El año 2019 se caracterizó por un predominio casi absoluto de los temas políticos electorales. Desde la aprobación de la Ley 33-18 de partidos, movimientos  y agrupaciones políticas en agosto del 2018 y de la Ley 15-19 sobre Régimen Electoral en el mes febrero, el país estuvo envuelto en constantes discusiones y preparativos para la celebración de las primarias del 06 de octubre. Al término del año, todavía dominan la incertidumbre sobre el cumplimiento de estas leyes y las posibilidades de que la democracia salga fortalecida en los comicios de febrero y mayo del 2020.

Entre los elementos positivos en el ámbito político institucional se destacan:

• Participación Ciudadana valora las decisiones del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional, respecto a errores y violaciones de derechos contenidas en la Ley 33-18, tales como: las reservas de candidaturas, el voto de arrastre, campaña negativa, método de elección de los candidatos y negación a los nuevos partidos de la posibilidad de alianzas. En todos estos casos, las decisiones fueron a favor de los derechos ciudadanos, medida que contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y que agrega un elemento de confianza en el sistema electoral.

• La creciente presión ciudadana y de la prensa nacional a favor del mejoramiento de la calidad de los procesos democráticos y electorales en el país. Este año se fortalecieron las demandas por unas elecciones limpias, equitativas y transparentes. Estas presiones fueron las que impidieron que se introdujera una nueva reforma constitucional con el objetivo de repostular al Presidente Danilo Medina Sánchez. Con vistas a las elecciones del 2020 han surgido varios grupos y propuestas que propugnan por un cambio en la cultura del abuso de los recursos públicos a favor del continuismo, el fraude y la violación de las leyes. La sociedad civil ha puesto a circular un Manifiesto Ciudadano por un Sistema Electoral Transparente, a través del cual coordina las acciones para una participación efectiva.

Dentro de los elementos negativos sobresalen: 

• La mitad del año en intentos reeleccionistas. A pesar de que la Constitución de la República lo prohíbe, seguidores del Presidente Danilo Medina sometieron al país a un intenso debate sobre la posibilidad de eludir esa prohibición o de realizar una reforma constitucional para permitir una segunda reelección presidencial. Esto distrajo la atención y abrumó a la ciudadanía por más de un año, lo cual impidió además que se despejara el panorama al interior del partido de gobierno y creó un ambiente de incertidumbre ante las amenazas de imponer la fuerza del poder y del dinero. Al fin, la sensatez se impuso y el Presidente Medina anunció el 22 de julio que no intentaría una nueva reelección, permitiendo que su partido se abocara a la preparación de las primarias y que surgieran varias candidaturas.

• Limitaciones al voto de los dominicanos en el exterior, tanto por las pocas opciones que se ofrecieron para la inscripción en el padrón así como por el cierre prematuro del plazo.

• Proselitismo a destiempo y precampaña desigual. A pesar de las normas establecidas en la Ley 33-18 y de las facultades reforzadas de la Junta Central Electoral (JCE), las primarias de los partidos se convirtieron en una elección nacional con características, tiempos y gastos semejantes a las nacionales y contrarias a los anhelos  de un sistema electoral más avanzado y justo. Las normativas relativas a la propaganda, el activismo público, los plazos y el gasto fueron violentadas de manera notoria, fundamentalmente por el partido y los precandidatos oficiales. La JCE dictó la Resolución 10-2019 que suspendía la actividad política en el período previo a la precampaña luego de la denuncia que le hiciera Participación Ciudadana, pero estas continuaron en franca violación a la Ley Electoral y a la Ley de Partidos. Producto del desbordamiento, el órgano electoral emitió una nueva resolución, numerada 11-2019 que ordenaba la suspensión de la publicidad política y retiro inmediato de toda la propaganda electoral, la cual solo fue cumplida de manera parcial.

• Todo el gobierno lanzado a la campaña en favor del precandidato del Presidente. Al igual que en las últimas elecciones nacionales, las primarias se caracterizaron por la participación del gabinete completo y centenares de funcionarios públicos como coordinares regionales de la campaña del candidato oficial en uso claro de los recursos públicos. La división interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la intervención directa del Presidente Danilo Medina y de todo el aparato estatal a favor de un precandidato convirtieron las primarias en un proceso muy difícil y cuestionado con el resultado final de la división de ese partido y la renuncia del ex Presidente Leonel Fernández, quien ha sido postulado para el 2020 por el Partido Fuerza del Pueblo (PFP), anteriormente Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD). Aún se está a la espera de la decisión de las altas cortes sobre la aceptación de esta postulación. 

• Excesivo gasto en campaña de las primarias. Las elecciones dominicanas siguen siendo muy costosas con el agravante de que una parte de los recursos salen del uso ilegal del presupuesto nacional en favor de candidatos oficialistas. Las primarias de los partidos no fueron una excepción, sino que por el contrario aumentaron el gasto con relación a años anteriores. 

• Denuncias de fraude. Las denuncias de Leonel Fernández de que había sido víctima de fraude y que se había adulterado la voluntad popular en la transmisión de los datos de los equipos electrónicos se convirtió en un elemento que empañó el proceso y dejó incertidumbres que todavía no han sido esclarecidas. 

