Participación Ciudadana advierte sobre el enorme daño que sufriría la lucha contra la impunidad y la confianza en la justicia, en caso de que tengan éxito los intentos por hacer extinguir los grandes casos de corrupción que cursan en el sistema judicial.

Aprovechando la lentitud de los tribunales, el imputado Jean Alain Rodríguez se ha atrevido a desmentir que solo en la fase preliminar hubo 94 aplazamientos como reveló Participación Ciudadana en su Segundo Informe del Observatorio de casos de Corrupción Administrativa publicado en https://pciudadana.org/2024/09/participacion-ciudadana-lanza-segundo-informe-del-observatorio-de-casos-de-corrupcion-caso-medusa/.

Este informe fue citado por Diario Libre en dos oportunidades, la última en su edición del 19 de noviembre del año en curso. Ese dato se encuentra en la decisión del juez Amauri Martínez, que lo envió a juicio de fondo. El intento de dar inicio al juicio de fondo lleva ya 12 audiencias aplazadas, a lo largo de 17 meses, algunas con causas legítimas como la muerte de uno de los abogados, pero la mayoría por recusaciones de jueces y recursos ante la Suprema Corte de Justicia, quien también se ha dilatado en conocer y decidir los mismos.

La detallada observación del proceso permite sospechar que la connivencia para defraudar al Estado, también se ha hecho presente para dilatar los casos y hay imputados que alegan no participar en los incidentes que generan la dilación, pero promueven que otros imputados lo hagan. Recordemos que en el caso Jean Alain Rodríguez se imputa a 40 personas y 22 sociedades de estafar al Estado por más de 6 mil millones de pesos y que la mitad de los imputados han reconocido su culpabilidad y señalado como responsables a aquellos que no lo han hecho.

Recientemente, el ex procurador alega que “las dilaciones del caso se deben a plazos vencidos por la acusación, entregas tardías de pruebas, errores en la presentación de evidencias y a la magnitud y desorden del expediente”. Con estas declaraciones pretende desviar las evidencias que ya PC ha documentado en sus cuatro informes de observación del proceso, de que imputados y sus abogados han incidentado el proceso, como es el caso del señor Jean Alan Rodríguez, con el claro objetivo de solicitar la extensión de la acción penal, por sobrepasar el tiempo que establece la ley. 

Mas allá del tiempo que tomaron las investigaciones y de otros aspectos procesales que corresponden al Ministerio Público, la realidad es que, por primera vez, el país procesa en la justicia a redes amplias, complejas y poderosas que por años se enquistaron en la administración pública. El sistema de justicia dominicano nunca se había enfrentado a asociaciones criminales como estas. La única verdad es que en este tipo de casos ha imperado la impunidad.

La ciudadanía no entiende por qué los jueces no pueden controlar las tácticas claramente dilatorias y llegar a una decisión en tiempo oportuno. Las excusas no serán aceptadas, ni atribuir la culpa a plazos o actores de cualquier nivel involucrados en el proceso, pues el robo de la cosa pública les afecta por igual y el país no puede perder la oportunidad de ponerle fin a la impunidad.

Participación Ciudadana, una vez más, solicita al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a todos los jueces a cargo de los grandes casos de corrupción, que no permitan que la impunidad se imponga de nuevo. Solo solicitamos que hagan su trabajo con diligencia, imparcialidad y apego a las leyes. Que no haya privilegios para los acusados de corrupción. La ciudadanía así lo espera y lo seguirá exigiendo, al igual que lo ha hecho desde el 2017 a la fecha.

Preservemos los avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

20 DE NOVIEMBRE DEL 2025

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresa su más seria preocupación ante las graves denuncias contenidas en la comunicación remitida por la magistrada Pilar Jiménez Ortiz al Consejo
Nacional de la Magistratura (CNM), en respuesta al acta No. 010-2025-CNM, relativa a su no ratificación como jueza de la Suprema Corte de Justicia.

