La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresó su profunda preocupación por las razones invocadas por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el Acta núm. 010-2025 para no ratificar en sus funciones a los magistrados y la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, quienes fueron evaluados en el reciente proceso de revisión de desempeño de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Según el documento oficial, el CNM justificó la no ratificación de los tres jueces señalando que “los resultados no alcanzan los estándares de idoneidad y desempeño exigidos”. Sin embargo, la documentación pública sobre las evaluaciones realizadas por la propia del Consejo refleja valoraciones excelentes en aspectos de capacidad jurídica, ética profesional, independencia y cumplimiento de funciones. Para ROI, esta incongruencia entre las evaluaciones técnicas y la decisión final pone en entredicho la objetividad y transparencia del proceso.

En el caso del magistrado Manuel Alexis Read Ortiz, el CNM aludió a su proximidad a la edad de retiro establecida en el artículo 151, numeral 2, de la Constitución de la República, que fija el límite en 75 años. Aunque dicha circunstancia puede ser una razón atendible, ROI considera que, de ser ese el criterio, el juez no debió haber sido sometido a evaluación, pues el proceso debe dirigirse a valorar desempeño y no a aplicar causales de retiro que ya están constitucionalmente determinadas. De hecho, el acta no consigna la edad como motivo de exclusión, lo que evidencia un uso discrecional y poco coherente de los criterios.

Asimismo, ROI advierte que las observaciones vertidas en el acta sobre las posiciones jurídicas razonadas de la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, única mujer evaluada en esta etapa, revelan sesgos preocupantes que afectan el principio de igualdad y la garantía de independencia judicial. Cuestionar posturas jurisdiccionales debidamente fundamentadas puede constituir interferencias en la libertad de criterio judicial y se suma a precedentes adversos para la justicia dominicana.

Observa, además, que las actas no indican quiénes emitieron las opiniones ni los votos individuales, lo que impide determinar las responsabilidades institucionales en una decisión de alta relevancia para la justicia nacional. Esta omisión vulnera los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir los procesos del CNM.

La Red recuerda que la evaluación de desempeño judicial no debe convertirse en un instrumento discrecional para separar jueces y juezas de sus funciones. Aunque son designados por un período determinado, la evaluación debe tener un carácter técnico, objetivo y formativo, orientado a mejorar la calidad de la justicia y no a ejercer control político o disciplinario sobre quienes integran la SCJ. Cualquier utilización del proceso evaluativo con fines distintos pone en riesgo la independencia judicial, la estabilidad institucional y la confianza pública en la justicia.

ROI reiteró su llamado al CNM a continuar publicando las actas y a que lo haga oportunamente, consignando de manera íntegra las evaluaciones, los fundamentos técnicos con la indicación de la postura y de los votos individuales de cada uno sus integrantes, a fin de asegurar que las designaciones respondan a estándares verificables de mérito, transparencia, idoneidad y equidad, y no a criterios discrecionales.

ROI está compuesto por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresó preocupación ante el hecho de que legisladores hayan presentado propuestas de candidaturas para ocupar funciones de juez o jueza en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y en el Tribunal Superior Electoral (TSE), en el marco del proceso que lleva a cabo el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

La organización recordó que el CNM fue concebido por la Constitución como un órgano plural para garantizar la independencia judicial y el equilibrio entre los poderes del Estado, y que sus integrantes deben actuar con imparcialidad y sin conflictos de interés. En ese sentido, la presentación de candidaturas por parte de legisladores resulta inapropiada, al colocar a estos en el doble rol de proponentes y evaluadores, afectando la transparencia y la legitimidad del proceso.

ROI recuerda que el pasado jueves 16 de octubre se habían postulado y propuesto perfiles para ocupar las vacantes de estas altas cortes, de las cuales hay 29 mujeres y 42 hombres, y que este martes 21 de octubre vence el plazo para que las personas interesadas en ocupar estos puestos se postulen. Asimismo lamenta que, hasta la fecha, no se han publicado las actas de las sesiones del CNM en este periodo y recuerda a la ciudadanía la necesidad de demandar explicaciones sobre las razones que motivaron no ratificar en sus funciones a la jueza Pilar Jiménez Ortiz ni a los jueces Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, actuales miembros de la SCJ.

La Red llamó al CNM a preservar y respetar los principios de transparencia, independencia y separación de poderes, y reiteró que las postulaciones a las altas cortes deben provenir de la ciudadanía y de instituciones sociales, académicas o gremiales, no de actores políticos que forman parte del propio órgano decisor.

ROI está compuesto por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).

El movimiento cívico no partidista, hace llamado a los actores económicos, al gobierno, y al sistema de partidos, agrupaciones y movimientos políticos a evitar que personas y recursos provenientes del narcotráfico se inserten en la economía y el sistema político dominicano. Este llamado a raíz de las últimas informaciones referentes a figuras de altas esferas del empresariado y con estrechos vínculos con el poder político, principalmente, con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que actualmente lidera el Gobierno dominicano, vinculadas con actividades de narcotráfico y lavado de activo, y que han generado justificadas preocupaciones en la sociedad dominicana sobre la eficacia de los mecanismos de control del Estado, tanto de los organismos especializados de supervisión, como de los sujetos obligados, financieros y no financieros, en el marco de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, llamados a evitar que personas vinculadas con estas actividades ilícitas penetren a la actividad económica nacional.

