Estudian las experiencias de seis gobiernos locales de la región sur con énfasis en el proceso de construcciones de obras públicas consignadas en el presupuesto municipal.

Santo Domingo, República Dominicana. Con el objetivo de promover la participación ciudadana, la veeduría social e incidencia en la gestión local, la organización de la sociedad civil, Participación Ciudadana, en alianza con el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE) presentaron el estudio “Compras y Contrataciones Públicas en los Gobiernos Locales: Un Desafío de los Municipios en el Siglo XXI”.

Se trata de un estudio sobre la aplicación de la Ley No. 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones en los ayuntamientos, con énfasis en el proceso de construcciones de obras públicas consignadas en el presupuesto municipal en los municipios: Azua, Baní, Barahona, San Cristóbal, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana.

El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, expresó que “los resultados de este estudio conducen a retos y desafíos para garantizar la implementación y cumplimiento de las recomendaciones que contiene. Los Gobiernos Locales tienen el rol y desafío de la implementación de amplias disposiciones normativas, pero cuando se trata de las contrataciones públicas, el nivel de impulso e incidencia en las organizaciones sociales se debe redoblar para evitar el despilfarro y la corrupción”.

La economista e investigadora Guadalupe Valdez, quien presentó los hallazgos y recomendaciones de la investigación, puntualizó que dentro de los principales descubrimientos se destacan la ausencia de información en los portales institucionales y de publicidad en las convocatorias, que las obras no van a concurso, la contratación de proveedores no registrados en la lista de proveedores del Estado, y el fraccionamiento del costo de las obras.

Destaca también que sólo dos de los seis ayuntamientos cumplen con la disposición del artículo 68 de la Ley 488-08 sobre Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), que establece a todas las entidades contratantes, que al momento de hacer su presupuesto deben reservar el 20% para asignarlo a compras y contrataciones a través de MIPYMES.

En cuanto a la sociedad civil, detectaron que esta tiene poco conocimiento de la Ley No. 340-06, que los/as munícipes no son debidamente informados sobre los procesos por parte de los ayuntamientos y que las autoridades locales no dan participación a la comunidad en la selección de las obras, lo que complica ejercer veeduría social.

“Sin democracia local no hay democracia ni Estado de Derecho en nuestro país. Para lograr una mayor integración de la sociedad civil y que haya transparencia en estos procesos se deben propiciar espacios para articular; desde los suplidores y desde la ciudadanía debemos exigir al gobierno local que dé razones de porqué escogieron un suplidor y no otro; hay que seguir haciendo investigaciones para conocer nuestra realidad y así reclamar el cumplimiento de la Ley sobre la base del dato científico de la evidencia; y se necesita de capacitación para conocer los procesos y fortalecer la capacidad de incidencia de los diferentes actores”, sostuvo Guadalupe Valdez.

Esta investigación, desarrollada como una de las acciones del proyecto “Promoviendo la Participación Ciudadana, la Veeduría Social e Incidencia en la Gestión Local” que Participación Ciudadana implementa en coordinación con CEPAE y el auspicio de la Unión Europea, basa su marco legal en la Constitución dominicana, la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12), así como lo establecido en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y su alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Clik en el siguiente enlace para descargar el estudio.

Estudio Sistematización Ley 340-06 Obras Públicas Locales

Uno de los ejes fundamentales para el crecimiento de la institucionalidad en los países son los servidores públicos, diversos estudios demuestran que un aumento en la profesionalización de éstos, incrementa la eficiencia del Estado, reduce la burocracia, disminuye los niveles de corrupción, entre otros factores, que aumentan la confianza de los ciudadanos en los órganos de administración.

Conociendo las características anteriores, el Estado dominicano, a través de la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END), trazó como parte de sus objetivos  “Fortalecer el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, respetando la equidad de género, para dotar a la Administración Pública de personal idóneo y seleccionado por concurso que actúe con apego a la ética, transparencia y rendición de cuentas, mediante mecanismos de ingreso, estabilidad, promoción y remuneración por resultados, méritos, idoneidad profesional y ética” (objetivo 1.1, numeral 1.5).  Este, vinculado con el Art. 29 de misma ley, otorga un plazo no mayor de 10 años para que todos los empleados y empleadas de la administración pública, se incorporen a la Carrera Administrativa.

A 8 años de la entrada en vigencia de dicha ley cabría preguntarnos, ¿cuáles han sido los resultados?  Desde un punto de vista cuantitativo, falta un largo trecho por recorrer para lograr el cumplimiento del mandato de incorporar el 100% de los empleados/as públicos/as a la carrera administrativa y especial, cuando se cumpla el plazo de 10 años previsto por la Ley 1-12, en el año 2022.