• Voto automatizado no logra confianza y consenso. El voto automatizado utilizado en las primarias fue exitoso en cuanto a la rapidez de la transmisión de resultados, pero no pasó la prueba de confianza luego de que se produjera un cambio en la tendencia y de que decenas de miles de personas en la región sur votaran en horas de la noche después del horario establecido.

• A pocos días de finalizar el año la situación del voto automatizado es incierta, ya que se ha requerido una auditoria, la cual debió realizarse desde principios del 2019 y hasta el momento no ha iniciado, teniendo de cara las elecciones municipales en el mes febrero y las presidenciales y congresuales en mayo del 2020.

La corrupción sin castigo sigue siendo la norma en el 2019

Ninguno de los casos más sonados en los últimos años ha sido objeto de sanción en los tribunales, mientras el Ministerio Público, y en especial la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción (PEPCA) no cumplen con su responsabilidad de investigar y perseguir las innumerables denuncias y evidencias de corrupción que son de conocimiento público.

Otro ejemplo de corrupción sin castigo lo constituye el pobre trabajo realizado por la Cámara de Cuentas, órgano que fue creado para auditar las cuentas públicas y que no ha generado ningún avance en la detección y persecución de la corrupción. Las instituciones que más recursos manejan no han sido auditadas en los últimos años y el escandalo más significativo; el de ODEBRECHT, sigue a la espera de que se verifiquen las sobrevaluaciones de obras confesadas por la misma empresa.

Durante el 2019, Participación Ciudadana dio seguimiento a los siguientes casos:

• Hospital Dr. Darío Contreras
• Hospital Dr. Luis E. Aybar
• Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE)
• Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)
• Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)
• Consejo Estatal del Azúcar (CEA)
• Caso Diandino Peña
• Los aviones Tucanos
• Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)
• ODEBRECHT

En este año, los casos de corrupción visibilizados en los medios han sido significativos, resaltando los siguientes:

• El caso de ODEBRECHT y los Codinomes. Documentos dados a conocer por un grupo de periodistas de investigación de varios países, auspiciados por Transparencia Internacional, mostraron que en la República Dominicana 28 personas recibieron 39.5 millones de dólares como sobornos por Punta Catalina y otras cinco obras realizadas en el  gobierno del actual presidente, Licenciado Danilo Medina Sánchez. La actuación del Ministerio Público en este caso ha sido nula, a pesar de que tiene la posibilidad de acceso a los nombres de las personas que recibieron esos sobornos.
• La sobrevaluación del Hospital José María Cabral y Báez de Santiago.
• La sobrevaluación del Hospital Luis Eduardo Aybar, la cual comenzó con una licitación de 699 millones de pesos y ya asciende los 14,522 millones de pesos.
• El enorme nepotismo en las instituciones públicas que quedó documentado en dos entregas realizadas por la periodista Nuria Piera.
• Licitación Compañía de Seguridad de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) del 20 de mayo del presente año.
• Fideicomiso Ciudad del Sol del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en Punta Cana.
• La denuncia del periodista Marino Zapete sobre la firma de contratos de grado a grado entre el entonces Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, y hoy candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo y la señora Maybeth Virginia Rodríguez, hermana del Procurador General de la República, y además empleada de la Oficina de Ingenieros Supervisores del Obras del Estado (OISOE), por un monto superior a mil millones de pesos.
• El caso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones documentado por la periodista Alicia Ortega sobre la asignación de grado a grado de hormigón asfáltico caliente a varias empresas por un monto de RD$11,500 millones de abril a septiembre del presente año. Hay que advertir que para esa vertiente solo había sido asignado RD$2,500 millones para todo el 2019. Se violaron la Ley de Presupuesto 423-06 y la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios 340-06.

Todos los estudios dados a conocer en el año 2019 confirman la posición de la República Dominicana, la cual es considerada como uno de los países con más altos niveles de corrupción del mundo. Así lo establece el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional donde el país sacó un 30 de 100 puntos en materia de percepción de corrupción. El Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional en América Latina y el Caribe pone en evidencia como la falta de integridad política amenaza la democracia. En el referido informe, la República Dominicana queda en segundo lugar de 18 países, entre los peores en materia de soborno.

El Índice de Competitividad Global del Foro Económico, evaluó 141 países, obteniendo la República Dominicana un promedio general de 78 de 141. Sin embargo, en materia de corrupción el resultado es de 110 con una desviación negativa con respecto al promedio de 70.

En el estudio de OXFAM Autopsia Fiscal, se pone de manifiesto cómo se dilapida, dispendia y malversan los fondos públicos. Resalta el referido estudio que las expectativas de irregularidades para el 2019 en materia monetaria, serían por RD$154,000 millones, equivalente a 3.4% del Producto Interno Bruto (PIB). Revela que anualmente la sociedad dominicana pierde RD$41,000 millones en corrupción.

El estudio Barómetro del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) en su más reciente informe “Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana y en las Américas 2018-2019” establece altos índices de victimización de la población  por corrupción de los funcionarios públicos.

La economía dominicana en el 2019

El año 2019 estuvo marcado por un menor crecimiento económico, mayor depreciación del tipo de cambio y continuación del incremento de la deuda pública. La combinación de incertidumbre institucional y política que caracterizó el 2019 incidió sobre el desempeño de la economía de la República Dominicana. Los planes de modificación de la Constitución afectaron las decisiones de inversión de los agentes económicos. De igual forma, el proceso de primarias partidistas, y las reacciones posteriores que este acarreó, representó otro elemento que incidió sobre la incertidumbre económica. Menor actividad económica y depreciación del tipo de cambio fueron elementos atribuibles, en parte a la incertidumbre generada por los procesos citados.

