Santo Domingo, República Dominicana.- En el marco de la ruta para cumplir su promesa de un gobierno paritario, un conjunto de organizaciones sociales pidieron hoy al presidente electo, Luis Abinader, y al Partido Revolucionario Moderno (PRM), considerar el liderazgo de las mujeres para ocupar ministerios, viceministerios y direcciones claves.

Ciudad Alternativa, Fundación Solidaridad, Participación Ciudadana,  Oxfam, Foro Ciudadano, Alianza Cristiana Dominicana (ACD), el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER), el Centro de Estudios de Género del INTEC, el Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, el Movimiento de Mujeres Mamá Tingó, el Club de Madre La Voz de la Esperanza, Grupo de Mujeres Mamá Tingo, FUNDOAMOR, COTEDO y la  Red de Mujeres Dominicanas RED-MUJERD, entre otras, hacen la demanda de un gabinete paritario.

Señalaron que las mujeres deben ser tomadas en cuenta de manera paritaria porque cuentan con capacidades y estudios, como demuestra el hecho de que la República Dominicana tiene el porcentaje más alto de mujeres graduadas de estudios superiores en Latinoamérica, con un 65,78 %, según un informe de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) titulado el “Diagnóstico de la Educación Superior en Iberoamérica 2019”; son el 50% de la población y el 50% del padrón electoral.

“Aun estamos a tiempo de designar a más mujeres en los ministerios y así acercarnos al compromiso asumido por el Presidente Electo respecto a que el 50% de la administración pública sería ocupado por mujeres. Los viceministerios también son estructuras que pueden ayudar a dar pasos importantes hacia la conformación de un gabinete que aumente la participación de las mujeres en los principales puestos del tren gubernamental y que cumpla con la equidad e igualdad de género establecidas en la Constitución, en la Estrategia Nacional de Desarrollo y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, manifestaron.

No obstante, indicaron que es importante que esa participación de mujeres no reproduzca los estereotipos de género ni la división sexual del trabajo y supere los techos de cristal, de ahí la relevancia de tener viceministras en el área económica e industrial y en la posición técnica. “Sería interesante y justo que se pueda cumplir esa paridad de género también en las direcciones”, agregaron.

En ese sentido, en el marco de la campaña “El ejemplo de igualdad empieza en casa”, iniciativa desarrollada bajo el proyecto “Acción ciudadana por una administración pública inclusiva que garantice los derechos humanos”, auspiciado por la Unión Europea, las entidades demandaron al nuevo Gobierno y al PRM contribuir a la corresponsabilidad, transparencia y participación entre la administración pública y la sociedad civil para garantizar derechos, la inclusión del enfoque de género en el diseño de políticas públicas y mejorar la calidad de los servicios públicos.

“Es necesario que esta perspectiva de género en la administración pública sea transversal en todo el Estado dominicano, incluyendo los ministerios donde hay hombres como incumbentes y que deberían entonces tener a su vez estructuras paritarias a lo interno de estos ministerios. La demanda es válida, no sólo para el Presidente Electo, sino para todo aquel o aquella que esté manejando instituciones públicas y que tiene la posibilidad de saldar una deuda histórica con las mujeres dominicanas en relación a mayor participación de ellas, para mayor y mejor democracia”, señalaron.

[fivo_docs title="AMICUS CURIAE DEPOSITADO" ids="10539″]Santo Domingo, República Dominicana. Diversas organizaciones de la sociedad civil depositaron ayer una instancia (Amicus curie) ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana con el objetivo de demandar la inconstitucionalidad del matrimonio infantil por ser una práctica nociva y perjudicial que afecta permanentemente los derechos de las niñas.

En la instancia depositada bajo el nombre de la Coalición de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas y como apoyo al recurso de la Misión Internacional de Justicia (IJM), las entidades indicaron que, en República Dominicana, según la encuesta ENHOGAR-MICS 2014, el 35.9% de las mujeres jóvenes (entre 20 y 24 años) se casó o unió antes de los 18 años y el 12.3% lo hizo antes de los 15 años. Ambas cifras se encuentran entre las más elevadas de América Latina y el Caribe, muy por encima de la media regional de adolescentes menores de 18 años casadas o unidas (23%) y más del doble de la media en adolescentes menores de 15 años (5%).

