Como parte del observatorio de los casos de corrupción, Participación Ciudadana ha revisado el accidentado tránsito del caso Medusa en la etapa intermedia o audiencia preliminar. El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y otras 40 personas y 22 sociedades son imputadas de estafar al Estado por más de RD$6,000 millones de pesos.

El propósito de este informe es evidenciar lo que NO debe ocurrir en ningún caso en esta fase del proceso penal. Tal como estamos haciendo con otros expedientes, el caso Medusa ha sido sometido a un análisis detallado del proceso para medir la eficiencia del sistema de justicia y prevenir al país ante maniobras que pudieran derivar en situaciones que repitan la historia de impunidad de la corrupción que hemos vivido.

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RESUMEN

• La audiencia preliminar tuvo que ser aplazada 94 veces antes de que el juez Amauri Martínez pudiera tomar su decisión sobre el caso. enviando a juicio de fondo a los imputados.
• El motivo principal de la dilación fue la decisión de que se leyera el expediente completo de 12,274 páginas, lo cual se tomó casi seis meses y provocó 45 aplazamientos. El Código Procesal Penal (CPP), solo manda a que en audiencia preliminar se lean las partes relativas a los hechos y su calificación jurídica, que solo tenía 1,300 páginas, que pudieron haberse leído en un mes.
• La recusación de jueces sigue siendo utilizada para dilatar los procesos, llegándose en este caso no solo a recursar al juez, sino además a todos los jueces de la corte que debían decidir la recusación.

Participación Ciudadana, en coordinación con Transparency International, el Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés), la Fundación para el Debido Proceso (DPFL) y Transparencia Venezuela, organizó el evento internacional "República Dominicana y Venezuela: Desafíos de la justicia y los ciudadanos contra la corrupción", celebrado en el Hotel Catalonia Santo Domingo. Este encuentro reunió a destacados expertos y actores clave en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado transnacional que impactan a ambos países.

El evento tuvo como objetivo visibilizar las conexiones entre las redes criminales venezolanas y su influencia en la República Dominicana, abordando temas como el tráfico de drogas, personas, lavado de dinero, corrupción y la colusión entre funcionarios locales y grupos criminales. A través de paneles, moderados por reconocidos expertos, se discutieron las estrategias de investigación y combate a estas redes, así como los obstáculos que enfrentan los sistemas de justicia de ambos países.

Mercedes De Freitas, Directora de Transparencia Venezuela, y Erick Hernández Machado, Coordinador General de Participación Ciudadana, dieron inicio a la jornada, subrayando la importancia de fortalecer la cooperación internacional para enfrentar las amenazas del crimen organizado.

Machado resaltó los tres aspectos medulares que gravitan en esta actividad: el liderazgo político, el acceso a la información y  la democracia. Por su parte, De Freitas explicó cómo las redes de corrupción venezolanas se han expandido a otros países del mundo.

El evento incluyó tres paneles principales: 1): “Oro, drogas, corrupción, lavado de dinero: Investigaciones y reportajes que destapan redes transnacionales” contó con la participación de David González (OCCRP) y Heiromy Castro (ex Coordinador de Participación Ciudadana), quienes discutieron cómo los medios y las investigaciones han revelado la conexión de grupos criminales venezolanos con redes en República Dominicana.

El Panel 2  “Cómo actúan los facilitadores y agentes grises” se centró en la complicidad de actores legales que permiten el funcionamiento de estas redes. Este panel fue moderado por Mercedes De Freitas y contó con José Ugaz (Taskforce Venezuela) y Claudia Álvarez, experta en transparencia y anticorrupción.

El Panel 3: “Esfuerzos de investigación en la justicia dominicana de las redes de corrupción, crimen organizado y lavado de dinero venezolanos” fue moderado por Katya Salazar (DPFL) y contó con Alicia Ortega, periodista de investigación dominicana, y Robert Mustafá, especialista en delitos financieros, quienes explicaron los desafíos que enfrenta el sistema judicial en la persecución de estos delitos.

Durante el evento, se abordaron los efectos del tráfico de drogas, lavado de dinero, trata de personas y la corrupción en las instituciones locales, y se destacó la falta de cooperación de la justicia venezolana para procesar estos casos.

