Santo Domingo, República Dominicana. El Movimiento Cívico no partidista, Participación Ciudadana, expresó que el Proyecto de Ley Orgánica que regula la protección al derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen, aprobado recientemente en el Senado y que está en agenda de la Cámara de Diputados, es un atentado a la democracia, por cuanto amenaza la libertad de expresión e información. 

“Esta pieza legislativa trata de proteger a los funcionarios públicos, políticos y legisladores en momentos en que lo que se necesita es más transparencia, mayor rendición de cuentas y empoderamiento de la ciudadanía y la prensa en cuanto a su derecho a monitorear las actuaciones de los gobernantes”, señaló la institución en un comunicado de prensa. 

Este proyecto, de ser convertido en ley, lesionaría la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas, privilegiando a aquellos que tienen funciones públicas. El interés público, por el contrario, debe predominar sobre lo privado, cuando entraña claridad en la búsqueda de la verdad, de la información y de la noticia. De aprobarse este proyecto de ley, los medios de comunicación tendrían que solicitar consentimiento cada vez que vayan a utilizar sus archivos de imágenes de personas públicas. La investigación periodística, que tanto ha contribuido al descubrimiento y exposición de actos de corrupción y actividades ilícitas, se vería seriamente amenazada por este intento de mordaza.

La democracia dominicana, ha sido calificada como defectuosa, según el más reciente Informe de Riesgo Político América Latina 2022, del Centro de Estudios Internacionales. Estudios como Latinobarómetro establecen que República Dominicana adolece de debilidad institucional, y   falta de confianza en los actores políticos, sobre todo, en los congresistas.

El país cuenta con suficientes legislaciones para proteger el legítimo derecho a la dignidad, honra y la intimidad. La Constitución, en su Artículo 38, reza: Dignidad humana “El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable, su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”. De igual manera el art. 44 hace referencia al “Derecho a la intimidad y el honor personal y establece que: Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen”.

El Código Penal contempla sanciones y la Ley 61-32 tipifica la difamación y la injuria con sanciones claramente determinadas. Adicionalmente, la Ley 192-19, establece la necesidad de protección de la imagen, el honor y la intimidad familiar vinculados a personas fallecidas o accidentadas. 

La Constitución ampara a los ciudadanos y ciudadanas, en su Artículo 22:  Derechos de Ciudadanos, en el numeral 5, que dice “Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo”; y, el Artículo 75, acerca de los Deberes Fundamentales, numeral 12, convoca a “Velar por el fortalecimiento y calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”.

Participación Ciudadana expresó que, defiende el derecho a la dignidad y el buen nombre de todo ciudadano o ciudadana, incluyendo a los legisladores, políticos y funcionarios. Sin embargo, entiende que esa dignidad y buen nombre se fundamentan en sus correctas actuaciones, tanto públicas como privadas.  Tienen derecho a reclamar si se ven ofendidos o calumniados, pero no tienen derecho a establecer condiciones previas y permisos para la publicación de sus actuaciones. Por el contrario, sentencias del Tribunal Constitucional, favorecen el derecho de los ciudadanos a participar en el debate público de los temas de interés social.

La construcción de una democracia sólida, así como el fin de la impunidad y de la corrupción, atraviesan por una constante y bien estructurada vigilancia, tanto por parte de la prensa como de la ciudadanía, sobre todo en momentos de expansión del crimen organizado.  El escrutinio público es inherente a la democracia, favorece a las personas que actúan con ética y respeto a las leyes y previene contra las inconductas. La credibilidad y la confianza se ganan con la exposición pública, ya que las actuaciones éticas no requieren ser protegidas, y esto, en vez de ser visto como una amenaza debe ser aprovechado para educar y avanzar. 

Participación Ciudadana aspira a que este proyecto de ley sea una oportunidad para que los diputados reafirmen el compromiso que asumieron con la construcción de una sociedad democrática y la defensa de los espacios de libertad que tantos sacrificios han costado al pueblo dominicano.

