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Leidy Blanco García: nueva coordinadora General de Participación Ciudadana

El Consejo Nacional del movimiento cívico Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, eligió este jueves a la abogada Leidy Blanco García como Coordinadora General de la organización para el período 2025–2026.

Leidy Blanco García es doctora en Sociedad, Democracia, Estado y Derecho. Actualmente se desempeña como Coordinadora de Vinculación con Organismos Internacionales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). A lo largo de su trayectoria, ha participado activamente en iniciativas de justicia social y equidad de género, siendo voluntaria en asentamientos populares con Techo República Dominicana y colaboradora en acciones de ONU Mujeres en el país. También ha sido columnista voluntaria del periódico digital Acento.

Dentro de Participación Ciudadana, Leidy ha ocupado diversas funciones desde su ingreso en el año 2013. Es miembro del Consejo Nacional , la Comisión de Justicia y Coordinadora General 2021-2022 , desde donde ha impulsado temas clave para el fortalecimiento institucional y el Estado de derecho.

“Recibo esta designación con profundo agradecimiento y un alto sentido de responsabilidad. Asumir la Coordinación General de Participación Ciudadana representa para mí un compromiso firme con la defensa de la democracia, la transparencia, la justicia social y el fortalecimiento institucional de nuestro país. Desde esta función, me propongo trabajar con apertura, entrega y vocación de servicio, para seguir construyendo una ciudadanía activa, crítica y comprometida con el bien común”,

Nuevo Consejo Nacional

El pasado domingo 30 de marzo, durante su 31ª Asamblea General Ordinaria, Participación Ciudadana llevó a cabo la renovación parcial de su Consejo Nacional, órgano máximo de dirección que ostenta la representación formal de la entidad.

Como parte del proceso, la Asamblea eligió al abogado y dirigente cívico Francisco Álvarez Valdez (Pancho) como nuevo integrante del Consejo, sumándose al equipo que liderará los próximos desafíos institucionales del movimiento cívico junto a Betty del Villar, Erick Hernández, Jacinta Valdez, Josefina Arvelo, Joseph Abreu, Leidy Blanco, Ramón Stalin Montero y Wilfredo De León.

Consejo Nacional
Participación Ciudadana

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Participación Ciudadana socializa Guía Metodológica para el Observatorio de Compras y Contrataciones Públicas

En un esfuerzo por fortalecer la transparencia y el monitoreo ciudadano de los procesos de Compras y Contrataciones Públicas en la República Dominicana, Participación Ciudadana celebró este lunes 31 de marzo un almuerzo-encuentro para socializar la Guía Metodológica del Observatorio de Compras y Contrataciones Públicas (OCC).

El evento, realizado en el salón de actos de la institución, reunió a representantes de organizaciones de la sociedad civil, aliados estratégicos y especialistas en el tema. Esta guía metodológica ha sido desarrollada como parte de uno de los programas impulsados junto a Transparencia Internacional, en respuesta a la creciente demanda social de mayor rendición de cuentas y al compromiso sostenido con la lucha contra la corrupción.

Durante la actividad, se presentó el contenido de la guía y se discutieron sus principales aportes para el fortalecimiento del Observatorio, una plataforma ciudadana que busca incidir en la mejora de las prácticas de compras públicas a través del análisis, la denuncia y la participación informada.

El encuentro contó con la intervención del consultor Marino Tejeda, quien colaboró en el proceso de elaboración de la herramienta y compartió detalles sobre su aplicación práctica y utilidad en el contexto nacional.

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Participación Ciudadana celebra su 31ª Asamblea General Ordinaria y reafirma su compromiso con el fortalecimiento democrático y la institucionalidad

Participación Ciudadana celebró este domingo 30 de marzo su trigésima primera (31ª) Asamblea General Ordinaria, en la que hizo un llamado a fortalecer la cultura democrática, la participación cívica responsable y el cumplimiento de las leyes como pilares fundamentales para una mejor República Dominicana.

En su proclama anual, la organización destacó el valor de la convivencia pacífica, el diálogo constructivo y el respeto a las reglas como elementos esenciales de toda sociedad que aspire a vivir con dignidad y justicia social. “Los avances logrados en las últimas décadas son resultado del compromiso colectivo de diversos sectores de la sociedad. Pero aún persisten prácticas y comportamientos que debemos seguir superando, con decisión y coherencia”, expresa el documento leído al cierre de la jornada.

Participación Ciudadana reafirmó su convicción de que el camino hacia una democracia robusta y una ciudadanía empoderada pasa por instituciones más sólidas, mayor equidad en el acceso a derechos y el cumplimiento riguroso de las normativas vigentes. En ese sentido, alentó a su membresía y al país a seguir siendo parte activa en la construcción de una nación donde impere el respeto mutuo y la responsabilidad compartida.

Durante el desarrollo de la Asamblea, se conocieron y aprobaron el informe anual del Consejo Nacional, el informe financiero, el Plan Estratégico 2025–2027, el Plan Operativo y el presupuesto para el año 2025.

Como parte del proceso de renovación de su órgano de dirección, la Asamblea eligió al abogado Francisco Álvarez Valdez (Pancho) como nuevo miembro del Consejo Nacional, quien fue juramentado al cierre del evento. Reconocido por su histórica labor en favor de la transparencia y la institucionalidad democrática, su elección refuerza el liderazgo ético y plural de la organización.

Además de Francisco Álvarez Valdez, el Consejo Nacional está integrado por Betty del Villar, Erick Hernández, Jacinta Valdez, Josefina Arvelo y Joseph Abreu, Leidy Blanco, Ramón Stalin Montero y Wilfredo De León.

La Asamblea se celebró en el Salón de Actos del Colegio Dominicano de La Salle, con la participación activa de su membresía proveniente de distintas regiones del país.

Consejo Nacional

Participación Ciudadana 

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Participación Ciudadana presenta informe y panel sobre casos de alta corrupción y su tratamiento mediático

Participación Ciudadana celebró el panel titulado “Casos de alta corrupción: la justicia y el devenir mediático”, un espacio de análisis y reflexión sobre la evolución judicial de los principales expedientes por corrupción administrativa en el país y el impacto de su cobertura en medios y redes sociales.

La actividad fue moderada por Fátima Lorenzo Mencía e inició con las palabras de bienvenida de Erick Hernández-Machado, Coordinador General de la organización.

Durante el panel, el abogado y activista Francisco Álvarez Valdez presentó el 4to. Informe de seguimiento del Observatorio de Casos Judicializados de Corrupción, en el que se abordaron los avances y retrocesos de los procesos judiciales más emblemáticos.

El periodista Fausto Rosario analizó el impacto de las campañas en redes sociales en la lucha contra la corrupción, mientras que el sociólogo Cándido Mercedes expuso sobre los riesgos del uso abusivo de estos medios en la democracia.

El evento concluyó con una sesión de preguntas y comentarios del público, seguida de las palabras de cierre.

Sobre el cuarto informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa

Con esta iniciativa, Participación Ciudadana reafirma su compromiso con el seguimiento riguroso a los casos de corrupción y la promoción de una ciudadanía informada y crítica frente al uso del poder público.

Participación Ciudadana continúa observando los procesos penales de casos de alta corrupción administrativa por su importancia en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Estos casos tienen todas las características de formar parte del concepto de crimen organizado y es una de las razones que obligan a la sociedad a estar atenta para evitar que este tipo de crímenes se normalicen.

