La organización no partidista, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, se opone a la nueva política, aprobada por el Poder Judicial como regla general, aplicable aun por defecto, que permite la eliminación o sustitución de toda información que pueda identificar o hacer identificable a cualquier persona física, lo que ayudará a invisibilizar frente a la sociedad a los infractores de la ley, sobre todo a los corruptos, generando impunidad y mayor corrupción. Con esta medida se pretende invertir el principio de que la regla es la transparencia y la privacidad la excepción.

La Constitución es clara cuando establece como parte de la tutela judicial efectiva y el debido proceso que los juicios serán públicos, lo que no solo es una garantía que protege a los imputados, sino además a la sociedad, transparentado lo que ocurre en los juicios, sobre todos en aquellos de naturaleza penal. La publicidad de los juicios debe incluir la identificación de jueces, fiscales, abogados, notarios, alguaciles, secretarios de tribunales, auxiliares y todo el personal relacionado, pero también a las partes en el proceso, imputados, querellantes, víctimas, actores civiles, así como a testigos e informantes, con las excepciones propias para proteger a menores de edad y personas vulnerables.

El acceso a los expedientes de los casos judiciales, no solo corresponde a las partes en el proceso, sino a cualquier ciudadano y de manera especial a los medios de comunicación, a fin de garantizar el derecho a la información y a la libre expresión. Contrario a este principio, la nueva política establece restricciones para terceros, término que incluye a la prensa y a la ciudadanía.

Participación Ciudadana sostiene que cualquier conflicto entre el derecho a la información y la expresión y el derecho a la intimidad debe, como regla general, ser decidido a favor de la transparencia, sobre todo cuando se involucre a funcionarios y bienes públicos, con las debidas excepciones, que deben ser muy puntuales.

De acuerdo a la nueva normativa del Poder Judicial, la lista de datos personales sujetos al anonimato es tan extensa, que incluye hasta la cédula de identidad y electoral, que es requerida para realizar múltiples operaciones privadas y permite diferenciar personas con el mismo nombre. Esta política pretende ampararse en la experiencia de otros países, olvidando que esos países han alcanzado un nivel de desarrollo institucional, incluyendo al sector justicia, que nuestro país aún no alcanza.

Participación Ciudadana expresa su preocupación porque esta medida se produce en momentos en que el país tiene el gran reto de combatir la corrupción, el crimen organizado, así como delitos tan graves como la trata de personas, el lavado de activos, los feminicidios y la pedofilia, que tanto daño hacen a la sociedad.   Hace un llamado al Poder Judicial para que retire esta normativa, por ser un duro golpe a los esfuerzos que han hecho amplios sectores para sacar a nuestro país de una larga historia de corrupción e impunidad.

De manera especial, preocupa que la política de protección de datos del poder judicial pueda servir de sustento a los jueces para impedir a la ciudadanía y a la prensa el acceso a la información, conquista fundamental en un régimen democrático y en países con bajos niveles de transparencia. 

CONSEJO NACIONAL

26 de noviembre del 2024

En un esfuerzo conjunto por fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el país, Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) realizaron el pasado jueves 21 de noviembre un panel titulado “Compras y Contrataciones Públicas: Aspectos claves para actualizar el marco legal”, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Moderado por la destacada comunicadora Carolina Santana, el evento contó con la participación de representantes de la Cámara de Diputados, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el Commercial Law Development Program (CLDP) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Un diálogo necesario sobre el marco legal vigente

El panel abordó los retos y oportunidades de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, destacando la necesidad de su actualización para adaptarse a las demandas actuales de transparencia y eficiencia.

Temas destacados durante el panel:

El impacto económico de las compras públicas, resaltando la relevancia en la economía nacional y cómo una gestión eficiente puede potenciar el desarrollo económico del país.

Transparencia y lucha contra la corrupción, destacando papel de la contratación pública en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Beneficio para las MIPYMES, ya que la nueva legislación busca incluir mecanismos que promuevan la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procesos de licitación.

Lecciones aprendidas en emergencias, en este caso se exploraron soluciones para mejorar la eficiencia y transparencia en contrataciones realizadas durante situaciones de crisis.