Otro efecto importante sobre la economía dominicana estuvo relacionado con la caída de la actividad del sector turístico durante el 2019. El factor que detonó la reducción en la actividad turística fue la disminución en la llegada de visitantes como consecuencia de la cobertura mediática de algunos medios de prensa extranjeros de hechos que involucraron a nacionales estadounidenses en hoteles locales. La manera como las autoridades del sector manejaron los casos en sus inicios contribuyó al mayor deterioro de la imagen del destino turístico. Aunque se hacen esfuerzos para recuperar la imagen de la República Dominicana en el exterior, el impacto económico es notable en la principal industria generadora de divisas del país y la de mayor encadenamiento productivo. El turismo procedente de los Estados Unidos y de Canadá, ha sufrido una reducción significativa con relación al año 2019, la cual se ve reflejada en la ocupación hotelera de los principales polos turísticos del país.

En la segunda mitad del año el Banco Central de la República Dominicana trató de compensar la pérdida de dinamismo de la economía por medio del aumento del crédito interno. El instrumento empleado fue la liberalización de RD$34,000 millones del encaje legal de las instituciones de intermediación financiera. Estos recursos fueron destinados a diversos sectores de la economía a una tasa de un 9% anual para préstamos de seis años. La política de préstamos a tasas bajas es una medida temporal, sin efecto en los fundamentos de la economía, cuyo impacto solo será transitorio. A pesar de la medida, la economía terminará con un crecimiento menor al experimentado en el 2018.

Con relación al clima de negocios, el informe Doing Business presentado en el 2019 mostró que la República Dominicana se encuentra rezagada en reformas para mejorar las condiciones para el emprendimiento empresarial. Actualmente el país ocupa el puesto número 115 entre las 190 jurisdicciones evaluadas a nivel mundial. Esa posición relativa dentro del ranking mundial representa una pérdida de trece peldaños con respecto al informe publicado en el 2018. Los resultados señalan que las reglas de juego que imperan en la economía dominicana afectan negativamente a los emprendedores e incentivan a operar fuera de ellas. Es decir, continúan las condiciones que motivan a invertir dentro de regímenes tributarios especiales que conceden privilegios a quienes se acogen a estos. De igual forma, las mismas reglas de juego estimulan el establecimiento de procesos productivos dentro de la informalidad, es decir fuera del complejo, oneroso y discrecional sistema imperante.

La política fiscal ejecutada durante el año 2019 continuó el preocupante curso de años anteriores. Era previsible que los ingresos tributarios fueran menores al monto presupuestado, ya que ha sido una práctica constante la sobreestimación de estos dentro de las leyes de presupuesto de años recientes. En adición, los ingresos fiscales disminuyeron con respecto al presupuesto como consecuencia de la desaceleración de la actividad económica. A pesar de la caída en las recaudaciones, el gobierno no realizó ajustes en el gasto público con la intención de por lo menos, mantener el déficit en el nivel presupuestado. En la modificación a la Ley No. 61-18 de Presupuesto General del Estado, aprobada por el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo solicita apropiaciones nuevas de gastos superiores a los RD$10,185 millones. Como resultado del mayor gasto y la disminución en los ingresos fiscales de más de RD$14,100 millones, el déficit fiscal del Gobierno Central será superior al presupuestado en cerca de RD$24,300 millones de acuerdo a la ley antes mencionada de "presupuesto complementario". De esta forma, el déficit alcanzará aproximadamente la cifra de RD$100 mil millones, siempre de acuerdo con las estimaciones oficiales.

El resultado final de la política fiscal del año 2019 será un crecimiento mayor al previsto en la deuda pública. Por un lado, el monto de la deuda crecerá en por lo menos US$1,950 millones para financiar el déficit de casi RD$100,000 millones en el resultado presupuestario del Gobierno Central previsto por las autoridades. Por otro lado, de acuerdo con la modificación a la Ley de Presupuesto de 2019 aprobada por el Congreso Nacional, el sector eléctrico requerirá que el Ministerio de Hacienda asuma una nueva deuda equivalente US$1,750 millones para sustituir pasivos de corto plazo contratados en el año por las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES). Es decir, que las necesidades de una nueva deuda pública para el año 2019 son equivalentes a por lo menos US$3,700 millones o RD$190,000 millones.

La forma como fue manejada la política fiscal durante el 2019 evidenció la necesidad de mayor disciplina y de reglas fiscales, sobre todo por el ritmo al que está creciendo el endeudamiento. Es preocupante que la deuda pública consolidada se mantenga a niveles cercanos al 53% del PIB (incluyendo la deuda intergubernamental), sin embargo, ocasiona mayor alarma que el gasto en intereses de la deuda sobre los ingresos tributarios sea cada vez mayor y se sitúe cercano al 24%. Es decir, el ritmo de endeudamiento público mantiene comprometida una porción considerable de los ingresos tributarios, y en consecuencia a la misma política de gasto público del gobierno.

El elemento más positivo del 2019 sigue siendo el crecimiento de las remesas de los dominicanos en el exterior, las cuales se han constituido en la principal fuente de divisas del país, alcanzando en este año una suma superior a los US$6,500 millones.