Asimismo, es urgente que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos fortalezcan los controles en sus mecanismos de afiliación y recepción de financiamiento privado, directo e indirecto, para evitar la afectación del sistema de partidos dominicano.

Participación Ciudadana, en este mismo orden, reitera su llamado a que los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, así como candidatos de manera individual, sean considerados sujetos obligados no financieros en el marco de la Ley No. 155-17 de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, lo que les obligaría a realizar debidas diligencias ampliadas sobre el origen de fondos de las personas que realizan aportes económicos privados para las campañas electorales, lo que dificultaría el acceso de fondos productos del narcotráfico, y de otros delitos precedentes.

En referencia al actual partido de gobierno (PRM), si bien ha emitido un comunicado oficial desligándose de las actividades ilícitas de los miembros y vinculados a esa organización política, alegando la responsabilidad penal individual de los actos que se imputan a estas personas, y de otras que ya han admitido y recibido condenas; entendemos que tiene cuota de responsabilidad en permitir el acceso a sus filas y/o al financiamiento directo e indirecto de sus actividades político-electorales, por lo que deberá tomar medidas drásticas para evitar situaciones tan escandalosas como la que hoy sufre,  debido a los  innumerables casos destapados  en los últimos años, en su mayoría vinculados a esa organización política, como el exdiputado Miguel Gutiérrez del PRM, condenado a 16 años de prisión en los Estados Unidos, la ex diputada Rosa Amalia Pilarte, también es exlegisladora de ese partido en la provincia de La Vega y condenada a cinco años de prisión; los legisladores Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero y Héctor Félix, y además alcaldes y regidores de ese partido, como el regidor del DN Edickson Herrera, o casos más recientes que involucran a Fabio Augusto Jorge y Gaspar A. Polanco, solicitados en extradición o requeridos por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y que, además, desarrollaban actividades económicas y empresariales con relativa normalidad sin levantar alertas en los sistemas de control.

En muchos de los casos, las actividades sospechosas de parte de los hoy investigados, o condenados, formaban parte del vox populi, o rumor público, en las comunidades y círculos en los que se desenvolvían, lo que debió ser de conocimiento de sus dirigentes locales.

Por tales razones reclamamos al Comité Nacional contra el Lavado de Activos, integrado por el Presidente del Consejo Nacional de Drogas, la magistrada Procuradora General de la República, el Ministro de Hacienda, la Superintendencia de Bancos, y la Dirección Nacional de Control de Drogas, para que hagan uso del poder reglamentario que le otorga la ley, y clasifiquen a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como a los candidatos, como sujetos obligados no financieros, con todos los efectos que dispone la ley.

CONSEJO NACIONAL

20 de octubre de 2025

El día en que la ciudadanía decidió organizarse

El 31 de octubre de 1993, un grupo de dominicanos y dominicanas se reunió con una idea tan sencilla como transformadora: crear un espacio donde la ciudadanía pudiera ejercer su poder sin tener que ocupar el poder. Aquella semilla —plantada en medio de una crisis de confianza electoral y una democracia aún frágil— germinó con nombre propio: Participación Ciudadana (PC).

Tres décadas después, el movimiento celebra 32 años de trabajo ininterrumpido por la transparencia, la institucionalidad y la justicia social, fiel a la convicción que lo vio nacer: que la democracia solo florece cuando la ciudadanía participa, vigila y exige con voz propia.

“Fue con mucha ilusión que creamos esta organización”, recuerda Miriam Díaz Santana, una de las fundadoras. “Queríamos aportar algo distinto: una manera de hacer democracia desde la sociedad civil, sin banderas ni intereses económicos.”

Una escuela viva de democracia

Quien pasa por Participación Ciudadana rara vez sale siendo el mismo. Desde sus comisiones, programas y proyectos, PC ha formado generaciones de ciudadanos y ciudadanas con una mirada más crítica, ética y comprometida con el país.

“Participación es una escuelita de la democracia”, dice Leidy Blanco García, actual coordinadora general. “Nos enseña a debatir, a concertar, a construir acuerdos sin perder la coherencia ética.”

En estos 32 años, más de 59 mil voluntarios y voluntarias —de todas las edades y rincones del país— han integrado sus redes de observadores electorales, garantizando procesos más limpios, pacíficos y confiables. Gracias a ese esfuerzo colectivo, las elecciones dominicanas pasaron de la sospecha a la credibilidad: los conteos rápidos de PC alcanzaron márgenes de error inferiores al 0.5% respecto a los resultados oficiales de la Junta Central Electoral.

101 proyectos, una misma causa

Desde 1993, Participación Ciudadana ha ejecutado 101 proyectos de educación cívica, fortalecimiento institucional y promoción de la democracia, en alianza con más de 50 entidades nacionales e internacionales. El apoyo ha provenido de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Unión Europea, Embajada de Canadá, Transparencia Internacional, el Banco Mundial, el BID, agencias de Naciones Unidas, entre muchas otras.