“El matrimonio infantil es una clara violación a los derechos humanos, siendo las niñas las más perjudicadas, quienes son consideradas cargas o mercancías a consecuencia de la desigualdad de género generalizada. Esta práctica vulnera los artículos 39.4, 43 y 56 de la Constitución, y los artículos 2 y 12 de la Convención de los Derechos del Niño, sobre el interés superior del niño y el derecho a opinar y ser escuchado”, expresaron.

Señalaron que a pesar de que la República Dominicana es un país de ingresos medios altos, la incidencia del matrimonio infantil es similar a la de los países del África Subsahariana. En esta última región, el promedio es de 39% de niñas y adolescentes que se casan antes de los 18 y un 12% antes de los 15 años.

Argumentaron que el matrimonio infantil y las uniones tempranas (MIUT) afectan especialmente a las niñas que viven en los sectores más empobrecidos: las áreas rurales y periurbanas, destacando que en el país el 58.6 % de las niñas del quintil más pobre se casan o unen antes de los 18 años y el 23% lo hace antes de cumplir los 15 años.

“La participación de la sociedad civil dominicana es un componente fundamental en la lucha contra la trata de personas en el país, dada su corresponsabilidad de contribuir a suprimir esta gravísima violación de los derechos humanos, demandando que todas las personas convivan en consonancia con los valores inherentes a la dignidad humana: igualdad, libertad y justicia”, manifestaron.

La Coalición de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas está integrada por Participación Ciudadana, Free The Slaves (FTS), Observatorio de Migrantes del Caribe (OBMICA), Save The Children, Casa Comunitaria de Justicia (CCJ), Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Adoratrices, Oblatas del Santísimo Redentor, el Centro de Orientación Integral (COIN), el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-MUJER) y el Movimiento Sociocultural para Los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA).

Otras organizaciones que han demandado la inconstitucionalidad el matrimonio infantil son los capítulos para República Dominicana del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-RD), el Consejo Latinoamericano de Estudiosos del Derecho Internacional y Comparado (COLADIC-RD), Plan International, Fundación Santa Lola, Fundación Centro Nuestra Esperanza y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Santo Domingo, República Dominicana. En relación a la designación de nuestro actual director ejecutivo, Carlos Pimentel, en una posición gubernamental, o cualquier otra que pudiera producirse de algunos de nuestros miembros o colaboradores/as, Participación Ciudadana reitera su condición de institución de la sociedad civil y representante en el país de Transparencia Internacional. En ese sentido, no tenemos ni asumiremos vínculos orgánicos, ni representación en ningún gobierno. Cualquier designación que asuman nuestros miembros y colaboradores/as es una decisión y responsabilidad personal a la que tienen todo el derecho como ciudadanos/as dominicanos/as.

Valoramos la entusiasta acogida que ha tenido el anuncio de la designación de Carlos Pimentel al frente del organismo rector de las compras y contrataciones del Estado y sabemos que además de ser un reconocimiento a sus cualidades personales, es una expresión de la confianza que la ciudadanía y la opinión pública han depositado en nuestra organización.

En sus 26 años, Participación Ciudadana ha sido una escuela práctica de democracia, y, como tal, en ella se han reunido y formado ciudadanos y ciudadanas de la más alta calidad, gente preparada y comprometida con la justicia, la transparencia, la institucionalidad y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Varios de nuestros ex directivos que asumieron funciones en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) o en las altas cortes, lo han hecho sin la menor intervención de nuestra organización y han puesto en alto nuestros principios con un trabajo honesto y responsable.  Entendemos positivo que un proyecto de gobierno comprometido con el cambio invite a participar a ciudadanos/as reconocidos por su trayectoria y esperamos que reciban el apoyo y ejerzan la independencia que exigen las funciones que hoy se les asignan.

Como una gran parte de la sociedad dominicana que expresó en las urnas su deseo de renovación de los tres poderes del Estado, confiamos que se harán realidad las promesas de un cambio positivo, tanto en el gobierno central como en el congreso y la justicia. Siempre hemos participado con propuestas de soluciones a los problemas nacionales. Lamentablemente, la mayoría de nuestros ideales han sido desoídos y en cambio hemos recibido los embates de quienes se aferran a prácticas y culturas políticas y administrativas que tanto daño han hecho a lo largo de toda nuestra historia.

