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MANIFIESTO POR UN CONGRESO NACIONAL Y GOBIERNOS MUNICIPALES QUE CONSOLIDEN LOS AVANCES DEMOCRÁTICOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Ante el inminente proceso para elegir a las autoridades que regirán el país en el periodo
2024-2028, las organizaciones de la sociedad civil firmantes, apelan a los partidos y
movimientos políticos y a la ciudadanía en general, para juntos lograr que la selección de
candidatos y candidatas se realice bajo elevados principios de participación democrática y
acreditación ética, evitando que la incidencia de intereses y recursos no legítimos logren
penetrar las posiciones electivas en el Congreso y los gobiernos municipales.


El país y las organizaciones políticas cuentan con personas de sobradas capacidades para
un ejercicio público eficiente y éticamente comprometido, pero no se motivan a aspirar a
una posición electiva porque no pueden competir con la soberbia imposición de recursos
de quienes usan las funciones públicas como una inversión para lavar imágenes o hacer
una carrera personal, evitando, de este modo, una contienda equitativa y transparente.


Estos condicionamientos degradan la actividad política al facilitar la penetración de
personas asociadas al crimen organizado, a la corrupción o a los negocios ilegales e
ilegítimos. Estas indeseadas prácticas han “normalizado” la presencia, en la actividad
política, de personas con comportamientos domésticos abusivos o violentos y patrones de
vida moralmente reprochables, condiciones que alejan del servicio público a personas
preparadas, con sentido solidario y deseos de aportar.


La preservación de la integridad y sanidad de la política como actividad humana es la
principal obligación de las organizaciones políticas. Renunciar, por conveniencias de poder,
a esa alta vocación es una grosera autonegación. La ciudadanía responsable le reclama a
todos los partidos políticos la reasunción de esa obligación esencial en la seguridad de que
públicamente denunciará y reprobará aquellas candidaturas “asignadas” por tratos
económicos o impuestas por el dinero comprometido con fuentes no transparentadas. De
esta manera las organizaciones que suscriben este manifiesto hacen pública su resolución
concertada para alcanzar los siguientes objetivos:

  1. Solicitar a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos proponer para los
    puestos electivos a aquellos militantes, líderes políticos, ciudadanos y ciudadanas
    comprometidos con la formación o práctica democráticas y con la defensa de los
    valores éticos.
  2. Exhortar a los precandidatos aspirantes a cargos electivos a desarrollar una
    campaña concentrada en propuestas de transformación social, fundamentada en
    fuentes financieras legítimas y transparentes, sin comprometer los recursos
    públicos actuales o futuros.
  3. Invitar a la ciudadanía a participar de forma activa en el proceso electoral y solicitar
    a sus candidatos un pliego público de compromisos con cambios realizables, la
    identificación de los medios para materializarlos y el cronograma de sus
    ejecuciones objetivas.
  4. En los casos de personas que aspiren a ser reelectos en una posición congresual o
    municipal, las organizaciones firmantes se comprometen a poner a disposición
    pública un resumen del historial de desempeño de los candidatos y candidatas a la
    reelección para que la ciudadanía tenga conocimiento de su historia de desempeño
    y así edificar su derecho a elegir.
  5. Invitar a los medios de comunicación y al liderazgo empresarial, sindical y social a
    participar en una campaña nacional por el fortalecimiento del Congreso y los
    municipios, así como a demandar una democracia con efectivos controles, sin
    impunidad y en la que cada poder del Estado responda con sentido ético, eficiencia
    y rendición de cuentas.
  6. Exhortar a la ciudadanía a hacer uso de la plataforma que ponemos a su
    disposición para promover, con informaciones objetivas y veraces, las mejores
    candidaturas a puestos congresuales y municipales, así como para exponer razones
    válidas para oponerse a candidaturas éticamente irresponsables. Esta plataforma,
    sin compromisos partidarios, sólo pretende abrir un espacio para transparentar las
    candidaturas y brindar a la ciudadanía de parte de los electores información
    objetiva sobre los candidatos y candidatas.

ORGANIZACIONES FIRMANTES:
Centro Juan XXIII
Participación Ciudadana
Ciudad Alternativa
Fundación Masada, Inc.
Santiago Somos Todos

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de República
Dominicana, a los cinco (5) días de junio del 2023.

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PARTICIPACIÓN CIUDADANA EXPRESA SOLIDARIDAD A MIRIAM GERMAN BRITO Y FAMILIA ANTE LAS GRAVES AMENAZAS DE MUERTE RECIBIDAS, Y EXHORTA A LAS AUTORIDADES A CONTINUAR INVESTIGACIONES HASTA QUE SEAN SANCIONADOS LOS RESPONSABLES.

Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, eleva su voz de alerta y expresa su más amplia solidaridad a la magistrada Miriam Germán Brito, procuradora general de la República Dominicana, ante las graves amenazas de muerte que ha recibido personalmente y que alcanzan además a su hijo.

Las amenazas recibidas pretenden evitar la aplicación de medidas que la magistrada Germán ha venido tomando contra el crimen organizado, incluyendo los negocios que operan desde las cárceles dominicanas, que han permitido históricamente y siguen permitiendo el enriquecimiento de personas ligadas al crimen organizado, sobre todo al narcotráfico y la corrupción. La corrupción en las cárceles durante la presente gestión no se ha detenido y obliga a las autoridades a tomar medidas más enérgicas para poner fin a este viejo cáncer del sistema carcelario dominicano que se agrava con el crecimiento y tecnificación de la criminalidad.

La magistrada Germán ha llevado una carrera impecable desde su incorporación al sistema de justicia en 1973, ocupando posiciones de fiscalizadora, jueza de paz, jueza de instrucción, jueza de primer y segundo grado, miembro de la Suprema Corte, cuya sala penal presidió. Ha sido merecedora del V Premio al Mérito Judicial otorgado por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial en 2016, y ese mismo año recibió el Reconocimiento a la Integridad y Lucha contra la Corrupción otorgado por Participación Ciudadana.

