Participación Ciudadana hace una exhortación a todo el país, especialmente a los partidos políticos y sus líderes, en relación con el ambiente y las prácticas que desafían las normas establecidas en las leyes electorales. Este país ha luchado y logrado avances democráticos en las últimas décadas, fundamentalmente en el comportamiento de la población y en la organización de las elecciones; sin embargo, en estos momentos, estamos presenciando una actitud desafiante y rebelde de algunos partidos ante la facultad que tiene la JCE de hacer cumplir las reglas del juego, que ellos mismos establecieron, cuando sus legisladores conocieron y aprobaron las leyes de partidos políticos y de régimen electoral.

Contrario a las mejores prácticas del mundo democrático, los legisladores pertenecientes a esos mismos partidos incluyeron en las leyes electorales un tiempo adicional de campaña que le llamaron "precampaña", el cual extiende el período electoral cercano a un año. En su momento nos opusimos a esa extensión porque está demostrado que las largas y costosas campañas, son antidemocráticas, ya que alejan a la gente honesta de las aspiraciones a puestos electivos mientras favorecen a candidatos sospechosos de delitos o de recibir financiamiento ilegítimo que se convierte en inversiones a ser recuperadas mediante el otorgamiento de privilegios y prebendas en el uso de recursos públicos.

Ahora resulta que ni siquiera la precampaña que impusieron es suficiente para los partidos políticos. Antes de la proclamación oficial por parte de la JCE, habían llenado el país de propaganda; se declararon en rebeldía frente a las limitaciones que ellos mismos incluyeron en las leyes, apoyándose en unas libertades absolutas que no son posibles ni aceptables en ninguna sociedad organizada. 

Miles de ciudadanos y ciudadanas ejemplares, que honrarían al país de ser elegidos, son marginados de posibles aspiraciones porque la competencia se ha vuelto demasiado costosa y, además, porque se realiza en ostensible desafío a las leyes y a las mejores prácticas democráticas. Si solo para ser precandidato a cualquier posición electiva local hay que gastar decenas de millones en propaganda y clientelismo, las personas con mayor vocación de servicio público no están en condiciones de competir.

Participación Ciudadana tiene 30 años promoviendo una democracia más equitativa y una representación política y gubernamental de mejor calidad. Estamos seguros de que la gran mayoría del pueblo dominicano tiene la misma aspiración, y es una pena que partidos políticos que dicen representar a esa mayoría se empeñen en dar un espectáculo como el que presenciamos ahora, reclamando y practicando la anarquía, desafiando las leyes, la autoridad y pretendiendo que su accionar no tenga ningún control.

Realizar marchas en abierto desafío a la autoridad electoral y amenazar con desórdenes para que se les permita mantener un proselitismo al que no están autorizados, es un comportamiento que envía un mensaje muy negativo a la ciudadanía, sobre todo en momentos en que luchamos por disminuir la criminalidad, violencia y toda clase de violaciones a las leyes. Los partidos políticos deben entender que el respeto a la autoridad legítima es una de las reglas fundamentales sobre las que se construye la democracia; solo con instituciones firmemente apegadas a las leyes y a los supremos intereses nacionales podremos avanzar en la construcción de una sociedad mejor.

Participación Ciudadana expresa su apoyo a la Junta Central Electoral en la aplicación de todas las facultades que las leyes le otorgan. Favorecemos el diálogo, el respeto mutuo y entendemos que las partes pueden llegar a un acuerdo, sin chantajes, con el compromiso de respetar las leyes y educar en cultura democrática.

Todos los dominicanos y dominicanas, comenzando por los partidos, los candidatos y las autoridades electorales, tenemos el compromiso de celebrar un proceso electoral ejemplar, que eleve nuestra posición en el mundo democrático y que nos haga sentir orgullosos de ser dominicanos.  Seguiremos observando y contribuyendo para que esto suceda.

● Este hecho demuestra las funestas consecuencias del aumento de la violencia política
y de la fuerza del crimen organizado en Ecuador.
● Ad portas de las elecciones, es preocupante el anuncio del presidente Guillermo
Lasso de un nuevo estado de excepción por 60 días.
● Garantizar los comicios requiere de la adopción de medidas eficaces para revertir la
violencia política, lo que va más allá de la militarización de los territorios.
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Quito, 10 de agosto de 2023. La red de Observación de Integridad Electoral
-RedOIE* repudia el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando
Villavicencio, ocurrido ayer 9 de agosto en horas de la noche en la ciudad de Quito,
cuando se encontraba en un mitin político.
Villavicencio era uno de las 8 candidaturas a la presidencia de Ecuador por el
Movimiento Construye y, de acuerdo con las últimas encuestas de opinión, se
encontraba en el segundo lugar en la intención de voto con un 13,2%. En días
pasados Villavicencio denunció públicamente ser objeto de amenazas y
amedrentamientos de parte de estructuras delictivas como consecuencia de su
trabajo y discursos relacionados a la seguridad ciudadana en Ecuador.
Su asesinato acontece a menos de 10 días de la jornada electoral en Ecuador, y
constituye un atentado contra la democracia de este país y de la región, al igual que
representa una victoria parcial del crimen organizado vinculado al narcotráfico que ha
incrementado su presencia en el país en muy poco tiempo.
De acuerdo con Ruth Hidalgo, directora de la ONG Corporación Participación
Ciudadana, que actúa como miembro de esta Red y es veedora del proceso electoral,
“ante este hecho, que demuestra las funestas consecuencias del aumento de la
violencia, es imprescindible que las autoridades garanticen la seguridad de las
candidaturas y de la ciudadanía de cara a los comicios del 20 de agosto”.
Asimismo, para Alejandra Barrios, Secretaria General de la red de Observación de
Integridad Electoral -RedOIE y directora de la Misión de Observación Electoral -MOE
de Colombia, “las organizaciones miembros de la RedOIE coincidimos en que este
tipo de hechos de violencia política deben ser un llamado para los países de América
Latina, para que garanticen el desarrollo los procesos electorales y acompañen
desde la observación electoral a la democracia de cada país”.
Finalmente, para esta Red resulta de especial preocupación el anuncio del presidente
Guillermo Lasso de un nuevo estado de excepción por 60 días para que las Fuerzas
Armadas se movilicen en todo el territorio ecuatoriano, pues el proceso de garantizar
los comicios electorales requiere de la adopción de medidas eficaces para revertir la
violencia política, lo que va más allá de la militarización de los territorios y de la
suspensión de algunos derechos fundamentales como la libertad de reunión.
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*La red de Observación de Integridad Electoral -RedOIE surgió con el fin de contribuir en
temas de transparencia, legitimidad, legalidad y equidad de los procesos electorales y del
ejercicio del poder público de los distintos gobiernos de los países que forman parte del
Acuerdo de Lima. Esta red está conformada por organizaciones y movimientos cívicos de
América Latina y el Caribe:
Corporación Participación Ciudadana – Ecuador
Misión de Observación Electoral MOE – Colombia
Poder Ciudadano – Argentina
Fundación Construir – Bolivia
Transparencia Eleitoral Brasil – Brasil
Costa Rica Íntegra (CRÍ) – Costa Rica
Iniciativa Social para la Democracia (ISD) – El Salvador
Acción Ciudadana – Guatemala
Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) – Honduras
Alianza Cívica – México
Ética y Transparencia – Nicaragua
Comisión Justicia y Paz – Panamá
Decidamos – Paraguay
Asociación Civil Transparencia – Perú
Participación Ciudadana – República Dominican
Fundación Instituto Universitario Sudamericano (IUSUR) – Uruguay
Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación – Venezuela