La justicia sigue débil y con pocos resultados

En el 2019, la calidad e independencia del sistema judicial dominicano  continúan siendo una tarea pendiente. Acontecimientos ocurridos durante el presente año, tales como el proceso de elección de jueces a las altas cortes, el caso ODEBRECHT, el acceso equitativo a la justicia, la persecución del crimen organizado, entre otros,  así lo demuestran, sin ningún tipo de reacción de los poderes públicos.

El maltrato por parte del Procurador General de la República a la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, durante la evaluación de su desempeño en la sesión del Consejo Nacional de la Magistratura, concitó un gran repudio y empañó el proceso de elección de los jueces de las altas cortes. Las imputaciones del Procurador General, abusando de su poder contra la  magistrada Miriam Germán Brito mostraron profundas y estructurales debilidades del sistema de selección que a manera de espectáculo violó la Constitución,  el debido proceso, el  Reglamento para la Evaluación del Desempeño de los Jueces de la Suprema Corte de Justicia y el Reglamento 1-17 de la Ley No. 137-18. El reconocimiento de espionaje de la vida pública y privada de la jueza Miriam Germán Brito, reafirmó las acciones en el país con respecto a las intervenciones telefónicas vulnerando el derecho a la intimidad y privacidad no solo de la ciudadana, sino de muchos hombres y mujeres sin ningún tipo de consecuencias.

El tratamiento del escándalo ODEBRETCH sigue siendo totalmente insatisfactorio para la sociedad dominicana. Desde sus inicios, el expediente ha sido evidenciado como incompleto, tanto en la cantidad de implicados como por la exclusión del financiamiento de campaña y la sobrevaluación de las obras. Contrario a los demás países del continente donde esta empresa realizó las mismas prácticas y donde hay mucha gente acusada y condenada, en la República Dominicana este caso se perfila como uno más de la larga lista de impunidades.

Después del juicio preliminar de seis imputados en el caso ODEBRETCH, el pleno de la Suprema Corte de Justicia está inmerso en el conocimiento de uno de los procesos más graves de gran corrupción no solo en la República Dominicana sino de toda América Latina, el cual se encuentra envuelto en peticiones, excepciones, incidentes procesales planteados por los seis imputados y deliberaciones de la alta magistratura.  La afirmación de la magistrada Miriam Germán de que ese expediente no cuenta con los medios probatorios para una condena es la sentencia anunciada para prever la suerte de ese proceso, en el cual no son todos los que están ni están todos los que son. En donde los grandes ausentes son los funcionarios públicos vinculados a los periodos en que la empresa ODEBRECHT trabajó en la República Dominicana, incluyendo a los del presente gobierno.

Los niveles de percepción negativa sobre el sistema de justicia dominicano siguen siendo altos, conforme al Barómetro de las Américas 2018-2019. Entre un 35.4% y un 20% de los encuestados confía nada o poco, respectivamente, en el sistema de justicia. Además, apenas un 42% de los dominicanos considera que las cortes realizan un juicio justo. El más reciente estudio del Latinobarómetro 2018 presentó niveles de confianza institucional aún más bajos que el Barómetro de las Américas. La confianza en el Poder Judicial dominicano se sitúa en un 21%, según el estudio.

El acceso equitativo y oportuno a la justicia constituye un elemento primordial para la garantía de los derechos y libertades fundamentales, sin embargo, la mora judicial y la falta de cumplimiento al debido proceso siguen siendo retos del Poder Judicial en áreas claves como la justicia penal, civil y laboral.

En otra línea, afrontar de forma efectiva las acciones del crimen organizado desborda las capacidades del Ministerio Público y lo relega a una investigación y persecución reactiva y no proactiva. Según Insight Crime “Cada semana llegan a aguas dominicanas unas tres lanchas rápidas, llevando entre 700 kilos y una tonelada de cocaína. El crimen organizado logra transportar y exportar los cargamentos de droga con relativa facilidad y seguridad, lo que sugiere que existe corrupción en los altos niveles de los organismos de seguridad”, sin embargo, no se aplica un sistema de consecuencias para los que incurren en la comisión de esos delitos y que envié un claro mensaje a la sociedad de tolerancia cero a las acciones de narcotráfico y delitos conexos. Así lo confirma el “desmantelamiento” de la red de narcotráfico que supuestamente dirigía el nombrado "César el Abusador", que puso de relieve la incapacidad del sistema de justicia de perseguir las complicidades sociales y estructurales que solapan las acciones del crimen organizado.

Por otro lado, durante todo el 2019 quedó evidenciado que la asignación de un presupuesto mayor a todo el sistema de justicia es impostergable para la protección efectiva de los derechos y mantenimiento del orden civil, situación que no solo afecta al Poder Judicial y al Ministerio Público, sino también a la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) donde se reporta una importante reducción del personal capacitado, por la enorme carga laboral y los bajos salarios, obligándose a la contratación de personal no formado con la rigurosidad exhibida en otros años. A la par se ha reportado debilidad en la supervisión y control de las actuaciones de los defensores públicos, observándose viejas prácticas prohibidas de solicitar con distintas tácticas un pago adicional a los defendidos.

Por último, se continúa a la espera de que sea colocado como agenda pública prioritaria  la migración al nuevo modelo penitenciario de los reclusos y reclusas del modelo tradicional, cuya población se encuentra en hacinamiento, siendo un escenario para la vulneración de derechos y la dignidad de las personas.

