Participación Ciudadana continúa dando seguimiento a los grandes casos de corrupción administrativa que se encuentran en sede judicial o del Ministerio Público, con la finalidad de dejar en récord la forma en que los mismos fueron manejados por jueces, fiscales, defensa pública o privada.

En esta ocasión recogemos las incidencias ocurridas en el período marzo – mayo 2025 y a partir de este informe hemos descartado denominar los casos con los sobrenombres que utilizó originalmente el Ministerio Público, utilizando en este quinto informe y en los siguientes, el sistema tradicional de nombrar los casos bajo los nombres de los principales imputados y a los demás, designarlos bajo la denominación genérica de “y compartes”, acogiendo así la decisión del Tribunal Constitucional TC/0225/25 que prohíbe de manera general utilizar sobrenombres o motes.

La evaluación de estos 60 días de observación nos permite aseverar que los casos continúan siendo conocidos con lentitud, con incidentes que obligan a los jueces a posponer las audiencias, creando una congestión de casos que impiden una mayor celeridad.

La lentitud ha sido reconocida por el propio sistema judicial, que tomó la decisión de excluir temporalmente del sistema aleatorio de asignación de casos al primer y segundo tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional para evitar congestionar aún más estos tribunales.

Recordemos que el primer tribunal colegiado está integrado por Esmirna Gisselle Méndez, quien los preside y por Tania Yunes y  Jissel Naranjo, miembros, y conocen el caso de Adán Cáceres y compartes, además de tener bajo su responsabilidad otros 50 casos, entre ellos la quiebra de la Financiera Oriental.

Por su lado, el segundo tribunal colegiado está integrado por Claribel Nivar Arias, quien lo preside, y Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, miembros, y este tribunal conoce el caso de Alexis Medina y compartes, Jean Alain Rodríguez y compartes, además de muchos otros casos, entre ellos el de Costa Dorada, Pascual Cabrera y Money Free.

En el comunicado el Poder Judicial informó que se tomó esta decisión "a fin de avanzar en la resolución" de esos procesos y de otros de los que se encuentran apoderados” y agrega que "La decisión se toma entendiendo que los casos complejos demandan jornadas extendidas de audiencia por la multiplicidad de imputados y extensa cantidad de pruebas, lo cual limita la posibilidad de conocer otros casos durante la semana".

El octubre de 2023 Participación Ciudadana solicitó medidas como la ahora tomada, en una carta dirigida al presidente del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, exponiéndole lo siguiente:

“Entendemos que es obligación del Consejo del Poder Judicial organizar y crear las condiciones para que todos los casos, incluyendo sobre todo los casos complejos, estén en manos de jueces que tengan el tiempo y la carga de trabajo adecuadas, que les permitan gestionar los casos dentro de plazos razonables, terminando así con la percepción ciudadana de que quienes cuentan con extensos recursos pueden ingeniárselas para salir impunes hasta de los peores crímenes».

De todas formas, aunque se ha dilatado la medida, es positivo que el Poder Judicial comience a tomar medidas que agilicen los procesos, no solo aquellos de corrupción administrativa, sino todos los que están bajo su responsabilidad.

En lo adelante resumimos como han avanzado estos casos desde mediados de marzo hasta mediados de mayo de 2025.

1. Caso Alexis Medina, Magaly Medina, Fernando Rosa y compartes.

Este caso lo conoce el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional.

Luego del rechazo de la solicitud de la extinción de la acción penal por la llegada del plazo máximo de duración del proceso, ocurrida por sentencia de fecha 17 de marzo 2025, desde esa fecha hasta el 15 de mayo de 2025 el tribunal ha conocido 11 audiencias.

En las audiencias del 24, 26 y 31 de marzo el ministerio público presentó su discurso de cierre y sus conclusiones.

En la audiencia de fecha 7 de abril, la querellante, Empresa Distribuidora de Electricidad, inició y finalizó la presentación de su caso y sus conclusiones.

En la audiencia de fecha 9 de abril, el Estado Dominicano presentó su caso y sus conclusiones al fondo.

La audiencia del 11 de abril hubo de ser recesada porque algunos abogados defensores tenían compromisos de audiencias de otros casos en diferentes tribunales.

La audiencia de fecha 21 de abril fue igualmente recesada, esta vez por la ausencia del defensor público del imputado Carlos Alarcón Veras.

En las audiencias de fechas 30 de abril y 7 de mayo, el imputado Fernando Rosa presentó sus alegatos de clausura y sus conclusiones al fondo, además de hacer uso de su derecho a declarar.

En la audiencia de fecha 7 de mayo R&T Construcciones e Inversiones, SRL presentó sus argumentos de defensa y concluyó al fondo.

En esta misma audiencia del 7 de mayo la imputada Magaly Medina inició sus argumentos de defensa y los terminó en la audiencia del 12 de mayo, en la que presentó sus conclusiones y además ejerció su defensa material dando declaraciones al tribunal.

El tribunal que conoce este caso ha sido consistente en mantener un ritmo adecuado de audiencias para el conocimiento del caso.

• Caso Adán Cáceres y compartes.

En el lapso observado se celebraron 10 audiencias por parte del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional, que conoce este caso, bajo la presidencia de Gisselle Méndez.

En la audiencia del 11 de marzo se continuó con la fase probatoria, y en esta audiencia el Ministerio Público presentó a los testigos Susana Adolfo, Nicole González, Ámbar Valverde, Manolo Jiménez, Wellington Fernández, Juan Francisco Caraballo, Marina Reyes, Genaro Reyes, Viviana Nuñez y al perito Germán Reyes. También se incorporó a través de los testigos una cantidad de pruebas.