El evento concluyó con un llamado a la ciudadanía y a las autoridades dominicanas a prestar atención a esta problemática y a trabajar en conjunto para combatir la corrupción y las redes criminales que afectan a ambos países.

Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, exigió explicaciones sobre la continuidad del contrato de semaforización del Gran Santo Domingo con la empresa Transcore, luego de haberse anunciado la suspensión.

“Se espera que en las próximas horas el Gobierno ofrezca una explicación clara de las razones por las que se continuó ejecutando el contrato para la semaforización del Gran Santo Domingo con la empresa Transcore a pesar de haber sido suspendido desde octubre del año pasado”, dijo la entidad en nota de prensa.

De igual manera considera que la población debe saber el nivel de ejecución del citado contrato, los pagos realizados durante el proceso y las razones por las que se dejó el control del sistema en una empresa cuestionada por el propio Gobierno.

Se recuerda que la Dirección de Compras y Contrataciones suspendió el citado contrato por un monto superior a los RD$1,300 millones de pesos en octubre del 2023, luego de identificar irregularidades como que fue creada meses antes del citado concurso y que el dueño oficial era un empleado de la entidad organizadora del proceso, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (INTRANT)

La organización cívica filial de Transparencia Internacional en la República Dominicana considera que los argumentos expuestos la semana pasada por el vocero del gobierno, Homero Figueroa, resultan superficiales y no llenan las expectativas de una sociedad que merece explicaciones sobre el uso adecuado de los fondos públicos.

“La sociedad dominicana está cansada del dejar hacer y el dejar pasar frente a contratos de esta naturaleza que envuelven miles de millones de pesos y que luego del escándalo caen en el olvido de los medios”, dice un comunicado del Consejo Nacional de la Organización.

Participación Ciudadana indicó que de igual manera el Ministerio Público debe explicar el curso de las investigaciones que se iniciaron el año pasado y de las que la ciudadanía no tiene información.

“Sabemos que en la fase investigativa el Ministerio Público no debe publicar resultados que incluso afecten el proceso, pero es preciso saber si en este caso que envuelve una cifra tan grande y un servicio que cae en el ámbito de la seguridad nacional, hay un proceso abierto”, acotó Participación Ciudadana.

La organización cívica cuestiona que días después de que funcionarios de la administración del presidente Luis Abinader firmaran un compromiso con la ética y la transparencia exploten escándalos como este o la suspensión de la licitación del pasaporte electrónico.

La ONG llama a la ciudadanía a participar activamente en las elecciones municipales del próximo 18 de febrero y a constituirse en observadora proactiva del proceso.

Santo Domingo, RD. – El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) presentó hoy a representantes de medios de comunicación y a la ciudadanía, la plataforma www.atentocontuvoto.org para registrar y tramitar denuncias de delitos electorales antes y durante la campaña y el proceso electoral.
A través de la página web, las personas podrán realizar denuncias con fotografías y videos de los delitos contemplados en las leyes No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos; No. 20-23 de Régimen Electoral; y el Decreto 1-24 que regula la publicidad gubernamental durante el calendario electoral.
Para depurar y validar las denuncias, PC cuenta con un equipo responsable de confirmar la veracidad de las mismas, incluida su geolocalización, con la cual posteriormente se mostrarán en un mapa dinámico y georreferenciado con las reseñas validadas.
La presentación estuvo encabezada por la coordinadora general, Lizzie Sánchez; junto Fátima Lorenzo, directora ejecutiva; Leidy Blanco, Stalin Montero y Josefina Arvelo, integrantes del Consejo Nacional de la entidad.
Al evento asistieron Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), y de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, magistrado Iván Féliz Vargas, procurador fiscal y magistrada Yanit Pujols, procuradora adjunta; además de periodistas y representantes de otras instituciones.
Delitos frecuentes
Para PC como organización de la sociedad civil, es importante hacer un proceso de concientización que incluya a los partidos políticos y a la ciudadanía en general, que promueva evitar y observar los delitos y malas prácticas que se han normalizado como resultado de la cultura político-electoral en la República Dominicana, y que con frecuencia no se formalizan ante las instancias públicas contempladas por la ley.
Entre las violaciones a leyes y delitos frecuentes no denunciados, señalaron el uso de vehículos y recursos del Estado; y la compra, alquiler y venta de cédulas; así como la violencia política en contra de las mujeres por razones de género.
Para este 2024, subrayan el proceso de observación electoral que realizan desde 1996 con el lema "la democracia más que un voto es un proceso", y reiteran el llamado a que la ciudadanía reclame mayor transparencia y mejores propuestas. //