 Consejo Nacional
18 de diciembre del 2019

Participación Ciudadana, Capítulo dominicano de Transparencia Internacional, entregó el “Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2019” al periodista Juan Bolivar Díaz Santana. Este reconocimiento fue creado por PC para ser entregado a un dominicano/a ejemplar de comprobada integridad, probidad y seriedad.

El reconocimiento tiene además el objetivo de educar mediante el ejemplo, presentando a los ciudadanos y ciudadanas modelos positivos de conducta a ser emuladas y resaltar las virtudes ciudadanas que predicaron los fundadores y héroes de la República.

Son elegibles para este reconocimiento ciudadanos y ciudadanas dominicanos o residentes en el país que hayan dedicado parte de su vida al combate a la corrupción, que sean ejemplo de conducta ética y/o que hayan hecho una contribución significativa en este campo.

Para la entrega del reconocimiento el Consejo Nacional de PC tomó una resolución de fecha 7 de noviembre del 2019, en la cual se acoge la recomendación de la Comisión Evaluadora, atendiendo a las ponderaciones recibidas y tomando en cuenta las bases del Reconocimiento a la Integridad y la Lucha Contra la Corrupción

La organización considera que el propósito fundamental de este reconocimiento es el de estimular a las personas que dedican esfuerzos extraordinarios a luchar por la transparencia en la gestión pública y el combate a las diferentes manifestaciones de corrupción.

PC entiende que Juan Bolívar Díaz Santana reúne todas las valoraciones exigidas para su selección, por representar el más elevado ejemplo de voluntariado, persistente y sin desmayo, entregado a la promoción de los principios, valores y programas de lucha contra la corrupción. Además, su larga trayectoria en los diferentes escenarios públicos y privados, principalmente en los medios de comunicación donde asumió diversas responsabilidades, fundamentado en su excelencia profesional y, por otras cualidades, entre las que se cuentan su integridad, valentía, responsabilidad y generosa entrega, que le ha ganado el reconocimiento como una de las voces más influyentes y respetadas en el combate a la corrupción, la impunidad, la defensa de la democracia y la justicia social.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana entiende que, por su trayectoria, Juan Bolívar Díaz Santana tiene los méritos suficientes para recibir el Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2019, por su trayectoria de toda una vida caracterizada por la integridad, el apego a los principios democráticos y por ser un referente moral para el pueblo dominicano.

Consejo Nacional
9 de diciembre del 2019
Día Internacional contra la corrupción

Santo Domingo, República Dominicana. El Movimiento Cívico Participación Ciudadana, inició este lunes los encuentros con los candidatos y candidatas que aspiran a la alcaldía de sus localidades en los comicios de febrero de 2020, con el objetivo de trabajar en la construcción de una agenda municipal orientada a resultados que permitan encaminar un desarrollo local sostenible e inclusivo.

Durante estos encuentros, los representantes de los diferentes partidos políticos se comprometieron, a través de la firma del Pacto por la Gobernabilidad Democrática en el ámbito municipal a encaminarse a la formulación y ejecución de políticas públicas que contribuyan a la mejora de la vida de los munícipes, colocando sus mayores esfuerzos en elevar la calidad de la gestión municipal en la planificación, administración y fiscalización del gobierno local.

El primero de estos encuentros se desarrolló la tarde de este lunes en la provincia de Azua, espacio en el cual los candidatos a la alcaldía en esta localidad Joselin Melo del Partido Alianza País y Rafael Hidalgo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se comprometieron a desarrollar un ejercicio de buen gobierno apegado al mandato de la Constitución y las leyes, así como a promover el fortalecimiento y la creación de herramientas y normas municipales que garanticen la participación de las organizaciones sociales, de mujeres, hombres y jóvenes en igualdad de condiciones en las instancias de toma de decisiones.

El Pacto por la Gobernabilidad Democrática en el ámbito municipal es una iniciativa que forma parte de las acciones que realiza el Movimiento Cívico en el marco de su programa de Observación Electoral 2020, y que durante las próximas semanas se estará desarrollando con los diferentes los candidatos y candidatas a la alcaldía municipal.

Consejo Nacional
02 de diciembre de 2019

Santo Domingo, República Dominicana. El Consejo Nacional de Participación Ciudadana, expresó la tarde de este martes su rechazo enérgico a la presión, acoso y chantaje que reciben los periodistas que asumen en su ejercicio profesional los principios de libertad, democracia y la lucha contra la impunidad y la corrupción.

La organización de la sociedad civil reiteró mediante un comunicado de prensa que se debe iniciar una investigación sobre la denuncia realizada por el abogado Jorge Luis Polanco, y de la que se hizo eco, además el periodista Marino Zapete, la cual documenta que la hermana del Procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, la señora Maybeth Virginia Rodríguez, firmó en representación de una empresa varios contratos de grado a grado con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), representado por el  Ministro Gonzalo Castillo, hoy candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), habiendo recibido dicha empresa desembolsos por más de mil millones de pesos por concepto de asfaltado de calles y un desembolso por cien millones de pesos por concepto de construcción de una carretera.