Reiteramos nuestra disposición y compromiso de seguir participando como sociedad civil, presentando propuestas, movilizando a la ciudadanía, manteniendo una actitud crítica y de vigilancia para lograr una República Dominicana más transparente, democrática, justa, libre de corrupción e impunidad y donde se respeten los derechos de todos y todas.

CONSEJO NACIONAL
21 de julio de 2020

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico, Participación Ciudadana, depositó un escrito de intervención voluntaria en el recurso contencioso administrativo interpuesto por varios fiscales el pasado mes de febrero por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), procurando la nulidad del concurso interno CIT-01-2020 del Ministerio Público, mediante el cual se escogerían los titulares de procuradurías de cortes regionales, procuradurías especializadas, fiscalías y abogados del Estado.

“Solicitamos al TSA declarar nulo el concurso ya que el mismo viola principios fundamentales que rigen la Administración y es contrario a la Constitución dominicana, a la Ley No. 133-11 Orgánica del Ministerio Público y al Reglamento de Carrera del Ministerio Público.  Entre las irregularidades que presenta el concurso se cuenta que el mismo fue convocado sin previamente haberse establecido los escalafones correspondientes dentro del Ministerio Público y que, de acuerdo a la Ley, son indispensables previo a la designación de cualquier titular, movimiento de miembros y nombramiento de sustitutos. Sin el establecimiento de estos escalafones no se garantiza el respeto a la carrera de los miembros del Ministerio Público afectando el nombramiento de estos y comprometiendo su independencia y seriedad”, expresó el Consejo Nacional de la organización de la sociedad civil.

En un comunicado de prensa, Participación Ciudadana indicó que el concurso también fue realizado sin respeto al principio de debida publicidad, sin transparencia y con un censurable hermetismo, ya que ni los concursantes ni la ciudadanía en general pueden conocer quiénes fueron los aspirantes a los diferentes puestos.

“Asimismo, y como forma de procurar un nombramiento discrecional de los nuevos miembros, el concurso viola el debido proceso y la tutela judicial efectiva al otorgarle mayor puntuación en el proceso de evaluación a las etapas más discrecionales del mismo, como son las entrevistas, en lugar de guiarse -en base al principio constitucional de la buena administración-, por las mejores prácticas que privilegian los méritos, competencias, la experiencia y trayectoria de los aspirantes. Las bases del concurso igualmente vulneran el debido proceso, entre otras cosas, al impedir que los concursantes puedan recurrir cualquier decisión en su contra”, agregaron.

Con su intervención, Participación Ciudadana busca que este proceso irregular sea declarado nulo y consecuentemente se frene el intento de secuestro y control del Ministerio Público que esta entidad ha venido denunciando.

En el recurso de intervención voluntaria ante el Tribunal Superior Administrativo contra el concurso interno de elección de miembros del Ministerio Público, Participación Ciudadana tiene como abogados apoderados a la Dra. Fabiola Medina Garnes, el Dr Jesús Francos Rodríguez y la Dra. Melissa Silié Ruiz.

Consejo Nacional
14 de julio de 2020

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico, Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, solicitó hoy al presidente de la República, Danilo Medina, y al presidente electo, Luis Abinader, que, concluido el intercambio de información de las comisiones de transición designadas por ambos, se dé a conocer a la opinión pública nacional el estado de situación de la administración del Estado con que termina el presente gobierno e iniciará la nueva gestión.

En un comunicado de prensa, la organización de la sociedad civil indicó que corresponde por el principio de transparencia constitucional y por  el estado sanitario y económico en que se encuentra el país, que la sociedad esté consciente de la situación financiera del Banco Central; de la deuda pública; de los pagos pendientes por obras de construcción; los pagos en tránsito en cada institución y en el Ministerio de Hacienda; de la cantidad de empleados nombrados y temporales, en especial de los servidores de carrera; el manejo de los fondos especiales; el gasto tributario; los gastos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en las plantas de Punta Catalina; y la situación real de los hospitales en reconstrucción, muy especialmente la “Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar”, donde se ha invertido más de 15,000 millones de pesos, entre otros aspectos.