Desde su designación como Procuradora General de la República, en agosto del 2020, la situación en la lucha contra la corrupción por parte del Ministerio Público ha variado notablemente, habiéndose sometido a la justicia penal casos de gran corrupción que involucran personas que han ocupado las más altas posiciones militares, altos funcionarios públicos, familiares del ex presidente y hasta el anterior Procurador General de la República. Se trata de expedientes que involucran miles de millones de pesos y donde ya se cuentan por centenares los sometidos a la justicia, además de otros casos de gran envergadura que están en proceso de investigación.

Este cambio de rumbo de la lucha contra la corrupción afecta intereses poderosos, cuyos beneficiarios son capaces de tomar medidas extremas para proteger las fuentes de sus ingresos ilícitos y sembrar el temor en los organismos llamados a combatir el crimen. Participación Ciudadana hace un llamado a todos los organismos de seguridad y al Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, como comandante en jefe de las fuerzas armadas y de su inteligencia, para que no escatimen esfuerzos en las investigaciones que permitan identificar a los responsables de estas amenazas y ponerles fin, así como a activar todas las medidas de protección y resguardo sobre la persona de la magistrada Germán y cada miembro de su familia.

La lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la impunidad comprometen a todos los sectores nacionales, así como a los ciudadanos y ciudadanas que aspiran a un país mejor. Fieles a ese compromiso exhortamos a todo el país a defender activamente a quien encarna actualmente esa lucha, la Magistrada Miriam Germán. Con ella y su equipo hemos estado y seguiremos estando. Ella no está sola y cualquier amenaza contra ella nos amenaza a todos.

DEFENDER A MIRIAM GERMAN ES DEFENDER EL PAIS.

Consejo Nacional 

20 de junio del 2023

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Carta pública desde Participación Ciudadana, al Señor Miguel Ceara, Ministro de Medio Ambiente.

Señor

Miguel Ceara Hatton

Ministro de Medio Ambiente

 Su despacho

Estimado Miguel:

A nombre del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, tengo el encargo de hacerle llegar nuestro cariño, admiración y respaldo ante los despiadados ataques a los que ha sido sometido desde que fue designado en la función de Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Nunca olvidaremos que fue uno de los fundadores de nuestra organización, a la que en sus primeros años aportó tiempo voluntario de calidad en la misión que emprendimos, enfocada en el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Luego pasó a asumir responsabilidades en organismos nacionales e internacionales que, aunque lo alejaron de las actividades de nuestra organización, nos han hecho sentir orgullosos de su trayectoria y aportes a la democracia y confiados en que los mismos principios y valores que lo acercaron a Participación Ciudadana le acompañan en todo lo que hace.

Queremos expresarle que no está solo en la difícil misión de enfrentar los intereses particulares que han adversado cualquier medida destinada a preservar nuestros recursos naturales. El medio ambiente es uno de los ámbitos de la sociedad en los que lamentablemente confluyen más intereses espurios, mafias, abusos y amenazas. Son de las áreas en las que hay que tener más valor y coraje para cambiar las cosas, en las que se corren mayores riesgos al enfrentar a sectores de todos los niveles sociales, pero sobre todo a aquellos que han acumulado fortunas a costa de la contaminación y depredación del medio ambiente y los recursos naturales. Por eso no es de extrañar los ataques constantes, los intentos de descalificarle y las presiones para hacerle saltar del puesto.

En este momento está bajo los ataques, por un Iado, de sectores políticos y, por otro Iado, de personajes oscuros que pretenden reproducir las mismas prácticas que tanto daño han hecho al país. Todos sabemos que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es uno de los organismos estatales que ha sido utilizado desde hace décadas para colocar en nominillas a cientos de militantes del partido que esté en el poder y hasta nominillas de personas particulares, acción que se convierte en un acto de corrupción porque estos no realizan labor alguna para el Estado dominicano.

También es costumbre la infiltración en ese Ministerio de personas que negocian concesiones con las mafias que destruyen el medio ambiente y los recursos naturales.

Por estas razones, los fondos que cada año se asignan en el presupuesto no alcanzan para realizar las verdaderas labores para las que fue creada esa institución estatal, con las nefastas consecuencias medioambientales y a los recursos naturales que están a la vista de todo el mundo.

Ya el país pasó por la tragedia que se llevó la vida del anterior ministro, Orlando Jorge Mera. Ante esta grave situación, el presidente Luis Abinader está en el deber de seguir apoyando la limpieza de ese Ministerio. De ceder ante las presiones y nombrar a alguien más complaciente, estaría enviando un triste y negativo mensaje y traicionaría sus promesas de cambios en el área medioambiental.

Participación Ciudadana seguirá combatiendo la corrupción y el abuso del poder para beneficios particulares. Dentro de nuestras labores de observación electoral, estaremos poniendo mucha atención a la nómina pública, la existencia o introducción de nominillas destinadas exclusivamente al financiamiento subrepticio del partido en el poder o de personas particulares.

Reiterándote nuestro apoyo a toda acción que contribuya a adecentar ese Ministerio, le saluda,

Afectuosamente,

En nombre y representación del Consejo Nacional

Lizzie Sánchez Padilla

Coordinadora General

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Participación Ciudadana hace llamado de atención sobre uso de los recursos del Estado en campaña y excesiva publicidad gubernamental

A propósito de que en breve tiempo el país estará sumergido en una amplia campaña proselitista, Participación Ciudadana quiere llamar la atención del Gobierno, los partidos, los órganos electorales y el público en general, acerca de lo que ha sido un tema tan recurrente como inadmisible, consistente en el uso de los recursos públicos para campaña.

