Santo Domingo, República Dominicana. Las organizaciones Participación Ciudadana, Fundación Solidaridad, Centro Juan XXIII, Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE) y Ciudad Alternativa, como parte del Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC), presentaron los resultados del Informe de seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, suscrito en la VIII Cumbre de las Américas en 2018, que busca mantener una lucha frontal contra la corrupción en las Américas.

Entre los hallazgos del informe se revela que, los ejes temáticos en los cuales se han dividido los compromisos priorizados de la Cumbre de Lima 2018, valorados de 0 a 3, siendo 0 un “no registra” y 3 la puntuación más alta, en el país, no han alcanzado una valoración media (2.0/3.0), pese a que en la mayoría de los casos existen indicadores normativos. El resultado señala que el menor avance ha sido en el eje sobre fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, donde apenas el resultado ha sido poco más de un nivel bajo y los temas donde se registra mayor avance, carecen de algunas normativas fundamentalmente necesarias para dar total cumplimiento a los compromisos.

La gestión de gobierno que suscribió el compromiso, se caracterizó por una alta corrupción institucionalizada y daños a la justicia, donde ningún caso de corrupción de los denunciados fue objeto de sanción en los tribunales.

 En términos generales, se ha dado cumplimiento parcial a los compromisos priorizados por el Observatorio Ciudadano de Corrupción, sin embargo, pese al principio de continuidad de Estado, el cumplimiento de gran parte de las medidas adoptadas están sujetas al gobierno de turno, reflejando una debilidad en la voluntad de institucionalizar los esfuerzos, limitando la garantía de sostenibilidad en el tiempo, lo que se traduce a que no podamos indicar aún, que los mismos, en términos prácticos, se han constituido como compromisos de Estado.

Entre sus recomendaciones, la información recolectada muestra la necesidad de:

• Disponer de los recursos económicos necesarios que le permitan al Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) y del Ministerio Público (Procuraduría General de la República), dar una adecuada administración de la justicia para enfrentar los grandes desafíos que conlleva la persecución de la corrupción administrativa.

• Garantizar la independencia del Ministerio Público, con un respaldo legal, en el cual se modifique la forma de designación del/a Procurador/a General de la República (PGR), la cual, hasta el momento según el artículo 171 de la constitución la realiza el presidente de la nación.

• Requerir de un régimen de consecuencias con medidas coercitivas a los fines de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 200-04 que garantiza, entre otros aspectos el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a acceder a las informaciones registradas en todo tipo de documentos.

• Disponer de una ley de protección de víctimas, testigos y denunciantes y la creación de protocolos adecuados para su ejecución.

• Reformar la Ley 340-06, en virtud de actualizar y mejorar su contenido incorporando un régimen de consecuencia, y adecuando la normativa a las necesidades de los procesos de compras y contrataciones públicas.

• Elaborar un listado de personas naturales y jurídicas que estén vinculadas a actos de corrupción, con la finalidad de evitar su contratación.

• Disponer de una ley de extinción de dominio, para que los bienes procedentes de la corrupción sean recuperados, estableciendo los mecanismos pertinentes y todas las herramientas necesarias para su aplicación y que defina la finalidad de los bienes, fondos y valores recuperados.

El análisis se realizó mediante la identificación de los desarrollos normativos y prácticos para el cumplimiento del Compromiso de Lima en 19 países de la región. Se consideraron temas asociados al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática; transparencia, acceso a la información, protección de denunciantes y derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión; financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales; prevención de la corrupción en obras públicas, contrataciones y compras públicas; y cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos.

El OCC es un esfuerzo compartido entre el Foro Ciudadano de las Américas (FCA), la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), capítulos nacionales de Transparencia Internacional (TI) en América Latina y más de 150 Organizaciones de Sociedad Civil del continente americano, para promover la participación ciudadana y dar seguimiento a los avances de las acciones de los gobiernos y los retos que tienen los mismos, así como para investigar, documentar y analizar sistemáticamente evidencias sobre la efectividad de los esfuerzos anticorrupción en la región.

