Participación Ciudadana rechaza argumentos de Leonel Fernández y lamenta actitud del procurador Domínguez Brito

Participación Ciudadana rechaza argumentos de Leonel Fernández y lamenta actitud del procurador Domínguez Brito

Los argumentos ofrecidos por el Dr. Leonel Fernández en su reciente discurso a la nación, permiten confirmar que se han violado la Constitución y las leyes en la generación del mayor déficit fiscal que ha tenido el país, en toda su historia, desde que se llevan registros oficiales.

La reducción de los ingresos a la que alude como una de las causas del déficit, debió llevarlo como presidente de la República a contraer el gasto y no a aumentarlo, como lo hizo, violando el artículo 44 de la Ley de Presupuesto que señala que “las apropiaciones aprobadas por el Congreso de la República constituyen el límite máximo de gasto, sujeto a disponibilidad efectiva de los ingresos estimados”.

El aporte que debe hacerse cada año al Banco Central para cubrir el déficit cuasi fiscal tampoco explica el déficit del año 2012 en razón de que dicho aporte ya estaba consignado en el presupuesto aprobado por el Congreso para este año, mientras que el subsidio adicional eléctrico solo representa un 20% del enorme déficit proyectado para este año y reconocido en su discurso por el Dr. Fernández.

Una de las causas más importante del déficit ya había sido reconocida por el ministro Temístocles Montás cuando en declaraciones recientes señaló que el gasto público se expandió en más de un 2% del PIB porque el presidente Fernández “entendía” que debía terminar sus obras, lo que representó un gasto, por encima de lo presupuestado, entre 50 y 60 mil millones de pesos adicionales.

El déficit puede ser utilizado como un instrumento de la política económica de cualquier país, pero siempre debe obedecer a ciertas normas de carácter legal y constitucional, sin cuyo cumplimiento sería ilegal. En Estados Unidos, por ejemplo, el año pasado el presidente Obama estuvo a punto de cesar a 800,000 empleados federales y paralizar las operaciones del gobierno sencillamente porque la mayoría republicana en la Cámara de Representantes no le había aprobado aumentar el déficit, y estaba consciente de que gastar un solo centavo por encima del déficit autorizado comprometía su responsabilidad política y penal.

Sin embargo, en nuestro país, antes de que el Congreso aprobara el 13 de julio de este año la Ley de Presupuesto Complementario, ya el gobierno, por instrucciones del Dr. Leonel Fernández, según lo declaró el ministro Montás, había excedido ampliamente el déficit autorizado en la Ley de Presupuesto General del Estado. La posterior aprobación del presupuesto complementario no borra las violaciones ocurridas con anterioridad pues la misma no contiene una amnistía al respecto.

Por otro lado, nos ha generado una profunda decepción que el Procurador General de la República no cumplió con su deber de realizar una profunda investigación sobre las causas que generaron el déficit y entre las motivaciones para rechazar la denuncia interpuesta por Alianza País, admitió sus sentimientos personales hacia el expresidente, los que precisamente les impedían conocer y decidir la misma. La declaración del Licenciado Francisco Domínguez Brito tampoco se refiere a los contenidos de malversación y sobrevaluación de obras que incluye la instancia, ni a la posible responsabilidad de los otros funcionarios señalados, es decir el senador Félix Bautista y el ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.

El artículo 123 del Código Penal sanciona con penas de prisión a los funcionarios públicos “que concierten o convengan entre sí la ejecución de medidas y disposiciones contrarias a las leyes”, sin importar cuáles sean estas leyes. Corresponde al ministerio público investigar si existió esta coalición de funcionarios para violar la Constitución de la República, cuyo artículo 236 establece que “ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviera autorizada por la ley”, o que obliga a que el gasto público obedezca a criterios de transparencia, planificación, eficiencia, prioridad y economía.

En los últimos años se han aprobado leyes importantes que contienen disposiciones precisamente para evitar lo que enfrentamos este año y corresponde a la Cámara de Cuentas, al Congreso Nacional y al Ministerio Público investigar si han sido violadas la ley Orgánica de Presupuesto, la de Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la del Sistema de Administración Financiera del Estado, la del Ministerio de Hacienda, la del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la de Planificación de la Inversión Pública, la de Tesorería, la que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, la de Crédito Público, entre otras.

La forma en que se gastó el dinero público en los primeros ocho meses del presente año no puede ser ocultada porque corresponderá al pueblo pagar las consecuencias con sudor y lagrimas y los detalles terminarán por salir tarde o temprano, comprometiendo la responsabilidad de los autores del más grande desafuero económico de los últimos tiempos, y llenando de vergüenza a los que no cumplieron con su obligación desde las posiciones que les tocó desempeñar.

Participación Ciudadana lamenta las muertes de las personas por miembros de la Policía Nacional y recuerda al Presidente Danilo Medina, que una de las funciones esenciales del Estado es la protección efectiva de los derechos de las personas, por lo que debe ofrecer el debido amparo y garantía para el goce y disfrute de los derechos ciudadanos.

CONSEJO NACIONAL
14 de noviembre de 2012