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Participación Ciudadana exige a autoridades cumplir la ley sobre la Declaración Jurada de patrimonio a funcionarios públicos

El movimiento cívico Participación Ciudadana les recuerda a los funcionarios municipales electos el contenido del artículo 146.3 de la Constitución de la República que establece que es obligatoria, la declaración jurada de bienes a dichos funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente.

En ese orden de ideas, la Junta Central Electoral en su nota de prensa en su web del 18 de abril de este 2024, da cuenta de haber entregado certificados de elección a unos 3,849 candidatos y candidatas electos y reelectos. Así las cosas, los funcionarios tienen la obligación de presentar su declaración jurada de patrimonio inicial, dentro de los 30 días de la toma de posesión, plazo que está ventajosamente vencido.

Conforme a la publicación oficial de la Cámara de Cuentas, sólo han presentado dicha declaración jurada inicial la cantidad de 525 funcionarios electos, lo que representa un 14% del universo de funcionarios y funcionarias municipales, quedando pendiente de cumplir con dicha formalidad la cantidad de 3,324 que representan el 86% de los funcionarios municipales electos. Es importante destacar que dicha obligación de prestación de declaración jurada es tanto para los funcionarios electos, como los reelectos en las posiciones públicas. En ese orden de ideas, la legislación de la materia establece de manera expresa que la ausencia de declaración jurada constituye una falta grave de tercer grado, conforme a la Ley núm. 41-08 de la función pública, que conlleva como sanción la destitución.

Es importante enfatizar que el cumplimiento de dichas normativas sobre la declaración jurada de patrimonio, se constituye como el primer eslabón que permite el control de la administración pública y con ello un adecuado seguimiento anticorrupción en el seno del Estado dominicano. Instamos a las autoridades competentes a dar cumplimiento a dicha obligación y a otras instancias, a disponer la tramitación correcta de dicha falta del funcionario público para la satisfacción de dicho deber y el cumplimiento de la normativa en materia de declaración jurada de patrimonio.

Consejo Nacional
29 de julio, 2024

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Departamento de Comunicaciones

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Participación Ciudadana expresa preocupación tras elecciones en Venezuela

Participación Ciudadana expresó su preocupación ante el ambiente electoral en Venezuela, por la violencia, el abuso de los recursos del Estado para el beneficio electoral, campañas de desinformación y amenazas.

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Posición de Participación Ciudadana ante el proyecto de Reforma Constitucional entregado al Congreso Nacional por el presidente Luis Abinader

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Departamento de Comunicaciones

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Sugieren agregar otros artículos al Código Penal

Fuente: Víctor Martínez; El Nacional

El coordinador nacional de Participación Ciudadana (PC), Erick Hernández Machado, planteó esta mañana que la reforma del Código Penal debe ir acompañada de medidas para combatir los abusos de autoridad desde la administración pública, la corrupción, así como promover la transparencia y que se rinda cuentas.

Sostuvo que los efectos de la corrupción son devastadores, debilitando la confianza en las instituciones, el desarrollo económico y los derechos de los ciudadanos.

Censuró que «la corrupción es un fenómeno que afecta a sociedades en todo el mundo, expresados desde el soborno y el nepotismo hasta el mal uso de fondos públicos, los efectos son devastadores, debilitando la confianza en las instituciones, el desarrollo económico y los derechos de los ciudadanos».

«Desde Participación Ciudadana apoyamos el proceso que se está agotando de la aprobación de títulos dedicados a la proscripción de la corrupción; de los abusos de la autoridad desde la administración pública; de la falta del deber de probidad.   De la previsión de la infracción del tráfico de influencia y la recepción ilegal de beneficios por parte de los funcionarios públicos y hasta el reconocimiento en el ámbito penal del conflicto de intereses que pudiera suscitarse entre un funcionario o servidor público con la contratación de sociedades privadas», afirmó Hernández Machado.

Dijo que la normativa sanciona la violación del principio de igualdad a aquellos que participan en concursos públicos.

El dirigente cívico sostuvo que enfrentar la corrupción siempre debe hacerse  desde el ámbito  legal, institucional y social para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la ética en todos los niveles.

