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En un espacio de reflexión plantearon los factores que impiden tener una justicia independiente en República Dominicana.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, realizó una tertulia sobre ¿Cómo lograr una justicia independiente?, teniendo como exponentes a los juristas Francisco Álvarez Valdez, Fabiola Medina Garnes y Fernando Henríquez, quienes valoraron el sistema de justicia de la República Dominicana y compartieron ideas que conduzcan a lograr los niveles de independencia.

Estos encuentros son realizados por PC cada dos meses y buscan que, de manera periódica, diversos sectores de la sociedad dominicana interesados en un tema, puedan debatir e informarse, o compartir y contrastar iniciativas, noticias, conocimientos y opiniones; en esta oportunidad, en el marco del proceso de selección de los integrantes de las Altas Cortes.

Para Participación Ciudadana, la justicia dominicana fue sometida a transformaciones a partir de la Constitución del 2010, con la creación de las altas cortes, el Consejo Nacional de la Magistratura y algunos otros cambios. Consideran que al mantener al ministerio público como dependencia del Poder Ejecutivo, no se garantiza la independencia necesaria frente al poder político, tal como han demostrado los hechos, por eso, su nivel de credibilidad se mantiene muy bajo, afectado por tres factores fundamentales: 1. La composición de las altas cortes, con fuerte presencia de dirigentes políticos y allegados al partido en el poder; 2. El mantenimiento de elevados niveles de corrupción y cooptación ligados al narcotráfico y otros negocios, tal como lo muestran varios escándalos que involucran a jueces y fiscales; 3. La justicia inequitativa en perjuicio de los pobres e ineficaz en hacer cumplir los derechos humanos y dar salida a la gran cantidad de casos que le llega; esto acompañado de un sistema carcelario corrupto y desastroso.

En la tertulia organizada por PC, se discutieron varios temas pendientes para lograr una justicia independiente en el país. Se plantearon consideraciones sobre la dependencia de los partidos políticos y de los poderes fácticos, como los problemas de gestión, la falta de presupuesto, movilidad antojadiza de jueces sin cumplir el debido proceso y la evaluación inadecuada y viciada de los mismos, factores que inciden en la falta de independencia de la justicia y minan su adecuado funcionamiento.

En su intervención, la abogada Fabiola Medina indicó que “el sistema está absolutamente corrompido. Es necesario hacer esfuerzos puntuales, como participar en los procesos, opinar, objetar, documentar. No debemos tirar la toalla, ya que todos vivimos aquí y este es nuestro país, no se lo dejemos a ellos".

El jurista Fernando Henríquez planteó que el poder judicial es un reflejo del poder político y que la independencia judicial es una ficción de la ley porque en términos operativos y reales no es posible; depende de un marco normativo y legislativo de otro Poder del Estado. Agregó que esta independencia no puede reducirse solo al aspecto penal, ya que el juez en esta materia está muy limitado porque debe supeditarse a lo que el Ministerio Público le presenta y a que tiene una normativa desfasada que no se adapta a la sociedad actual.

El abogado Francisco Álvarez se refirió a que la justicia, desde la época de Balaguer ha sido utilizada para llegar al poder y mantenerse en él, indicando que se debe prescindir de la política partidaria para alcanzar una independencia.

"La inamovilidad es la columna vertebral de la independencia de los jueces. El periodo de evaluación de siete años establecido en la Constitución, es una espada que pende sobre los jueces de la Suprema Corte de Justicia. La inamovilidad debe ser absoluta salvo falta grave o que llegue la edad de retiro", expresó.

En la tertulia se sostuvo que para lograr una justicia independiente es necesario que los ciudadanos y ciudadanas observen, monitoreen y vigilen las actuaciones de los jueces para que sus decisiones sean de castigo a los violadores de la ley, y así poner un cese de la impunidad con una justicia efectiva, independiente y autónoma.

Esta actividad tuvo lugar en el Salón Pasados Presidentes del Colegio Médico Dominicano, contando con la moderación del director ejecutivo de PC, Carlos Pimentel y la participación de representantes de la sociedad civil, de partidos políticos, catedráticos, estudiantes universitarios y personalidades de la comunidad jurídica del país.

