Santo Domingo, República Dominicana. El Consejo Nacional de Participación Ciudadana, expresó la tarde de este lunes su apoyo solidario al periodista Marino Zapete, quien ha sido despojado del espacio televisivo que por muchos años había ocupado como resultado de las denuncias realizadas sobre contratos grado a grado, firmados entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y una empresa representada por una hermana del Procurador General de la República.

En los últimos años, nos hemos visto obligados a levantar nuestra voz en favor de numerosos periodistas y comunicadores que han sido víctima de presiones, amenazas y represalias anti democráticas originadas en el ámbito gubernamental. Muchas de esas acciones han sido disimuladas bajo el manto del derecho de los propietarios de medios de comunicación a rescindir contratos. Sin embargo, la intervención del gobierno no ha sido oculta. Todo el mundo se ha enterado de llamadas de advertencia a los empresarios de los medios de comunicación, enviando en todos los casos un mensaje al país y al sector de las comunicaciones en particular de que sufrirán las mismas consecuencias si se atreven a hacer denuncias específicas relacionadas con la corrupción gubernamental u otros tipos de abusos, lo cual  representa una clara violación al derecho de libertad de expresión.

El periodista Marino Zapete se hizo eco de una investigación realizada por el abogado Jorge Luis Polanco, la cual documenta que la hermana del Procurador Jean Alain Rodríguez, la señora Maybeth Virginia Rodríguez, ha firmado en representación de una empresa varios contratos de grado a grado con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, representado por el  Ministro Gonzalo Castillo, habiendo recibido dicha empresa desembolsos por más de mil millones de pesos por concepto de asfaltado de calles, además de un desembolso por cien millones de pesos por concepto de construcción de una carretera.

La Señora Rodríguez ha amenazado con someter al periodista Zapete, alegando que esos contratos no fueron ejecutados y que ella no es socia de la empresa, sino representante legal. Sin embargo, toda acción que involucre en contrataciones con el Estado a funcionarios públicos y sus familiares debe ser denunciada e investigada, puesto que la Constitución y varias leyes prohíben a éstos beneficiarse de contrataciones públicas, a lo cual se suma la violación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas por haberse realizado sin concurso.

Participación Ciudadana entiende que el Presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez debe pronunciarse sobre estas amenazas hacia Marino Zapete, y a la prensa en general. “A la autoridad que le corresponde encargarse de investigar, y a través de la cual se debe cursar cualquier acusación dirigida a Marino Zapete está descalificada por un evidente conflicto de intereses. Se ha adelantado, además a intervenir en contra del periodista poniendo sus intereses familiares por encima de los de la sociedad a la que debe defender”, señaló el Consejo Nacional de PC.

La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de la democracia. No puede llamarse libre o democrático un país en el que los periodistas sean amenazados y perseguidos por denuncias de corrupción, sobre todo si se aportan elementos que obligan a una investigación. El espacio de la prensa independiente se ha visto reducido de manera muy notable en estos últimos años y ningún dominicano puede mostrarse indiferente frente a esta situación.

Levantemos nuestras voces por la libertad de expresión. Respaldemos al periodista Marino Zapete, así como a todos los que han sufrido los embates del autoritarismo y la intolerancia de quienes pretenden perpetuarse en la corrupción y la impunidad.

Consejo Nacional
30 de septiembre del 2019

Con el interés de que los fondos públicos asignados a los partidos políticos sean invertidos de acuerdo a la ley con la mayor transparencia y racionalidad, el Movimiento Cívico Participación Ciudadana ha realizado un estudio pormenorizado a los informes financieros correspondientes al año 2018 de los cuatro partidos mayoritarios: Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), entregados a la Junta Central Electoral (JCE) por un monto ascendente a mil millones de pesos, y que representan el 80% del financiamiento público a los partidos políticos. De dicho estudio se desprenden las siguientes observaciones:

1 – Ni la JCE ha exigido, ni los cuatro partidos citados han adoptado un sistema contable consistente y homogéneo que facilite comparar las políticas y prácticas financieras de estos partidos. Tanto la pasada Ley Electoral No. 275-97 como la actual No. 33-18 exigen a los partidos tener un sistema contable, siendo elemental dentro de este el estado de situación, sin embargo, por ejemplo, el PRSC no presenta en su informe del año 2018 el componente de su patrimonio que forma parte de todo estado de situación financiera.