No se trata en este observatorio de expresar opiniones sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados, sino de darle seguimiento a procesos que deben terminar con sentencias sobre el fondo de los mismos, sea de absolución o de condena, pero siempre en base a las pruebas aportadas y valoradas por los jueces a cargo.

Lo que definitivamente no puede ocurrir, sin causar un grave daño a la credibilidad del sistema de justicia, es que casos como estos, que involucran recursos públicos por miles de millones de pesos, terminen sin sentencia al fondo, debido a la ineficiencia del sistema, o a estrategias orientadas a ponerle fin a los casos, sin que sean valoradas las pruebas de hechos tan graves como los relatados en cada una de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público. No cabe duda alguna de que el sistema de justicia se juega su credibilidad en estos procesos.

Cinco son los casos bajo observación: Anti-pulpo, Coral y Coral 5G, Medusa, Calamar y Camaleón. En informes anteriores hemos comunicado quiénes son los imputados y el monto de los fondos públicos involucrados, por lo que remitimos a nuestro último informe colocado en nuestra página. En este cuarto informe expondremos de manera muy sucinta los hechos relevantes acontecidos en estos casos durante los primeros dos meses y medio del presente año 2025. Conózcalo aquí: https://pciudadana.org/wp-content/uploads/2025/03/Cuarto-Informe-Corrupcion.pdf

Participación Ciudadana presenta informe y panel sobre casos de alta corrupción y su tratamiento mediático

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Durante el panel, el abogado y activista Francisco Álvarez Valdez presentó el 4to. Informe de seguimiento del Observatorio de Casos Judicializados de Corrupción, en el que se abordaron los avances y retrocesos de los procesos judiciales más emblemáticos.

El periodista Fausto Rosario analizó el impacto de las campañas en redes sociales en la lucha contra la corrupción, mientras que el sociólogo Cándido Mercedes expuso sobre los riesgos del uso abusivo de estos medios en la democracia.

El evento concluyó con una sesión de preguntas y comentarios del público, seguida de las palabras de cierre.

Sobre el cuarto informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa

Con esta iniciativa, Participación Ciudadana reafirma su compromiso con el seguimiento riguroso a los casos de corrupción y la promoción de una ciudadanía informada y crítica frente al uso del poder público.

Participación Ciudadana continúa observando los procesos penales de casos de alta corrupción administrativa por su importancia en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Estos casos tienen todas las características de formar parte del concepto de crimen organizado y es una de las razones que obligan a la sociedad a estar atenta para evitar que este tipo de crímenes se normalicen.

No se trata en este observatorio de expresar opiniones sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados, sino de darle seguimiento a procesos que deben terminar con sentencias sobre el fondo de los mismos, sea de absolución o de condena, pero siempre en base a las pruebas aportadas y valoradas por los jueces a cargo.

Lo que definitivamente no puede ocurrir, sin causar un grave daño a la credibilidad del sistema de justicia, es que casos como estos, que involucran recursos públicos por miles de millones de pesos, terminen sin sentencia al fondo, debido a la ineficiencia del sistema, o a estrategias orientadas a ponerle fin a los casos, sin que sean valoradas las pruebas de hechos tan graves como los relatados en cada una de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público. No cabe duda alguna de que el sistema de justicia se juega su credibilidad en estos procesos.

Cinco son los casos bajo observación: Anti-pulpo, Coral y Coral 5G, Medusa, Calamar y Camaleón. En informes anteriores hemos comunicado quiénes son los imputados y el monto de los fondos públicos involucrados, por lo que remitimos a nuestro último informe colocado en nuestra página. En este cuarto informe expondremos de manera muy sucinta los hechos relevantes acontecidos en estos casos durante los primeros dos meses y medio del presente año 2025. Conózcalo aquí: https://pciudadana.org/wp-content/uploads/2025/03/Cuarto-Informe-Corrupcion.pdf

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DGCP, CEPAE y Participación Ciudadana firman convenio para difundir normativa de contrataciones públicas entre la sociedad civil

Con el objetivo de fortalecer la difusión de la normativa de compras y contrataciones públicas entre los sujetos de la sociedad civil, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE) y Participación Ciudadana firmaron un convenio de colaboración interinstitucional.

Este acuerdo busca promover la transparencia, la participación ciudadana y el acceso a la información en los procesos de contratación pública, mediante acciones conjuntas de formación, comunicación y acompañamiento técnico dirigidas a organizaciones de la sociedad civil.

La firma del convenio estuvo encabezada por Carlos Pimentel, director de la DGCP; Erick Hernández-Machado Santana, coordinador general de Participación Ciudadana; y Agustín Sandino Olaverría, en representación de CEPAE.

Esta alianza estratégica reafirma el compromiso de las tres instituciones con una gestión pública más abierta, ética y participativa, orientada al fortalecimiento de la democracia y el ejercicio de ciudadanía activa.

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Alertan sobre retrocesos en el Código Penal y la invisibilización de derechos fundamentales

La abogada y miembro de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, expresó su profunda preocupación ante los proyectos de reforma del Código Penal que actualmente se discuten en el Congreso Nacional. Durante una entrevista en el programa El Despertador, Blanco advirtió sobre la posible vulneración de derechos fundamentales y la ausencia de figuras clave como el feminicidio en algunas de las propuestas legislativas en debate.

Blanco destacó que algunos proyectos omiten la tipificación del feminicidio, lo que representa un grave retroceso en la lucha por los derechos de las mujeres en el país. "Tenemos una falta de políticas públicas eficientes en materia de feminicidio, pero además ahora se pretende eliminar su tipificación en el Código Penal, lo que invisibiliza aún más la violencia de género", manifestó.

Asimismo, advirtió sobre las ambigüedades en la regulación de la objeción de conciencia, que permitiría actos de discriminación por razones de creencias personales, afectando especialmente a comunidades vulnerables. "Nos preocupa que se quiera legislar permitiendo la discriminación bajo el pretexto de la objeción de conciencia, lo cual podría abrir una brecha peligrosa para la vulneración de derechos fundamentales", explicó Blanco.

Otro punto alarmante, según Blanco, es el endurecimiento de penas relacionadas con el aborto, lo que criminaliza aún más a las mujeres sin ofrecer alternativas para garantizar sus derechos. “El proyecto presentado por la diputada Soraya no solo agrava las penas hasta 30 años, sino que introduce interpretaciones ambiguas sobre métodos anticonceptivos y medicamentos, lo que puede dar lugar a violaciones de derechos aún mayores”, señaló.

En cuanto a la aprobación de un nuevo Código Penal, Blanco subrayó que el panorama legislativo es cada vez más complejo y confuso, con la presentación de múltiples proyectos, cada uno con distintas disposiciones sobre derechos fundamentales. "Parece que quieren que elijamos el menos malo entre varios proyectos que violentan derechos", criticó.

Además, expresó inquietud sobre la falta de auditorías a ministerios clave y la inacción en la lucha contra la corrupción en la actual administración. “No podemos permitir que los casos de corrupción del pasado y del presente queden en la impunidad por falta de fiscalización efectiva”, indicó.

Finalmente, Blanco resaltó la necesidad de garantizar la equidad de género en la conformación de la Cámara de Cuentas y otros órganos de control del Estado, enfatizando la importancia de elegir funcionarios con integridad y compromiso con la transparencia.