La magistrada Jiménez Ortiz, con 23 años de carrera judicial y un historial de evaluaciones
públicas sobresalientes, describe en su carta inconsistencias graves, criterios de valoración ajenos al marco normativo, ausencia de motivación suficiente y la utilización de “percepciones” o inferencias subjetivas como fundamento para una decisión de altísimo impacto institucional. Estas observaciones se suman a cuestionamientos previos formulados por ROI sobre el proceso, incluyendo la falta de transparencia en las deliberaciones, la ausencia de identificación de los consejeros responsables de los señalamientos y la inexistencia de evidencia objetiva que respalde varios de los argumentos utilizados para justificar la no ratificación.

Resultan especialmente preocupantes las denuncias de la magistrada respecto de un presunto patrón histórico dentro del Consejo Nacional de la Magistratura que habría afectado de manera particular a mujeres de reconocida trayectoria judicial. Las afirmaciones sobre campañas de descrédito, utilización de criterios discrecionales y ausencia de garantías para la protección de la independencia judicial no solo comprometen la legitimidad del proceso, sino que pueden constituir prácticas discriminatorias contrarias a los estándares nacionales e internacionales en materia de igualdad y no discriminación.

Frente a la gravedad de estos señalamientos, ROI considera indispensable que organismos especializados en derechos humanos y género se pronuncien y actúen con prontitud. En particular, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y el Ministerio de la Mujer (MMUJER) deben examinar, desde una perspectiva técnica, la posible existencia de discriminación estructural en los procesos de evaluación y permanencia en las altas cortes, así como los riesgos que estas prácticas generan para la autonomía de las mujeres en la administración de justicia y para la independencia judicial
como componente del Estado de Derecho.

ROI recuerda que la evaluación de jueces y juezas es un mecanismo extraordinario destinado a garantizar la eficiencia judicial, no un instrumento de presión política. Utilizar este proceso para fundamentar decisiones discrecionales o para desvalorizar el trabajo de jueces y juezas puede constituir una amenaza directa al sistema democrático.

La organización reitera su disposición a colaborar con todos los actores institucionales para
asegurar un sistema de justicia transparente, basado en criterios objetivos, con apego a la
legalidad y respetuoso de la independencia judicial. Asimismo, ROI hace un llamado a la
comunidad jurídica, a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía a
mantenerse vigilantes. La independencia judicial y la igualdad de género en la justicia no
son negociables; son pilares esenciales para la vigencia del Estado de Derecho.

ROI está compuesto por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación
Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de
Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresó su profunda preocupación por las razones invocadas por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el Acta núm. 010-2025 para no ratificar en sus funciones a los magistrados y la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, quienes fueron evaluados en el reciente proceso de revisión de desempeño de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Según el documento oficial, el CNM justificó la no ratificación de los tres jueces señalando que “los resultados no alcanzan los estándares de idoneidad y desempeño exigidos”. Sin embargo, la documentación pública sobre las evaluaciones realizadas por la propia del Consejo refleja valoraciones excelentes en aspectos de capacidad jurídica, ética profesional, independencia y cumplimiento de funciones. Para ROI, esta incongruencia entre las evaluaciones técnicas y la decisión final pone en entredicho la objetividad y transparencia del proceso.

En el caso del magistrado Manuel Alexis Read Ortiz, el CNM aludió a su proximidad a la edad de retiro establecida en el artículo 151, numeral 2, de la Constitución de la República, que fija el límite en 75 años. Aunque dicha circunstancia puede ser una razón atendible, ROI considera que, de ser ese el criterio, el juez no debió haber sido sometido a evaluación, pues el proceso debe dirigirse a valorar desempeño y no a aplicar causales de retiro que ya están constitucionalmente determinadas. De hecho, el acta no consigna la edad como motivo de exclusión, lo que evidencia un uso discrecional y poco coherente de los criterios.