14 de noviembre 2018

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, planteó que el señor Radhamés Camacho debe presentar su renuncia a la Presidencia de la Cámara de Diputados y, de no hacerlo, los miembros de ese organismo legislativo deben rescatar la dignidad del mismo, sometiéndolo a un juicio político como lo dispone el artículo constitucional 83.1, ante las vergonzosas declaraciones en las que tildó de “vaina” el cumplimiento de la Ley 311/14 de Declaración Jurada de Patrimonio.

“El señor Camacho ha perdido la legitimidad indispensable para ser un representante de la población y la calidad moral para poder llamar al orden a sus colegas diputados, al restarle importancia al cumplimiento de una de las leyes fundamentales para controlar el patrimonio de los funcionarios públicos. Esto explica por qué no ha presentado su declaración jurada de bienes en los tiempos y contenido que ordena esta ley, siendo el Congreso Nacional la institución más obligada a cumplir con las leyes que ellos mismos aprueban” sostuvo la coordinadora general de PC, Miriam Díaz Santana, en nombre del Consejo Nacional de la institución.

Díaz Santana indicó que no hay duda de que esas declaraciones en la voz del Presidente de la Cámara de Diputados, constituyen la falta grave que requiere el texto constitucional para justificar el inicio de un juicio político.

“Permitir que esto ocurra sin consecuencias, sería continuar por el peligroso sendero de la deslegitimación de nuestras instituciones y, además, estimula a otros a comportarse con la desvergüenza y la falta de respeto que constantemente exhibe este personaje. Comportamientos como este, son los que causan que el Congreso Nacional aparezca en las encuestas como una de las instituciones con más baja credibilidad”, agregó.

La última declaración de patrimonio del presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, fue presentada el 10 de octubre de 2010, fuera del plazo legal, y con serios errores que le obligaron a rectificar valores contenidos en dicho documento.  El señor Camacho debió presentar su última declaración cuando fue reelecto diputado, en mayo de 2016, pero, a pesar de las denuncias públicas de incumplimiento por parte del Centro Juan XXIII, y de varios  medios de comunicación, ocho años después no lo ha hecho y pese a esto, fue elegido Presidente de la Cámara de Diputados con el apoyo del presidente Danilo Medina, ejemplo que reitera el menosprecio por la institucionalidad y las leyes en la República Dominicana, ya que bastaría con la violación de una ley para inhabilitarlo.

“En la declaración de 2010, rectificada por él mismo, Camacho establece que su patrimonio neto asciende a RD$ 44,421,517.00, lo cual debería poder contrastarse con su situación en el 2016; esto no ha sido posible debido a que se ha colocado abiertamente en rebeldía ante la ley, sin que ninguna autoridad haya hecho nada al respecto, lo que esperamos que cambie en el futuro inmediato. Si el presidente Medina quiere honrar su compromiso y su propaganda de que ha hecho mucho contra la corrupción, ahí tiene una oportunidad de demostrarlo, ya que se trata de uno de sus principales colaboradores y amigos”, manifestó la coordinadora general de Participación Ciudadana.

[Best_Wordpress_Gallery id="8″ gal_title="25 Aniversario"]

Fue fundada el 31 de octubre de 1993 a partir de un proceso de reflexión de ciudadanos y ciudadanas que buscaban generar un cambio.

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, celebró su vigésimo quinto aniversario de fundación con un emotivo evento donde resaltaron los logros más significativos de su accionar durante estos 25 años.

PC se constituyó con el objetivo de promover la articulación en el seno de la sociedad civil y para incentivar la participación de los ciudadanos y ciudadanas, a fin de lograr las reformas políticas, institucionales y democráticas que requiere la República Dominicana, y un desarrollo social justo y equilibrado.

El acto de celebración fue realizado en el Hotel Catalonia, con la asistencia de decenas de invitados entre ellos miembros fundadores, integrantes de la membresía, colaboradores, voluntarios, embajadores, representantes de organizaciones de la sociedad civil, gremios, universidades, organismos internacionales, partidos políticos y personalidades de los medios de comunicación.

El discurso de apertura estuvo a cargo de la coordinadora general de Participación Ciudadana, Miriam Díaz Santana, quien expresó su satisfacción y alegría por lo lejos que ha llegado la institución y los aportes que ha logrado hacer al fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad en el país.

