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La Juventud Participa: Los Movimientos Sociales y las Nuevas Tecnologías

En los últimos años se ha producido un acelerado proceso de deterioro de la confianza juvenil en las instituciones clásicas, los partidos políticos y la política en sentido general. Sin embargo, en contraposición, hemos experimentado un aumento en el protagonismo de la juventud como grupo social diferenciado en los movimientos sociales. Desde las manifestaciones para que fuera destinado el 4% del PIB para la educación, la Marcha Verde, las protestas en la plaza de la bandera y la lucha por la inclusión de las tres causales en el Código Penal, todos estos movimientos han tenido una característica en común: la participación masiva de los y las jóvenes dominicanos y dominicanas, no solo de manera presencial sino a través de las redes sociales.

La juventud ha descubierto una nueva y poderosa herramienta no solo para enterarse de lo que sucede a su alrededor sino para hacerse escuchar: las nuevas tecnologías de la información y especialmente, el internet y las redes sociales que se han convertido en un instrumento político significativo, y en un espacio decisivo para influir, organizar e introducir temas en la agenda pública.

Las redes digitales como Twitter, Facebook e Instagram permiten a los jóvenes accesar y difundir información en tiempo real. Además, mediante mensajes cortos y concisos, la opción de poder compartir la información con nuestros seguidores y de utilizar la opción de comentarios de los diversos “posts” como espacios de debate ha demostrado que ya no pueden comprenderse los movimientos sociales sin entender la capacidad de las nuevas tecnologías, así como el impacto de las redes sociales para impulsar y promover la coordinación y la organización social. Los jóvenes han entendido esta idea a la perfección y la están usando a su favor. Las nuevas tecnologías pertenecen a la cotidianidad de la vida social de la juventud dominicana, no solo respecto a los fenómenos políticos y sociales, sino que se encuentran arraigadas en la propia identidad de los y las jóvenes.

La búsqueda de una política más transparente, el respeto y la promoción de los derechos humanos, la inclusión de los grupos más vulnerables y el rescate de la política como un instrumento al servicio de la sociedad han sido de los principales ejes del accionar juvenil durante los últimos años.

El concepto de la política como una categoría cerrada y accesible solo para ciertas personas, instituciones y estructuras partidarias, y las ideas clásicas de la política están en decadencia, y a la vez la juventud está cada vez prestando más atención a sus gobernantes, y participando paulatinamente cada vez más en política, tanto desde la sociedad civil como desde los partidos políticos.

Las nuevas tecnologías están promoviendo una nueva dinámica, espacios políticos más participativos e inclusivos, e impulsando la democracia social. La política y la forma en que los individuos se relacionan y participan en ella está cambiando; una nueva generación de jóvenes está cada vez ganando más terreno, y los movimientos sociales están transformando el panorama político dominicano. El cambio ya es inminente, implacable e inexorable.

Por Naomi Rodríguez, integrante de la comisión de Justicia de Participación Ciudadana.

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Participación Ciudadana realiza mesa de diálogo sobre trata de personas en la República Dominicana

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, realizó la mesa de diálogo “Construyendo alianzas para la sensibilización sobre la trata de personas en la República Dominicana’’, que tiene como objetivo sensibilizar a los diversos actores sociales e instituciones del Estado dominicano, sobre la importancia de aunar esfuerzos para contrarrestar el delito de la trata de personas en el país.

La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Fátima Lorenzo, señaló que es de suma importancia aumentar la conciencia pública sobre las violaciones de los derechos fundamentales causada por el delito de trata de personas y el papel de las instituciones del Estado en la persecución de este delito.

“Desde Participación Ciudadana junto a las 17 OSC que formamos la Coalición de la sociedad civil contra la trata de personas, estamos muy esperanzadas de que podamos avanzar en tener un marco legal de protección para quienes son víctimas de trata, fundamentalmente mujeres y niñas y niños”, puntualizó Lorenzo.

Por su parte, Yoanna Bejarán, procuradora general de corte, Titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, puntualizó el gran interés que tuvo la Magistrada Miriam Germán desde que asumió la Procuraduría General, definiendo como alta prioridad los casos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, tomando en cuenta la situación actual en que se encuentra la República Dominicana en relación a estos temas.

“Hoy más que nunca estamos redoblando esfuerzos para combatir la Trata, trabajando con integralidad para proteger las víctimas de esta modalidad de esclavitud”, expresó Bejarán.