2 – De igual modo, se observan importantes debilidades técnicas y conceptuales atribuidas a los contadores y auditores contratados por estos partidos. Por ejemplo, en los casos del PRM y del PRSC el informe del 2018 no se compara con el del año 2017, lo cual es de rigor en todo informe contable para ser auditado y analizar los cambios de un año a otro y sus justificaciones. De igual forma, en una misma cuenta se registran muchos tipos de gastos dispares, y hay subcuentas y partidas que se repite en varias cuentas como son: alquileres, dietas y viáticos, transporte, etc.

3 – En el caso del PRSC es evidente el error conceptual de registrar gastos en cuentas contables que son comunes en todo sistema de contabilidad como “Gastos generales y administrativos”, y al mismo tiempo registrar gastos por secretarías (General, Organización, Electoral y Comunicación), confundiendo el concepto o el tipo de gasto con quien ejecuta un gasto. Así estas secretarias ejecutaron unos 18 millones de pesos de manera no transparente. Algo parecido sucedió en el PRM con la Comisión Nacional de Organización que ejecutó unos 38 millones de pesos.

4 – En este mismo sentido, hay varias cuentas y partidas difusas que se prestan para ocultar gastos no partidarios como “trabajos políticos”, “servicios prestados”, “contribuciones y ayudas”, entre otras. Sobre este último tipo de gastos es necesario que la JCE haga una interpretación estricta del artículo 71.3 de la Ley 33-18 de partidos políticos, ya que estas ayudas no deben ser aceptadas como parte de los gastos partidarios con fondos públicos. En el caso del PRD las ayudas llegaron a casi 6 millones de pesos y en el PLD a 5 millones. El PLD, además, hizo aportes a gremios por 2.7 millones de pesos, lo que es evidente que no es un gasto en actividades del partido y, por tanto, es contrario a la ley.

5 – En este mismo aspecto técnico-contable, no hay en las notas de los informes auditados una precisión conceptual sobre las cuentas de depreciación y la de reparación y mantenimiento. Solo en el informe del PRD se precisa en torno a la depreciación el método utilizado y los porcentajes a depreciar por tipo de activo. Esta deficiencia es notoria en el caso del PRSC, el cual ha gastado más de 17 millones de pesos en reparación y mantenimiento de locales, y se supone, por el alto monto, que parte de estas reparaciones debieran reflejarse en la revalorización de sus inmuebles y patrimonio. Pero esto queda en el aire.

6 – Con relación a esta parte técnica, merece prestar atención, a las observaciones que hacen los auditores al informe del PLD, de las cuales transcribimos la observación A2, sobre las políticas contables, referida a la formulación presupuestaria: “En nuestra revisión al área financiera, encontramos que la entidad no cuenta con la formulación, ejecución y evaluación presupuestaria, lo que interpretamos, sumamente necesario, porque una institución para un manejo eficiente, eficaz, efectivo y transparente, es imprescindible y mandatorio, contar con la herramienta presupuestal adecuada; el manejo presupuestario es tan elemental que hasta en las pequeñas y medianas entidades y empresas es una herramienta esencial. Una institución o entidad sin presupuesto económico se maneja a la deriva y pone en riesgos hasta su propia existencia, propiciando la improvisación y descontrol en la realización de las operaciones económico-financiera, de manera que es imprescindible que las autoridades procedan a formular en el más breve plazo prudente, cumplir con e1 instrumento operacional presupuestario”. Por la baja calidad que se aprecia en los informes financieros presentados por el PRD, PRM y PRSC, esta observación al PLD también les aplica a ellos.

7 – En estos partidos, pero principalmente en el PLD, PRM y PRD, se registró  un alto excedente o sobrante de ingresos por encima de los 100 millones en el año (más del 40%), lo que cuestiona el alto monto que están recibiendo, por lo menos en años no electorales, y obliga a un debate sobre la necesidad de modificar la cantidad fija recibida de 252 millones en el año para plantear otros modelos de financiamientos uno de los cuales es una cantidad mínima de gastos fijos y el resto del financiamiento sobre la base de presentar proyectos útiles y puntuales como es el de la formación técnico-política y ciudadana.