Participación Ciudadana expresó que, conjuntamente con los informes que se entreguen a la comisión de transición del nuevo gobernante, el presidente Danilo Medina debe enviar al Congreso y dar a conocer al país en cumplimiento de la Ley No. 21-18 Orgánica sobre regulación de los Estados de Excepción, el informe final del estado de emergencia que vivió el país desde el 19 de marzo al 27 de junio, período en el cual se han tomado muchas decisiones discrecionales y se han gastado más de 100,000 millones de pesos de lo previsto en el presupuesto para este año 2020.

Consejo Nacional
13 de julio de 2020

Santo Domingo, D.N.- Un conjunto de organizaciones sociales saludaron hoy la decisión del presidente electo, Luis Abinader, de nombrar a partir de este 16 de agosto, mujeres como gobernadoras de las 31 provincias.

Ciudad Alternativa, Fundación Solidaridad, Participación Ciudadana y Oxfam en República Dominicana, valoraron como correcto el argumento presentado por Abinader al anunciar la decisión, donde dijo: “el liderazgo local femenino debe incentivarse y promoverse”.

En ese orden, las organizaciones reiteraron el llamado al Presidente electo y al Partido Revolucionario Moderno (PRM) para que también valoren ese liderazgo femenino al momento de la designación de los ministerios más trascendentales.

“En la actualidad sólo tres ministerios de 23 son ocupados por mujeres (Juventud, Mujer y Educación Superior). Es necesario superar esas desigualdades y que, desde su inicio, la nueva administración forme un gabinete que tenga participación equitativa de mujeres y hombres frente a las instituciones más relevantes del Estado y que no reproduzca los estereotipos de género que debe combatir en toda la sociedad.

Las entidades, agrupadas en el consorcio del Proyecto “Acción ciudadana por una administración pública inclusiva que garantice los derechos humanos”, financiado por la Unión Europea, presentaron la campaña “El ejemplo de igualdad comienza por casa” y recordaron que, para dar cumplimiento a la Constitución dominicana, a la Estrategia Nacional de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Luis Abinader y el PRM deben incluir desde ahora el enfoque de género en la toma de decisiones.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, presentó los resultados de su conteo alterno del nivel presidencial de las Elecciones Extraordinarias Generales celebradas el pasado 5 de julio de 2020.

La entidad de la sociedad civil, que ha observado 12 procesos electorales y realizado con éxito ocho conteos alternos, explicó que los presentes resultados provienen de 1,200 colegios electorales, equivalentes a una muestra de 7.5% del total de colegios, en los cuales votaron 519,323 ciudadanos y ciudadanas en el territorio nacional. El error muestral es de +/- 1.2%

La muestra no incluyó los votantes del exterior, aunque si se realizó observación cualitativa en varias ciudades de diferentes países.

En un comunicado de prensa, la organización cívica indicó que la muestra se diseñó mediante el procedimiento del muestreo aleatorio sistemático. En cada colegio de la muestra hubo un observador/a que se mantuvo presente desde la instalación hasta el término del escrutinio, quien transmitió los resultados al centro de cómputos de Participación Ciudadana, donde fueron procesados y analizados por un equipo especializado con experiencia en procesos, tanto en la República Dominicana como en otros países del mundo.

Resultados del conteo alterno de Participación Ciudadana. No incluye voto en el exterior. 

Resultados OE2020 – Comparacion PC y JCE – 75%

La institución informó que estos resultados, antes de emitir el boletín final del nivel presidencial, fueron entregados al presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán; al presidente del Consejo de Administración del Banco BHD León, Luis Molina Achécar; a monseñor Tomás Morel y al padre William Arias, de la Arquidiócesis de Santiago.

Participación Ciudadana observa las elecciones dominicanas desde 1996 con el objetivo de contribuir a la transparencia de los procesos electorales, el respeto de la democracia y la voluntad popular en las urnas. En los pasados comicios contó con más de 2800 observadores/as distribuidos en todo el territorio nacional y en el exterior.

Consejo Nacional
8 de julio de 2020

Santo Domingo, República Dominicana. Las Elecciones Extraordinarias Presidenciales y Congresuales que se realizan tanto en territorio dominicano como en ultramar se han desarrollado hasta el momento con importante asistencia de electores.