Asimismo, ROI advierte que las observaciones vertidas en el acta sobre las posiciones jurídicas razonadas de la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, única mujer evaluada en esta etapa, revelan sesgos preocupantes que afectan el principio de igualdad y la garantía de independencia judicial. Cuestionar posturas jurisdiccionales debidamente fundamentadas puede constituir interferencias en la libertad de criterio judicial y se suma a precedentes adversos para la justicia dominicana.

Observa, además, que las actas no indican quiénes emitieron las opiniones ni los votos individuales, lo que impide determinar las responsabilidades institucionales en una decisión de alta relevancia para la justicia nacional. Esta omisión vulnera los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir los procesos del CNM.

La Red recuerda que la evaluación de desempeño judicial no debe convertirse en un instrumento discrecional para separar jueces y juezas de sus funciones. Aunque son designados por un período determinado, la evaluación debe tener un carácter técnico, objetivo y formativo, orientado a mejorar la calidad de la justicia y no a ejercer control político o disciplinario sobre quienes integran la SCJ. Cualquier utilización del proceso evaluativo con fines distintos pone en riesgo la independencia judicial, la estabilidad institucional y la confianza pública en la justicia.

ROI reiteró su llamado al CNM a continuar publicando las actas y a que lo haga oportunamente, consignando de manera íntegra las evaluaciones, los fundamentos técnicos con la indicación de la postura y de los votos individuales de cada uno sus integrantes, a fin de asegurar que las designaciones respondan a estándares verificables de mérito, transparencia, idoneidad y equidad, y no a criterios discrecionales.

ROI está compuesto por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresó preocupación ante el hecho de que legisladores hayan presentado propuestas de candidaturas para ocupar funciones de juez o jueza en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y en el Tribunal Superior Electoral (TSE), en el marco del proceso que lleva a cabo el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

La organización recordó que el CNM fue concebido por la Constitución como un órgano plural para garantizar la independencia judicial y el equilibrio entre los poderes del Estado, y que sus integrantes deben actuar con imparcialidad y sin conflictos de interés. En ese sentido, la presentación de candidaturas por parte de legisladores resulta inapropiada, al colocar a estos en el doble rol de proponentes y evaluadores, afectando la transparencia y la legitimidad del proceso.

ROI recuerda que el pasado jueves 16 de octubre se habían postulado y propuesto perfiles para ocupar las vacantes de estas altas cortes, de las cuales hay 29 mujeres y 42 hombres, y que este martes 21 de octubre vence el plazo para que las personas interesadas en ocupar estos puestos se postulen. Asimismo lamenta que, hasta la fecha, no se han publicado las actas de las sesiones del CNM en este periodo y recuerda a la ciudadanía la necesidad de demandar explicaciones sobre las razones que motivaron no ratificar en sus funciones a la jueza Pilar Jiménez Ortiz ni a los jueces Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, actuales miembros de la SCJ.

La Red llamó al CNM a preservar y respetar los principios de transparencia, independencia y separación de poderes, y reiteró que las postulaciones a las altas cortes deben provenir de la ciudadanía y de instituciones sociales, académicas o gremiales, no de actores políticos que forman parte del propio órgano decisor.

ROI está compuesto por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).

El movimiento cívico no partidista, hace llamado a los actores económicos, al gobierno, y al sistema de partidos, agrupaciones y movimientos políticos a evitar que personas y recursos provenientes del narcotráfico se inserten en la economía y el sistema político dominicano. Este llamado a raíz de las últimas informaciones referentes a figuras de altas esferas del empresariado y con estrechos vínculos con el poder político, principalmente, con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que actualmente lidera el Gobierno dominicano, vinculadas con actividades de narcotráfico y lavado de activo, y que han generado justificadas preocupaciones en la sociedad dominicana sobre la eficacia de los mecanismos de control del Estado, tanto de los organismos especializados de supervisión, como de los sujetos obligados, financieros y no financieros, en el marco de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, llamados a evitar que personas vinculadas con estas actividades ilícitas penetren a la actividad económica nacional.