Consejo Nacional

23 de junio del 2022

Santo Domingo.-  Al dictar la conferencia “Avances y Desafíos en la Administración Pública”. el ministro Darío Castillo Lugo, se pronunció a favor de un Pacto entre las direcciones de los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional, por la Institucionalidad y la Profesionalización que erradiqué el principio del clientelismo, el botín político y de la corrupción, que proclama “Hice campaña y no me resuelven” y que acaba de segar la vida a un gran dominicano y excelente funcionario público.  

La disertación del ministro tuvo lugar durante el Seminario sobre avances en la Administración Pública en los últimos 10 años, realizado en el marco del cierre del Proyecto Administración Pública Inclusiva, el cual forma parte del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública (PARAP II), que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea, y que viene ejecutando Participación Ciudadana, Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad, hace más de 3 años.  

El seminario tuvo por objetivo conocer desde diferentes enfoques, los avances y desafíos que se han generado a partir de las reformas normativas que se han realizado en los últimos años en la administración pública, y como estas han mejorado la calidad y efectividad de los servicios públicos como garantía de derechos.  

En ese sentido, el ministro de Administración Pública destacó como avances concretos la aprobación, mediante el decreto 149-21, del Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública y la promulgación, en agosto del año pasado de la Ley 167-21 sobre Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites.  

De su lado, Joseph Abreu, Coordinador General de Participación Ciudadana, al introducir el seminario, externó que la política clientelar es el principal obstáculo que impide que se consolide el objetivo principal de la función pública: que quienes la conforman sean profesionales de la carrera administrativa. 

Desde la Unión Europea, Katja Afheldt, Embajadora de la Unión Europea en República Dominicana, indicó que la sociedad civil ejerce un rol clave en la vigilancia de los procesos de fortalecimiento de la administración pública, siendo éste fundamental para cumplir con las expectativas de la ciudadanía de que sus derechos fundamentales sean protegidos y garantizados.  

“Me complace constatar que la Unión Europea ha sido un aliado clave para el país a lo largo de 3 décadas de trabajo conjunto con el sector público y la sociedad civil, en favor de la reforma y modernización de la administración pública en República Dominicana”, concluyó la Embajadora Afheldt .   

Una década de experiencias 

El seminario contó con dos paneles. El primero sobre Avances en la reforma de la administración pública en los últimos 10 años y el segundo sobre Mejora en la calidad de los servicios públicos versus Mejora en la calidad de vida de los ciudadanos/as.  

En el primero, Miosotis Rivas Peña, directora general de la Oficina Nacional de Estadística, indició que en la administración pública hay muchos avances en materia institucional, y de camino al censo; sin embargo, no existen hasta el momento estadísticas oficiales que reflejen la satisfacción de los usuarios con la administración pública. 

Por su parte, Gregorio de Jesús Montero Montero, Viceministro de Reforma y Modernización del Estado, del MAP, destacó la importancia de la calidad en el dato para poder tomar decisiones certeras y diseñar políticas públicas. Mostró como un avance el SIGEF, por lo que implica en materia de información y transparencia. Como desafío el tema del enfoque transformacional y el cambio de cultura estructural en el Estado. 

Mientras que Leidy Blanco, excoordinadora de Participación Ciudadana, identificó como un mal de la administración pública, la duplicidad de funciones que se da debido al amiguismo y a la concepción clientelar del Estado. También mostró como desafío el tema de que no hay sinergia, explicando que el problema es que las instituciones tienen equipos diferentes, en algunos casos muy técnicos, y en otros muy de servicio, generando que no puedan comprenderse. 

En el segundo panel, Julio Corral, consultor, habló de la importancia de establecer la naturaleza de las instituciones, para así poder evaluar los servicios que prestan. Se refirió también a la necesidad de identificar qué medir y cómo medirlo, pues no todas las personas requieren el mismo tipo de servicio. 

De su lado, Guadalupe Valdez, exdiputada, se refirió a que los avances tecnológicos no tienen sentido si no están al servicio de la ciudadanía y recalcó el tema de la equidad, no solo en el acceso a la información, sino también en el derecho a recibir atención, y cómo el Estado debe garantizar estos derechos a todas las poblaciones, incluyendo las vulnerabilidades. 