8 – Otro aspecto que evidencia una falta de planificación política y de los gastos, así como la ausencia de políticas financieras es lo oneroso que son los gastos de intereses a consecuencias de los préstamos bancarios que estos partidos realizan. En el caso del PRSC, este partido pagó 13 millones de intereses; el PRD pagó más de 14 millones; y el PRM también ha dependido en gran medida de los préstamos. Un hecho a considerar es la conveniencia o no de tomar prestadas altas sumas a personas físicas, por los efectos presentes y futuros que esto pueda tener en el partido de que se trate y en todo el sistema político. Este fue el caso del PRD, al cual el señor Nelson Cerda le prestó más de 80 millones de pesos. En este caso, como en otros partidos, no hay evidencia en los informes, a través de las notas aclaratorias de que esos préstamos han sido aprobados por el máximo organismo partidario como estipula la ley.

9 – Una política financiera saludable sería que cada partido cree un fondo o acumule reservas con depósitos mensuales, en previsión de los gastos de los grandes eventos partidarios, y así disminuir el efecto de los onerosos préstamos.

10 – Llama la atención los altos gastos en alimentación, refrigerios, dietas, viáticos y fiestas. En el caso del PLD, solo en alimentación para sus empleados (no en actividades políticas), se gastaron 10.3 millones de pesos. Asumiendo que los empleados del PLD trabajan 265 días al año, están gastando unos RD$39,000.00 diarios en comida, lo que luce exagerado aun si el PLD tuviera una plantilla de 100 empleados fijos. En el caso del PRM se gastaron en fiestas unos 5 millones de pesos, lo cual es contradictorio a sus déficits acumulados de 120.4 millones de pesos,  y se supone debe tener una política financiera austera.

11 – La cultura política clientelar y retribuida que han venido desarrollando estos partidos en sus actividades es una gran carga para los fondos públicos, llegándose a la práctica, no solo de dar el combustible, transporte, comida, bebidas, etc., sino además, aportes directos en dinero como en el caso del PRSC que registró un gasto de más de 2 millones de pesos como aportes a delegados.

12 – Un caso que llama poderosamente la atención en el informe financiero del PRM es el registro en 2018 gastos de más de 6 millones de pesos correspondientes al 2011 y al 2012 cuando este partido no existía. Esto debe ser explicado por los contadores y la dirigencia de ese partido.

13 – Es lamentable observar en estos informes cómo los ingresos propios de los partidos han descendido a montos ridículos desde que reciben financiamiento proveniente de los impuestos que paga la población. En el caso del PLD solo recibió RD$191,000.00 de cotizaciones y RD$42,550 por venta de libros. El PRSC no recibió un solo centavo de su membresía y colaboradores que no fuera RD$202,595.56 de intereses por depósitos bancarios. El PRD no llegó a un millón, frente a 252 millones de pesos recibidos; y el PRM por igual. Es decir, ninguno de estos partidos se acerca al 1% en ingresos propios, a menos de que no se estén registrando muchos aportes recibidos, incluso no necesariamente de manera consciente, sino por las deficiencias contables reveladas por los auditores.

14 – Por último, cabe destacar los bajísimos gastos en educación política que estos partidos realizan en las actividades de su membresía y ciudadanía en general. El PRM gastó 2.7 millones de pesos para solo un 1.09% del gasto total. El PRD gastó 700 mil pesos, apenas un 0.27% del gasto total. El PRSC que fue el que más gastó, ya que es el único que tiene una escuela-instituto de formación política, ejecutó 4.5 millones de pesos para un 1.78%. El PLD, penosamente, sepultando su tradición fundacional, no registra un solo peso en gasto de actividades educativas. Ya que la ley 33-18, en su artículo 62 obliga a invertir, a partir del año 2019 un 10% de los fondos recibidos para educación estos partidos tienen un gran reto para pasar de las ínfimas sumas de 2018 a destinar más de 25 millones de pesos, lo cual no se evidencia que esté sucediendo en este 2019.

Participación Ciudadana exhorta a la Junta Central Electoral y a todos los partidos políticos a cumplir con sus responsabilidades legales y éticas en cuanto a la instalación, funcionamiento, supervisión y evaluación de un sistema contable moderno, confiable y transparente, el cual contribuya a disminuir la corrupción, la falta de integración ciudadana y a la institucionalización de la actividad política.

 Consejo Nacional
30 de septiembre de 2019

El precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y expresidente de la República, Hipólito Mejía, aseguró este viernes estar dispuesto a aceptar y a firmar, inclusive un pacto de respeto a los resultados de los comicios internos a celebrarse el próximo 06 de octubre.