Asimismo, es urgente que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos fortalezcan los controles en sus mecanismos de afiliación y recepción de financiamiento privado, directo e indirecto, para evitar la afectación del sistema de partidos dominicano.

Participación Ciudadana, en este mismo orden, reitera su llamado a que los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, así como candidatos de manera individual, sean considerados sujetos obligados no financieros en el marco de la Ley No. 155-17 de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, lo que les obligaría a realizar debidas diligencias ampliadas sobre el origen de fondos de las personas que realizan aportes económicos privados para las campañas electorales, lo que dificultaría el acceso de fondos productos del narcotráfico, y de otros delitos precedentes.

En referencia al actual partido de gobierno (PRM), si bien ha emitido un comunicado oficial desligándose de las actividades ilícitas de los miembros y vinculados a esa organización política, alegando la responsabilidad penal individual de los actos que se imputan a estas personas, y de otras que ya han admitido y recibido condenas; entendemos que tiene cuota de responsabilidad en permitir el acceso a sus filas y/o al financiamiento directo e indirecto de sus actividades político-electorales, por lo que deberá tomar medidas drásticas para evitar situaciones tan escandalosas como la que hoy sufre,  debido a los  innumerables casos destapados  en los últimos años, en su mayoría vinculados a esa organización política, como el exdiputado Miguel Gutiérrez del PRM, condenado a 16 años de prisión en los Estados Unidos, la ex diputada Rosa Amalia Pilarte, también es exlegisladora de ese partido en la provincia de La Vega y condenada a cinco años de prisión; los legisladores Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero y Héctor Félix, y además alcaldes y regidores de ese partido, como el regidor del DN Edickson Herrera, o casos más recientes que involucran a Fabio Augusto Jorge y Gaspar A. Polanco, solicitados en extradición o requeridos por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y que, además, desarrollaban actividades económicas y empresariales con relativa normalidad sin levantar alertas en los sistemas de control.

En muchos de los casos, las actividades sospechosas de parte de los hoy investigados, o condenados, formaban parte del vox populi, o rumor público, en las comunidades y círculos en los que se desenvolvían, lo que debió ser de conocimiento de sus dirigentes locales.

Por tales razones reclamamos al Comité Nacional contra el Lavado de Activos, integrado por el Presidente del Consejo Nacional de Drogas, la magistrada Procuradora General de la República, el Ministro de Hacienda, la Superintendencia de Bancos, y la Dirección Nacional de Control de Drogas, para que hagan uso del poder reglamentario que le otorga la ley, y clasifiquen a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como a los candidatos, como sujetos obligados no financieros, con todos los efectos que dispone la ley.

CONSEJO NACIONAL

20 de octubre de 2025

El día en que la ciudadanía decidió organizarse

El 31 de octubre de 1993, un grupo de dominicanos y dominicanas se reunió con una idea tan sencilla como transformadora: crear un espacio donde la ciudadanía pudiera ejercer su poder sin tener que ocupar el poder. Aquella semilla —plantada en medio de una crisis de confianza electoral y una democracia aún frágil— germinó con nombre propio: Participación Ciudadana (PC).

Tres décadas después, el movimiento celebra 32 años de trabajo ininterrumpido por la transparencia, la institucionalidad y la justicia social, fiel a la convicción que lo vio nacer: que la democracia solo florece cuando la ciudadanía participa, vigila y exige con voz propia.

“Fue con mucha ilusión que creamos esta organización”, recuerda Miriam Díaz Santana, una de las fundadoras. “Queríamos aportar algo distinto: una manera de hacer democracia desde la sociedad civil, sin banderas ni intereses económicos.”

