PC Presenta Segundo Informe de Observación Electoral

Participación Ciudadana presentó su “Segundo Informe de Observación Electoral” en el que anunció que ha iniciado un proceso de concertación con decenas de organizaciones sociales a nivel nacional, para incorporarlas a su observación del proceso electoral en marcha, como ha sido tradición desde la conformación de su primera red en los comicios de 1996.

El Movimiento Cívico destacó que la presentación al Congreso Nacional del Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral fue el acontecimiento más positivo de las últimas semanas, para cuya aprobación será precisa una concertación política, ya que  por tratarse de una ley orgánica su aprobación requiere dos terceras partes de la votación en cada cámara legislativa.

Agregó que ese concierto debe extenderse también al Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas en manos de los legisladores desde mediados del año.

El Segundo Informe de Observación Electoral fue presentado durante una rueda de prensa en la que participaron Javier Cabreja, director ejecutivo de PC; Samir Chami Isa, coordinador general de PC; Francisco Álvarez y Fatima Lorenzo, miembros del Consejo Nacional de PC.  

Samir Chami Isa, coordinador general de PC, dijo que el proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral elaborado por una misión de la Organización de Estados Americanos a solicitud de la JCE, es fundamental para adecuar la Junta Central Electoral a la nueva Constitución de la República ya que contiene importantes reformas para reglamentar las campañas electorales y transparentar el financiamiento y el gasto de los partidos y candidatos.

Chami Isa indicó que por otro lado, el arresto de un acusado de narcotráfico,  en proceso de extradición a Estados Unidos,  que promovía un movimiento de apoyo a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, fue motivo de justa alarma al finalizar noviembre.

Isa denunció que el escándalo fue mayor por cuanto de inmediato saltó a la luz pública copia de un cheque por 500 mil pesos emitido por el mismo personaje como financiamiento a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en el 2004, lo que implica que el presunto narcotraficante llevaba años incidiendo en campañas electorales.

El Segundo Informe indica que esta ocurrencia magnifica la urgencia de que el liderazgo político acepte la necesidad de limitar la extensión y el gasto de las campañas electorales y de hacer transparente su financiamiento.

“Como es conocido, en la última semana de noviembre el presidente de la JCE, doctor Roberto Rosario, informó sobre importantes avances en el proceso organizativo de la elección presidencial del 2012, sosteniendo que a esa fecha se había cumplido el calendario de ejecuciones previsto, compendiando el 47 por ciento de las acciones”, señaló Samir Chami Isa.

Destacó que otro anuncio positivo lo constituyó la solicitud a la OEA para la realización de una auditoría al padrón electoral, el cual quedará cerrado provisionalmente el 20 de diciembre próximo. Se informó que también será  auditado el centro de cómputos de la JCE, lo que debe ser aplaudido. Estas buenas noticias quedaron empañadas por el hecho de haber sido anunciadas antes de ser conocidas y aprobadas por el pleno de los miembros de un organismo que como la JCE es colegiado.

Observación de Vallas

Como parte de la observación electoral, Participación Ciudadana realizó  un monitoreo de la vallas colocadas en las tres principales carreteras del país, lo que arrojó un balance muy desigual en la propaganda electoral en beneficio de la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, la cual copa los espacios visuales. En algunas zonas el color morado predomina casi absolutamente.

Se registraron un total de 2 mil 659 vallas de promoción política en tamaños grandes, medianos y pequeños, de las cuales 1,667, el 62.8 por ciento, corresponden a la candidatura Danilo Medina-Margarita Cedeño; y 327, equivalentes al 12.3 por ciento, a la de Hipólito Mejía-Luis Abinader, del Partido Revolucionario Dominicano. Los demás partidos con el por ciento restante.

Asimismo manifestaron preocupación porque todavía no se ha buscando una solución al conflicto generado por la renuncia del Administrador de Informática de la JCE Miguel Ángel García y la permanencia en la posición de Director del Departamento de Informática, ahora como máximo responsable, del Lic. Franklin Frías, a pesar de que éste último no cuenta con la confianza de varios partidos políticos, que han solicitado su separación de la posición.

Participación Ciudadana insiste en que resulta indispensable una solución consensuada de este conflicto, avalada por el pleno de la JCE, con la finalidad de rodear el proceso electoral de la credibilidad necesaria que permita aceptar los resultados de las próximas elecciones sin mayores dificultades.

Añadieron que en nuestro primer Informe de Observación Electoral alertamos sobre los conflictos existentes a lo interno de la Junta Municipal Electoral de Santiago, luego de la separación de su miembro Franklin Rosa, que posteriormente dio lugar a la renuncia del miembro Nicolás Cantizano. Existen indicios importantes de que el conflicto está llegando a su fin, con el retiro por parte del PRD de la recusación contra el presidente de la Junta y el retiro de la renuncia del miembro Nicolás Cantizano, ya aceptado por la JCE.

Explicaron que el 8 de diciembre, el Consejo Asesor del candidato Hipólito Mejía, notificó un acto de alguacil a los actuales miembros de la JCE requiriéndoles que cesen en sus funciones; esto se hizo, alegando que con la designación de los actuales miembros de la JCE, el Senado había violado la disposición transitoria séptima de la Constitución.  Esta situación  fue advertida  por Participación Ciudadana en octubre del 2010, cuando lamentaba que el Senado continuara «el proceso de selección de los miembros de la Junta Central Electoral sin antes modificar la ley que aún exige que sólo  los abogados puedan ser miembros» y agregaba que «la disposición transitoria séptima de la nueva Constitución exige primero la conformación del órgano antes de la elección de sus miembros».

Esta reacción del Consejo Asesor es extemporánea y solo contribuye a agregar nuevos ingredientes innecesarios al proceso de mediación entre el PLD y el PRD, y su aplicación generaría mayores problemas que los que pretende resolver.

Una solución más razonable en los actuales momentos sería terminar de cumplir con los requisitos que manda la Constitución, es decir la designación de los miembros del Tribunal Superior Electoral y la aprobación de la Ley Orgánica del Régimen  Electoral, y que luego de cumplidos, la JCE ratifique todos los actos que ha realizado desde su designación, para dejar sin objeto cualquier argumento de nulidad de las actuaciones pasadas.

Participación Ciudadana enfatiza la urgencia de una gran concertación entre los actores políticos y la Junta Central Electoral para superar los diferendos  en torno a la dirección de informática, y  que aborde también la aprobación de los proyectos de leyes del Régimen Electoral y de Partidos y Agrupaciones Políticas.