Opinó que al contemplar la persecución contra los que distraigan los fondos públicos el Código «es obvio que se está abriendo con la aprobación de tales contenidos, un capítulo nuevo para la lucha contra la corrupción pública»

«Aspiramos que ahora en la Cámara de Diputados, suceda lo mismo con la aprobación de todo este articulado desde el artículo 304 en adelante», dijo el coordinador nacional de Participación Ciudadana.

El artículo 304 del Código Penal tipifica todas acciones que se puedan realizar desde la administración pública que son consideradas como infracciones a las que perseguir y someter.

Citó entre las  infracciones más tradicionales en la administración pública como es la malversación de fondos públicos y otras infracciones menos importantes.

Para el dirigente cívico toda esta legislación debe ir acompañada de medidas anticorrupción,  acciones y políticas implementadas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción en diferentes ámbitos. «Algunas medidas efectivas incluyen: Transparencia y Acceso a la Información; fortalecimiento de instituciones públicas;  fortalecimiento de la ética y capacitación, entre otras», consideró.

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Departamento de Comunicaciones

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Participación Ciudadana responsabiliza al PRM de aprobación Código penal que protege la corrupción y vulnera derechos de las mujeres y los niños/as

El movimiento cívico Participación Ciudadana, responsabilizó al liderazgo del Partido Revolucionario Moderno de la aprobación de un Código Penal que protege la corrupción estableciendo límites a su enjuiciamiento, vulnera derechos fundamentales de mujeres, niños y minorías bajo el falso argumento de querer modernizar un instrumento legal como el que actualmente nos rige, sin importar el precio que haya que pagar.

La organización cívica indica que la dirección del partido de Gobierno no se puede escudar en el carácter corporativo del congreso para disminuir su responsabilidad en una legislación que de aprobarse llevaría el país a la norma de estados teocráticos que hoy en día son parias internacionales.  Por esta razón hacemos un llamado al presidente de la Republica Luis Abinader a que cumpla con su palabra y ejerza su liderazgo en la bancada de su partido.

El proyecto de Código Penal aprobado en el senado y aprobado ahora en primera lectura en la Cámara de diputados establece una prescripción de 20 años a los delitos de corrupción violando la norma constitucional y la jurisprudencia prevaleciente.

“La corrupción se ha convertido en un problema mayor en nuestro país, llevándose importantes recursos públicos que impiden atender adecuadamente la salud del pueblo dominicano, por lo que debería colocarse al lado de los crímenes de lesa humanidad y hacerse imprescriptible, lo que es permitido por el artículo 146 constitucional”, expresa el documento del Consejo Nacional de la organización.

“Los diputados acaban de aprobar un proyecto que en realidad esconde en su articulado disposiciones excluyentes, discriminatorias y obsoletas que en nada representa un estado social, democrático y de derecho”, enfatizó el Consejo Nacional.

Para Participación Ciudadana resulta absurdo que se argumente la necesidad de modernizar la norma penal, y al mismo tiempo se penaliza el aborto sin tomar en cuenta las tres excepciones que han sido acogidas en la mayor parte de los países del mundo; cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el embarazo haya sido el resultado de violación o incesto o cuando el embrión viene con malformación incompatible con la vida científicamente comprobada.

La organización asegura que el Estado está en la obligatoriedad de proteger la dignidad, integridad, libertad, seguridad personal, libre desarrollo de la personalidad a la mujer, y corresponde al Congreso Nacional sentar las bases para alcanzar tales fines.  Pero que también hay que reconocer que se trata de un tema que afecta la salud y la vida sobre todo de las mujeres más desfavorecidas que están en una condición de total indefensión.

Hace tres años el proyecto de Código Penal aprobado en la Cámara de diputados obviaba derechos de las mujeres reconocidos en más de 190 países, ahora el proyecto aprobado en el senado violenta además los derechos de niños, niñas y adolescentes, lo que ha obligado a decenas de organizaciones nacionales e internacionales a dar un grito de alarma ante este retroceso institucional expresa el documento.

Un segundo aspecto que en el concierto de naciones nos coloca como país en una situación vergonzosa es el artículo que penaliza la discriminación, y que originalmente incluía la penalización de la discriminación por género o por orientación sexual.