Elisa Sánchez, asesora del Despacho del Ministerio de la Mujer, enfatizó que desde este ministerio se desarrollan acciones, programas y estrategias contra la Trata de Personas, como parte de la Política Pública de protección a los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

“En materia de protección a las víctimas de Trata, estas tienen derecho al acceso de los servicios que presta el Ministerio de la Mujer a nivel nacional, no importa su procedencia, nacionalidad, color y credo”, expresó Sánchez.

José Monteiro, coordinador de la Coalición de organizaciones de la sociedad civil contra la trata de personas, puntualizó que, sin la participación de todos los sectores de la sociedad, no es posible hacer frente a la trata de personas, y que, por ello, es fundamental contar con recursos, personal técnico y tecnología de última generación.

Esta actividad se enmarca dentro del proyecto “Acción Ciudadana por la Seguridad y la Justicia” con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID-.

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Participación Ciudadana realiza mesa de diálogo sobre ordenamiento territorial de Las Terrenas

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, realizó la mesa de diálogo: Ordenamiento Territorial de Las Terrenas: “Proceso clave para el desarrollo del municipio”, con el objetivo de contribuir a la reflexión sobre la importancia y la necesidad de organizar y planificar de manera estratégica este territorio.

Leidy Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana, enfatizó que no es posible hablar de desarrollo inclusivo y sostenible, sin una mirada al territorio, y sin un ejercicio pleno de la gobernanza.

“Es a través de la gobernanza como nuevo modelo de una gestión verdaderamente participativa y horizontal, que se promueve la descentralización, se generan espacios de autonomía en los municipios, permitiendo mayores niveles de transparencia y fomentando el buen gobierno”, puntualizó Blanco García.

Por su parte, el alcalde de Las Terrenas, Eduardo Esteban, abordó la necesidad de planificar hacia dónde va el crecimiento de este municipio, ya que se ha expandido sin regulación, siendo este uno de los retos que se deben enfrentar.

Por su parte el viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Domingo Matías, expresó que los ciudadanos deben ser parte del ordenamiento territorial, recuperando los espacios públicos y garantizado todos los servicios en igualdad.

La mesa estuvo presidida por el alcalde Eduardo Esteban, el viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional Domingo Matías, el viceministro de Turismo Carlos Peguero, la presidenta del Consejo de Regidores María Crisóstomo, Leidy Blanco García, coordinadora general Participación Ciudadana y Jason A. Grullon, director interino de seguridad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

En la actividad estuvieron presentes representantes del Clúster Turístico de Samaná, Asociación de hoteles y empresas turísticas de Samaná, medio ambiente, CONANI, Ministerio de la Mujer, regidores, organizaciones de la sociedad civil, miembros de la policía nacional, de la defensa civil y del cuerpo de los bomberos.

El encuentro fue moderado por Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, y se realizó en el marco del proyecto “Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia”, con el auspicio de la USAID.

1 de septiembre

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Participación Ciudadana recibe al presidente del Tribunal Superior Electoral 

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, recibió al presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), magistrado Ignacio Camacho Hidalgo, en un proceso de visitas que este tribunal está realizando para establecer relaciones de vinculación y coordinación de trabajos. 

Durante el encuentro, Leidy Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana, precisó que los nuevos jueces del TSE son personas con idoneidad para el cargo, con solvencia moral y capacidades profesionales probadas.

En el encuentro se abordaron temas referidos al proceso de reorganización interna y de medidas que se están llevando a cabo en el Tribunal Superior Electoral para responder a retrasos, eficientizar procedimientos y lograr agilizar el trabajo, señaló Participación Ciudadana en nota de presa.  

“Nuestra institución es referente de observación electoral y de todo el proceso concerniente a la organización de las mismas, esperamos generar una colaboración interinstitucional y un seguimiento que fortalezca la democracia y la institucionalidad electoral”, puntualizó el movimiento cívico.  

En el encuentro estuvo también presente el magistrado Pedro Pablo Yermenos y Rafael Menoscal Reynoso, encargado de comunicaciones del TSE. 

Desde Participación Ciudadana los acompañaron la directora ejecutiva, Fátima Lorenzo, y los miembros del Consejo Nacional Pedro Acevedo y Betsaira Rodríguez, quienes ratificaron el compromiso de la institución con el fortalecimiento de la democracia electoral y del seguimiento a las ejecutorias de este tribunal.  

 

31 de agosto del 2021 

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Participación Ciudadana realiza mesa de diálogo sobre inclusión en la Administración Pública

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, realizó la mesa de diálogo: Inclusión en la Administración Pública, con el objetivo de conocer y analizar el cumplimiento de la inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad en las instituciones del Estado.

Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, explicó que mediante estos espacios se contribuye a impulsar la reflexión, el debate y la promoción acerca de los desafíos a superar para lograr la implementación de las normas y políticas públicas en el marco del proceso de la reforma de la administración pública.

“Nuestra Constitución establece la protección de las personas con discapacidad y el Estado debe promover el goce de todos sus derechos humanos, así como el ejercicio pleno de sus capacidades”, enfatizó Fátima Lorenzo.

Soraya Santos, coordinadora del Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS), señaló que desde CIMUDIS se busca integrar a la mujer con discapacidad en la sociedad, fomentando su participación y promoviendo su capacitación.

“Según los datos arrojados por el censo nacional de población y vivienda 2010, la población con discapacidad es de un 12.3%, de esos 56% son mujeres, y solo 17.2% está trabajando, igualmente enfrentando barreras para asistir a centros de salud y educación”, señaló.

Por su parte, Valery Bobadilla, encargada de Inclusión Laboral del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), comentó que las personas con discapacidad tienen más probabilidad de estar desempleadas, suelen tener más bajo salarios y peores oportunidades de trabajo.

“Para hacer frente a esta realidad se hace necesaria la promoción del papel de la familia como promotora y propiciadora de la autonomía y del empoderamiento de las personas con discapacidad”, puntualizó Bobadilla.

María Battle, coordinadora del Departamento de Inclusión en la Alcaldía del Distrito Nacional, abordó durante el cierre, las acciones que desarrollan para garantizar la inclusión y accesibilidad a las personas con discapacidad desde la alcaldía del Distrito Nacional.

Esta actividad se desarrolló en el marco del proyecto “Acción Ciudadana por una administración pública inclusiva que garantice los Derechos Humanos”, asistieron representantes de organizaciones de personas con discapacidad, funcionarios públicos y miembros de Participación Ciudadana.

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Participación Ciudadana realiza conversatorio Juventud participa: política y sociedad civil

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana realizó el conversatorio “Juventud participa: política y sociedad civil” con el objetivo de fomentar la participación, la formación y la reflexión de los jóvenes, a fin de que estos puedan contribuir a la institucionalidad democrática, la justicia social, la transparencia y la reducción de la impunidad.

El encuentro virtual moderado por la periodista Millizen Uribe, contó con la participación de Leidy Blanco García, coordinadora general del movimiento cívico; Olfanny Méndez, vice presidenta de la Cámara de Diputados; José Horacio Rodríguez, Diputado del Distrito Nacional por el Partido Alianza País; Bolívar Valera, Diputado de Santo Domingo Este por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Natalia Mármol, activista social.

Los jóvenes destacados en los últimos años por su accionar y compromiso político, así como por su lucha, interés e influencia desde la sociedad civil coincidieron en que las principales barreras que enfrentan estos enfrenta en la actualidad para incursionar en la política son las limitaciones para acceder a recursos económicos, así como el predominio del clientelismo en el escenario político.

En este sentido, el Diputado José Horacio Rodríguez, señaló que, para allanar el camino a los jóvenes, se hace necesario abaratar el costo de la política y que en ello la Junta Central Electoral (JCE) debe jugar un papel fundamental.

“El mundo que la generación joven está enfrentando es uno lleno de grandes retos y desafíos. La juventud se encuentra con un mundo del que no es responsable, pero en la medida que adquiere consciencia de esa realidad también entiende la importancia de la participación política”, destacó Rodríguez.

El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Ariel Jiménez, precisó que

la política es un ejercicio diario, por lo que recomendó a los jóvenes interesados en incursionar en ella a identificar por qué quieren entrar a la política, a desarrollar un liderazgo local y de servicio a través de la cercanía con la gente y a formarse en los asuntos de interés.

“Hace falta que desde los partidos políticos se invierta en políticas públicas y en policía per se. Debemos apostar a la formación, ya que no hay nada mejor que tener interlocutores formados en todos los partidos y en todos los espacios de participación pública”, puntualizó.

Bolívar Valera, Diputado de Santo Domingo Este, resaltó que la mejor manera de los jóvenes incursionar en la política es a través del trabajo, la disciplina y la honestidad, al tiempo que insistió en la necesidad de la creación de espacios que motiven a los jóvenes, a fin de que estos se interesen por los temas políticos no solo en tiempos de campaña.

“Nos han vendido la idea de que la juventud está perdida y de que la juventud no está en política. Es por eso que los partidos deben asumir la motivación de la gente y de sus votantes fuera de campaña política”, enfatizó Valera.

Olfanny Méndez, vice presidenta de la Cámara de Diputados, subrayó que la idea de que los jóvenes no están en política es la misma de que la política es solo para corruptos, por lo que estos tienen el reto de dejar las bancas e ir al terreno de juego.

“Incursionando y participando podemos ser parte de todo el cambio que se puede generar desde la política. Pero la juventud debe involucrarse en la política para llevar soluciones colectivas no individuales”, sostuvo.

La destacada activista social, Natalia Mármol, afirmó que los jóvenes que actualmente ocupan cargos políticos y públicos tienen un desafío bastante grande, pero también tienen la oportunidad para seguir demostrando que si es posible devolverle la confianza a la gente y de superar la barrera del clientelismo.

“Como ciudadanos tenemos un rol importante de fiscalizar, señalar y denunciar lo mal hecho, ya que de lo contrario las reglas de juego nunca van a ser justas en el avance de la garantía de los derechos. Necesitamos personas con compromiso real de construir una sociedad más justa”, recalcó.

Leidy Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana, señaló que este es el primero de una serie de encuentros que estará desarrollando la institución en el marco de la iniciativa Juventud Participa, la cual ha diseñada desde la organización de la sociedad civil con el objetivo de brindar a los jóvenes un espacio de participación, reflexión y formación sobre democracia, transparencia y fortalecimiento institucional.

18 de agosto de 2021

 Grabación del evento disponible en: Webinar “Juventud Participa: Política y Sociedad Civil”

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Evaluación al gobierno, contexto y desafíos

 Por Cándido Mercedes

 “El mundo esencia en cuanto mundear. Esto significa: el mundear del mundo ni puede explicarse por otro, ni puede fundarse desde otro. El mundo como juego de espejo acontece más allá de la relación de fundamentación.” (Byung Chul Han: Filosofía del Budismo).

El mundo en casi todo el transcurrir del 2020 sufrió varias convulsiones: shock pandémico, shock económico y shock, en algunos países, institucional. La economía en América Latina y el Caribe se cayó a un promedio de 8.5% del PIB. Se perdieron 26 millones de empleos y 30 millones de personas se hundieron en la pobreza y 8 millones en la indigencia. ¡La desigualdad en la Región más desigual se expandió aún más!

En medio de ese terrible panorama social y económico, la Región debió buscar soluciones para coadyuvar a responder al shock pandémico. Los esfuerzos fiscales rondaron un promedio de 3.2% del PIB. Algunos gastaron el 8.1% PIB. Nuestro país decreció 6.7% del PIB, y en 2020 el déficit rondó los RD$450,000 millones de pesos, esto es, el equivalente a un 8% del PIB. En los primeros meses de la pandemia el esfuerzo fiscal representó 0.7%. Sin embargo, actualmente, oscila en los RD$190,000 millones de pesos que representa 4.4% del PIB, para hacer frente a las dimensiones sociales que condujo el shock pandémico (lo laboral, lo social y salud).

La economía dominicana medida por su PIB regresó al 2018 cuando fue de US$83,000 millones de dólares. En 2020 perdimos US$10,000 millones de dólares. Turismo, su principal fuente de divisas creadas por su economía colapsó. Al 16 de agosto todavía falta por recuperar alrededor de 76,000 empleos y la pobreza monetaria se situó de 21 a 24%. Todo el año referido estuvo caracterizado por esa horrida desolación social, económica, laboral y la pandemia con unas botas inmensas a lo largo de todo el tejido, de todo el cuerpo social dominicano. Hasta agosto de 2020, al shock pandémico conjuntamente con el shock económico, nos atravesaba el shock institucional Estábamos en todo ese interregno de la fecha prescrita, en un verdadero riesgo político.

Un riesgo político, al decir de Jorge Sahd “son los riesgos derivados de decisiones o eventos políticos que terminan afectando significativamente los objetivos de gobierno o los resultados de un negocio determinado, pueden ir desde eventos geopolíticos, conflictos internos, cambios regulatorios, actos de corrupción, terrorismo, activismo social, hasta amenazas de seguridad o ciberseguridad”. Siguiendo el hilo conductor de Sahd o su nivel ascensional de pensamiento, podemos colegir que dos riegos políticos cuasi nos inundaban: corrupción y tensión social, y con ellos una ola de malestar social vía la prohijada impunidad y la ausencia de institucionalidad que derivaba en todo un vacío de legitimidad.

La capacidad de gobernanza se encontraba en el despeñadero. Esto es, las leyes que protegen, las microregulaciones, las normas sociales y las instituciones que están llamadas a hacer que se cumplan las normas, acusaban una profunda anomia institucional. ¡La limpidez, la nitidez, la diafanidad y la claridad como ejes medulares de la transparencia no existían en la praxis social! Vale decir, la transparencia, expresión de resultados de normativas ampliamente entendidas y claramente aplicadas, no nos guiaban como nación. La transparencia reduce la incertidumbre, disminuye los costos de la transacción y aumenta la confianza entre los diferentes actores sociales y políticos de una sociedad.

Jack Attali hace 11 años nos dijo que había que devolverles la confianza a las instituciones. De allá para acá un verdadero cráter como consecuencia de un volcán en erupción, cuasi nos anula. La confianza se evaporó generando un retroceso democrático y una recesión electoral. La calidad de la democracia se achicó a niveles demenciales. Como nos dice Patricia S. Churchland en su libro El cerebro moral “La confianza puede ampliarse más allá del círculo familiar si las pautas institucionales pueden garantizar un nivel razonable de fiabilidad entre sus participantes, tanto conocidos como desconocidos. Aunque la naturaleza de las instituciones más antiguas estaba determinada por un trasfondo de apegos sociales a los miembros de la propia familia, también estaba influida por una variedad de factores: La naturaleza de los problemas que se debían resolver, la disposición a castigar a los infractores, las idiosincrasias de los miembros en cuestión, así como el modo de hacer las cosas en ese momento de la historia”.

Ese es el contexto, lo esencial es, pues, cómo evaluamos un gobierno a un año de llegar al poder con sus consecuentes desafíos. Dos desafíos principales tiene el presidente Abinader: la problemática de la pandemia y ver cómo enfrentamos con éxito la encerrona económica como consecuencia de la derivación de la primera. Vamos bien en materia de soluciones, eso no quiere decir que puedan aparecer factores contingenciales, elementos que escapan a toda planificación por más proactiva que sea. La tasa de letalidad se encuentra en 1.15 (345,118 contagiados versus 3,975 fallecidos). La tasa de positividad, al momento de escribir este artículo, había llegado a 4.66 y tenemos 400,000 vacunados con tres dosis y un 52% con dos dosis. Nos encontramos cerca de una inmunidad colectiva. El universo a vacunar es de 7.5 millones de habitantes. Un verdadero éxito que pocas sociedades pueden exhibir y más aun, naciones de nuestro igual nivel de desarrollo económico y social.

La economía camina. Lo que el presidente Abinader no puede seguir diciendo es que va a crear un millón de empleos. En el actual modelo económico la economía crece, empero, no genera los empleos al ritmo de la tasa de crecimiento. El elemento que llevará a esta gestión a la trascendencia es si continúa siendo transparente, castigando la corrupción, la de ayer y la de hoy, demoliendo la impunidad. Es eso lo que le dará el soporte real de legitimidad. Un camino decente desde lo público que sirva de antorcha, de referencia positiva hacia niveles de peldaños ético moral que privilegien y motiven las buenas conductas, el buen proceder. ¡Una verdadera gestión ética!

El presidente Luis Abinader tendrá que ponerse dos tapones bien grandes en sus oídos para no oír voces ladrando por atajos en la búsqueda de “bajaderos”. Frente a lo mal hecho, que se escude en la hermosa frase de Martin Luther King cuando decía “Tenemos que construir diques de corajes para contener las inundaciones de miedo”. Su desafío histórico y la expectativa más significativa, más grandilocuente, es seguir ondeando la bandera de una justicia independiente donde por primera vez se tiene una Procuraduría haciendo historia, sin el poder político del ejecutivo presidencial.

Paralelamente a ese camino, ver cómo va fortaleciendo las instituciones, que es lo que al final posibilita el desarrollo sostenible y apunta al cumplimiento de las leyes. Necesitamos mayores niveles de solidez institucional y mejor capacidad de negociación para ir construyendo más niveles de consenso social y político, que nos lleve de manera inexorable a disminuir la enorme tasa de informalidad laboral, la tasa de desempleo y de pobreza, el incremento de la desigualdad.

Si el Estado, a través de los dirigentes actuales, no puede dar respuestas a las demandas sociales, a mediano plazo se vislumbran tensiones sociales que pueden derivar en olas de violencia. Como nos dice Daniel Zovatto “Si no se encuentra una manera de canalizar institucionalmente estas demandas, el riesgo que viene es que van a volver las protestas sociales y, en algunos casos, estas protestas pueden venir acompañadas de una ola de violencia”.

Desde la época de la larga transición democrática (1978….), con excepción de Balaguer (1986-1996), todos los gobernantes han tenido aceptación favorable en su primer año de gobierno. Don Antonio Guzmán gozó de una amplia popularidad en sus primeros tres años. Jorge Blanco en los dos primeros años. Don Hipólito Mejía en los primeros dos. Leonel Fernández en su primer gobierno (1996-20000), la percepción de los primeros tres años, altamente valorados. 2004-2012 solo un solo año no tuvo por encima de 50% en la aceptación. Danilo Medina, 2012-2020, solo a partir del 2017 comenzó a disminuir su popularidad en la percepción valorativa de los estudios de opinión.

Luis Abinader entrará en el alma y corazón de los dominicanos si hace esfuerzos por ser un ESTADISTA, que es aquel que asume los desafíos de su época sin pensar en las próximas elecciones, sino en la sociedad, en su pueblo, colaborando con su liderazgo reputacional y político en las reformas, en la institucionalidad y en el desarrollo de un verdadero clima de confianza, más allá del marketing político.

 

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Santo Domingo, República Dominicana. Con el objetivo de dar a conocer e intercambiar las herramientas y beneficios que produce el impulso de un modelo de gobierno abierto en los municipios, el movimiento cívico Participación Ciudadana junto a la Liga Municipal Dominicana, la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), Fundación Solidaridad y el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE), realizaron el “Seminario internacional Transparencia y gobierno abierto municipal” en el que participaron destacados expertos nacionales y de países de la región latinoamericana como Perú, Colombia y Argentina.

La actividad fue inaugurada por la coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, quien estuvo acompañada de la subsecretaria de la Liga Municipal Dominicana, Mairelyn García y el director ejecutivo de FEDOMU, Ángel Mercedes.

“No es posible hablar de desarrollo inclusivo y sostenible sin una mirada al territorio y sin un pleno ejercicio de la gobernanza. Es a través de la gobernanza como el nuevo modelo de gestión verdaderamente participativa y horizontal que se promueve la descentralización, que se generan espacios de autonomía en los municipios, los cuales permiten mayores niveles de transparencia y que se fomenta el buen gobierno”, destacó Blanco García.

Durante su intervención Mairelyn García, sub secretaria técnica y de gestión de la Liga Municipal Dominicana, aseguró que el objetivo propuesto por esta entidad es que el trabajo realizado desde la Liga y los gobiernos municipales sirva a la gente realizando una gestión de puertas abiertas, consultiva y participativa de todos los sectores y actores estatales, y sobre todo de la sociedad civil.

Para el director ejecutivo de FEDOMU, Ángel Mercedes no hay democracia sin ayuntamiento fuerte y transparente, y esto significa que las autoridades electas rinden cuentas de los recursos económicos que administran bajo su responsabilidad, pero también rinden cuenta de su gestión, mantienen informados permanentemente a la ciudadanía de manera oportuna sobre las acciones que desarrollan en sus territorios, y además son corresponsables de esas acciones que en términos de gobierno se van relacionando.

Durante dos días consecutivos los participantes pudieron profundizar, a través de diferentes presentaciones sobre qué es el gobierno abierto y cómo este puede impulsarse en los municipios, conociendo sobre las diferentes iniciativas que se impulsan en el país desde entidades como la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y la ONG Fundación Solidaridad.

Asimismo, se intercambiaron conocimientos y experiencias con representantes internacionales como: Carlos Arroyo, coordinador del Programa de Auditoría Ciudadana y Gobierno Abierto, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional; Fredy Alexander Martínez, gerente del Modelo de Gobierno Abierto de Bogotá y Ana Doria, directora de Participación Ciudadana, Gobierno Abierto, Transparencia y Datos de la ciudad Bahía Blanca, Argentina.

Diversos expertos nacionales como el sociólogo Cándido Mercedes, el economista Pedro Espaillat y la directora del Fondo para las Telecomunicaciones de Indotel, Amparo Arango, identificaron los principales retos y desafíos en la materia tanto a nivel legal, técnico y digital.

Finalmente, la viceministra de Viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia, Dilia Jorge Mera, compartió una reflexión final de cierre del seminario, destacado el compromiso del país para avanzar hacia un modelo de gobernanza con una mayor transparencia, participación y colaboración de la ciudadanía para la superación de las problemáticas sociales, en especial desde los municipios.

Esta actividad es un complemento de un conjunto de acciones de formación que Participación Ciudadana y el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE) desarrollan desde hace tres años en seis municipios de la región sur del país, en el marco del proyecto Promoviendo la participación ciudadana, la veeduría y la incidencia social en la gestión local, el cual es ejecutado por el movimiento cívico con el apoyo financiero de la Unión Europea (UE).