Hacia una reforma integral

Los panelistas coincidieron en que la contratación pública representa una herramienta clave para combatir la corrupción y optimizar los recursos del Estado. Asimismo, destacaron los avances incluidos en el proyecto de ley que se encuentra en discusión en el Congreso, como la incorporación de acuerdos marco y la reducción de costos operativos.

Participación Ciudadana reiteró su compromiso de abogar por un marco normativo más robusto, que garantice el uso eficiente de los recursos públicos y promueva una mayor participación ciudadana en la supervisión de los procesos de compras y contrataciones.

El pasado 2 de noviembre, Participación Ciudadana dio un importante paso adelante en la lucha por la transparencia en el manejo de los fondos climáticos, organizando un evento clave en el marco del Proyecto Gobernanza e Integridad Financiera Climática. Este encuentro reunió a los Comités de Veedores para la Transparencia Climática, un esfuerzo por fortalecer la supervisión ciudadana y garantizar el uso eficiente e íntegro de los recursos destinados a enfrentar el cambio climático.

Durante la jornada, se llevaron a cabo actividades orientadas a establecer una hoja de ruta clara para la supervisión de los proyectos financiados con fondos climáticos. Entre los puntos más destacados, se incluyeron:

• 📜 Presentación de normativas clave: Se revisaron instrumentos legales fundamentales, como el Decreto 188-14, que regula la veeduría en compras y contrataciones públicas, y la Ley 94-20, que fomenta la veeduría ciudadana en educación ambiental. Estas normativas son esenciales para fortalecer la participación y el monitoreo de los fondos.
• 🌐 Conexión con acuerdos internacionales: Los participantes discutieron la importancia de alinearse con iniciativas globales como el Acuerdo de Escazú, que promueve la transparencia ambiental y la participación pública, y el Atlas de la Corrupción de Transparencia Internacional, herramienta que permite identificar riesgos de corrupción en proyectos climáticos.
• 💬 Lanzamiento de la campaña #TransparenciaClimáticaYa: Una iniciativa que busca movilizar a la ciudadanía para exigir una gestión clara y eficiente de los recursos climáticos. La campaña resalta la necesidad de sistemas de monitoreo robustos y la participación activa de la sociedad civil.

La supervisión ciudadana como pilar del cambio

La transparencia en el manejo de los fondos climáticos no es solo una cuestión de administración financiera, sino una herramienta para garantizar que los recursos lleguen a las comunidades más vulnerables. La supervisión ciudadana, liderada por los Comités de Veedores, es clave para prevenir la corrupción, aumentar la eficacia de los proyectos y generar confianza en el manejo de los recursos.

¿Por qué es importante este esfuerzo?

La República Dominicana, como uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, ha recibido financiamiento significativo para proyectos de mitigación y adaptación. Sin embargo, la opacidad y la falta de rendición de cuentas en el manejo de estos recursos representan un riesgo para su efectividad. Este evento y la campaña asociada buscan cambiar esta realidad, asegurando que cada peso destinado al cambio climático cumpla su propósito.

Únete al movimiento por la transparencia climática

El éxito de esta iniciativa depende de todos. Desde Participación Ciudadana, reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Invitamos a toda la ciudadanía a formar parte de esta causa, exigiendo #TransparenciaClimáticaYa.

✊ ¡Juntos podemos garantizar un futuro más justo, transparente y sostenible para la República Dominicana! 🌱

El movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, anunció que entregará el Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2024 al periodista Marino Zapete.

Este galardón se otorga en reconocimiento a su destacada trayectoria en el periodismo de investigación, su constante denuncia de la corrupción y su invaluable contribución a la documentación bibliográfica sobre este fenómeno en el país.

La ceremonia de entrega se celebrará el jueves 12 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el Paraninfo Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana destacó que Zapete ha sido una figura clave en la movilización de la sociedad dominicana contra la corrupción y la impunidad durante más de tres décadas.

A lo largo de su carrera, ha estado involucrado en las principales iniciativas que buscan una gestión pública más ética y transparente, demostrando un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia.

El Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción es creado por Participación Ciudadana, en el año 2009 y  se entrega  en el mes diciembre con motivo del Día Internacional Contra la Corrupción, establecido por la ONU.