Ese respaldo se ha ganado con hechos: auditorías externas anuales, transparencia pública de cada proyecto y rendición de cuentas abiertas a la ciudadanía. PC nunca ha recibido fondos del Gobierno dominicano, ni ha aceptado aportes que comprometan su independencia. Su sostenimiento proviene del financiamiento internacional, de empresas y universidades aliadas, y sobre todo del aporte voluntario.

“Nuestra independencia no es un discurso, es una práctica”, ha dicho en más de una ocasión el Consejo Nacional. “Nos debemos a la ciudadanía, no al poder.”

Educación, leyes y cultura cívica

En el corazón de Participación Ciudadana late una certeza: las sociedades cambian con educación. Por eso, desde su fundación, la organización ha invertido en formar líderes, jóvenes y servidores públicos comprometidos con la ética democrática. Entre sus programas emblemáticos se encuentra el Programa de Formación y Gerencia Política de Jóvenes Líderes (2005–2012), que capacitó a más de 2,000 jóvenes de partidos y organizaciones sociales, abriendo paso a una generación más preparada y plural.

El legado educativo de PC también se traduce en más de 300 publicaciones —entre libros, investigaciones, informes y guías— que documentan la historia de la democracia reciente. Sus estudios sobre corrupción, impunidad, transparencia y reformas electorales se han convertido en referentes académicos y ciudadanos.

Las Casas Comunitarias de Justicia: sembrar paz desde lo local

Entre los proyectos más transformadores de Participación Ciudadana destaca la creación de las Casas Comunitarias de Justicia, nacidas en 2005 con el apoyo de USAID. Hoy existen 10 casas en igual número de ciudades, ofreciendo mediación y orientación legal gratuita a las comunidades más vulnerables. En 18 años, más de 650 mil personas han recibido asistencia y el 90% de los casos han logrado resolución pacífica.

“Son uno de los legados más hermosos de PC”, dice Miriam Díaz. “Un servicio que evita la judicialización innecesaria y promueve la cultura de paz.”

Desde 2016, las Casas funcionan con autonomía bajo una nueva fundación, pero siguen siendo —en espíritu y esencia— hijas de Participación Ciudadana.

La lucha contra la corrupción: una causa sin descanso

Desde su nacimiento, PC colocó la lucha contra la corrupción como uno de sus ejes centrales. En 2004 se convirtió en el capítulo nacional de Transparencia Internacional, fortaleciendo su trabajo en investigación, monitoreo y propuestas de políticas públicas.

Ha impulsado leyes fundamentales como la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, la Ley de Libre Acceso a la Información, la Ley de Partidos y Régimen Electoral, y la Ley de Cámara de Cuentas, entre muchas otras. A través de campañas, observatorios y publicaciones —como “20 años de impunidad” y “La corrupción sin castigo”— ha contribuido a visibilizar los casos de corrupción más emblemáticos del país, documentando desde el fraude bancario de 2003 hasta los procesos judiciales de mayor impacto en la última década.

Además, se han publicado una síntesis de cada uno de los casos de corrupción administrativa que han sido llevados a la justicia, presentada en un lenguaje claro y accesible para que la ciudadanía pueda comprender la magnitud de estas acusaciones.

Cada año, PC entrega el Reconocimiento a la Integridad y Lucha contra la Corrupción, otorgado el 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, a figuras que han defendido la ética pública.

Un movimiento independiente y plural

En más de tres décadas, Participación Ciudadana ha mantenido una estructura democrática y transparente. Su Consejo Nacional, elegido en Asamblea General, cambia de coordinación cada año, sin reelecciones consecutivas. Todos sus directivos son voluntarios no remunerados, y las decisiones institucionales se toman por consenso en comisiones especializadas.

“En Participación nadie habla en nombre propio”, explica Díaz. “Las posiciones se construyen colectivamente. Es más lento, pero más legítimo.”

Treinta y dos años después: la misma convicción

A los 32 años, Participación Ciudadana sigue siendo un movimiento vivo, diverso y necesario. Su mayor reto hoy es garantizar su sostenibilidad y el relevo generacional, atrayendo a nuevas voces que den continuidad al ideal fundacional: una ciudadanía activa, crítica y comprometida con un país más justo.

“Todavía todo el trabajo por la democracia está por hacer”, afirma Miriam Díaz. “Y mientras haya ciudadanos dispuestos a defenderla, Participación seguirá aquí.”

Treinta y dos años después, el movimiento que nació para observar las elecciones ha ayudado a que el país se mire a sí mismo con más conciencia y menos miedo. Y aunque los desafíos cambien, el compromiso sigue intacto: seguir construyendo ciudadanía, día a día, desde la independencia, la transparencia y la esperanza.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, sostuvo un encuentro con una comisión del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC), encabezada por su coordinadora general, Leidy Blanco García, en el que presentó los ejes de su Plan Operativo de gestión, los avances alcanzados y los desafíos pendientes en materia de lucha contra la corrupción administrativa.

En la reunión también participó el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

Durante el diálogo, Reynoso subrayó la importancia de que la ciudadanía se mantenga vigilante frente a la corrupción para consolidar una cultura de transparencia y cero impunidad. Enfatizó además que el Ministerio Público procura sanciones ejemplares contra los funcionarios que desfalcaban el Estado, ya que sobre ellos recae la mayor responsabilidad de salvaguardar los bienes públicos de todos los contribuyentes.

