Insta a las autoridades a fortalecer la cooperación en materia de investigación y justicia penal.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico, Participación Ciudadana, realizó este miércoles el panel “Corrupción, Crimen Organizado y Derechos Humanos”, el cual se enmarca dentro de las acciones del proyecto CRIMJUST.

Este proyecto tiene como propósito profundizar sobre el alcance que comprende la persecución y detención de la corrupción en República Dominicana y la caracterización del crimen organizado, amenazas del narcotráfico y el delito, y la violación de los Derechos Humanos.

Las acciones que se han desarrollado dentro de la ejecución de este proyecto, es con el propósito de procurar facilitar la cooperación y el intercambio de información entre los organismos de justicia penal para lograr una acción eficaz en casos de delincuencia organizada transnacional y tráfico de drogas, así como ayudar a los países que lo están implementando, a avanzar en su respuesta a la delincuencia organizada.

Las palabras de bienvenida en el panel desarrollado, estuvieron a cargo de Leidy Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana, quien invitó a las autoridades a fortalecer la lucha contra la corrupción y el crimen Organizado.

“La corrupción debilita nuestras instituciones, promueve el individualismo, afecta la gobernanza y el buen gobierno, nos hace ineficientes, menoscaba el crecimiento y promueve la desigualdad, así como lacera la confianza ciudadana en sus instituciones” enfatizó Leidy Blanco García.

Intervino en el panel, José Miguel Marmolejos Vallejo, Procurador Fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), quien abordó el tema de la corrupción y su impacto en la sociedad dominicana.

“La corrupción es un fenómeno que atenta contra la aspiración colectiva de lograr una sociedad más justa y próspera, para vencerla se requiere un sistema de justicia eficiente” destacó Marmolejos Vallejo.

Estuvo presente virtualmente desde Perú, Samuel Rotta Castilla, Director Ejecutivo de Proética, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional, quien abordó las buenas prácticas de la persecución y sanción de la corrupción.

El panel contó con las intervenciones finales de Dulce María Luciano De Bisonó, Procuradora General de la Corte de Apelación, y Yurissan Candelario Jaime, Coordinadora del Departamento de Carrera y Desarrollo de la Oficina Nacional de Defensa Publica.

En la actividad estuvieron presentes fiscales, funcionarios de lavado de activo de Bancos comerciales, miembros de la Policía Nacional, funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil.

Esta iniciativa surge entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y Participación Ciudadana como capítulo de Transparencia Internacional.

Miércoles 28 de abril de 2021

Participacion Ciudadana insta al Estado Dominicano a revisar a mayor profundidad todas las irregularidades y violaciones actuales a la Ley de Regula­ción Salarial.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico, Participación Ciudadana, presentó este miércoles el estudio sobre “Los avances en el cumplimiento de la Ley General de Salarios del Estado Dominicano”, el cual se enmarca dentro de las acciones del proyecto Acción Ciudadana por una Administración Pública inclusiva que garantice los Derechos Humanos.

La actividad tuvo como panelistas al sociólogo Candido Mercedes; Indiana Tamarez, psicóloga organizacional y directora de Agrhupa, así como al Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (USAD) el Doctor Alexi Martínez Olivo.

Leidy Blanco García, coordinadora general de Participacion Ciudadana, explicó en sus palabras de bienvenida que la investigación sobre “Los avances en el cumplimiento de la Ley General de Salarios del Estado Dominicano” tiene como como objetivo dar a conocer cuáles han sido los avances experimentados en el salario público derivados de la apli­cación de la Ley de Función Pública No. 41-08 y de la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Estado Dominicano y, consecuentemente, de la política salarial que esto implica, con la finalidad de determinar si los salarios de los empleados y funcionarios públicos en República Dominicana cumplen con las normativas aplicables.

“Nuestra organización sigue comprometida a impulsar iniciativas de este tipo, a fin de contribuir al fortalecimiento de la administración pública”, precisó Blanco García.