El  movimiento cívico Participación Ciudadana dio apertura al diplomado “Administración, Función Pública y Ciudadanía”, en coordinación con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), este diplomado tiene como objetivo contribuir en el proceso de formación y capacitación de actores sociales y servidores públicos, para que sean ciudadanos y ciudadanas comprometidos, capaces de impulsar en sus comunidades acciones que fortalezcan la administración pública y contribuyan a la mejora en la calidad de los servicios públicos.

En este diplomado, estarán participando 40 líderes y lideresas de los municipios de Barahona, Azua, Santiago, La Vega, San Pedro de Macorís y el Distrito Nacional.

“Este proceso de formación entrega conocimientos y herramientas analíticas, metodológicas y conceptuales, aportando a una mayor articulación y cooperación de la ciudadanía en el proceso de reforma y modernización de la administración pública”, señaló Leidy Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana, durante las palabras de bienvenida.

La mesa de honor estuvo integrada por Rosalía Sosa Pérez, vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD; Heydi Céspedes, directora de educación continua; Gustavo Barry, docente universitario y Roberto Antonio Medina, quien realizó la conferencia “La Administración del Estado social y democrático de derechos”.

Este diplomado se realiza en el marco del proyecto “Acción ciudadana por una administración pública inclusiva que garantice los derechos humanos”, (PARAP II), el cual se desarrolla junto a Fundación Solidaridad, Ciudad Alternativa, Oxfam y que cuenta con el financiamiento de la Unión Europea.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana realizó un llamado al presidente de la República para que aproveche la introducción al Congreso del Presupuesto Nacional, para dar un paso adelante en su postulado de combatir la corrupción, y a sus declaraciones sobre la necesidad de eliminar gastos innecesarios.

Para tal fin, la organización de la sociedad civil señaló que la propuesta presupuestaria podría ser aprovechada para resolver dos preocupantes situaciones.

La primera, según precisa el movimiento cívico, consiste en instruir al Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto, para que en el presupuesto del 2022 no aparezcan, en el Capítulo correspondiente al Poder Legislativo, las apropiaciones que permiten a los congresistas autoasignarse el cofrecito, el barrilito y todos los demás fondos de carácter clientelar que se reparten anualmente, y que se constituyen en prácticas corruptas y antidemocráticas.

El segundo es que, en su sustitución, se asigne al Congreso Nacional una partida presupuestaria destinada exclusivamente a la compra de vehículos para uso de los legisladores, acompañados de la eliminación de la práctica de las exoneraciones.

“En este caso, se le asignaría un monto que posibilite a ambas cámaras, adquirir una flotilla de vehículos por valores congruentes con el uso racional del dinero público, a la vez que adecuados a la labor del legislador, de la cual se asignaría una unidad a cada Senador o Diputado para su uso durante cuatro años, período al término del cual la cámara correspondiente podría venderlos para cambiarlos por unidades nuevas para los legisladores entrantes”, puntualizó la institución.

En ese tenor, señalaron que, debería de establecerse una política que especifique el monto máximo por vehículo, tal como se establece para los funcionarios y funcionarias públicos.

El movimiento cívico Participación Ciudadana precisó, además que, cada cierto tiempo la opinión pública nacional es conmovida por escándalos de corrupción como los relativos a la distribución de dinero público a políticos mediante mecanismos como los llamados barrilitos, cofrecitos, asignaciones por semana santa, navidad, día de las madres, etc. así como de las exoneraciones de vehículos de lujo a los legisladores, por medio de las cuales, el Tesoro Nacional ha dejado de percibir miles de millones de pesos.

Se recuerda que en el año 2010 Participación Ciudadana interpuso una acción de inconstitucionalidad de la ley 57/96 ante la Suprema Corte de Justicia y luego en el 2012, una vez constituido el Tribunal Constitucional, le solicitó el conocimiento de dicho recurso de inconstitucionalidad, bajo el precepto de que nadie tiene derecho a legislar en su propio beneficio, establecido en nuestra Constitución.

6 de octubre del 2021

Por: Eudy Alberto Jiménez (IG: eudyalbertoj)

A menudo escuchamos la – desacertada – expresión “gobernar para mayoría”, refiriéndose a que las políticas públicas, leyes e instituciones deben garantizar derechos o beneficiar a un grupo que representa el porcentaje mayor o mas grande de todo el conjunto, pero ¿Quiénes son “mayoría”?