CONSEJO NACIONAL
31 de enero de 2024

El país sigue mostrando algunos avances a partir del desarrollo del gran movimiento de lucha contra la corrupción que se produjo entre el 2017 y 2019. Desde el 2020 pasó de 28 a 35 puntos en el IPC.
En el informe dado a conocer este 30 de enero en Berlín por Transparencia Internacional, se destaca que pocos países han avanzado en el IPC. Con avances significativos sólo se registran 7 paises en el mundo, entre los cuales está la República Dominicana. En Las Américas, sólo dos países, Guyana y República Dominicana, han mejorado sus puntuaciones durante la última década, mientras que los demás se han estancado o han disminuido significativamente. La puntuación promedio de la región es 43 puntos.
El mismo informe atribuye el poco avance en Las Américas al no cumplimiento del papel crucial del Poder Judicial en el control de otras ramas del gobierno. Afirma TI que “La falta de independencia judicial socava el Estado de derecho, promueve la corrupción y conduce a la impunidad de los corruptos y poderosos. Dado que el puntaje promedio de la región se mantiene en 43 y dos tercios de los países se ubican por debajo de 50, abordar este tema es imperativo para la lucha efectiva contra la corrupción.”
Participación Ciudadana, tal como afirmamos en el informe correspondiente al 2022, entiende que los puntos ganados en el IPC son atribuibles a un Ministerio Público independiente, que ha presentado a los tribunales expedientes que documentan la alta corrupción que afectó al país en las últimas décadas. También hay que destacar el trabajo que están desarrollando otras entidades de control, como Contrataciones Públicas, Contraloría y la Dirección de Ética.
Estos factores, impulsados y acompañados por una ciudadanía más consciente, vigilante y activa, así como el aporte de la prensa y las redes sociales, son fundamentales en la meta de dejar atrás la larga historia de corrupción rampante que ha afectado nuestra imagen internacional.
Sin embargo, seguimos insistiendo en que la demora en los procesos judiciales, los casos que ya han caído en la impunidad por esta causa, así como las posibilidades de que esto se repita, siguen siendo una preocupación y un posible escollo para el avance en la lucha contra la corrupción y la criminalidad.
Los países con los más elevados IPC en el mundo en el 2023 son: Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelandia, Noruega, Singapur, Suecia y Suiza. En las Américas están a la cabeza: Canadá, Uruguay, Barbados y Estados Unidos, mientras las peores puntuaciones la obtienen, una vez más, Venezuela, Nicaragua y Haití.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es elaborado por un equipo técnico de la sede central de Transparencia Internacional en Berlín. Combina datos de distintas fuentes que recogen las percepciones de empresarios y especialistas sobre los niveles de corrupción en el sector público. Los capítulos nacionales no tienen participación en el cálculo de la puntuación.

CONSEJO NACIONAL
30 de enero del 2024

La iniciativa se desarrollará en el marco de su tradicional proceso de observación electoral que realiza desde hace 30 años en el país, articulando a cientos de voluntarias y voluntarios a lo largo del territorio nacional.