“Es importante recordar que el artículo 39 de nuestra Constitución trata sobre el Derecho a la Igualdad y junto con el numeral 1 claramente indica que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia: 1) La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes”, advirtió el movimiento cívico.

Consejo Nacional

9 de julio, 2024

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Participación Ciudadana reclama acciones Ante informe LICITACIÓN PUBLICA realizado por la OPTIC.

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PC califica como Anti Ética acciones Roberto Rosario.

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Departamento de Comunicaciones

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Pancho Álvarez: Criterio de oportunidad es parte de las herramientas del Código Penal para combatir la criminalidad

Fuente: Edilí Arias, El Día

El abogado Francisco Álvarez consideró correcta la estrategia del Ministerio Público con relación a los acuerdos arribados con decenas de imputados en los casos de corrupción que se ventilan en los tribunales.

El jurista afirmó que dichos acuerdos “permiten descabezar la criminalidad organizada instalada en el sector público”.

“Es un mal decirle a una persona que admitió y confesó un crimen que no irá a prisión, pero es un mal menor en comparación a mantener intacta una estructura de criminalidad”, explicó Pancho Álvarez en el programa El Día de Telesistema.

El abogado explicó que los casos de corrupción que actualmente se ventilan en los tribunales se catalogan como crimen organizado porque tienen una estructura, y que el caso de los funcionarios se llama coalición de funcionarios, lo cual es sancionado penalmente.

Los que llegaron a acuerdos con el Ministerio Público se comprometen no solo a regresar dinero, sino a testificar contra los demás imputados.

Sobre la petición de los abogados defensores de algunos de los implicados de participar en la audiencia de homologación de los acuerdos, destacó que, como estos no son parte de los acuerdos, no pueden estar presentes en las audiencias.

En cuanto al rechazo por parte de las defensas de las supuestas cabezas de los entramados de corrupción, el jurista consideró “obvio” que traten de desacreditar los acuerdos, “porque saben que el testimonio de los delatores premiados perjudicará” a sus clientes.

El jurista acotó que el criterio de oportunidad forma parte de las herramientas que el Código Penal pone en manos del Ministerio Público para combatir la criminalidad.

A juicio del abogado Pancho Álvarez, las defensas técnicas de los señalados como cabeza de los casos de corrupción están jugando a vencer los plazos y que, en el caso de los implicados en la Operación Medusa, quedan 10 meses para una sentencia de fondo.

Tiempo para los jueces

Recordó que, por los vencimientos de los plazos, en octubre del año pasado, la organización de la sociedad civil Participación Ciudadana envió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, expresando la preocupación por el destino de los expedientes de corrupción.

En la misiva se afirma que “los jueces están otorgando a los abogados defensores plazos más extensos de lo ordinario. No nos oponemos a la protección de los derechos de los imputados, pero también el Poder Judicial debe proteger el derecho de la ciudadanía a que se haga justicia. Para tal fin, también deben crearse las condiciones para que los jueces a cargo puedan concentrarse en tales casos complejos, fijando, por ejemplo, audiencias cada día y no solo una o dos veces por semana”. Estas medidas pueden ser tomadas por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Explicó que los incidentes conocidos y fallados por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, no se pueden conocer nuevamente.

Los bienes de Jean Alain Rodríguez

Sobre el rechazo a la devolución de los bienes en los que se verificó una vinculación a los ilícitos imputados en la Operación Medusa, señaló que tienen la posibilidad de ser decomisados en el juicio.

El caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez consiste en realizar múltiples acciones a través de terceros con fondos económicos extraídos de la Procuraduría General de la República, adquirir bienes millonarios producto de estos actos de corrupción, así como no declararlos en sus declaraciones juradas de bienes.

En ese sentido, el juez ordenó que no se le devolvieran a Jean Alain Rodríguez, principal acusado del caso, una villa ubicada en Casa de Campo, un lujoso apartamento, un yate y varios terrenos en Santo Domingo.

Álvarez explicó que, si Jean Alain es condenado, deberá pagar una indemnización con todo su patrimonio.

Desmiente que su oficina de abogados trabaje para la Procuraduría

Sobre la afirmación de que su oficina privada de abogados haya trabajado para la Procuraduría General de la República y que esté detrás de los acuerdos firmados por el Ministerio Público con acusados de corrupción, el jurista negó que él, personalmente, ni los profesionales de su oficina, Headrick Rizik Alvarez & Fernández, formen parte de los mismos.

Desmintió que abogados de su oficina hayan trabajado para los acusados de corrupción sometidos por la Procuraduría General de la República.

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Erick Hernández Machado dice leyes pendientes no afectarían cambios Constitución

Fuente: Víctor Martínez, El Nacional

El conjunto de leyes pendientes de adaptar a la Constitución del año 2010 no impide que se puedan emprender cambios en la Constitución, afirmó esta mañana el coordinador nacional de Participación Ciudadana (PC), Erick Hernández Machado.

Añadió que en el sistema de jerarquía la necesidad de la modificación de la Constitución es superior a las leyes pendientes de conocimiento.

En ese sentido exhortó a los nuevos legisladores que asumirán el próximo 16 de agosto, realizar para los próximos cuatro años un programa de cumplimiento de las reservas de ley  previstas en nuestra Constitución, que están pendientes en el Congreso Nacional.

“La modificación a la Constitución no está supeditada a que el legislador cumpla con las leyes programáticas previstas en la Constitución o lo que se conoce como las reservas de ley”, sostuvo el dirigente cívico.

Para el dirigente de PC “el constituyente o asambleísta revisor de la Constitución es soberano en su actuación de recibir o realizar la ley sobre la necesidad de la reforma de la Constitución, basado en el principio de soberanía constitucional”.

En cuanto a un conjunto de más de 70 leyes pendientes de adaptar de la modificación constitucional del año 2010, este debe trabajo debe ser reservado a los nuevos legisladores que asumirán a partir del próximo 16 de agosto.

Fue enfático en señalar que la preferencia por la modificación a la Constitución es superior y no está supeditada a las obligaciones del legislador ordinario para dar cumplimiento al programa legislativo pendiente.

“En ese sentido, no hay obligación ni necesidad de cumplir de manera previa con las leyes ordinarias o leyes orgánicas ante la propuesta de reforma de la Constitución”, consideró Hernández Machaco.

Exhortó a los congresistas a que después del 16 de agosto que se asuma un programa y cumplimiento de las reservas de ley  previstas en nuestra Constitución, que están pendientes por parte de ese Poder del Estado.

Las reformas

Durante la campaña el presidente Luís Abinader anunció que ganar las elecciones emprendería un conjunto de reformas entre ellas constitucionales, financieras y de la seguridad social.

Aseguró que como parte de las reformas se busca que el Ministerio Público sea totalmente independiente y ponerle definitivamente un candado a la reelección por más de un período.

Informó que estas medidas incluyen reformas fiscales, modificaciones constitucionales para fortalecer la democracia, y cambios en la Seguridad Social, el Código Laboral y posiblemente en la estructura del Ministerio de Interior y Policía, que podría transformarse en Ministerio de Seguridad Ciudadana.

Destacó la importancia de consultar con diversas fuentes antes de hacer públicas estas reformas, dada la sensibilidad del tema y su impacto potencial en la sociedad dominicana.

“Cuando presentamos nuestro programa de metas para el año 2036, con el objetivo de duplicar nuestra economía, se basa en la implementación de estas reformas”, explicó el mandatario en La Semanal, en el Palacio Nacional.

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Informe de observación de la jornada de la tarde de las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo del 2024

Participación Ciudadana mantuvo su observación electoral durante la tarde de este día de las elecciones, a través de sus 1,600 observadores distribuidos en todo el territorio nacional, lo que nos ha permitido tener una evaluación general del proceso electoral.

Hemos recibido 968 reportes de nuestros observadores itinerantes, que cubrían varios recintos de votación cada uno y tenemos una muestra aleatoria de 728 observadores fijos en colegios electorales, que nos ofrecen un panorama general del proceso electoral.

Nuestros observadores nos reportan que el 77% de los colegios electorales cerraron entre las 5 y las 6 de la tarde y antes de las 5 cerró el 23%.

En la jornada de la tarde persistieron las mismas violaciones a las leyes electorales en lo referente al proselitismo alrededor de los recintos electorales, que en forma consolidada alcanzó el 36% de los recintos. El caso más frecuente fue el del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con un 33%, seguido por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con un 28%, la Fuerza del Pueblo (FP) con un 22% y 10% el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

En el 96% de los recintos las filas se realizaron en completo orden y el 98% contaron con la presencia de la Policía Militar Electoral, la gran mayoría de ellos ayudaban en la organización de las filas y en la dispersión de los ciudadanos y ciudadanas que ya habían ejercido su derecho al voto.

Otro aspecto que sigue presente en los procesos electorales son los indicadores de compra y venta de votos y manejo de dinero en efectivo. Estas actividades fueron reportadas en el 21% de los recintos.

Los partidos mayormente identificados en estas violaciones a la ley fueron el PRM con un 18%, el PLD con un 14%, la FP con 10% y el PRD con un 6%. Estas observaciones se realizaron en las cercanías de los recintos. En algunos casos la Policía Militar Electoral dispersaba a las personas involucradas en estas actividades, en menos medida se observó que ignoraban la situación.

Se realizaron varias encuestas a boca de urna, que están permitidas por la Ley de Régimen Electoral. Sin embargo, algunas fueron divulgadas durante el proceso de votación en violación a la Ley 20-23 Orgánica de Régimen Electoral que claramente prohíbe su divulgación hasta tres horas del cierre de las votaciones.

Esperamos las sanciones correspondientes a los responsables, tal como lo prevé la ley antes citada. Se esté o no de acuerdo con las disposiciones de la ley en materia de encuestas a boca de urna, lo institucional es cumplir con la ley hasta que sea modificada.

En la jornada de hoy se registraron algunas acciones de violencia que se manifestaron, incluso en amenazas a observadores de Participación Ciudadana que trataron de registrar acciones de compra de votos. Un caso concreto fue el de nuestro observador José Augusto Navarro, en el Colegio número 0184, Escuela Básica San Martín de Porres en Azua, que fue amenazado con un machete por filmar a militantes de la Fuerza del Pueblo entregando efectivo a ciudadanos.

Nuestros observadores reportaron varios casos de personas que no aparecían en el padrón en el colegio electoral, pero si en el padrón en el exterior, a pesar de que algunos de los afectados no han viajado nunca fuera de la República Dominicana. Participación Ciudadana recomienda una investigación completa de todos estos casos.

Participación Ciudadana dará seguimiento a las labores del Tribunal Superior Electoral con posterioridad a las elecciones, en su labor de conocer y decidir cualquier impugnación de estas elecciones. Del mismo modo daremos seguimiento a la Procuraduría Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos y Crimines Electorales, que deberá investigar las distintas denuncias que se han producido y la suerte que correrán tales investigaciones.

La plataforma Atentocontuvoto.org ha recibido, en el día de hoy, 53 denuncias de parte de la ciudadanía, de las que pudimos validar 46, siendo los delitos más frecuentes el proselitismo por parte de los partidos políticos en un 43%, la propaganda dentro y alrededor de los recintos electorales en un 30%. También se denunció la repartición de dádivas en un 13% y las denuncias de compra y venta de cédulas en 4%.

Se comprobó que la veda electoral que manda la Ley 20-23 de Régimen Electoral es incumplida a través de la publicidad que se realiza en las redes sociales, lo que requerirá en el futuro de una regulación más estricta.
Nuestros observadores no reportaron boletas pre marcadas, pero en vista de las varias denuncias realizadas sobre este tema, entendemos que la Junta Central Electoral debe realizar una investigación y dar a conocer los resultados.

Al final de esta jornada Participación Ciudadana quiere felicitar a todos los ciudadanos y ciudadanas que hoy se apersonaron en los colegios electorales de manera ordenada, a elegir sus autoridades, exhibiendo un alto compromiso con la democracia. Sólo queda esperar que todos los contendientes respeten los resultados y que quienes resulten elegidos se comporten a la altura de las expectativas de la sociedad dominicana.

La Junta Central Electoral también merece una felicitación por el empeño que ha puesto en la organización de estas elecciones. Con trabajo arduo, transparencia y eficiencia se han sentado las bases para que el proceso del próximo mayo electoral sea mejor que el de hoy, corrigiendo las fallas y violaciones que persisten.

También merece felicitación la Policía Militar Electoral, con un comportamiento correcto, que aportó tranquilidad al interior de los recintos.

CONSEJO NACIONAL
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Informe de observación de la jornada de la mañana de las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo del 2024

Participación Ciudadana está realizando hoy su decimotercera observación electoral, desde el 1994. En esta ocasión hemos desplegado una Red de voluntarios/as integrada por alrededor de 1,600 observadores distribuidos en todo el territorio nacional, cubriendo las 31 provincias, el Distrito Nacional y los 158 municipios y más de cien personas en nuestra sede central.

Entre los aspectos relevantes que se incluyen en la observación de hoy está, el ambiente general del proceso, el cumplimiento de las resoluciones de la JCE; la ausencia o no de proselitismo político, incluyendo gafetes y vestuario sin fotos y colores partidarios; las garantías del ejercicio del voto; indicadores de compra y venta de votos; la presencia de los delegados de los partidos; de los coordinadores y delegados de recintos de votación; que todos los colegios recibieran todo el material y equipos; la puntualidad en el inicio de las votaciones; el acceso y facilidades para las personas con discapacidad, el papel de la policía electoral y de las autoridades, entre otros.

Debemos resaltar que entramos en el día de las elecciones luego de una campaña electoral que ha sido la más pacífica de los últimos tiempos, sin pérdida de vidas, con apenas dos incidentes con un herido, y durante el transcurso de la tanda matutina de este día de las votaciones, nuestros observadores no han reportado ningún incidente de violencia.

Nuestros observadores reportaron que entre las 7 y 8 de la mañana el 99% de los colegios estaban instalados, con todos sus miembros y con la presencia de alrededor del 90% de los delegados de los partidos mayoritarios y sus equipos y materiales.

Las votaciones se iniciaron entre las 7 y las 8 de la mañana en el 97% de los colegios observados.

La ubicación de la caseta de votación garantizaba el secreto del voto en el 97% de los colegios y el 99% de los miembros de los colegios conocían el procedimiento a seguir. En el 100% de los casos el padrón electoral se correspondía con el colegio electoral, mientras que en el 98% no se detectaron anomalías en el proceso de verificación de los votantes.

El 88% de los recintos garantizaba el ejercicio del voto a las personas con discapacidad,

En el 98% estaba presente la policía electoral en los recintos de votación, que se ocupó de organizar filas y dispersar a las personas para evitar aglomeraciones.

Nuestros observadores detectaron que en el 33% de los recintos electorales en su entorno se estaba realizando algún tipo de proselitismo electoral. El PRM participaba en 30% de los casos, el PLD en un 27% y la Fuerza Pueblo en un 19.3%. Las mas frecuentes fueron propaganda impresa, gorras, camisetas y gafetes.

Vale la pena resaltar que se ha reducido significativamente la propaganda electoral, lo que se notó sobre todo en el reducido uso de los gafetes con fotografías de candidatos y colores partidarios.

Nuestros observadores reportaron indicadores de compra de votos o cedulas en un 16.6. El PRM participó de esta práctica en un 15%, el PLD en un 11%, la Fuerza del Pueblo en un 7% y el PRD en un 4,5%. Deploramos que esta práctica continúe, aunque ha disminuido en las presentes elecciones.

Hemos recibido reportes de uso de inmuebles cercanos a los recintos electorales para gestión electoral.

En términos generales estamos en presencia de un proceso electoral bien organizado, que muestra avances en nuestros procesos electorales.

Hacemos un llamado a la población votante para que en la tarde de hoy concurra a ejercer su derecho de elegir a las personas de su preferencia.

CONSEJO NACIONAL

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PC presenta informe de observación electoral previo a elecciones del 19 de mayo

Participación Ciudadana presentó su cuarto informe de observación electoral que corresponde a la campaña que se inició el pasado 8 de marzo y que deberá culminar con la elección presidencial y de un nuevo congreso el próximo domingo 19.

La organización no partidista y capítulo local de transparencia Internacional destacó los avances institucionales y organizativos tanto de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral caracterizados por la transparencia, eficiencia y apego a las leyes.