Los observadores y observadoras de Participación Ciudadana pudieron constatar la instalación a tiempo del 84% de los colegios electorales, gracias a la presencia de todos los funcionarios y funcionarias. En más del 97% de los colegios se contó con la provisión de todos los materiales y documentos correspondientes. En el 96% se comprobó que las urnas estaban vacías antes del inicio de la votación.

Los principales incidentes reportados hasta el momento han sido una balacera con un muerto y tres heridos en el sector Simón Bolívar, el robo de una valija de materiales electorales en Barahona y boletas pre-marcadas en la provincia Duarte. Parte importante de los colegios en Nueva York y Nueva Jersey iniciaron tarde.  En el 86% de los colegios predominó el orden en las filas.

En los alrededores del 17% de los recintos reportados en la mañana se pudo observar compra de votos. Los principales partidos tuvieron participación en esta práctica ilegal. En el 88.6% de los locales donde se observó, participó el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el 63.6% participó el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y, en el 19.3% la Fuerza del Pueblo. Otras fuerzas políticas también lo hicieron, pero en menor proporción.

Los partidos políticos realizaron proselitismo en franca violación de la Ley Electoral en el 41% de los recintos de votación. En el 92.2% el PLD, en el 83.2% el PRM, y en el 35.3% la Fuerza del Pueblo; en la mayoría de los casos con la exhibición de distintivos en dimensiones exageradas (baberos) con las fotos de los candidatos y candidatas. También se observó propaganda impresa, gorras, camisetas, botones, entre otras acciones de propaganda.

En los casos en que se identificaron delitos electorales como la compra de votos o el proselitismo electoral, los observadores reportaron que en el 17% de los casos la Policía Electoral ignoró la situación o simplemente dispersó a quienes incurrían en el delito.

En el 80% de los recintos de votación la Policía Electoral dispersaba a las personas que ya habían votado y estaban en los alrededores.

Con respecto al protocolo sanitario, en el 100% de los colegios los electores llevaban mascarillas y en el 94% se respetaban las reglas de distanciamiento. La cédula era desinfectada en el 84% de los colegios, y lo mismo para los marcadores en el 74%.

La población ha respondido al llamado de Participación Ciudadana para reportar situaciones alrededor del proceso de votación. Hasta el momento hemos recibido 48 reportes a través de la plataforma atentocontuvoto.org, de los cuales hemos podido confirmar 38. En la mayoría de los casos coinciden con las informaciones de nuestros observadores fijos e itinerantes.

En el 2% de los recintos se impidió el acceso de los observadores de nuestra institución, aunque posteriormente la mayoría pudo hacerlo. Fue necesario que solicitáramos a la Junta Central Electoral (JCE) garantizar la presencia de nuestros observadores/as en los recintos o colegios de votación.

Participación Ciudadana está presente en toda la geografía nacional y en el exterior a través de nuestra red de 2,850 observadores, de los cuales 1,600 se mantendrán fijos todo el día en una muestra aleatoria del 10% de los colegios del territorio nacional. El resto, realizando observación itinerante, recorriendo distintos centros de votación del país.

Para el exterior también se contó con observadores/as itinerantes y fijos, aunque, por circunstancias especiales, no se incluirá sus resultados en el conteo rápido o alterno.

La organización de la sociedad civil saluda la participación de la población en este proceso crucial para el fortalecimiento de la democracia. Exhortamos a quienes no lo han hecho a cumplir con su deber cívico y presentarse ante su colegio para votar, cumpliendo con el protocolo sanitario.

El próximo informe de observación será presentado a las 7:00 de la noche.

CONSEJO NACIONAL
05 de julio 2020

Por: Isidoro Santana, miembro de Participación Ciudadana

Publicación original en acento.com.do

Participación Ciudadana suele trabajar con una muestra de en torno al 10% de los colegios electorales, lo que arrojará un número muy elevado de votos. Por ejemplo, para las próximas elecciones pretende trabajar con una muestra de 1,600 colegios.

Resulta extraña la confusión que todavía persiste, aún en personalidades del mundo intelectual, entre lo que es un conteo rápido, como el que hace Participación Ciudadana, y una encuesta a boca de urna. El conteo rápido no mide intención de voto, como las encuestas de opinión política. Por cierto, que la encuesta a boca de urna tampoco, pero Participación Ciudadana nunca ha hecho encuestas a boca de urna.