Una escuela viva de democracia

Quien pasa por Participación Ciudadana rara vez sale siendo el mismo. Desde sus comisiones, programas y proyectos, PC ha formado generaciones de ciudadanos y ciudadanas con una mirada más crítica, ética y comprometida con el país.

“Participación es una escuelita de la democracia”, dice Leidy Blanco García, actual coordinadora general. “Nos enseña a debatir, a concertar, a construir acuerdos sin perder la coherencia ética.”

En estos 32 años, más de 59 mil voluntarios y voluntarias —de todas las edades y rincones del país— han integrado sus redes de observadores electorales, garantizando procesos más limpios, pacíficos y confiables. Gracias a ese esfuerzo colectivo, las elecciones dominicanas pasaron de la sospecha a la credibilidad: los conteos rápidos de PC alcanzaron márgenes de error inferiores al 0.5% respecto a los resultados oficiales de la Junta Central Electoral.

101 proyectos, una misma causa

Desde 1993, Participación Ciudadana ha ejecutado 101 proyectos de educación cívica, fortalecimiento institucional y promoción de la democracia, en alianza con más de 50 entidades nacionales e internacionales. El apoyo ha provenido de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Unión Europea, Embajada de Canadá, Transparencia Internacional, el Banco Mundial, el BID, agencias de Naciones Unidas, entre muchas otras.

Ese respaldo se ha ganado con hechos: auditorías externas anuales, transparencia pública de cada proyecto y rendición de cuentas abiertas a la ciudadanía. PC nunca ha recibido fondos del Gobierno dominicano, ni ha aceptado aportes que comprometan su independencia. Su sostenimiento proviene del financiamiento internacional, de empresas y universidades aliadas, y sobre todo del aporte voluntario.

“Nuestra independencia no es un discurso, es una práctica”, ha dicho en más de una ocasión el Consejo Nacional. “Nos debemos a la ciudadanía, no al poder.”

Educación, leyes y cultura cívica

En el corazón de Participación Ciudadana late una certeza: las sociedades cambian con educación. Por eso, desde su fundación, la organización ha invertido en formar líderes, jóvenes y servidores públicos comprometidos con la ética democrática. Entre sus programas emblemáticos se encuentra el Programa de Formación y Gerencia Política de Jóvenes Líderes (2005–2012), que capacitó a más de 2,000 jóvenes de partidos y organizaciones sociales, abriendo paso a una generación más preparada y plural.

El legado educativo de PC también se traduce en más de 300 publicaciones —entre libros, investigaciones, informes y guías— que documentan la historia de la democracia reciente. Sus estudios sobre corrupción, impunidad, transparencia y reformas electorales se han convertido en referentes académicos y ciudadanos.

Las Casas Comunitarias de Justicia: sembrar paz desde lo local

Entre los proyectos más transformadores de Participación Ciudadana destaca la creación de las Casas Comunitarias de Justicia, nacidas en 2005 con el apoyo de USAID. Hoy existen 10 casas en igual número de ciudades, ofreciendo mediación y orientación legal gratuita a las comunidades más vulnerables. En 18 años, más de 650 mil personas han recibido asistencia y el 90% de los casos han logrado resolución pacífica.

“Son uno de los legados más hermosos de PC”, dice Miriam Díaz. “Un servicio que evita la judicialización innecesaria y promueve la cultura de paz.”

Desde 2016, las Casas funcionan con autonomía bajo una nueva fundación, pero siguen siendo —en espíritu y esencia— hijas de Participación Ciudadana.

La lucha contra la corrupción: una causa sin descanso

Desde su nacimiento, PC colocó la lucha contra la corrupción como uno de sus ejes centrales. En 2004 se convirtió en el capítulo nacional de Transparencia Internacional, fortaleciendo su trabajo en investigación, monitoreo y propuestas de políticas públicas.