En términos generales y con los datos que contemplamos en el estudio que realizamos junto a OXFAM, Ciudad Alternativa y Fundación Solidaridad, “Evolución de la Carrera Administrativa y Especial en la República Dominicana” CLIK AQUÍ, el número de funcionarios públicos de carrera, contados desde 1995 hasta el 2018 y de los funcionarios que reporta el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), el porcentaje de empleados de carrera solo alcanza cerca del 10%, pero, si se incluyen a los de carreras especiales como los maestros, diplomáticos, Ministerio Público, este porcentaje aumenta a cerca de un 25%. Cabe señalar que estos datos solo evalúan los funcionarios de la administración registrados en el SISMAP, por lo que, en realidad, el porcentaje de empleados de las carreras administrativa y especial es mucho menor del 25%, tal como reflejamos en el estudio realizado, ya que falta agregar el resto de los empleados del gobierno central que no registra el SISMAP y los funcionarios pertenecientes a instituciones descentralizadas y autónomas del Estado dominicano. Veamos algunos datos:

El 91% de los que ingresaron a la carrera administrativa han entrado por evaluación interna (antes del 2015). Los que entraron por concurso desde el 2003 hasta ahora, solo alcanzan el 8.34% y desde la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, un 5.75%. Así que bajo la modalidad de concurso por oposición solo 71 personas han entrado a la carrera, desde 2016 a la fecha, lo que significa un 0.22%. Esto reafirma la opinión generalizada sobre las dificultades de los procesos de entrada a la administración pública por concurso: son muy difíciles, burocráticos y restrictivos, de acuerdo con un cuestionario aplicado durante el estudio que hemos citado.

En cuanto a las carreras especiales existe un desbalance de los ingresos, el 96.8% ha entrado a la Carrera Docente, 1.7% a la Carrera Tributaria, un 0.2% a la carrera diplomática y 1.3% al Ministerio Público. Estos datos evidencian que las principales metas del sistema de carrera dominicano es la profesionalización en materia docente, los demás son casi nulos, comparado con la alta nómina pública ascendente a 365,000 personas, sin contar los guardias y policías, ni las denominadas nominillas que tienen cabidas en diferentes áreas de los gobiernos. En resumen, el 74.7% de los empleados públicos no son de carrera, el 9.4% pertenecen a la carrera administrativa y un 15.8% pertenecen a la carrera especial, sobre todo los profesores.

Otros datos importantes para relacionarlos con la crisis sanitaria que nos afecta, tanto la creada por el COVID-19, como las deficiencias del sistema de salud y seguridad social anteriores al virus,  es que el 46% de los servidores públicos, gana sueldo mensual menor que el costo de la canasta básica, calculada por el Banco Central, que es de RD$31,000, y el 38% de ellos tiene más de 50 años, lo que los hace especialmente vulnerables al contagio del COVID-19. Esto unido con el exceso de empleados públicos, una parte importante de ellos trabaja en ambientes hacinados.

Uno de los problemas más preocupantes de la República Dominicana, ha sido que el alto crecimiento económico exhibido en las últimas décadas ha sido muy desigual, asimétrico e inequitativo en la distribución de la riqueza creada por este crecimiento. Después de la crisis sanitaria y la económica derivada de la primera, el país está obligado a enrumbarse por una ruta diferente en cuanto a la racionalización de los recursos humanos que sirven al Estado y sus instituciones. Estamos obligados a hacer una administración pública más eficiente y productiva, que responda a las demandas de la ciudadanía afectada por la crisis. Debemos de iniciar definitivamente la aplicación del ingreso a la carrera del servidor público basada en concursos de oposición asentados en las competencias y méritos personales de los oponentes.

No podemos responder a problemas nuevos con respuestas viejas, la patria nos convoca a reconstruirla en lo inmediato en los ejes sanitario, económico e institucional. Todos los servidores públicos deberán dedicarse a dotar al pueblo dominicano de los derechos fundamentales consagrados por nuestra Constitución, que propongo iniciar trabajando en los pilares básicos que construyan una sociedad más igualitaria, nos urge dotar a todos y todas de agua potable, salud, alimentación y vivienda digna, más allá de la educación que es transversal a todas las primeras.

Por último, llamo a las nuevas autoridades que gobernarán el país a partir de agosto próximo, a crear un equilibrio salarial en la administración pública, pues mientras tenemos servidores públicos ganando 8,000 mil pesos mensuales que no les alcanza ni para adquirir el quintil más modesto, y en franca violación a la Ley de Salarios y el decreto presidencial de febrero de 2019 referente al sueldo mínimo en la Administración Pública de RD$ 10.000. En contraste, tenemos 81 altos funcionarios ganando sueldos superiores a los 400 mil pesos, sin contar con los beneficios colaterales que les provee el cargo que detentan. Así no se ayuda a cumplir con el valor de la dignidad, base de todos los derechos que consagra nuestra Carta Magna.