“Mayoría” puede existir en distintos colectivos de diversos niveles: social, económico, racial, laboral, educativo, religioso, entre otros. Son grupos sociales que se reúnen por tener algún elemento en común, por lo que, dentro de estas variables, podrían existir diferentes “mayorías”.

Cuando se gobierna popularmente para “mayoría”, se excluye a numerosos grupos de la población, que son mal llamadas “minorías”, como si existiese ciudadanos de distintas categorías. Cuando el Estado y sus instituciones no reconoce derechos a grupos de la población, está legitimando clasificar a los y las ciudadanas, constituyendo una violación a la protección efectiva de sus derechos.

La voluntad de la mayoría en cualquier escenario de toma de decisiones no equivale a un resultado necesariamente democrático. Sé es democrático cuando las decisiones son incluyentes, en provecho de la colectividad y a favor de garantizar derechos. El proceso de votación pudo ser democrático, pero la decisión debe estar fundada en el rol que el Estado está llamado a cumplir: proteger efectivamente los derechos de todas las personas. Pues, democracia, en un sentido amplio, es la forma de convivencia social en el que todas las personas son libres e iguales y donde el Estado reconoce y garantiza la existencia de igualdad entre los y las ciudadanas.

A modo general, nos encontramos con mucha resistencia al dialogar sobre “inclusión” como si incluir supondría a su vez “excluir” a los que ya gozan de todos sus derechos o como si fuera una especie de robar protagonismo. Con inclusión nos referimos a todas las personas que históricamente han sido marginadas por las leyes y nuestras instituciones a gozar de los mismos derechos y las mismas oportunidades, a ser tratados de forma igualitaria y equitativa y a obtener el debido respeto a su dignidad.

Por décadas, barreras culturales y educativas han incidido en la resistencia a que los seres humanos se perfeccionen en un marco de libertad y de justicia social. Perpetuar la exclusión de grupos de la sociedad aumenta y afianza las desigualdades e inequidades. La diversidad es la expresión plural de las diferencias; diferencias no traducidas en negación, discriminación o exclusión, sino en reconocimiento de otros – distintos – a – mi como partes de una misma entidad colectiva que nos incluye[1].

En referidas ocasiones, las personas utilizan el término “verdadera inclusión”, haciendo alusión a un grupo poblacional específico en beneficio de sus derechos. Sin embargo, es más bien utilizado como forma de restar importancia a otras personas que buscan ser incluidas en las políticas públicas del Estado y con ello respondo, de la misma forma que respondió Íñigo Errejón: “Las movilizaciones no compiten, al revés, se dan ánimo las unas a las otras”. Además, ¿con cual parámetro se define cual lucha tiene mas importancia?, y es que se puede ser empático por distintas luchas a la vez.

Las personas tienen libertad de pensar y actuar en base a su convicción, pero no a restringir o a limitar derechos. Intentar invisibilizar o restar importancia a otras personas o grupos de la sociedad genera aún mayores razones, de que se debe luchar por conquistar espacios y por tener un gobierno democrático y representativo en el que todas las personas, sin importar su religión, raza, orientación sexual, así como cualquier otra denominación, se sienta representada.

Cada generación ha protagonizado una serie de luchas para reivindicar derechos y esta no es la excepción. No somos una sociedad silente, que no cuestiona, sino una sociedad en constante reflexión, que apuesta a transformarse en una sociedad de derechos, donde las y los ciudadanos no son súbditos, ni sujetos inertes.

No hay personas mas importantes que otras; Ni existe una lucha o movilización que sea mas significativa; Tampoco existen ciudadanos y ciudadanas de primera y segunda categoría. Somos justamente una sociedad en razón de aquello que nos hace diferentes, pero ante la ley “iguales”, donde las personas son el centro de las políticas públicas. Por ello, el propósito del Estado es justamente organizarse por y para las personas, por lo que la falta de instrumentos no puede ser una excusa para no garantizar derechos. El Estado debe ser un ente activo y proactivo en la garantía de los derechos – no de la mayoría – sino de todas las personas.

