El movimiento cívico Participación Ciudadana, la Asociación Internacional de Gestión de Ciudades y Condados (ICMA) y el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) celebraron el miércoles cinco de abril el Foro “Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible” en la ciudad de Santiago de los Caballeros, con el objetivo de debatir localmente sobre los avances y desafíos en la planificación territorial para encarar las situaciones de riesgo frente a eventos extremos.

En el marco del foro, el arquitecto Omar Rancier, encargado de Formulación de Políticas y Planes de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, dictó la Conferencia “Ordenamiento Territorial ¿Por qué ordenar el territorio?” , en la que resaltó la necesidad de “ordenar el territorio para mejorar la vida de los habitantes a través de un ejercicio que permita invertir los recursos públicos en territorios con el potencial para el verdadero desarrollo sostenible”.

También se presentaron los estudios de Vulnerabilidad Climática y de Microzonificación Sísmica del municipio de Santiago, así como los avances del Plan de Ordenamiento Territorial de la localidad. Además, se compartieron experiencias y lecciones aprendidas en los procesos de ordenamiento del territorio y se identificaron los principales retos y desafíos  de la sociedad civil en la construcción de los planes de ordenamiento territorial en los municipios.

Esta actividad, que tuvo lugar en los salones de la Alianza Cibaeña, contó con la disertación de especialistas del ICMA, la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), el Servicio Geológico Nacional, el CIDEL, el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), la Fundación REDDOM y la Fundación Solidaridad. La actividad contó con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil, el Ayuntamiento Municipal y organismos gubernamentales de la provincia de Santiago.

El foro contó con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en el marco de sus programas que buscan reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de las comunidades dominicanas, a través de la mejora de los procesos participativos de planificación territorial, así como la implementación de acciones concretas de prevención de riesgo en el territorio.

Con este foro, las instituciones participantes apuestan a fomentar el diálogo Estado-sociedad y contribuir a la efectiva coordinación de los actores locales involucrados, especialmente las organizaciones de la sociedad civil,  a través del fortalecimiento de sus capacidades de incidencia sobre la planificación del uso del suelo como herramienta clave para un desarrollo social, ambiental y económico sustentable.

Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, organizó el taller sobre “Seguridad Ciudadana, Medios de Comunicación y Justicia Penal” dirigido a periodistas de la región norte del país. La actividad, que se llevó a cabo en la ciudad de Santiago el pasado 18 de marzo, contó con la participación de más de 40 profesionales del área.

La conferencia principal estuvo a cargo del jurista Román Jáquez, juez suplente del TSE y director de la escuela de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santo Domingo, quien reconoció el importante rol que juegan los medios de comunicación para el fortalecimiento de la democracia a través de la vigilancia al desempeño de los poderes públicos.

Sin embargo, advirtió sobre el peligro que alberga para los procesos judiciales la mediatización de la justicia, es decir, cuando la prensa suplanta la función del poder jurisdiccional convirtiéndose en tribunales. Los medios de comunicación deben servir como mecanismo de control para mejorar el sistema judicial, no como sustitutos, sostuvo.

Tras la ponencia central, el abogado penalista Cándido Simón y Francisco Arsenio Jorge, subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección Del Cibao Central de la Policía Nacional,  encabezaron una conferencia-panel en la que debatieron sobre los principales retos de los medios de comunicación, la justicia penal y las instituciones de seguridad del Estado.

Simón se refirió a la responsabilidad ética que deben asumir las y los profesionales de la comunicación. Argumentó que la credibilidad que se le transfiere de manera casi automática a los contenidos difundidos en medios de comunicación, confiere un importante poder a las y los periodistas: “lo que comunica, se asume como verdad”, afirmó. Continuó denunciando que en los medios "hay sicarios del honor que cobran para matar reputaciones con un micrófono". Mientras que Arsenio Jorge habló sobre la Ley Orgánica de la Policía Nacional (Ley 590-16).