12 de agosto de 2021

 

Para acceder a las grabaciones de ambos días clic en:

Seminario Internacional – Transparencia y Gobierno Abierto Municipal. Sesión 1

Seminario Internacional – Transparencia y Gobierno Abierto Municipal. Sesión 2

 

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Participación Ciudadana rechaza intento de aprobación de Código Penal que representa grave retroceso en la defensa de los derechos humanos

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, expresó su profunda preocupación por el contenido del proyecto de Código Penal que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y que ahora se encuentra en el Senado de la República para aprobación bajo el falso argumento de querer modernizar un instrumento legal como el que actualmente nos rige, sin importar el precio que haya que pagar.

A través de rueda de prensa el Consejo Nacional de la organización de la sociedad civil manifestó que la comisión especial del Senado para estudiar el proyecto de Código Penal,  rindió un informe favorable sin tomar en cuenta a las  organizaciones,  ciudadanos y ciudadanas que presentaron sus valiosas propuestas y sin tomar en cuenta las importantes observaciones presentadas por la Magistrada Miriam Germán, Procuradora General de la República,  violentando el ejercicio pleno de la participación ciudadana establecido en la Constitución, el cual implica el derecho de ser escuchado y tomados en cuenta al momento de que se asuma una decisión  sobre asuntos que les afectan.

“Les toca ahora a los senadores asumir la responsabilidad histórica frente al país de no aprobar un proyecto que en realidad esconde en su articulado disposiciones excluyentes, discriminatorias y obsoletas que en nada representa un estado social, democrático y de derecho”, enfatizó el Consejo Nacional.

Para Participacion Ciudadana resulta absurdo que se argumente la necesidad de modernizar la norma penal, y al mismo tiempo se penaliza el aborto sin tomar en cuenta las tres excepciones que han sido acogidas en la mayor parte de los países del mundo; cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el embarazo haya sido el resultado de violación o incesto o cuando el embrión viene con malformación incompatible con la vida científicamente comprobada.

Durante la rueda de prensa aseguraron que el Estado está en la obligatoriedad de proteger la dignidad, integridad, libertad, seguridad personal, libre desarrollo de la personalidad a la mujer, y corresponde al Congreso Nacional sentar las bases para alcanzar tales fines.  Pero que también hay que reconocer que se trata de un tema que afecta la salud y la vida sobre todo de las mujeres más desfavorecidas que están en una condición de total indefensión.

“Varios diputados y senadores, sobre todo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han engañado a los votantes al solicitar el voto defendiendo las tres causales de interrupción del embarazo y luego de alcanzar sus curules, votando por un proyecto que las excluye, convirtiéndose en autores de una verdadera estafa electoral que debe ser sancionada por los propios electores”, enfatizaron.

Un segundo aspecto que en el concierto de naciones nos coloca como país en una situación vergonzosa es el artículo 187 del proyecto del Código Penal que penaliza la discriminación, y que originalmente incluía la penalización de la discriminación por género o por orientación sexual. Ambos aspectos han sido excluidos del proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados, lo que prácticamente implica carta abierta a la discriminación que se origine por ambos motivos.

No obstante, el párrafo II de ese mismo artículo, permite la discriminación de manera ampliada, cuando establece que “No habrá discriminación cuando un prestador de servicio o contratante fundamente su negativa por objeción de conciencia religiosa, ética, moral o por requisitos institucionales”.

“Es importante recordar que el artículo 39 de nuestra Constitución trata sobre el Derecho a la Igualdad y junto con el numeral 1 claramente indica que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia: 1) La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes”, advirtió el movimiento cívico.

Asimismo, el artículo 38 de la Constitución dominicana establece que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.

Igualmente, el gobierno dominicano ha trazado una visión de nación a largo plazo a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END 2030) para el desarrollo sostenible, alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la cual la República Dominicana se ha suscrito, y trabaja cada objetivo junto a organismos de la ONU, así como junto a diversas instituciones públicas y del sector privado a través de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible (CDS).

En dicha Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 el país ha adoptado cuatro ejes fundamentales, y es favorable recordar el eje dos donde el gobierno se compromete a tener una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.

“En adición a lo anterior, basta revisar no solo la legislación de la mayoría de los países, sino incluso las políticas adoptadas por instituciones privadas como universidades alrededor del mundo que han establecido la prohibición de la discriminación por razones de género o de orientación sexual”, sostuvieron.