[1] Arellado, Antonio. La Educación en tiempos débiles e inciertos. (2005) p. 211

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), realizaron el panel “Democracia, Reforma Electoral e Institucionalidad -Avances y Desafíos-”, que tuvo como objetivo socializar con diversos actores, una visión general de la situación de la democracia en América Latina al día de hoy y compartir reflexiones, estudios y propuestas en torno a las reformas electorales y el fortalecimiento democrático e institucional.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Leidy Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana, quien señaló que la falta de regulaciones verdaderamente preventivas y sancionadoras, la poca voluntad política y la apatía ciudadana, han generado los incentivos suficientes para que los partidos políticos se mantengan enfocados solo en sus intereses electorales, arraigándose aún más el sistema clientelar.

“Desde Participación Ciudadana estamos comprometidos con la consolidación de la democracia desde una perspectiva seria, nutrir el ejercicio de una cultura política de integridad, que profundice en temas como la equidad, transparencia, justicia social, y exponer desde una ventana crítica- constructiva las debilidades del sistema político- electoral”, enfatizó Leidy Blanco García.

Por su parte, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez, señaló que, en la propuesta de reforma electoral se propone la tipificación de la violencia política de género hacia las mujeres, que está articulada en aspectos culturales, en los ámbitos políticos y en las esferas públicas y privadas.

“Colocando a las mujeres políticas en niveles de subordinación, intimidación y violencia, menoscabando su ejercicio político”, precisó Andrés Jáquez.

Los enfoques abordados en el panel dieron diversas miradas, desde nuevos compromisos, enfoques teóricos e imaginarios sociales que brindan esperanzas, señaló el movimiento cívico en nota de prensa.

Se debe apostar a una renovada institucionalidad pública con base en derechos que garanticen y efectivicen la igualdad y equidad en la participación política, la institucionalidad electoral y la transparencia y rendición de cuentas de los partidos políticos, precisó Participación Ciudadana.

El panel contó, además, con las intervenciones de Fortunato Mallimaci, profesor de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, quien expuso sobre la ampliación de derechos para fortalecer las democracias; Josefina Arvelo, integrante de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana presentó los resultados de la observación del proceso electoral 2020.

Por su parte, Andrea Rosario, coordinadora de Programas en la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES) presentó el informe de la consultoría en la revisión postelectoral, acceso electoral, análisis comparativos y el desarrollo del plan estratégico 2020-2024 de la JCE y Octael Nieto Vásquez, consultor en Prevención de Delitos Electorales y Observación Electoral, realizó una ponencia sobre “ Poder Económico y Elecciones: Como Influyen los grupos del Crimen Organizado en las Campañas Políticas”.

Este panel se desarrolla dentro del cierre del componente “Participación cívica durante el proceso electoral de la República Dominicana”, del proyecto Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia, auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID-.

En el evento asistieron miembros titulares de la Cámara de Cuentas, Suprema Corte de Justicia, Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral, Defensoría del Pueblo, Partidos Políticos, funcionarios gubernamentales, Embajadas, Organismos Internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

30 de septiembre del 2021

Panel: youtu.be/9urDneL7Y7I

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana y el CEPAE dan apertura al diplomado sobre Liderazgo Social e Incidencia en la Gestión Pública Local y el Desarrollo Territorial que ha sido diseñado con el objetivo de proporcionar a los estudiantes el conocimiento necesario para que ejerzan en sus municipios un liderazgo con capacidad, conciencia colectiva y habilidades metodológicas.  

Con este diplomado se busca promover la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los gobiernos municipales, como una de las condiciones para avanzar en la construcción de entidades estatales propias de un sistema democrático, señaló el movimiento cívico. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, quien enfatizó que esta institución a  lo largo de su existencia ha entendido la importancia de contribuir al proceso de formación y capacitación de actores sociales y servidores públicos municipales para que se conviertan en ciudadanos proactivos, capaces de impulsar en sus comunidades estrategias de acción conducentes a resultados tangibles sobre transparencia y rendición de cuentas en la gestión municipal.  

Estarán participando en este diplomado 40 estudiantes, entre los que se encuentran líderes, lideresas y servidores públicos locales de los municipios de Azua, Barahona, Baní, San Cristóbal, San Jose de Ocoa y San Juan de la Maguana.  

La actividad de apertura contó con la conferencia magistral de Cándido Mercedes, profesor de la Escuela de Sociología de la UASD y ex coordinador de Participación Ciudadana, quien conversó sobre el liderazgo responsable y transformador.  

La mesa de honor estuvo integrada por Dr. Antonio Ciriaco, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; José Estrella, director de la Unidad de Educación Continua de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Sandino Olaverria, Director Ejecutivo del Centro de Planificación y Acción Ecuménica – CEPAE y Sr. Rigoberto Sánchez, coordinador general del proyecto Monitoreando. 

Este diplomado se realiza en alianza entre Participación Ciudadana, el CEPAE y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, en el marco del proyecto “Promoviendo la participación ciudadana, la veeduría social y la incidencia en la gestión local” que tiene el auspicio de la Unión Europea. 

29 de septiembre de 2021 

En los últimos años se ha producido un acelerado proceso de deterioro de la confianza juvenil en las instituciones clásicas, los partidos políticos y la política en sentido general. Sin embargo, en contraposición, hemos experimentado un aumento en el protagonismo de la juventud como grupo social diferenciado en los movimientos sociales. Desde las manifestaciones para que fuera destinado el 4% del PIB para la educación, la Marcha Verde, las protestas en la plaza de la bandera y la lucha por la inclusión de las tres causales en el Código Penal, todos estos movimientos han tenido una característica en común: la participación masiva de los y las jóvenes dominicanos y dominicanas, no solo de manera presencial sino a través de las redes sociales.

La juventud ha descubierto una nueva y poderosa herramienta no solo para enterarse de lo que sucede a su alrededor sino para hacerse escuchar: las nuevas tecnologías de la información y especialmente, el internet y las redes sociales que se han convertido en un instrumento político significativo, y en un espacio decisivo para influir, organizar e introducir temas en la agenda pública.

Las redes digitales como Twitter, Facebook e Instagram permiten a los jóvenes accesar y difundir información en tiempo real. Además, mediante mensajes cortos y concisos, la opción de poder compartir la información con nuestros seguidores y de utilizar la opción de comentarios de los diversos “posts” como espacios de debate ha demostrado que ya no pueden comprenderse los movimientos sociales sin entender la capacidad de las nuevas tecnologías, así como el impacto de las redes sociales para impulsar y promover la coordinación y la organización social. Los jóvenes han entendido esta idea a la perfección y la están usando a su favor. Las nuevas tecnologías pertenecen a la cotidianidad de la vida social de la juventud dominicana, no solo respecto a los fenómenos políticos y sociales, sino que se encuentran arraigadas en la propia identidad de los y las jóvenes.

La búsqueda de una política más transparente, el respeto y la promoción de los derechos humanos, la inclusión de los grupos más vulnerables y el rescate de la política como un instrumento al servicio de la sociedad han sido de los principales ejes del accionar juvenil durante los últimos años.

El concepto de la política como una categoría cerrada y accesible solo para ciertas personas, instituciones y estructuras partidarias, y las ideas clásicas de la política están en decadencia, y a la vez la juventud está cada vez prestando más atención a sus gobernantes, y participando paulatinamente cada vez más en política, tanto desde la sociedad civil como desde los partidos políticos.

Las nuevas tecnologías están promoviendo una nueva dinámica, espacios políticos más participativos e inclusivos, e impulsando la democracia social. La política y la forma en que los individuos se relacionan y participan en ella está cambiando; una nueva generación de jóvenes está cada vez ganando más terreno, y los movimientos sociales están transformando el panorama político dominicano. El cambio ya es inminente, implacable e inexorable.

Por Naomi Rodríguez, integrante de la comisión de Justicia de Participación Ciudadana.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, realizó la mesa de diálogo “Construyendo alianzas para la sensibilización sobre la trata de personas en la República Dominicana’’, que tiene como objetivo sensibilizar a los diversos actores sociales e instituciones del Estado dominicano, sobre la importancia de aunar esfuerzos para contrarrestar el delito de la trata de personas en el país.

