Nota de Prensa

Participación Ciudadana critica la campaña mediática emprendida contra el sistema financiero, el Banco Central y su Gobernador, por sectores vinculados a los acusados de fraudes bancarios y entiende que la misma persigue presionar a las autoridades y a los jueces de la Cámara de Calificación que conoce el caso Baninter debido a la proximidad del fallo.

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana alerta a la ciudadanía y autoridades, específicamente a las judiciales, para que no se dejen sorprender por la intensa campaña montada contra el sistema financiero dominicano, el Banco Central de la República Dominicana, y su Gobernador, Héctor Valdez Albizu, pretendiendo desacreditar los casos de los fraudes bancarios del 2003, que costaron más de dos mil millones de dólares al país y que, junto a la forma en que las autoridades enfrentaron la crisis, son la causa directa del enorme déficit cuasi fiscal del Banco Central, que asciende a más de ciento treinta mil millones de pesos, y que deberemos pagar por muchos años todos los dominicanos a través de más impuestos.

Resulta preocupante que un importante periódico, vinculado a uno de los principales acusados del caso Baninter, haya dedicado su espacio principal de primera página en tres ocasiones en cinco días, a reproducir declaraciones e informes sólo en aquellos aspectos en que pudieran favorecer al propietario del medio implicado por las autoridades en los fraudes, omitiendo aquellos aspectos que claramente le perjudican.

Inconformes con la actitud del Banco Central de no desistir de las acciones judiciales iniciadas en el 2003, incluso con los mismos abogados, las críticas de los acusados y sus abogados, directamente o a través de los medios que controlan, son dirigidas contra las autoridades del Banco Central, desde su gobernador hasta su consultor jurídico.

Tampoco ha escapado a esta campaña el sistema financiero dominicano en su totalidad, pues como absurdo medio de defensa se plantea que los acusados del fraude bancario no hicieron nada distinto de lo que hacia la banca en sentido general en el año 2003. Más que una defensa este argumento plantea una auto incriminación, pues nadie puede quedar exento de responsabilidad alegando que violó la ley porque otros lo hacían.

Se ha llegado al extremo de que uno de los implicados hiciera un llamado público, en un programa de televisión,  a las autoridades del Banco Central para que preserven el clima de confianza que se requiere para superar la todavía precaria situación económica del país, en un claro esfuerzo por presionar a las autoridades para que desistan de las acciones judiciales emprendidas.

Nos llena de asombro el esfuerzo que se realiza, encabezado por el Presidente y el jefe sus asesores económicos, por llamar crisis a los fraudes bancarios del 2003, o de pretender que los mismos fueron consecuencia solamente de la mala política económica del gobierno pasado, obviando que sólo en Baninter se ocultó a las autoridades, por años, la existencia de un banco dos veces superior al mostrado a los supervisores y al país, burlando obligaciones fiscales y de encaje, y permitiendo la distracción de miles de millones de pesos.

Esta campaña interviene en momentos en que la Cámara de Calificación apoderada del caso Baninter, compuesta por los magistrados Katia Miguelina Jiménez, Esther Angelàn Casasnovas y Sergio Ortega, se apresta a dictar su decisión. Los acusados abogan porque la Cámara decline el caso a la jurisdicción administrativa del propio Banco Central. Si un precedente de esta naturaleza llegara a sentarse, en el sentido de que la jurisdicción administrativa tiene preeminencia sobre la acción penal, estaríamos creando en los banqueros una casta de intocables, pues luego de ser sancionados en la jurisdicción administrativa con una multa que no puede exceder de diez millones de pesos, no se le podría someter penalmente sin violar el principio constitucional de que nadie puede ser juzgado dos veces por una misma causa (non bis in idem), por lo que los fraudes cometidos por ellos jamás podrían ser sancionados con penas de prisión.

La impunidad de los autores de los fraudes bancarios del 2003 sólo puede arrojar vergüenza y descrédito, local e internacionalmente, y sería la mejor forma de asegurar nuevos fraudes de la misma naturaleza en el futuro, sembrando de incertidumbre nuestro porvenir.