Finalmente, Juan Castillo, director ejecutivo de la Fundación Solidaridad, destacó la importancia que tiene el conocimiento y actualización de los marcos jurídicos referentes a la administración pública para la puesta en marcha de cualquier estrategia que procure el desarrollo social sostenible. 

Santo Domingo, República Dominicana. El Movimiento Cívico no partidista, Participación Ciudadana, realizó un llamado al Congreso Nacional para que no fragmente más el territorio nacional, que solo tiene 48,442 kilómetros, divididos en 31 Provincias y un Distrito Nacional, 158 Municipios y 238 Distritos Municipales.  

Señalaron que esta división territorial, sólo agregaría más gasto al Estado y con ello, sangrarían los ingresos. Ya la nómina pública representa un 15%, de la fuerza laboral, incluyendo el sector formal y el informal.  La densidad pública ocupacional en el país está entre las más altas en la región.   

“Mas fragmentación del territorio, no implica mayor calidad de servicios, eficiencia y eficacia, pero sí, más empleos políticos”, puntualizó la institución.   

Congresistas de todos los partidos, aprobaron de urgencia una nueva provincia, ignorando lo que establece el artículo 193 de la Constitución, que dice: “La organización territorial se hará conforme a los principios de unidad, identidad, racionalidad política, administrativa, social y económica”. Adicionalmente, los artículos 194 y 195 establecen la prioridad de un Plan de Ordenamiento Territorial y de una ley orgánica que regule el nombre y límites de las regiones, provincias y municipios.  

Al realizar un análisis de la distribución geográfica de 12 países de la región, se ve claramente que la República Dominicana hace mucho que sobrepasó los límites razonables de fraccionamiento territorial.   

El movimiento cívico realizó un llamado a los Congresistas a abandonar los intentos de mayor fraccionamiento territorial y concentrarse en los temas cruciales para la sociedad que están pendientes de legislación, en el marco de la institucionalidad, el desarrollo y la transparencia, como lo son: la Ley de Extinción de Dominio, el Código Penal, que tiene más de 20 años en esa institución y la de Ordenamiento territorial, que data desde que se promulgó la Constitución en el 2010. 

“En estos momentos en que el país y el mundo atraviesan por una fuerte crisis económica, una terrible guerra que nos está afectando a todos, una lucha que aún no termina contra la pandemia y cientos de problemas sociales que afectan a nuestra población, no es justo que los legisladores se dediquen a discutir propuestas que no representan ningún beneficio para la población y que, por el contrario, desviarían recursos que ahora se necesitan más que nunca para afrontar las verdaderas necesidades del país”, concluyó la institución de la sociedad civil. 

CONSEJO NACIONAL 

20-06-2022 

Santo Domingo. República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, expresó que la sentencia absolutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en el caso Súper Tucano, y el no ha lugar en el de Los Tres Brazos, se suman al expediente Odebrecht en la misma ruta de impunidad que sigue nuestro país desde siempre, dejando muy mal parado al sistema de justicia.

“No importa que la culpa sea del Ministerio Público o de los jueces, quien resulta finalmente perjudicado es la ciudadanía”, indicaron.

El coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, señalo en rueda de prensa que, ha fallado el sistema de justicia pues los hechos criminales han sido mucho más que evidentes, llegando en los casos de las empresas brasileñas hasta el punto de éstas haber confesado los sobornos y declarado los montos entregados.

En Los Tres Brazos se vendieron terrenos del Estado en forma irregular y contrario a la Constitución y las leyes, en favor de una empresa privada y en perjuicio de personas que ocupaban dichos terrenos por largos años. No cumplieron con la obligación constitucional de obtener la aprobación del Congreso Nacional, según se hizo constar en un informe rendido por una comisión especial encabezada por el entonces Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. Flavio Darío Espinal.

El movimiento cívico, señaló que en el caso Super Tucano, revela la imperiosa necesidad de introducir reformas que impidan se instale el interés partidario en el Ministerio Público, pues este caso, al igual que el de Odebrecht, estuvo bajo la responsabilidad de Jean Alain Rodríguez, un procurador general de la República que fue incapaz de perseguir la corrupción de sus propios compañeros de partido.