PC lamenta que los partidos políticos se saltaran el calendario electoral y que   el proceso que debió iniciarse en marzo fuera marcado por la selección de candidaturas desde el 2022 lo que en términos reales extendió el proselitismo por 18 meses no los 3 establecidos en la ley.

De igual manera el abuso en la inversión publicitaria del Estado que consignó para este año 8,163 millones de pesos, de los cuales más de 3 mil se gastaron en el primer trimestre del año.

El informe cita varias violaciones a las normas de parte del partido oficial que incluyen un spot relacionado con la seguridad en la frontera, en el que se ven personal y equipamiento militar y que termina con la imagen del gobierno, pero también con el eslogan de campaña electoral que dice: “esto es cambio”. Otro es el documental presentado a partir del 8 de mayo en varios medios de comunicación, en el que se utiliza indiscriminadamente material de imagen y sonido que pertenece al Estado dominicano.

La entidad considera que la campaña electoral para las presidenciales y congresuales mostró un país que ha avanzado en el comportamiento de la población, de los partidos y de los candidatos. La selección e inscripción de candidaturas se produjo sin problemas mayores, con las excepciones que todos conocemos de algunos casos que fueron llevados y dictaminados oportunamente por el Tribunal Superior Electoral, sentencias que fueron en su totalidad cumplidas por la JCE. 

“La celebración por primera vez de un debate de las principales candidaturas a la presidencia, vicepresidencia y senadurías, mostró una democracia más fuerte, en la que se discuten ideas y propuestas en un ambiente de orden y respeto. Estos debates fueron auspiciados por diferentes organizaciones y medios de comunicación y abarcaron también las candidaturas a diputados de diferentes provincias” indica un documento del Consejo Nacional de la Organización.

La organización destacó como un avance la reducción de actividades de carácter clientelar y actividades masivas y ruidosas, como mítines, marchas, caravanas, disco light, repartición de funditas y bebidas alcohólicas, se redujeron considerablemente. También la propaganda en televisión, periódicos y radio, mientras aumentó el uso de las redes sociales y otros recursos propagandísticos que reducen los costos, los riesgos de violencia física y el ruido.

El gasto en publicidad

Participación Ciudadana encargó a la empresa Publimonitor el monitoreo de los gastos en publicidad electoral por la prensa, radio y televisión de los partidos y candidatos en el mes de abril de presente año.

El resultado es que en el mes de abril, el PRM gastó en estos medios 107.9 millones de pesos, equivalente al 37.8% del total de los partidos; La Fuerza del Pueblo gastó 76.5 millones, para un 26.8%; el Partido Reformista Social Cristiano 49.9 millones para un 17.5%: el Partido de la Liberación Dominicana 31.0 millones, para un 10.8%; el Partido Revolucionario Dominicano 10.9 millones para un 3.8% y la Fuerza Nacional Progresista  4.5 millones para un 1.5%.

Estos 6 partidos suman 280.8 millones de pesos. Por otro lado, otros 13 partidos gastaron 4.1 millones para una participación de un 1.4% del gasto en prensa escrita, radial y televisiva en abril.

CONSEJO NACIONAL

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Participación Ciudadana apoya labor de la JCE

Pese a que el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez expresó que la Junta Central Electoral (JCE) está de rodillas ante el gobierno, el coordinador general de Participación Ciudadana, Erick Hernández, manifestó que la posición institucional de la organización es de respaldo a esa institución.

“Todas las resoluciones que han adoptado es para un proceso electoral transparente”, precisó.

Opinó que no se puede hablar de que la JCE apoya al Partido Revolucionario Moderno (PRM), ni nada por el estilo, porque la única recomposición que ellos hicieron sin sentencia fue precisamente la del partido en el Gobierno, en la circunscripción 3, y tuvo que acatarla.

Consideró que hasta el momento los únicos beneficiados han sido los de la oposición con la asignación de fondos y con la concesión de dos plazos para la recomposición de la circunscripción 1.

Al ser preguntado sobre la insistente petición opositora de que la Junta destituya a Ramón Urbaez Mancebo, de la dirección general de Juntas Electorales y al mayor general del Ejercito Nacional , Juan José Otaño Jiménez, el coordinador general de la organización no partidista cree que en este sentido lo más prudente debe ser “esperar que la Junta dé respuesta a eso”.

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