Se trata del aprovechamiento del poder público para fines privados; es decir, de corrupción. En particular, destaca el uso abusivo de la publicidad estatal para resaltar la figura presidencial o de determinados funcionarios, promocionando supuestos logros, instituciones y obras de infraestructura que no ameritan propaganda, debido a que no conllevan valor de mercado para el consumidor.

El pasado 12 de mayo aparece en los medios una declaración pública del presidente Luis Abinader, mediante la cual manifiesta su disposición a mantenerse vigilante para impedir que los recursos del Estado sean usados en campaña, indicando que en su Gobierno no pasará lo que ha sido común en el pasado.

Pero tal parece que el presidente no ha visto los frecuentes anuncios del Ministerio de Obras Públicas, promocionando los supuestos progresos en la reparación de la Autopista Duarte como si se estuviera promoviendo un producto que se vende en los supermercados; o los habituales espacios pagados de Proconsumidor y la propia Presidencia, mostrando datos en que compara el costo de la canasta básica entre diferentes países, usando números claramente inventados.

Según datos publicados en la página web de la Dirección General de Presupuesto, durante el pasado año 2022 el Gobierno gastó RD$6,375 millones en publicidad y propaganda, lo que constituye casi el doble que lo destinado a ese fin el año anterior, cuando se habían gastado 3,651 millones de pesos.

Con eso, el presente gobierno casi iguala, en términos reales, las cifras escandalosas que acostumbraban gastar en propaganda los gobiernos del PLD que, en su año de mayor esplendor en el 2019, llegaron a gastar 6,995 millones de pesos, en valor actual, aunque en valores corrientes eran RD$5,215 millones.

Esto es mucho decir, toda vez que uno de los aspectos que más molestaban a la opinión pública del país, era la cantidad de anuncios, opiniones prepagadas y cantos de alabanza que se agenciaban con el dinero de los contribuyentes, cosas que se suponía iban a ser erradicadas con el cambio de gobierno.  

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana hace un enfático llamado a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral a asumir sus responsabilidades relativas a este tipo de propaganda.

Más aún, hay evidencia de que la pasada gestión de la Junta Central Electoral se hizo de la vista gorda ante la profusa campaña que llevaban a cabo candidatos a la presidencia o al Congreso con dinero sucio, habiendo aceptado informes con datos falseados sin ni siquiera investigar su veracidad, cuando estaba a la vista de todo el mundo el exceso que los propios protagonistas calificaran como la campaña más cara de la historia.

Y mucho más, cuando, si aceptamos como válidos los datos contenidos en el expediente de la Operación Calamar, a lo cual tenemos derecho porque fue admitido como verdad por la mayoría de los implicados, en adición a la publicidad gubernamental se usaron miles de millones de pesos gastados privadamente, pero pagados con fondos extraídos irregularmente del presupuesto público.

Siempre estamos confiados en que, dado el cambio de contexto, aquello no volverá a ocurrir, pero advertimos que no basta con el trabajo del Ministerio Público, pues la JCE tiene una misión indelegable en cuidar por la limpieza de la campaña, la limitación cuantitativa y la pulcritud cualitativa de los recursos usados. Igualmente esperamos la existencia de un régimen de consecuencias aplicables a quienes incumplan con las disposiciones al respecto.

Consejo Nacional

15 de mayo de 2023

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Ante la difícil situación de la Cámara de Cuentas

Participación Ciudadana expresa por este medio su preocupación por la situación que está viviendo la Cámara de Cuentas, uno de los organismos más importantes en el control de los recursos públicos y en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Tenemos conocimiento de esta situación desde hace más de un año. Tomamos la decisión de solicitar y logramos reunirnos, tanto con el pleno como con algunos de sus miembros de manera individual, después de recibir informaciones de que intereses particulares han imposibilitado los acuerdos necesarios para sacar a esa institución del descrédito en que había caído en gestiones anteriores.    

Por la delicadeza de esta institución y por el momento crucial que vive el país en la lucha contra la corrupción y la impunidad, intentamos mediar para que se impusiera la conciencia, la responsabilidad y el patriotismo de cada uno de los integrantes, frente a una institución cuya credibilidad es crucial para que pueda cumplir su misión pública.

Los principales problemas que hemos identificado se resumen en los siguientes:

  1. Algunos miembros de la Cámara de Cuentas, encabezados por el presidente de la misma, han realizado fuertes cuestionamientos a más de un centenar de auditorías ejecutadas y dejadas sin firmar por la pasada gestión, las cuales no llenan los requisitos, carecen de calidad técnica y han sido acusadas, tanto por miembros de la Cámara anterior como de la actual, de haber sido “maquilladas” con el objetivo de ocultar situaciones y beneficiar a funcionarios que habrían incurrido en irregularidades.
  2. La Cámara de Cuentas no exige, ni a sus miembros, ni a su personal, formación especializada en auditoria; por tanto, la gran mayoría solo son contadores, lo que explica su tradicional ineficacia para detectar las irregularidades y el robo de los recursos públicos.
  3. Como consecuencia de esto y de los intereses de los diferentes gobiernos, las auditorias que se hacían hasta hace algunos años no cumplían con las normas internacionales en esta materia. Estas normas han sido implementadas en la gestión actual de la Cámara de Cuentas, dando como resultado los informes especiales que han sustentado los expedientes que actualmente cursan en la justicia.
  4. Una gran parte del personal más calificado que tenía la institución ha renunciado, tanto por los bajos salarios como por el ambiente de innumerables presiones en que tienen que desarrollar su trabajo.
  5. Parte de los integrantes actuales del pleno ha rechazado las propuestas del presidente de organizar los trabajos en 4 áreas especializadas, encabezadas por auditores expertos seleccionados por concurso. En cerca de tres años no se ha podido evaluar, renovar ni completar el personal.
  6. Algunos imputados que cuentan con enormes recursos financieros contratan firmas privadas para tratar de desacreditar las auditorías de la Cámara de Cuentas, mientras otros que están siendo investigados intentan influir a su favor, a través de personal que en el pasado sirvió a sus intereses y que permanece en sus posiciones. Mientras tanto, esos imputados o posibles imputados son los únicos que podrían beneficiarse de la situación de crisis que afecta a la institución.
  7. El esquema de gobernabilidad de este organismo propicia la paralización, el anquilosamiento, la indisciplina y la confabulación. El presidente del organismo solo lo es de nombre, ya que no tiene la autoridad para tomar la más mínima medida administrativa, no pudiendo nombrar ni desvincular tan siquiera al personal de su entorno más cercano.
  8. El personal de la Cámara de Cuentas no es sometido a evaluación, ni medición de rendimiento, y peor aún, se dice que muchos trabajan para intereses particulares de funcionarios actuales o del pasado, sin el temor de ser removidos porque cuentan con una estructura de protección y resguardo.   
  9. Las mismas personas dentro del pleno han bloqueado los intentos de apertura de concursos para llenar más de 100 posiciones vacantes que se necesitan para cumplir con la gran cantidad de trabajos y para lo cual la Cámara de Cuentas tiene disponible los recursos.
  10. También ha sido bloqueado un proyecto de automatización y modernización de los procesos con el propósito de hacer más eficiente y dotar de mayor calidad a las auditorias. Quinientos millones de pesos que fueron donados para ese fin no han podido usarse porque las mismas personas en el pleno se han opuesto.

