La participación consolida la democracia dominicana

La mayoría de los intelectuales dominicanos tienen la percepción de que en República Dominicana existe una tradición autoritaria y paternalista que ha afectado a todas las organizaciones del sistema político y de la sociedad en su conjunto, lo que obstaculiza la consolidación de la democracia dominicana y el establecimiento de instituciones sanas y confiables[1].

Esa característica de la tradicional cultura política de la población dominicana ha obstaculizado los procesos de modernización, y provoca la debilidad institucional y la preeminencia de las relaciones primarias antes que la formalización de instituciones y reglas del juego estables y respetadas por todos.

Pero, el fortalecimiento de las instituciones democráticas es impensable sin la participación de la ciudadanía. Democracia implica un proceso de ciudadanización, en el cual todo miembro de la sociedad se reconoce como tal y con derechos a decir y hacer en libertad, pero con el deber de cumplir reglas con las cuales se medirán a todos por igual.

Los hallazgos de las tres encuestas Demos sugieren que el primer muro que ha tenido que enfrentar el proceso de ciudadanización es la llamada externalidad o exteriorismo. Es decir, esa tendencia a no confiar en sus propias fuerzas, a buscar la fuente de lo bueno y lo malo fuera de uno mismo, a creer en las fuerzas del destino y desconfiar en la capacidad de la gente para construirse su propio futuro. “La conducta basada en la externalidad se opone, pues, al criterio de actuar según su propia determinación individual”[2]. Se podría decir que en la externalidad se encuentra la base del paternalismo y autoritarismo dominicanos.

Esa creencia en fuerzas superiores que orientan y dirigen las acciones de la gente, abre las puertas a la mentalidad del dominado que se cree incapaz de dirigir su destino. Las figuras de autoridad, principalmente masculinas, son vista como depositarias de una sabiduría inaccesible al común de la gente. Un buen presidente, un buen padre, un hermano mayor, regañan y castigan porque en el fondo buscan el bien de todos y todas, y aunque a veces sus motivaciones no sean del todo claras se cree que quieren el bienestar de quienes “están bajo su responsabilidad”.

La externalidad es uno de los factores que influyen en que una proporción importante de la población dominicana prefiera el uso de  mecanismos informales en sus formas de relacionarse e interactuar, antes que los mecanismos institucionalizados y modernos. Uno de esos mecanismos informales, que se diría es una institución nacional, es el enllave[3]. Se dice que tener un enllave ha facilitado todo tipo de tramites administrativos, ha posibilitado la consecución de buenos empleos, y ha dado ciertos niveles de impunidad ante algunas violaciones a las leyes de transito, impositivas y otros delitos[4]. El enllavismo al mismo tiempo es el principal puntal del clientelismo político y el tradicionalismo que obstaculiza el desarrollo institucional.

Pero, la sociedad dominicana ha ido cambiando. La década de los noventa es importante para la historia política del país, no sólo por la firma del famoso “Pacto por la Democracia”, con el cual se enterró la virulencia de las crisis electorales, si no también por la forma en que irrumpieron en el escenario político dominicano diversas organizaciones de la sociedad civil, una de ellas es Participación Ciudadana. El asociacionismos creció substancialmente en la década.

La demanda de participación de parte de la población se convierte en uno de los puntales para el desarrollo social en el país, y el combate del autoritarismo y el paternalismo que ha caracterizado la cultura política predominante. La presente década ofrece una oportunidad de primer orden para que el país avance hacia la consolidación de los procesos de institucionalización, como lo revelan los siguientes indicadores:

Desde la sociedad civil se ha intentado dar respuesta a esa demanda de innovación en las formas de participar, aunque sus frutos son todavía embrionarios. En efecto, se han creado espacios para la concertación y el trabajo en conjunto: 1) A partir de las elecciones de 1996, el movimiento cívico Participación Ciudadana, coordina un esfuerzo que involucra a centenares de organizaciones de diversos tipos para observar los procesos electorales, teniendo éxitos indudables; 2) existen organizaciones de apoyo a la democracia, como el Proyecto para el Apoyo a las Iniciativas Democráticas, en el marco del cual se realizaron importantes procesos educativos que involucran a sectores organizados y no organizados a favor de la democracia; 3) en un esfuerzo conjunto organizaciones de la sociedad civil dominicana han creado un grupo llamado Foro Ciudadano en el que participan más de 200 organizaciones comunitarias, territoriales y empresariales. 4) existe una organización que agrupa a la mayoría de las organizaciones de interés social, Alianza ONG; y 5) en los últimos años se ha creado otro organismo importante en los procesos de fortalecimiento de la asociatividad de los dominicanos: el Programa de Fortalecimiento de la Organizaciones de la Sociedad Civil, FOSC.