Ha impulsado leyes fundamentales como la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, la Ley de Libre Acceso a la Información, la Ley de Partidos y Régimen Electoral, y la Ley de Cámara de Cuentas, entre muchas otras. A través de campañas, observatorios y publicaciones —como “20 años de impunidad” y “La corrupción sin castigo”— ha contribuido a visibilizar los casos de corrupción más emblemáticos del país, documentando desde el fraude bancario de 2003 hasta los procesos judiciales de mayor impacto en la última década.

Además, se han publicado una síntesis de cada uno de los casos de corrupción administrativa que han sido llevados a la justicia, presentada en un lenguaje claro y accesible para que la ciudadanía pueda comprender la magnitud de estas acusaciones.

Cada año, PC entrega el Reconocimiento a la Integridad y Lucha contra la Corrupción, otorgado el 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, a figuras que han defendido la ética pública.

Un movimiento independiente y plural

En más de tres décadas, Participación Ciudadana ha mantenido una estructura democrática y transparente. Su Consejo Nacional, elegido en Asamblea General, cambia de coordinación cada año, sin reelecciones consecutivas. Todos sus directivos son voluntarios no remunerados, y las decisiones institucionales se toman por consenso en comisiones especializadas.

“En Participación nadie habla en nombre propio”, explica Díaz. “Las posiciones se construyen colectivamente. Es más lento, pero más legítimo.”

Treinta y dos años después: la misma convicción

A los 32 años, Participación Ciudadana sigue siendo un movimiento vivo, diverso y necesario. Su mayor reto hoy es garantizar su sostenibilidad y el relevo generacional, atrayendo a nuevas voces que den continuidad al ideal fundacional: una ciudadanía activa, crítica y comprometida con un país más justo.

“Todavía todo el trabajo por la democracia está por hacer”, afirma Miriam Díaz. “Y mientras haya ciudadanos dispuestos a defenderla, Participación seguirá aquí.”

Treinta y dos años después, el movimiento que nació para observar las elecciones ha ayudado a que el país se mire a sí mismo con más conciencia y menos miedo. Y aunque los desafíos cambien, el compromiso sigue intacto: seguir construyendo ciudadanía, día a día, desde la independencia, la transparencia y la esperanza.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, sostuvo un encuentro con una comisión del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC), encabezada por su coordinadora general, Leidy Blanco García, en el que presentó los ejes de su Plan Operativo de gestión, los avances alcanzados y los desafíos pendientes en materia de lucha contra la corrupción administrativa.

En la reunión también participó el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

Durante el diálogo, Reynoso subrayó la importancia de que la ciudadanía se mantenga vigilante frente a la corrupción para consolidar una cultura de transparencia y cero impunidad. Enfatizó además que el Ministerio Público procura sanciones ejemplares contra los funcionarios que desfalcaban el Estado, ya que sobre ellos recae la mayor responsabilidad de salvaguardar los bienes públicos de todos los contribuyentes.

La procuradora general destacó los logros obtenidos en materia de decomisos de dinero en efectivo y bienes incautados, los cuales, en cumplimiento del marco jurídico, son transferidos a la Cuenta del Tesoro Nacional o al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide). Explicó que, una vez agotados los procesos correspondientes, estos bienes deberán ser puestos en pública subasta.

“Estamos en el proceso ahora de la transferencia de los bienes, que es una preocupación porque ahí hay bienes muy costosos, cuando decimos que tenemos una villa que cuesta más de 300 millones… son bienes que son costosos”, señaló Reynoso.

Asimismo, explicó que las solicitudes de decomiso guardan proporcionalidad con los montos involucrados en los delitos investigados, lo que permite al Ministerio Público reclamar bienes equivalentes a los fondos desfalcados, aunque estos hayan sido obtenidos legalmente por los procesados.

La procuradora también hizo hincapié en que, aunque los casos pudieran avanzar con mayor rapidez, los aplazamientos que se producen en los procesos judiciales no corresponden al Ministerio Público. “Nosotros sí quisiéramos que los casos fueran mucho más rápidos… pero ahí no hay un aplazamiento que sea motivado por el Ministerio Público. Uno solo no lo hay; porque nosotros tenemos el lema ¡Listos siempre!”, afirmó.