Nuestra triste conclusión es que la situación de ingobernabilidad en que ha caído la Cámara de Cuentas es insostenible. Por tercera ocasión consecutiva, este importante organismo se ha visto afectado por situaciones internas y presiones externas que le impiden cumplir a cabalidad sus funciones.

Es justo acotar que no todos los integrantes de este pleno y los anteriores han incurrido en comportamientos delictivos, éticamente reprochables o ineficientes.  A Participación Ciudadana le constan los esfuerzos que algunos han realizado para enderezar las situaciones.  De hecho, al menos una integrante de la Cámara de Cuentas anterior, advirtió e hizo constar sus objeciones y llegó a denunciar las situaciones difíciles que vivió, aunque al final todos fueron destituidos.  También en el actual pleno hay personas que están genuinamente comprometidas con hacer las cosas bien.

Participación Ciudadana espera que el Congreso Nacional se comprometa en la parte de responsabilidad que le asigna la Constitución lo cual incluye la revisión de la Ley para hacer este organismo más operativo y gobernable.  Por su parte, los actuales integrantes de la Cámara de Cuentas están en la obligación de llegar a acuerdos que saquen a la institución de su actual crisis porque, de lo contrario, corren el riesgo de ser sometidos a un juicio y repetir la triste historia de los anteriores.

La situación de la Cámara de Cuentas no es casual, es un reflejo de la grave situación de corrupción e impunidad a que el país ha sido sometido en las últimas décadas. La corrupción creció, se adueñó del Estado, mientras órganos como éste, cuya misión es prevenir y evitar que situaciones como estas sucedan, han sido penetrados, apropiados y utilizados por las coaliciones de funcionarios que han defraudado a este país. 

Es evidente que se necesita introducir cambios en la forma en que son elegidos, pero sobre todo en las políticas que ponen en práctica los congresistas a la hora de seleccionar los miembros de este organismo. El país necesita asegurarse de que las personas que son designadas en esas posiciones, además de las capacidades profesionales y personales, tengan como único propósito el servicio a la Nación, sin intereses partidarios o sectoriales, solo apegados a la ética y decididos a cumplir la noble misión que constitucionalmente le ha sido otorgada a una entidad que se merece un mejor destino.

CONSEJO NACIONAL

Santo Domingo, 3 de mayo del 2023.

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Participación Ciudadana clama por la preservación de la Cordillera Central

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana hace un llamado urgente al presidente Luis Abinader Corona, al Ministro de Medio Ambiente Miguel Ceara Hatton y a la Procuradora General de la República, Magistrada Miriam Germán Brito, a poner atención a la destrucción de nuestra Cordillera Central.

El corte de miles de pinos occidentales amparados en los permisos que dan los llamados planes de manejo que otorga el Ministerio de Medio Ambiente es un esquema que está destruyendo la Cordillera Central. En un trayecto montañoso de 40 a 50 kilómetros, realizado por Altagracia Salazar, de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana, pudo observar a ambos lados del camino decenas de árboles derribados con tecnología moderna y dispuestos para ser transportados a los aserraderos propiedad del    ex senador Antonio Cruz, quien se precia de haber instalado el más moderno aserradero de la región del Caribe.

Los lugareños abordados por la periodista, le explicaron que las autoridades locales no pueden hacer nada cuando un empresario o sus empleados, transportan una cantidad de madera, autorizados desde Santo Domingo por el Viceministerio de Recursos Forestales.

El Ministerio de Medio Ambiente no tiene personal técnico para supervisar que los permisos se cumplan. Es una práctica generalizada que, con un permiso de tala, solo para decenas, se cortan de manera indiscriminada cientos de árboles, sin ningún tipo de consecuencias, en puro deterioro del ecosistema de la zona y del medio ambiente; incluso se están produciendo robos de madera en perjuicio de los pequeños propietarios que no tienen manera de defenderse. La ganadería de montaña, que está prohibida por una resolución del Ministerio de Medio Ambiente, se sigue practicando y creciendo y se extiende a los puntos más altos de la cordillera, en el caso de la zona de Monción y San José de las Matas, hasta el Pico del Gallo.