Se presentaron acusaciones sin haber recolectado en Brasil las pruebas que las empresas se comprometieron a entregar cuando firmaron con él, sendos acuerdos de penal abreviado.

“Permitir que los casos Super Tucano y Odebrecht llegarán a juicio de fondo sin las pruebas correspondientes, a pesar de tener el compromiso escrito de entregar las mismas por parte de ambas empresas, revela una clara obstrucción a la justicia y, en el menor de los casos, una negligencia grosera, que debe ser investigada por las actuales autoridades del Ministerio Público”, señaló Participación Ciudadana.

La institución de la sociedad civil, indica que las decisiones sobre estos tres casos se producen en momentos en que se han instalado francotiradores que pretenden descalificar a la magistrada Miriam German Brito, a pesar de que estos expedientes, al igual que la precaria situación carcelaria que existe en el país, no han sido responsabilidad suya.

“Las críticas a la magistrada Germán tienen por finalidad presionarla para hacerla renunciar a su posición y colocar allí a alguien que permita que los escándalos de corrupción que cursan ante el Poder Judicial o se encuentran bajo investigación actualmente, sigan la suerte de los preparados bajo la responsabilidad del antiguo procurador general de la República”, concluyó Joseph Abreu.

Participación Ciudadana reitera su confianza en el equipo encabezado por la procuradora general de la República, magistrada Miriam Germán Brito, e integrado, entre otros, por los magistrados Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución, y Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

El Movimiento Cívico se ha comprometido a dar seguimiento a los casos de corrupción sobre los cuales se presente acusación. En relación a las amenazas de accionar judicialmente contra la institución, reiteraron que seguirá defendiendo el derecho que el Código Procesal Penal les concede de tener acceso a las acusaciones, sus pruebas y a divulgarlas, con la única intención de que la ciudadanía conozca el contenido de las mismas y pueda formarse su propia opinión.

Concluyeron que respetan la obligación de los jueces de fallar los casos conforme a las pruebas presentadas y sólo bajo el amparo de la Constitución y las leyes, pero, al mismo tiempo, defienden el derecho ciudadano de propugnar y luchar por el fin de la impunidad que ha permitido el enorme crecimiento de la corrupción en el país.

CONSEJO NACIONAL

14 de junio del 2022

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, realizó el 1er Seminario de Juventudes: Oportunidades y Desafíos, con la finalidad de debatir cuáles deben ser los medios y recursos que le permitirán a los diferentes sectores de la sociedad ofrecer a los y las jóvenes las mejores condiciones para su empoderamiento. 

La actividad fue realizada en el marco de la iniciativa Juventud Participa, que impulsa el movimiento cívico, y señala que los jóvenes son agentes claves en el cambio social, la innovación, la lucha por una sociedad inclusiva, por detener los prejuicios de género y un motor esencial en el desarrollo sostenible, lo que los sitúa como actores indispensables en el diálogo y análisis de las principales problemáticas que afectan a sus comunidades, así como en la búsqueda de sus soluciones. 

Sin embargo, a pesar del papel preponderante de los jóvenes para promover el desarrollo y generar cambios sustanciales en el país y en sus comunidades, aún enfrentan grandes desafíos y desigualdades. 

Luego de un debate y análisis reflexivo en el que se buscaba identificar las principales problemáticas que aquejan a las comunidades desde la óptica de la juventud, los jóvenes participantes del seminario, señalaron que, uno de los principales problemas es la falta de oportunidades y empleo para los jóvenes en las comunidades, especialmente los jóvenes de los municipios con mayor índice de pobreza y vulnerabilidad, problema que se agudiza y genera otras problemáticas como los embarazos y las uniones tempranas de los jóvenes como consecuencia de la falta de empleo y orientación. 

El coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, reconoció a los jóvenes participantes del seminario por su iniciativa y motivación de ser parte de Juventud Participa, espacio que busca promover una sociedad más inclusiva y equitativa, una sociedad justa, dónde se promuevan el respeto a los derechos y valores que permiten lograr una democracia plena. Además, de hacer frente a las desigualdades expresadas que viven los jóvenes dominicanos. 