Mejía emitió estas declaraciones al ser visitado por representantes del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, con quienes conversó sobre el Programa de Observación Electoral que desarrolla la institución de la sociedad civil desde el pasado mes de julio.

Al encuentro, el cual se desarrolló en la casa de Hipólito Mejía, asistieron Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana y Francisco Álvarez, coordinador de la Comisión Política, quienes conversaron con el ex mandatario sobre los lineamientos del Programa de Observación Electoral que desarrolla la organización desde el pasado mes de julio.

Álvarez, coordinador de la Comisión Política, aseguró que para la observación de las primarias internas, Participación Ciudadana estará desplegando unos 400 voluntarios en todo el territorio nacional.

Participación Ciudadana, señaló, además que la visita realizada a Hipólito Mejía es en continuidad a las reuniones que está sosteniendo la organización con todos los precandidatos presidenciales de los diferentes partidos políticos.

Con el objetivo de dar continuidad a las acciones del programa de Observación Electoral 2020, representantes del movimiento cívico Participación Ciudadana, visitaron al pre candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader con quien compartieron el trabajo que estará realizando la organización de cara a los comicios internos del próximo 06 de octubre.

La delegación de Participación Ciudadana que encabezó el encuentro, estuvo integrada por Heiromy Castro, coordinar general, Carlos Pimentel, director ejecutivo y Josefina Arvelo, ex coordinadora de PC. Mientras que Luis Abinader, estuvo acompañado de la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, del presidente de su gabinete presidencial, Lisandro Macarrulla, del director general de su campaña, Roberto Fulcar entre otros dirigentes del PRM.

Heirmy Castro, coordinador general de Participación Ciudadana, compartió los detalles del programa de observación electoral que llevará a cabo esta institución, a fin de contribuir con el fortalecimiento de la democracia y la transparencia electoral.

Por su parte, Luis Abinader, destacó la importancia del rol que juega Participación Ciudadana en el proceso de observación electoral, al tiempo que manifestó su apoyo y compromiso, a fin de que la institución sea partícipe de los próximos comicios. “Participación Ciudadana ha estado presente en otros procesos electorales, lo cual ha servido para agregar transparencia a los mismos. Es por ello que consideramos como muy positivo el rol de observadores que realiza esta organización, por lo que estamos totalmente de acuerdo y respaldamos que Participación Ciudadana observe el proceso electoral”, declaró Abinader.

Carlos Pimentel, director ejecutivo de PC, destacó, además que la visita realizada a Luis Abinader se enmarca dentro de las acciones que realizan como parte de su programa de Observación Electoral con el objetivo de compartir con todos los precandidatos presidenciales de los diferentes partidos políticos los detalles del programa de observación correspondiente a las primarias internas, así como a las elecciones del 2020.

Una de las causas profundas de la corrupción política es el abuso electoral, que incluye el financiamiento fraudulento de los partidos políticos, la compra de votos o la difusión de noticias falsas durante las campañas

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista, presenta un nuevo informe “Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe” de Transparencia Internacional que revela que más de la mitad del total de la ciudadanía de 18 países de América Latina y el Caribe considera que la corrupción se está agudizando en su país y que los gobiernos no están tomando medidas suficientes para enfrentar este problema.

El Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe, publicado por Transparencia Internacional, presenta el mayor y más detallado conjunto de datos de opinión pública sobre corrupción, así como la experiencia directa de los ciudadanos con el soborno en América Latina y el Caribe. Entre enero y marzo de 2019, el BGC encuestó a más de 17 mil ciudadanos de 18 países de la región, quienes consideran que la corrupción es una importante causa de preocupación.

El Barómetro también revela que algunas de las personas más vulnerables son las que se ven más afectadas por la corrupción; las mujeres son más propensas a pagar sobornos por los servicios de salud y la educación pública. Además, por primera vez, el Barómetro arroja luz sobre la extorsión sexual, o sextorsión, una de las formas más significativas de corrupción basadas en el género.

La mayoría de los ciudadanos de América Latina y el Caribe (53 %) afirman que la corrupción aumentó en su país en los últimos doce meses, mientras que muy pocos de ellos opinan que disminuyó (16%). En Venezuela un 87% piensan que la corrupción aumentó, lo que representa el porcentaje más alto en la región. “La mayoría de los ciudadanos de la República Dominicana y el Perú también sostienen que la corrupción aumentó (66 % y 65 %, respectivamente)”, revela el informe.