Este galardón busca estimular a las personas que dedican esfuerzos extraordinarios a la transparencia en la Administración Pública y al combate contra la corrupción. Además, educa mediante el ejemplo, presentando a la ciudadanía modelos de conducta positiva y resaltando virtudes que deben ser emuladas en la sociedad dominicana.

En años anteriores, el Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción ha sido otorgado a figuras emblemáticas incluyendo a Germán Miranda Villalona, Roque Napoleón Muñoz, Nuria Piera, Alicia Ortega, Fausto Rosario Adames, Miriam Germán Brito, Altagracia Salazar, Milagros Ortiz Bosch, Juan Bolívar Díaz, Mario Arturo Fernández, José Alejandro Vargas, Wilson Camacho,  Yeni Berenice Reynoso y Julio César Canó Alfau. Todos ellos representan un legado de integridad y compromiso en la lucha por una sociedad más ética y transparente.

Consejo Nacional

11 de noviembre de 2024.

En conmemoración de su 31 aniversario, Participación Ciudadana ha otorgado un merecido reconocimiento a dos de sus miembros más dedicados, Porfirio Rodríguez Iriarte y Manuel Pérez Jiménez, al nombrarlos Voluntarios Eméritos. Este homenaje destaca el invaluable aporte de ambos en la construcción de una sociedad más democrática y transparente en la República Dominicana.

Porfirio Rodríguez Iriarte, uno de los fundadores de Participación Ciudadana, ha estado presente desde la primera asamblea en octubre de 1993. Su constancia y participación activa a lo largo de las décadas reflejan su profundo compromiso con los principios y objetivos de la organización.

Manuel Pérez Jiménez, por su parte, se integró desde la primera observación electoral en 1996 y ha desempeñado un papel clave en las capacitaciones ciudadanas y en los procesos impulsados por la institución. Su dedicación ha sido un ejemplo de servicio y apoyo constante a la misión de Participación Ciudadana.

Este reconocimiento subraya la importancia del trabajo incansable y la lealtad de sus miembros, quienes, con su labor, han fortalecido la lucha por la democracia y la transparencia en el país.

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana conmemora su 31 aniversario, reafirmando su compromiso con la institucionalidad democrática, la justicia social, la transparencia y la reducción de la impunidad en la República Dominicana. A lo largo de más de tres décadas, esta organización ha sido un referente en la lucha contra la corrupción y en la promoción de un sistema democrático más justo e inclusivo.

Fundada en 1993 por un grupo de ciudadanos y ciudadanas preocupados por las debilidades institucionales y las amenazas a la democracia, Participación Ciudadana ha trabajado incansablemente para fortalecer la participación ciudadana y exigir la rendición de cuentas por parte de los actores políticos y gubernamentales. A través de los procesos de  observaciones electorales, análisis de políticas públicas y una firme defensa de los derechos ciudadanos, ha logrado posicionarse como una voz respetada en el ámbito de la transparencia y la buena gobernanza.

A lo largo de estos años, la organización ha sido reconocida por su papel en la vigilancia de las elecciones, contribuyendo a mejorar la calidad de los procesos democráticos en el país. Además, su labor ha sido fundamental en la sensibilización de la ciudadanía sobre temas tan cruciales como la corrupción, la justicia y la equidad, trabajando mano a mano con organizaciones nacionales e internacionales para fortalecer la institucionalidad en el país.

Uno de los mayores logros de Participación Ciudadana ha sido su capacidad de aportar en el debate público y en las políticas nacionales a través de estudios, propuestas de reforma y acciones de incidencia que promueven una administración pública transparente y eficiente. La organización ha consolidado su papel como Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, reafirmando su misión de combatir la corrupción en todas sus formas.

Este 31 aniversario es una oportunidad para reflexionar sobre el camino recorrido y para renovar el compromiso de la organización con el futuro de la República Dominicana.

Participación Ciudadana agradece a todos los voluntarios y voluntarias, socios y socias, colaboradores y ciudadanía que han sido parte de esta lucha y reafirma su disposición de seguir trabajando en favor de la transparencia, contra la impunidad, la justicia y la participación ciudadana en el país.

