Participación Ciudadana ha observado que el Gobierno mantiene propaganda gubernamental que viola el Decreto 1-24 del propio presidente Luis Abinader, así como la Ley 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 de Régimen Electoral y sus disposiciones al respecto (Art. 206-211). A continuación, algunas muestras de estas violaciones:

• Bajo la denominación de “Chequéame tu”, el Gobierno está pagando páginas y portadas de periódicos con una serie de informaciones de “logros gubernamentales” que no son otra cosa que propaganda electoral.
• El Ministerio de Agricultura está pasando de manera frecuente en diversos programas y medios de comunicación radiales y televisivos, un anuncio en el que sale el ministro Limber Cruz y otras personas, con fotos del presidente Abinader, agradeciendo el apoyo que éste ha dado a la producción alimentaria.
• Otra muestra de estas violaciones es el anuncio a página completa en algunos periódicos promoviendo el crecimiento de las exportaciones y de las zonas francas.
• En las redes sociales, el Gobierno esta promoviendo el plan “Más Salud y Esperanza de Vida”, donde se atribuye el mérito de “elevar la calidad de vida de los pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus.”

Participación Ciudadana apela a la voluntad del presidente Abinader, quien se ha comprometido a no usar los recursos públicos para fines electorales. También llamamos a la intervención de la Junta Central Electoral, haciendo uso de la facultad que le otorga la Ley 33-18 para “tomar cualquier medida cautelar respecto a cualquier bien o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado, pudiendo procurarse para ello la fuerza pública.”

La Ley No. 33-18, de Partidos Políticos, “prohíbe el uso de recursos públicos de los poderes e instituciones del Estado, incluyendo los ayuntamientos, para financiar o apoyar en cualquier forma las actividades de rentabilidad electoral particular, inclusive aquellas que se deriven de inauguraciones oficiales.”

El Decreto 1-24 emitido por el presidente Abinader para regular la publicidad gubernamental prohíbe “incluir la voz, imagen o cualquier otra forma personal que individualice o distinga a funcionarios públicos”. También prohíbe “usar publicidad que tenga como objeto o efecto los logros de gestión o los objetivos alcanzados, salvo en el marco del periodo de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional”. Estas disposiciones son de aplicación inmediata.

El país no puede aceptar ningún argumento para el mantenimiento de propaganda gubernamental que esté destinada a dar las gracias por cumplir con funciones oficiales y dirigida a obtener votos.

Participación Ciudadana continuará, durante todo el proceso electoral denunciando estas prácticas e invitamos a la ciudadanía a proporcionar información a través de nuestra plataforma “Atento con tu Voto”

Consejo Nacional
06 de febrero, 2024

La Ley No. 20-23 de Régimen Electoral es clara cuando en su artículo 210, párrafo VI, prohíbe las inauguraciones municipales 40 días antes de los comicios de febrero y las inauguraciones presidenciales 60 días antes de las elecciones de mayo, distinguiendo entre las inauguraciones municipales y las del Gobierno central con dos plazos diferentes para una y para la otra.

El calendario electoral preparado por la Junta Central Electoral contiene un error cuando señala el 20 de marzo como “límite para realización actos inaugurales del Gobierno y alcaldías”, pues las elecciones municipales ya habrán sido celebradas en el mes anterior, por lo que no era necesario que fueran mencionadas en el límite de marzo, que corresponde claramente, por mandato de ley, a las inauguraciones del Gobierno central.

Sin embargo, la realidad es que tales actividades inaugurales, tanto las del Gobierno central como la de las alcaldías, se realizan con fines claramente electorales por lo que Participación Ciudadana reclama que el presidente Abinader y todas las demás autoridades del Gobierno central y de las alcaldías, se abstengan de realizar actividades de esta naturaleza, que rompen claramente con la equidad electoral que manda la Constitución, pues los candidatos de la oposición que no están en una función pública se encuentran en desventaja.

Participación Ciudadana ha criticado históricamente estas actividades de inauguración de obras públicas, que solo sirven para promover personas y partidos, sin agregar valor a la ciudadanía. Siempre hemos sostenido que las obras públicas solo requieren ser informadas a la ciudadanía para su correcto uso a través de publicidad institucional, pero todos los gobiernos, incluyendo el actual, siguen utilizándolas para promoverse.