Durante el encuentro, el sociólogo Candido Mercedes, resaltó que un total de 81 funcionarios violan la regulación salarial, en su rtículo 5, numeral 6, ya que reciben ingresos superiores a los más altos titulares de los poderes del Estado.

“El 38.2% labora en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El 30.9% en La Procuraduría General de la República y el 13.6% en el Ministerio de Educación. En el portal de Transparencia aparecen ganando algunos solo RD$300,000, pero en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), aparecen con RD$600,000”, sostuvo Mercedes.

Indiana Tamarez, psicóloga organizacional, señaló que los recursos humanos deben ser planificados para poder satisfacer las necesidades de las organizaciones.

“La ley de salarios tiene algunas falencias. No tenemos estadísticas confiables en el sector laboral y mucho menos en el sector gubernamental”, destacó Tamarez.

El Doctor Alexi Martínez Olivo, recalcó la importancia y el aporte de esta investigación, y subrayó, además que la a sociedad civil debe empoderase más en materia salarial para que el Ministerio Público garantice la competitividad.

Principales Hallazgos de la investigación:

• La existencia de un 46% de empleados públicos registrados a través del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) que per­ciben sueldos inferiores a la canasta básica estimada por el Banco Central de la República Dominicana para el mes de octubre del 2019 (RD$ 31,379.83), con un salario medio de RD$ 20,000.00, un equivalente a 36% inferior a la canasta básica.

• Aproximadamente un 3% de los empleados públicos registrados en el SASP tienen sueldos inferiores al sueldo mínimo aprobado por el poder ejecutivo para el sector público en febrero del 2019 (RD$ 10,000.00), con un salario medio de RD$ 5,600.00, un 44% menos del salario mínimo del sector público.

• En las proporciones salariales por sexo, las diferencias en el número de hombres que ganan sueldos superiores a RD$ 200,000.00 superan en promedio un 16% el número de mujeres que perciben estos salarios.

El estudio sobre Los avances en el cumplimiento de la Ley General de Salarios del Estado Dominicano fue realizado por Participación Ciudadana y tuvo como fecha de corte octubre del año 2019.

Participacion Ciudadana insta al Estado Dominicano a revisar a mayor profundidad todas las irregularidades y violaciones actuales a la Ley de Regula­ción Salarial, ya que esto vulnera el dere­cho de los trabajadores de tener sueldos dignos y de calidad, y a iniciar la reestructuración de los salarios en la Administración Pública Dominicana con la elaboración de los reglamentos de aplicación de la Ley 105-13.

Estudio Ley General de Salarios

Exige el cumplimiento de la ley y continuidad de Estado en la Reforma Policial.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico, Participación Ciudadana, consideró crucial para la vida democrática del país continuar y concluir definitivamente el proceso de reforma de la Policía Nacional que se inició en el año 2012 y avanzó hasta la elaboración de la Ley Orgánica de la Policía Nacional en el 2016, de la cual están pendientes 19 de 20 reglamentos.

Los recientes acontecimientos ocurridos en el país, especialmente el acribillamiento de una pareja de jóvenes esposos en Villa Altagracia, terribles golpizas a ciudadanos, cientos de abusos al amparo del estado de emergencia han indignado a la ciudadanía que ve con profunda decepción, y pesar que la presente gestión del cuerpo policial se acoge a los viejos métodos que tantas vidas y sufrimientos han costado.

A través de comunicado prensa el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, señaló que aspectos tan relevantes de la Ley de la Policía como la reducción del número de oficiales generales y superiores, la descentralización de las unidades y el fortalecimiento de las unidades investigativas ni siquiera son citadas entre las preocupaciones del Ministerio de Interior y Policía ni de la propia Policía Nacional.