De su lado, los representantes de Participación Ciudadana valoraron la labor del Ministerio Público en favor de la transparencia y ratificaron su disposición de continuar aportando al fortalecimiento institucional.

“Seguiremos promoviendo instituciones más sólidas y un sistema de justicia independiente y eficaz, pilares fundamentales para el fortalecimiento de la democracia dominicana”, expresó Leidy Blanco García.

El encuentro reafirmó la importancia de la colaboración entre sociedad civil y Ministerio Público para avanzar en la lucha contra la corrupción, garantizar transparencia en la gestión pública y fortalecer la democracia dominicana.

Ante la actitud pasiva y cómplice de las directivas de las dos cámaras y de los partidos políticos, Participación Ciudadana reclama investigación por parte del Ministerio Público, de los congresistas y ex congresistas que no han presentado su declaración jurada de patrimonio.

Información suministrada por la Cámara de Cuentas, a solicitud de Participación Ciudadana, revela que 20 diputados/as de los elegidos en el 2024 y 78 de los que salieron en el mismo año, no han presentado sus declaraciones juradas.

Los diputados actuales que no han cumplido con esta obligación establecida en la Ley 311-14 son: SOCORRO MONEGRO (PARLACEN), SERGIO MOYA, RAMÓN GORI (PARLACEN), RAFAEL CHALAS (PARLACEN), PEDRO CORPORÁN (fallecido), NAMIBIA DIDIEZ (PARLACEN), MELVIN LARA, KINSBERLY TAVERAS, JUANA CASTILLO, JOSÉ RODRIGUEZ, JHEYSON GARCIA, ISMAEL REYES (PARLACEN), EUGENIO CEDEÑO, EUDY DE LA CRUZ, ESMERALDA MANCEBO, ENMANUEL POLANCO (PARLACEN), CARMEN MOREL, CARLOS GIL, ANGEL SÁNCHEZ y ADELSO RUBEN CONTRERAS. 

Todos los senadores actuales han cumplido, pero hay 7 ex senadores que continúan en violación a la ley, pues no han presentado su declaración de salida. Ellos son: BAUTISTA ROJAS, DAVID SOSA, IVAN SILVA, JOSÉ DEL CASTILLO, LENIN VALDEZ, MARTIN NOLASCO y RAMÓN PIMENTEL. El listado completo de los legisladores omisos figura en la certificación de la Cámara de Cuentas que hemos colocado en nuestra página como anexo de esta nota de prensa.

El régimen de consecuencias para los legisladores que, en vez de ser ejemplos en el cumplimiento de las leyes se convierten en transgresores, debería comenzar en sus propios partidos. También el Ministerio Público debería aplicar el artículo 19 de la ley citada, que dispone: “el Ministerio Público dará inicio a la apertura de una investigación por presunción de enriquecimiento ilícito del funcionario público obligado a hacer la declaración jurada de patrimonio, en el caso de haber finalizado el período o haber sido removido del cargo sin cumplir con los requerimientos de esta ley conforme al plazo establecido en la misma.”

Finalmente, Participación Ciudadana espera que la sociedad recuerde los nombres de los infractores y recaiga sobre ellos la sanción social y electoral correspondiente.

CONSEJO NACIONAL

22 de julio del 2025

Participación Ciudadana demandó una auditoría inmediata al gasto en publicidad gubernamental realizado durante el 2024, tras revelar que en los primeros cuatro meses del año el Estado destinó más de RD$3,121 millones a publicidad y patrocinios, un incremento superior al 500% respecto al mismo período de 2023, cuando se invirtieron RD$491 millones.