La procuradora general destacó los logros obtenidos en materia de decomisos de dinero en efectivo y bienes incautados, los cuales, en cumplimiento del marco jurídico, son transferidos a la Cuenta del Tesoro Nacional o al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide). Explicó que, una vez agotados los procesos correspondientes, estos bienes deberán ser puestos en pública subasta.

“Estamos en el proceso ahora de la transferencia de los bienes, que es una preocupación porque ahí hay bienes muy costosos, cuando decimos que tenemos una villa que cuesta más de 300 millones… son bienes que son costosos”, señaló Reynoso.

Asimismo, explicó que las solicitudes de decomiso guardan proporcionalidad con los montos involucrados en los delitos investigados, lo que permite al Ministerio Público reclamar bienes equivalentes a los fondos desfalcados, aunque estos hayan sido obtenidos legalmente por los procesados.

La procuradora también hizo hincapié en que, aunque los casos pudieran avanzar con mayor rapidez, los aplazamientos que se producen en los procesos judiciales no corresponden al Ministerio Público. “Nosotros sí quisiéramos que los casos fueran mucho más rápidos… pero ahí no hay un aplazamiento que sea motivado por el Ministerio Público. Uno solo no lo hay; porque nosotros tenemos el lema ¡Listos siempre!”, afirmó.

De su lado, los representantes de Participación Ciudadana valoraron la labor del Ministerio Público en favor de la transparencia y ratificaron su disposición de continuar aportando al fortalecimiento institucional.

“Seguiremos promoviendo instituciones más sólidas y un sistema de justicia independiente y eficaz, pilares fundamentales para el fortalecimiento de la democracia dominicana”, expresó Leidy Blanco García.

El encuentro reafirmó la importancia de la colaboración entre sociedad civil y Ministerio Público para avanzar en la lucha contra la corrupción, garantizar transparencia en la gestión pública y fortalecer la democracia dominicana.

Ante la actitud pasiva y cómplice de las directivas de las dos cámaras y de los partidos políticos, Participación Ciudadana reclama investigación por parte del Ministerio Público, de los congresistas y ex congresistas que no han presentado su declaración jurada de patrimonio.

Información suministrada por la Cámara de Cuentas, a solicitud de Participación Ciudadana, revela que 20 diputados/as de los elegidos en el 2024 y 78 de los que salieron en el mismo año, no han presentado sus declaraciones juradas.

Los diputados actuales que no han cumplido con esta obligación establecida en la Ley 311-14 son: SOCORRO MONEGRO (PARLACEN), SERGIO MOYA, RAMÓN GORI (PARLACEN), RAFAEL CHALAS (PARLACEN), PEDRO CORPORÁN (fallecido), NAMIBIA DIDIEZ (PARLACEN), MELVIN LARA, KINSBERLY TAVERAS, JUANA CASTILLO, JOSÉ RODRIGUEZ, JHEYSON GARCIA, ISMAEL REYES (PARLACEN), EUGENIO CEDEÑO, EUDY DE LA CRUZ, ESMERALDA MANCEBO, ENMANUEL POLANCO (PARLACEN), CARMEN MOREL, CARLOS GIL, ANGEL SÁNCHEZ y ADELSO RUBEN CONTRERAS. 

Todos los senadores actuales han cumplido, pero hay 7 ex senadores que continúan en violación a la ley, pues no han presentado su declaración de salida. Ellos son: BAUTISTA ROJAS, DAVID SOSA, IVAN SILVA, JOSÉ DEL CASTILLO, LENIN VALDEZ, MARTIN NOLASCO y RAMÓN PIMENTEL. El listado completo de los legisladores omisos figura en la certificación de la Cámara de Cuentas que hemos colocado en nuestra página como anexo de esta nota de prensa.

El régimen de consecuencias para los legisladores que, en vez de ser ejemplos en el cumplimiento de las leyes se convierten en transgresores, debería comenzar en sus propios partidos. También el Ministerio Público debería aplicar el artículo 19 de la ley citada, que dispone: “el Ministerio Público dará inicio a la apertura de una investigación por presunción de enriquecimiento ilícito del funcionario público obligado a hacer la declaración jurada de patrimonio, en el caso de haber finalizado el período o haber sido removido del cargo sin cumplir con los requerimientos de esta ley conforme al plazo establecido en la misma.”

Finalmente, Participación Ciudadana espera que la sociedad recuerde los nombres de los infractores y recaiga sobre ellos la sanción social y electoral correspondiente.

CONSEJO NACIONAL

22 de julio del 2025

Participación Ciudadana demandó una auditoría inmediata al gasto en publicidad gubernamental realizado durante el 2024, tras revelar que en los primeros cuatro meses del año el Estado destinó más de RD$3,121 millones a publicidad y patrocinios, un incremento superior al 500% respecto al mismo período de 2023, cuando se invirtieron RD$491 millones.

La coordinadora general de la organización, Leidy Blanco, ofreció estas declaraciones durante su participación en el programa “Esta Noche Mariasela”, que se transmite por Color Visión, donde denunció que el uso de estos recursos carece de transparencia y fiscalización efectiva. “Estamos viendo un incremento desproporcionado del gasto en publicidad estatal sin que exista información clara sobre en qué se utiliza, quiénes son los contratados ni bajo qué mecanismos se realizaron las contrataciones”, afirmó.