La organización de la sociedad civil, aseguró que lo único visible de ese proceso de reforma es el cambio de tratamiento de jefe a director de la Policía, pero que ha prevalecido una política criminal que se estableció desde el año 1998, fecha a partir de la cual cada jefe o director de la uniformada establece su propio récord de muertes en "intercambios de disparos" o cualquiera otra situación violenta en perjuicio de la ciudadanía.

Sobre Comisión de Reforma Policial

“Volver a hablar de reforma o de un plan de seguridad cuando ninguna de las reformas anteriores de la policía ha sido evaluada para saber qué ha pasado con esos procesos es embarcarse en otra crónica de una muerte anunciada”, expresa la organización en un documento público.

El movimiento cívico entiende que después de seis periodos presidenciales, tres presidentes de la República, dos planes de seguridad ciudadana y un gasto de miles de millones de pesos, la única política real de continuidad del Estado ha sido la violencia policial con un costo de más de tres mil vidas, por lo que ha llegado el momento de cero tolerancias contra los excesos policiales. Las consecuencias no deben detenerse en los que aprietan el gatillo, sino también alcanzar a quienes imparten instrucciones, puntualizó.

Respecto a la designación de una nueva comisión para la reforma policial, Participación Ciudadana, consideró que lo mandatorio es cumplir la ley. “Urge a los actores políticos clave a cumplir con el imperio de la ley y que el Consejo Superior Policial se aboque a diseñar una política preventiva e investigativa acorde con el siglo XXI. No obstante, deseamos éxitos a los trabajos de esa comisión, a cuyas acciones les estaremos dando seguimiento”, resalta el comunicado.

El Consejo Nacional, destacó, además que la entidad cívica ha desarrollado varios programas de manera conjunta con la Policía Nacional en interés de aportar a la institucionalidad, la cual considera necesaria para garantizar la seguridad ciudadana. “En el Proyecto de Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia se han generado reflexiones en torno a las condiciones de trabajo de la Policía Nacional y actuaciones irregulares en el ejercicio de sus funciones”, sostuvieron.

Participación Ciudadana solicita al presidente Luis Abinader como Mando Supremo de la Policía Nacional a hacer que se cumpla la ley que ampara esa institución, a fin de que el uniforme policial sea parte de la solución y no del problema en la agenda de seguridad ciudadana.

Consejo Nacional

07 de abril 2021

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico, Participación Ciudadana, en coordinación con la Asociación de Hoteles del Este (ASOLESTE), la Fundación Sueño Amazona, la Asociación Mutua de Servicios Solidarios (AMUSSOL), llevó a cabo en el Distrito Turístico Verón-Punta Cana, el taller “Riesgo Institucional del Crimen Organizado y la trata de Personas”, el cual fue impartido por el procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Jonathan Baró Gutiérrez.

El taller tuvo como objetivo, profundizar sobre las conductas asociadas a la trata de personas, la mecánica que utilizan los tratantes y grupos delictivos organizados para la comisión del delito, y cómo utilizan la corrupción para la facilitación del delito y evitar la persecución penal. El mismo se desarrolló en el marco de las acciones del proyecto CRIMJUST, destinado a fortalecer la cooperación en materia de investigación y justicia penal, para lograr una acción eficaz en casos de delincuencia organizada transnacionalmente.

Durante el encuentro, el magistrado Baró, resaltó que del año 2003 al 2012 en la República Dominicana fueron efectuadas únicamente 4 condenas por trata de persona. De manera que aunaron esfuerzos entre 2013 y 2017 y fueron emitidas unas 45 condenas. Sin embargo, pese al ahínco, la intensidad de dicha labor fue descontinuada entre 2018 y 2020, periodo en que únicamente se conocieron 18 condenas, menos de la mitad de lo logrado en el último espacio de tiempo señalado.

“Este comportamiento estadístico fue atribuido a debilidades institucionales, la falta de recursos, entre otras acciones relacionadas al desarrollo de políticas públicas que permitan hacer frente a dicha realidad”, señaló el Procurador.