La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Fátima Lorenzo, señaló que es de suma importancia aumentar la conciencia pública sobre las violaciones de los derechos fundamentales causada por el delito de trata de personas y el papel de las instituciones del Estado en la persecución de este delito.

“Desde Participación Ciudadana junto a las 17 OSC que formamos la Coalición de la sociedad civil contra la trata de personas, estamos muy esperanzadas de que podamos avanzar en tener un marco legal de protección para quienes son víctimas de trata, fundamentalmente mujeres y niñas y niños”, puntualizó Lorenzo.

Por su parte, Yoanna Bejarán, procuradora general de corte, Titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, puntualizó el gran interés que tuvo la Magistrada Miriam Germán desde que asumió la Procuraduría General, definiendo como alta prioridad los casos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, tomando en cuenta la situación actual en que se encuentra la República Dominicana en relación a estos temas.

“Hoy más que nunca estamos redoblando esfuerzos para combatir la Trata, trabajando con integralidad para proteger las víctimas de esta modalidad de esclavitud”, expresó Bejarán.

Elisa Sánchez, asesora del Despacho del Ministerio de la Mujer, enfatizó que desde este ministerio se desarrollan acciones, programas y estrategias contra la Trata de Personas, como parte de la Política Pública de protección a los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

“En materia de protección a las víctimas de Trata, estas tienen derecho al acceso de los servicios que presta el Ministerio de la Mujer a nivel nacional, no importa su procedencia, nacionalidad, color y credo”, expresó Sánchez.

José Monteiro, coordinador de la Coalición de organizaciones de la sociedad civil contra la trata de personas, puntualizó que, sin la participación de todos los sectores de la sociedad, no es posible hacer frente a la trata de personas, y que, por ello, es fundamental contar con recursos, personal técnico y tecnología de última generación.

Esta actividad se enmarca dentro del proyecto “Acción Ciudadana por la Seguridad y la Justicia” con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID-.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana, realizó la mesa de diálogo: Ordenamiento Territorial de Las Terrenas: “Proceso clave para el desarrollo del municipio”, con el objetivo de contribuir a la reflexión sobre la importancia y la necesidad de organizar y planificar de manera estratégica este territorio.

Leidy Blanco García, coordinadora general de Participación Ciudadana, enfatizó que no es posible hablar de desarrollo inclusivo y sostenible, sin una mirada al territorio, y sin un ejercicio pleno de la gobernanza.

“Es a través de la gobernanza como nuevo modelo de una gestión verdaderamente participativa y horizontal, que se promueve la descentralización, se generan espacios de autonomía en los municipios, permitiendo mayores niveles de transparencia y fomentando el buen gobierno”, puntualizó Blanco García.

Por su parte, el alcalde de Las Terrenas, Eduardo Esteban, abordó la necesidad de planificar hacia dónde va el crecimiento de este municipio, ya que se ha expandido sin regulación, siendo este uno de los retos que se deben enfrentar.

Por su parte el viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Domingo Matías, expresó que los ciudadanos deben ser parte del ordenamiento territorial, recuperando los espacios públicos y garantizado todos los servicios en igualdad.

La mesa estuvo presidida por el alcalde Eduardo Esteban, el viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional Domingo Matías, el viceministro de Turismo Carlos Peguero, la presidenta del Consejo de Regidores María Crisóstomo, Leidy Blanco García, coordinadora general Participación Ciudadana y Jason A. Grullon, director interino de seguridad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

En la actividad estuvieron presentes representantes del Clúster Turístico de Samaná, Asociación de hoteles y empresas turísticas de Samaná, medio ambiente, CONANI, Ministerio de la Mujer, regidores, organizaciones de la sociedad civil, miembros de la policía nacional, de la defensa civil y del cuerpo de los bomberos.

El encuentro fue moderado por Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, y se realizó en el marco del proyecto “Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia”, con el auspicio de la USAID.

1 de septiembre