Santo Domingo. – El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana presentó a la sociedad dominicana una campaña de comunicación que promoverá a través de sus redes sociales, bajo el lema “La democracia, más que un voto es un proceso”, con la que busca dar a conocer las prohibiciones que las normativas legales establecen en relación al uso de los recursos del Estado y la publicidad estatal en la campaña electoral.
De igual manera, como entidad no gubernamental y apartidista, saludaron la firma por el presidente de la República del decreto 1-24, que regula la publicidad gubernamental, sobre todo en período electoral, el cual viene a reforzar las disposiciones contenidas en la Ley 33-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas, y en la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral, al tiempo en que advirtió que no basta con la buena intención, ya que la parte más importante es el cumplimiento de dicha normativa, debido a la tradición de uso y abuso de los recursos del Estado a favor de partidos y candidatos en el poder.
La campaña consistirá en mensajes cortos y con lenguaje llano con el objetivo de visibilizar cualquier transgresión a las normas que rigen la materia, así como otros mecanismos como la plataforma Atento con tu voto, serán puestos a la disposición de la ciudadanía para reportar violaciones a las normas.
Participación Ciudadana aclaró que no es correcta la versión puesta a circular de que las disposiciones del decreto 1-24 sólo son aplicables cuando se publique el reglamento que se prevé para dentro de seis meses, y enfatizó en que esas reglas son de cumplimiento inmediato, pues tienen que ver con el contenido de la publicidad gubernamental.
Mensajes
“La ley 33-18, de partidos políticos, “prohíbe el uso de recursos públicos de los poderes e instituciones del Estado, incluyendo los ayuntamientos, para financiar o apoyar en cualquier forma las actividades de rentabilidad electoral particular, inclusive aquellas que se deriven de inauguraciones oficiales” señala una de las publicaciones.
La organización de la sociedad civil también anunció que dentro de su programa de observación electoral realizará un monitoreo de los mensajes publicitarios del gobierno con el propósito de contribuir a erradicar las malas prácticas que tradicionalmente han caracterizado los anteriores procesos electorales en el país.

CONSEJO NACIONAL
15 de enero de 2024

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI-Altas Cortes), conformada por el Decanato de Ciencias Sociales y Humanidades de INTEC, el Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF; Participación Ciudadana, Fundación Friedrich Ebert y Foro Ciudadano, elaboró un informe sobre el ejercicio de vigilancia y de observación que realizó al proceso de selección de cinco postulantes para su designación en el Tribunal Constitucional.

La ROI considera que el pasado proceso ha evidenciado serios desafíos a superar en el sistema de selección de jueces y juezas de las altas cortes, así como a aspectos que deben ser optimizados como son los de transparencia, meritocracia, participación ciudadana y respeto del principio de igualdad y no discriminación.

La Red destaca que la ausencia de criterios objetivos de evaluación sigue siendo una de las mayores debilidades del proceso y asegura que, de haberse considerado la matriz de evaluación propuesta, se hubiera evitado situaciones como la salida abrupta del senador Bautista Rojas en la última sesión del CNM, así como los cuestionamientos de los cuales han sido objeto las designaciones finales.

Entre las acciones de la ROI, estuvo la elaboración de una Matriz de Evaluación, una propuesta metodológica que combina el desempeño profesional y la perspectiva jurídico-administrativa. Una herramienta para establecer criterios de idoneidad que favorezcan la selección de personas independientes, capacitadas, con vasta experiencia en materia constitucional, con alto sentido de justicia y con compromiso de salvaguardar e impulsar los derechos fundamentales.

Otra debilidad destacada por la ROI en el pasado proceso fue la falta de transparencia, la no publicación de las actas de manera oportuna, lo cual constituye una franca violación a las normas que regulan el funcionamiento del CNM y dificulta el monitoreo tanto ciudadano como de los postulantes, ya que, ante cualquier afectación de sus derechos, carecerán de elementos para impugnar las decisiones a tiempo.

Respecto de las designaciones, sin dejar de lado los cuestionamientos por supuestos vínculos políticos con el oficialismo a la mayoría de las cinco personas favorecidas con el nombramiento en el Tribunal Constitucional, la ROI valora el avance hacia un aparente equilibrio de representatividad ideológica, lo que a su vez favorece al debate democrático y reviste de solidez la confianza de las personas en un órgano a cargo de la justicia constitucional y de la defensa, protección y garantía de los derechos humanos fundamentales de todas las personas. 

Informe: https://drive.google.com/file/d/1MHrEkcE5PocKHAos3XaFgAEM_G4N9Q59/view?usp=sharing