Blanco advirtió que gran parte de estos contratos se han realizado bajo la modalidad de contratación por excepción, la cual, según explicó, está diseñada para situaciones de emergencia y no para procesos regulares de publicidad. “Se está contratando publicidad como si fuera de emergencia, lo que abre las puertas a discrecionalidad y opacidad”, denunció.

Participación Ciudadana también alertó que el gasto publicitario no responde a campañas educativas o institucionales que beneficien a la ciudadanía. “No hemos visto campañas de educación vial, salud o prevención de violencia de género. Lo que estamos viendo es el uso de la publicidad como herramienta de posicionamiento político y proyección de aspiraciones personales desde el gobierno”, sostuvo.

Entre las instituciones que registraron mayores aumentos relativos y absolutos en gasto publicitario durante los primeros cuatro meses de 2024 figuran el Ministerio de Turismo, Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, Súperate, Indotel y la Cámara de Diputados.

Finalmente, Blanco informó que Participación Ciudadana ya ha solicitado formalmente a la Cámara de Cuentas auditar estos gastos, así como los realizados en 2025, donde hasta abril se han ejecutado RD$2,445 millones en publicidad y patrocinios, pese a no ser un año electoral.

“La ciudadanía tiene derecho a saber en qué se invierten sus recursos. Este gasto millonario en publicidad contrasta con servicios básicos cada vez más deteriorados. Es hora de priorizar la calidad del gasto público y garantizar su uso con transparencia y responsabilidad”, concluyó.

En los últimos días se multiplican las opiniones de miembros del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) favoreciendo que el presidente Luis Abinader asuma en estos tiempos la presidencia de dicho partido, lo que para Participación Ciudadana sería incorrecto pues arrastraría ineludiblemente todo el aparataje presidencial en favor del partido y sus candidatos para las elecciones de mayo del 2028.

Entendemos que por mayor esfuerzo que realice el presidente Abinader para separar lo electoral de sus funciones como presidente de todos los dominicanos(as), no cabe duda de que el inicio e inauguración de obras, toda la publicidad que arropa la figura presidencial, y la mayoría de sus actividades, aumentaría el capital político electoral del partido oficial y sus futuros candidatos, lo que colocaría a los partidos de oposición en clara desventaja.

Esta situación sería todavía más inconveniente si tomamos en cuenta que los partidos no pueden hacer campaña política, hasta tanto no se proclame la misma, por la Junta Central Electoral, dejando el escenario solo al partido oficial, que podría utilizar las actividades presidenciales para ganar capital electoral.

Estamos de acuerdo con la declaración ofrecida por Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, en el programa “Hoy Mismo”, en el sentido de que la secretaría general del PRM es una posición a tiempo completo, y si decide asumirla renunciaría, no solo a la presidencia que ostenta, sino además a la diputación, evitando así utilizar el tiempo por el cual se le paga para dedicarlo a actividades partidarias.

Otros dirigentes del PRM han ido en la misma dirección, como el Dr. Guido Gómez Mazara, quien ha señalado que desde el momento en que decida formalizar sus aspiraciones a la presidencia de la República, en los tiempos que manda la ley, renunciaría a la presidencia del INDOTEL, pues no se prestaría a utilizar la institución pública que dirige con fines electorales.

Participación Ciudadana solicita al presidente Abinader evitar los conflictos de intereses que se le presentarían si asume ambas funciones, por lo que espera que el presidente despeje las dudas en la dirección correcta en los próximos días.

CONSEJO NACIONAL

5 de junio de 2025

Participación Ciudadana continúa dando seguimiento a los grandes casos de corrupción administrativa que se encuentran en sede judicial o del Ministerio Público, con la finalidad de dejar en récord la forma en que los mismos fueron manejados por jueces, fiscales, defensa pública o privada.

En esta ocasión recogemos las incidencias ocurridas en el período marzo – mayo 2025 y a partir de este informe hemos descartado denominar los casos con los sobrenombres que utilizó originalmente el Ministerio Público, utilizando en este quinto informe y en los siguientes, el sistema tradicional de nombrar los casos bajo los nombres de los principales imputados y a los demás, designarlos bajo la denominación genérica de “y compartes”, acogiendo así la decisión del Tribunal Constitucional TC/0225/25 que prohíbe de manera general utilizar sobrenombres o motes.

La evaluación de estos 60 días de observación nos permite aseverar que los casos continúan siendo conocidos con lentitud, con incidentes que obligan a los jueces a posponer las audiencias, creando una congestión de casos que impiden una mayor celeridad.

La lentitud ha sido reconocida por el propio sistema judicial, que tomó la decisión de excluir temporalmente del sistema aleatorio de asignación de casos al primer y segundo tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional para evitar congestionar aún más estos tribunales.

Recordemos que el primer tribunal colegiado está integrado por Esmirna Gisselle Méndez, quien los preside y por Tania Yunes y  Jissel Naranjo, miembros, y conocen el caso de Adán Cáceres y compartes, además de tener bajo su responsabilidad otros 50 casos, entre ellos la quiebra de la Financiera Oriental.