La Asociación de Empresarios de la Madera está provocando un daño adicional, porque se está recurriendo al uso de herbicidas para evitar el rebrote de los pinos, que suele ocurrir de manera natural. Esta práctica explota grandes áreas que son cortadas, sometidas a la aplicación de herbicidas para posterior uso ganadero. El uso de defoliantes trae como consecuencia secundaria la muerte de miles de especies, porque las lluvias arrastran los residuos hacia los acuíferos de la zona.

La Cuenca alta del Río Mao, que tradicionalmente se dedicó a la siembra de café, garantizaba la protección del ecosistema porque el café obliga a mantener la cobertura boscosa. El café es un protector natural de las cuencas, pero de muy baja rentabilidad, por lo que una nueva agricultura establecida por gente poderosa fue cambiando las plantaciones por cultivos menos perennes, como limón persa; pero esas plantaciones no durarán mucho, aunque producirán dinero y al final la tierra quedará devastada.

Participación Ciudadana reclama a las distintas autoridades del medio ambiente que cumplan con sus responsabilidades. En primer lugar, exigimos que el Ministerio Público rinda cuentas de sus actividades en la persecución y sometimiento a la justicia de los depredadores de nuestros bosques y ríos, que se cumplan con las sanciones que establece la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. También reclamamos que el Ministerio de Medio Ambiente coloque inspectores en cada uno de los aserraderos existentes, con la finalidad de fiscalizar los troncos que entran y la madera que sale, y compararlos con los permisos otorgados.

Se debe revisar, además, cada uno de los permisos, permitiendo los que propendan al uso sostenible del suelo y conduzcan a un crecimiento sostenible. Finalmente, la responsabilidad principal recae sobre el presidente de la República Luis Abinader Corona, que debe manifestar su voluntad política sobre el tema, otorgando cuantos recursos requiera el Ministerio de Medio Ambiente para lograr un control efectivo de la preservación de nuestro medioambiente, evitando bajo cualquier circunstancia la tala indiscriminada.

CONSEJO NACIONAL

24 DE ABRIL DEL 2023

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Poder, evolución y demarcación en la judicialización de la corrupción

Por: Cándido Mercedes.

La judicialización de la corrupción comienza a frenar el poder y genera una nueva democracia y al mismo tiempo, un verdadero espacio de demarcación y decantación.

“La democracia funciona correctamente cuando las instituciones representativas, configuran los conflictos, los absorben y los regulan de acuerdo con reglas”. (Adam Przeworski: Crisis de la Democracia).

Nada encierra más tensiones, disensos y conflictos que la política. Conflicto y política son la cara y el envés de una misma moneda. Constituyen entes dinámicos en la búsqueda del poder, en las relaciones de poder. La política es la lucha por el poder, donde los intereses políticos mueven todas las pasiones humanas. Nada genera más pasiones que la política y en consecuencia más diferencia, más diversidad.

De ahí la necesidad de encontrar el espacio mínimo de tolerancia para poder manejar todas las descargas que gravitan en la lucha no solo por alcanzar el poder, sino, al mismo tiempo, de mantenerlo. Como nos dice Yuval N. Harari en su libro más reciente Imparables: “Se puede usar bien o mal el poder. Para ser un humano debes de entender el poder que tienes y lo que puedes hacer con él”. De ahí la necesidad ineluctable, inexorable de crear mecanismos de control, regulación y límites del poder en todas las facetas de la dimensión humana, porque la lucha por el poder tiene como principal corolario, como fundamento, el conflicto y en esos conflictos median inevitablemente los intereses. Vale decir, opera marcadamente la subjetividad.

En la política obran las decisiones, los individuos en grupos, las relaciones de poder, a menudo en hegemonía y dominación, entre sectores que gravitan en el pináculo y los sectores subalternos. El cómo se da ese grado de interactuación entre las fuerzas sociales, clases sociales y actores, determina el grado de conflictividad de una organización, de un Estado. Pero, la política ha de tener como arte la búsqueda del bien común, puesto que en la praxis a través de los actores políticos se dan soportes de puentes para interactuar entre el Estado y la sociedad, para la distribución de los recursos. La política es, por decirlo así, la ciencia del poder, de la capacidad de influir en una sociedad, en una organización.

En la política y el poder, en la sociedad dominicana, solo nos hemos enfocado en los conflictos electorales que se han suscitado en los últimos 57 años (1966-2023), con mayor énfasis en los años: 1978-1986-1990-1994. Empero, no graficamos objetivamente las transiciones y las necesidades de consustancializar los contenidos que demandaban los desafíos de la época. Las transiciones dibujadas en:

  • 1961-1965.
  • 1966-1978.
  • 1978-1986.
  • 1986-1996.
  • 1996-2020.

El interregno 1961-1965 estuvo matizado por una alta polarización y fragmentación de la sociedad política: muerte de Trujillo, Consejo de Estado, elecciones, golpe de Estado, Revolución de Abril y la llegada de Héctor García Godoy como “puente” para crear las bases de las elecciones de 1966. A partir de 1966, Balaguer conformó un Estado bonapartista, donde en gran parte todas las relaciones de poder y las instancias institucionales estaban bajo su dominio. Era una democracia “formal” donde Congreso y Poder Judicial se constituyeron en un largo mimetismo del Poder Ejecutivo. La corrupción tuvo un colofón diferenciador en la comprensión de un Estado muy pequeño y una burguesía cuasi inexistente.

La corrupción era, pues, la fragua que se derramaba en una gran parte de la sociedad como correa del “crecimiento”. Lo que estábamos viendo en los años 66-78 del siglo pasado (XX) y en muchos países de América Latina y el Caribe. También en gran parte lo que sucedió a lo largo del Siglo XIX, en Europa y los Estados Unidos. Una corrupción cuasi legalizada en la corriente de la expansión económica del capitalismo dominicano. Rostro de lo que Carlos Marx, parafraseándolo “El capitalismo ha sido despojo y sangre en su creación y génesis”.