En la segunda parte del taller, representantes de la Oficina Nacional de Estadísticas presentaron la ponencia: “Rol de las estadísticas en la investigación periodística”, en la que mostraron a los periodistas como utilizar algunas de las herramientas virtuales de la ONE. La actividad concluyó con la participación de la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, quien explicó los detalles del “Caso Lava Jato, Embraer y Odebrecht: Impacto de la información en el seguimiento de los casos de mega corrupción”.

El movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, en el Día Mundial del Agua abogó por un marco legal que permita el aprovechamiento y conservación de los recursos hídricos, enfatizando en que se trata de una demanda que el sector ambiental sostiene desde hace más de una década.

“Se hace urgente la aprobación de una Ley de Aguas que defina mecanismos para su conservación y uso sustentable a través de políticas públicas integrales; delimite las responsabilidades institucionales con relación a su administración y protección; asegure una gestión consciente y compartida de los recursos hídricos”, señaló.

Ante la perspectiva de una progresiva disminución en el acceso a este derecho, el Estado debe garantizar espacios de reflexión que integren a expertos y actores vinculados a la temática  para lograr un consenso sobre el proyecto de ley, así como motivar su pronta discusión en el Congreso Nacional. Agregó que “la reducción en la disponibilidad de agua debido al aumento en el consumo y a los cambios climáticos nos deben obligar a buscar acuerdos en beneficio de la población y de los intereses del país”.

La organización reiteró el llamado a legisladores y funcionarios a ponerse de acuerdo,  a fin de que para este 2017 República Dominicana disponga de una ley sectorial que efectivice lo establecido en la Constitución dominicana, la cual refiere el agua como “patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida” y afirma que “el consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso”.

Participación Ciudadana socializó los resultados de la consulta sobre seguridad ciudadana realizada en Monseñor Nouel con organizaciones de la sociedad civil e  instituciones del Estado que participaron del proceso. El estudio, coordinado por la antropóloga social Tahira Vargas, abordó como ejes centrales las acciones preventivas e intervención correctiva frente al aumento de la delincuencia en el Distrito Nacional, analizando las distintas expresiones del flagelo en la niñez, juventud, familia, cultura social, organizaciones comunitarias, educación y medios de comunicación.

Participación Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, organizó el conversatorio sobre “Coordinación Interinstitucional en la Investigación de delitos complejos”, a propósito de la decisión del magistrado Alejandro José Alejandro Vargas de declarar el caso Odebrecht de procedimiento para asuntos complejos al precisar un requerimiento procesal de mayor rigurosidad jurídica que el solicitado por el Ministerio Público.

Por el modo de operar del crimen organizado, el Estado y sus agencias deben trabajar de forma planificada y coordinada a los fines de no sólo identificar los responsables de los actos ilícitos sino también desmontar a los cabecillas  de esas redes criminales, informó la organización.

El panelista Olivo Rodriguez Huerta, especialista en derecho administrativo, expuso sobre la complejidad y naturaleza atípica del fenómeno delictivo del lavado de activos.  Argumentó que  “es necesario establecer  un régimen preventivo y sancionador eficaz”.  Reconoció la relación del derecho penal y del derecho administrativo en su relaciones entre la actividad criminal que copta al Estado y el entendimiento del funcionamiento de la administración pública.

En tanto, German Miranda Villalona, procurador adjunto de la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos, se refirió al impacto del lavado de activos en el mercado, explicando que genera distorsión económica, produce cambios inexplicables en la demanda de dinero y provoca una mayor volatibilidad en los flujos de capital, las tasas de interés y los tipos de cambio como consecuencia de grandes transferencias internacionales de activos no anticipados.

A continuación, el magistrado Pelagio Alcantara Sánchez, encargado de la División de Prevención de Delitos del Mercado de Valores de la Superintendencia de Valores, abordó sobre el trabajo que se está realizando en la prevención de delitos de mercado de valores  y en la intervención, cuando es necesario.