Sonia Díaz Inoa,
Coordinadora General de Participación Ciudadana

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico, Participación Ciudadana, manifestó la tarde de este martes su respaldo a la celebración de los debates electorales que organiza la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), los cuales tienen como objetivo incentivar el voto consciente de la ciudadanía, a través del conocimiento de los planes y propuestas de gobierno de los distintos candidatos.

A través de un comunicado de prensa, Sonia Díaz Inoa, coordinadora general de Participación Ciudadana, consideró que frente a los retos del actual contexto político-electoral que vive el país, es vital fortalecer el sistema democrático de la República Dominicana, a través de espacios y acciones que contribuyan a la participación de la ciudadanía, la transparencia electoral, el respeto de la democracia y a la claridad de la voluntad popular expresada en las urnas.

“La sociedad merece escuchar los compromisos de sus candidatos. Es necesario que todos y todas conozcan las propuestas y los planes de gobiernos de los distintos aspirantes a la presidencia, especialmente ante la crisis sanitaria, económica y social que ha provocado el Covid-19, la cual supone, además, importantes desafíos para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país”, resaltó Sonia Díaz Inoa.

La Coordinadora General de Participación Ciudadana, consideró que a pesar de que la Ley de Régimen Electoral obliga a los candidatos presidenciales a depositar sus programas de gobierno ante la Junta Central Electoral (JCE), lo cual representa un avance importante en materia electoral, el contenido de estos compromisos, así como los planes de acción para su ejecución aún no cuenta con una metodología de difusión que permita a la ciudadanía conocer de manera íntegra, oportuna y transparente las propuestas de los representantes de los diferentes partidos políticos.

“Es por ello que, desde Participación Ciudadana, promovemos la celebración de los debates que organiza la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), en ocasión de los comicios electorales a realizarse el próximo 05 de julio, ya que representan una interesante oportunidad para fortalecer la transparencia institucional, así como la calidad del sistema democrático. Al tiempo que brindan a la población la oportunidad de ejercer su derecho al voto de manera consciente, y en ese sentido la posibilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las propuestas de sus candidatos”, afirmó Sonia Díaz Inoa, a través del comunicado del movimiento cívico.

Consejo Nacional
26 de mayo de 2020

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, presentó la tarde de este miércoles, las acciones que comprenden el programa de observación electoral de la institución de cara a las comicios presidenciales y congresuales del próximo 05 de julio de 2020.

Sonia Díaz Inoa, coordinadora general de la organización de la sociedad civil, explicó que el actual contexto político-electoral pronostica enormes desafíos, por lo que hoy más que nunca es necesario fortalecer los avances democráticos logrados en las últimas décadas.

Destacó que los dominicanos tuvimos “la amarga experiencia” de la suspensión de las elecciones municipales de febrero pasado, ya que los fallos técnicos obligaron al órgano electoral a diferirlas, esto sumado a la posterior y obligada posposición de las elecciones presidenciales y congresuales para el 05 de julio, debido a la pandemia del Covid-19.

“Todos los acontecimientos ocurridos alrededor de las elecciones, expresión genuina del sistema democrático, espacio donde la población expresa su derecho fundamental a elegir y ser elegido, nos obliga a redoblar los esfuerzos, a fin de garantizar a la población que nuestros ojos están observando y nuestras manos documentando el desarrollo del proceso antes, durante y después de la contienda electoral”, manifestó la Coordinadora General del movimiento cívico.

Por su lado, Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, manifestó que a este proceso del próximo 05 de julio se estarán integrando unos 2,500 observadores en todo el territorio nacional, así como en el exterior, debidamente acreditados por la Junta Central Electoral (JCE).

“El día de las elecciones estaremos desde la apertura de los colegios electorales, cubriendo el proceso y las incidencias, el conteo de votos, el cumplimento de las leyes electoral, el rol de las fuerzas de seguridad y los resultados de los comicios. Además, emitiremos los informes electorales correspondientes, al tiempo que nos preparamos para implementar la metodología de conteo rápido, explicó Pimentel.

Informó que Participación Ciudadana pone énfasis en el monitoreo de los niveles de transparencia de los partidos políticos, el monitoreo de las campañas de los candidatos y el seguimiento a las funciones y el rol competente de la Junta Central Electoral (JCE), el Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos Electorales.

“Además, pondremos a disposición la plataforma virtual AtentoConTuVoto.org, a través de la cual toda la ciudadanía podrá realizar la función de observadores reportando los crímenes y delitos electorales que presencie en su comunidad antes y durante el día de las elecciones, y para que a su vez estén informados de las denuncias que sean reportadas”, añadió.