Desde Participación Ciudadana, la organización reitera su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales y la lucha contra la corrupción, e insta a la ciudadanía a mantenerse alerta ante la aprobación de un Código Penal que podría representar un retroceso en las conquistas sociales alcanzadas.

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¿Cómo participación Ciudadana ha liderado la lucha contra la corrupción?

Desde sus inicios, Participación Ciudadana ha mantenido una postura firme contra la corrupción, convirtiéndose en un referente en la defensa de la transparencia en República Dominicana. Como capítulo nacional de Transparencia Internacional desde 2004, la organización ha liderado numerosas iniciativas para exponer y combatir la corrupción en el país.

Uno de sus logros más importantes ha sido la documentación y denuncia de escándalos de corrupción que han sacudido al país, incluyendo casos como Odebrecht, Anti Pulpo, Medusa y Calamar. Además, PC ha desarrollado el Observatorio de Expedientes Judiciales, una plataforma de seguimiento que evalúa los procesos legales contra funcionarios y empresarios acusados de corrupción, garantizando que estos casos no queden en la impunidad.

A lo largo de tres décadas, PC ha impulsado importantes reformas y leyes de transparencia, como la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que permite a los ciudadanos fiscalizar el uso de los recursos del Estado. Asimismo, la organización ha promovido auditorías externas y la rendición de cuentas en instituciones públicas, fortaleciendo la lucha contra la corrupción.

El compromiso con la integridad también se refleja en el Premio Anual a la Integridad y Lucha Contra la Corrupción, instaurado en 2009, con el que se ha reconocido a figuras clave como Miriam Germán, Nuria Piera, Huchi Lora, Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, entre otros. A través de estas acciones, Participación Ciudadana sigue defendiendo los valores democráticos y exigiendo un país más justo y transparente para todos.

Descubre más sobre cómo Participación Ciudadana ha liderado la lucha contra la corrupción en este documento ampliado.

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Transparencia electoral en República Dominicana: cómo Participación Ciudadana ha fortalecido la democracia por 31 años

Desde su fundación en 1993, Participación Ciudadana (PC) ha sido un pilar fundamental en la consolidación de la democracia en la República Dominicana. Con 31 años de trayectoria, la organización ha participado en 13 procesos de observación electoral nacionales y municipales, contribuyendo significativamente a la transparencia y credibilidad de los comicios. Su labor ha permitido a la ciudadanía contar con una fuente independiente y confiable que monitorea la legalidad de los procesos electorales.

Uno de los hitos más relevantes ha sido la implementación del conteo rápido, una metodología de verificación de resultados electorales que ha logrado una precisión de menos del 0.5% de diferencia con los datos oficiales de la Junta Central Electoral (JCE). Esto ha garantizado que los resultados sean legítimos y que los partidos políticos y la ciudadanía tengan certeza sobre el desarrollo de las elecciones.

Además de la observación electoral, PC ha trabajado incansablemente en la reforma del sistema electoral, promoviendo leyes y mecanismos que aseguren elecciones más transparentes y equitativas. La organización ha presentado propuestas para la modernización de los partidos políticos y ha abogado por la implementación de una cultura de integridad en el sistema electoral.

Gracias a estos esfuerzos, República Dominicana ha logrado avances significativos en la transparencia electoral, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en los procesos democráticos. Participación Ciudadana sigue firme en su compromiso de velar por la democracia y garantizar que cada voto cuente.

Descubre más sobre cómo Participación Ciudadana ha fortalecido la democracia en esta publicación.

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En 31 años Participación Ciudadana ha ejecutado 101 proyectos con apoyo de más de 50 entidades nacionales e internacionales

En sus 31 años, desde que fue fundada en el 1993, Participación Ciudadana (PC) ha ejecutado 101 proyectos de educación ciudadana, promoción de la democracia y para el fortalecimiento institucional, con sus propias fuerzas o aliada a decenas de entidades nacionales e internacionales, muchas de las cuales han contribuido con financiamiento.

El mayor apoyo económico ha provenido de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), pero también de otras 38 instituciones internacionales, de varios Estados, de organismos multilaterales y no gubernamentales, así como de 3 nacionales y más de una veintena de empresas dominicanas. Esto sin contar los aportes de sus propios miembros, tanto por vía del trabajo voluntario como del pago de cuotas. Por ejemplo, el local nacional de PC fue comprado exclusivamente por contribuciones de empresarios dominicanos, lo mismo que el fondo patrimonial que recolectó más de 22 millones de pesos. Para mantener su plena independencia, PC nunca ha aceptado ayuda económica del Gobierno dominicano, aunque ha ejecutado acciones y proyectos conjuntamente con docenas de instituciones estatales, centralizadas y autónomas, incluyendo múltiples ayuntamientos.

El financiamiento a PC ha provenido de instituciones de Estados Unidos, de la Unión Europea, Canadá, Gran Bretaña, Alemania y Chile, de Transparencia Internacional, de la cual PC es capítulo nacional desde el 2004, así como de entidades financieras como el Banco Mundial, el BID y cuatro diferentes órganos de las Naciones Unidas.

LAS INSTITUCIONES DE MAYOR APOYO A LOS PROYECTOS DE PC

PROYECTOS/FINANCIADO POR#   PROYECTOS
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)  17  
Transparencia Internacional14
Unión Europea13
Oxfam Intermón11
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, Fondo Canadiense para Iniciativas Locales y Embajada de Canadá  5
Agencias de las Naciones Unidas, PNUD, UNICEF, ACNUR y Comisionado de Derechos Humanos  4
Banco Mundial 3
Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL)4
National Democratic Institute (NDI) de Estados Unidos  2
Fundación Friedrich Ebert de Alemania2
Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME)  2
Proyecto para Iniciativas Democráticas, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) para las primeras dos observaciones electorales.    2
Otras 21 instituciones internacionales, financiaron un proyecto de PC cada una, tan variadas como la Agencia Española de Cooperación Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Embajada Británica y la  Kellog Foundation.    21
Total101

Razones del amplio apoyo

El gran apoyo nacional e internacional recibido por PC ha estado determinado:

  1. Por tratarse de un movimiento cívico de estructura y participación democrática, que nunca ha dejado de celebrar su asamblea anual pública, sin haber tenido ninguna división o conflicto interno considerable en tres décadas.
  2. Porque su estructura está encabezada por un Consejo Nacional, primero de 12 y ahora de 9 miembros electos por la Asamblea General, los que a su vez escogen un coordinador general que se ha renovado cada año, y sólo cinco han repetido, nunca en años consecutivos. Con una estructura y cultura de alta participación voluntaria en comisiones especializadas, la coordinación general y los principales directivos aportan decenas de horas de trabajo semanales, sin que sus titulares reciban remuneración, ni vehículo ni combustibles. Por más de tres décadas, ciudadanas y ciudadanos han aceptado esa responsabilidad, sin buscar perpetuarse ni promoverse.
  3. Por haber tenido cientos de miembros voluntarios, en gran proporción profesionales y líderes sociales y religiosos, que no sólo han aportado su tiempo y recursos, sin recibir compensación alguna, sino que también pagan cuotas para ayudar al sostenimiento de la organización. Se destaca el papel desempeñado por las redes de observadores electorales que en algunos casos llegó a reunir más de 10 mil personas de todo el país, de diferentes edades y condiciones sociales y económicas, quienes han contribuido a un notable avance en la transparencia, legitimidad y organización de los procesos electorales.
  4. Absoluta transparencia y rendición de cuentas, con auditorías anuales externas, tanto de los fondos generales, como específicamente de los fondos aportados por las principales agencias.
  5. Publicación sistemática de todos los detalles de sus proyectos, incluyendo financiamiento, gastos, sueldos del personal técnico contratado, lo cual ha estado disponible para todo el público en la página Web, www. pciudadana.org.
  6. Por la seriedad y precisión de las observaciones electorales y conteos rápidos, que, en todos los casos, quedaron con diferencias menores al 0.5% de los datos oficiales que ofreció la JCE muchas horas después, y que se entregaban el mismo día de las elecciones a las autoridades electorales y a los financiadores.