La audiencia del 18 de marzo se suspendió por inasistencia del imputado Yehudy Guzmán, que alegó razones de salud.

En la audiencia del 27 de marzo se continuó con la presentación de testigos, en este caso Aurelio Valdez y Roberto, y se incorporaron las pruebas del 1627 hasta 2005 y 2038 a 2043, así como la prueba 566 y el peritaje No. 12 y sus anexos.

En la audiencia del 3 de abril se decidió aplazarla debido a la licencia médica presentada por la imputada Jehudy Guzmán y también se aplazó la siguiente audiencia celebrada el 8 de abril, debido a licencia médica del imputado Tanner Antonio Flete.

En la audiencia celebrada el 10 de abril se continuó con la presentación de testigos a cargo del Ministerio Público y se presentaron César Ramos, Luis Coronado, José Pascual Cabrera, Rolando Bueno Jiménez, Sterling Peralta, Cristian Elías Serrano y Jairo Hernández.

En la audiencia del 15 de abril se continuó con la presentación de testigos por parte del Ministerio Público y se escuchó a Rafael Sosa, Lidia Díaz, Carlos Gómez y el perito Yerida Valdez López.

En la audiencia del 22 de abril se siguió escuchando testigos a cargo del Ministerio Público y se presentaron ante el tribunal los señores Roselmy Castro, Silverina Severino Rosario, Alexandra Echavarría, Wilfredo Rodríguez. El Ministerio Público desistió de presentar a la testigo Mayra Goris.

La audiencia del 29 de abril se inició con la testigo Carmen Miguelina y luego con Dionis Núñez. Se incorporó la prueba pericial 8 y también la 79.

En la audiencia del 8 de abril se continuó en la fase probatoria a cargo del Ministerio Público que presentó al testigo Dionis Núñez.

Como se desprende de la lectura del desarrollo de este caso, el Ministerio Público ha realizado un intenso trabajo en la presentación de sus pruebas y las audiencias se llevan a cabo con una frecuencia razonable.

• Caso Jean Alain Rodríguez y compartes.

De este caso estuvo apoderado el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional, que fue recusado y no pudo iniciar el conocimiento del juicio de fondo. La recusación fue acogida y se apoderó al Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional.

En lo que esto ocurría, el 1 de mayo se varió la medida de coerción que tenía el señor Rodríguez a libertad pura y simple.

El Segundo Tribunal intentó iniciar el conocimiento del fondo del caso en una audiencia fijada para el 1 de mayo, pero debió aplazarse porque no había sido citado el imputado Alfredo Solano.

Durante el lapso del observatorio que da lugar a este informe, no fue posible comenzar a conocer el juicio de fondo y, por el contrario, se fijó la audiencia de inicio para el 23 de junio del 2025.

En el período observado se conocieron varias medidas de devolución de vehículos y otros objetos, variación de medias de coerción, desglose de imputados y hasta una condena por litigación temeraria.

• Caso Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y compartes.

Luego de presentada la acusación en abril de 2024, se ha dilatado sin justificación el inicio de la audiencia preliminar de este caso. La juez a cargo es la magistrada Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

En las audiencias del 24 y 28 de marzo se pretendió dar inicio, pero tuvieron que suspenderse en este última por razones médicas de los imputados Ana Linda, Mabel Justiniano y Denis Enrique, quienes presentaron certificados médicos.

El 11 de abril se aplazó por el desglose de imputados.

La audiencia del 25 de abril se aplazó debido a que la defensa de Gonzalo Castillo recusó a la jueza.

Finalmente, en la audiencia del 2 de mayo se inició la lectura de la acusación, con una dilación de casi un año.

• Caso Jochi Gómez, Hugo Beras y compartes.

Sobre este caso el Ministerio Público aún no presenta acto conclusivo, sea acusando a los investigados, sea archivando el caso.

En el tiempo bajo observación se han levantado todas las medidas de coerción, e incluso el Ministerio Público recusó a la jueza control, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, debido a que levantó incluso el impedimento de salida del país que tenía el investigado Jochi Gómez.

Este levantamiento permite al imputado tener acceso en Estados Unidos a la compañía cuyo nombre utilizó en República Dominicana para agenciarse un contrato público, pero que luego fue desautorizado por dicha compañía.

Se está a la espera de que el Ministerio Público presente su acto conclusivo.

Descarga este informe como PDF aquí

Tal como había planteado Participación Ciudadana a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, el Congreso Nacional, a partir de un proyecto elaborado por la Junta Central Electoral, está llamado a hacer viables las candidaturas independientes.

El proyecto entregado por la JCE parte de disposiciones contenidas en la Constitución que garantizan el derecho a ser elegible y de la sentencia del TC No. TC/788/2024 del 13 de diciembre de 2024. Establece las disposiciones que le darán viabilidad a lo dispuesto por el TC, al tiempo que se resguarda el sistema electoral y a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que la Constitución establece como medios para la postulación a puestos electivos.

Participación Ciudadana entiende, sin embargo, que el proyecto de ley presenta aspectos que es necesario discutir cuidadosamente y corregir, para que esta normativa sea viable y acorde con la Constitución de la República y con la sentencia del TC, cuyo cumplimiento es obligatorio.