“La historia muestra que una vez que se unen la conciencia y la voluntad no hay enemigo poderoso. Dar lo mejor que tenemos es la forma de construir una visión, no hay forma de desaparecer a quienes son diferentes, a los que nos adversan, ni a los que sostienen el injusto del status quo, abusan, someten y despojan. No hay forma de que las cosas cambien si no creamos conciencia ciudadana, sin cultivar el sentimiento de pertenecer a algo que nos supera, colocando el bienestar de la colectividad por encima de los intereses particulares”, manifestó Díaz Santana.

Hizo un llamado a las fuerzas democráticas del país, a los militantes de la sociedad civil, voluntarios, amigos, ciudadanos y ciudadanas que quieren que el país cambie, a unir fuerzas en torno a unas pocas consignas de consenso, dejar atrás cualquier actitud divisionista, sectaria o interesada y trabajar con generosidad y desprendimiento para avanzar en la conquista de una democracia participativa, justa, equitativa, libre de corrupción e impunidad.

Díaz se refirió a que muchos otros países de la región han logrado ganarle batallas a la corrupción y la impunidad, que miles de corruptos están presos en Latinoamérica, y se preguntó: ¿Por qué nosotros los dominicanos no podemos?

“El pueblo dominicano ha pagado un alto precio a cambio de las migajas que de vez en cuando recibe para comprar su voluntad y su conciencia con el propio dinero que pagamos de impuesto. Eso lo confirman todos los estudios internacionales que muestran ante el mundo una miseria material e institucional que no nos merecemos”, agregó.

La coordinadora general afirmó que basta con poner el tema de la corrupción y ver la indignación que muestran los ciudadanos y ciudadanas frente a la impunidad. Indicó que en el país ya está creada una masa crítica lo suficientemente grande y combativa para lograr cambios.

“El reto es entonces convertir esa indignación en acciones firmes y continuas para hacer llegar a los responsables de esta situación, el mensaje de que no estamos dispuestos a tolerar más abusos… A 25 años de existencia, hemos construido un legado que se expresa no sólo en más de 150 mil personas que han participado en unas 4,300 actividades de capacitación. Estamos dejando un legado en investigación, publicaciones, datos, metodologías y pruebas que hemos levantado por nuestros propios medios o nos han llegado de diferentes fuentes. Aquí hay gente que ha trabajado intensa y desinteresadamente en esta causa. De manera que estamos preparados para superar la etapa del dominio de la emoción, reforzar la investigación y construir alianzas para llegar a acciones certeras que produzcan los cambios que buscamos”, sostuvo.

Al dar las gracias a la prensa nacional y a los organismos internacionales que han apoyado a Participación Ciudadana en estos 25 años, Miriam Díaz expresó el compromiso de continuar trabajando por una democracia participativa, justa y libre de corrupción e impunidad.

La coordinadora general de Participación Ciudadana, Miriam Díaz Santana, participó en la Asamblea Anual de Transparencia Internacional celebrada en Copenhague, Dinamarca, del 19 al 21 de octubre del presente año, junto a representantes de más de 90 capítulos nacionales y el equipo directivo y ejecutivo de la organización, la cual tiene su sede en Berlín.

En esta Asamblea, además de celebrar el 25 Aniversario de Transparencia Internacional, fueron elegidos varios puestos vacantes en el Directorio y se discutieron las acciones a realizar el próximo año, así como los lineamientos estratégicos a partir del 2020, centrados en trabajar juntos para lograr una mayor efectividad en la lucha contra la corrupción y la impunidad en todos los países y en el mundo.

Durante la Asamblea, se efectuaron conferencias y paneles simultáneos sobre temas como las diferentes fuentes de corrupción, cómo fortalecer el control del financiamiento político, cómo fortalecer los métodos de lucha contra el dinero sucio y estrategias para lograr incidencia y resultados en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, es capítulo dominicano de Transparencia Internacional desde 2007, siendo reacreditado nuevamente el pasado 04 de octubre.

En un comunicado de prensa, la coordinadora general valoró este logro y expresó que es un reconocimiento que redobla el compromiso de la institución en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y los impulsa a realizar más esfuerzos para alcanzar “una República Dominicana transparente y justa por el bienestar de todos sus ciudadanos y ciudadanas”.

Sobre Participación Ciudadana

Participación Ciudadana es un movimiento cívico de concertación y presión, fundado el 31 de octubre de 1993. Busca incidir en la reducción de la corrupción y la impunidad, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas; contribuir al fortalecimiento institucional del país; fortalecer y ampliar la participación, capacidad crítica y de movilización de la ciudadanía a favor de una sociedad democrática y transparente; y colaborar en el reforzamiento del sistema judicial dominicano, haciendo énfasis en el respeto a los derechos ciudadanos y el acceso a la justicia.

22 octubre 2018

Fue acreditada por primera vez en el 2007

El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, fue reacreditado como capítulo nacional de Transparencia Internacional (TI), una institución que cuenta con capítulos en más de 100 países y es reconocida por liderar la lucha por un mundo libre de corrupción e impunidad.

La presidenta de TI, Delia Ferreira Rubio, mediante un comunicado dirigido a la organización, expresó que luego de considerar la recomendación del Comité de Acreditación de Membresía (MAC), la Junta de Directores de TI decidió reconfirmar el estado del Capítulo de PC como un Capítulo Nacional de Transparencia Internacional acreditado de conformidad con los términos de la Política de Acreditación del Capítulo.

Las normas de TI establecen que los capítulos nacionales deben someterse a un proceso de reacreditación periódico, que  incluye la revisión de todos los aspectos institucionales, como son la coherencia con los principios y lineamientos de TI, un gobierno interno transparente y participativo, el análisis de sus estados financieros, la publicación de declaraciones juradas de no conflicto de intereses de todos sus directivos, los proyectos y actividades ejecutados, entre otros detalles que son sometidos a análisis en la sede central de Berlín, Alemania, durante varios meses.

“Este logro redobla el compromiso de nuestra institución en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Nos impulsa a realizar más esfuerzos por lograr una República Dominicana transparente y justa por el bienestar de todos sus ciudadanos y ciudadanas. Y más aún, recibirlo en el marco de nuestro 25 aniversario, nos llena de gozo y alegría, y nos confirma que lo estamos haciendo bien y que cada paso que damos, vale la pena”, sostuvo la coordinadora general de Participación Ciudadana, Miriam Díaz Santana.

Desde su aceptación como capitulo nacional en el 2007, es la tercera vez que Participación Ciudadana se somete exitosamente al proceso de reacreditación de Transparencia Internacional.

Sobre Participación Ciudadana

 Participación Ciudadana es un movimiento cívico de concertación y presión, fundado el 31 de octubre de 1993. Busca incidir en la reducción de la corrupción y la impunidad, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas; contribuir al fortalecimiento institucional del país; fortalecer y ampliar la participación, capacidad crítica y de movilización de la ciudadanía a favor de una sociedad democrática y transparente; y colaborar en el reforzamiento del sistema judicial dominicano, haciendo énfasis en el respeto a los derechos ciudadanos y el acceso a la justicia.

Este Reconocimiento se entrega en diciembre de cada año, con motivo del Día Internacional Contra la Corrupción establecido por las Naciones Unidas.

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, aperturó la convocatoria de candidaturas para la novena edición del Reconocimiento a la Integridad y Lucha contra la Corrupción, una distinción que busca reconocer a personalidades nacionales que hayan dedicado parte de su vida al combate a la corrupción, o que sean ejemplos de integridad y lucha por las mejores causas nacionales.

La coordinadora general, Miriam Díaz Santana, expresó que “este reconocimiento se fundamenta en la necesidad de estimular a las personas que dedican esfuerzos extraordinarios a luchar por la transparencia en la gestión pública, la correcta administración de los recursos públicos y el combate a las diferentes manifestaciones de corrupción; personas que son un ejemplo de vida integra, de entrega a la ética, a los valores morales y patrióticos”.

Díaz Santana informó que el plazo para recibir las candidaturas es hasta el 19 de octubre del presente año, y podrán presentar candidaturas las comisiones de trabajo de PC, comités municipales o regionales y organizaciones de la sociedad civil.

Las candidaturas deberán estar documentadas y presentadas acompañadas de la historia de vida del candidato o candidata, detalles de las acciones que fundamentan la postulación de la candidatura y carta de presentación de la misma.

La coordinadora general indicó que se designará una comisión especial para depurar las solicitudes de candidatos o candidatas, la cual elaborará una propuesta para ser aprobada por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, organismo encargado de otorgar el Reconocimiento.  “El Reconocimiento a la Integridad y Lucha contra la Corrupción, solo se otorga una vez a una misma persona”, manifestó.