Carlos Pimentel, director ejecutivo del Movimiento Cívico, manifestó que la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de la democracia, por lo que no puede llamarse libre o democrático un país en el que los periodistas sean amenazados y perseguidos por denuncias de corrupción, sobre todo si se aportan elementos que obligan a una investigación. “El espacio de la prensa independiente se ha visto reducido de manera muy notable en estos últimos años y ningún dominicano puede mostrarse indiferente frente a esta situación”, aseguró Pimentel.

Desde Participación Ciudadana levantamos nuestras voces por la libertad de expresión. Respaldamos al periodista Marino Zapete, así como a todos los que han sufrido los embates del autoritarismo y la intolerancia de quienes pretenden perpetuarse en la corrupción y la impunidad, al tiempo que exigimos al Procurador Jean Alain Rodríguez detener intimidación y el acoso hacia la clase periodística de la República Dominicana.

Consejo Nacional

03 de diciembre del 2019

Santo Domingo, República Dominicana. El Movimiento Cívico Participación Ciudadana consideró que la Resolución 033-2019, dictada por la Junta Central Electoral (JCE) es insuficiente y poco eficaz para controlar el uso de los recursos públicos y la abusiva participación de los funcionarios del gobierno en las campañas electorales.

El director ejecutivo del Movimiento Cívico, Carlos Pimentel, aseguró que la interpretación que hace la JCE, otorgando carta abierta a los funcionarios fuera de su horario laboral, no es útil para controlar a los más altos funcionarios del Estado, incluyendo al Presidente de la República, ministros, directores generales y cualquiera que maneje recursos públicos. Tampoco para los alcaldes, gobernadores, presidentes de cámaras del congreso, entre otros. “Estos funcionarios no tienen horario fijo y dondequiera que se mueven, no solo van con escoltas y un despliegue de recursos a su disposición, sino que además comprometen el presupuesto con promesas y dadivas, aprovechándose de las múltiples necesidades de la población”, afirmó Pimentel.

A lo largo de toda la historia de la nación este ha sido uno de los elementos que ha afectado la democracia. Funcionarios públicos de todos los niveles que se han prevalido de su poder para incidir en favor de los candidatos de su partido. “Participación Ciudadana desde su fundación se ha pronunciado contra esa práctica, y por eso propugnó por su prohibición en la Constitución de la República la Ley Electoral y la Ley de Función Pública. La Junta Central Electoral tiene la función de establecer reglamentaciones específicas para garantizar que esto se cumpla efectivamente, y para tal fin debería hacer una interpretación estricta de las leyes y que sea favorable al interés general de la nación”, declaró el director ejecutivo de la organización.

El Movimiento Cívico Participación Ciudadana exhorta a la Junta Central Electoral a ampliar y profundizar los controles sobre los recursos públicos y eso implica, necesariamente, verdaderas y efectivas  restricciones a los funcionarios públicos como ocurre en la mayoría de los países democráticos, ya que sin el control del uso de los recursos públicos no hay proceso electoral libre, equitativo y transparente.

Consejo Nacional
03 de diciembre del 2019

Participación Ciudadana, invita a toda la ciudadanía a sumar sus voces y a participar de manera activa en la “Marcha de las Mariposas”.

Santo Domingo, República Dominicana. En el marco de la convocatoria a la “Marcha de las Mariposas por una vida libre y segura de violencia para las mujeres”, el Movimiento Cívico Participación Ciudadana, exhorta a toda la ciudadanía a procurar en este proceso electoral un compromiso de los candidatos presidenciales, legislativos y municipales por los derechos fundamentales de las mujeres que incluyan leyes y políticas públicas efectivas que mejoren las condiciones de vida de todas las dominicanas.

Frente a los altos índices de violencia registrados en el país, Participación Ciudadana, invita a toda la ciudadanía a sumar sus voces y a participar de manera activa en la “Marcha de las Mariposas” en homenaje a las Hermanas Mirabal y a la lucha histórica por los derechos, la  igualdad y la libertad, la cual  tendrá lugar el próximo domingo 24 de noviembre, a las nueve de la mañana partiendo de la avenida Mirador Sur esquina Enrique Jiménez Moya, y que culminará en el Centro de los Héroes.

Entre enero del año 2010 y septiembre de 2019 han sido asesinadas 1,795 mujeres en la República Dominicana, lo que nos convierte en el país de Latinoamérica con la mayor incidencia de feminicidios, según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La Procuraduría General de la República ha registrado 106 casos de mujeres asesinadas, entre enero y septiembre del año en curso, de los cuales 59 han sido clasificados como “feminicidios íntimos”, es decir perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas.

Es tiempo de que el Congreso y las instituciones del Gobierno central y municipal tomen decisiones a favor de la protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, y que protejan su vida y salud en consonancia con nuestra Constitución, la cual en el artículo 42 establece el respecto a la dignidad humana y a la integridad física, psíquica y moral y a vivir sin violencia.

Solo con el firme compromiso de la clase política así como de las diferentes esferas de la sociedad se puede transformar esta realidad de violencia y garantizar mejores condiciones de vida para las mujeres, niñas y adolescentes en la República Dominicana.