Según explicó el Procurador, se han conocido más de 200 mil casos de víctimas explotadas sexualmente entre 2003 y 2019, pero solo el 1% de estas acuden a realizar denuncias. Esto porque les significa una afrenta el engaño, los múltiples años sometidas al maltrato de este tipo, y en el peor de los casos una amenaza de muerte.

Otro dato expuesto en la conferencia impartida por el magistrado Baró es que, en 2020 el país fue colocado en la lista de vigilancia del Nivel 2, por ser una de las naciones que no satisfacen plenamente las normas para la eliminación de la trata de personas, pero que están dando importantes pasos para lograrlo.

De acuerdo con los testimonios presentados, algunas de las personas expuestas ante la trata y explotación sexual, son iniciadas en las drogas, como un mecanismo que permita a las víctimas soportar las diversas acciones a las que son forzosamente sometidas. De estos, resalta el Procurador, que muchos son menores de edad comercializados a través de sus padres por dinero, mientras que otros, entre 800 mil y 4 millones, son engañados para luego ser convertidos en esclavos sexuales, según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destacó Baró.

En la capacitación participaron, además miembros de la Policía Nacional; del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani); del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); del Ministerio de Trabajo; la organización Plan International; fiscales y demás entes relacionados a la profesión del Derecho y otras áreas gubernamentales a nivel provincial

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, expresó mediante un comunicado de prensa, que la Cámara de Diputados, tiene el deber de evaluar con transparencia y en observancia de los requisitos establecidos en la Ley No.19-01, que instituye el Defensor del Pueblo para la selección de la terna que deberá proponer al Senado para la designación de la persona que ocupará tan importante función pública.

Los artículos 5 y 11 de la referida Ley establecen dentro de los requisitos para optar por esta función pública, tener una reconocida solvencia moral y profesional, poseer amplios conocimientos de la administración pública y de la gestión gubernamental, así como no pertenecer a partido político alguno.

El Consejo Nacional de Participacion Ciudadana, expresó su preocupación por declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en el sentido de que las notas de las evaluaciones que determinan si los candidatos cumplen o no con los requisitos legales son “solo referencia y no determinan las ternas”, lo que implica que lo dispuesto en la Ley 19-01 puede ser violado por el propio órgano congresual que la aprobó y sobre todo por su presidente, que como diputado en el año 1991 aprobó tales requisitos.

Por otro lado, la organización de la sociedad civil manifestó que no se cumple con el espíritu de la ley cuando se trata de evadir el requisito de apartidismo renunciando previamente a un partido para habilitarse como candidato, sobre todo cuando los partidos pactan quienes defenderán sus intereses desde esa importante posición diseñada para salvaguardar no sus intereses, sino los derechos fundamentales de las personas, y los intereses colectivos y difusos establecidos en la Constitución.

Por la función fundamental que tiene la Defensoría del Pueblo como órgano extrapoder, Participación Ciudadana invita a la ciudadanía, a mantenerse vigilante al proceso de selección de la terna en la Cámara de Diputados, y posterior elección del Defensor del Pueblo y sus adjuntos por el Senado.

Consejo Nacional

22 de marzo de 2021

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico, Participación Ciudadana, expresó este jueves su apoyo por la aprobación en el código penal de las tres causales excepcionales que justifican la interrupción del embarazo sustentado en la defensa de los derechos fundamentales a la vida, dignidad, integridad, libertad, seguridad personal, libre desarrollo de la personalidad que la Constitución garantiza a la mujer, y que corresponde a nuestros líderes y representantes cumplir y hacer cumplir en todas las esferas, incluyendo el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.