Participación Ciudadana entiende que la designación de Carlos Pimentel como director ejecutivo de la Alianza Público Privada enfrenta cuestionamientos sobre su legitimidad jurídica, así como sobre la conveniencia de distribuir el tiempo y los esfuerzos de un mismo funcionario entre dos funciones que requieren mucha dedicación y tienen retos fundamentales en aspectos tan importantes como la transparencia y la institucionalidad.

No cuestionamos las intenciones del presidente al asignar esta nueva responsabilidad a Carlos Pimentel, ni las de éste al aceptarla, sin embargo, la interpretación sesgada de varios artículos de diferentes leyes no es una buena sustentación para funciones que requieren mucha legitimidad como las asignadas a este funcionario.

Si algo queda claro en la Constitución y varias leyes es que la intención de la legislación es evitar la concentración de varios cargos públicos en una sola persona. En este caso no se trata de cargos de menor importancia, sino de funciones que confrontan permanentemente fuertes y variados intereses, por lo que requieren de absoluta legitimidad.  Si la intención del nombramiento es iniciar un proceso de fusión de estas instituciones, estamos seguros de que Carlos Pimentel realizaría un excelente trabajo desde la DGCP o desde la APP, sin necesidad de ocupar ambos puestos y exponerse a tantos cuestionamientos. 

Tomando como base el Art. 144 de la Constitución de la República; el Art. 19 de la Ley 47-20, de Alianzas Público Privadas; el Art. 80.5 de la Ley 41-08 de Función Pública entendemos que el nombramiento no procede. Aplicarle el concepto de honorífico al cargo de director de Compras y Contrataciones Públicas es un error, ya que la característica del mismo no debe ser variada por un decreto presidencial. A esto se agrega la incompatibilidad que significa ocupar dos representaciones en el consejo directivo de la APP y que ésta, en parte de sus actividades, está sujeta a la supervisión de la DGCP. 

Participación Ciudadana expresa su preocupación por el riesgo de que las funciones de la Dirección de Compras y Contrataciones puedan ser afectadas por esta decisión presidencial y desde ahora expresamos nuestra esperanza de que un nuevo nombramiento en esta posición recaiga sobre una persona que inspire la confianza de la ciudadanía y garantice la continuación y profundización de los cambios que se han realizado en los últimos años.

Consejo Nacional

28 de octubre del 2024

Participación Ciudadana: “El Gobierno debe continuar los esfuerzos por una reforma fiscal integral, que priorice el gasto de calidad”

Participación Ciudadana está de acuerdo con aquellos que consideran necesaria una reforma fiscal integral, pero entiende que el Gobierno no ha hecho todo el esfuerzo necesario para mejorar la calidad del gasto antes de embarcarse en aprobar nuevos impuestos.

Se nos vendió la reforma enfatizando su integralidad, que apuntaba no solo al aumento de los impuestos, sino además y sobre todo a mejorar la calidad del gasto, y hacer esto último en forma prioritaria para reducir el impacto del aumento en los impuestos.

El plan sobre la reforma estaba tan claro que el Gobierno tomó algunas medidas para reducir el gasto público, fusionando algunos ministerios y entidades públicas y tomando algunas medidas dentro de un plan de austeridad, antes de someter su proyecto de reforma fiscal, pero es obvio que las medidas relacionadas con el gasto son insuficientes y restan legitimidad a los esfuerzos por mejorar los ingresos del Estado a través del aumento de los impuestos.

Nadie duda de la necesidad de aumentar los ingresos del Estado, no solo para reducir el déficit que tenemos en nuestro presupuesto año tras año, que se paga con endeudamiento, sino que además el aumento es necesario para que el Estado pueda pagar, aunque sea parcialmente, la enorme deuda social que tiene con los sectores más vulnerables de la población.