Cándido Mercedes

“La democracia constituye un determinado modelo de regulación de la convivencia política de una sociedad, concreta, que se manifiesta en una serie de valores, principios, normas, instituciones y actividades políticas. La democracia se estructura en la práctica a través de los sistemas políticos democráticos”. (Gurutz Jauregui: Hacia una Regeneración Democrática).

En un análisis de coyuntura hay que trascender la mera opinión que está revestida de lo subjetivo, de la inmediatez, de la intencionalidad, del marco de la direccionalidad y parcialidad personal. En un análisis de coyuntura cuenta lo factual, lo empírico, lo objetivo que se pueda construir y contrastar con datos, con información, que permita dibujar el contexto de la situación con cierta validez y confiabilidad.

Se requiere en un análisis de coyuntura auscultar y verificar los escenarios posibles, cuales actores están involucrados, el grado de importancia, de jerarquización, de los actores, cuales eventos se pueden generar en el espacio y tiempo que ha de transcurrir en el mismo, determinando que debemos de tener una mirada no solo holística sino flexible, para poder operativizar todas las herramientas que existen en la realidad y la celeridad con que cambian tanto los posibles potenciales actores, como los intereses y la dialéctica de las relaciones y las cadenas de ciclos que se puedan generar.

Para nosotros, en un análisis de coyuntura, sobre todo político-electoral, es como dimana o como ha de derivar, en la búsqueda del hilo conductor de la mezcla de la democracia, pensamientos, sentimientos y las necesarias voluntades. Se trata de ir un poco más allá de la realidad real para bosquejarnos en el bosque que hace historia: allí donde el ciudadano, el electorado no es un mero instrumento del poder, sino el verdadero sujeto que mueve las relaciones de poder.

¿Qué trata un análisis de coyuntura? Un análisis de coyuntura configura y comporta un cuerpo, un conjunto de circunstancias, de hechos, de actores, de relaciones y de fuerzas sociales, políticas y económicas que gravitan en una formación social determinada. En el análisis de la coyuntura política electoral importa saber cómo se mueven las fuerzas políticas y económicas, las iglesias, las fuerzas institucionales y los poderes fácticos externos. Grado de pertinencia, alcance y limitaciones de las alianzas, objetivizadas a corto, mediano y largo plazo. Vale decir, la interacción entre lo que se gana y pierde. No hay que olvidar que las elecciones son el espacio de legitimación de los partidos políticos y que encierran verdaderas limitaciones temporales.

En el análisis de coyuntura han de destacarse los escenarios posibles, las relaciones de fuerza, los distintos proyectos que convergen en un momento determinado. Incluso, el grado de mutación y la conformación dialéctica que se pueden anidar como cambios potenciales posibles que pueden derivarse. Es pertinente subrayar lo que ha de contener un análisis de coyuntura:

• Actores sociales, políticos.
• Relaciones que convergen (relaciones de fuerzas).
• Mirada de los actores económicos más poderosos.
• Realidad social.
• Contexto mundial.
• Marco económico y los factores macroeconómicos.
• El poder institucional.
• El grado de incertidumbre global.
• El Índice de Riesgo Global.
• Cambios y los niveles de tendencia económico, político en la región y en el mundo.
• Potenciales niveles de alianzas y el canibalismo político.

En el 2020, dos partidos políticos (PRM – PLD), a nivel Presidencial, configuraron en los resultados electorales el 90% de los votos válidos. Esto es, un bipartidismo claramente diferenciado. Hoy, en menos de tres años, se visualiza un tripartidismo, esto, es una mayor fragmentación electoral. En los actores políticos actuales hay uno que fue presidente en el 1996 – 2004 y 2008 (tres veces). Hoy, es la expresión más exacerbada del caudillismo y del personalismo político, fragua medular, tierra fértil de la autocracia.

Los actores políticos, sociales, más conservadores, más atrasados, las fuerzas sociales más retrogradas se encuentran alrededor del candidato que salió en su convención a “unanimidad”, con un solo inscrito. Dibuja la cámara de mueca institucional de un partido. Representa, si tuviera consciencia de ello, la clara obviedad de una crisis existencial permanente, pues es el principal protagonista del desbalance, del divorcio entre el pensar, el hacer y el decir. El fuerte personalismo lo lleva a una “autonomía”, con agendas de intereses individuales y particulares que yugulan y estropean todo lo que es dable recorrer y reconocer en el tramo de la sociedad, en los últimos 6 años.

Los gobiernos de Danilo Medina Sánchez, en el plano económico-social, fueron más exitosos, más avanzados, evolucionaron más positivamente que los de Leonel Antonio Fernández Reyna. Sin embargo, hay que destacar que, en el plano de la captura del Estado, de la cleptocracia, de la anomia institucional, ellos dos, permitieron de manera visceral, grotesca, la corrupción en el ejercicio del poder político. La corrupción tanto en los niveles de acumulación originaria de capital, como también, marco del clientelismo institucional para su hegemonía y dominación. ¡Dejaron que la corrupción se normalizara y que el Comité Político fuera el órgano principal del Estado dominicano! Un Estado de autocracia partidaria.

Un estudio de la realidad política con el novel candidato Abel Martínez, la crisis de su partido y la crisis del liderazgo de la oposición en su conjunto, lleva a señalar que Luis Rodolfo Abinader Corona ganará en el 2024. Las fuerzas económicas indican que se sienten cómodas con el actual presidente y las fuerzas que constituyen parte significativa del poder internacional, se encuentran entusiasmados.

Las potenciales y niveles de alianzas hay que verlas a corto, mediano y largo plazo. En el caso de una posible alianza entre PLD y FP, ello potencializa un mayor grado de competitividad de cara a las elecciones del 2024. No obstante, hay que destacar que, si el PLD apoya a FP a nivel presidencial, la organización, fundada por Juan Bosch en 1973, desaparece rápidamente. Lo mismo sucedería si la Fuerza del Pueblo apoya a nivel presidencial al PLD, la salida de Leonel, históricamente, entonces, no tendría el más mínimo sentido. Se daría un claro canibalismo. En término estratégico no existe un espíritu de cuerpo para ninguna de las dos instituciones.