Los dos programas más extensos y de mayor financiamiento

de la USAID gestionados por Participación Ciudadana (PC)

Programa de Formación y Gerencia Política de Jóvenes Líderes de República Dominicana (2005-2012)

Fue gestionado por PC, conjuntamente con el Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y el Centro de Investigación y Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

Contó con la colaboración nacional del Senado de la RD, el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), de la Oficina Nacional de Administración de Personal, luego Secretaría de Estado y Ministerio de Administración Pública (MAP).

Colaboración internacional: Instituto Nacional Demócrata (NDI) de Estados Unidos, del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), y del Instituto de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y del Ayuntamiento de Málaga, España.

Para su ejecución, el programa tuvo un Consejo Consultivo integrado por seis profesores de las universidades participantes y los secretarios generales del PLD, PRD, PRSC, Reynaldo Pared Pérez, Orlando Jorge Mera, y Víctor Gómez Casanova. La FNP representó a 19 partidos emergentes.           

Coordinador general: Rafael D. Toribio

Dos etapas: 2005-08 y 2008-12

Costo total: 4,253,600.00 dólares

Tuvo el objetivo de contribuir a modernizar el liderazgo político, fortaleciendo la presencia de la juventud en el ejercicio de la política y abrir paso a una nueva relación entre la sociedad y la política.

En su ejecución se hicieron diplomados dirigidos a jóvenes propuestos por los partidos, de 72 horas de formación sobre liderazgo y gerencia política, abarcando el sistema democrático y sus instituciones, valores, liderazgo y prácticas democráticas, modernización y gerencia de los partidos políticos.

En la segunda etapa se agregó el entrenamiento de los que habían registrado mejor rendimiento en los diplomados para que pudieran ser capacitadores de dirigentes medios y de base de sus propios partidos. En el 2011 los egresados de los cursos constituyeron una Red de Jóvenes Líderes, vinculando a los de múltiples partidos que operó por varios años.

Participantes:

En total 2,040 jóvenes entre 18 y 40 años de edad, 72% hombres y 28% mujeres.

1,754, el 86%, provenientes de 18 de los 23 partidos reconocidos por la JCE

286, el 14%, provenientes de 263 organizaciones de la sociedad civil.  

208 dirigentes de partidos entrenados como capacitadores.

118 militantes certificados como capacitadores, Estos a su vez impartieron los conocimientos adquiridos a 4,673 dirigentes medios y de base de los partidos en 35 municipios de 16 provincias. Los cursos abarcaron las 31 provincias y el DN, y se impartieron en universidades y centros culturales de las mismas. Una condición para ser aceptados era la presentación de una carta de acreditación del partido o la organización a que pertenecían.

Distribución de los 2040 participantes en los diplomados:

632 (31%), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

469 (23%), del Partido Revolucionario Dominicano (PRD)

265 (13%), del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)

82 (4%), del Partido Alianza por la Democracia (APD)

306 (15%), de 14 partidos emergentes o minoritarios

286 (14%), de 263 organizaciones sociales, incluidos en la segunda etapa

2.- Acceso Ciudadano a la Justicia, o Casas Comunitarias de Justicia (CCJ)

Dos etapas:

2005-2018, gestionado por Participación Ciudadana

2018- 2025 gestionado por el Centro Casas Comunitarias de Justicia Inc.  

Financiamiento de USAID vía PC (2005-16): 4 millones 253 mil 600 dólares

Director Ejecutivo: José Ceballos

Colaboración de la Suprema Corte de Justicia, de la Procuraduría General de la República, y de las fiscalías provinciales y ayuntamientos, que aportaban abogados y ayudantes fiscales. El promedio de empleados por cada CCJ ha sido de seis, en su mayoría pagados por el proyecto.

Objetivo: Contribuir a la reducción y resolución de los conflictos en las comunidades barriales, así como a la disminución de la delincuencia con la integración de los dirigentes comunitarios a las labores de asistencia prevención. También reducir la enorme cantidad de querellas sobre delitos de poca monta que abarrotaban las fiscalías, conciliando posiciones e intereses.

Durante el período 2005-06 se desarrollaron jornadas de consulta y capacitación con participación de 5,012 personas, y entrenamiento para los primeros 69 mediadores, dando origen al Plan Nacional de Resolución de Conflictos.

La primera CCJ fue abierta en el barrio Cienfuegos de Santiago, en octubre del 2006 y en la actualidad suman 10, operando tres en Santiago, una en el DN, una en Santo Domingo Oeste, La Vega, San Francisco de Macorís, Moca, Mao y Puerto Plata. El proceso tuvo asistencia técnica de DPK Consulting.

En 18 años, hasta el 2024, las CCJ han prestado servicios a 650 mil personas, en el 90% de los casos con resolución de conflictos

Desde el 2016, PC consideró que las CCJ necesitaban mayor autonomía para su desarrollo y operatividad, por lo que inició un proceso que culminó con el traspaso del programa a la fundación Casas Comunitarias de Justicia Inc., aunque ha mantenido un representante en su consejo directivo. Las 10 casas siguen dando servicios y resolviendo conflictos en los barrios populares donde operan.  Haberse separado de Participación Ciudadana les permite a las Casas Comunitarias de Justicia recibir apoyo presupuestario del Gobierno para cumplir sus funciones, algo que no es posible dentro de PC.

Las múltiples contribuciones de Participación Ciudadana a la lucha contra la corrupción y por el fortalecimiento institucional

Campañas de descrédito contra PC

Cada cierto tiempo resurge una campaña que busca restar crédito a Participación Ciudadana, pretendiendo presentarla como una entidad que responde a determinado partido político o bien a intereses extranjeros, y difundiendo que sus dirigentes han recibido altas sumas de dinero de las agencias internacionales de financiamiento, en particular de la USAID.

Ambas versiones son absolutamente desmentidas por la historia de la organización, primero por sus observaciones electorales y conteos rápidos de las votaciones y luego por sus vínculos y colaboración con todo el espectro político nacional, que ha sido parte de la historia de PC. La gran mayoría de los proyectos se desarrollaron durante los gobiernos del PLD y numerosas actividades contaron con la participación, tanto del partido como de instituciones gubernamentales, quienes colaboraron ampliamente. Sin embargo, PC mantuvo los reclamos de transparencia, rechazo a la corrupción y respeto a la institucionalidad democrática. Toda la historia de PC ha quedado ampliamente documentada, tanto en sus publicaciones y fuentes de difusión electrónica, como también en la prensa nacional que le ha dado generosa cobertura a todas las actividades, propuestas y opiniones.