Estas tienen dos cosas en común con el conteo rápido: que se basan en la técnica del muestreo estadístico y que pretenden medir resultados después que el ciudadano votó. Esto último distingue a ambos de las encuestas de preferencias electorales, que miden intención de votos, antes de que ocurra.

La encuesta a boca de urna se basa en respuestas de los votantes. Es cierto que responden sobre lo que hicieron después de depositar su voto, pero por múltiples circunstancias el ciudadano puede estar mintiendo al encuestador.

En el conteo rápido eso no ocurre, sencillamente porque no se pregunta, sino que se lee el acta y se transmiten los resultados a un centro de cómputos en el cual se procesan. Por otro lado, toda encuesta trabaja con una muestra muy pequeña del universo, mientras que el conteo rápido, al procesar las actas, reúne en cada una a centenares de votantes, lo que genera una muestra muy grande. Una encuesta puede medir resultados con las respuestas de 1,300 votantes, pero en un conteo rápido eso no se podría porque la muestra no serviría, ya que apenas cubriría tres colegios.

Y si ya se tienen las actas, ¿por qué no hacer el cómputo completo? Lo que ocurre es que el conteo rápido procura medir los resultados con mayor agilidad que los cómputos oficiales y, además, realizar el cómputo completo es algo sólo al alcance del organismo que organiza las elecciones, pues es un procedimiento costoso, que demanda de un aparato institucional que no está al alcance de cualquier organización.

Y si se va a hacer el cómputo, ¿para qué el conteo rápido? Este surgió en momentos en que existía poca credibilidad en los procesos electorales de algunos países. Donde primero se puso en práctica fue en los países que transitaban de la dictadura a la democracia en Europa del Este, Asia Central y América Latina, desde finales de la década de 1980 y durante el decenio de 1990.

En los últimos tiempos, dados los avances de las comunicaciones y la tecnología, es posible que las autoridades electorales puedan procesar los datos de las elecciones también rápidamente. Y, dependiendo de las condiciones políticas, también podrían divulgarlos sin coacción ni mayor dilación. En este caso el conteo rápido pierde la ventaja de la rapidez, pero se convierte en un conteo alternativo, una segunda opinión.

Por eso, en los países en que la democracia mantiene muchas debilidades, este instrumento persiste como un medio de darle a la ciudadanía la oportunidad de conocer una versión alternativa de los resultados electorales. Es particularmente útil cuando las instituciones son débiles, cuando el organismo electoral responde al poder político o tiene poca credibilidad, o cuando se puede recurrir a la fuerza pública para desvirtuar u ocultar los resultados. Por eso mucha gente se siente más tranquila sabiendo que dispondrá de un conteo rápido independiente.

Participación Ciudadana suele trabajar con una muestra de en torno al 10% de los colegios electorales, lo que arrojará un número muy elevado de votos. Por ejemplo, para las próximas elecciones pretende trabajar con una muestra de 1,600 colegios. Como el promedio de electores por colegio es de aproximadamente 433, el conteo podría permitirnos cubrir cerca de 700 mil electores.

Claro está que nunca llegará a ese número porque no votan todos. Y además, una pequeña parte de la muestra se pierde por cualquier motivo, y otra parte de datos llega con tardanza por problemas de comunicación. No recuerdo cómo fue la última experiencia debido a que no pude participar dado que era funcionario público, pero es habitual que tras tres o cuatro horas de cierre de los colegios ya se tengan datos casi exactos, coincidentes con los que posteriormente suministra la JCE cuando termina. Naturalmente, han coincidido estos ejercicios con una época en que la JCE ha procesado y suministrado datos fidedignos.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, apela a la responsabilidad del liderazgo partidario y lo exhorta a colocar en primer lugar el interés nacional, a los fines de celebrar el 5 de julio unas elecciones limpias y ordenadas que den paso a un Gobierno rodeado de legitimidad, con el apoyo y la energía necesarios para enfrentar los grandes desafíos que en estos momentos tiene el país.

En un comunicado de prensa, el Consejo Nacional de la organización de la sociedad civil expresó que en un país donde los deportes y la política se realizan con pasión, es normal que a días de las elecciones aumente la presión que ejercen los candidatos/as y los partidos que les apoyan, pero también es la oportunidad para que los dirigentes políticos demuestren de qué madera está hecho su liderazgo y lo ejerzan con responsabilidad, sin excesos, respetando las leyes y las mejores prácticas electorales.

Indicó que han visto con alarma la reproducción en la radio, televisión nacional y redes sociales de interceptaciones telefónicas no autorizadas, violando derechos fundamentales, así como diversas leyes que sancionan estas acciones con penas de uno a tres años, sin que el Ministerio Público se haya dignado a iniciar una investigación.

“Para Participación Ciudadana los excesos han llegado hasta el punto de publicar en la prensa nacional anuncios que implican una clara amenaza contra los empleados públicos, en violación al artículo 285.4 de la Ley de Régimen Electoral, que sanciona con penas de tres meses a un año de prisión a ‘los que incitaren o cohibieren en cualquier forma a un elector en el ejercicio de su derecho’, como también viola el artículo 284.19 de la misma ley”, manifiesta en el comunicado.

Participación Ciudadana explicó que el Presidente de la República, como líder político, tiene el mismo derecho que cualquier otro funcionario público de hacer campaña por los candidatos de su partido, para lo cual debe tomar una licencia de sus funciones públicas, a fin de no violentar el párrafo III del artículo 196 de la Ley Electoral, que prohíbe a los funcionarios públicos prevalerse de su cargo para realizar campaña y/o proselitismo a favor de un partido o candidato/a, lo que aplicaría por igual a los funcionarios municipales.

La entidad de la sociedad civil destacó que en este momento en que está concluyendo la campaña electoral, aun los partidos políticos y sus candidatos no han cumplido con lo establecido en las nuevas leyes que lo regulan que establecen poner a disposición de la ciudadanía, a través de la Junta Central Electoral (JCE), los nombres, apellidos y cédulas de todos sus contribuyentes de fondos, incluyendo los montos aportados, única forma en que se puede controlar el tope legal de aportes que pueden recibirse. La JCE y la Unidad Especializada de Control Financiero de los partidos, no han ejercido la autoridad que les confiere la norma en esta materia para obligar a su cumplimiento.

“La campaña electoral, una vez más, ha estado dominada por el clientelismo, sobre todo porque se ha preferido aprovechar la terrible pandemia que nos abate para convertir las ayudas humanitarias en un instrumento de captación de votos con lo que se humilla a la ciudadanía, al pretender comerciar con su conciencia, en lugar de elevarla y educarla”, sostuvo el Consejo Nacional del Movimiento Cívico.

Participación Ciudadana lamenta la ausencia de la recién creada Procuraduría Especializada para Delitos Electorales que, aunque todavía no cuenta con las condiciones adecuadas para cumplir su misión, podría haber hecho una diferencia de frente a los múltiples delitos electorales que están a la vista de todo el país y el mundo. “Entendemos que todavía hay tiempo, dado que los mayores delitos se producen alrededor del día de las elecciones, para dar inicio a la ansiada etapa de terminar con la impunidad que siempre ha rodeado a los delitos electorales”, resaltó.

“A una semana de las votaciones llamamos a la ciudadanía a la reflexión, a evaluar las propuestas de cada candidato/a, a examinar su hoja de vida, a elegir a las personas que mejor pueden representarnos en la Presidencia, Vicepresidencia y en el Congreso Nacional. Ahora es el turno de 7 millones 529 mil 932 ciudadanos y ciudadanas que tienen el deber de salir a ejercer el sufragio acatando las medidas del protocolo sanitario aprobado por el órgano electoral, consciente de que su voto es su poder, de que su voto decidirá el futuro de nuestro país”, expresó en el comunicado.

Participación Ciudadana, con sus 2,830 observadores/as y colaboradores/as vigilará que el proceso sea transparente, se respete la democracia y la voluntad de la ciudadanía. Para que todos los ciudadanos y ciudadanas sean observadores/as electorales disponen de la plataforma atentocontuvoto.org , donde pueden denunciar cualquier irregularidad que presencien antes y durante las elecciones.

Consejo Nacional
27 de junio de 2020