Lo que cabe resaltar, para empujar una agenda social colectiva y neutralizar la recesión democrática, el grado de involución, es buscar porque en América Latina, el apoyo a la democracia, la indiferencia y el autoritarismo, están gravitando como factores políticos que vienen roturando la democracia. Lo que nos dice Latinobarómetro 2023 es como los partidos políticos no nos están representando. Como los jóvenes creen cada día menos en la democracia. Como la clase alta, que representan la sociedad del mercado, del capitalismo, creen menos en el sistema político como ente de la democracia.

Latinobarómetro nos apuntala como los indicadores de Apoyo a la democracia, Indiferencia, Autoritarismo, vienen originando una recesión democrática en los últimos años. Los tres indicadores, plantea el estudio para República Dominicana “El país transita levemente en el sentido contrario a la consolidación democrática”. Por ello, nuestra nación es una democracia “fértil al populismo y a la autocracia”. La firma de opinión nos define la confianza “como la capacidad de anticipar lo que sucede”. Acotaríamos, como la capacidad de poder predecir lo que puede suceder, en el marco del grado de actuación institucional, conforme a las reglas del juego.

El informe de Latinobarómetro 2023 se pregunta: ¿Qué motivos generaron esta recesión democrática? Se responden “Los personalismos, la debilidad de los partidos políticos. La corrupción tuerce el poder del voto al intervenir en las campañas electorales, con enormes sumas de dinero y provoca una competencia desleal”. (Déficit fiscal del 2012 y Calamar del 2020).

Abunda la investigación del 2023 “Después que todos los países produjeron su transición entre 1978-2008 – América Latina ha entrado en una recesión democrática… no solo por la existencia de las electo-dictaduras, sino por el deterioro y declive de la democracia”. Tan interesante estudio lleva un título que esboza “La ideología derrotada por el poder”. ¿Quién manda en las democracias latinoamericanas? A seguidas se responde: Mandan el dinero, los personalismos y el poder político. En un poder sin BALANCES, donde existen: Deficiencia, Carencia y Corrupción”.

Dramáticamente nos describen “La corrupción del poder presidencial es una forma brutal de minar las bases de la democracia”. Y, como colofón, para avisarnos que veamos con nuevos ojos nos dicen “La política se transformó en un botín para los corruptos en América Latina y eso debilitó la democracia y eso ha debilitado la democracia”. En el sentido amplio, Gurutz Jauregui, citado en el preámbulo, nos dice que “la democracia es un conjunto de ideales o valores que expresan las aspiraciones de libertad e igualdad del ser humano. Este caso la democracia constituiría una actitud o forma de vida que impregna no solo la actividad pública sino también las relaciones privadas, familiares, sociales”.

La democracia ha de tener como soporte el marco de la legitimidad y eficacia. Una democracia ha de cimentarse y prosperar en lo que el gran sociólogo Max Weber definía como el principio de la legitimidad legal-racional. Como nos decía Isidoro Cheresky en su libro El nuevo rostro de la democracia, citamos “… la democracia sería a la vez voluntad popular en expansión y Estado de derecho garante, pero también regulador de esa voluntad”. Más adelante el autor refuerza la importancia de la democracia al rubricar “la democracia no es tan solo un régimen de gobierno, que asegura la representación sustentada en el voto ciudadano y la competencia política, sino además, una forma de sociedad, lo que supone que sus principios de libertad e igualdad configuran y se hallan activos en todo el tejido social”.

En función del análisis de coyuntura y del informe Latinobarómetro del 2023, ¿cuál es la prospectiva que debemos avizorar y acelerar como eje nodal para impulsar una mayor y mejor democracia? La prospectiva se encamina a la necesaria reflexividad de que nos encontramos en el mundo en un arduo proceso de transformación, merced a esta enorme incertidumbre que hoy acelera los cambios. En esa visión, al comprender que las fuerzas sociales y las relaciones que habitan en él, son cuasi las mismas.

Debemos, para que la recesión democrática no caiga en un deterioro prolongado, asumir un liderazgo horizontal, un liderazgo donde el capital reputacional y ético se sobredimensione, para que la decencia política apuntale un ejercicio político construido en la legitimidad y donde la institucionalidad sea la norma. La prospectiva nos indica que debemos de acometer la tarea de esforzarnos como sociedad, de diseñar una agenda mínima que lleve en la ventana los elementos estructurales que hemos ido procrastinando, al tiempo que le ganamos la guerra a esta pésima rémora y modorra de la desigualdad, de la pobreza y la lacerante injusticia que nos permea de manera cotidiana.

Necesitamos un liderazgo más humano, no un ser “creído” en su “predestinación”, cercano, generador de empatía, donde el puesto no lo haga considerarse por encima de los demás, por “encima del bien y del mal”. Requerimos de un tipo de dirigente donde los puestos no sean un neopatrimonialismo: una extensión del colmado de su casa, donde se expande una “confusión” de roles que no saben diferenciar entre lo personal y el Estado. Sencillamente, propiciar una agenda mínima que disminuya la exclusión y se diseñen políticas públicas para igualar más a los ciudadanos en los espacios públicos, porque al final, la democracia es libertad, más simetría e igualdad.

Santo Domingo. – El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional en la República Dominicana, informa al país que da inicio a la observación electoral número doce en sus treinta años dedicados a los temas electorales.

Los trabajos de observación electoral de Participación Ciudadana constituyen un esfuerzo dirigido al fortalecimiento de la democracia a través de las diversas actividades realizadas por nuestro equipo técnico y voluntarios, y de los reportes periódicos que sobre el proceso electoral generamos.

La observación procura vigilar la actuación de todos los actores que intervienen en el proceso electoral que  incluyen la precampaña, la selección de los candidatos, la campaña electoral y el día de las elecciones municipales del 18 de febrero y las presidenciales y congresuales del 19 de mayo, así como la observación post electoral,  la actividad del Tribunal Superior Electoral y la puesta en marcha de los procesos de mejora del régimen electoral basado en las experiencias dejadas por las últimas elecciones.

Nuestro país aspira a un perfeccionamiento de las prácticas electorales y con ello nuestra democracia, avanzando en la prevención y castigo de prácticas dolosas, desde el uso del presupuesto y demás recursos públicos. De igual manera la actuación de las autoridades, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales, hasta los participantes en las elecciones, aspirantes, precandidatos, candidatos, partidos, agrupaciones y movimientos políticos y ciudadanía en general.

Nuestro plan de observación incluye el monitoreo del cumplimiento de las disposiciones contenidas en las leyes, resoluciones y reglamentos que norman el ámbito electoral, dándole seguimiento además al Calendario de Actividades Administrativas y Plazos Legales elaborado por la Junta Central Electoral para las elecciones del año próximo.