Por su lado, el segundo tribunal colegiado está integrado por Claribel Nivar Arias, quien lo preside, y Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, miembros, y este tribunal conoce el caso de Alexis Medina y compartes, Jean Alain Rodríguez y compartes, además de muchos otros casos, entre ellos el de Costa Dorada, Pascual Cabrera y Money Free.

En el comunicado el Poder Judicial informó que se tomó esta decisión "a fin de avanzar en la resolución" de esos procesos y de otros de los que se encuentran apoderados” y agrega que "La decisión se toma entendiendo que los casos complejos demandan jornadas extendidas de audiencia por la multiplicidad de imputados y extensa cantidad de pruebas, lo cual limita la posibilidad de conocer otros casos durante la semana".

El octubre de 2023 Participación Ciudadana solicitó medidas como la ahora tomada, en una carta dirigida al presidente del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, exponiéndole lo siguiente:

“Entendemos que es obligación del Consejo del Poder Judicial organizar y crear las condiciones para que todos los casos, incluyendo sobre todo los casos complejos, estén en manos de jueces que tengan el tiempo y la carga de trabajo adecuadas, que les permitan gestionar los casos dentro de plazos razonables, terminando así con la percepción ciudadana de que quienes cuentan con extensos recursos pueden ingeniárselas para salir impunes hasta de los peores crímenes».

De todas formas, aunque se ha dilatado la medida, es positivo que el Poder Judicial comience a tomar medidas que agilicen los procesos, no solo aquellos de corrupción administrativa, sino todos los que están bajo su responsabilidad.

En lo adelante resumimos como han avanzado estos casos desde mediados de marzo hasta mediados de mayo de 2025.

1. Caso Alexis Medina, Magaly Medina, Fernando Rosa y compartes.

Este caso lo conoce el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional.

Luego del rechazo de la solicitud de la extinción de la acción penal por la llegada del plazo máximo de duración del proceso, ocurrida por sentencia de fecha 17 de marzo 2025, desde esa fecha hasta el 15 de mayo de 2025 el tribunal ha conocido 11 audiencias.

En las audiencias del 24, 26 y 31 de marzo el ministerio público presentó su discurso de cierre y sus conclusiones.

En la audiencia de fecha 7 de abril, la querellante, Empresa Distribuidora de Electricidad, inició y finalizó la presentación de su caso y sus conclusiones.

En la audiencia de fecha 9 de abril, el Estado Dominicano presentó su caso y sus conclusiones al fondo.

La audiencia del 11 de abril hubo de ser recesada porque algunos abogados defensores tenían compromisos de audiencias de otros casos en diferentes tribunales.

La audiencia de fecha 21 de abril fue igualmente recesada, esta vez por la ausencia del defensor público del imputado Carlos Alarcón Veras.

En las audiencias de fechas 30 de abril y 7 de mayo, el imputado Fernando Rosa presentó sus alegatos de clausura y sus conclusiones al fondo, además de hacer uso de su derecho a declarar.

En la audiencia de fecha 7 de mayo R&T Construcciones e Inversiones, SRL presentó sus argumentos de defensa y concluyó al fondo.

En esta misma audiencia del 7 de mayo la imputada Magaly Medina inició sus argumentos de defensa y los terminó en la audiencia del 12 de mayo, en la que presentó sus conclusiones y además ejerció su defensa material dando declaraciones al tribunal.

El tribunal que conoce este caso ha sido consistente en mantener un ritmo adecuado de audiencias para el conocimiento del caso.

• Caso Adán Cáceres y compartes.

En el lapso observado se celebraron 10 audiencias por parte del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional, que conoce este caso, bajo la presidencia de Gisselle Méndez.

En la audiencia del 11 de marzo se continuó con la fase probatoria, y en esta audiencia el Ministerio Público presentó a los testigos Susana Adolfo, Nicole González, Ámbar Valverde, Manolo Jiménez, Wellington Fernández, Juan Francisco Caraballo, Marina Reyes, Genaro Reyes, Viviana Nuñez y al perito Germán Reyes. También se incorporó a través de los testigos una cantidad de pruebas.

La audiencia del 18 de marzo se suspendió por inasistencia del imputado Yehudy Guzmán, que alegó razones de salud.

En la audiencia del 27 de marzo se continuó con la presentación de testigos, en este caso Aurelio Valdez y Roberto, y se incorporaron las pruebas del 1627 hasta 2005 y 2038 a 2043, así como la prueba 566 y el peritaje No. 12 y sus anexos.

En la audiencia del 3 de abril se decidió aplazarla debido a la licencia médica presentada por la imputada Jehudy Guzmán y también se aplazó la siguiente audiencia celebrada el 8 de abril, debido a licencia médica del imputado Tanner Antonio Flete.

En la audiencia celebrada el 10 de abril se continuó con la presentación de testigos a cargo del Ministerio Público y se presentaron César Ramos, Luis Coronado, José Pascual Cabrera, Rolando Bueno Jiménez, Sterling Peralta, Cristian Elías Serrano y Jairo Hernández.

En la audiencia del 15 de abril se continuó con la presentación de testigos por parte del Ministerio Público y se escuchó a Rafael Sosa, Lidia Díaz, Carlos Gómez y el perito Yerida Valdez López.