El seminario contó con varias actividades, en las cuales se encuentra el primer panel: Desde la sociedad civil y la política: Retos y oportunidades para las juventudes, el cual estuvo integrado por Melina Zaiz, abogada y activista social; Anabel Rivas, directora de Cuidados del Programa Supérate, Leyvi Bautista, diputada del PRM y Rogelio Alfonso Genao, diputado del PRSC, bajo la moderación de Leidy Blanco García, coordinadora de Juventud Participa. 

El encuentro, además contó con un segundo panel donde se abordaron iniciativas impulsadas por jóvenes que impactan positivamente a la sociedad, el cual estuvo integrado por Paola Tejeda, directora de El Mitin, Katherine Motyka fundadora de Jompeame, y Benjamin Bocio, embajador juvenil. Con la moderación de Naomi Rodríguez, integrante del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Leidy Blanco. 

En el encuentro estuvo presente Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, y contó con la asistencia de más de 50 jóvenes quienes asistieron desde diferentes partes del país. 

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), realizaron el acto de clausura y entrega de certificados del 2do diplomado en Administración, Función pública y Ciudadanía, el cual tuvo como finalidad fortalecer las capacidades de movilización y acción de 40 líderes y lideresas.  Con esta segunda graduación ya suman 82 personas las que han cursado dicho ciclo formativo.  

Este diplomado abarcó los temas sobre la función pública, servicios públicos, igualdad de género en las instituciones estatales, transparencia, prevención de la corrupción, rendición de cuentas, gobierno central y municipal, entre otros.   

La ex coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, señaló en el marco de la graduación de este diplomado, que la institución a la cual pertenece, está comprometida con seguir fortaleciendo el liderazgo ciudadano, para construir colectivamente un país más justo e inclusivo.   

“Contamos con todos ustedes para seguir multiplicando y consolidando una administración pública que verdaderamente garantice derechos”, concluyó Blanco.   

El encuentro contó con la ponencia magistral de la Procuradora Fiscal Ana Andrea Villa Camacho, encargada de la Dirección contra la Violencia de Género, de la Procuraduría General de la República, quien estuvo abordando el tema; El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.   

Expuso que la prevención de la violencia hacia la mujer, debe ser abordada desde los diferentes sectores de la sociedad y el Estado, ya que se ha convertido en una epidemia que quita la vida de miles de mujeres a nivel mundial.    

“La violencia contra la mujer es una forma de discriminación y una transgresión a sus derechos humanos, que causa sufrimiento, destruye vidas, y deja miles de mujeres viviendo con dolor y temor”, puntualizo.   

El cierre de este diplomado contó con la participación de Heydi Céspedes, directora de educación continuada de la FCJP- UASD, y Gustavo Barry, coordinador del diplomado.   

Esta capacitación se dio en el marco del proyecto “Acción Ciudadana por una Administración Pública inclusiva que garantice los Derechos Humanos (PARAP II)” que implementan Participación Ciudadana, Fundación Solidaridad y Ciudad Alternativa con el financiamiento de la Unión Europea.  

7/06/2022 

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, realizó este jueves la mesa de diálogo “Participación de la Mujer en la Administración Pública”, con la finalidad de conocer, debatir y analizar desde diferentes enfoques  la participación y función de las mujeres en las organizaciones estatales, a los fines de visibilizar las brechas existentes, identificando avances, retos y desafíos, que contribuyan a lograr la igualdad de género en las instituciones públicas.   

Rigoberto Sánchez, responsable del área de Trasparencia de Participación Ciudadana, señaló que, lograr la igualdad de género en la administración pública sigue siendo un desafío que requiere desmontar los patrones culturales e institucionales persistentes, y que segregan a mujeres y hombres en razón del género. 

“Entendemos que es imprescindible seguir implementando políticas públicas para eliminar las brechas existentes, y en términos presupuestarios se deben destinar los recursos necesarios para que sean efectivas dichas políticas”, puntualizó Rigoberto Sánchez. 

Por su parte, la activista Yildalina Taten, expresó que la participación de la mujer en la administración pública es mínima, donde solo se tienen 2 ministras, de 23 ministerios, y así se ve reflejado en cada uno de los poderes del Estado. 