Los días de elecciones, tanto municipales como congresuales y presidenciales, nuestros voluntarios realizarán una observación cualitativa, para verificar que la logística electoral funcione como ha sido prevista por el máximo órgano electoral.

En este primer informe enfatizamos algunos aspectos previos al inicio de la precampaña que, aunque transitoriamente superados en este momento, deben quedar registradas para poder darle un tratamiento diferente en futuras elecciones. También resaltamos algunos puntos que son objeto central de nuestra observación.

La precampaña y campaña a destiempo.  

La Junta Central Electoral acaba de dictar la proclama dejando abierta la precampaña a partir del 2 de julio pasado, que termina con la selección de los candidatos/as en octubre, como manda la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos en su artículo 41. Sin embargo, la mayoría de los partidos políticos iniciaron sus actividades de precampaña antes de dicha fecha, violando las disposiciones del artículo 179 de la Ley de Régimen Electoral que dispone que “no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral fuera del período electoral definido por esta ley, con excepción de lo dispuesto por la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos con relación a las precampañas”.

Esta violación a las leyes que rigen la materia se hizo a pesar de la drástica sanción contenida en el artículo 78, ordinal 8 “, de la ley de partidos políticos, cuando establece que “los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura” y dispone que corresponderá a la Junta Central Electoral hacer cumplir esta disposición.

Lamentamos profundamente que en este aspecto la Junta Central Electoral fallara nuevamente en impedir la campaña a destiempo, al no procurar la aplicación del régimen de consecuencias a los que violaron las claras disposiciones legales sobre el tema, apoderando para su aplicación al Tribunal Superior Electoral. Se hace necesario superar estos incumplimientos hasta ahora en total impunidad porque tales violaciones inciden en los altos costos que tienen las elecciones para el país, condicionante fundamental de que la política sea permeada por la corrupción y el crimen organizado.

La posibilidad de alianzas sin límites decididas por convenciones de delegados de los partidos lesiona el principio de democracia interna que manda la Constitución.

Otro tema previo al inicio de la precampaña lo constituyó la forma en que la Junta Central Electoral defendió su decisión de limitar las reservas de candidaturas a un 20% por nivel de elección, una posición correcta que fue apoyada por Participación Ciudadana, pero el precio que debió pagarse para mantenerla fue abrir la oportunidad de que las convenciones de delegados de los partidos pudieran disponer del 100% de las candidaturas para alianzas, lo que de todas formas produce el mismo efecto de las reservas, de excluir a la base de los partidos en la selección de sus candidatos, debilitando así el principio constitucional de democracia interna en los partidos.

Las mismas razones que llevaron al legislador a limitar a un 20% la posibilidad de reservas de candidaturas aplica para limitar las alianzas y, si se entiende que para ello se requiere una modificación a la ley, debe colocarse este tema en la agenda legislativa de cara al futuro.

El derecho de las mujeres a participar en condiciones de igualdad.

El sistema electoral dominicano había avanzado en torno a los derechos de las mujeres en la participación electoral cuando por sentencias Nos. TSE-085-2019 y TSE-091-2019 del Tribunal Superior Electoral y en la sentencia TC/04/20 del Tribunal Constitucional quedó establecido que la participación de la mujer  que establece la ley (entre un 40% y un 60%), debía calcularse de cada demarcación electoral donde los partidos presentaren candidaturas plurinominales y nunca calculadas sobre la totalidad de la propuesta nacional  para evitar que siguiera discriminándose a las mujeres colocándolas en las listas en las posiciones menos relevantes.

A pesar del avance, el Congreso Nacional aprobó la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, en cuyo artículo 142, estableció que dicha proporción debía calcularse sobre la propuesta nacional, desconociendo las sentencias del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional, y el principio constitucional de que los derechos son progresivos.

Esta disposición legal inconstitucional fue objeto de una acción directa de inconstitucionalidad por parte de Elizabeth Mateo et al, de fecha 19 de abril de 2023 y de un amicus curiae de Radhive Pérez en fecha 23 de mayo de 2023, y otro del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), la Fundación Friederich Ebert, la Asociación Dominicana Pro Bienestar de La Familia (PROFAMILIA) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).  Además, la Procuraduría General de la República entregó su dictamen sobre el caso favoreciendo, como era de esperar, los derechos de las mujeres. En estos momentos se aguarda la decisión del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, la Junta Central Electoral se ha adelantado al Tribunal Constitucional y ha dictado su resolución No. 12-2023, que establece la distribución de la proporción de género en las candidaturas plurinominales de diputaciones, regidurías y vocalías, del 8 de mayo de 2023, en la que expresa su decisión de no aplicar la nueva ley de régimen electoral, por lo que aplicará la proporción sobre cada demarcación electoral, y basa su “rebeldía” ante el Congreso en su obligación de respetar la Constitución y las decisiones del Tribunal Constitucional, que en palabras de la propia Constitución, “son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes  para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.

De todas formas, Participación Ciudadana estará dándole seguimiento a la decisión del Tribunal Constitucional y recomienda a los partidos políticos acogerse a lo ya decidido por los tribunales competentes y recientemente por la Junta Central Electoral, para evitar tener que estar rehaciendo el listado de sus candidaturas.

Fortalecimiento del régimen de consecuencias.

Participación Ciudadana utilizará el mismo método que en procesos electorales anteriores, de observar el cumplimiento de la norma por parte de autoridades, partidos, candidatos y ciudadanía, sobre todo en la conformación y actividades de la figura de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, que crea la nueva Ley de Régimen Electoral, consciente que sin la aplicación del régimen de consecuencias que prevé la ley, no hay forma de avanzar en garantizar elecciones en libertad y equidad, como manda la Constitución.

La Junta Central Electoral ha aprobado un Reglamento que crea el procedimiento administrativo sancionador electoral, y además pone en funcionamiento la Unidad de Atención, Seguimiento y Mecanismos de Ejecución de las Sanciones, con ocasión de las infracciones administrativas electorales y Medidas Cautelares, creando las condiciones para avanzar en la aplicación del régimen de consecuencias y reducir el régimen de impunidad que existe en el país en materia de violaciones electorales.

El alto costo de las elecciones dominicanas.

La República Dominicana tiene el dudoso honor de tener uno de los procesos electorales más costosos del hemisferio. Esta medida se obtiene dividiendo el gasto total entre el número de votantes en el padrón, lo que nos debería obligar a limitar las precampañas y campañas electorales, como han hechos las leyes, así como a observar el gasto electoral de autoridades, partidos, agrupaciones y movimientos políticos, los aspirantes, precandidatos, y candidatos e incluso la ciudadanía en general.

