluya a todos y a todas.

28 de julio de 2021

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participacion Ciudadana, realizó la Mesa de diálogo: Carrera Administrativa Especial – Carrera Policial: ingreso, avances y retos, la cual tuvo como objetivo conocer y analizar las carreras especiales de la administración pública con énfasis en la carrera policial, analizando los concursos para el ingreso, los avances y retos en la implementación y cumplimiento de la misma.

Leidy Blanco García, coordinadora general de la organización de la sociedad civil, reconoció que el país ha avanzado en el proceso de reforma de la administración pública, gracias a los esfuerzos del Ministerio de la Administración Pública (MAP), al trabajo colaborativo y sensible de las mesas sectoriales, y al apoyo financiero y técnico de organismos cooperantes que han servido de puente para alcanzar metas establecidas en el marco de la Reforma de Administración Pública.

“Sin embargo, todavía persisten retos fundamentales en la búsqueda de un Estado verdaderamente eficiente y transparente. Uno de estos retos se visualiza en el ámbito de la profesionalización y establecimiento de la carrera administrativa y especial, y así mismo en la implementación las políticas públicas que garanticen derechos humanos y calidad de servicio”, destacó Blanco García.

Abril Arias y Jovanny Ozuna representantes del Ministerio de Administración Pública, explicaron que el Sistema de Carreras es un conjunto sistematizado de oportunidades de estabilidad, ascenso, promoción y movilidad de las normas y los procesos que garantizan a los empleados públicos que la integran con base en los principios de mérito e igualdad de acceso.

“La finalidad de la carrera administrativa es promover la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública, así como la mejora continua de los servicios públicos. Es por ello que, si queremos un Estado democrático, social y que garantice los derechos a los ciudadanos la mejor manera es a través de la profesionalización del Estado”, destacaron.

 Las representantes del MAP, señalaron que la Ley de Función Pública en su artículo 06, establece que el Presidente de la República podrá crear carreras administrativas especiales en aquellos órganos de la administración pública central y en las entidades descentralizadas, previo estudio y opinión favorable del Ministerio Administración Pública.

“La carrera especial es una función estatal, actividad administrativa o servicio público que requiere gestionar de forma especial un personal altamente especializado con características particulares. Es decir, posee características particulares y no son parte de los cargos comunes que están establecidos en la Administración Pública. Cada vez que se aprueba una carrera especial se debe trabajar en un reglamento, a fin de diseñarla, desarrollarla e implantarla”, precisaron Abril Arias y Jovanny Ozuna.

Durante la actividad el General Cristóbal Morales, director central de Recursos Humanos de Policía Nacional, así como el Coronel Miguel Ángel Jiménez Cruz, subdirector de la Policía Nacional, sostuvieron que la transformación integral de la Policía es el horizonte trazado hacia un  nuevo modelo para República Dominicana, el cual busca dar respuesta integral y efectiva al mandato constitucional de preservar la convivencia pacífica para alcanzar una vida sin violencia, donde la seguridad ciudadana no solo sea la reducción de delitos, sino que incida en la mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad.

“La base y el punto de partida de la transformación integral institucional son nuestros policías. Por tanto, se busca dignificar su labor, consolidar su integridad a través de la ética policial, su formación permanente para una profesionalización y mejorar su calidad de vida.  Es un proceso de evolución, renovación, significativo, decisivo, constante y con el compromiso del gobierno, de la institución policial, y de nuestros hombres y mujeres policías”, señalaron.

Participaron de esta mesa diálogo, además Sandra Fuentes y Noemi Germosén, representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y del Programa Internacional de Asistencia para la Capacitación en Investigación Criminal (ICITAP), quienes socializaron con los presentes sobre el Programa del fortalecimiento de la capacidad institucional y la transparencia para la transformación policial de la República Dominicana, destacando que este programa tiene como objetivo tres componentes: la planificación organizativa  y desarrollo, recursos humanos y desarrollo y relaciones policiales con la comunidad, especialmente con población vulnerable y marginada.

“El trabajo con la Policía Nacional se realiza de manera colaborativa e integrada, a fin de garantizar el desarrollo institucional, la transparencia, la efectividad, la profesionalización y la legitimidad en la institución con miras a buscar la convivencia pacífica, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos humanos”, subrayaron.

Este encuentro se llevó a cabo en el marco de los proyectos Administración Pública Inclusiva (PARAP II) y Acción de la sociedad civil por la seguridad y la justicia (PASJ), los cuales desarrolla Participación Ciudadana, y contó, además con la coordinación de Ciudad Alternativa, Fundación Solidaridad y OXFAM.

29 de julio de 2021