En la audiencia del 22 de abril se siguió escuchando testigos a cargo del Ministerio Público y se presentaron ante el tribunal los señores Roselmy Castro, Silverina Severino Rosario, Alexandra Echavarría, Wilfredo Rodríguez. El Ministerio Público desistió de presentar a la testigo Mayra Goris.

La audiencia del 29 de abril se inició con la testigo Carmen Miguelina y luego con Dionis Núñez. Se incorporó la prueba pericial 8 y también la 79.

En la audiencia del 8 de abril se continuó en la fase probatoria a cargo del Ministerio Público que presentó al testigo Dionis Núñez.

Como se desprende de la lectura del desarrollo de este caso, el Ministerio Público ha realizado un intenso trabajo en la presentación de sus pruebas y las audiencias se llevan a cabo con una frecuencia razonable.

• Caso Jean Alain Rodríguez y compartes.

De este caso estuvo apoderado el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional, que fue recusado y no pudo iniciar el conocimiento del juicio de fondo. La recusación fue acogida y se apoderó al Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional.

En lo que esto ocurría, el 1 de mayo se varió la medida de coerción que tenía el señor Rodríguez a libertad pura y simple.

El Segundo Tribunal intentó iniciar el conocimiento del fondo del caso en una audiencia fijada para el 1 de mayo, pero debió aplazarse porque no había sido citado el imputado Alfredo Solano.

Durante el lapso del observatorio que da lugar a este informe, no fue posible comenzar a conocer el juicio de fondo y, por el contrario, se fijó la audiencia de inicio para el 23 de junio del 2025.

En el período observado se conocieron varias medidas de devolución de vehículos y otros objetos, variación de medias de coerción, desglose de imputados y hasta una condena por litigación temeraria.

• Caso Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y compartes.

Luego de presentada la acusación en abril de 2024, se ha dilatado sin justificación el inicio de la audiencia preliminar de este caso. La juez a cargo es la magistrada Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

En las audiencias del 24 y 28 de marzo se pretendió dar inicio, pero tuvieron que suspenderse en este última por razones médicas de los imputados Ana Linda, Mabel Justiniano y Denis Enrique, quienes presentaron certificados médicos.

El 11 de abril se aplazó por el desglose de imputados.

La audiencia del 25 de abril se aplazó debido a que la defensa de Gonzalo Castillo recusó a la jueza.

Finalmente, en la audiencia del 2 de mayo se inició la lectura de la acusación, con una dilación de casi un año.

• Caso Jochi Gómez, Hugo Beras y compartes.

Sobre este caso el Ministerio Público aún no presenta acto conclusivo, sea acusando a los investigados, sea archivando el caso.

En el tiempo bajo observación se han levantado todas las medidas de coerción, e incluso el Ministerio Público recusó a la jueza control, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, debido a que levantó incluso el impedimento de salida del país que tenía el investigado Jochi Gómez.

Este levantamiento permite al imputado tener acceso en Estados Unidos a la compañía cuyo nombre utilizó en República Dominicana para agenciarse un contrato público, pero que luego fue desautorizado por dicha compañía.

Se está a la espera de que el Ministerio Público presente su acto conclusivo.

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Tal como había planteado Participación Ciudadana a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, el Congreso Nacional, a partir de un proyecto elaborado por la Junta Central Electoral, está llamado a hacer viables las candidaturas independientes.

El proyecto entregado por la JCE parte de disposiciones contenidas en la Constitución que garantizan el derecho a ser elegible y de la sentencia del TC No. TC/788/2024 del 13 de diciembre de 2024. Establece las disposiciones que le darán viabilidad a lo dispuesto por el TC, al tiempo que se resguarda el sistema electoral y a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que la Constitución establece como medios para la postulación a puestos electivos.

Participación Ciudadana entiende, sin embargo, que el proyecto de ley presenta aspectos que es necesario discutir cuidadosamente y corregir, para que esta normativa sea viable y acorde con la Constitución de la República y con la sentencia del TC, cuyo cumplimiento es obligatorio.

El proyecto entregado por la JCE establece que las asociaciones cívicas que sean creadas para presentar candidaturas independientes tendrán que cumplir con requisitos para ser reconocidas, como los establecidos por la Ley No. 122-05, sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro; serán independientes de los partidos políticos; tendrán como único objeto apoyar la candidatura que postule en el proceso electoral del año correspondiente, por tanto, perderán su objeto electoral de pleno derecho inmediatamente tomen posesión las autoridades electas. Estas asociaciones cívicas (AC) no podrán presentar candidatos en otros procesos electorales diferente al que motivó su registro, aun cuando continúe con personalidad jurídica.

Los artículos 1 y 2 del proyecto establecen la DEFINICIÓN de una AC, su OBJETO SOCIAL y DURACIÓN. Queda claro que su definición, objeto social y duración están exclusivamente referidos a la participación en un único proceso electoral, por tanto, no tiene sentido que el proyecto diga que podrán mantener una personalidad jurídica más allá del proceso electoral.

Un primer punto a discutir es si la inscripción de estas asociaciones debe regirse por la Ley No. 122-05, la cual es muy exigente y conlleva un tiempo relativamente largo de registro, que le resta la espontaneidad y factibilidad de esta opción, dada la corta duración que el mismo proyecto de ley les otorga.