La forma más eficiente de incidir en el control del gasto electoral es restringiendo el tiempo y las actividades de la campaña y la precampaña y aplicando el principio constitucional de transparencia financiera que obliga a divulgar el origen de los ingresos que reciben los candidatos, precandidatos, partidos, agrupaciones y movimientos políticos, pero también a transparentar cómo se gastan los recursos por todos los actores del sistema electoral.

No se trata solo de reducir el gasto para hacer más equitativas las elecciones, sino además de prevenir que ingrese dinero sucio a las campañas y precampañas, así como identificar quiénes contribuyen buscando posteriormente un retorno sobre esa contribución, que es vista más como una inversión que en muchos casos es la semilla de la corrupción cuando los beneficiarios suben al poder y favorecen a sus financiadores.

La Junta Central Electoral está consciente de este serio problema y ha elevado de categoría la Unidad de Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que ahora es una dirección que tendrá carácter permanente y trabajará no solo en años electorales y preelectorales, como es lógico que ocurra, pues se entregan fondos públicos a los partidos cada año, sin discriminación.

Dentro del plan de observación electoral se dará seguimiento al cumplimiento del Calendario Electoral, uno de cuyos puntos venció el 30 de junio recién pasado, y es la obligación de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos de entregar a la Junta Central Electoral un informe de sus ingresos y gastos.

Participación Ciudadana estará dándole seguimiento al cumplimiento por parte de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos de sus obligaciones de transparentar sus ingresos y gastos, tanto frente a la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de la Junta Central Electoral, como frente a la ciudanía en general a través de la publicación en sus respectivas páginas web y la ley de libre acceso a la información pública. Es importante resaltar que evaluaremos la calidad de la información suministrada, a fin de cerciorarnos que contienen el nivel de detalles necesarios para identificar a los aportantes de una manera inequívoca.

Evitar el uso de los recursos del Estado en la precampaña y campaña electoral.

El uso de los recursos del Estado en los procesos electorales se ha convertido en una costumbre que rompe con la equidad que debe primar en los procesos electorales y la mayoría de las veces se hace de forma encubierta. Es el caso del uso de cierta publicidad gubernamental que lo único que persigue es promover los precandidatos o candidatos oficialistas. Ya hemos denunciado hace poco tiempo la excesiva publicidad colocada en los medios por el Ministerio de Obras Públicas y otras entidades públicas, con claro enfoque proselitista, sin ningún interés educativo, con la agravante de que el ministro de esa cartera es el Secretario Nacional de Organización del partido de gobierno.

Uno de los problemas que requiere solución es el hecho de que el máximo organismo de ejecución del PRM, la Dirección Ejecutiva, está integrada por personas que ocupan posiciones de alta relevancia en el gobierno, lo que los lleva usar parte de su tiempo laborable, que paga la ciudadanía con sus impuestos, en temas electorales, arrastrando a una parte de sus equipos en el gobierno a tareas incompatibles con sus funciones públicas. Una posible solución podría ser que estos altos funcionarios públicos, pidan licencia de sus obligaciones públicas para dedicarse, sin conflictos de intereses, a los trabajos electorales en sus partidos.

CONSEJO NACIONAL

06 de julio de 2023

Ante el inminente proceso para elegir a las autoridades que regirán el país en el periodo
2024-2028, las organizaciones de la sociedad civil firmantes, apelan a los partidos y
movimientos políticos y a la ciudadanía en general, para juntos lograr que la selección de
candidatos y candidatas se realice bajo elevados principios de participación democrática y
acreditación ética, evitando que la incidencia de intereses y recursos no legítimos logren
penetrar las posiciones electivas en el Congreso y los gobiernos municipales.

El país y las organizaciones políticas cuentan con personas de sobradas capacidades para
un ejercicio público eficiente y éticamente comprometido, pero no se motivan a aspirar a
una posición electiva porque no pueden competir con la soberbia imposición de recursos
de quienes usan las funciones públicas como una inversión para lavar imágenes o hacer
una carrera personal, evitando, de este modo, una contienda equitativa y transparente.

Estos condicionamientos degradan la actividad política al facilitar la penetración de
personas asociadas al crimen organizado, a la corrupción o a los negocios ilegales e
ilegítimos. Estas indeseadas prácticas han “normalizado” la presencia, en la actividad
política, de personas con comportamientos domésticos abusivos o violentos y patrones de
vida moralmente reprochables, condiciones que alejan del servicio público a personas
preparadas, con sentido solidario y deseos de aportar.

La preservación de la integridad y sanidad de la política como actividad humana es la
principal obligación de las organizaciones políticas. Renunciar, por conveniencias de poder,
a esa alta vocación es una grosera autonegación. La ciudadanía responsable le reclama a
todos los partidos políticos la reasunción de esa obligación esencial en la seguridad de que
públicamente denunciará y reprobará aquellas candidaturas “asignadas” por tratos
económicos o impuestas por el dinero comprometido con fuentes no transparentadas. De
esta manera las organizaciones que suscriben este manifiesto hacen pública su resolución
concertada para alcanzar los siguientes objetivos:

1. Solicitar a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos proponer para los
   puestos electivos a aquellos militantes, líderes políticos, ciudadanos y ciudadanas
   comprometidos con la formación o práctica democráticas y con la defensa de los
   valores éticos.
2. Exhortar a los precandidatos aspirantes a cargos electivos a desarrollar una
   campaña concentrada en propuestas de transformación social, fundamentada en
   fuentes financieras legítimas y transparentes, sin comprometer los recursos
   públicos actuales o futuros.
3. Invitar a la ciudadanía a participar de forma activa en el proceso electoral y solicitar
   a sus candidatos un pliego público de compromisos con cambios realizables, la
   identificación de los medios para materializarlos y el cronograma de sus
   ejecuciones objetivas.
4. En los casos de personas que aspiren a ser reelectos en una posición congresual o
   municipal, las organizaciones firmantes se comprometen a poner a disposición
   pública un resumen del historial de desempeño de los candidatos y candidatas a la
   reelección para que la ciudadanía tenga conocimiento de su historia de desempeño
   y así edificar su derecho a elegir.
5. Invitar a los medios de comunicación y al liderazgo empresarial, sindical y social a
   participar en una campaña nacional por el fortalecimiento del Congreso y los
   municipios, así como a demandar una democracia con efectivos controles, sin
   impunidad y en la que cada poder del Estado responda con sentido ético, eficiencia
   y rendición de cuentas.
6. Exhortar a la ciudadanía a hacer uso de la plataforma que ponemos a su
   disposición para promover, con informaciones objetivas y veraces, las mejores
   candidaturas a puestos congresuales y municipales, así como para exponer razones
   válidas para oponerse a candidaturas éticamente irresponsables. Esta plataforma,
   sin compromisos partidarios, sólo pretende abrir un espacio para transparentar las
   candidaturas y brindar a la ciudadanía de parte de los electores información
   objetiva sobre los candidatos y candidatas.