No creíamos que a partir del 1978 la corrupción seguiría su agitado curso, como fuente de acumulación originaria de capital. Aunque, dado la debilidad institucional, ella siguió caminando, acusó nuevas modalidades, no obstante, no tan significativa. A partir de 1996 llegó al poder una nueva generación. Las expectativas eran extraordinarias, no solo por la llegada de la Generación Baby Boomer, sino por el partido que hizo de la lucha contra la corrupción su principal portaestandarte. Publicaron dos Vanguardia del Pueblo sobre la corrupción, que, mirando en el tiempo, sería como una limpieza dental en comparación con la grosera, lacerante y desgarrante putrefacción que devino a partir de 2005.

La corrupción, a excepción de Ulises Heureaux (Lilis) y Trujillo, nunca había tenido el peso trepidante, corpóreo, del interregno aludido. La corrupción, en todas las formas y variedades: sistémica e institucional. Era parte del juego del poder dominante, era la articulación de la hegemonización, al tiempo que una parte de sus miembros se transformaban en la opulencia de la riqueza, del dinero y de la plutocracia. En la acumulación de 1966-1978, la mayoría de los actores se transformaron en burgueses. Los de 2004 a 2020 son ricos, y muy pocos burgueses. No pueden decir el dinero que tienen, pues sería la más clara obviedad de su latrocinio, pues en 20 años, trabajando honradamente, con pulcritud y transparencia y ganando el sueldo que tenían, no hay la más mínima correlación entre la sociología visual o auditoria visual y lo que eran en la pirámide social de República Dominicana.

En la estratificación social, según la clasificación de Bosch, eran de la baja pequeña burguesía en sus diferentes grados: pobres y muy pobres, y muy pocos clase media y media alta (Eduardo Selman, los Fiallo, Euclides Gutiérrez, Franklyn Almeyda, Rafael Alburquerque, Antonio Abreu Flores, José Joaquín Bidó Medina). El creador del PLD dijo: “La corrupción tiene mil formas en nuestros países, y resulta que la corrupción corrompe, pues el ejemplo de actos ilícitos no son penados y la exhibición de las ventajas que se compran con el producto del robo, van extendiendo la corrupción en diversos niveles.”

Desde 1966 la delincuencia política no fue perseguida judicialmente. Cuando Balaguer, dos o tres casos aislados (Anisia Risi: exdirectora de Aduanas). Desde entonces, los actores políticos generaron en el imaginario, producto de la praxis, que ellos eran una casta especial, donde estaba impedido conducirlos judicialmente, estaban vedados. La justicia no era para ellos. Robar, porque eso es lo que son: cacos, saqueadores, maleantes, cuatreros, estafadores, ladrones. Delincuentes políticos asociados a los delincuentes de cuello blanco.

La justicia era para los pobres, vulnerables, para los jóvenes de los barrios que no tienen empleo. La impunidad era la norma. Cuando la corrupción se da y no se castiga, allí donde la impunidad prevalece, crece la descomposición y la degradación de la vida pública. Teníamos el coeficiente más alto en el Índice de Impunidad después de Venezuela. La corrupción se encontraba en la estratosfera y los presidentes señalaban: “la corrupción no es un problema en la sociedad dominicana, no es sistémica”; mientras que el otro decía: “¿Cuál corrupción?”. Una hipercorrupcción nos configuraba como nación, según todos los reportes internacionales.

Viendo las investigaciones nos estamos encontrando con lo que Transparencia Internacional denomina “Gran corrupción o corrupción a gran escala”. Nosotros la denominamos mega corrupción, que es aquella que por su magnitud afecta toda una colectividad, a toda una sociedad. Solo hay que pensar la inversión de: RD$6,000 millones; RD$19,000 millones; RD$30,000 millones; RD$64,000 millones, en salud, acueductos, viviendas para los sectores más carenciados, etc. etc. Esa criminalidad organizada afecta la vida social y económica de una amplia franja social y nos destruye, nos envilece y desarticula el Estado y todo el marco institucional, a través de la inobservancia institucional.

Estamos en presencia, de algo que debió llegar desde 1996: la judicialización de la corrupción, que es llevar a la justicia a todo aquel que comete un acto punible, independientemente de su jerarquía económica, social, política, religiosa. Muchos creían que el BORRON Y CUENTA NUEVA seguiría. Hoy, tenemos una Procuraduría General que nadie duda de su templanza, entereza, honorabilidad, que acaba de decir doña Miriam German Brito “Todos los casos de corrupción que se han judicializados hasta ahora es porque las posibilidades probatorias y operativas lo han permitido”. Abundó “Confío en que en el caso Calamar el poder Judicial sabrá cumplir con las funciones que le corresponden conforme a la Constitución y las leyes, en condición de igualdad con supuestos análogos, para garantizar los fines propios de las medidas de coerción”.

Vemos, pues, como la judicialización de la corrupción comienza a frenar el poder y genera una nueva democracia y al mismo tiempo, un verdadero espacio de demarcación y decantación. Adam Przeworski nos dice “El sistema democrático funciona correctamente cuando los conflictos que surgen en una sociedad, sean cuales fueren, se procesan de manera pacífica dentro del marco institucional”. La judicialización de la corrupción es el marco de las reglas institucionales que coadyuvarán con más democracia, con una democracia más fortalecida y más halagüeña para el conjunto de la sociedad.

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Organizaciones sociales abogan por la continuidad de las Casas Comunitarias de Justicia

Santo Domingo, República Dominicana. Más de 30 organizaciones de la sociedad civil, realizaron este miércoles un llamado al Poder Ejecutivo, a los gobiernos locales, al sector empresarial, a la cooperación internacional, al Ministerio Público y al Poder Judicial, para que las Casas Comunitarias de Justicia sigan ofreciendo sus servicios en los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana, ya que con su trabajo, contribuyen con la convivencia pacífica en los barrios y descargan al sistema de justicia, de un cúmulo de casos que ahora se resuelven en las propias comunidades.