El Consejo Nacional de Participación Ciudadana, aprobó unirse a los reclamos de la Coalición por los derechos y la vida de las mujeres, la cual está integrada por más de un centenar de organizaciones que han establecido un campamento en los alrededores del Palacio Nacional con el objetivo de hacer visible sus reclamos ante la amenaza que contra los derechos de la mujer, representa la aprobación por la comisión de justicia de la Cámara de Diputados de un proyecto de ley de código penal que penaliza el aborto sin tomar en cuenta las tres excepciones que han sido acogidas en la mayor parte de los países del mundo cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el embarazo haya sido el resultado de violación o incesto o cuando el nasciturus tenga una malformación incompatible con la vida.

“Participación Ciudadana hace un llamado a los partidos políticos, a sus dirigentes y congresistas a mantener sus promesas de campaña electoral sobre este tema, a través de las cuales manifestaron que favorecían ampliamente las tres causales, pues de lo contrario se consumaría un engaño electoral, inaceptable en un Estado Social y Democrático de Derecho”, expresó Leidy Blanco García, coordinadora general de la organización de la sociedad civil.

Blanco García, aseguró, además que desde el movimiento cívico son respetados todos los ciudadanos y ciudadanas que por razones religiosas no están de acuerdo con las tres causales, pero sus convicciones no pueden constituirse en políticas públicas obligatorias para todas las personas. “Reconocemos que podrían surtir efectos entre quienes comparten dichas creencias que no sufrirán ninguna restricción en sus derechos fundamentales, pues las causales no se imponen en forma obligatoria, sino que dejan en libertad a la mujer de decidir si interrumpe su embarazo o no solo si se encuentra en una de esas tres excepciones, por lo que nuestra posición no es promover el aborto sino sus excepciones”, enfatizó.

La realidad dominicana comprobada es que la penalización absoluta del aborto solo ha perjudicado a los más pobres y ocasiona la muerte de innumerables mujeres cada año, sobre todo menores de edad que deben acudir a clínicas y curanderos clandestinos donde se someten a procedimientos y brebajes que no solo implican un peligro para su vida, sino que además les roba su dignidad y su futuro. “Cifras oficiales estiman que entre 08 y 13% de las muertes maternas se deben a abortos ilegales, y algunos estudios indican que las mujeres fallecidas por causas vinculadas al embarazo superan el de las fallecidas por violencia de género”, destacó, Leidy Blanco García.

Desde Participación Ciudadana hacemos un señalamiento de que, si un proyecto de esta naturaleza llega a convertirse en ley, no le quedaría más remedio al presidente Luis Abinader que honrar su palabra de campaña y observarlo, dilatando de esta manera la aprobación de un código penal necesario, pero que no puede construirse jamás pisoteando los derechos de las mujeres.

Consejo Nacional

18 de marzo de 2021

Santo Domingo, República Dominicana. El Consejo Nacional del movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, eligió este martes a Leidy Blanco García, como la nueva coordinadora general de la institución para el periodo 2021-2022.

Leidy Blanco García es abogada y actualmente se encuentra cursando el Doctorado en Sociedad, Democrática, Estado y Derecho. Trabaja como Coordinadora de Vinculación con Organismos Internacionales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha sido, además columnista voluntaria del periódico digital Acento, voluntaria en asentamiento populares por una República Dominicana más justa y sin pobreza, a través de Techo República Dominicana y voluntaria de las iniciativas de equidad de género, ONU Mujeres RD.

 También es miembro del Consejo Nacional y ex coordinadora de la Comisión Justicia de la institución. Forma parte de Participación Ciudadana desde el año 2013.

“Agradezco profundamente el voto de confianza de mis compañeros del Consejo Nacional. Significa un gran reto a nivel profesional, personal y también como un legado para mis hijas, el cual asumo con mucha humildad, pero sobre todo con una gran vocación de servir desde Participación Ciudadana a construir una sociedad más justa y transparente”, expresó Leidy Blanco García, coordinadora general del movimiento cívico.

Un Consejo Nacional renovado

El pasado domingo, en su vigésimo séptima Asamblea General, Participación Ciudadana, renovó su Consejo Nacional, órgano máximo de dirección que ostenta la representación de la entidad. Este año fueron electos: Betsaira Rodríguez, Cornelia Adón, Josefina Reyes y Joseph Abreu, los cuales integrarán el Consejo junto a Pedro Acevedo, Leidy Blanco García, José Ceballos, Miguel Collado, Melba Barnett, Sonia Díaz Inoa, Melvin Peña y Tony Tejada.

La renovación del Consejo Nacional de Participación Ciudadana forma parte de las acciones que se realizan anualmente durante la Asamblea General Ordinaria del movimiento cívico, en la cual participa la membresía activa de la organización.

Consejo Nacional

17 de marzo de 2021

San Juan de la Maguana. – Con la presencia de miembros de Participación Ciudadana, Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE) y miembros de la sociedad civil, la alcaldesa por el referido municipio, arquitecta Hanoi Sánchez, firmó el pacto por la gobernabilidad democrática en este municipio.

El convenio suscrito por la ejecutiva municipal, los representantes de Participación Ciudadana y la CEPAE, es con la finalidad de permitir el seguimiento a las acciones que ejecuta el ayuntamiento en cuanto al manejo de sus recursos, donde los miembros de la sociedad tengan la oportunidad de dar seguimiento a las ejecutorias que se realizan en total transparencia.

Por las entidades Participación Ciudadana y el CEPAE estuvieron presentes Rigoberto Sánchez, Víctor Figuereo y Sandino Olavarría respectivamente.

La firma del pacto por la gobernabilidad democrática local fue realizada este martes 16 de marzo en el despacho de la arquitecta Hanoi Sánchez donde acudieron miembros de la sociedad civil y funcionarios del ayuntamiento municipal.

Fuente: Héctor Solís (Periodista)

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, celebró este domingo su XXVII Asamblea General, en la cual se renovaron los integrantes del Consejo Nacional, órgano máximo de dirección que ostenta la representación de la organización de la sociedad civil.

En el marco de esta Asamblea, Participacion Ciudadana, proclamó el 2021 como el “Año por la independencia de los órganos de control, persecución y sanción de la corrupción administrativa”, ya que consideran ha llegado la hora de la independencia de los órganos responsables de controlar los recursos públicos, así como de aquellos que son responsables de la investigación, persecución y sanción de la corrupción administrativa.

A través de esta proclama la Asamblea del movimiento cívico, llamó al Congreso Nacional a ejercer sus obligaciones constitucionales de fiscalización y control de las actividades del Poder Ejecutivo, indispensables dentro del sistema de frenos y contrapesos diseñado en nuestra Constitución, y que ha sido vergonzosamente abandonado por intereses puramente partidarios, con los consabidos resultados de incremento de la corrupción y la impunidad. “Los nuevos legisladores tienen en sus manos la oportunidad de revertir esta nociva tradición y han dado un primer paso positivo al aprobar la iniciativa del senador Antonio Taveras de exigir que ministros y directores informen las condiciones en que encontraron sus respectivas instituciones al momento de sus designaciones para evitar cualquier percepción de borrón y cuenta nueva”, señala la proclama.

Los integrantes de la Asamblea, resaltaron que el momento es de oportunidad, pues el primer paso debe ser la designación de nuevos miembros de la Cámara de Cuentas que gocen de credibilidad, capacidad e independencia y tengan la fortaleza de carácter para saber que por encima de ellos solo se encuentran la Constitución y las Leyes. “La Cámara de Cuentas debe ser objeto de un proceso de limpieza moral y técnica debido a la escandalosa negligencia con la que han actuado hasta ahora, con claros visos de corrupción, lo que justifica la investigación en curso de sus actuales miembros y la aplicación del régimen de consecuencias existente”, sostiene el movimiento cívico.

La proclama de Participación Ciudadana, subraya, además que el Ministerio Público debe terminar de salir del oscuro período en que fue sumido durante la gestión anterior con la finalidad de reconstruir la credibilidad y confianza perdidas, y dejar de contribuir a la denominada jurisprudencia de la corrupción.

“En un esfuerzo general de dotar de independencia a los órganos de control, de persecución y de sanción de la corrupción administrativa no se puede dejar de lado al Poder Judicial que ha sido parcialmente responsable del incremento de la impunidad debido a la infiltración de personas que llegan a los tribunales con la finalidad de proteger a corruptos, sean estos del sector público o del sector privado, o incluso a antiguos compañeros de partido, sin importar la existencia de claros conflictos de intereses”, destaca el comunicado de prensa.

Participación Ciudadana entiende que debe construirse una agenda con iniciativas que contribuyan a fortalecer la independencia de los órganos de control, investigación y sanción de la corrupción, que asegure una integración más equilibrada del Consejo Nacional de la Magistratura, que proteja la inamovilidad de jueces y fiscales, a través del fortalecimiento de sus respectivas carreras y que solo jueces de carrera puedan llegar a la Suprema Corte de Justicia, que se cumpla eficazmente la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria tanto del Ministerio Público como del poder judicial y que se perfeccionen las evaluaciones que se realizan sobre los(as) candidatos(as) que aspiran a llegar a las altas cortes y a los órganos de control, respetando el equilibrio de género que manda la Constitución.

Exhortamos al presidente Luis Abinader a actuar con la presteza y firmeza que se corresponde con su discurso electoral ante las denuncias de irregularidades en el uso de fondos públicos que tempranamente han aparecido en la presente gestión, incluyendo prácticas clientelares tan criticadas por el partido de gobierno cuando estaba en la oposición.

Desde Participación Ciudadana hacemos un llamado a la ciudadanía a mantenerse empoderada, consciente de que ha sido ella y solo ella, a través de sus reclamos de cese de la corrupción y la impunidad, la que primero en las calles, y luego en las urnas, demostró que su paciencia ha llegado al límite y exige que cualquier funcionario público, sin distinción de partido político que en el pasado, presente o futuro haya obtenido u obtenga para si o para terceros provecho económico en detrimento del patrimonio público sea severamente sancionado, poniendo fin a la impunidad que nos corroe. Las nuevas autoridades deben hacer conciencia de que su consigna electoral, prometiendo un cambio, está siendo seguida de cerca por la sociedad y que de su cumplimiento o no se derivarán las consecuencias de lugar.

Sobre la Asamblea General Ordinaria de Participación Ciudadana

La Asamblea General Ordinaria de Participación Ciudadana se celebra anualmente, y durante la misma los miembros activos de la organización participan del proceso de la lectura de la memoria el año que concluye, la rendición de cuentas y planificación anual para el año que discurre, además de elegir por votación directa a nuevos miembros del Consejo Nacional. Este año fueron electos: Betsaira Rodríguez, Cornelia Adón, Josefina Reyes y Joseph Abreu, los cuales integrarán el Consejo Nacional junto a Pedro Acevedo, Melva Barnet, Leidy Blanco, José Ceballos, Miguel Collado, Leidy Blanco, Melva Barnett, Sonia Díaz Inoa, Melvin Peña y Tony Tejada, miembros que seguirán por un año más en el Consejo Nacional del movimiento cívico.

Cada año el coordinador o coordinadora general saliente presenta un recuento de las principales acciones y avances de su gestión. Esta vez la Coordinadora General del periodo 2020-2021, la señora Sonia Día Inoa, reconoció el trabajo, la entrega y dedicación de los integrantes del Consejo Nacional y de las comisiones de trabajo de la institución. “Extiendo mi agradecimiento al equipo técnico, a la dirección ejecutiva, y a todos y todos los asambleístas miembros de Participación Ciudadana. Reconocimiento especial merecen los voluntarios y colaboradores por los esfuerzos desplegados en las diferentes áreas de la institución, y todos aquellos que debieron afrontar tiempos tan difíciles, duplicar sus jornadas de trabajo, afrontar situaciones imprevistas y mantener a nuestra organización funcionando a pesar de todas las adversidades que se produjeron en este tiempo convulso que siempre habremos de recordar”, destacó Sonia Díaz Inoa.