El Gobierno, con el apoyo de su mayoría en el Congreso, debe agregar legitimidad a la reforma fiscal reduciendo el uso desconsiderado de dinero público, y existen muchas formas de hacerlo, como, por ejemplo:

1. Tomar medidas que enfrenten con todo el rigor posible y con un régimen de consecuencias adecuado, la evasión fiscal, que se mueve entre el 40% y 50%.
2. Revisar la nómina pública para eliminar a todas aquellas personas que no desempeñan función alguna y están en la nómina para pagar favores partidarios.
3. Eliminar todas las pensiones otorgadas en violación a la ley y reducir aquellas cuyos montos generan indignación.
4. Reducir a la mitad los fondos entregados cada año a los partidos políticos, que desde 1998 han recibido más de RD$28 mil millones de pesos.
5. Reducir los gastos superfluos del gobierno, que son exageradamente altos en partidas como dietas y gastos de representación, en eventos y actividades de entretenimiento, en servicios de internet y televisión por cable, en publicidad y promoción y en electrodomésticos.
6. Reducir los gastos del Congreso, que en los primeros cinco meses de este año han gastado RD$2,251,4 millones de pesos lo que representa el 70% del presupuesto de ambas cámaras, con partidas tales como                           RD$104 millones  en dietas y gastos de representación; RD$258 millones de pesos en gratificaciones y bonificaciones y RD$123 millones en sobresueldos. También deberían eliminar toda partida para asistencia social, como el barrilito, que alcanzó la suma de RD$253,millones cualquiera otra, pues escapan a las funciones de los legisladores de representar, legislar y fiscalizar.
7. Pagar buenos salarios a los cónsules dominicanos, pero ingresando a las arcas públicas todos los fondos recibidos en pago por los servicios que prestan.
8. Reducir la publicidad del Estado, que ya supera los RD$8 mil millones de pesos anuales, a publicidad meramente institucional.
9. Reducir el déficit del sector eléctrico.

Si bien entendemos que en un plazo inmediato no es posible, ni práctico, atender todos los reclamos enumerados, el Gobierno, y el poder político en general, deben comprometerse con la sociedad dominicana con los puntos arriba enumerados, que sí pudiera corregir en el corto plazo, antes o durante la discusión de una Reforma Tributaria. Asimismo, deberán fijarse fechas compromisos en el mediano y largo plazo para atender las demandas restantes.

Sólo en la medida que se logre este compromiso con la sociedad dominicana, en el marco de un pacto Gobierno-ciudadanía, se podría hablar de modificar el sistema tributario agregando mayores cargas impositivas para cubrir la brecha que, probablemente, quedará de todas maneras. Sólo entonces ciudadanía y oposición podrán coincidir en apoyar los ajustes impositivos que fuesen necesarios para evitar que el déficit presupuestario nos obligue a un endeudamiento insostenible.

En ese mismo sentido, es importante que cualquier propuesta de reforma tributaria observe en cada una de sus disposiciones los principios en lo que se sustenta el sistema tributario de la República Dominicana, establecidos en el artículo 243 de nuestra Carta Magna, referente a la legalidad, equidad, igualdad y justicia. Si una disposición no garantiza la equidad, la igualdad o la justicia, no debe ser parte de una propuesta de reforma del sistema tributario y, en gran medida, las disposiciones el proyecto de «Ley de Modernización Fiscal» no se enmarcaban en estos principios por estar fundamentadas en impuestos de características altamente regresivas.

El presidente no debe abandonar los esfuerzos por una reforma fiscal cuando ha dicho que sería una “actitud irresponsable y poco patriótica renunciar a la reforma fiscal que tanto necesita el país y reiteró que se hará con el mayor consenso posible.

Consejo Nacional

24 de octubre de 2024

La falta de cumplimiento de la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio Público se ha convertido en una burla que obliga a las autoridades competentes a actuar y someter a todos al imperio de la ley, aplicando el régimen de consecuencias correspondiente.

Participación Ciudadana y toda la ciudadanía son testigos, una vez más, de la apatía y desidia de la mayoría de los funcionarios públicos en el cumplimiento de su obligación de declarar su patrimonio en el plazo que fija la Ley No. 311-14, que instituye el sistema nacional autorizado y uniforme de declaración jurada de patrimonio de los funcionarios y servidores públicos.

Ya vencido el plazo de 30 días que establece la norma, resulta inaceptable que la gran mayoría de los funcionarios públicos no haya presentado su declaración, incluidos legisladores que deberían ser los primeros en dar el ejemplo de cumplimiento de las leyes votadas por ellos mismos. Esto es especialmente grave cuando conocían, desde su elección el 16 de mayo, que tendrían que presentarla, por lo que no han tenido solo 30 días, sino 120 días.

