Seguimos promoviendo el consenso

** Deploramos la elección unilateral de los jueces electorales.
** La confrontación afecta la gobernabilidad y crea incertidumbre.
** Favorecemos un diálogo constructivo y sin exclusiones.

Después de un detenido análisis de la situación derivada de la elección de los nuevos jueces electorales, Participación Ciudadana desea fijar la siguiente posición:

1.- Deploramos profundamente que la elección de los jueces de la Junta Central Electoral se haya hecho de forma unilateral, aplicando mecánicamente la mayoría gubernamental e ignorando a las demás fuerzas políticas que inciden en el Congreso Nacional y  la democracia dominicana, así como a las instituciones sociales que, como la nuestra,  abogamos por normas de convivencia política que permitan el fortalecimiento de  la institucionalidad democrática.

2.- Vemos con preocupación la creación de un clima de enfrentamiento que involucra al gobierno y sus expresiones políticas, de un lado, y a los partidos mayoritarios de oposición por el otro, con toda la distracción de energías y los enconos que comporta, en momentos de dificultades económicas en gran parte derivadas de un ámbito internacional muy desfavorable.

3.- Consideramos particularmente grave que a consecuencia del enfrentamiento los bloques legislativos de oposición decidieran retirarse de las cámaras legislativas, lo que perturba el desenvolvimiento del Poder Legislativo y pone en entredicho la pluralidad política del Estado, proyectando una imagen de inestabilidad nacional perjudicial para las inversiones y el crédito de la nación.

4.- Reiteramos que la búsqueda de consenso no implica desconocimiento de las mayorías  ni mucho menos de la función de los órganos legislativos ni de los mandatos constitucionales. Reconocemos la facultad constitucional del Senado para escoger a los miembros de la JCE, pero una cosa es tener facultad para hacer algo y otra es que sea correcto hacerlo de esa manera. Lo ideal sería que en materias sensibles la consulta abarcara a la generalidad de los electores, pero al carecerse de los mecanismos institucionales para ello, como serían el plebiscito o el referéndum, deben tomarse en cuenta al menos las expresiones de la diversidad de las organizaciones de todos los estamentos de la  sociedad.

5.- Reivindicamos como expresión de madurez democrática, y no como conspiración contra el Poder Legislativo, la búsqueda de consenso que se ha hecho práctica durante la última década en la sociedad dominicana, dos veces para la elección de jueces electorales y para la aprobación de numerosas  reformas a nuestros códigos, incluyendo el de Trabajo, el Monetario y Financiero, y las leyes generales de Educación, Salud, Electricidad, Capitalización de las Empresas Públicas, Seguridad Social y otras. En todos los casos, la institucionalidad democrática ha salido fortalecida, nunca debilitada. Y en muchos de ellos fueron necesarios varios años de conciliaciones de posiciones con la participación de los partidos políticos y de los sectores sociales involucrados.

6. Como institución, no hemos cuestionado a los jueces electorales del pasado período y, por el contrario, hemos resaltado el excelente trabajo que realizaron en la conformación del padrón electoral que ha sido utilizado en las últimas dos elecciones. Nuestra evaluación de tales procesos electorales está contenida en informes públicos que describen los aciertos y fallas de ambos procesos, y un balance general positivo al respecto.  Tampoco tuvimos ni tenemos candidatos, ni hemos presentado ni promovido a ninguno de los propuestos por otras instituciones. Ello no impide que reconozcamos el derecho a disentir de otros sectores políticos y sociales y que pidamos que  se les tome en cuenta.

7.- Reafirmamos que la Junta Central Electoral no sólo debe ser imparcial, sino vista como tal por la generalidad de los actores del sistema electoral. Y que los jueces electorales, como los demás magistrados, deben ser aceptables para todos los que se someten a su jurisdicción. En este caso con mayor fuerza, ya que no debaten materias de índole individual o grupal, sino de la esencia misma de la convivencia nacional y la institucionalidad democrática.

8.- Mantenemos nuestras aspiraciones de consenso y formulamos un llamado a todos los actores políticos para que depongan pasiones y sectarismo y, en aras de  la nación, se aboquen a un diálogo constructivo, sin exclusiones de ningún género, del cual salgan soluciones que permitan superar los actuales enfrentamientos y establecer niveles de intercambio que permitan concentrar las mayores energías en las grandes tareas del desarrollo nacional y la lucha contra la pobreza, y que las elecciones presidenciales de 2004 puedan llevarse a cabo dentro de un clima de absoluta confianza por parte de todos los agentes involucrados.

9.- Reafirmamos nuestro propósito de proseguir el diálogo con los partidos políticos y los órganos del Estado en interés de contribuir al fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática. Sin prejuicios, sectarismos ni exclusiones. Con todos.-