ORGANIZACIONES FIRMANTES:
Centro Juan XXIII
Participación Ciudadana
Ciudad Alternativa
Fundación Masada, Inc.
Santiago Somos Todos
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En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de República
Dominicana, a los cinco (5) días de junio del 2023.

Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, eleva su voz de alerta y expresa su más amplia solidaridad a la magistrada Miriam Germán Brito, procuradora general de la República Dominicana, ante las graves amenazas de muerte que ha recibido personalmente y que alcanzan además a su hijo.

Las amenazas recibidas pretenden evitar la aplicación de medidas que la magistrada Germán ha venido tomando contra el crimen organizado, incluyendo los negocios que operan desde las cárceles dominicanas, que han permitido históricamente y siguen permitiendo el enriquecimiento de personas ligadas al crimen organizado, sobre todo al narcotráfico y la corrupción. La corrupción en las cárceles durante la presente gestión no se ha detenido y obliga a las autoridades a tomar medidas más enérgicas para poner fin a este viejo cáncer del sistema carcelario dominicano que se agrava con el crecimiento y tecnificación de la criminalidad.

La magistrada Germán ha llevado una carrera impecable desde su incorporación al sistema de justicia en 1973, ocupando posiciones de fiscalizadora, jueza de paz, jueza de instrucción, jueza de primer y segundo grado, miembro de la Suprema Corte, cuya sala penal presidió. Ha sido merecedora del V Premio al Mérito Judicial otorgado por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial en 2016, y ese mismo año recibió el Reconocimiento a la Integridad y Lucha contra la Corrupción otorgado por Participación Ciudadana.

Desde su designación como Procuradora General de la República, en agosto del 2020, la situación en la lucha contra la corrupción por parte del Ministerio Público ha variado notablemente, habiéndose sometido a la justicia penal casos de gran corrupción que involucran personas que han ocupado las más altas posiciones militares, altos funcionarios públicos, familiares del ex presidente y hasta el anterior Procurador General de la República. Se trata de expedientes que involucran miles de millones de pesos y donde ya se cuentan por centenares los sometidos a la justicia, además de otros casos de gran envergadura que están en proceso de investigación.

Este cambio de rumbo de la lucha contra la corrupción afecta intereses poderosos, cuyos beneficiarios son capaces de tomar medidas extremas para proteger las fuentes de sus ingresos ilícitos y sembrar el temor en los organismos llamados a combatir el crimen. Participación Ciudadana hace un llamado a todos los organismos de seguridad y al Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, como comandante en jefe de las fuerzas armadas y de su inteligencia, para que no escatimen esfuerzos en las investigaciones que permitan identificar a los responsables de estas amenazas y ponerles fin, así como a activar todas las medidas de protección y resguardo sobre la persona de la magistrada Germán y cada miembro de su familia.

La lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la impunidad comprometen a todos los sectores nacionales, así como a los ciudadanos y ciudadanas que aspiran a un país mejor. Fieles a ese compromiso exhortamos a todo el país a defender activamente a quien encarna actualmente esa lucha, la Magistrada Miriam Germán. Con ella y su equipo hemos estado y seguiremos estando. Ella no está sola y cualquier amenaza contra ella nos amenaza a todos.

DEFENDER A MIRIAM GERMAN ES DEFENDER EL PAIS.

Consejo Nacional 

20 de junio del 2023

Señor

Miguel Ceara Hatton

Ministro de Medio Ambiente

 Su despacho

Estimado Miguel:

A nombre del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, tengo el encargo de hacerle llegar nuestro cariño, admiración y respaldo ante los despiadados ataques a los que ha sido sometido desde que fue designado en la función de Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Nunca olvidaremos que fue uno de los fundadores de nuestra organización, a la que en sus primeros años aportó tiempo voluntario de calidad en la misión que emprendimos, enfocada en el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Luego pasó a asumir responsabilidades en organismos nacionales e internacionales que, aunque lo alejaron de las actividades de nuestra organización, nos han hecho sentir orgullosos de su trayectoria y aportes a la democracia y confiados en que los mismos principios y valores que lo acercaron a Participación Ciudadana le acompañan en todo lo que hace.

Queremos expresarle que no está solo en la difícil misión de enfrentar los intereses particulares que han adversado cualquier medida destinada a preservar nuestros recursos naturales. El medio ambiente es uno de los ámbitos de la sociedad en los que lamentablemente confluyen más intereses espurios, mafias, abusos y amenazas. Son de las áreas en las que hay que tener más valor y coraje para cambiar las cosas, en las que se corren mayores riesgos al enfrentar a sectores de todos los niveles sociales, pero sobre todo a aquellos que han acumulado fortunas a costa de la contaminación y depredación del medio ambiente y los recursos naturales. Por eso no es de extrañar los ataques constantes, los intentos de descalificarle y las presiones para hacerle saltar del puesto.

En este momento está bajo los ataques, por un Iado, de sectores políticos y, por otro Iado, de personajes oscuros que pretenden reproducir las mismas prácticas que tanto daño han hecho al país. Todos sabemos que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es uno de los organismos estatales que ha sido utilizado desde hace décadas para colocar en nominillas a cientos de militantes del partido que esté en el poder y hasta nominillas de personas particulares, acción que se convierte en un acto de corrupción porque estos no realizan labor alguna para el Estado dominicano.

También es costumbre la infiltración en ese Ministerio de personas que negocian concesiones con las mafias que destruyen el medio ambiente y los recursos naturales.

Por estas razones, los fondos que cada año se asignan en el presupuesto no alcanzan para realizar las verdaderas labores para las que fue creada esa institución estatal, con las nefastas consecuencias medioambientales y a los recursos naturales que están a la vista de todo el mundo.

Ya el país pasó por la tragedia que se llevó la vida del anterior ministro, Orlando Jorge Mera. Ante esta grave situación, el presidente Luis Abinader está en el deber de seguir apoyando la limpieza de ese Ministerio. De ceder ante las presiones y nombrar a alguien más complaciente, estaría enviando un triste y negativo mensaje y traicionaría sus promesas de cambios en el área medioambiental.

Participación Ciudadana seguirá combatiendo la corrupción y el abuso del poder para beneficios particulares. Dentro de nuestras labores de observación electoral, estaremos poniendo mucha atención a la nómina pública, la existencia o introducción de nominillas destinadas exclusivamente al financiamiento subrepticio del partido en el poder o de personas particulares.

Reiterándote nuestro apoyo a toda acción que contribuya a adecentar ese Ministerio, le saluda,

Afectuosamente,

En nombre y representación del Consejo Nacional

Lizzie Sánchez Padilla

Coordinadora General

A propósito de que en breve tiempo el país estará sumergido en una amplia campaña proselitista, Participación Ciudadana quiere llamar la atención del Gobierno, los partidos, los órganos electorales y el público en general, acerca de lo que ha sido un tema tan recurrente como inadmisible, consistente en el uso de los recursos públicos para campaña.