Los representantes de la Unidad de Análisis Financiero Saika Rodríguez y Bienvenido Robert Carrero, expusieron sobre el trabajo de inteligencia que se realiza para la prevención de las actividades ilícitas financieras, así como valoraron la importancia de la colaboración interinstitucional para lograr la identificación del flujo del dinero.  Reconocieron las múltiples limitaciones y obstáculos que cada día se identifican para lograr recavar información de interés como, por ejemplo, el secreto bancario o de confidencialidad.

Los participantes destacaron la importancia de garantizar una efectiva cooperación interinstitucional y comunicacional con respecto a las investigación de delitos complejos, al considerar que sólo sobre la base de coordinación se logrará reducir los niveles de intervención del crimen organizado.

Diversas instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil se comprometieron a llevar a cabo las acciones necesarias para fortalecer las políticas de seguridad ciudadana en la provincia de Puerto Plata a través de la firma de un acuerdo conjunto elaborado por el movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional.

El documento integra las recomendaciones sistematizadas a partir del proceso de consulta de la Mesa de Concertación Estado-Sociedad coordinado por Participación Ciudadana, que incluyó a las instituciones firmantes y otros actores de la región, con el propósito de identificar las principales problemáticas relacionadas a la seguridad ciudadana, los desafíos pendientes y las instituciones responsables de dar respuestas oportunas y contundentes.

“La firma de este compromiso surge por la necesidad de dar una respuesta integral a la inseguridad ciudadana, con acciones de prevención e intervención correctiva que articulen de manera intersectorial a las instituciones gubernamentales y del gobierno local, e integre la participación de la sociedad civil”, afirmó la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa.

El acuerdo fue suscrito por representantes de la Cámara de Diputados, Oficina de Defensa Pública de Puerto Plata;   Procuraduría Fiscal; Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Conani); Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); Ministerio de Educación; Cuerpo de Bomberos de Puerto Plata; Ministerio de la Mujer; Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes; Policía Nacional; así como autoridades académicas, líderes de juntas de vecinos y dirigentes comunitarios.

Según la investigación, dirigida por la antropóloga social Tahira Vargas, las principales preocupaciones de la sociedad puertoplateña están vinculadas al alto nivel de atracos y robos,  el auge del microtráfico de drogas, la decadencia del turismo debido al impacto de la inseguridad y los feminicidios.

De acuerdo al diagnóstico, se requieren medidas de prevención más efectivas, que integren programas de formación en derechos humanos y patrones de crianza, programas de salud mental para fomentar la integración y la equidad, y campañas de promoción de hogares dignos y familias sin violencia.

Se hacen también imperiosos mecanismos que aseguren un mayor control sobre los medios de comunicación con respecto a la programación basada en violencia y delincuencia; establecer sistemas de sanciones claros y efectivos; e implementar programas de fomento del empleo hacia la juventud, así como la creación de espacios deportivos y de formación técnica.

Sobre la violencia de género, se propuso generar estructuras de asistencia psicológica y centros de atención para hombres agresores, y desarrollar programas de reinserción escolar para adolescentes y jóvenes de género masculino.

Con respecto a la intervención correctiva, resulta necesaria una reforma integral de la Policía Nacional, que incluya el mejoramiento condiciones laborales de los agentes, un mayor grado de profesionalización, un proceso de depuración policial y mecanismos efectivos de integración Policía-sociedad civil. Asimismo, se sugiere mayor firmeza en la aplicación de la ley y del régimen de consecuencias en el Poder Judicial.

Mientras que para el Ministerio Público se recomienda la integración de fiscales a los problemas y contexto social, el fortalecimiento de las fiscalías barriales, y el sometimiento a la Justicia y destitución de fiscales que violen la ley y que se politicen en sus acciones.

La propuesta de suscribir un compromiso vinculante para todos los actores llamados a dar respuesta a las problemáticas relacionadas a la seguridad ciudadana surgió durante la socialización de los resultados de este proceso de consulta realizado por Participación Ciudadana el pasado 17 de marzo en la Cámara de Comercio de Puerto Plata. La firma se llevó a cabo en el Auditorio del Centro Universitario Regional del Atlántico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CURA-UASD).