Consejo Nacional

14 de marzo de 2021

Santo Domingo, República Dominicana. El Consejo Nacional del movimiento cívico, Participación Ciudadana, afirmó que los partidos políticos se resisten a conceder el espacio que merece la mujer política dominicana y que es lamentable que lo hagan, incluso en violación a las disposiciones legales y constitucionales que rigen la materia.

A través de un comunicado, el Consejo Nacional del movimiento cívico, señaló que el más reciente caso es el congreso celebrado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el cual se completó la matrícula de su comité central y se renovó su comité político. “De 45 miembros que tiene el comité político, apenas 07 son mujeres (15.5%), y de los 321 escogidos para completar el comité central solo 61 son mujeres (19%). En tiempos recientes el Partido Revolucionario Moderno (PRM), escogió a su Dirección Ejecutiva integrada por 62 miembros de los cuales solo 10 son mujeres (16%)”, subraya el Consejo Nacional.

La organización de la sociedad civil, aseguró que esta situación ocurre a pesar de las disposiciones de la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, cuyo artículo 24.6 establece que los partidos deben “instituir mecanismos que garanticen la democracia interna, la igualdad y equidad de género a todos los niveles de sus estructuras organizativas, estableciendo en sus estatutos internos la cuota o porcentaje de participación de la mujer en los organismos  de dirección de la organización  política en todo el territorio nacional  y en el exterior, no pudiendo, en ningún caso, ser dicha cuota menor al porcentaje establecido en la Ley” que es de un 40%.

Participación Ciudadana, lamentó, además que las mujeres sigan en franca minoría en los demás partidos y en el gobierno donde de 37 funcionarios importantes en el gabinete del presidente Luis Abinader, solo el 27.5% son mujeres y el 72.5% son hombres, lo cual significa que solo ocupan el cargo de ministras tres mujeres de 22 posiciones para un 13.6%, según un análisis de la firma Engage.

“No se trata de situaciones aisladas sino de una cultura machista que debe ser vencida para evitar la discriminación en la mayoría de las esferas públicas, como en el Senado donde hay cuatro mujeres de un total de 32 miembros (12.5%); o en la Cámara de Diputados con 48 diputadas, de un total de 190 (25.26%); o en la esfera municipal con 19 mujeres alcaldesas de un total de 158 (12%)”, sostiene el Consejo Nacional.

La Constitución dominicana superó el concepto de cuota e introdujo el de equilibrio de género. A pesar de esto, esta disposición constitucional que tiene diez años no ha sido aplicada hasta en las altas cortes, ya que en el Tribunal Constitucional solo hay tres mujeres de 13 miembros (23%) y en la Suprema Corte de Justicia 04 de 17 (23.5%).

La alta dirigencia de los partidos, así como nuestros gobernantes deben aportar la voluntad política necesaria para hacer realidad el texto constitucional. El pretexto de que las mujeres no presentan sus candidaturas o no se ganan las más altas posiciones en el Estado y los partidos, debe ser superado por un esfuerzo real, con mecanismos institucionales para lograr la equidad de género. De poco sirven las declaraciones y homenajes en el Día Internacional de la Mujer si esto no se manifiesta en el reconocimiento de los aportes que día a día hacen las mujeres en el ámbito político y en el derecho que como mitad de la población tienen de acceder a las posiciones de poder.

Participación Ciudadana exhorta a las mujeres políticas a no cejar en su lucha para que le sean reconocidos sus derechos. Nos comprometemos, además a acompañarlas y dar seguimiento al cumplimiento a una conquista que costó mucho tiempo y esfuerzo para que fuera establecida en la Constitución y en las Leyes.

Consejo Nacional

10 de marzo del 2021