“Las Casas Comunitarias de Justicia son centros de mediación, conciliación, promoción de los Derechos Humanos, prevención de la violencia, articulación y vinculación con el territorio, fundamentales para garantizar y promover la convivencia pacífica”, indicaron.

Estas Casas Comunitarias también ofrecen orientación legal, atención a mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar, y espacios formativos para la construcción de ciudadanía, con el objetivo de promover y facilitar el acceso a la justicia, la convivencia pacífica, prevención de violencia, fomentar la educación ciudadana, escolar y comunitaria.

Hoy, las Casas Comunitarias de Justicia carecen de recursos suficientes para continuar con su labor. Es por ello, por lo que las instituciones firmantes realizaron un llamado a todos los sectores de la sociedad, para incentivar un mayor apoyo del gobierno, del sector empresarial y las Alcaldías, para que las Casas Comunitarias puedan seguir ofreciendo servicios a personas necesitadas de barrios y comunidades.

En sus 15 años de servicio la institución ha atendido a más de medio millón de personas en vulnerabilidad. La población beneficiaria se ubica en los sectores: La Ciénaga, en el Distrito Nacional; Las Caobas, en Santo Domingo Oeste; La Joya y Cienfuegos en Santiago; Villa Rosa, en La Vega; centro de la ciudad en San Francisco de Macorís; Las Cuarenta, en Mao, Valverde; Barrio José Horacio Rodríguez, Moca y en Puerto Plata.

Entidades firmantes:

  1. Asociación Casa Abierta
  2. Asociación Ciudad Alternativa
  3. Articulación Nacional Campesina
  4. Centro La Salle-Hno. Alfredo Morales
  5. Centro Juan XXIII
  6. Centro Poveda
  7. Centro de Planificación y Acción Ecuménica, CEPAE 
  8. Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer, CE-Mujer
  9. Centro de Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales, CEDAIL
  10. Centro de Trabajo Ecuménico Dominicano, COTEDO 
  11. Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF
  12. Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, COPADEBA
  13. Comisión Nacional de los Derechos Humanos
  14. Club De Madre La Voz De La Esperanza. La Herradura Santiago
  15. Club de Madre Reyna del Rosario. Distrito Municipal Hato del Yaqué Santiago.
  16. Club de Madre Caminando con María Distrito Municipal Hato del Yaqué
  17. Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL)
  18. Fundación Dominicana por Amor a los Envejecientes y la Niñez, Fundó Amor
  19. Movimiento cívico, Participación Ciudadana
  20. Movimiento De Mujeres Mamá Tingó. Santiago. Yaguita De Pastor
  21. Núcleo de Apoyo a la Mujer, NAM.
  22. Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa, IDEAC
  23. Centro de Información y Promoción Comunitaria-CIPROC-
  24. Promoción de la Mujer del Sur
  25. Acción Comunitaria por el Progreso, Inc.
  26. Federación de Mujeres Las Golondrinas
  27. Patronato Pro-Desarrollo de Sabaneta
  28. Junta de Vecinos El Carril
  29. Círculo de Mujeres con Discapacidad
  30. Asociación de Abogados Santo Domingo Oeste
  31. Fundación Voluntad Educativa (FUNVE)
  32. Organización Nueva Abogacía (ONA)
  33. Clínica Profamilia Herrera
  34. Federación de Juntas de vecinos de Puerto Plata
  35. Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR)

Personas firmantes:

  1. Alberto Cruz
  2. Antonio Fermín Páez
  3. Ángel Paredes
  4. Nicolas Guevara
  5. Dorina López
  6. Hno. Pedro Acevedo
  7. Fernando P. Henríquez
  8. Frank Cáceres Mendoza
  9. Román Batista Álvarez
  10. Pedro Franco
  11. Pablo Vicente
  12. Claudia Capano
  13. Hamilk Chahin
  14. Ricardo González Camacho
  15. Rosa Lara
  16. Fátima Lorenzo Mencía
  17. Patricia Gómez
  18. José Basora
  19. Noria Hilario
  20. Marino Tejada
  21. Manuel Mejía
  22. Norma Méndez Quezada
  23. Victoria Pérez
  24. Sandra Cuevas
  25. Erenia Quezada
  26. Nathaly Cuevas Ruiz
  27. Ana Luisa Peña
  28. María Graciela de la Cruz.
  29. María Jiménez
  30. Elsa Mata Bautista.
  31. María Nelly Díaz
  32. Gertrudys Silverio.
  33. Josefina Sánchez
  34. Nelly Heredia
  35. Carlos Vinicio Custodio
  36. Carlos Brito Sánchez
  37. Luis Ortega Rincón
  38. Lorenzo Ramírez

Miércoles 10 de agosto del 2022

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Participación Ciudadana llama al Senado a aprobar la Ley de Extinción de Dominio como una ley orgánica

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, señaló este lunes que después de más de una década de espera, el país está ante la oportunidad de aprobar una Ley de Extinción de Dominio, normativa llamada a fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción administrativa. El pasado viernes fue aprobada a unanimidad por la Cámara de Diputados y volverá al Senado para que la conozca de nuevo con las modificaciones introducidas. 

Participación Ciudadana entiende que esta ley constituye un paso de avance y nadie puede oponerse a la aprobación de una ley de extinción de dominio porque es un mandato constitucional. El artículo 51.6 de la Constitución, reza: “La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico.” 

El artículo 51.5: “Solo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales.” 

La entidad expresó que esta normativa crea un instrumento que permite perseguir, de forma autónoma, los bienes obtenidos de manera ilícita; que no haya la necesidad de esperar una sentencia en lo penal para tales fines; que aquellos que cumplan condena penal, al salir de la prisión no se burlen de la sociedad exhibiendo los bienes mal habidos como un premio a su conducta delictiva.  

