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Participación Ciudadana lanza Primer Informe del Observatorio de Casos de Corrupción: cuatro casos emblemáticos bajo la lupa

El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, presenta al país el primero de una serie de informes en los que analiza la situación en el sistema judicial de cuatro casos de corrupción administrativa que, por sus características y gravedad de los hechos denunciados, han sido calificados de emblemáticos y sobre los cuales el país merece y espera decisiones de fondo que condenen o absuelvan a los imputados sobre la base de las pruebas presentadas. 

En los últimos meses el país ha recibido con estupor las noticias relativas a importantes casos de corrupción que han sido extinguidos y otros absueltos por insuficiencia de pruebas, de acuerdo a diferentes tribunales. Estos casos tienen en común el haber sido instrumentados en una gestión ampliamente cuestionada, encabezada por el anterior procurador general y hoy imputado Jean Alan Rodríguez. No es, por tanto, sorprendente que aquellos graves delitos hayan quedado en la impunidad.

Los expedientes que analizamos en este informe, presentados en la actual gestión del Ministerio Público, además de los enormes montos y la gran cantidad de involucrados, presentan miles de pruebas y testigos que merecen ser conocidos en los tribunales de manera oportuna, poniendo fin a una larga historia de impunidades.

Los casos que serán objeto de este y subsiguientes informes son:  Antipulpo; Coral y Coral 5 G; Medusa y Calamar. Desde sus inicios, Participación Ciudadana ha dado seguimiento a estos expedientes judiciales. 

La decisión de emitir informes detallados sobre la marcha en los tribunales se debe al peligro de que, a pesar de la gravedad de los hechos imputados y debido a las dilaciones que presentan los mismos, puedan terminar en la extinción de la acción penal, por la llegada del plazo de duración máxima del proceso sin una decisión sobre el fondo. 

Participación Ciudadana entiende que estos importantes casos de corrupción avanzan muy lentamente, caracterizados por innumerables incidentes y exceso de permisividad, como la de obligar a la lectura íntegra del expediente en la audiencia preliminar. Todavía, con una buena administración de los procesos, los tribunales tienen la oportunidad de impartir justicia, imponiendo el interés supremo de la sociedad, de que el sistema de justicia deje de ser burlado por quienes tienen recursos y poder para imponerse.  

En el documento, presentamos los datos básicos del avance procesal de los casos y el estado en que se encuentran en estos momentos. Descárgalo aquí.

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OCC coordina acciones regionales para el monitoreo de compromisos anticorrupción

Estas jornadas de trabajo se realizarán con todas las coordinaciones nacionales de los 19 países que integran el OCC

En el marco de su segunda fase de implementación, el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) coordina acciones regionales para dar continuidad al monitoreo y seguimiento de políticas públicas que contribuyan a combatir la corrupción y a fortalecer la gobernanza democrática en 19 países de América Latina.

Por medio de una serie de encuentros virtuales de trabajo con sus coordinaciones nacionales en: Argentina, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y México, la plataforma ha identificado contextos específicos de cada país para promover sus próximas iniciativas en la lucha contra la corrupción.

El OCC, una coalición de organizaciones de la sociedad civil y protagonistas sociales del continente, fue creado para dar seguimiento a los acuerdos adoptados por los gobiernos del hemisferio en la VIII Cumbre de las Américas y la IX Cumbre de Los Ángeles, con el objetivo de impulsar la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.

Estas jornadas permitieron además coordinar acciones de comunicación e incidencia con tomadores y tomadoras de decisiones en cada país, respecto al cumplimiento de los mandatos del Compromiso de Lima y de Los Ángeles.

Asimismo, se discutieron los obstáculos que enfrentan las coordinaciones nacionales al acercarse a personas que toman decisiones en los gobiernos. También se exploraron recursos esenciales para la comunicación y la generación de acciones de incidencia por país.

En las próximas semanas, las coordinaciones nacionales del OCC presentarán los resultados de los informes de evaluación del cumplimiento de compromisos claves derivados de la Cumbre de Lima y la Cumbre de Los Ángeles, los cuales han sido elaborados con la colaboración de más de 150 organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe.

La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), el Foro Ciudadano de las Américas (FCA) y el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) continúan trabajando para fortalecer las capacidades y habilidades de incidencia de la sociedad civil y otros actores, con un enfoque interseccional que incluye a diversos grupos poblacionales, para el monitoreo del cumplimiento e implementación de los compromisos en materia de gobernabilidad democrática y lucha contra la corrupción, asumidos por los países de América Latina y el Caribe en el marco de la Cumbre de las Américas

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Miembros de PC presentan en Vistas Públicas críticas puntuales al Código Penal

Durante las Vistas Públicas organizada por la Cámara de Diputados para el Código Penal, el movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, presentó un conjunto de observaciones que pretenden hacer del código, más inclusivo.

En ese sentido, PC presentó críticas puntuales al artículo 14, en el que se pretende liberar de responsabilidad Penal a "las iglesias".

También figura el artículo 109, el cual en el Código Penal no incluye las tres causales como excepciones a la penalización del aborto.

Además, durante la ponencia en las Vistas Públicas, miembros de PC también presentaron sus observaciones al artículo 185, que excluye la orientación sexual como elemento discriminatorio; el artículo 187, que establece que la discriminación será "perseguida por acción pública a instancia privada".

En ese orden, el artículo 134, que solo circunscribe como "violación sexual", al acto de penetración.

El artículo 328 también fue criticado, ya que establece una prescripción de 20 años para las infracciones contra el patrimonio público, cuando se sostiene que estas infracciones deberían ser imprescriptibles, y todos los actos de corrupción deberían recibir el mismo tratamiento.

A continuación, documento con algunas críticas puntuales al Proyecto de Código Penal:

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