Mientras que el 91% de los ciudadanos de Venezuela aseguran que su gobierno está fracasando en la lucha contra la corrupción, seguido por Panamá (79%) y la República Dominicana (72 %). Por el contrario, el 67 % de los ciudadanos de Guyana y el 61 % de los ciudadanos de México opinan que su gobierno está haciendo un buen trabajo.

El 65% de los ciudadanos de América Latina y el Caribe opinan que su gobierno está controlado por unos pocos intereses privados, en particular, en Bahamas y Brasil (79% y 75%, respectivamente). El 54% de los ciudadanos también consideran que los políticos toman decisiones o votan de un modo que favorezca a las empresas o las personas de las que obtienen apoyo político o donaciones.

Una de las causas profundas de la corrupción política es el abuso electoral, el cual incluye el financiamiento fraudulento de los partidos políticos, la compra de votos o la difusión de noticias falsas durante las campañas. Los resultados demuestran que uno de cada cuatro ciudadanos recibe sobornos a cambio de votos en las elecciones nacionales, regionales o locales.

“En México, una de cada dos personas recibió un soborno a cambio de su voto, y una de cada cuatro personas fue amenazada con represalias, mientras que en la República Dominicana, el 46% de los ciudadanos experimentaron la compra de votos. En Venezuela más de uno de cada cinco ciudadanos recibió amenazas de represalia si no votaban de una determinada manera”, señalan los resultados del informe.

En toda la región, la policía es la institución asociada con la mayor tasa de sobornos (24%), seguida muy de cerca por otros servicios como los servicios públicos que incluyen los de electricidad y agua (19 %).

Pese a estas dificultades, la mayoría de las personas sigue albergando esperanzas. Así, el 77% considera que los ciudadanos pueden marcar una diferencia determinante en la lucha contra la corrupción.

La encuesta reflejó que más de una de cada cinco personas que accedieron a los servicios públicos como agua o electricidad, habían pagado sobornos el año anterior. Esto equivale a aproximadamente 56 millones de ciudadanos en los 18 países estudiados.

La falta de integridad política amenaza con socavar los cimientos democráticos de muchos países de América Latina y el Caribe. Esto se puede observar en los abusos cometidos en los procesos electorales como la compra de votos y la difusión de noticias falsas, así como en el debilitamiento de las instituciones políticas.

La creciente desconfianza y decepción hacia el gobierno ha llevado a agudizar el sentimiento de rechazo hacia la corrupción en toda la región, pero esta situación fortalece a los dirigentes populistas, lo cual con frecuencia agrava la situación.

Acerca del Barómetro Global de la Corrupción
El Barómetro Global de la Corrupción es la encuesta más amplia y detallada sobre las perspectivas de la ciudadanía acerca de la corrupción y sus experiencias de soborno en América Latina y el Caribe. Entre enero y marzo de 2019, el BGC sondeó a más de 17 mil ciudadanos en 18 países de la región. Las encuestas fueron realizadas en 13 países latinoamericanos y en cuatro caribeños por Market Research Insights, y por Public Domain Limited en las Bahamas. Para conocer más sobre la metodología, una lista completa de los países sondeados e información sobre el abordaje de la encuesta, visite: transparency.org/files/content/pages/2019_GCB_LatinAmerica_Caribbean_Full_Report.pdf

Santo Domingo, República Dominicana. Como parte de las acciones del programa de Observación Electoral que desarrolla el movimiento cívico Participación Ciudadana, representantes de la institución, sostuvieron un encuentro la tarde de este miércoles con el presidente y pre candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Dr. Leonel Fernández, con quien conversaron, además sobre los detalles y la coordinación de la celebración de las primarias abiertas de este partido.

A la reunión la cual estuvo encabezada por el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, asistieron Heiromy Castro, coordinador general de Participación Ciudadana; Carlos Pimentel, director ejecutivo y Francisco Álvarez, coordinador de la Comisión Política.

El pre candidato presidencial Leonel Fernández, manifestó su apoyo e interés en el desarrollo de las acciones de Observación Electoral que realiza Participación Ciudadana. “Nuestro deber es aunar esfuerzos que contribuyan a garantizar la transparencia durante todo el proceso electoral”, afirmó Fernández.