En otro orden, hay unanimidad de criterio en que en la aplicación de esta ley debe respetarse el debido proceso y así está consignado en el proyecto.  El artículo 28 de la ley se titula “Debido proceso”, y confirma en esta materia la garantía constitucional del debido proceso, permitiendo a los afectados participar en el procedimiento, oponer excepciones y defensa, presentar pruebas, intervenir en su preparación y presentación, recurrir las decisiones, y todo un elenco de garantías probatorias. El catálogo de garantías descrito en la ley, tiene un carácter enunciativo, pues toda regla que forme parte del debido proceso es aplicable en este caso. 

En cuanto a la retroactividad, el movimiento cívico puntualizó que se pueden aplicar las reglas de las obligaciones en la adquisición de activos establecidas en el Código Civil, que establecen los requisitos de validez de este tipo de operación.  Por lo tanto, no será la Ley de Extinción de Dominio la que anule la adquisición de activos obtenidos ilícitamente, sino disposiciones legales que datan desde la fundación de la República, contenidas en el código civil. 

“El proyecto reduce el tipo de hecho ilícito que puede dar lugar a la extinción de dominio, y todos son hechos ilícitos ya existentes y que pueden calificarse de mayores, como tráfico de drogas, de seres humanos, de órganos, secuestro, sicariato, soborno, terrorismo, pornografía infantil, robo agravado, falsedad, delito tributario, etc.”, indicaron.  

El Consejo Nacional de la entidad apoya que la jurisdicción que conozca los casos sometidos a esta ley sea la de las cortes de apelación, ya que no hay necesidad de crear una jurisdicción separada. Las cámaras penales de las cortes de apelación de los distintos departamentos judiciales serían competentes para conocer y decidir en primer grado del juicio de extinción de dominio. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia será el competente para conocer los recursos de casación que se interpongan de conformidad con lo previsto en la ley. 

Aunque no existe consenso entre los expertos constitucionalistas acerca de si esta ley es orgánica o no, Participación Ciudadana considera conveniente que se apruebe como ley orgánica, y de esa manera se evite una posible anulación por parte del Tribunal Constitucional, frustrando así los anhelos de una legislación tan necesaria como esta que, además, es un compromiso internacional asumido por el país.  

“En estos momentos en que se están produciendo avances en el combate a la corrupción y la impunidad, debemos reclamar a nuestros líderes congresuales y a la dirigencia de los partidos políticos dar un ejemplo de concertación y compromiso, aprobando esta ley con la mayoría requerida para las leyes orgánicas”, concluyeron.  

CONSEJO NACIONAL 

25 de julio del 2022 

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Participación Ciudadana analiza en tertulia la Ley de Extinción de Dominio

Santo Domingo, República Dominicana. El Movimiento Cívico no partidista, Participación Ciudadana, en su compromiso con la participación, el fortalecimiento democrático, la transparencia y la lucha contra la corrupción e impunidad en la República Dominicana, realizó la tertulia “Hablemos de la Ley de Extinción de Dominio”. 

Esta tertulia tuvo como finalidad conversar con la ciudadanía y actores claves para dotar al país de una ley que castigue el crimen organizado, la corrupción y otras actividades criminales, recuperando los bienes que provengan directa o indirectamente de un hecho ilícito realizado en el territorio nacional o en el extranjero. 

El coordinador general de la institución, Joseph Abreu, enfatizó en sus palabras de bienvenida que, la Ley de Extinción de Dominio es una herramienta de lucha contra la corrupción que se enmarca dentro de los compromisos nacionales e internacionales.   

“Esta Ley representa un instrumento para atacar una de las principales fuentes de ingreso con la cual se financian estos grupos criminales, quitándoles este brazo económico con el cual desarrollan sus actividades ilícitas”, concluyó Abreu.  

La tertulia contó con la participación de destacadas figuras entre las que se encuentran: Marko Magdic, abogado y experto en extinción de dominio; Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista y profesor universitario; Laura Paniagua, Gerente de Políticas Públicas de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana y Francisco Álvarez, integrante de la comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana.  

En su intervención Marko Magdic, precisó que la herramienta principal del crimen organizado que le da mayor cuota de impunidad y poder, es precisamente las estructuras financieras que las soportan.  

“Esta normativa busca atacar estos recursos, y no a las personas, para eso está el derecho penal y administrativo, la finalidad de este proyecto es poder entregar una ley complementaria a lo que ya tenemos”, señaló Magdic. 

Por su parte el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, enfatizó que, en el proyecto de ley de extinción de dominio, existen algunos elementos bastantes sensibles que el país no lo necesita.  

Indicó que uno de estos, es la forma en que se ha abordado la naturaleza de la ley, «es arriesgado para el futuro de la ley de extinción de dominio, aprobarla como si fuera una ley ordinaria», precisó.  

El abogado Rodríguez considera que se trata de una ley orgánica, y así debe ser abordada.  

En su intervención Laura Paniagua, gerente de Políticas Públicas de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, enfatizó que esta institución se ha mantenido enviando sus comentarios y observaciones, para poder hacer de esta normativa una realidad en el marco jurídico dominicano.  

Señaló que “La ley de extinción de dominio es una herramienta poderosa y necesaria, pero tiene que ser efectiva, acorde con su propósito original”.  

Indicó, además, que esta ley para ser garantista debe respetar el debido proceso, garantizando la seguridad jurídica y la institucionalidad.  

Por su parte, Francisco Álvarez enfatizó que la Ley de extinción de dominio es un mandato constitucional. “El partido de gobierno debe llegar a un consenso con la oposición”, puntualizó.  

Concluyó realizando un llamado a los diferentes sectores para que se apruebe esta ley.  

Esta tertulia fue moderada por Leidy Blanco García, coordinadora de la comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana, realizada en el marco del proyecto Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia. 

21-07-2022 

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