“La realidad que plasman los datos de la participación pública de la mujer, es de un proceso sesgado, donde la mujer está siendo limitada y no están teniendo las mismas oportunidades que los hombres”, indicó Taten.

Además, puntualizó que esto se debe porque existe un sistema social, político e institucional que sigue estableciendo una preferencia masculina en los poderes del Estado.

Mientras que, Angela de Jesús Henríquez, Vicealcaldesa del Municipio Santo Domingo Este, comentó que en el desarrollo de sus funciones ha realizado énfasis en el apoyo a las mujeres de esta localidad, en la implementación de proyectos e iniciativas con enfoque de género.  

En el encuentro, también estuvo participando Maripilis Florentino, analista del sello de igualdad, del Ministerio de la Mujer, donde abordó los avances de la implementación de políticas y funciones públicas con enfoque de género y la implementación del sello de igualdad que ha sido asumido por 10 instituciones públicas, en la que se destaca la Junta Central Electoral y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Y Claribel Castro, encargada de la Unidad de Género del Instituto Nacional de Administración Pública – INAP, quien desarrolló el tema de la importancia de la profesionalización para el crecimiento y desarrollo de los/as funcionarios/as Públicos.  

Esta actividad se dio en el marco del proyecto “Acción Ciudadana por una Administración Pública inclusiva que garantice los Derechos Humanos (PARAP II)”, que implementan Participación Ciudadana, Fundación Solidaridad y Ciudad Alternativa, con el auspicio de la Unión Europea.  

26/05/2022

Santo Domingo. – Con el objetivo de conocer y analizar desde diferentes enfoques los avances en la mejora a la calidad de los servicios públicos y contribuir al debate social sobre la Reforma en la Administración Pública, Participación Ciudadana, Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad realizaron tres foros sobre la calidad de los servicios en la administración pública.

Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana, explicó que estas actividades, la primera en Santo Domingo, la segunda en Santiago y la tercera en Barahona, forman parte del componente de Sociedad Civil del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública y a la Calidad del Servicio Público (PARAP II)

Señaló que el Estado Dominicano tiene, como parte de sus responsabilidades fundamentales, el deber de garantizar los derechos sociales.

Mientras que Ricardo Gonzales, director ejecutivo de Ciudad Alternativa, agregó que, en la obligación legal y constitucional que tiene el Estado de proveer servicios públicos de calidad debe, además, garantizar la igualdad de género.

“La reforma de la administración pública debe darse incluyendo la calidad de los servicios y hacer esto sin una perspectiva de género no es posible”, enfatizó.

De su lado, Juan Castillo, director ejecutivo de Fundación Solidaridad, destacó la importancia que tiene el conocimiento y actualización de los marcos jurídicos referentes a la administración pública.

Al respecto se pronunció María Luisa Benítez Donoso, jefa de la sección de Política, Comunicación e Información de la Delegación de la Unión Europea en República Dominicana, quien destacó la importancia del fortalecimiento de la estructuración de los servicios ofrecidos por las Instituciones Públicas a la ciudadanía como una prioridad para alcanzar el desarrollo.

"Desde la Unión Europea estamos aspirando a la construcción de una ciudadanía empoderada y la consolidación de un Estado democrático y de derechos", explicó.

En los foros se presentaron varios estudios, incluyendo uno sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica de Administración Pública No. Ley 247-12, autoría de Logia Grullón.

Además, se realizaron varios paneles con el tema “Mejora en la calidad de los servicios Públicos”, que contaron con la participación de Johanna Guerrero, directora de Diseño y Mejora de Servicios Públicos del MAP; Pedro Hernández, de la Liga Municipal Dominicana y Bernardo Matías, de la Sociedad Civil.

Otro de los paneles se centró en Mejoras en las Políticas públicas en violencia contra la mujer en base al género. En este participaron Altagracia Peña del Ministerio de la Mujer; Josefina Reyes, feminista y miembro del Consejo de Participación Ciudadana; Gladisleny Núñez, Encargada de la Unidad de Atención a Víctimas de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Procuraduría General de la República Dominicana y Ana Vásquez, del Centro Integral para el Desarrollo Local, en Santiago.