Heiromy Castro, coordinar de Participacion Ciudadana, manifestó que esta visita se enmarca dentro de las acciones que realiza la institución desde el pasado mes de julio como parte de su programa de Observación Electoral 2020. “Nuestro interés es poder de sostener estos encuentros con todos los precandidatos presidenciales de los diferentes partidos políticos, a fin de presentarles los lineamientos de nuestro programa de Observación Electoral”, sostuvo Castro.

Participación Ciudadana, manifestó que mantiene su llamado a la toda la ciudadanía de velar por la celebración de unos comicios apegados a los principios de transparencia, equidad y libertad.

Consejo Nacional
18 de septiembre de 2019

PC rechaza la designación de funcionarios públicos en la campaña de Gonzalo Castillo, ya que es una violación normativa y rompe la equidad, constituyendo un indicio del uso de recursos del Estado.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, recordó que la Ley 41-08 de Función Pública es muy clara en su artículo 80, numeral 13 al prohibir a los funcionarios públicos “servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución”.

El Consejo Nacional de Participacion Ciudadana, emitió estas aclaraciones en rechazo a la designación de tareas en la precampaña de posiciones fundamentales para la buena marcha del Estado, tales como: el Administrador del Banco de Reservas, el Director del Banco Agrícola, el Director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Director de Aduanas, el Superintendente de Bancos, el Director de Presupuesto, el Director de SeNaSa, el Director del INDOTEL, el Director de OISOE, el Superintendente de Valores, el Director de la EGEHID, la Directora de Zonas Francas, el Director de Recursos Hidráulicos, la Directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, el Director del Instituto Nacional de Educación Física, el Vice Ministro de Políticas Sociales, el Director de Comunicaciones de la Presidencia, el Director de Correos, el Director de Titulación, el Director de la CASD, la Directora del INTRANT, el Vice Ministro de Edificaciones del MOPC, entre otros funcionarios públicos, lo cual deja claro lo vulnerable que es para el sistema económico del país funcionarios de la banca vinculados a este tipo de actividad.

Participación Ciudadana exige que todos los funcionarios públicos que se han integrado a la precampaña electoral del precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tomen licencia o renuncien de sus funciones. “La Ley de Función Pública en su artículo 79 establece que es  deber del servidor público cumplir la jornada de trabajo, dedicando la totalidad del tiempo al desempeño íntegro y honesto de sus funciones.  Así mismo, la Ley de Partidos Políticos prohíbe a los funcionarios o empleados del Estado el uso en cualquier forma y de cualquier título de recursos del Estado y faculta a la Junta Central Electoral (JCE) a tomar medida cautelar respecto a cualquier bien o para hacer cesar de inmediato el uso indebido de los recursos del Estado, pudiendo procurarse para ello el auxilio de la fuerza pública”.

“A través de nuestro programa de Observación Electoral hemos podido contactar que el uso de los recursos del Estado en beneficio del precandidato Gonzalo Castillo ha llegado a niveles intolerables al involucrar a los titulares de los principales ministerios, organismos descentralizados y direcciones generales con tareas electorales territoriales que implican una clara violación a la Ley de Función Pública y a las nuevas leyes de partidos y de régimen electoral, lo que obliga a la JCE a tomar medidas drásticas para restablecer la equidad y el respeto a las leyes violentadas con el uso de recursos públicos”, señala el comunicado.

Para su precampaña el señor Gonzalo Castillo ha designado como coordinadores y miembros de su equipo político con tareas territoriales a por lo menos quince ministros, entre los que se encuentran los ministerios de Agricultura, Turismo, Cultura, Industria y Comercio, Economía, Planificación y Desarrollo, Interior y Policía, Educación, Salud, Administración Pública, Medio ambiente, Ministerio de la Juventud y Administrativo de la presidencia. “Todos estos funcionarios son parte de los recursos que dispone el Estado y que ahora serán utilizados para fines partidarios con absoluto desparpajo, en la cara de toda la ciudadanía, sin el menor respeto por las leyes y las reglas que norman la función pública y las actividades electorales”, indicó el Consejo Nacional de PC.

Si la Junta Central Electoral no interviene ante una situación tan descarada no habrá forma de poner ningún tipo de límite y el país seguirá siendo tierra de nadie, donde se impondrá no el que tenga el favor de los votantes, sino el que pueda comprarlos de cualquier forma y más cuando se está disponiendo de los recursos del Estado.