Nos preocupa la recusación realizada a un miembro titular de la Junta Central Electoral que emitió su opinión sobre el tema de las inauguraciones, lo que genera inquietud a pocos días de las elecciones del 18 de febrero y desvía la atención del máximo órgano electoral. Esta situación debe resolverse de forma institucional, conociendo y decidiendo la Junta Central Electoral de tal recusación a la mayor brevedad, para poder continuar concentrando su atención en las próximas elecciones.

CONSEJO NACIONAL
1 de febrero de 2024

PARTICIPACION CIUDADANA PRECISA: LA LEY 1-24 ES INCONSTITUCIONAL POR ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD DE ENTREGAR INFORMACIÓN SIN UNA ORDEN JUDICIAL.
Participación Ciudadana entiende que, con esta ley o sin ella, los agentes de dicha entidad de inteligencia no tienen la facultad constitucional de exigir información de personas físicas o jurídicas, sin obtener previamente autorización de un juez, a través del Ministerio Público. De hacerlo estarían violentando el derecho fundamental a la intimidad, por lo que cualquier interpretación o acción contraria sería inconstitucional.
La Ley No. 1-24 debe ser reformada de inmediato para que incluya de manera expresa la obligación de los agentes de tal entidad que pretendan la entrega de información, de obtener la autorización judicial correspondiente. La ley no debe dejar espacio para interpretaciones, en un tema tan sensible como el derecho a la intimidad y la libertad de expresión e información, incluyendo la protección del secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista, así como la protección de sus fuentes.
De no ser reformada estamos convencidos de que el Tribunal Constitucional confirmará la interpretación correcta en protección de los derechos fundamentales.
Entendemos la preocupación que ha despertado este tema, sobre todo cuando, de manera no transparente ni legal, se cambió en el trámite legislativo, la redacción del artículo 11 que incluía la autorización previa de un juez, sustituyéndola por la ambigua frase de obtener la información “con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes sectoriales.”
En un tema de derechos fundamentales no puede haber espacio para la ambigüedad, aun descansando en las disposiciones del artículo 74.4 constitucional que dispone que “los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos.”
Otros artículos de la Ley No. 1-24 deben ser igualmente revisados, como el artículo 26 sobre sanciones penales, para dejar claro que las sanciones no aplican si no se ha cumplido con la obligación de obtener autorización judicial previa, o el artículo 30, en la misma dirección.
También debe quedar claro el campo de actuación del DNI, para que no interfiera con las funciones del Ministerio Público. Recordemos que las evidencias que pueda recoger el DNI de cualquier violación a la norma que ponga en peligro la seguridad nacional, debe hacerse cumpliendo con el debido proceso y el acompañamiento del Ministerio Público, pues de lo contrario tales evidencias no podrán ser utilizadas por el Ministerio Público para sostener cualquier acusación. Se necesita en la Ley una mayor claridad en la relación DNI-Ministerio Público.
Un aspecto positivo que ha tenido este tema de la Ley No. 1-24, es que ha servido para probar las alarmas que protegen nuestros derechos fundamentales. Esas alarmas han sonado en forma dura y clara. La prensa y otros sectores han jugado su papel. Sin embargo, la utilización de este debate para fines electorales no contribuye a la creación de conciencia ciudadana y hace daño a la democracia. Tanto el gobierno como los partidos de oposición deben asumir su responsabilidad en las críticas que ahora se hacen a esta Ley. Como
parece que todos estamos de acuerdo, esperamos que la modificación de los artículos cuestionados se haga de inmediato.
Participación Ciudadana tiene más de 30 años en la defensa de los derechos ciudadanos. En estos momentos estamos inmersos en nuestro compromiso de observación electoral y nos sorprende que algunas personas hayan lanzado campañas en las redes sociales, aprovechando este debate, para tratar de relacionarnos con el sector político en el poder o haber renunciado a nuestros principios. Quienes conocieron y aprobaron esta cuestionada Ley no están en las filas de nuestra organización y nadie logrará sacarnos de nuestro foco en estos momentos en que el país necesita, una vez más, una sociedad civil que observe el proceso electoral, con el solo interés de fortalecer nuestra democracia y preservar los avances que tanta lucha nos han costado.

Consejo Nacional
24 de enero de 2024