El Director Ejecutivo del capítulo dominicano de Transparencia Internacional, aseguró que con la finalidad de garantizar la salud y el bienestar de todos los voluntarios/as que participarán de este proceso, sin importar las funciones que estén desempeñando, estos recibirán un kit de prevención para reducir el riesgo de contagio del Covid-19 como parte de las acciones del protocolo que ha diseñado la organización frente a la actual situación sanitaria.

Participación Ciudadana, aprovecha esta oportunidad para hacer un llamado a todos los actores políticos, sociales y a las autoridades electorales, a realizar un esfuerzo conjunto, que genere las mejores condiciones y permita que todos los dominicanos y dominicanas, sin importar donde se encuentren, puedan acudir a las urnas libres y seguros, a depositar su voto por los candidatos de su preferencia, para que el único triunfante del certamen sea el pueblo dominicano, al que todos nos debemos.

Consejo Nacional
20 de mayo de 2020

Estudios económicos y sociales registran que América Latina y el Caribe constituyen la región más desigual del planeta, caracterizada por profundas brechas sociales donde la pobreza constituye un problema transversal a todos los Estados de la región.

Esta situación se ve agravada por la crisis sanitaria que nos arropa fruto del COVID-19, una pandemia que ha traído consigo una crisis social, económica, humana y que rápidamente se convierte en una crisis de derechos humanos y desigualdades sociales.

El virus afecta considerablemente la plena vigencia de los derechos humanos en virtud de la clara amenaza que representa para la vida, la salud y la integridad, así como sus efectos a corto, mediano y lago plazo sobre la sociedad en general, en especial sobre aquellas personas y/o grupos más vulnerables, puesto que ha desnudado las desigualdades sociales que padecen nuestro país y otros lugares del mundo.

Tal y como expresó Rosa Cañete, consultora en temas de derechos y desigualdades, en nuestro panel virtual ‘Derechos humanos y desigualdades sociales en Estado de Emergencia’, “la pandemia ha puesto sobre la mesa de manera cruda las múltiples desigualdades que existen en la región, las cuales se han venido acumulando de forma estructural, y que ahora golpean y afectan a todos los sectores”

Por la declaratoria de emergencia ante la situación que vivimos y para salvaguardar nuestra salud, la de nuestros seres queridos y todo el que nos rodea, nos piden quedarnos en casa y salir solo cuando sea realmente necesario, pero datos evidencian que ese Quédate en Casa no significa lo mismo para todos y todas, para algunos es estar con su familia tranquilos en casa con internet, luz, cable y la nevera llena de alimentos; pero para otros implica pasar hambre e incomodidades por la ausencia de servicios básicos como el agua y la luz.

A raíz de esto, la especialista Cañete plantea que ojalá en República Dominicana se impulsara más litigio estratégico con respecto a derechos económicos y sociales para mejorar este escenario.

El Estado se encuentra obligado a garantizar derechos fundamentales como la alimentación, la seguridad y la educación. Sin embargo, debido a la crisis generada por el COVID-19, se ve comprometida su capacidad de respuesta de la forma más oportuna y eficiente posible. Por lo que corresponde a los Estados colocar en el centro de sus acciones el respeto de estos derechos tornando su accionar a políticas públicas que garanticen su cumplimento.

“Esta pandemia nos evidencia la necesidad de hacer políticas para todos, ya que la sociedad será mejor para todos, mientras menos desigualdades haya”, Rosa Cañete, consultora en temas de derechos y desigualdades.

¿Cómo construir una sociedad mejor para todos y todas? ¿Cómo disminuir las desigualdades sociales? ¿Cómo enfrentar mejor esta crisis sanitaria salvaguardando los derechos humanos y la integridad de todas las personas? ¿Cómo impulsar un desarrollo sostenible de nuestras sociedades?

Para el especialista de derechos humanos, Luis Fernando Astudillo, una primera invitación tiene que ver con intentar reflexionar y descubrir cuál es la forma y el contenido de lo que entendemos por desarrollo, porque nos vincula directamente con los modos de organización política, económica y cultural con que se gobierna hoy día, y ese modelo se ha puesto en jaque por un virus que fue capaz de desnudar todos los egoísmos, las falencias y las pobrezas del actual sistema.

El respeto y la garantía de los derechos humanos se han visto afectados por la cultura que año tras años se ha venido construyendo en nuestra sociedad, velar por el yo en vez de velar por un nosotros. Y ante esta crisis sanitaria, tal y como sostiene Astudillo “la competencia, el individualismo, el consumismo, la acumulación ilimitada, el despilfarro que se expresa en convertir a las cosas y a las personas en desechables, han dado muestra de estar lejos de ser elementos que coadyuven a detener una pandemia como la que estamos viviendo. El modelo de organización actual no puede o no debe continuar”.