Consejo Nacional
13 septiembre del 2019

Santo Domingo, República Dominicana. En el marco de las acciones del proceso de Observación Electoral correspondiente al período 2019-2020, el movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, presentó el proyecto “Promoviendo la Participación de las Mujeres en las Elecciones del 2020 en la República Dominicana” una iniciativa financiada por el Gobierno de Canadá a través del Fondo Canadiense para Iniciativas Locales.

Con el lema “Generar cambios requiere igualdad político-social” este proyecto tiene como objetivo promover y capacitar a las precandidatas y candidatas de todos los partidos políticos en las provincias del Gran Santo Domingo, Santiago, Azua y La Romana en temas relacionados a la participación en medios de comunicación, manejo de redes sociales y uso eficiente de recursos económicos dirigidos a campañas electorales, al tiempo que busca ofrecer una mayor exposición y una plataforma de lanzamiento a cada una de las contendientes, a fin de garantizar una participación política de la mujer más competitiva sustentada en la igualdad, la integridad y el aporte a la sociedad dominicana.

La actividad contó con la presencia de la Excelentísima Embajadora de Canadá en la República Dominicana, Shauna Hemingway; el Coordinador General de Participación Ciudadana, Heiromy Castro; la Presidenta del Foro Nacional de Mujeres de los Partidos Políticos de la República Dominicana, María Rosa Belliard y de la Encargada del Departamento de Género de la Junta Central Electoral, María Luisa Victoria.

Heiromy Castro, coordinador general de Participación Ciudadana, expresó que es un deber de todos los ciudadanos velar por homogenizar la representatividad de cada uno de los grupos sociales que componen nuestro país. “Promover una sociedad donde las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades, deberes y derechos nos permitirá alcanzar niveles de desarrollo superiores y adaptados a nuestros  tiempos”, aseguró Castro.

Este proyecto se enmarca de manera especial en las numerosas acciones y actividades que desde el mes de julio del presente año realiza Participación Ciudadana, y cuenta además con el apoyo de reconocidas organizaciones de la sociedad civil, académicas y políticas de relevancia como el Centro de Acción para la Investigación Femenina (CIPAF), el Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (IGEF-UASD), el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC) y el Foro Nacional de Mujeres de los Partidos Políticos de la República Dominicana.

Consejo Nacional
11 de septiembre de 2019

Participación Ciudadana llama a la Cámara de Cuentas a redefinir sus prioridades, a los fines de que responda a un verdadero organismo de control externo al servicio de los intereses de la sociedad.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, indicó que el bajo rendimiento que las anteriores y la presente Cámara de Cuentas han tenido en su trabajo medido por la cantidad, importancia y calidad de las auditorías realizadas, constituye una amenaza para la preservación y correcto uso de los fondos públicos, generados por el pueblo con sus impuestos, tasas y contribuciones.

Participación Ciudadana a través de un comunicado de prensa expresó que del total de auditorías finalizadas por la Cámara de Cuentas desde el año 2012 al 2019 ascendieron a 356, lo que da un promedio de 51 auditorías al año. “Si se toma en cuenta que las instituciones del Estado a ser auditadas son unas 1,470 a las que hay que agregar 32 partidos y movimientos políticos y 1,196 organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos públicos, sumando 2,698 instituciones, entonces solo el 13% ha sido auditadas en estos últimos siete años”.

Para el movimiento cívico, si se acepta el argumento de la Cámara de Cuentas de que dispone de personal insuficiente para realizar su trabajo, por lo cual se ha fijado la meta en su Plan Anual de Auditoria (PAA) de realizar al menos una auditoria por institución cada cuatro años, entonces el total a realizarse a la fecha ha debido ser de 5,396 (2,698 X2).

“No se trata solo del limitado número de auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas, sino que los años que cubren tienen un gran retraso. De las 356 auditorías publicadas, unas 236 equivalentes a las dos terceras partes (66.29), corresponde a los ejercicios presupuestarios del período 2006, 2007, 2008 y 2009, es decir de hace diez años. Esto puede tener un nefasto efecto para el Estado y la sociedad, consistente en que de haber ocurrido actos de corrupción en algunas de esas 236 instituciones, los responsables pueden alegar la prescripción del delito, al haber transcurrido diez años”, declaró el Consejo Nacional de PC.

El trabajo de la Cámara de Cuentas se muestra ineficaz, también, al valorar las propias prioridades que esta se ha fijado en sus planes anuales de auditoria. Como se conoce, el peso del gasto público descansa en el gobierno central y en sus ministerios. Sin embargo, no se conocen de auditorías realizadas a los Ministerios de la Presidencia, de Relaciones Exteriores y de la Administración Pública. Tampoco ha sido persistente con los ministerios que más presupuesto manejan como son Obras Públicas, Salud y Educación.