El proyecto entregado por la JCE establece que las asociaciones cívicas que sean creadas para presentar candidaturas independientes tendrán que cumplir con requisitos para ser reconocidas, como los establecidos por la Ley No. 122-05, sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro; serán independientes de los partidos políticos; tendrán como único objeto apoyar la candidatura que postule en el proceso electoral del año correspondiente, por tanto, perderán su objeto electoral de pleno derecho inmediatamente tomen posesión las autoridades electas. Estas asociaciones cívicas (AC) no podrán presentar candidatos en otros procesos electorales diferente al que motivó su registro, aun cuando continúe con personalidad jurídica.

Los artículos 1 y 2 del proyecto establecen la DEFINICIÓN de una AC, su OBJETO SOCIAL y DURACIÓN. Queda claro que su definición, objeto social y duración están exclusivamente referidos a la participación en un único proceso electoral, por tanto, no tiene sentido que el proyecto diga que podrán mantener una personalidad jurídica más allá del proceso electoral.

Un primer punto a discutir es si la inscripción de estas asociaciones debe regirse por la Ley No. 122-05, la cual es muy exigente y conlleva un tiempo relativamente largo de registro, que le resta la espontaneidad y factibilidad de esta opción, dada la corta duración que el mismo proyecto de ley les otorga.

Participación Ciudadana entiende que, siendo este nuevo tipo de organización de objeto exclusivamente electoral y transitorio, deben ser registradas y supervisadas por la JCE. El objeto y muchas otras características de las ISFL no coinciden con los de las AC. Además, el proyecto establece que el patrimonio de la AC se regirá por las leyes núm.  33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos políticos y la núm. 33-18 de Régimen Orgánico Electoral, mientras que no recibirán recursos públicos.

Un aspecto que parece ser incongruente es que el Art. 1 del Proyecto, en su letra (a) define las ASOCIACIONES CIVICAS como sigue: Son asociaciones de ciudadanos y ciudadanas, legalmente constituidas y que fungen como vía para postular las candidaturas independientes. Están diseñadas para fines electorales, su creación y permanencia estarán limitadas al proceso electoral correspondiente, conforme a las disposiciones de esta ley.

La Ley No. 20-23 sobre el Régimen Electoral contempla tres personas morales que pueden presentar candidaturas: Los partidos políticos a nivel nacional, las agrupaciones políticas a nivel provincial y los movimientos políticos en los municipios y los distritos municipales. El Proyecto de Ley para candidaturas independientes, de ser aprobado, crearía una cuarta persona moral, la asociación cívica, la cual podrá presentar candidaturas independientes. Sin embargo, a pesar de que se trata de un nuevo tipo de organización, por otro lado, trata a sus candidaturas como personales o individuales.

Otro aspecto que cuestionamos es que el proyecto contempla para la AC el 2% del Padrón Electoral de las últimas elecciones ordinarias generales, mientras a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos se les exige el 2% de los votos válidos de las últimas elecciones generales. Eso pudiera representar para las AC, hasta el doble de las firmas con relacion a las demás organizaciones. Por otro lado, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos no tienen plazo para recolectar las firmas, mientras a las AC se les daría un plazo de 30 días. Estas diferenciaciones podrían ser recurridas como discriminatorias.

El art. 25 del proyecto presenta serios problemas, es inconcebible que un grupo de ciudadanos complete todo un proceso de inscripción, bastante complejo y largo, también un proceso de obtención de firmas del 2% del padrón y que luego resulte que su participación va a depender de un sorteo, porque no se permiten más de tres candidaturas independientes.

Aquí no se trata de un desempate en una votación, se trata de ciudadanos/as que han completado un proceso, amparados en una ley y que luego tengan que depender de la suerte para participar.

El artículo 26 del proyecto contempla que la AC solo puede presentar una única candidatura por cada nivel de elección en los cargos de diputación, regidurías y vocalías. Sin embargo, la presentación de candidaturas a los puestos de elección popular no es personal, es institucional, por eso se estaría creando la figura de asociación de ciudadanos. El espíritu de la sentencia del TC parece ser de que ciudadanos individuales puedan presentar candidaturas, sin embargo, la creación de una asociación implica una personería jurídica colectiva, por tanto, la candidatura independiente ni es personal ni es individual. A esto se suma la indefinición de qué sucedería si uno de estos candidatos, una vez elegidos, por alguna razón, abandonara la posición ¿quién lo sustituiría?

Conforme al principio de igualdad contenido en el Artículo 39 de la Constitución, no puede haber diferenciación entre iguales y mucho menos discriminación. Una vez creada la AC tendría derecho, no solo a participar en los procesos electorales y presentar candidaturas, sino a hacerlo en igualdad de condiciones, con los efectos, beneficios, deberes y obligaciones que tienen las demás personas morales que presenten candidaturas.

Establecer que la AC solo pueda presentar una candidatura, en los niveles de elección plurinominales y que, sin importar la cantidad de votos que saque solo obtendrá una posición, es irrazonable y discriminatorio, en consecuencia, contrario al artículo 74 de la Constitución, que establece que la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales tiene que respetar el principio de razonabilidad y mantener la esencia del derecho a regular y al artículo 39 que refiere la identidad de trato entre iguales.

Es inconcebible que el Párrafo I del artículo 26 contemple la posibilidad de que la candidatura independiente reciba votos que les permitan acceder a más de un escaño dentro de ese nivel de elección y que se le adjudique solo un escaño. Ese artículo y sus párrafos no resiste la prueba de razonabilidad que ha establecido el Tribunal Constitucional para que un texto legal que regula el ejercicio de los derechos fundamentales esté acorde con la constitución. Ni los considerando del proyecto, ni el texto del artículo 26 explican razonablemente el trato diferenciado que dan a la AC en este aspecto.