Otras revelaciones que nos deja el COVID-19, de acuerdo a los planteamientos de Astudillo son:

• Que las respuestas frente a esto son respuestas viejas, no hay que ser tan creativos, lo que hay que volver a los paradigmas que se expresan en la idea de solidaridad, igualdad y justicia social. Son estas ideas que nos van a llevar a superar esta crisis que estamos viviendo, la construcción efectiva de un nosotros.

• Que el Estado de Justicia Social no es una carga, sino una manera efectiva y eficiente de poner a servicio de todos/as bienes y servicios que no pueden quedar sometidos a las leyes de mercado; y la importancia que tiene el trabajo humano como fuente de generación de riqueza.

• Que debemos hacer un esfuerzo de empezar a mirar la sociedad desde otra perspectiva, y una manera de hacerlo es siendo capaces de que los derechos humanos se conviertan en una cultura, en una filosofía y que esta se pueda convertir en formas diversas de cómo se construye una sociedad.

El COVID-19 ha revelado el deficiente sistema sanitario que tiene la República Dominicana. Ha evidenciado la deuda social que tiene el país con la población. Ha puesto sobre la mesa los problemas sistemáticos y los desafíos que tenemos como nación para convertir los derechos humanos declarados en la Constitución en derechos sustantivos que la gente pueda acceder a ellos. Este contexto exige organización, unidad, conciencia, auténtica democracia y participación efectiva de los diferentes sectores que conforman la sociedad, y como ciudadanos tenemos el deber de:

• Demandar al Estado dominicano el acceso al sistema de salud, a través de un diagnóstico y atención temprana.

• Reclamar las asistencias sociales pertinentes para que pueda materializarse el aislamiento y distanciamiento social, evitando la cadena de contagio.

• Solicitar espacios de atención para abordar otros problemas de salud o violencia doméstica.

Todo esto para evitar que la crisis de emergencia pública que constituye el COVID-19 y que impacta también en lo económico, no se convierta también en una crisis de los derechos humanos.

Fuente de imagen: OXFAM

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, exigió a la Junta Central Electoral (JCE) mayores esfuerzos para garantizar el voto de los dominicanos y dominicanas en el exterior.

En un comunicado de prensa, Participación Ciudadana llamó la atención sobre retrasos en los trabajos necesarios para garantizar el sufragio de los dominicanos en ultramar y demandó a la JCE y a los partidos políticos las garantías de este derecho, evitando que su posposición pueda afectar las próximas elecciones, generar una crisis política de serias consecuencias institucionales y un mayor deterioro de la democracia.

“En el marco de las acciones de nuestro programa de observación electoral de los comicios presidenciales y congresuales del 5 de julio, expresamos nuestra preocupación respecto a que apenas a 47 días para las elecciones, aún falta por designar el 45% de los funcionarios de colegios electorales en la circunscripción número 1, el 27% en la circunscripción número 2 y el 10% en la circunscripción número 3. En total faltarían 3,330 funcionarios para un 37% y en algunos lugares claves el retraso es mayor, como en Nueva York, donde falta el 53% o en New Jersey con un faltante de 56%. Una vez designados los voluntarios de los colegios, queda por ejecutar toda la etapa de su capacitación”, destacó el Consejo Nacional de la entidad en el comunicado.

Agregaron que la selección de los recintos donde se instalarán los colegios electorales también se encuentra atrasada, pues quedan pendientes de identificar y asegurar el 44.1% de los recintos en las tres circunscripciones de ultramar.

“Falta información sobre las gestiones que debe estar realizando la Junta Central Electoral y los contactos que ha hecho para lograr la no objeción de los países y estados donde los dominicanos deben votar. La JCE debe asegurar que el protocolo sanitario que apruebe para las elecciones del 5 de julio, cumpla con los estándares aprobados por las autoridades de los países o estados anfitriones, lo que aún está por cumplir”, indicó el Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

También precisaron que informaciones recientes señalan que las condiciones están mejorando en esos países o estados, llegando incluso, en uno de los estados más afectados por la pandemia en los Estados Unidos, como es Nueva York, a fijarse las primarias demócratas de las elecciones norteamericanas presidenciales, congresuales y estatales para el 23 de junio, es decir, dos semanas antes de las elecciones dominicanas. Se espera que Madrid y Barcelona estén por lo menos en fase 2 para el 5 de julio, al igual que República Dominicana.

“El derecho al voto de los dominicanos/as de la diáspora debe ser garantizado no solo porque se trata de un derecho constitucional, sino además porque representa el 7.9% del padrón electoral, equiparándose en cantidad a diez provincias dominicanas. El voto en el exterior puede ser determinante en los resultados electorales para decidir si hay o no segunda vuelta”, sostuvieron.