Consejo Nacional
Martes 19 de noviembre del 2019

El acto de reconocimiento será realizado el lunes 09 de diciembre de 2019 a las 5.30 pm en el Paraninfo Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Santo Domingo, República Dominicana. El Consejo Nacional del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, entregará el Reconocimiento a la Integridad y la lucha contra la corrupción 2019 al destacado periodista Juan Bolívar Díaz por llenar plenamente los requisitos establecidos en las bases de esta iniciativa, la cual tiene como objetivo educar mediante el ejemplo y las buenas prácticas presentando a los ciudadanos y ciudadanas modelos positivos de conducta a ser emuladas, y resaltar las virtudes que predicaron los fundadores y héroes de la República Dominicana y que promueve la institución.

La comisión designada por el Consejo Nacional del Movimiento Cívico, encargada de evaluar a los candidatos presentados a optar por el reconocimiento, destacó que Juan Bolívar Díaz, representa un ejemplo de voluntariado entregado a la promoción de los principios y valores que le caracterizan, entre los cuales se destacan su integridad, valentía, responsabilidad y generosidad, así como su identificación en programas de lucha contra la corrupción, por lo que la sociedad le ha distinguido como una  de las voces más influyentes y respetadas en el combate de la impunidad, la defensa de la democracia y la justicia social.

El veterano periodista será la décima persona en recibir este reconocimiento, el cual  fue creado por Participación Ciudadana con motivo al Día Internacional Contra la Corrupción establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y se fundamenta en la necesidad de estimular a las personas que dedican esfuerzos extraordinarios a luchar por la transparencia en la gestión pública, la correcta administración de los recursos públicos y el combate a las diferentes manifestaciones de corrupción. En sus antiguas ediciones le ha sido otorgado al ex procurador Germán Miranda Villalona, el ingeniero Roque Napoleón Muñoz, los periodistas Nuria Piera, Luis Eduardo-Huchi- Lora Iglesias, Alicia Ortega, Fausto Rosario, la jueza Miriam Germán, la comunicadora Altagracia Salazar y la Dra. Milagros Ortiz Bosh.

El acto de Reconocimiento a la Integridad y la lucha contra la corrupción 2019, será realizado el lunes 09 de diciembre, a las 5:30 de la tarde, en el Auditorio Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Consejo Nacional
13 de noviembre de 2019

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, abogó por la aprobación de los proyectos de Ley de Ordenamiento Territorial y de Regiones Únicas de Planificación, los cuales se encuentran en el Congreso Nacional desde hace más de 20 años y hasta la fecha no han sido aprobadas.

Para Participación Ciudadana la planificación y gestión territorial debe desarrollarse de manera equitativa, justa y sostenible, por lo que requieren de una regulación que permita potenciar los recursos, lograr resiliencia ante la vulnerabilidad territorial y los efectos del clima, y que a la vez promueva mecanismos para acelerar la economía local de los municipios.

Estas declaraciones fueron emitidas por Heiromy Castro, coordinador general de la institución en el marco del Seminario Internacional “Gobernanza  territorial y datos abiertos, hacia un territorio inteligente y sostenible”, durante el cual se presentaron y discutieron los distintos aspectos de la gobernanza del territorio, así como la función de los datos para lograr una planificación y gestión estratégica.

Este seminario se desarrolló bajo un trabajo colaborativo entre el Movimiento Cívico a través del proyecto Transparencia y Rendición de Cuentas en la Planificación Territorial Dominicana, el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Territorial para Ciudades Dominicanas (RD-LAB), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y el Observatorio de Cambio Climático y Resiliencia con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

“Necesitamos ser resilientes ante el crecimiento desordenado que ha venido teniendo el país en las últimas décadas, pero principalmente debemos prepararnos y hacer frente a las vulnerabilidades que como territorio insular nos vemos expuestos día a día. Es por esto que estamos conscientes de que deben ser aprobados los proyectos de Ley de Ordenamiento Territorial y el Proyecto de Ley de Regiones Únicas de Planificación para poder asegurar la equidad en la distribución de recursos”, afirmó Castro durante el acto inaugural.

En estos tiempos de incertidumbre social desde Participación Ciudadana, abogamos, además por el acceso público a una información veraz, precisa y oportuna, que permita retomar la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en los servicios y productos tanto públicos como privados.

Al mismo tiempo, basados en los ejes transversales de este seminario, pero principalmente en nuestro compromiso como sociedad, reafirmamos nuestra posición sobre la necesidad de lograr una mejor planificación territorial y un ordenamiento óptimo del territorio que permita aprovechar las oportunidades que nos ofrece nuestra casa común.

[fivo_docs title="Presentaciones" align="left" boxed="1″ ids="9510,9518,9517,9516,9515,9514,9513,9512,9511″]

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, respondió la mañana de este martes, vía comunicación oficial a las declaraciones emitidas por Andrés Navarro, Miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Carta Andres Navarro 

Consejo Nacional
05 de noviembre de 2019

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana plantea la necesidad de que la Junta Central Electoral (JCE) establezca responsabilidades por las innumerables violaciones a las leyes y reglamentos en el reciente proceso de las elecciones primarias y que cree los mecanismos para que no se repitan, buscando acuerdos con los partidos y candidatos para adecentar las prácticas y el discurso electoral. Eso incluye frenar el desmedido uso de los recursos del Estado a favor del candidato oficialista.