Se atribuye a PC una actitud parcial frente al PLD, pero como se podrá observar en los dos mayores proyectos que hemos desarrollado, tuvimos gran participación de ese partido y apoyo de sus órganos gubernamentales, relevantemente de los dirigentes partidistas y los funcionarios del ámbito judicial. En los procesos electorales que ganó el PLD, del 1996, 2004, 2008, 2012, 2016, los informes y conteo rápidos de PC dieron testimonio de los resultados.

Es cierto que unos pocos directivos de PC han salido de nuestra organización para formar parte del actual gobierno, pero eso nunca ha comprometido nuestras posiciones, esas personas se han desvinculado de nuestra militancia, que es muy diversa en posiciones políticas. Lo mismo pasó con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana.

El primer coordinador general de PC y uno de sus fundadores, Tony Isa Conde, formó parte de los gobiernos del PLD, incluyendo una posición de ministro. Otro coordinador general, Ramón Tejada Holguín, fue titular de la Dirección General de Análisis Estratégico de la Presidencia de Danilo Medina, el dos veces coordinador de PC, Isidoro Santana, fue ministro del Gobierno de Danilo Medina y varios más ocuparon cargos en esos Gobiernos. Donde no hubo un solo dirigente de PC, fue en el período que encabezó Hipólito Mejía, 2000-2004.

Los activistas y voluntarios de la sociedad civil mantienen su derecho ciudadano a acceder a posiciones públicas y, hasta el momento, ninguno de nuestros antiguos dirigentes ha deshonrado los principios y valores que profesamos. 

Es una infamia decir que los dirigentes de PC han recibido sueldos de la USAID o de otras fuentes, por los servicios prestados, todos son absolutamente voluntarios. Sólo el personal técnico y administrativo ha recibido salarios y los mismos siempre han estado transparentados en nuestro sitio de internet. Nuestros estatutos prohíben taxativamente que los directivos, tanto del Consejo Nacional como de las comisiones de trabajo, reciban remuneración alguna y esta disposición siempre se ha cumplido.

También son infamantes las denuncias de que periodistas han sido pagados con el financiamiento de la USAID y mucho más que con esos fondos se hayan desarrollado campañas contra los intereses nacionales. Esto carece del mínimo soporte, choca con la transparencia con que se han manejado los fondos recibidos y con el limpio historial de vida de esos ciudadanos y comunicadores.

Lucha contra la corrupción

Desde su nacimiento PC colocó la lucha contra la corrupción entre sus principales ejes programáticos. Ya para principios del Siglo XXI la organización decidió que esta sería su prioridad e inició contactos para ingresar a Transparencia Internacional, siendo designada en el 2004 como capítulo nacional de la misma. La mayoría de las acciones realizadas por la organización, incluyendo la observación de las elecciones y el impulso de leyes, tienen un alto componente de educación ciudadana para aglutinar fuerzas y emprender acciones contundentes que disminuyan la corrupción y la impunidad. Las publicaciones de PC han sido referentes y documentos para la historia en materia de lucha contra la corrupción, sin jamás haber recurrido a la mentira, todo lo que se ha denunciado ha sido ampliamente documentado.

Fue sistemático el seguimiento y la demanda de justicia por los fraudes bancarios que en el 2002-03 hundieron la economía nacional. Lo mismo ocurrió frente a otros escándalos como el caso Sum Land,  Odebrecht y a todos los expedientes de alta corrupción que han cursado en la justicia. En los casos mayores PC ha publicado folletos resúmenes para educar a la ciudadanía e incentivar los reclamos de fin de la impunidad. Actualmente está dando seguimiento a los procesos judiciales en curso.

Presión y concertación por leyes de avance democrático

La organización ha intervenido a favor o en contra de proyectos en el Congreso Nacional, siempre con el objetivo de lograr avances significativos en la construcción de la democracia. Entre estos se destacan: Defensoría del pueblo; reformas de la Constitución de la República del 2002, del 2010 y 2024; Ley Orgánica del Ministerio Público; Ley de Compras y Contrataciones Públicas; Ley de Reforma Policial; Ley de Participación Social; Ley de Libre Acceso a la Información Pública; Ley General de Educación, con el 4% del PIB para el sector; Ley General de Municipios con presupuesto participativo.

Como puede constatarse en este mismo documento, las publicaciones de PC han dedicado un amplio espacio a la difusión de las leyes, proyectos y debates que tienen que ver con el ordenamiento jurídico en materia constitucional, político-electoral, organismos de control del gasto público, derechos, participación social, entre otros.

Convenios con organismos públicos y privados

Sin recibir financiamiento, PC ha firmado convenios con múltiples organismos estatales, como la Procuraduría General de la República; Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa; Suprema Corte de Justicia; Consejo Nacional para la Reforma del Estado; Ministerios de Administración Pública y de Medio Ambiente.

PC participó en la comisión para la nómina pública, creada mediante decreto del Poder Ejecutivo; aprobación de convenio interinstitucional con la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), para la promoción de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Participación en el Consejo Nacional Anticorrupción; aprobación de convenio con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), para apoyar los procesos de capacitación en temas de ética del servidor público. Ha sido jurado por muchos años en el Premio anual a la calidad de las instituciones públicas.

Coaliciones, alianzas y articulaciones

En 1999 se convocó un encuentro de la sociedad civil encabezado por PC, FINJUS, ANJE, COPADEBA, ACOPRO, Centro JUAN MONTALVO, CONEDO, CONEP, CGT, INDUSTRIALES DE HERRERA, dando inicio al FORO CIUDADANO, concertación que ha hecho importantes aportes a los avances democráticos y que se mantiene vigente. También se creó la Red Ciudadana por la Seguridad y la Justicia que ha servido de base a importantes proyectos. En el 2003, junto a decenas de organizaciones y personalidades nacionales, PC encabezó la creación de la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, CTI, que se movilizó contra la impunidad en los fraudes bancarios.  

Nuestras articulaciones han incluido acuerdos con la Fundación Solidaridad y con CEPAE, para la promoción del Proyecto de Transparencia Municipal; articulación de la sociedad civil con los componentes Transparencia de la Gestión Pública, Fortalecimiento del Poder Judicial, Transparencia Municipal. Promoción de la participación de la sociedad en las Reformas Políticas; implementación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Acuerdo con la Oficina Nacional de Administración de Personal (ONAP), para la búsqueda de consenso en la implementación de la Ley No. 14-91 sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa; Participación en la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, creada por el Poder Ejecutivo; integración de PC al Consejo Económico y Social y creación de la Red Nacional por la Transparencia Municipal.

Educación ciudadana y derechos de la mujer

Todos los proyectos y acciones de PC están orientados en primer lugar a la educación y la concientización ciudadana de líderes y militantes de los partidos y de la sociedad civil, empleados estatales, militares, policías, jueces, fiscales. Los más diversos sectores han participado en acciones de capacitación e incidencia organizados por PC, incluyendo un programa de formación en derechos humanos y seguridad ciudadana.

Ha sido relevante el Programa Mujer y Política, llamado a fomentar una mayor participación de las mujeres en la política. Formamos parte de la Coalición por una Legislación Moderna y Consensuada y desde ese espacio se ha apoyado el mantenimiento de la Ley No. 24-97 Contra la Violencia Intrafamiliar, como parte del Código Penal, que está en proceso de revisión en el Congreso, para lo cual ha asistido a diversas reuniones de la Coalición y a las vistas públicas que ha organizado el Congreso. En los años recientes, PC forma parte de la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres y ha participado en marchas y otras actividades relacionadas con los derechos de las mujeres, las tres causales, las protestas contra los feminicidios, entre otros.