Algunos legisladores han pedido una extensión del plazo para la presentación, lo que revela su desconocimiento de la ley. Se trata de un plazo fijado por la ley, que no puede ser ampliado por la Cámara de Cuentas, ya que implicaría una violación de la misma.

El reglamento de aplicación de la ley permite una extensión de diez días adicionales, pero solo para aquellos casos en que se haya presentado la declaración de forma incompleta, por lo que no son favorecidos quienes sencillamente no la han presentado.

La ley dispone que, si la declaración no es presentada en el plazo legal pero se presenta con posterioridad, debe ser clasificada como "declaración tardía" y enviada al Ministerio Público para que investigue la causa de la demora.

Declarar los movimientos de la tarjeta de crédito no es un requisito para depositar la declaración. La ley solo obliga a declarar las tarjetas que posea el funcionario público, el límite máximo autorizado y el saldo pendiente a la fecha de la declaración. Si la Cámara de Cuentas está exigiendo movimientos de las tarjetas, debería corregir esta exigencia.

Tampoco es obligatorio detallar los viajes al exterior, aunque sí se requiere depositar una copia del pasaporte, un requisito común cuando se solicita visa en los consulados de varios países, por lo que no debería ser fuente de conflicto.

La norma exige la identificación de los hermanos y padres, pero no la del patrimonio de estos familiares, lo cual sí se exige para el cónyuge o pareja en unión libre si están casados por comunidad de bienes, lo cual es lógico, ya que el funcionario público es copropietario de los activos a nombre de su pareja. No es excusa tener muchos hermanos, ya que solo se solicita su identificación, algo que se presume que cada persona conoce.

Participación Ciudadana hace un llamado a la Cámara de Cuentas y al director de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos para que publiquen en la página web de la Cámara de Cuentas los nombres de los funcionarios públicos que han cumplido con el mandato de la ley, los que lo han hecho fuera de plazo y aquellos que no la han presentado.

También solicitamos a la Cámara de Cuentas informar a la ciudadanía si se ha cumplido con la obligación legal de enviar los casos correspondientes al Ministerio Público y a los funcionarios encargados de aplicar la sanción de retener el salario hasta el debido cumplimiento, sin renunciar a las acciones penales que prevé la norma en caso de falsedad de la información contenida en la declaración.

Solicitamos a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, al Ministerio de Administración Pública, al Ministerio Público, al presidente de la República, a los presidentes de las cámaras legislativas y a las autoridades municipales hacer el esfuerzo necesario para someter a todos al imperio de la ley. Es indispensable aplicar el régimen de consecuencias vigente, que debería modificarse para disponer la inhabilitación para ejercer una función pública a quienes no cumplan con la declaración.

Como parte del observatorio de los casos de corrupción, Participación Ciudadana ha revisado el accidentado tránsito del caso Medusa en la etapa intermedia o audiencia preliminar. El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y otras 40 personas y 22 sociedades son imputadas de estafar al Estado por más de RD$6,000 millones de pesos.

El propósito de este informe es evidenciar lo que NO debe ocurrir en ningún caso en esta fase del proceso penal. Tal como estamos haciendo con otros expedientes, el caso Medusa ha sido sometido a un análisis detallado del proceso para medir la eficiencia del sistema de justicia y prevenir al país ante maniobras que pudieran derivar en situaciones que repitan la historia de impunidad de la corrupción que hemos vivido.

Amplíe más leyendo el documento.

RESUMEN

• La audiencia preliminar tuvo que ser aplazada 94 veces antes de que el juez Amauri Martínez pudiera tomar su decisión sobre el caso. enviando a juicio de fondo a los imputados.
• El motivo principal de la dilación fue la decisión de que se leyera el expediente completo de 12,274 páginas, lo cual se tomó casi seis meses y provocó 45 aplazamientos. El Código Procesal Penal (CPP), solo manda a que en audiencia preliminar se lean las partes relativas a los hechos y su calificación jurídica, que solo tenía 1,300 páginas, que pudieron haberse leído en un mes.
• La recusación de jueces sigue siendo utilizada para dilatar los procesos, llegándose en este caso no solo a recursar al juez, sino además a todos los jueces de la corte que debían decidir la recusación.