Participación Ciudadana entiende que el Congreso Nacional debe estudiar cuidadosamente este proyecto, asesorarse de expertos constitucionales y escuchar las observaciones. El sistema electoral dominicano ha avanzado considerablemente en muchos aspectos, aunque definitivamente debe seguir mejorando.

Este año es propicio para que se produzca un acuerdo nacional que consolide el progreso en esta materia. Aspiramos a que nuestras observaciones sean tomadas en cuenta, tanto en el proyecto para viabilizar las candidaturas independientes como en los aspectos pendientes de las leyes de Partidos, Agrupaciones y Movimientos políticos y la de Régimen Orgánico Electoral.

CONSEJO NACIONAL

23 de abril del 2025

El Consejo Nacional del movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, eligió este jueves a la abogada Leidy Blanco García como Coordinadora General de la organización para el período 2025–2026.

Leidy Blanco García es doctora en Sociedad, Democracia, Estado y Derecho. Actualmente se desempeña como Coordinadora de Vinculación con Organismos Internacionales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). A lo largo de su trayectoria, ha participado activamente en iniciativas de justicia social y equidad de género, siendo voluntaria en asentamientos populares con Techo República Dominicana y colaboradora en acciones de ONU Mujeres en el país. También ha sido columnista voluntaria del periódico digital Acento.

Dentro de Participación Ciudadana, Leidy ha ocupado diversas funciones desde su ingreso en el año 2013. Es miembro del Consejo Nacional , la Comisión de Justicia y Coordinadora General 2021-2022 , desde donde ha impulsado temas clave para el fortalecimiento institucional y el Estado de derecho.

“Recibo esta designación con profundo agradecimiento y un alto sentido de responsabilidad. Asumir la Coordinación General de Participación Ciudadana representa para mí un compromiso firme con la defensa de la democracia, la transparencia, la justicia social y el fortalecimiento institucional de nuestro país. Desde esta función, me propongo trabajar con apertura, entrega y vocación de servicio, para seguir construyendo una ciudadanía activa, crítica y comprometida con el bien común”,

Nuevo Consejo Nacional

El pasado domingo 30 de marzo, durante su 31ª Asamblea General Ordinaria, Participación Ciudadana llevó a cabo la renovación parcial de su Consejo Nacional, órgano máximo de dirección que ostenta la representación formal de la entidad.

Como parte del proceso, la Asamblea eligió al abogado y dirigente cívico Francisco Álvarez Valdez (Pancho) como nuevo integrante del Consejo, sumándose al equipo que liderará los próximos desafíos institucionales del movimiento cívico junto a Betty del Villar, Erick Hernández, Jacinta Valdez, Josefina Arvelo, Joseph Abreu, Leidy Blanco, Ramón Stalin Montero y Wilfredo De León.

Consejo Nacional
Participación Ciudadana

4 de abril de 2025

En un esfuerzo por fortalecer la transparencia y el monitoreo ciudadano de los procesos de Compras y Contrataciones Públicas en la República Dominicana, Participación Ciudadana celebró este lunes 31 de marzo un almuerzo-encuentro para socializar la Guía Metodológica del Observatorio de Compras y Contrataciones Públicas (OCC).

El evento, realizado en el salón de actos de la institución, reunió a representantes de organizaciones de la sociedad civil, aliados estratégicos y especialistas en el tema. Esta guía metodológica ha sido desarrollada como parte de uno de los programas impulsados junto a Transparencia Internacional, en respuesta a la creciente demanda social de mayor rendición de cuentas y al compromiso sostenido con la lucha contra la corrupción.

Durante la actividad, se presentó el contenido de la guía y se discutieron sus principales aportes para el fortalecimiento del Observatorio, una plataforma ciudadana que busca incidir en la mejora de las prácticas de compras públicas a través del análisis, la denuncia y la participación informada.

El encuentro contó con la intervención del consultor Marino Tejeda, quien colaboró en el proceso de elaboración de la herramienta y compartió detalles sobre su aplicación práctica y utilidad en el contexto nacional.

Participación Ciudadana celebró este domingo 30 de marzo su trigésima primera (31ª) Asamblea General Ordinaria, en la que hizo un llamado a fortalecer la cultura democrática, la participación cívica responsable y el cumplimiento de las leyes como pilares fundamentales para una mejor República Dominicana.

En su proclama anual, la organización destacó el valor de la convivencia pacífica, el diálogo constructivo y el respeto a las reglas como elementos esenciales de toda sociedad que aspire a vivir con dignidad y justicia social. “Los avances logrados en las últimas décadas son resultado del compromiso colectivo de diversos sectores de la sociedad. Pero aún persisten prácticas y comportamientos que debemos seguir superando, con decisión y coherencia”, expresa el documento leído al cierre de la jornada.

Participación Ciudadana reafirmó su convicción de que el camino hacia una democracia robusta y una ciudadanía empoderada pasa por instituciones más sólidas, mayor equidad en el acceso a derechos y el cumplimiento riguroso de las normativas vigentes. En ese sentido, alentó a su membresía y al país a seguir siendo parte activa en la construcción de una nación donde impere el respeto mutuo y la responsabilidad compartida.

Durante el desarrollo de la Asamblea, se conocieron y aprobaron el informe anual del Consejo Nacional, el informe financiero, el Plan Estratégico 2025–2027, el Plan Operativo y el presupuesto para el año 2025.