Participación Ciudadana solicitó encarecidamente a la Junta Central Electoral acelerar el proceso de organización de las elecciones en el exterior, cumpliendo así con su obligación de garantizar el derecho al voto de todos los dominicanos y dominicanas, incluyendo el de las 595,879 que viven en ultramar, y a los partidos políticos a ser celosos vigilantes del proceso.

Consejo Nacional
19 de mayo de 2020

Luego de analizar los primeros informes enviados por el presidente Danilo Medina al Congreso Nacional, por mandato constitucional y de la ley 21-18 Orgánica sobre regulación de los Estados de Excepción, el movimiento cívico Participación Ciudadana reclamó mayor precisión y detalles en las acciones ejecutadas, para así determinar su alcance, costos y efectividad.

En un comunicado de prensa, el Consejo Nacional de la organización de la sociedad civil indicó que espera que la comisión bicameral designada para tales fines ejerza su función de fiscalización y seguimiento ante los poderes especiales otorgados al Presidente de la República.

“Luego de cursar una solicitud, Participación Ciudadana recibió de la comisión bicameral el primer y segundo informe remitido por el presidente Medina al Congreso. Estos contienen una larga relación de actividades y medidas tomadas desde la declaración de emergencia, la mayoría de las cuales son ya de conocimiento público, pero carecen de información financiera, económica y estadísticas que permitan medir su efectividad y costos”, sostuvo el Consejo Nacional de PC en el comunicado.

Para los próximos informes, Participación Ciudadana demanda que se incluyan las siguientes informaciones de forma detallada y precisa:

1. Relación de las donaciones recibidas por el gobierno, por fuente y montos, así como los nombres de las instituciones y organizaciones a las que fueron destinadas esas donaciones.
2. Partidas presupuestarias que han sido afectadas y detalle de la ejecución presupuestaria de los fondos públicos destinados al combate de la pandemia y a la asistencia económica a instituciones y personas.
3. Relación de las compras efectuadas bajo el amparo del estado de emergencia, por empresa y montos.
4. Detalles de ejecución de los programas FASE incluyendo lista de las empresas beneficiarias, por montos y cantidad de trabajadores.
5. Detalles del programa Quédate en casa, incluyendo cantidad de beneficiarios y distribución geográfica.
6. Relación de centros destinados y contratados para realizar las pruebas del coronavirus, fuente de financiamiento de los mismos y distribución geográfica.
7. Costos y cantidad de pruebas PCR realizadas por laboratorios privados, ya que las mismas están siendo financiadas con fondos públicos.
8. Detallar el apoyo dado por el Ministerio de Hacienda a las industrias farmacéuticas en la producción e importación de medicamentos e insumos, para que estos lleguen a precios adecuados y las medidas tomadas para que realmente sean transferidos a la población.
9. Incluir en los informes al Congreso un apartado especial con detalles de todas las medidas monetarias y financieras tomadas por el Banco Central, los montos involucrados y beneficiarios.

Participación Ciudadana entiende que todas esas informaciones son necesarias para la fiscalización a la que está obligado el Congreso Nacional y para los trabajos de la comisión de veeduría designada, así como para la ciudadanía en general.

Consejo Nacional
14 de mayo de 2020

Santo Domingo, República Dominicana. En coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y el Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana, el movimiento cívico Participación Ciudadana, llevó a cabo el diálogo “Crisis sanitaria y políticas urgentes para garantizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030”, a través del cual los expositores compartieron sus reflexiones sobre la necesidad de replantear las estrategias de desarrollo de la República Dominicana.

Las palabras de bienvenida fueron ofrecidas por Sonia Díaz Inoa, coordinadora general de Participación Ciudadana, quien aseguró que ante la situación actual que afecta nuestro país por la crisis del Covid-19, se imponen respuestas solidarias y se precisa un abordaje completamente nuevo. “Los ODS representan el mayor compromiso asumido por los países para trabajar al unísono. Se requiere solidaridad, liderazgo, transparencia, confianza y cooperación”, manifestó Díaz Inoa.

El encuentro contó la participación del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Santana Jiménez, quien afirmó que durante este año se incrementarán los indicadores de pobreza y de hambre no solo en la República Dominicana, sino en todo el mundo como consecuencia de la pandemia.

“La República Dominicana, en lo adelante, tiene grandes retos de cara al cumplimiento de la Agenda 2030: el fortalecimiento del primer nivel de atención en los centros de salud, a fin de cuidar y garantizar la salud de las personas, el fortalecimiento institucional de los esquemas de asistencia social y evitar que la caída de desarrollo se exacerbe, por lo que se debe sostener el consumo”, enfatizó el Ministro de Economía.

En ese sentido, Mauricio Ramírez, Coordinador Residente de las Naciones Unidas en la República Dominicana, sostuvo que, para mitigar los efectos del coronavirus sobre la consecución de los ODS, es fundamental identificar aceleradores de la Agenda 2030, promover la competitividad, garantizar empleo decente, y generar una producción y consumo sostenible.