La coordinadora general de la organización, Leidy Blanco, ofreció estas declaraciones durante su participación en el programa “Esta Noche Mariasela”, que se transmite por Color Visión, donde denunció que el uso de estos recursos carece de transparencia y fiscalización efectiva. “Estamos viendo un incremento desproporcionado del gasto en publicidad estatal sin que exista información clara sobre en qué se utiliza, quiénes son los contratados ni bajo qué mecanismos se realizaron las contrataciones”, afirmó.

Blanco advirtió que gran parte de estos contratos se han realizado bajo la modalidad de contratación por excepción, la cual, según explicó, está diseñada para situaciones de emergencia y no para procesos regulares de publicidad. “Se está contratando publicidad como si fuera de emergencia, lo que abre las puertas a discrecionalidad y opacidad”, denunció.

Participación Ciudadana también alertó que el gasto publicitario no responde a campañas educativas o institucionales que beneficien a la ciudadanía. “No hemos visto campañas de educación vial, salud o prevención de violencia de género. Lo que estamos viendo es el uso de la publicidad como herramienta de posicionamiento político y proyección de aspiraciones personales desde el gobierno”, sostuvo.

Entre las instituciones que registraron mayores aumentos relativos y absolutos en gasto publicitario durante los primeros cuatro meses de 2024 figuran el Ministerio de Turismo, Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, Súperate, Indotel y la Cámara de Diputados.

Finalmente, Blanco informó que Participación Ciudadana ya ha solicitado formalmente a la Cámara de Cuentas auditar estos gastos, así como los realizados en 2025, donde hasta abril se han ejecutado RD$2,445 millones en publicidad y patrocinios, pese a no ser un año electoral.

“La ciudadanía tiene derecho a saber en qué se invierten sus recursos. Este gasto millonario en publicidad contrasta con servicios básicos cada vez más deteriorados. Es hora de priorizar la calidad del gasto público y garantizar su uso con transparencia y responsabilidad”, concluyó.

En los últimos días se multiplican las opiniones de miembros del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) favoreciendo que el presidente Luis Abinader asuma en estos tiempos la presidencia de dicho partido, lo que para Participación Ciudadana sería incorrecto pues arrastraría ineludiblemente todo el aparataje presidencial en favor del partido y sus candidatos para las elecciones de mayo del 2028.

Entendemos que por mayor esfuerzo que realice el presidente Abinader para separar lo electoral de sus funciones como presidente de todos los dominicanos(as), no cabe duda de que el inicio e inauguración de obras, toda la publicidad que arropa la figura presidencial, y la mayoría de sus actividades, aumentaría el capital político electoral del partido oficial y sus futuros candidatos, lo que colocaría a los partidos de oposición en clara desventaja.

Esta situación sería todavía más inconveniente si tomamos en cuenta que los partidos no pueden hacer campaña política, hasta tanto no se proclame la misma, por la Junta Central Electoral, dejando el escenario solo al partido oficial, que podría utilizar las actividades presidenciales para ganar capital electoral.

Estamos de acuerdo con la declaración ofrecida por Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, en el programa “Hoy Mismo”, en el sentido de que la secretaría general del PRM es una posición a tiempo completo, y si decide asumirla renunciaría, no solo a la presidencia que ostenta, sino además a la diputación, evitando así utilizar el tiempo por el cual se le paga para dedicarlo a actividades partidarias.

Otros dirigentes del PRM han ido en la misma dirección, como el Dr. Guido Gómez Mazara, quien ha señalado que desde el momento en que decida formalizar sus aspiraciones a la presidencia de la República, en los tiempos que manda la ley, renunciaría a la presidencia del INDOTEL, pues no se prestaría a utilizar la institución pública que dirige con fines electorales.

Participación Ciudadana solicita al presidente Abinader evitar los conflictos de intereses que se le presentarían si asume ambas funciones, por lo que espera que el presidente despeje las dudas en la dirección correcta en los próximos días.

CONSEJO NACIONAL

5 de junio de 2025