Un tercer aspecto, es  pretender reinstalar la jurisdicción penal militar en el artículo 306 del proyecto, en clara violación del precedente del Tribunal Constitucional (TC), que en dos ocasiones ha interpretado el artículo 254 de la Constitución y el resto de la legislación positiva para llegar a la conclusión de que tal jurisdicción no existe en nuestro ordenamiento jurídico, y para que no se dude de lo que decimos, citamos, a título de ejemplo, la sentencia TC/350/2019:

“En este punto, debemos precisar que el procedimiento que se desarrolla en el artículo 183 de la Ley número 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana está encaminado a establecer el marco normativo relacionado a la estructuración de la jurisdicción administrativa disciplinaria militar de las Fuerzas Armadas y sus órganos de investigación, de cara al conocimiento y procesamiento de las faltas militares administrativas, así como la forma en que esos órganos de investigación administrativa disciplinaria deben proceder para el apoderamiento de la jurisdicción penal ordinaria en aquellos casos donde se verifique la existencia de una infracción penal militar. De esto se concluye, tal y como disponen los artículos 254 de la Constitución y 185 de la Ley 139-13, que las Fuerzas Armadas tienen un régimen disciplinario militar aplicable a aquellas faltas que no constituyan infracciones del régimen penal militar. De ahí que deba considerarse que los tribunales penales militares son inexistentes en nuestro ordenamiento jurídico.” Las decisiones del TC “son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.

Desde Participación Ciudadana hacemos un llamado al presidente de la República, Luis Abinader para que en su vocación democrática y por el derecho que le confiere la Constitución que de ser aprobado el Código Penal en el Senado en las mismas condiciones que en la Cámara de Diputados, ejerza su facultad de observarlo, pues en un Estado social, democrático y de derecho, las leyes deben garantizar los derechos de todos y todas sin distinción. Nadie puede quedar excluido, por lo que de ser aprobado por el Ejecutivo nuestra institución ejercerá su derecho de recurrir la pieza ante el Tribunal Constitucional.

Consejo Nacional

10 de agosto de 2021

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Participación Ciudadana anuncia convocatoria al Reconocimiento a la Integridad y Lucha contra la Corrupción 2021

Este Reconocimiento se entrega en diciembre de cada año, con motivo al Día Internacional Contra la Corrupción establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, abrió la convocatoria a postulación de candidaturas para la decimosegunda edición del Reconocimiento a la Integridad y Lucha contra la Corrupción 2021.

Este reconocimiento fue establecido por Participación Ciudadana con el propósito de estimular a las personas que dedican esfuerzos extraordinarios a luchar por la transparencia en la gestión pública, la correcta administración de los recursos públicos y el combate a las diferentes manifestaciones de corrupción. Son elegibles para este reconocimiento ciudadanos y ciudadanas dominicanos o residentes en el país que hayan dedicado parte de su vida al combate a la corrupción, que sean ejemplo de conducta ética y/o que hayan hecho una contribución significativa en este campo.

Para ser consideradas, las propuestas deben estar documentadas y acompañadas de la historia de vida del candidato o candidata, detalles de las acciones que fundamentan la postulación y carta de presentación de la misma. Podrán presentar propuestas las organizaciones de la sociedad civil, las comisiones de trabajo, comités municipales o regionales de Participación Ciudadana, así como la ciudadanía en general. El plazo para recibir las postulaciones es hasta el 15 de septiembre del presente año.  Las candidaturas presentadas son depuradas por una comisión especial de Participación Ciudadana y el Consejo Nacional, máximo organismo de dirección de la organización, quien toma la decisión, en base a un perfil establecido para otorgar dicha distinción.

Hasta la fecha, han sido galardonados:  Germán Miranda Villalona, Roque Napoleón Muñoz, Nuria Piera, Luis Eduardo Lora Iglesias (Huchy), Alicia Ortega, Fausto Rosario, Juan Bolívar Díaz, Miriam Germán, Altagracia Salazar, Milagros Ortiz Bosch, Mario Arturo Fernández.  

Participacion Ciudadana, a través de esta iniciativa, procura educar mediante el ejemplo y las buenas prácticas presentando a los ciudadanos y ciudadanas modelos positivos de conducta a ser emuladas, y resaltar las virtudes que predicaron los fundadores y héroes de la República Dominicana y que promueve la institución.

Las bases del reconocimiento pueden ser consultadas en la página web de Participación Ciudadana https://pciudadana.org/reconocimiento/

Consejo Nacional

05 de agosto del 2021

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