Se trata del aprovechamiento del poder público para fines privados; es decir, de corrupción. En particular, destaca el uso abusivo de la publicidad estatal para resaltar la figura presidencial o de determinados funcionarios, promocionando supuestos logros, instituciones y obras de infraestructura que no ameritan propaganda, debido a que no conllevan valor de mercado para el consumidor.

El pasado 12 de mayo aparece en los medios una declaración pública del presidente Luis Abinader, mediante la cual manifiesta su disposición a mantenerse vigilante para impedir que los recursos del Estado sean usados en campaña, indicando que en su Gobierno no pasará lo que ha sido común en el pasado.

Pero tal parece que el presidente no ha visto los frecuentes anuncios del Ministerio de Obras Públicas, promocionando los supuestos progresos en la reparación de la Autopista Duarte como si se estuviera promoviendo un producto que se vende en los supermercados; o los habituales espacios pagados de Proconsumidor y la propia Presidencia, mostrando datos en que compara el costo de la canasta básica entre diferentes países, usando números claramente inventados.

Según datos publicados en la página web de la Dirección General de Presupuesto, durante el pasado año 2022 el Gobierno gastó RD$6,375 millones en publicidad y propaganda, lo que constituye casi el doble que lo destinado a ese fin el año anterior, cuando se habían gastado 3,651 millones de pesos.

Con eso, el presente gobierno casi iguala, en términos reales, las cifras escandalosas que acostumbraban gastar en propaganda los gobiernos del PLD que, en su año de mayor esplendor en el 2019, llegaron a gastar 6,995 millones de pesos, en valor actual, aunque en valores corrientes eran RD$5,215 millones.

Esto es mucho decir, toda vez que uno de los aspectos que más molestaban a la opinión pública del país, era la cantidad de anuncios, opiniones prepagadas y cantos de alabanza que se agenciaban con el dinero de los contribuyentes, cosas que se suponía iban a ser erradicadas con el cambio de gobierno.  

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana hace un enfático llamado a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral a asumir sus responsabilidades relativas a este tipo de propaganda.

Más aún, hay evidencia de que la pasada gestión de la Junta Central Electoral se hizo de la vista gorda ante la profusa campaña que llevaban a cabo candidatos a la presidencia o al Congreso con dinero sucio, habiendo aceptado informes con datos falseados sin ni siquiera investigar su veracidad, cuando estaba a la vista de todo el mundo el exceso que los propios protagonistas calificaran como la campaña más cara de la historia.

Y mucho más, cuando, si aceptamos como válidos los datos contenidos en el expediente de la Operación Calamar, a lo cual tenemos derecho porque fue admitido como verdad por la mayoría de los implicados, en adición a la publicidad gubernamental se usaron miles de millones de pesos gastados privadamente, pero pagados con fondos extraídos irregularmente del presupuesto público.

Siempre estamos confiados en que, dado el cambio de contexto, aquello no volverá a ocurrir, pero advertimos que no basta con el trabajo del Ministerio Público, pues la JCE tiene una misión indelegable en cuidar por la limpieza de la campaña, la limitación cuantitativa y la pulcritud cualitativa de los recursos usados. Igualmente esperamos la existencia de un régimen de consecuencias aplicables a quienes incumplan con las disposiciones al respecto.

Consejo Nacional

15 de mayo de 2023

Participación Ciudadana expresa por este medio su preocupación por la situación que está viviendo la Cámara de Cuentas, uno de los organismos más importantes en el control de los recursos públicos y en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Tenemos conocimiento de esta situación desde hace más de un año. Tomamos la decisión de solicitar y logramos reunirnos, tanto con el pleno como con algunos de sus miembros de manera individual, después de recibir informaciones de que intereses particulares han imposibilitado los acuerdos necesarios para sacar a esa institución del descrédito en que había caído en gestiones anteriores.    

Por la delicadeza de esta institución y por el momento crucial que vive el país en la lucha contra la corrupción y la impunidad, intentamos mediar para que se impusiera la conciencia, la responsabilidad y el patriotismo de cada uno de los integrantes, frente a una institución cuya credibilidad es crucial para que pueda cumplir su misión pública.

Los principales problemas que hemos identificado se resumen en los siguientes:

1. Algunos miembros de la Cámara de Cuentas, encabezados por el presidente de la misma, han realizado fuertes cuestionamientos a más de un centenar de auditorías ejecutadas y dejadas sin firmar por la pasada gestión, las cuales no llenan los requisitos, carecen de calidad técnica y han sido acusadas, tanto por miembros de la Cámara anterior como de la actual, de haber sido “maquilladas” con el objetivo de ocultar situaciones y beneficiar a funcionarios que habrían incurrido en irregularidades.
2. La Cámara de Cuentas no exige, ni a sus miembros, ni a su personal, formación especializada en auditoria; por tanto, la gran mayoría solo son contadores, lo que explica su tradicional ineficacia para detectar las irregularidades y el robo de los recursos públicos.
3. Como consecuencia de esto y de los intereses de los diferentes gobiernos, las auditorias que se hacían hasta hace algunos años no cumplían con las normas internacionales en esta materia. Estas normas han sido implementadas en la gestión actual de la Cámara de Cuentas, dando como resultado los informes especiales que han sustentado los expedientes que actualmente cursan en la justicia.
4. Una gran parte del personal más calificado que tenía la institución ha renunciado, tanto por los bajos salarios como por el ambiente de innumerables presiones en que tienen que desarrollar su trabajo.
5. Parte de los integrantes actuales del pleno ha rechazado las propuestas del presidente de organizar los trabajos en 4 áreas especializadas, encabezadas por auditores expertos seleccionados por concurso. En cerca de tres años no se ha podido evaluar, renovar ni completar el personal.
6. Algunos imputados que cuentan con enormes recursos financieros contratan firmas privadas para tratar de desacreditar las auditorías de la Cámara de Cuentas, mientras otros que están siendo investigados intentan influir a su favor, a través de personal que en el pasado sirvió a sus intereses y que permanece en sus posiciones. Mientras tanto, esos imputados o posibles imputados son los únicos que podrían beneficiarse de la situación de crisis que afecta a la institución.
7. El esquema de gobernabilidad de este organismo propicia la paralización, el anquilosamiento, la indisciplina y la confabulación. El presidente del organismo solo lo es de nombre, ya que no tiene la autoridad para tomar la más mínima medida administrativa, no pudiendo nombrar ni desvincular tan siquiera al personal de su entorno más cercano.
8. El personal de la Cámara de Cuentas no es sometido a evaluación, ni medición de rendimiento, y peor aún, se dice que muchos trabajan para intereses particulares de funcionarios actuales o del pasado, sin el temor de ser removidos porque cuentan con una estructura de protección y resguardo.   
9. Las mismas personas dentro del pleno han bloqueado los intentos de apertura de concursos para llenar más de 100 posiciones vacantes que se necesitan para cumplir con la gran cantidad de trabajos y para lo cual la Cámara de Cuentas tiene disponible los recursos.
10. También ha sido bloqueado un proyecto de automatización y modernización de los procesos con el propósito de hacer más eficiente y dotar de mayor calidad a las auditorias. Quinientos millones de pesos que fueron donados para ese fin no han podido usarse porque las mismas personas en el pleno se han opuesto.