Como parte del proceso de renovación de su órgano de dirección, la Asamblea eligió al abogado Francisco Álvarez Valdez (Pancho) como nuevo miembro del Consejo Nacional, quien fue juramentado al cierre del evento. Reconocido por su histórica labor en favor de la transparencia y la institucionalidad democrática, su elección refuerza el liderazgo ético y plural de la organización.

Además de Francisco Álvarez Valdez, el Consejo Nacional está integrado por Betty del Villar, Erick Hernández, Jacinta Valdez, Josefina Arvelo y Joseph Abreu, Leidy Blanco, Ramón Stalin Montero y Wilfredo De León.

La Asamblea se celebró en el Salón de Actos del Colegio Dominicano de La Salle, con la participación activa de su membresía proveniente de distintas regiones del país.

Consejo Nacional

Participación Ciudadana 

Marzo 2025

Participación Ciudadana celebró el panel titulado “Casos de alta corrupción: la justicia y el devenir mediático”, un espacio de análisis y reflexión sobre la evolución judicial de los principales expedientes por corrupción administrativa en el país y el impacto de su cobertura en medios y redes sociales.

La actividad fue moderada por Fátima Lorenzo Mencía e inició con las palabras de bienvenida de Erick Hernández-Machado, Coordinador General de la organización.

Durante el panel, el abogado y activista Francisco Álvarez Valdez presentó el 4to. Informe de seguimiento del Observatorio de Casos Judicializados de Corrupción, en el que se abordaron los avances y retrocesos de los procesos judiciales más emblemáticos.

El periodista Fausto Rosario analizó el impacto de las campañas en redes sociales en la lucha contra la corrupción, mientras que el sociólogo Cándido Mercedes expuso sobre los riesgos del uso abusivo de estos medios en la democracia.

El evento concluyó con una sesión de preguntas y comentarios del público, seguida de las palabras de cierre.

Sobre el cuarto informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa

Con esta iniciativa, Participación Ciudadana reafirma su compromiso con el seguimiento riguroso a los casos de corrupción y la promoción de una ciudadanía informada y crítica frente al uso del poder público.

Participación Ciudadana continúa observando los procesos penales de casos de alta corrupción administrativa por su importancia en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Estos casos tienen todas las características de formar parte del concepto de crimen organizado y es una de las razones que obligan a la sociedad a estar atenta para evitar que este tipo de crímenes se normalicen.

No se trata en este observatorio de expresar opiniones sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados, sino de darle seguimiento a procesos que deben terminar con sentencias sobre el fondo de los mismos, sea de absolución o de condena, pero siempre en base a las pruebas aportadas y valoradas por los jueces a cargo.

Lo que definitivamente no puede ocurrir, sin causar un grave daño a la credibilidad del sistema de justicia, es que casos como estos, que involucran recursos públicos por miles de millones de pesos, terminen sin sentencia al fondo, debido a la ineficiencia del sistema, o a estrategias orientadas a ponerle fin a los casos, sin que sean valoradas las pruebas de hechos tan graves como los relatados en cada una de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público. No cabe duda alguna de que el sistema de justicia se juega su credibilidad en estos procesos.

Cinco son los casos bajo observación: Anti-pulpo, Coral y Coral 5G, Medusa, Calamar y Camaleón. En informes anteriores hemos comunicado quiénes son los imputados y el monto de los fondos públicos involucrados, por lo que remitimos a nuestro último informe colocado en nuestra página. En este cuarto informe expondremos de manera muy sucinta los hechos relevantes acontecidos en estos casos durante los primeros dos meses y medio del presente año 2025. Conózcalo aquí: https://pciudadana.org/wp-content/uploads/2025/03/Cuarto-Informe-Corrupcion.pdf

Participación Ciudadana presenta informe y panel sobre casos de alta corrupción y su tratamiento mediático

Participación Ciudadana celebró el panel titulado “Casos de alta corrupción: la justicia y el devenir mediático”, un espacio de análisis y reflexión sobre la evolución judicial de los principales expedientes por corrupción administrativa en el país y el impacto de su cobertura en medios y redes sociales.

La actividad fue moderada por Fátima Lorenzo Mencía e inició con las palabras de bienvenida de Erick Hernández-Machado, Coordinador General de la organización.

Durante el panel, el abogado y activista Francisco Álvarez Valdez presentó el 4to. Informe de seguimiento del Observatorio de Casos Judicializados de Corrupción, en el que se abordaron los avances y retrocesos de los procesos judiciales más emblemáticos.

El periodista Fausto Rosario analizó el impacto de las campañas en redes sociales en la lucha contra la corrupción, mientras que el sociólogo Cándido Mercedes expuso sobre los riesgos del uso abusivo de estos medios en la democracia.

El evento concluyó con una sesión de preguntas y comentarios del público, seguida de las palabras de cierre.

Sobre el cuarto informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa

Con esta iniciativa, Participación Ciudadana reafirma su compromiso con el seguimiento riguroso a los casos de corrupción y la promoción de una ciudadanía informada y crítica frente al uso del poder público.

Participación Ciudadana continúa observando los procesos penales de casos de alta corrupción administrativa por su importancia en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Estos casos tienen todas las características de formar parte del concepto de crimen organizado y es una de las razones que obligan a la sociedad a estar atenta para evitar que este tipo de crímenes se normalicen.

No se trata en este observatorio de expresar opiniones sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados, sino de darle seguimiento a procesos que deben terminar con sentencias sobre el fondo de los mismos, sea de absolución o de condena, pero siempre en base a las pruebas aportadas y valoradas por los jueces a cargo.

Lo que definitivamente no puede ocurrir, sin causar un grave daño a la credibilidad del sistema de justicia, es que casos como estos, que involucran recursos públicos por miles de millones de pesos, terminen sin sentencia al fondo, debido a la ineficiencia del sistema, o a estrategias orientadas a ponerle fin a los casos, sin que sean valoradas las pruebas de hechos tan graves como los relatados en cada una de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público. No cabe duda alguna de que el sistema de justicia se juega su credibilidad en estos procesos.

Cinco son los casos bajo observación: Anti-pulpo, Coral y Coral 5G, Medusa, Calamar y Camaleón. En informes anteriores hemos comunicado quiénes son los imputados y el monto de los fondos públicos involucrados, por lo que remitimos a nuestro último informe colocado en nuestra página. En este cuarto informe expondremos de manera muy sucinta los hechos relevantes acontecidos en estos casos durante los primeros dos meses y medio del presente año 2025. Conózcalo aquí: https://pciudadana.org/wp-content/uploads/2025/03/Cuarto-Informe-Corrupcion.pdf

Desde sus inicios, Participación Ciudadana ha mantenido una postura firme contra la corrupción, convirtiéndose en un referente en la defensa de la transparencia en República Dominicana. Como capítulo nacional de Transparencia Internacional desde 2004, la organización ha liderado numerosas iniciativas para exponer y combatir la corrupción en el país.

Uno de sus logros más importantes ha sido la documentación y denuncia de escándalos de corrupción que han sacudido al país, incluyendo casos como Odebrecht, Anti Pulpo, Medusa y Calamar. Además, PC ha desarrollado el Observatorio de Expedientes Judiciales, una plataforma de seguimiento que evalúa los procesos legales contra funcionarios y empresarios acusados de corrupción, garantizando que estos casos no queden en la impunidad.

A lo largo de tres décadas, PC ha impulsado importantes reformas y leyes de transparencia, como la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que permite a los ciudadanos fiscalizar el uso de los recursos del Estado. Asimismo, la organización ha promovido auditorías externas y la rendición de cuentas en instituciones públicas, fortaleciendo la lucha contra la corrupción.

El compromiso con la integridad también se refleja en el Premio Anual a la Integridad y Lucha Contra la Corrupción, instaurado en 2009, con el que se ha reconocido a figuras clave como Miriam Germán, Nuria Piera, Huchi Lora, Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, entre otros. A través de estas acciones, Participación Ciudadana sigue defendiendo los valores democráticos y exigiendo un país más justo y transparente para todos.

Descubre más sobre cómo Participación Ciudadana ha liderado la lucha contra la corrupción en este documento ampliado.

Para la Red de Observadores para la Institucionalidad (ROI), la propuesta y designación de Yeni Berenice Reynoso como Procuradora General de la República responde a una expectativa de la sociedad dominicana, conocida su larga trayectoria en el Ministerio Público y su rol en la persecución de actos de corrupción.

La Red valora la primera designación de una fiscal de carrera que, además, ha recorrido todos los escalafones dentro del Ministerio Público.  Asimismo, de las siete personas propuestas para ocupar los puestos de procuradores y procuradoras adjuntos/as, la mayoría ya tiene experiencia o se encuentra actualmente vinculada al Ministerio Público y 4 son miembros de carrera.

En el caso de Isis Germania de la Cruz Duarte, María del Carmen de León, Osvaldo Antonio Bonilla y Iván Feliz, son miembros de la carrera del Ministerio Público. La primera es actualmente procuradora general adjunta, mientras que la segunda es procuradora general de corte en Fiscalía Especializada de Trata y Tráfico de Personas.  El tercero es procurador fiscal interino de la Fiscalía de Santiago; mientras que Feliz es director de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

 Respecto de Emilio Rodríguez Montilla, este no es miembro de la carrera fiscal, pero repite como procurador general adjunto y fue fiscal en Puerto Plata.  Asimismo, Fiordaliza Alduey Mecedes, no es miembro de la carrera del Ministerio Público pero ha tenido experiencia laborando en dicha institución.  En el caso de Felipe Herrera de la Rosa, actualmente conforma el equipo de abogados designados para la recuperación de los activos del Estado.

Asimismo, ROI valora que el presidente de la República haya tomado en consideración el  principio de paridad, ya que su propuesta incluye 4 mujeres y 4 hombres, en consonancia con el mandato del artículo 39.5 de la Constitución dominicana.

Se espera que el día de hoy, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) designe a los 7 fiscales adjuntos pendientes de confirmación, luego de la propuesta sometida el pasado viernes 21 de febrero.

Se recuerda que este proceso se ha conocido sin que, al momento, se haya puesto en conocimiento de la ciudadanía las actas de las sesiones del CNM, lo que resulta contrario al principio de transparencia.

ROI es una red que reúne instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, como son el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), dada a conocer en octubre de 2023.

Sobre ROI Altas Cortes

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI-Altas Cortes) es una iniciativa conformada por organizaciones de la sociedad civil y la academia, creada con el objetivo de supervisar y vigilar los procesos de selección de jueces y juezas de las Altas Cortes en la República Dominicana. Su propósito es asegurar que estos procesos se lleven a cabo con transparencia, equidad e imparcialidad, y que estén alineados con el fortalecimiento institucional y el Estado Social, Democrático y de Derecho.