Decenas de publicaciones

En sus tres décadas PC ha realizado decenas de publicaciones en forma de libros, folletos, investigaciones y estudios especiales. Las ediciones que se listan a continuación constituyen un referente obligado para las generaciones futuras, la historiografía y todo el que quiera estudiar este importante período de la historia dominicana.

SOBRE TEMAS DECORRUPCION E IMPUNIDAD

  1. ¿Un Estado del siglo XIX para el siglo XXI? La gestión pública y el reto dominicano. 2001
  2. 20 años de Impunidad, Investigación de casos de corrupción en la Justicia Dominicana 1983-2003. Feb. 2004.
  3. Acusación de corrupción Contra el Senador Félix Bautista, 2015.
  4. Convención Interamericana Contra la Corrupción, 2005.
  5. Cuestiones que debemos conocer y No Olvidar sobre los Fraudes Bancarios, 2005.
  6. El Caso Medusa.
  7. El Impacto de la Corrupción en las Políticas Sociales.
  8. Géneros y Corrupción en República Dominicana, 2022.
  9. Índice de Transparencia de la Entidades Públicas, 2007.
  10. Informaciones claves Operación Calamar. Documentos sobre la medida de coerción del Ministerio Público. 2023.
  11. Informe Alternativo de la Sociedad Civil a la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
  12. Informe República Dominicana: Seguimiento al Compromiso de Lima Observatorio Ciudadano de Corrupción. 2021.
  13. Informe de la Convención Inter Americana contra la Corrupción (CICC). 2004.
  14. Inventario Nacional de Construcciones Públicas Paralizadas 1960-2004. (2005).
  15. La acusación Antipulpo. Un caso de corrupción administrativa y criminalidad organizada. 2022.
  16. La Corrupción, Características y Consecuencias en la Rep. Dom., 2003
  17. La Corrupción sin Castigo. 2014.
  18. La manzana y la serpiente. 2011.
  19. La pre y pos corrupción en República Dominicana. 2020.
  20. Normativa legal sobre control y transparencia en la gestión pública, 2001.
  21. Odebrecht Finanzas públicas & desorden institucional. 2017.
  22. Odebrecht Punta Catalina, más corrupción impune. 2018.
  23. Pobreza y Corrupción, el reto de los programas sociales. 2005.
  24. Primer Informe del Observatorio a los expedientes judiciales. 2024.
  25. Propuestas de Acciones sugeridas por la Sociedad Civil al Estado para hacer operativas las recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
  26. Segundo Informe del Observatorio a los expedientes judiciales, 2024.
  27. Tercer Informe del Observatorio a los expedientes judiciales, 2025.

TEMAS POLITICOS Y ELECTORALES

  • ¿Son transparentes nuestros partidos? 2015.
  • Alrededor de cuarenta 40 informes de procesos y resultados electorales en 13 observaciones nacionales y municipales realizadas.
  • Código de Ética Electoral, 2008.
  • Cuota femenina y voto preferencial, 2001.
  • Cuota femenina, circunscripciones electorales y listas de candidaturas. 2004.
  • Democracia y Partidos Políticos, Legislación y Expectativas de Cambio, 2002.
  • Guía de Monitoreo al cumplimiento del Pacto por la Gobernabilidad Democrática en el Ámbito Municipal. 2020.
  • La Reforma Político-Electoral. 2011.
  • La representación femenina en el congreso y el ayuntamiento. 2002.
  • Liderazgo democrático y la participación ciudadana. 1999.
  • Liderazgo joven y participación política. Ponencias dictadas en los paneles regionales organizados por el programa durante los últimos tres años (2003-2005).
  • Poder y representación femenina (Estudio cualitativo acerca de la participación de la mujer en la política). 2002.
  • Presencia de las candidaturas femeninas y de los temas de género en los medios de comunicación de Rep. Dom. durante las elecciones congresuales de mayo 2010.
  • Propuesta de PC frente a los proyectos de leyes de Partidos Políticos y Agrupaciones políticas y de régimen electoral, 2017.
  • Propuestas de los jóvenes en seguridad ciudadana dirigidas a los candidatos/as electorales de los comicios del 2024.
  • Reformas Electorales Pendientes. 2005.
  • Resultados del Estudio pre y post electoral del observatorio electoral de personas con discapacidad para el proceso electoral de la Rep. Dom. del año 2016.
  • Sistematización de experiencias y prácticas del observatorio electoral 2016 de personas con discapacidad en la Rep. Dom.