“De haber avanzado en el cumplimiento de los ODS y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, pudiéramos enfrentar mejor este desafío, ya que contaríamos con un sistema de salud más fuerte, menos personal viviendo en pobreza extrema, menos desigualdad de género, un entorno natural más saludable y sociedades más resilientes. Debemos aprovechar la oportunidad de esta crisis para fortalecer nuestro compromiso de implementar la Agenda 2030”, añadió.

El economista y docente, Pavel Isa Contreras, advirtió que el golpe del Covid-19 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible es muy severo y con efectos a largo plazo muy fuertes, al tiempo que destacó que para avanzar en los ODS se debe acelerar la expansión de la base material y promover un crecimiento económico que permita generar recursos para satisfacer necesidades básicas.

“Es necesario modificar la forma en que producimos y consumimos; proteger y hacer un uso más sostenible de los recursos naturales; fortalecer la provisión de servicios económicos y sociales básicos; proteger a las personas más vulnerables; y construir instituciones justas y equitativas”, manifestó Isa Contreras.

La actividad virtual contó además con la participación de Addys Then, directora de Alianza ONG, quien, durante su intervención, advirtió que el Covid-19 aumenta el riesgo del no cumplimiento de la Agenda 2030.

“La epidemia nos encontró con rezagos en los ODS, los cuales debilitan la capacidad que tenemos como país para responder a esta crisis. Quien resulte electo presidente en las próximas elecciones debe convocar a una revisión de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), ya que esta debe ser complementada con los lineamientos de la Agenda 2030”, resaltó.

A través del diálogo “Crisis sanitaria y políticas urgentes para garantizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030”, Participación Ciudadana, reafirma su compromiso de contribuir a la reducción de los riesgos de acrecentar una crisis económica, social y de derechos humanos como consecuencia de los impactos provocados por el Covid-19.

Es por ello que el movimiento cívico ha estado generando espacios de debate para avanzar hacia un modelo socioeconómico más sostenible que favorezca una mayor integración en la mitigación de los efectos de la pandemia, evitando así el retroceso en la obtención de los resultados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Consejo Nacional
13 de mayo de 2020

Santo Domingo, República Dominicana. En el marco del desarrollo del programa de observación electoral de los comicios del próximo cinco de julio, y con el objetivo de intercambiar buenas prácticas, acciones y políticas para la organización y realización de elecciones durante una crisis sanitaria, el movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, realizó el conversatorio “Democracia, procesos electorales y crisis sanitaria”.

El director ejecutivo del movimiento cívico, Carlos Pimentel, quien moderó la actividad, expresó que “este evento, sus insumos y resultados son fundamentales para las acciones a desarrollar de cara a la organización de las próximas elecciones, así como para la adecuación del programa de observación electoral y el protocolo sanitario que tendrán los observadores de la entidad. En los próximos días presentaremos al país en un acto público de manera virtual el alcance y el tipo de observación que estaremos realizando en los comicios venideros, y con ello reafirmar nuestro compromiso de continuar aportanto al fortalecimiento de la democracia electoral”.

En este contexto, Francisco Álvarez, coordinador de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana, afirmó que la Junta Central Electoral (JCE), hizo lo correcto al posponer las elecciones presidenciales y congresuales, ya que la salud de las personas es la prioridad, pero la segunda debe ser la salud de la democracia.

“Es ineludible celebrar las elecciones presidenciales y congresuales, según las fechas propuestas, a fin de evitar entrar en una crisis constitucional. La solución para vadear los peligros de una crisis de esta naturaleza sería un gran acuerdo nacional, no solo de liderazgo partidario, sino de toda la sociedad, incluyendo sectores sociales, empresariales, religiosos, entre otros. En un ambiente tan complejo, la observación electoral debe estar presente ahora más que nunca”, aseguró Álvarez, durante su intervención.

El conversatorio, organizado en coordinación con las Naciones Unidas (ONU), la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), Asociación de Organismos Electorales Mundiales (A-WEB) y el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA International), contó además con la participación de Daniel Zovatto, director regional América Latina y el Caribe de IDEA International; Rafael López Pintor, senior en el Proyecto Electoral de la ONU en Bolivia; Gabriela Nones, especialista en Gobernabilidad Inclusiva y Elecciones del Centro Regional del PNUD para América Latina y El Caribe; Fernanda Buril, del Centro de Investigación Aplicada y Aprendizaje de IFES; y  Ina Kim Lee, oficial de programas del Departamento de Relaciones Externas de A-WEB.