Finalmente, el pasado sábado se realizó el último Foro en Barahona, donde se presentaron los resultados del informe Técnico de Veeduría Social de los Procesos de Profesionalización en el Ministerio de la Mujer, y el Ministerio Público, además del Macro índice a la calidad de los servicios públicos de las instituciones priorizadas, por María Tatiana Burgos, consultora.

Luego se realizó el panel sobre Mejora en la atención a usuarios/as de los servicios públicos del Ministerio de la Mujer y Ministerio Público, en este participaron Margarita Feliz Montero, Ministerio de la Mujer, Marlen Andujar de la   Procuraduría Especializada de Género y Clara Feliz del Centro de Promoción Campesina (Lemba). 

9 de mayo del 2022

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, expresó su rotundo rechazo a la agresión de que fueron objeto el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, su equipo y miembros de la prensa que lo acompañaron en una inspección al canódromo el pasado lunes. Consideran que esta acción constituye un grave atentado a la libertad de prensa, agravado por la acción de borrar lo documentado en el incidente, afectando el derecho a la información que tiene la población.

¨Es totalmente inaceptable que frecuentemente miembros de los cuerpos policiales y militares se comporten de manera dictatorial, agresiva y arbitraria contra ciudadanos y ciudadanas, y menos aún contra una autoridad constitucional como el Defensor del Pueblo, totalmente revestido del derecho de presentarse en cualquier organismo público o privado donde se haya denunciado violaciones a los derechos de la población¨, señalaron en nota de prensa.

Participación Ciudadana enfatizó que, tratar de impedir su entrada a un recinto público, agredir a la comitiva, despojar de cámaras y celulares a los miembros de la prensa, son delitos que deben ser sancionados de manera ejemplar, no sólo con la destitución sino también con un sometimiento a la justicia.

¨Es hora de que, de una vez por todas, las fuerzas del orden entiendan que no están por encima de las leyes, ni para atropellar a los ciudadanos y que los recintos públicos no son lugares cerrados, protegidos por un muro de impunidad, donde nadie se entera de lo que ahí pasa¨, preciso el movimiento cívico.

Participación Ciudadana entiende que es oportuno el momento para transformar ese centro de retención de vehículos que ha sido denunciado por muchos años como un ente de corrupción, atropello y violación de derechos a los ciudadanos.

¨Miles de vehículos son incautados por decisiones arbitrarias de los policías de tránsito, más allá de las atribuciones que les asigna la ley. Es cierto que en el país se necesita imponer el orden en el tránsito, pero esto sólo se logrará con el imperio de la ley, educación y con actuaciones respetuosas por parte de la policía ̈, concluyeron.

El Consejo Nacional de la institución de la sociedad civil, confía en que el presidente Abinader aprovechará esta oportunidad para dar un ejemplo y ordenar el desmonte y total transformación de este centro de atropello y despojo a los ciudadanos. También, señalaron que, sería oportuno concientizar y disciplinar a los miembros de la DIGESETT en lo relativo a los derechos humanos, a los límites de sus actuaciones y al conocimiento de las funciones de figuras de la democracia como lo son el Defensor del Pueblo y la prensa.

Consejo Nacional

13 de abril del 2022

Santo Domingo, República Dominicana. En su 28va. Asamblea Anualcelebrada el 27 de marzo pasado, Participación Ciudadana eligió un nuevo Consejo Nacional y proclamó su apoyo a los esfuerzos que se están haciendo para avanzar en reformas institucionales que hace años son necesarias e impostergables. 

El movimiento Cívico, señaló en nota de prensa que, en estos momentos, 16 temas de trascendencia están en la agenda de trabajo del Consejo Económico y Social (CES).

Precisaron que todos los temas son necesarios, pero entienden que este año deberían priorizarse y lograrse la Reforma Electoral y la Ley de Partidos Políticos, además de garantizar la total independencia del Ministerio Público, la reforma de la Ley de Seguridad Social, y trabajar por la reforma institucional que garantice la calidad de la educación pública.