PUBLICACION DE LEYES Y PROYECTOS DE LEYES

  • 1er y 2do Informe de Seguimiento del Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad. 2014.
  • Adquisición, Enajenación y Uso de los Bienes Estatales.
  • Análisis del Plan Estratégico y Plan Operativo anual del MAP a la luz de la Ley 41-08 de Función Pública. 2022.
  • Análisis integral de los anteproyectos de leyes de la minería nacional y del Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal Minera. 2021.
  • Campaña por la Independencia del Ministerio Público. 1997.
  • Carrera Municipal Valoración Jurídica, Estado de Situación y Perspectivas.
  • Compilación de leyes que toman en cuenta a la mujer y propuestas de modificaciones, (versión popular, 2005.
  • Compilación de leyes que toman en cuenta a la mujer y propuestas de modificaciones, 2004.
  • Compras y contrataciones en los gobiernos locales: Un desafío de los municipios en el Siglo XXI. 2020.
  • Compendio de Legislación de función Pública: Impreso 1,000 ejemplares con 10 Leyes cada compendio. 2014.
  • Constitución de la República 1999.
  • Constitución de la República 2003.
  • Constitución de la República, 2010.
  • Contraloría y Contabilidad Gubernamental;
  • Cumplimiento de la Ley Orgánica de la Administración Pública No. 247-12. (2022).
  • Diagnóstico introductorio al marco presupuestario de la Policía Nacional. Período 2008-2016,
  • Distritos Electorales: hacia una nueva forma de votación en el 2002. (2000).
  • Equidad de Género en la Aplicación de la Ley de Función Pública No.41-08.
  • El Defensor del Pueblo. 2003.
  • El sistema judicial dominicano. 2001.
  • El Ministerio Público. 2001.
  • El Nuevo Código Procesal Penal, y sus implicaciones en casos de corrupción en RD,2006.
  • Estudio Situación y Perspectivas de las Carreras Especiales Docente y Sanitaria.
  • Estudio Macro Estructura del Estado Dominicano para determinar dualidad de función es de los órganos de la administración pública
  • Evolución de la carrera administrativa y especial en la Rep. Dom.: a 8 años de la entrada en vigencia de la Estrategia Nacional de Desarrollo. 2021.
  • Guía Ciudadana para el Acceso a la información pública, 2005.
  • Guía comunitaria para conocer cómo se compra y se contrata en tu municipio. Elementos para un control eficiente. 2019.
  • Guía para el monitoreo ciudadano de la administración pública. 2018.
  • Guía para el Monitoreo de la Gestión Pública. 2013.
  • Guía para el monitoreo ciudadano de la gestión pública en la Rep. Dom. 2014.
  • Implementación de la Ley 169-14 sobre naturalización. Informe final. 2023.
  • Implementación del Presupuesto Participativo en el marco de la Ley No. 176-07.
  • Interpelación e impugnaciones de los actos de la Administración Pública.
  • Inventario normativo legal sobre control y transparencia en la gestión pública. 2002.
  • La carrera municipal. Valoración jurídica, estado de situación y perspectivas. 2014.
  • La cascada, manual de procedimientos. Metodología de capacitación para la observación electoral: Elecciones presidenciales del año 2000. (1999).
  • La Defensa Pública. Ley 277-04 del 12 de agosto del 2004.
  • La inamovilidad de los jueces. 2002.
  • Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas.
  • Ley 340-06 Sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento, 2010.
  • Ley de Adjudicación de Obras y Servicios (2004.
  • Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, 2004.
  • Ley de Presupuesto, 2001.
  • Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, 2005.
  • Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04 y el decreto que aprueba su reglamento. 2010.
  • Ley General de Participación, 2004.
  • Ley No. 107-13 sobre los derechos de las personas en relaciones con la administración y de procedimiento administrativo.
  • Ley No. 311-14 que instituye el Sistema nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los funcionarios y Servidores Públicos.
  • Ley No. 41-08 de Función Pública. 2012.
  • Ley No. 631-16 del 2 de agosto de 2016, para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados.
  • Ley No. 6-96 dispone que toda persona privada de su libertad por autoridad policial o militar, tiene derecho a comunicarse con sus familiares por vía telefónica u otra vía, modificada por la Ley 158-06.
  • Ley No. 72-02 sobre lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas.
  • Ley Orgánica de la Policía Nacional No. 590-16.
  • Leyes y Proyectos de leyes y decretos anticorrupción 1996-2003.
  • Los tribunales y juzgados del Sistema Judicial. 2001.
  • Los avances en el cumplimiento de la Ley General de Salarios del Estado Dominicano. 2021.
  • Manual para los comités y núcleos sobre la observación del proceso electoral. Elecciones presidenciales 16 de mayo del 2000 (1999).
  • Marco legal para la gestión de riesgos. Guía de seguimiento. 2008.
  • Propuesta de Reglamentación a los Mecanismos legales para el financiamiento de Asociaciones sin Fines de Lucro. 2010.
  • Mecanismos Normativos de Controles Administrativos y Financieros para la Prevención de la Corrupción en la República Dominicana, 2005.
  • Monitoreo aplicación de la Ley de función pública No. 41-08 de Función Pública y sus reglamentos. 2013.
  • Monitoreo Ley No. 41-08: Situación y perspectivas de las carreras especiales docente y sanitaria. 2014.
  • Niveles de diferencia en los salarios de la administración pública. La Ley de Función Pública No. 41-08. (2013).
  • Observación de la selección de los candidatos. Elecciones presidenciales de los partidos políticos. Mayo, 2000 (1999).
  • Participación de la sociedad civil en la Cumbre de las Américas: Experiencia de la Rep. Dom. 2001.
  • Por qué nos conviene el proyecto de reforma a la Ley Electoral. Resumen del anteproyecto de modificación a la Ley Electoral No. 58-84 (1997).
  • Posición de Participación Ciudadana sobre la nueva Constitución 2010.
  • Presupuesto Orientado a la Reforma de la Administración Pública, que abarcan una evaluación de lo presupuestado y lo invertido en los años 2011- 2012.
  • Presupuesto Orientado a la Reforma de la Administración Pública, que abarcan una evaluación de lo presupuestado y lo invertido en los años y 2013-2014.
  • Presupuesto participativo municipal. Extracto de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. 2019.
  • Prevención y Sanción de la Corrupción Publica (recopilación de leyes y artículos de leyes anticorrupción).
  • Reforma de la ley 340-06 por la transparencia y el fortalecimiento de la Administración Pública. 2021.
  • Reformas electorales. Experiencias regionales sobre calendarios electorales y sistemas de doble vuelta. 2001.
  • Relatoría: Seminario sobre avances y desafíos en la Administración Pública en los últimos 10 años. 2022.
  • Relación ayuntamiento – sociedad civil. Diagnóstico de 9 municipios dominicanos. 2000.
  • Sistema de monitoreo ciudadano a la Administración Pública (SIMCAP). Primer informe resultados de veeduría ciudadana, Profesionalización de la Administración Pública local. 2016.
  • Sistematización de los foros por la calidad de los servicios públicos. 2022.
  • Vamos a conocer nuestra Constitución. 2001.
  • Varios Ranking del Cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública por parte de los ministerios y de partidos políticos.

OTROS

  1. 2do. diagnóstico sobre percepción de violencia y delincuencia. 2022.
  2. Veintiún recomendaciones para la seguridad ciudadana del municipio en tiempos de emergencia. 2020.
  3. Actuaciones irregulares de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones. 2016
  4. Análisis de la Mesa Nacional de la iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). 2021.
  5. Análisis del proceso de observación electoral de mayo del 1998. (1999).
  6. Biografía: candidatos y candidatas Provincia Santo Domingo. 2002.
  7. Casa Comunitaria de Justicia, para cobijar nuestros derechos, 2010.
  8. Cómo votar en las elecciones presidenciales de las elecciones presidenciales de mayo 2000 (1999).
  9. Compras y Contrataciones en los Gobiernos Locales: Un desafío de los municipios en el Siglo XXI. 2020.
  10. Condiciones de trabajo de la Policía Nacional en los destacamentos del Corredor Duarte y 18 barrios de la zona norte del Distrito Nacional. 2016.
  11. Democratización de la cultura y las prácticas políticas. 1997.
  12. Diagnóstico sobre percepción de violencia y delincuencia. 2021.
  13. El Foro Ciudadano como espacio de articulación de la sociedad civil. Balance y perspectivas. 2002.
  14. En la historia dominicana la reelección ha sido antidemocrática. 2002.
  15. Encuentro con candidatos y candidatas a regidores en las elecciones congresuales y municipales del 1998.
  16. Equidad de género en la aplicación de la Ley de función pública No. 41-08 (2014)
  17. Estructuras del Estado Dominicano, Hacia una renovación pertinente, 2014.
  18. Estudio factores de riesgo de corrupción administrativa en el sistema de monitoreo, vigilancia, enjuiciamiento y adjudicación de delitos ambientales en la Rep. Dom. 2024.
  19. Estudio nacional sobre la situación de la integridad empresarial en sectores específicos, principales empresas con riesgo de corrupción y/o delitos ambientales y climáticos en la Rep. Dom. 2024,
  20. Evaluación de las políticas de transparencia en la Gestión Forestal de RD. 2017
  21. Evaluación del Proyecto piloto de pagos por servicios ambientales hídricos en la Cuenca Alta del Yaque del Norte. 2019
  22. Foro Ciudadano. La sociedad civil no busca gobernar, sino ser bien gobernada. 1999
  23. Foro Ciudadano. Principios básicos. Reglas generales. Plan Estratégico de acción. 1999,
  24. Foro Ciudadano. Por la democracia y vida. Memoria del acto público. 1999
  25. Foro Ciudadano. Memoria de gestión de la Secretaría General agosto 1999- marzo 2000 (2000).
  26. Foro Ciudadano. Memoria período marzo-septiembre 2000 (2000)
  27. Foro Ciudadano. El pueblo propone a los candidatos. Elecciones presidenciales año 2000
  28. Foro Ciudadano. Memorias. Por la articulación y la consolidación de la sociedad civil para el afianzamiento de la democracia. 1999
  29. Foro Ciudadano. – Pobreza + Democracia + Mejor País. Propuestas nacidas de la consulta a la sociedad civil. 2000
  30. Fortalecimiento de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) del Ayuntamiento de Jarabacoa. 2019
  31. Fortalecimiento de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) del Ayuntamiento de Santiago. 2019
  32. Fortalecimiento de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM) del Ayuntamiento de Las Terrenas. 2019
  33. Guía educativa para promover medidas que garanticen el derecho al voto y la participación política de personas LGBTQI+. 2022.
  34. Informe final Observatorio Ciudadano a la Policía Nacional, 2013
  35. Informe sobre el contexto actual de la integración de género en la gobernanza climática. 2024.
  36. Informe sobre implementación del presupuesto participativo en el marco de la Ley No. 176-07. (2019).
  37. La violencia de género en la Rep. Dom. Un enfoque desde las estadísticas provistas por el Estado dominicana entre 2005-2018.
  38. Las elecciones congresionales y municipales y la participación ciudadana. 1998.
  39. Luchar contra la marea: Estudio sobre trata de personas en once municipios de República Dominicana.
  40. Manual de Capacitación Estructura y Funcionamiento de la Administración Pública.
  41. Manual de Capacitación para la constitución de las Comisiones de las Auditorias Sociales.
  42. Mapeo del flujo de las finanzas para proyectos de cambio climático en la Rep. Dom. 2024.
  43. Medios de comunicación y seguridad en RD. 2017.
  44. Memoria pacto de ética electoral. Una propuesta desde la sociedad civil. Elecciones presidenciales mayo 2000. (2001).
  45. Mesa de diálogo ordenamiento territorial de Las Terrenas. 2021.
  46. Monitoreo y evaluación de las estrategias nacionales para el cambio climático en la Rep. Dom. 2019.
  47. Niveles de diferencia en los salarios de la Administración Pública, 2013.
  48. Pasos a dar para formar una Junta de Vecinos. 2002.
  49. Percepción de violencia y delincuencia desde la juventud. 2022.
  50. Plan de educación con estudiantes. Estado, Democracia y Ciudadanía. 1999.
  51. Planificación estratégica para la gestión local. 2001.
  52. Planificación estratégica y ordenamiento territorial: Base fundamental para la efectividad de la gobernabilidad y la implementación de políticas públicas. 2020.
  53. Plan municipal de Ordenamiento Territorial Terrenas 2016-2028.
  54. Seminario Internacional “Transparencia y gobierno abierto municipal: construyendo gobernanza para los territorios”. 2021.
  55. Trabajamos por la transparencia y la participación. 2000.
  56. Todos somos iguales. Memorias talleres Poder Judicial: Balance y perspectivas.  1999.
  57. Una Década de Participación Ciudadana, 2003.
  58. Una nueva forma de esclavitud: la trata de personas. Una guía para su derrota. 2019.