Daniel Zovatto, señaló que el tema del voto en el exterior es uno de los más complejos que tiene la República Dominicana, siendo el país de Latinoamérica con mayor número de votantes en el exterior, al tiempo que aseguró que dado el ambiente actual no prevé la posibilidad una Reforma Constitucional.

Rafael López Pintor, quien compartió sus experiencias en procesos electorales en un contexto de crisis sanitaria, indicó que es importante plantearse los efectos directos de una elección en un escenario donde se han suspendido determinadas garantías en el ejercicio de derechos humanos y el Poder Ejecutivo ha adquirido mayor poder.

“Cualquier decisión que sea tomada debe partir de un conceso entre los actores políticos, contemplando las implicaciones que puede tener. Debe ser transparente expresando las razones de esta decisión”, sostuvo por su parte Gabriela Nones durante su intervención.

En ese mismo sentido, Fernanda Buril enfatizó en que es necesario consultar y mantener una comunicación transparente con otros actores del sistema electoral como la sociedad civil y votantes, asegurando que las decisiones sean tomadas por consenso y de manera transparente. “El Covid-19 trajo nuevos retos y debemos realizar más esfuerzos, pero esos esfuerzos que valen la pena porque nos ayudan a proteger la salud de los ciudadanos, así como los procesos y los principios democráticos”, subrayó Buril.

Ina Kim Lee, quien socializó sobre la experiencia de las elecciones en Corea del Sur, afirmó que, durante todo el proceso electoral realizado recientemente en Corea del Sur, los votantes recibieron informaciones transparentes de parte de la Comisión Nacional Electoral, a través de las cuales explicaban las medidas y precauciones a tomar para para ejercer el derecho al voto. “Es importante contemplar que las elecciones en Corea del Sur se realizaron cuando la pandemia aún estaba contenida, y a dos semanas de ello, no hemos tenido casos nuevos como consecuencia de las elecciones”, destacó Kim.

El conversatorio “Democracia, procesos electorales y crisis sanitaria” forma parte de las acciones que realiza el movimiento cívico Participación Ciudadana con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de institucionalidad democrática, la justicia social, la transparencia y la reducción de la corrupción y la impunidad.

 Consejo Nacional
08 de mayo de 2020

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, indicó que el vertedero de Duquesa pone en evidencia nuevamente, el desorden, la corrupción, y la falta de políticas adecuadas para la planificación y ordenamiento del llamado Gran Santo Domingo, y refleja cómo el negocio que existe con los desechos sólidos genera otras áreas de riesgos de corrupción, en detrimento de la población.

“La realidad de Duquesa nos golpea justo en un momento de crisis sanitaria mundial, evidenciando las debilidades e ineficiencia de las autoridades, ya que salen a relucir las incompetencias,  el olvido y desinterés  en resolver los problemas históricos, que se agravan por el afán de lucro desmedido y sin control, impactando considerablemente la salud y el bienestar de ciudadanos y ciudadanas, especialmente los que habitan en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo”, expresó la coordinadora general de la organización, Sonia Díaz Inoa.

A través de un comunicado de prensa, Díaz Inoa aseguró que en el país existen numerosas regulaciones que velan por la preservación del medio ambiente, los recursos naturales y el desarrollo sostenible, sin embargo,  la  situación se caracteriza por la falta de implementación y cumplimiento de las normas, entre ellas, la Constitución de la República, la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00, y la Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo,  que en su Eje No.4 inspira al desarrollo de una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de contaminación.

“En el país distintos datos revelan que se producen más de 14 mil toneladas de residuos sólidos al día, y es imperdonable que aún no contemos con una ley que los regule y permita una gestión integral de los mismos, que promueva la reducción, clasificación, reutilización y el reciclaje de los residuos, fomentando el trabajo junto a la ciudadanía”, subraya en el comunicado.

Añadió que la vulnerabilidad que impera en el territorio se agrava más por la densidad poblacional del Gran Santo Domingo que ronda los 2,232 hab/km² e incluye el Distrito Nacional, el cual cuenta con una densidad poblacional aproximada de 11,700 hab./km². “Las diferentes demarcaciones que componen el Gran Santo Domingo, pueden dar testimonio de cómo la ubicación del vertedero, sumado a la corriente de vientos y sus cambios de sentido han impactado diversas localidades fuera del perímetro del municipio Santo Domingo Norte, donde está ubicado el vertedero de Duquesa”, señaló Díaz Inoa.

Destacó que actualmente en el país existen más de 350 vertederos, es decir, un vertedero por cada 136 km² aproximadamente, por lo que “en Participación Ciudadana esperamos políticas que reduzcan los vertederos a cielo abierto, considerando que estos son fuentes de contaminación y focos de infección, además de que producen grandes cantidades de metano, el cual contribuye considerablemente al aumento de producción de gases de efecto invernadero”.

Consejo Nacional
06 de mayo de 2020