También señalaron que es fundamental la reforma policial, la política de seguridad ciudadana y de persecución de la criminalidad organizada, la ley de Extinción de Dominio, que ya cursa en el Congreso, y la reforma de la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas.

Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana, precisó en rueda de prensa que, algunas de estas reformas están en el tiempo justo para ser concertadas y aprobadas, dados los enormes perjuicios que su posposición conlleva.

¨Para mejorar la calidad de la democracia y de las próximas elecciones, los cambios en la normativa deberían producirse este año, de manera que la Junta Central Electoral y los mismos partidos tengan tiempo de aplicarlas antes del periodo electoral¨, señaló Abreu.

El movimiento cívico, enfatizó que, también son urgentes los cambios en la seguridad social y en la calidad de la educación pública. ¨Esta última no requiere reforma legal, ya que se puede lograr con un acuerdo y voluntad de las partes que coloque como centro de atención el aprendizaje de los niños y niñas que acuden a la educación pública, cumpliendo con el derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de acceder a una educación de calidad¨, indicaron en la nota.

Señalaron, además, que es impostergable que el país realice las reformas necesarias para fortalecer los órganos de control de la corrupción y la criminalidad, males que amenazan el Estado social, democrático y de derechos que establece la Constitución. 

¨Reconocemos avances en la persecución de la corrupción y del crimen organizado, pero la delincuencia común sigue siendo una amenaza que transforma en un infierno la vida diaria de los ciudadanos y ciudadanas, a lo cual se agregan las frecuentes actuaciones abusivas de la policía, especialmente contra los sectores más vulnerables¨, precisaron.

La institución de la sociedad civil ve con preocupación los escasos avances en las diferentes mesas del CES que están a cargo de estos temas y la aparente disposición de algunos sectores de dificultar las reformas.

En tal sentido, exhortaron a los diversos sectores que confluyen en el CES a aportar la voluntad indispensable y comprometerse en las conversaciones, asumiendo un rol activo, tanto desde el sector social, empresarial y laboral, así como desde el oficialismo y los partidos de oposición, contribuyendo con sus propuestas a alcanzar resultados tangibles y arribar a los consensos necesarios para su posterior ponderación por las cámaras legislativas.

Participación Ciudadana, además, realizó un llamado a los legisladores para que las reformas se guíen por el artículo 147 constitucional, que manda a proscribir la corrupción y ordena castigo para toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos del Estado, obtenga para sí o para terceros provechos económicos, o proporcione ventajas a sus asociados, familiares, amigos o relacionados.

Siguiendo este mandato, la institución de la sociedad civil, considera que en el Congreso Nacional debe ser aprobado el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que también es un mandato constitucional, consignado en el artículo 51.6.

En ese tenor, señalaron que, es urgente establecer la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, aprovechando que el artículo 147.5 constitucional establece que la ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios para los casos de crímenes de corrupción.

Con relación a la reforma de la ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas de bienes y servicios, la institución puntualizó que se hace urgente su revisión integral de tal manera que permita fortalecer el marco jurídico regulatorio para hacerlo más transparente y eficiente en su funcionamiento y contrarrestar las prácticas de corrupción que han sido evidentes en los últimos años.

¨Las reformas que ahora se encuentran en discusión son un reto para la sociedad dominicana y no deben ser aplazadas bajo ningún pretexto. El pueblo dominicano cuenta con las fortalezas para avanzar ante las situaciones difíciles. Es precisamente para los malos tiempos que necesitamos instituciones fuertes¨, destacaron.

La organización de la sociedad civil señaló que todas las reformas que están apoyando tienen enormes repercusiones en el futuro inmediato del pueblo dominicano. Si no se logra ahora, el país arrastrará por décadas los mismos males que lo agobian.

Concluyeron, reclamando al sector político, oficialista y de oposición, cumplir con las promesas de campaña y los compromisos de avanzar hacia una República Dominicana más democrática y progresista, donde se incentive el trabajo honesto, la justicia y la paz y se castigue ejemplarmente la corrupción y el crimen.

 Consejo Nacional de Participación Ciudadana

6 de abril del 2022