La ROI está conformada por organizaciones de la sociedad civil y entidades académicas, entre ellas: Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF); Participación Ciudadana (PC); Fundación Friedrich Ebert (FES); Foro Ciudadano y el Decanato de Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Lunes 24 de febrero de 2025

Luego de conocerse la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de cerrar las operaciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID- y suspender de inmediato la ayuda que esa nación, a través de su agencia de cooperación internacional, ha venido prestando en todo el mundo. Participación Ciudadana ha recibido manifestaciones de solidaridad y reacciones de diferentes personas o medios de comunicación   por los efectos que esa medida pudiera tener en nuestra organización.  

En efecto, la cooperación de USAID ha jugado un importante papel en el financiamiento de una parte de nuestros proyectos, desde finales de los años noventa hasta la fecha. Solo en el periodo 2015-2022, en el marco del convenio de cooperación AID-517-A-15-00006 “Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia (PASJ)”, ha sido desembolsada la cantidad de US$10,870,000, procedentes de esa agencia. Los montos aportados por la USAID a nuestra organización pueden ser verificados, en su uso y resultados, tanto en las fuentes de la agencia como en nuestra página web.  Estos fondos son monitoreados y auditados, tanto por la agencia como por auditores independientes. Justamente por la confianza y la fortaleza administrativa de PC es que hemos encabezado consorcios o alianzas ganadoras en los concursos de la USAID y de otras agencias internacionales. Entre las organizaciones que, en consorcios con PC, han ejecutado el monto señalado, se cuentan: la Fundación Institucionalidad y Justicia-FINJUS, las Casas Comunitarias de Justicia, INTEC y UNIBE.  

Los proyectos han estado orientados a: la ejecución de programas de apoyo al fortalecimiento y modernización de la justicia, de los partidos políticos, a las municipalidades, a las mujeres, los jóvenes, la policía, entre otros.  Además, a decenas de investigaciones, estudios, publicaciones, diplomados, talleres, ferias ciudadanas y una gran multiplicidad de actividades dirigidas a los ciudadanos y ciudadanas se realizaron con ese financiamiento; así como a apoyar gran parte de la observación de elecciones nacionales congresuales y municipales de las 13 elecciones que PC ha observado desde el 1996 hasta el 2024.  

Los recursos donados por los Estados Unidos, a través de la USAID han servido para fortalecer a decenas de organizaciones públicas, sin fines de lucro y comunitarias, las cuales, a su vez, los canalizan mediante actividades que han contribuido sustancialmente a los avances democráticos, de gobernabilidad y de fortaleza institucional que nuestro país exhibe actualmente.  Aunque una minoría ha cuestionado que se reciban esos fondos, tanto sus orígenes como los fines para los que han sido utilizados son legítimos y los beneficios para nuestra población son reconocidos en la región y en el mundo. Participación Ciudadana se enorgullece de la confianza que nos han dispensado, que también es una confianza en los dominicanos/as, no solo por parte de la USAID, sino también de la Unión Europea, Transparencia Internacional, la Cooperación Canadiense y de numerosos empresarios dominicanos de quienes también hemos recibido aportes, incluyendo la compra de nuestro local. 

En los últimos dos años, los aportes de la USAID han disminuido a su mínima expresión, por decisiones internas de ese país, pero es una pena que se ordene el cierre de programas sociales que han jugado un papel positivo en las democracias del continente. Participación Ciudadana, después de cumplir sus 30 años, está ejecutando desde el 2023 un proceso de transformación para seguir sirviendo al país desde un esquema más autosustentable y adaptado a los tiempos. Afortunadamente, todavía contamos con voluntarios/as que por más de tres décadas han sostenido gran parte del trabajo, sin costo alguno, sin beneficiarse de un solo peso de esa cooperación y pagando cuotas y aportes extraordinarios cada vez que se ha necesitado. Esta ha sido nuestra principal fortaleza y sobre ella nos apoyamos para seguir trabajando por la democracia, la justicia y el fortalecimiento de la ciudadanía, independientemente de la disminución de la cooperación internacional.  La situación actual es una buena oportunidad para que los dominicanos/as asumamos con mayor entusiasmo y entrega la construcción de nuestro propio destino, aportando tiempo, trabajo y recursos materiales. La cooperación internacional es importante, y es bienvenida, pero en el contexto actual debemos continuar fortaleciendo la misión de nuestra institución.  

CONSEJO NACIONAL 

4 de febrero del 2025 

• El año que termina mostró importantes avances en la organización de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, aunque disminuyó la participación de la población.
• El desempeño de la economía dominicana se destaca a la cabeza en el continente, tanto por un crecimiento, que ronda el 5%, como por la estabilidad y control de la inflación. El nivel de endeudamiento sigue aumentando.
• Como aspectos negativos del año se destacan los lentos avances en los casos de corrupción que cursan en la justicia, así como la norma del poder judicial que intenta impedir el acceso a información sobre las identidades de imputados.
• La lucha contra la corrupción se ralentizó este año, lo que se evidencia en la poca acción de los organismos llamados a ejercer la función de control, como la Cámara de Cuentas, Direccion de Ética, Congreso Nacional y la Contraloría General.

Los dos certámenes electorales que se llevaron a cabo en el 2024 transcurrieron con relativa normalidad, destacándose la excelente labor de los órganos responsables de la organización de los procesos y de dirimir los conflictos, como la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, respectivamente. Las impugnaciones fueron mucho menos que en ocasiones anteriores, pero la cultura clientelar y el alto costo de la política siguen siendo obstáculos para mayores avances. La abstención subió, factor  que la JCE se ha comprometido a investigar y prestar atención.

El 2024 estuvo marcado por una ralentización en la función fiscalizadora de los organismos del Estado, aunque hubo avances en el marco normativo, como la promulgación de la nueva Ley No. 18-24, sobre la Cámara de Cuentas, y la entrada en vigor, en febrero 2024, del Decreto No. 416-23 que aprueba el nuevo Reglamento de aplicación de la Ley No. 340-06. En relación con los órganos de control interno debemos destacar avances importantes en la labor de rectoría y monitoreo de la Direccion de Compras y Contrataciones.

En cuanto a la institucionalidad democrática, se destaca la aprobación de una reforma a la Constitución que hace más difícil cualquier intento por mantenerse en la presidencia más allá de dos periodos. Otro cambio positivo fue excluir al procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, así como su nombramiento y el de sus adjuntos mediante propuesta  que presentará el presidente al Consejo Nacional de la Magistratura y la inclusión en este organismo del presidente del Tribunal Constitucional.

Participación Ciudadana lamenta que el período del procurador general será de solo dos años, con posibilidad de ser confirmado por otro periodo similar, lo que le resta independencia. Tampoco comparte la decisión de unificar las elecciones en una misma fecha.

PC lamenta que se haya perdido la oportunidad de un acuerdo nacional para la reforma fiscal, en razón de que el país tiene una larga lista de necesidades de inversión para mejorar la vida de la población. Exhorta al gobierno a retomar en el 2025 esta reforma y avanzar en las otras prioritarias, como las de seguridad social, salud, partidos políticos, seguridad ciudadana, reforma policial, código penal, y modificación de la Ley de Contrataciones Públicas. La importante Ley de Extinción de Dominio, promulgada en el 2022, todavía no ha entrado en ejecución por falta de los reglamentos.

Participación Ciudadana destaca como elementos positivos de año la ratificación del presidente y otros tres miembros de la Junta Central Electoral, la renovación del Tribunal Constitucional y espera que se continúe avanzando, con transparencia y primacía del interés colectivo en la selección de varias posiciones en la Suprema Corte de Justicia y en la selección del Tribunal Superior Electoral. Con relación a la Cámara de Cuentas, PC expresa la necesidad de que el Congreso Nacional cambie la vieja práctica de distribuir sus miembros por fuerzas políticas o por sectores de interés, lo cual ha hecho un terrible daño a ese importante organismo y lo ha sumido en la inacción. 

Al tiempo que se suma a la preocupación por el tema haitiano,  PC entiende que el país debe ser prudente, equilibrado y firme en torno a la difícil situación en que nos encontramos al compartir la isla con un país que sufre una profunda crisis económica, política, institucional y social, pero que, al mismo tiempo mantiene y debe seguir manteniendo, tanto una relación comercial como un controlado suministro de la fuerza laboral que el país requiere para la producción agrícola, la construcción y otros servicios.

Con firmeza, pero respetando el debido proceso y los derechos humanos, debemos continuar protegiendo nuestras fronteras, acabando con la corrupción en el trasiego de haitianos y estableciendo mecanismos institucionales para la estabilidad de aquellos trabajadores de origen haitiano que contribuyen a la sostenibilidad y crecimiento de la economía dominicana.

La economía dominicana retomó en el 2024 su ritmo de crecimiento económico y se espera que termine el 2024 alrededor del cinco por ciento, el mayor de América Latina. La inflación a octubre estaba en 3.2%, y se estima que termine el año cerca del 3%. Participación Ciudadana entiende que el gobierno debe reducir el ritmo de endeudamiento público y atender las necesidades de inversión con una modificación y eficientización fiscal.

Uno de los temas más preocupantes en el 2024 ha sido la lentitud en el conocimiento de los casos de corrupción pública por parte de los tribunales apoderados, tanto las audiencias preliminares como los juicios de fondo se ven obstaculizados por estrategias dilatorias, aplazando por meses las audiencias por causas injustificables. 

En casos como el denominado Camaleón, sorprendió que a un imputado se le variara la prisión preventiva, a pesar de que en su vehículo se encontró un listado de jueces y auxiliares en un claro propósito de incidir sobre los casos, poniendo en peligro las pruebas y la integridad de los miembros y auxiliares del poder judicial.

El panorama preocupante del sector justicia se acrecentó recientemente cuando fue anunciada una normativa que contribuye a socavar la transparencia mediante  una política de protección de datos que prioriza la privacidad y disociación de datos que impedirían identificar a imputados en casos de corrupción y otros infractores de la ley, cuando en la Constitución la regla en materia judicial es el carácter público de los juicios, salvo en casos o condiciones excepcionales y especificadas que pudiera comprometer el proceso en algún aspecto.  

La sociedad dominicana ha experimentado cambios desde el 2017. Un mayor nivel de participación social viene produciéndose en el cuerpo social dominicano. La vigilancia social se expresa con impugnaciones a todo aquello que se considera contrario al orden institucional, el respeto a las normas y a las leyes vigentes. En esa perspectiva se produjo el rechazo generalizado a la Ley del DNI, así como al decreto del presidente designando al director de compras y contrataciones en la presidencia de la Alianza Público- Privada, para que desempeñara los dos cargos a la vez.

Participación Ciudadana reitera su compromiso para el 2025 de  seguir contribuyendo al fortalecimiento de la democracia en República Dominicana, vigilando el uso de los recursos públicos y la aplicación de justicia en los casos de corrupción y, sobre todo, acompañando al pueblo dominicano en sus aspiraciones de una mejor vida y en el respeto de sus derechos.

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