Nuestra triste conclusión es que la situación de ingobernabilidad en que ha caído la Cámara de Cuentas es insostenible. Por tercera ocasión consecutiva, este importante organismo se ha visto afectado por situaciones internas y presiones externas que le impiden cumplir a cabalidad sus funciones.

Es justo acotar que no todos los integrantes de este pleno y los anteriores han incurrido en comportamientos delictivos, éticamente reprochables o ineficientes.  A Participación Ciudadana le constan los esfuerzos que algunos han realizado para enderezar las situaciones.  De hecho, al menos una integrante de la Cámara de Cuentas anterior, advirtió e hizo constar sus objeciones y llegó a denunciar las situaciones difíciles que vivió, aunque al final todos fueron destituidos.  También en el actual pleno hay personas que están genuinamente comprometidas con hacer las cosas bien.

Participación Ciudadana espera que el Congreso Nacional se comprometa en la parte de responsabilidad que le asigna la Constitución lo cual incluye la revisión de la Ley para hacer este organismo más operativo y gobernable.  Por su parte, los actuales integrantes de la Cámara de Cuentas están en la obligación de llegar a acuerdos que saquen a la institución de su actual crisis porque, de lo contrario, corren el riesgo de ser sometidos a un juicio y repetir la triste historia de los anteriores.

La situación de la Cámara de Cuentas no es casual, es un reflejo de la grave situación de corrupción e impunidad a que el país ha sido sometido en las últimas décadas. La corrupción creció, se adueñó del Estado, mientras órganos como éste, cuya misión es prevenir y evitar que situaciones como estas sucedan, han sido penetrados, apropiados y utilizados por las coaliciones de funcionarios que han defraudado a este país. 

Es evidente que se necesita introducir cambios en la forma en que son elegidos, pero sobre todo en las políticas que ponen en práctica los congresistas a la hora de seleccionar los miembros de este organismo. El país necesita asegurarse de que las personas que son designadas en esas posiciones, además de las capacidades profesionales y personales, tengan como único propósito el servicio a la Nación, sin intereses partidarios o sectoriales, solo apegados a la ética y decididos a cumplir la noble misión que constitucionalmente le ha sido otorgada a una entidad que se merece un mejor destino.

CONSEJO NACIONAL

Santo Domingo, 3 de mayo del 2023.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana hace un llamado urgente al presidente Luis Abinader Corona, al Ministro de Medio Ambiente Miguel Ceara Hatton y a la Procuradora General de la República, Magistrada Miriam Germán Brito, a poner atención a la destrucción de nuestra Cordillera Central.

El corte de miles de pinos occidentales amparados en los permisos que dan los llamados planes de manejo que otorga el Ministerio de Medio Ambiente es un esquema que está destruyendo la Cordillera Central. En un trayecto montañoso de 40 a 50 kilómetros, realizado por Altagracia Salazar, de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana, pudo observar a ambos lados del camino decenas de árboles derribados con tecnología moderna y dispuestos para ser transportados a los aserraderos propiedad del    ex senador Antonio Cruz, quien se precia de haber instalado el más moderno aserradero de la región del Caribe.

Los lugareños abordados por la periodista, le explicaron que las autoridades locales no pueden hacer nada cuando un empresario o sus empleados, transportan una cantidad de madera, autorizados desde Santo Domingo por el Viceministerio de Recursos Forestales.

El Ministerio de Medio Ambiente no tiene personal técnico para supervisar que los permisos se cumplan. Es una práctica generalizada que, con un permiso de tala, solo para decenas, se cortan de manera indiscriminada cientos de árboles, sin ningún tipo de consecuencias, en puro deterioro del ecosistema de la zona y del medio ambiente; incluso se están produciendo robos de madera en perjuicio de los pequeños propietarios que no tienen manera de defenderse. La ganadería de montaña, que está prohibida por una resolución del Ministerio de Medio Ambiente, se sigue practicando y creciendo y se extiende a los puntos más altos de la cordillera, en el caso de la zona de Monción y San José de las Matas, hasta el Pico del Gallo.

La Asociación de Empresarios de la Madera está provocando un daño adicional, porque se está recurriendo al uso de herbicidas para evitar el rebrote de los pinos, que suele ocurrir de manera natural. Esta práctica explota grandes áreas que son cortadas, sometidas a la aplicación de herbicidas para posterior uso ganadero. El uso de defoliantes trae como consecuencia secundaria la muerte de miles de especies, porque las lluvias arrastran los residuos hacia los acuíferos de la zona.

La Cuenca alta del Río Mao, que tradicionalmente se dedicó a la siembra de café, garantizaba la protección del ecosistema porque el café obliga a mantener la cobertura boscosa. El café es un protector natural de las cuencas, pero de muy baja rentabilidad, por lo que una nueva agricultura establecida por gente poderosa fue cambiando las plantaciones por cultivos menos perennes, como limón persa; pero esas plantaciones no durarán mucho, aunque producirán dinero y al final la tierra quedará devastada.

Participación Ciudadana reclama a las distintas autoridades del medio ambiente que cumplan con sus responsabilidades. En primer lugar, exigimos que el Ministerio Público rinda cuentas de sus actividades en la persecución y sometimiento a la justicia de los depredadores de nuestros bosques y ríos, que se cumplan con las sanciones que establece la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. También reclamamos que el Ministerio de Medio Ambiente coloque inspectores en cada uno de los aserraderos existentes, con la finalidad de fiscalizar los troncos que entran y la madera que sale, y compararlos con los permisos otorgados.

Se debe revisar, además, cada uno de los permisos, permitiendo los que propendan al uso sostenible del suelo y conduzcan a un crecimiento sostenible. Finalmente, la responsabilidad principal recae sobre el presidente de la República Luis Abinader Corona, que debe manifestar su voluntad política sobre el tema, otorgando cuantos recursos requiera el Ministerio de Medio Ambiente para lograr un control efectivo de la preservación de nuestro medioambiente, evitando bajo cualquier circunstancia la tala indiscriminada.

CONSEJO NACIONAL

24 DE ABRIL DEL 2023