El movimiento cívico Participación Ciudadana dio inicio al segundo diplomado sobre “Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana”, dirigido a miembros de organizaciones sociales e instituciones vinculadas a la protección y promoción de los derechos humanos.

El diplomado se propone analizar la problemática de la seguridad ciudadana, entendida no sólo como ausencia de violencia, sino como el aumento de los escenarios fundamentales para la construcción de una convivencia pacífica, en el marco del sistema internacional de derechos humanos, así como del marco jurídico nacional. Aborda, además, el rol del sistema de justicia y la sociedad civil, identificando los mecanismos que se aplican a la protección de los derechos humanos.

De acuerdo a la organización, reflexionar sobre las principales problemáticas relacionadas a seguridad ciudadana en el país y producir conocimientos en torno a estos debates es imprescindible para la formulación de políticas públicas, objetivos, estrategias, planes y programas efectivos y pertinentes.

El Diplomado se llevará a cabo cada sábado de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde durante cuatro meses y contará con la participación de las magistradas Kenya Romero, jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional; Denisse Hernández de la Nuez, jueza del Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago; y Juana Omayra Santana, jueza titular del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Valverde.

También se integrarán como docentes Carlos Pimentel, gerente de Gestión Pública y Transparencia de Participación Ciudadana; Omar Ramos, experto en Derecho Constitucional y Administrativo; Domingo de Prats Ramírez, director Regional del Consejo Nacional de Drogas; y Ramón Estrella, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana – Seccional Santiago.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de la coordinadora del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, Carolina Ramírez, seguida del panel “Conceptos y principios básicos de los Derechos Humanos”, a cargo de la directora ejecutiva de PC, Rosalía Sosa. El encuentro tuvo lugar en el espacio Ercilia Pepín de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto Santiago (UASD-Santiago).

Participación Ciudadana se sumó al paro activo de este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, para demandar que sean garantizados los derechos de todas las mujeres dominicanas. El equipo salió a la calle con pancartas y luego realizó una jornada de reflexión sobre la historia de la lucha por los derechos de las mujeres y los desafíos aún pendientes.

El movimiento cívico Participación Ciudadana proclamó este 2017 como el Año de lucha por el fin de la Impunidad, comprometiéndose a brindar constante apoyo a la Marcha Verde, tras considerar que la única garantía para revocar las elevadas tasas de corrupción en el país es la presión masiva y persistente de la sociedad.

Así fue declarado en el marco de la celebración de su XXIII Asamblea General Ordinaria, realizada en el Salón de Actos del Convento de los Dominicos, en la que las y los miembros activos de la organización participaron del proceso de evaluación y planificación anual, y seleccionaron cuatro de doce integrantes del Consejo Nacional, órgano máximo de dirección que ostenta la representación de la organización cívica.

En el acto de proclama, se determinó priorizar la promoción de conciencia sobre “las graves implicaciones sociales, económicas e institucionales de la corrupción en todas sus expresiones y de la impunidad que la fomenta”, así como de los principios constitucionales y legales que proscriben y sancionan estos flagelos. También se decidió promover la creación de un Comité Jurídico que se constituya en parte civil acusatoria en casos documentados de corrupción.

Asimismo, se reafirmó el compromiso de “elevar la presión por la aprobación de las tantas veces aplazadas reformas políticas y electorales llamadas a establecer límites a la malversación de los recursos públicos, al rentismo y el clientelismo corruptor, a regular efectivamente y transparentar la gestión partidista y las campañas electorales”.

La coordinadora general, Josefina Arvelo, hizo un recuento de las principales acciones y avances de 2016, destacando el importante rol del movimiento en el proceso de observación en las pasadas elecciones, en el que participaron 2,377 voluntarias y voluntarios. Resaltó además las demandas por mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Se refirió igualmente a las múltiples acciones de incidencia y educación para la defensa y fortalecimiento de la justicia y la seguridad ciudadana, así como para la transparencia e integridad en la gobernabilidad financiera.