Para Participación Ciudadana es insólito el caso del Ministerio de Educación que en doce años solo se le ha realizado dos auditorías correspondientes al 2009 y 2010, lo que significa que a la fecha el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) que empezó a entregarse en 2013 no ha sido auditado. “Al Ministerio de Salud Pública solo se le ha auditado los años 2010 y 2011 y a Obras Públicas las auditorias solo llegan al 2014. Se tratan de cientos de miles de millones de pesos que se desconoce de su fiel inversión.  Esto cuestiona la calidad del informe que la Cámara de Cuentas presenta cada año al Congreso Nacional”.

Otro aspecto que llama la atención para Participación Ciudadana es el trabajo profesional que debe realizar la Cámara de Cuentas, pues solo ha remitido a la Procuraduría General de la República un total de diez auditorias de instituciones de muy poco peso presupuestario para que se profundice en la investigación penal, lo cual tampoco se ha hecho. Dado el nivel de denuncias que se registra en los medios de comunicación, y los casos de corrupción que frecuentemente afloran en la opinión pública, resulta insignificante la referida cantidad.

Tampoco se conoce de un solo caso en que la Cámara de Cuentas, haciendo uso de las prerrogativas legales que le otorga los artículos 46, 47 y 48 de su ley orgánica 10-04, y el artículo 148 de la Constitución de la República, sobre la responsabilidad civil de los funcionarios públicos, haya obligado a algún funcionario a pagar a la Administración los daños originados por sus acciones negligentes u omisiones.

De igual modo, la Cámara de Cuentas no está haciendo uso de otra herramienta poderosa para el control externo, que es el control social, definido en el artículo 7.4 de la Ley 10-04, al no crear un reglamento efectivo y de los mecanismos eficientes para que las organizaciones sociales y la ciudadanía en general den seguimiento al gasto público.

Participación Ciudadana llama a la Cámara de Cuentas a redefinir sus planes de trabajo, sus estrategias, prioridades y todo su accionar, a los fines de que responda a un verdadero organismo de control externo al servicio de los intereses de la sociedad.

Consejo Nacional
09 de septiembre del 2019

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, solicitó vía comunicación el pasado 02 de septiembre al Licenciado Juan Jiménez Bichara,  vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) que el resultado financiero, técnico y ambiental del Proyecto Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) sea transparentado, lo que ha resultado difícil de establecer tras la deficiente “investigación especial” que realizara la Cámara de Cuentas sobre el proyecto más grande del gobierno actual.

Participación Ciudadana, requirió un conjunto de informaciones de interés nacional relativas a la inversión del Estado en el Proyecto Punta Catalina, ya que según la comunicación enviada, la investigación realizada por la Cámara de Cuentas para el período del 11 de enero del 2013 al  31 de diciembre del 2017 carece de informaciones, notas y anexos fundamentales para que la ciudadanía pueda estimar si los enormes fondos públicos invertidos en ese proyecto se han manejado de acuerdo al contrato firmado y a las leyes dominicanas. “De igual modo faltan informaciones de las operaciones y decisiones de los años 2018 y 2019, de las cuales surgen varias interrogantes”. Señaló el Consejo Nacional de PC.

La organización solicitó que también sean identificadas las personas beneficiarias de los contratos de asesoría y que se esclarezca si se verificó que no existían conflictos de interés en los mismos. “Debe ser explicado el hecho de que en las audiciones de la auditoría o investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas esta registra al 31 de diciembre del año 2017 gastos realizados en el Proyecto CTPC con facturas en poder de la CDEEE de un total de mil novecientos cuarenta y tres millones de dólares (US$ 1,943.622, 629.00) que sumados a los ciento cincuenta millones de dólares entregados como anticipo a Odebrecht al inicio del proyecto suma dos mil noventa y tres millones de dólares (US$ 2,093.622.629), lo que sobre pasa lo aprobado por el Congreso Nacional”.

A través de la comunicación, Participación Ciudadana, requirió, además un informe de todos los aspectos del Contrato EPC No. 104/14 que el Consorcio Odebrecht – Tecnimont – Estrella ha cumplido y de los que no ha cumplido, total o parcialmente.

Consejo Nacional
05 de septiembre de 2019