Reconocimiento anual a Integridad y la lucha contra la corrupción

Este programa fue creado en el 2009 para reconocer y estimular a personas que han hecho contribuciones extraordinarias a la lucha contra la corrupción y que a la vez hayan sido un ejemplo de integridad. Se entrega el 9 de diciembre con motivo del Dia Internacional Contra la Corrupción, establecido por Naciones Unidas.  A continuación, la lista de reconocidos:

  1. Germán Miranda Villalona, Fiscal, año 2009
  2. Roque Napoleón Muñoz, sociedad civil, PC, 2010
  3. Nuria Piera, periodista de investigación, 2011
  4. Huchi Lora, periodista, 2012
  5. Alicia Ortega, periodista de investigación, 2014
  6. Fausto Rosario Adames, periodista de investigación, 2015
  7. Miriam Germán, jueza de la Suprema Corte de Justicia, 2016
  8. Altagracia Salazar, periodista, 2017
  9. Milagros Ortiz Bosch, Política, ex vicepresidenta de la República, 2018
  10. Juan Bolívar Díaz, periodista, 2019
  11. Mario Arturo Fernández, sociedad civil, 2020
  12. José Alejandro Vargas, juez de la Suprema Corte de Justicia, 2021
  13. Yeni Berenice Reynoso, Procuradora adjunta, Directora de Persecución, 2022
  14. Wilson Camacho, director del PEPCA, 2022
  15. Julio César Canó, Juez, 2023
  16. Marino Zapete, periodista, 2024

Febrero del 2025

Consejo Nacional

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Red de Observadores para la Institucionalidad valora consideración de la carrera y de la paridad en propuesta para la PGR

Para la Red de Observadores para la Institucionalidad (ROI), la propuesta y designación de Yeni Berenice Reynoso como Procuradora General de la República responde a una expectativa de la sociedad dominicana, conocida su larga trayectoria en el Ministerio Público y su rol en la persecución de actos de corrupción.

La Red valora la primera designación de una fiscal de carrera que, además, ha recorrido todos los escalafones dentro del Ministerio Público.  Asimismo, de las siete personas propuestas para ocupar los puestos de procuradores y procuradoras adjuntos/as, la mayoría ya tiene experiencia o se encuentra actualmente vinculada al Ministerio Público y 4 son miembros de carrera.

En el caso de Isis Germania de la Cruz Duarte, María del Carmen de León, Osvaldo Antonio Bonilla y Iván Feliz, son miembros de la carrera del Ministerio Público. La primera es actualmente procuradora general adjunta, mientras que la segunda es procuradora general de corte en Fiscalía Especializada de Trata y Tráfico de Personas.  El tercero es procurador fiscal interino de la Fiscalía de Santiago; mientras que Feliz es director de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

 Respecto de Emilio Rodríguez Montilla, este no es miembro de la carrera fiscal, pero repite como procurador general adjunto y fue fiscal en Puerto Plata.  Asimismo, Fiordaliza Alduey Mecedes, no es miembro de la carrera del Ministerio Público pero ha tenido experiencia laborando en dicha institución.  En el caso de Felipe Herrera de la Rosa, actualmente conforma el equipo de abogados designados para la recuperación de los activos del Estado.

Asimismo, ROI valora que el presidente de la República haya tomado en consideración el  principio de paridad, ya que su propuesta incluye 4 mujeres y 4 hombres, en consonancia con el mandato del artículo 39.5 de la Constitución dominicana.

Se espera que el día de hoy, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) designe a los 7 fiscales adjuntos pendientes de confirmación, luego de la propuesta sometida el pasado viernes 21 de febrero.

Se recuerda que este proceso se ha conocido sin que, al momento, se haya puesto en conocimiento de la ciudadanía las actas de las sesiones del CNM, lo que resulta contrario al principio de transparencia.

ROI es una red que reúne instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, como son el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), dada a conocer en octubre de 2023.

Sobre ROI Altas Cortes

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI-Altas Cortes) es una iniciativa conformada por organizaciones de la sociedad civil y la academia, creada con el objetivo de supervisar y vigilar los procesos de selección de jueces y juezas de las Altas Cortes en la República Dominicana. Su propósito es asegurar que estos procesos se lleven a cabo con transparencia, equidad e imparcialidad, y que estén alineados con el fortalecimiento institucional y el Estado Social, Democrático y de Derecho.

La ROI está conformada por organizaciones de la sociedad civil y entidades académicas, entre ellas: Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF); Participación Ciudadana (PC); Fundación Friedrich Ebert (FES); Foro Ciudadano y el Decanato de Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

Lunes 24 de febrero de 2025

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