Informó que en el pasado año se celebró el décimo aniversario del programa Casa Comunitaria de Justicia (CCJ), desde el cual se impulsa la creación de centros de mediación y conciliación en distintos puntos del territorio nacional  para contribuir a la construcción de una cultura de paz y seguridad ciudadana. En 2016 se inauguró la 9na Casa Comunitaria de Justicia y se logró beneficiar a 46,224 personas, para un alcance de más de 257,000 beneficiarias y beneficiarios en el período de vida del proyecto.

Reconoció la labor de los integrantes de la Red Regional de Seguridad Ciudadana y el impacto del Plan de Prevención contra la delincuencia y el Crimen que está implementando la organización en Cienfuegos y en Las Caobas,  e  invitó a cada miembro, voluntario  o  ciudadano preocupado por la inseguridad a trabajar de manera activa para lograr la reforma y modernización de la Policía Nacional, el fortalecimiento y la independencia del sistema de justicia, instituciones  importantes en la protección y salvaguarda de los derechos de la ciudadanía.

Arvelo también enumeró los nuevos acuerdos firmados con diversas instituciones como: el Centro de Orientación Integral (COIN), el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (CONADIS); el Centro de Promoción y Solidaridad Humana (CEPROSH), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la Fundación Sur Futuro y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Finalmente felicitó al voluntariado de Participación Ciudadana “por su entrega incondicional a la organización y por su pronta respuesta en los momentos más difíciles”, así como a las y los integrantes del Consejo Nacional, al Equipo Técnico y la Dirección Ejecutiva.

Durante la Asamblea se eligieron como nuevos miembros del Consejo Nacional Ángela Calvo, Sonia Díaz, Pedro Acevedo y Miguel Collado, quienes pasaron a sustituir a las y los integrantes salientes Cándido Mercedes, Josefina Arvelo, Somnia Vargas y Luis Sánchez Limardo.

Participaron también del encuentro la directora ejecutiva Rosalía Sosa, así como los miembros del Consejo Nacional Juan Bolívar Díaz, Fátima Lorenzo, Nelly Heredia, Argentina Gutiérrez, Alcibíades Moreta, Marisela Duval y Julio César Urbaez.

El movimiento cívico Participación Ciudadana desarrolló el panel “El Ministerio Público y la Cooperación Internacional en la Persecución del Crimen y el Delito” el martes 21 de febrero, para debatir sobre el rol de las misiones de apoyo internacional en Guatemala y Honduras en las investigaciones relacionadas a los casos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht.

La coordinadora general de Participación Ciudadana, Josefina Arvelo, reafirmó la importancia de esta discusión para el país en un momento en el que miles de dominicanos y dominicanas acuden a firmar el Libro Verde por el Fin de la Impunidad para demandar la conformación de una comisión de fiscales independientes, con acompañamiento técnico de las Naciones Unidas, que investigue todo el entramado delictivo relacionado con las operaciones de la constructora en República Dominicana.

“Luego de analizar el funcionamiento, competencia, misión, como las características de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el contexto social, político e institucional que le dieron origen, vale la pena pensar en un órgano de esta naturaleza en el país,  para apoyar la prevención y persecución de la corrupción en la República Dominicana”, sostuvo.

Calificó como deficiente el desempeño del Ministerio Público y el Poder Judicial en la persecución y sanción de la corrupción, enfatizando en la necesidad de fortalecer estas instancias, “para dotarlas de las capacidades, herramientas, entereza e integridad, y de esa forma poder desenmarañar las redes de la corrupción y el crimen que han penetrado todas las estructuras del Estado”.

Esta misión de acompañamiento técnico funcionaría como un órgano autónomo que brindaría apoyo a los fiscales independientes designados para la investigación del caso de Odebrecht. Asimismo, aportaría recursos técnicos al Ministerio Público para investigar, procesar y enjuiciar con robustas acusaciones en los casos complejos de corrupción pública-privada.

En el panel participaron Carlos Hernández, director ejecutivo de Asociación para una Sociedad más Justa, capitulo hondureño de Transparencia Internacional; Juan Jiménez, vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (MACCIH) con el auspicio de la OEA; y Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional.