La República Dominicana incumple mayoría de acuerdos de Declaración de Guatemala, según informe de PC

Denuncian que la DPCA y la Comisión de Ética han sido ineficaz en su lucha contra de la corrupción administrativa

El tercer informe de seguimiento a la Declaración de Guatemala, elaborado por Participación Ciudadana, capitulo nacional de Transparencia Internacional, afirma que, el funcionamiento de la administración pública ha seguido su curso normal en los aspectos relacionados con la transparencia y el combate a la corrupción, ignorando el compromiso firmado y el cumplimiento de las diversas normas aprobadas durante la firma de la Declaración Guatemala.

El Movimiento Cívico indica que transcurridos casi cuatro años de haber sido suscrita la Declaración, para el Gobierno Dominicano no ha pasado de un acto protocolar.

El informe fue presentado durante una reunión en San Salvador pautada para el 28 y 29 se septiembre en la que participan representantes de los gobiernos firmantes de la Declaración, así como de las organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento al cumplimiento de la misma.

Participación Ciudadana esta representanta en dicha reunión por la Lic. Miriam Díaz Santana, miembro del Consejo Nacional y enlace con Transparencia Internacional y por José Ceballos Responsable del Área de Justicia y Derechos Ciudadanos.

Otras personas representantes de diversos sectores del país participantes en la actividad son : Hotoniel Bonilla, director del DPCA; Miguel Suazo, director de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC); Julio Cesar de la Rosa, presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO); Alicia Ortega, Periodista y productora del Programa de TV «El Informe»; Biviana Riveiro directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE); Vianela García fiscal adjunta de la Vega y Román de Jesús Vargas, Alcalde del municipio de Peralvillo, provincia Monte Plata.

La Declaración de Guatemala por una Región Libre de Corrupción, fue firmada en la Ciudad de Guatemala el 16 de noviembre del 2006 por los presidentes y jefes de gobierno de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana, a saber Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Belice, Panamá y la República Dominicana.

Miriam Díaz, miembro del Consejo Nacional de PC y enlace dominicano con Transparencia Internacional dijo que uno de los principales compromisos que asumieron los países fue “diseñar e implementar, en los casos que no se ha hecho, planes nacionales para promover la transparencia en la administración pública, con el concurso de los diferentes sectores políticos, sociales y económicos”.

Participación Ciudadana informa que en el país fue creada la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC) órgano rector que tiene bajo su responsabilidad la implementación del Plan Estratégico República Dominicana Transparente, de Ética y Prevención 2009-2012 y sus respectivos planes operativos.

Señala que, aunque representantes de los ministerios se han integrado a determinadas acciones dentro de ese Plan, el mismo ha sido totalmente ineficaz ya que frente a todas las pruebas presentadas y los escándalos de corrupción que han salido a la luz pública en los últimos años, la Comisión ha declarado que los mismos no son de su incumbencia y no ha tomado ninguna acción para detenerlos.

Lo mismo ha pasado con la Dirección General de Persecución de la Corrupción-DPCA-, organismo que no tiene en este momento ninguna acción en los tribunales contra los centenares de actos de corrupción que se han documentado ampliamente en la prensa nacional.

Otro de los compromisos asumidos en la Declaración de Guatemala es “Proponer y promover la aprobación, en los países que aún no se ha hecho, de un marco regulatorio que garantice el libre acceso ciudadano a la información pública en poder del Estado, en forma veraz y oportuna, sin más restricciones que las contempladas en las Constituciones Políticas.”

En la Republica Dominicana existe desde abril del 2004 la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, 200-04. Participación Ciudadana, que ha venido monitoreando la aplicación de la misma, afirma que, en términos generales, el nivel de aplicación de la ley sobre libre acceso a la información pública es bajo, ya que un significativo número de instituciones no han cumplido de manera efectiva con los requerimientos de la normativa. Más del 70% de las instituciones públicas obtuvieron una calificación de deficiente al obtener puntajes por debajo de los 70 en el cumplimiento de esta Ley.

La Declaración de Guatemala también compromete a los países firmantes a “Garantizar que las instituciones estatales adopten la rendición de cuentas obligatoria, en forma periódica, a fin de visualizar la correcta administración de los recursos por parte de los servidores públicos.

En este aspecto la Republica Dominicana tampoco ha cumplido, ya que el Estado no ha garantizado que las instituciones estatales adopten la rendición de cuentas obligatoria y en forma periódica. Por el contrario, las evidencias muestran que una importante cantidad de instituciones estatales se manejan con un criterio patrimonialista.

En el informe de Participación Ciudadana se hace notar que a requerimiento en relación al cumplimiento de este acuerdo la respuesta de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa fue que “No existe ninguna disposición gubernamental específica que obligue a las instituciones públicas a rendir cuentas periódicamente”.

Sin embargo, el informe de Participación Ciudadana presentado en Guatemala muestra que la Constitución de la República, la ley 10-04 de cámara de cuentas, la Ley 10-07 de control interno, la Ley 200-04 de acceso a la información pública, la Ley 340-06 y sus modificaciones sobre contrataciones públicas, por solo citar algunas, establecen principios de rendición de cuentas por parte de los administradores de la cosa pública.

De lo que claramente colegimos que Las normativas existen pero no se cumplen, que desde el Estado mismo se evidencia no solo disparidad de criterios, “desconocimiento de las leyes”, falta de voluntad para exigir su cumplimiento y por vía de consecuencia la nula aplicación de sanciones para quienes violan los referidos marcos legales.

En relación al compromiso de “Implementar las normativas jurídicas en materia de contrataciones públicas en los países que aún no se ha hecho, apoyadas en sistemas eficaces y eficientes, que optimicen y transparenten los procedimientos de las adquisiciones de bienes y servicios por parte del Estado.”, el informe de Participación Ciudadana afirma que, aunque en el país existe la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas desde hace tres años, los avances en la implementación de la misma han sido reducidos y predomina la práctica de las contrataciones directas.

Algunas instituciones se muestran resistentes a la implementación de los procedimientos establecidos en la Ley.

Se evidencia falta de interés por parte de las máximas autoridades institucionales, resistencia al cambio por parte de los funcionarios intervinientes y falta de empoderamiento de los organismos de control. Al Foro que se celebra en San Salvador asisten algunos representantes gubernamentales y de la sociedad civil, aunque ninguna autoridad de alto nivel del Gobierno Dominicano confirmo su asistencia, en tanto de todos los Estados firmantes de dicha declaración, República Dominicana es el único país que no presentó su informe oficial.