Hasta la fecha, han sido galardonados el ex procurador Germán Miranda Villalona, el ingeniero Roque Napoleón Muñoz,  los periodistas  Nuria Piera,  Luis Eduardo-Huchi- Lora Iglesias, Alicia Ortega, Fausto Rosario, la jueza Miriam Germán y la comunicadora Altagracia Salazar.

Descargar: SABER MAS IX AIP y lucha contra la corrupción.pdf

Busca convertir a ciudadanos y ciudadanas de Iberoamérica en agentes con capacidad para lograr el cambio en temas de acceso a la información, gestión pública transparente y lucha anticorrupción.

Transparencia Venezuela, capítulo nacional de Transparencia Internacional, convencida de que la preparación académica es esencial para transformar la gestión pública en sus distintos niveles, pone a disposición de los ciudadanos el Campus Transparencia, innovadora plataforma virtual en español que ofrece capacitación en cuatro facultades: Información, data y corrupción; Gestión pública transparente; Anticorrupción; y Derechos Humanos y corrupción.

Durante años, Transparencia Venezuela  ha dado seguimiento a la gestión pública, especialmente municipal, y ha evidenciado que las alcaldías y concejos municipales son opacos y no disponen de prácticas anticorrupción, por eso ha diseñado varios planes para promover gestiones más transparentes, a los que ahora se suma el Campus Transparencia, una respuesta educativa y tecnológica que permitirá convertir a los ciudadanos preocupados por la corrupción, en agentes capacitados para lograr el cambio. 

Campus Transparencia fue diseñado con el apoyo de la Unión Europea y de Transparencia Internacional y está dirigido a funcionarios públicos de todos los sectores y demás actores de la sociedad civil. Están invitados a inscribirse: estudiantes, académicos, empresarios, administradores públicos, políticos, líderes gremiales, sindicales, comunitarios, entre otros.

Los contenidos del Campus Transparencia son ofrecidos por profesionales de distintas nacionalidades, reconocidos globalmente, expertos en riesgos de corrupción, investigaciones, normativa nacional y global, gestión pública, justicia, derechos humanos, programas sociales, contrataciones públicas, en economía, y temas electorales.

Entre los colaboradores de la plataforma se encuentran: Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Carlos Cordero, socio-director de la consultora Sustentia Innovación Social; Silvana Fumega, directora de investigación y políticas de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos; Julio César Martínez, secretario de ponencia de la Secretaría de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Jorge Villagrán, quien se desempeñó como coordinador de sistemas para la investigación del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala; Ezequiel F. Santagada, abogado, director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) y coautor del proyecto de ley de Paraguay sobre el Acceso a la Información Pública, que luego se convirtió en la Ley 5282/14; Rodrigo Mora Ortega, abogado y experto en políticas públicas; y Liliana Goddy Ruíz, experta en proyectos de desarrollo social y consultora del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Además, entre los aliados del Campus Transparencia están la Agencia de Acceso a la Información de Argentina; la consultora Sustentia Innovación Social; así como Participación Ciudadana, Acción Ciudadana y Costa Rica Íntegra, capítulos de Transparencia Internacional de República Dominicana, Guatemala y Costa Rica, respectivamente.

Capacitarse con muchas ventajas para fortalecer la democracia

 Los estudiantes que se inscriban tendrán la posibilidad de aprender con diversas actividades virtuales; conocer el uso de herramientas y metodologías para la implementación efectiva de transparencia y sistemas de protección contra la corrupción; conectar con otros profesionales que trabajan anticorrupción y fortalecer aliados y equipo de trabajo; investigar en las bibliotecas en línea de cada curso; y promover la transparencia aplicando lo aprendido.

La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, indicó que “a través del conocimiento de leyes, normas, metodologías y procedimiento, este proyecto educativo busca que el participante logre desarrollar su propio plan de acción desde la administración pública, como político, líder comunitario o simplemente como ciudadano, consciente del impacto que puede tener su acción individual con herramientas y conocimiento, en la construcción sistemas de integridad dentro y fuera de las estructuras del Estado”.

Transparencia Venezuela tiene contemplado un programa de 200 becas, por 50% y 100% del valor de los programas o cursos. Para optar, los aspirantes deberán cumplir una serie de requisitos. Al término de la formación, los participantes recibirán un certificado que respalda la adquisición de conocimientos con el sello de Transparencia Venezuela y el aval de Transparencia Internacional.

Link de Campus Transparencia: https://transparencia.org.ve/campustransparencia/

Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, en coordinación con el Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano (PEDD) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), realizó un panel sobre la implementación de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y  Movimientos Políticos, con el objetivo de dilucidar los retos que implica para su ejecución en la coyuntura política, social y económica que vive el país.

Esta actividad, dirigida a estudiantes, dirigentes políticos, organizaciones de la sociedad civil y público en general, tuvo lugar en el campus Santo Tomás de Aquino de la PUCMM, y contó con la participación de los abogados Francisco Álvarez Valdez, Eddy Olivares Ortega y el politólogo Rafael Damares Toribio, quienes fungieron como panelistas. La moderación estuvo a cargo del periodista Juan Bolívar Díaz.

En su intervención, Álvarez Valdez se refirió a los cuatro reglamentos que restan por aprobar para aplicar la Ley de Partidos; al período previo de precampaña (PPP), creado por el Proyecto de Reglamento, y no contemplado en la Ley de partidos, el cual “alarga el proselitismo por doces meses adicionales”; al  tope de gastos de la PPP que será igual a la precampaña, lo cual considera una exageración y que debe ser reducido; y a las penas establecidas en la ley, indicando que no son suficientes para obligar al cumplimiento de la misma.

Expresó que las sanciones por difundir mensajes negativos a través de las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos, es una “barbaridad y la pena más dura que incluye a los ciudadanos”.

“El debate libre es más importante que el posible daño que se pueda causar a la reputación de algún funcionario o servidor público, por lo que queda claro que si se debe elegir entre la imagen del candidato o un derecho fundamental como la libertad de expresión, habría que elegir la libertad de expresión y de información”, agregó.

El panelista Eddy Olivares expuso que la implementación de esta legislación y desarrollarla con eficacia, será un desafío para la Junta Central Electoral y que esta debe actuar con firmeza para aplicar sanciones económicas para los partidos que violen la ley. Sostuvo que la ley no debió establecer topes, ya que la regulación de los gastos de precampaña es un incentivo a que se siga usando “mucho” dinero en las campañas.

Por su lado, el politólogo Rafael Damares Toribio, habló sobre la travesía traumática de la ley, señalando que “se sabe cuándo y qué se introduce en la iniciativa, pero no se sabe cuándo y qué sale. Se batalla por la aprobación de la ley, y sale la posible; luego la lucha es por los reglamentos y después porque se ejecuten”.

Manifestó que algunos de los puntos de dificultad en la implementación de la ley es la equidad de género y el tema del voto electrónico, alegando que sin ningún escrutinio electrónico será difícil que la JCE tenga los resultados dentro de los plazos, teniendo en cuenta que lo establecido es dar los resultados 72 horas después de haber terminado el proceso.

“Es evidente que debemos analizar los aspectos problemáticos que tiene la Ley de Partidos, aunque también debemos reconocer que no todo es malo, y que dentro de la misma existen algunos puntos de avance”, añadió Toribio.

Participación Ciudadana es una institución con más de dos décadas promoviendo la necesidad de una normativa legal para el fortalecimiento democrático y la transparencia del sistema político, que ha planteado la necesidad de la adaptación de la Ley del Régimen Electoral al marco de la Constitución del 2010 en el más breve plazo para superar las rémoras del sistema electoral y auspiciar comicios equitativos, de libre competencia y amplia participación democrática.

Ha realizado observaciones y llamados de alertas con respecto al Proyecto de Reglamento presentado por la Junta Central Electoral para la aplicación de la Ley 33-18 sobre la celebración de primarias simultáneas en el año 2019, señalando que entienden el proceso de aprobación de uno o varios reglamentos de aplicación de la referida legislación por parte de la JCE, pero que existen disposiciones que no requieren de tales normativas para su efectivo cumplimiento, como lo es el periodo establecido para la precampaña electoral, la cual debería inicial el 07 de julio de 2019.

La coordinadora general de PC, Miriam Díaz Santana, mediante un comunicado dirigido a la JCE, indicó que esperan que el organismo esté trabajando en los otros reglamentos que la propia Ley 33-18 ordena, como son el de propaganda política y publicidad (artículo 44, párrafo II), el de control financiero de los partidos políticos (artículo 67, párrafo) y el de registro de contribuyentes (artículo 69, ordinal 2).

19 septiembre 2018