En su segundo informe de observación electoral, publicado este jueves, PC reclama una campaña de educación ciudadana referida al comercio de votos, dirigida tanto a la clase política como a la ciudadanía y señala que la JCE debe buscar consenso en el sistema político para la utilización del voto automatizado, dadas las objeciones que surgieron tras su implementación en las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Este segundo informe abarca todo el proceso organizativo y reglamentario de las primarias, y las actuaciones de los partidos, considerándolo exitoso en cuanto a la logística, transmisión oportuna de los resultados, preparación de los miembros de las mesas y otros aspectos, pero decepcionante en cuanto a las violaciones a las leyes sin actuación por parte de las autoridades competentes.

A continuación transcribimos lo que el movimiento cívico no partidista considera como retos para las elecciones del año 2020:

La compra de votos fue aceptada hasta por el propio Presidente de la JCE, pero nada se hizo al respecto y ni siquiera se había entrenado a la Policía Electoral para actuar en claros casos de delitos flagrantes que ameritaban la detención inmediata de los que se dedican a esas actividades.

La disposición de la propia JCE de prohibir la publicación de encuestas a partir del jueves anterior a las primarias, fue violada frente a todo el mundo, incluyendo las autoridades electorales, cuando se publicaron en las redes varias encuestas a boca de urna que además implicaban un engaño a la población votante pues sus resultados eran producto de la conveniencia de quien las pagaba.

Fue innegable la incapacidad de la JCE de poner fin oportunamente a las prácticas violatorias de las leyes, como el proselitismo y la profusa campaña alrededor de los recintos de votación. Estas violaciones y sobre todo el uso de los recursos del Estado a favor del precandidato oficialista permiten a Participación Ciudadana declarar que los resultados de estas elecciones primarias no han sido legítimos.

Resumimos a continuación los principales retos que enfrenta la JCE de cara al futuro:

1. La Junta Central Electoral está en el deber de establecer responsabilidades por las innumerables violaciones a las leyes y reglamentos, crear los mecanismos para que no vuelvan a suceder y llegar a un acuerdo con los candidatos y partidos para adecentar las prácticas y el discurso electoral. Es imprescindible recuperar la confianza en que toda violación será castigada con todos los mecanismos disponibles y sin distinción.
2. La JCE tiene frente a sí el desafío, difícil pero posible con voluntad y determinación, de frenar el desmedido uso de los recursos del Estado a favor del candidato oficialista, incluyendo el nombramiento como coordinadores a los más altos funcionarios públicos. Si no hace esto no podrá garantizar unas elecciones ni siquiera mínimamente democráticas y equitativas.
3. La JCE debe crear una campaña de educación ciudadana referida al comercio de votos, tanto dirigida a la clase política como a los ciudadanos y ciudadanas.
4. Dados los cuestionamientos, fundamentados o no, que se han hecho al sistema de voto automatizado, primero la JCE debe buscar desde ya el consenso para su posible utilización el próximo año y, de ser aprobado, revertir la desconfianza creada con las auditorias necesarias, seleccionadas en un proceso totalmente transparente y con una empresa confiable para todas las partes.
5. La JCE debe aplicar desde ya las normas que prohíben las campañas a destiempo, pero para que esto sea efectivo y justo, debe limitar la propaganda gubernamental que, disfrazada de imparcial, desde ya pregona que hay que seguir la oferta oficial para garantizar el progreso del país.
6. La JCE no puede posponer más la elaboración y puesta en vigencia de los reglamentos que faltan, especialmente los referentes a la propaganda y el de registro de contribuyentes, así como comenzar a aplicar el reglamento de control financiero de los partidos y candidatos.
7. Los informes de ingresos y gastos de la precampaña que ya deben entregar todos los que participaron en las primarias deben ser publicados y sometidos por la misma JCE a un análisis minucioso que determine ocultamientos u omisiones, incluyendo las fuentes de financiamiento.
8. Los informes de gastos de los partidos correspondientes al 2019 que serán entregados al principio del próximo año deben ser exigidos con el formato y la plataforma establecida y también ser sometidos a análisis exhaustivos con el objetivo de hacer cumplir la Ley.
9. Participación Ciudadana espera que la JCE haga cumplir la paridad de género de un mínimo de 40% y la cuota de un 10% de la juventud. Con respecto a la paridad de género esperamos que la JCE de prioridad a las mujeres que participaron en las primarias y si todavía faltare para completar el 40%, se tome de las posiciones reservadas a la alta dirigencia partidaria.
10. En cuanto a la población envejeciente y con discapacidad, su suerte no puede ser dejada a la buena voluntad de ciudadanos que hacen el favor de subirlos y bajarlos en brazos a la gran cantidad de mesas que están ubicadas en pisos altos o no tienen facilidades de acceso. La JCE está en la obligación de tomarlos en cuenta, respetar su dignidad y facilitarles la participación.
11. La JCE tiene el deber y la oportunidad de aplicar las sanciones correspondientes a las firmas encuestadoras que violaron la Ley en el proceso de primarias, sobre todo con la cancelación del registro para poder realizar encuestas electorales.
12. Finalmente, Participación Ciudadana apela a la buena voluntad, el patriotismo y el compromiso con el país. Hace un llamado al liderazgo nacional, político, económico, social y religioso, a concertar unos cuantos puntos en los que debemos avanzar con miras a las elecciones del próximo año.

Nuestro país se lo merece, nuestra democracia lo exige y podemos hacerlo podemos adecentar la práctica política.

 Consejo Nacional
31 de octubre de 2019

[display-frm-data id=8983 filter=limited entry_id=15979]