Participación Ciudadana entiende que, siendo este nuevo tipo de organización de objeto exclusivamente electoral y transitorio, deben ser registradas y supervisadas por la JCE. El objeto y muchas otras características de las ISFL no coinciden con los de las AC. Además, el proyecto establece que el patrimonio de la AC se regirá por las leyes núm.  33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos políticos y la núm. 33-18 de Régimen Orgánico Electoral, mientras que no recibirán recursos públicos.

Un aspecto que parece ser incongruente es que el Art. 1 del Proyecto, en su letra (a) define las ASOCIACIONES CIVICAS como sigue: Son asociaciones de ciudadanos y ciudadanas, legalmente constituidas y que fungen como vía para postular las candidaturas independientes. Están diseñadas para fines electorales, su creación y permanencia estarán limitadas al proceso electoral correspondiente, conforme a las disposiciones de esta ley.

La Ley No. 20-23 sobre el Régimen Electoral contempla tres personas morales que pueden presentar candidaturas: Los partidos políticos a nivel nacional, las agrupaciones políticas a nivel provincial y los movimientos políticos en los municipios y los distritos municipales. El Proyecto de Ley para candidaturas independientes, de ser aprobado, crearía una cuarta persona moral, la asociación cívica, la cual podrá presentar candidaturas independientes. Sin embargo, a pesar de que se trata de un nuevo tipo de organización, por otro lado, trata a sus candidaturas como personales o individuales.

Otro aspecto que cuestionamos es que el proyecto contempla para la AC el 2% del Padrón Electoral de las últimas elecciones ordinarias generales, mientras a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos se les exige el 2% de los votos válidos de las últimas elecciones generales. Eso pudiera representar para las AC, hasta el doble de las firmas con relacion a las demás organizaciones. Por otro lado, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos no tienen plazo para recolectar las firmas, mientras a las AC se les daría un plazo de 30 días. Estas diferenciaciones podrían ser recurridas como discriminatorias.

El art. 25 del proyecto presenta serios problemas, es inconcebible que un grupo de ciudadanos complete todo un proceso de inscripción, bastante complejo y largo, también un proceso de obtención de firmas del 2% del padrón y que luego resulte que su participación va a depender de un sorteo, porque no se permiten más de tres candidaturas independientes.

Aquí no se trata de un desempate en una votación, se trata de ciudadanos/as que han completado un proceso, amparados en una ley y que luego tengan que depender de la suerte para participar.

El artículo 26 del proyecto contempla que la AC solo puede presentar una única candidatura por cada nivel de elección en los cargos de diputación, regidurías y vocalías. Sin embargo, la presentación de candidaturas a los puestos de elección popular no es personal, es institucional, por eso se estaría creando la figura de asociación de ciudadanos. El espíritu de la sentencia del TC parece ser de que ciudadanos individuales puedan presentar candidaturas, sin embargo, la creación de una asociación implica una personería jurídica colectiva, por tanto, la candidatura independiente ni es personal ni es individual. A esto se suma la indefinición de qué sucedería si uno de estos candidatos, una vez elegidos, por alguna razón, abandonara la posición ¿quién lo sustituiría?

Conforme al principio de igualdad contenido en el Artículo 39 de la Constitución, no puede haber diferenciación entre iguales y mucho menos discriminación. Una vez creada la AC tendría derecho, no solo a participar en los procesos electorales y presentar candidaturas, sino a hacerlo en igualdad de condiciones, con los efectos, beneficios, deberes y obligaciones que tienen las demás personas morales que presenten candidaturas.

Establecer que la AC solo pueda presentar una candidatura, en los niveles de elección plurinominales y que, sin importar la cantidad de votos que saque solo obtendrá una posición, es irrazonable y discriminatorio, en consecuencia, contrario al artículo 74 de la Constitución, que establece que la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales tiene que respetar el principio de razonabilidad y mantener la esencia del derecho a regular y al artículo 39 que refiere la identidad de trato entre iguales.

Es inconcebible que el Párrafo I del artículo 26 contemple la posibilidad de que la candidatura independiente reciba votos que les permitan acceder a más de un escaño dentro de ese nivel de elección y que se le adjudique solo un escaño. Ese artículo y sus párrafos no resiste la prueba de razonabilidad que ha establecido el Tribunal Constitucional para que un texto legal que regula el ejercicio de los derechos fundamentales esté acorde con la constitución. Ni los considerando del proyecto, ni el texto del artículo 26 explican razonablemente el trato diferenciado que dan a la AC en este aspecto.

Participación Ciudadana entiende que el Congreso Nacional debe estudiar cuidadosamente este proyecto, asesorarse de expertos constitucionales y escuchar las observaciones. El sistema electoral dominicano ha avanzado considerablemente en muchos aspectos, aunque definitivamente debe seguir mejorando.

Este año es propicio para que se produzca un acuerdo nacional que consolide el progreso en esta materia. Aspiramos a que nuestras observaciones sean tomadas en cuenta, tanto en el proyecto para viabilizar las candidaturas independientes como en los aspectos pendientes de las leyes de Partidos, Agrupaciones y Movimientos políticos y la de Régimen Orgánico Electoral.

CONSEJO NACIONAL

23 de abril del 2025