Si bien se han incrementado los espacios de participación, en muchos de estos sólo interactúan las organizaciones de la sociedad civil solas y no se da un proceso de sinergia con las instituciones políticas y de gobierno, además de que algunos de los espacios creados han estado asociados a procesos muy puntales y sin continuidad en el tiempo.

Los pasos de avances entre la relación gobierno y sociedad civil tienen todavía que sedimentarse, darle continuidad en el tiempo, y convertirse en temas políticos de primer orden. El Diálogo Nacional fue un paso de avance importante, nos referimos al convocado por el gobierno en el 1998, establecimiento de prácticas de inclusión ciudadana en las decisiones de interés colectivo, pero los resultados del mismo no fueron incluidos en la agenda gubernamental, lo que desestímulo la participación.

Actualmente el acercamiento entre la ciudadanía y las autoridades gubernamentales tienen nuevos espacios.

El decreto que crea el Consejo Nacional de Seguimiento de las Asociaciones sin Fines de Lucro, instancia mixta con participación del Estado y de la sociedad civil, que establece los Consejos de Desarrollo Regionales, Provinciales, Municipales y Sectoriales, y que deben constituirse en un puntal importante para la descentralización. También establece el Consejo de Lucha Contra la Pobreza; que instituyó el Gabinete Social.

Se diría que en los últimos años se han evidenciado avances importantes en el establecimiento de marcos institucionales adecuados para la consolidación de la democracia y la participación ciudadana. Los marcos institucionales adecuados son necesarios porque reducen la corrupción, estimulan la responsabilidad social y la participación, dan confianza a los agentes económicos y sociales y potencializa el capital social del país.

De igual forma se ha dado participación a la sociedad civil en el Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República, que constituye un punto de avance en los procesos de rendición de cuentas que ha demandado la sociedad dominicana. Pero, la lucha contra la corrupción no ha logrado institucionalizarse, y dos proyectos de ley se encuentran estancado en el congreso dominicano, uno es el de inversión del fardo de la prueba, es decir que sean los funcionarios a los cuales se les compruebe que han incrementado su patrimonio al pasar por el ejercicio de funciones publica quienes prueben que dicho incremento no se hizo a través del usufructo de los bienes del estado, y la creación de un fiscal especializado en la anticorrupción.

De todas maneras, los decretos y leyes que acercan al Estado y la sociedad civil, deben ser aplicados y profundizados para convertirse en un paso trascendental en el cambio de un tipo de participación comunitaria ligada más que nada a demandas de soluciones a problemas locales y puntuales, hacia una participación mucho más significativa, efectiva y eficaz que interviene tanto en la definición del problema como en la forma de solucionarlos y la ejecución de las acciones.

La mejor forma de combatir el patrimonialismo es la participación real y efectiva, que la gente crea en sí misma porque siente que los resultados sociales son también propios. La participación acrecienta el sentido de pertenencia y la cohesión social, y reduce el sentido de exclusión y desamparo potencializando de esta manera las energía sociales. Así se profundiza y consolida la democracia y se crean las bases para una estable y prolongada gobernabilidad.

Gobernabilidad y buen gobierno no son sólo atributos del Estado; la sociedad civil en su conjunto juega  un papel de primer orden. Los procesos de toma de decisiones que afectan la economía, la política y la implementación de políticas públicas de un país, son los tres aspectos básicos de la gobernabilidad. La gobernabilidad remite a la idea de buen gobierno en la visión del PNUD, es decir, un gobierno cuyas metas están relacionadas a la asignación y administración de recursos para responder a los problemas colectivos, cuya característica principal es la participación, transparencia, rendición de cuentas y la responsabilidad política[5]. El logro de un gobierno que responda a estas características incluye la promoción y el desarrollo de una sociedad civil responsable, con capacidad y vocación para el dialogo.

Participación Ciudadana se asume como una de las organizaciones de la sociedad civil que desde el ámbito político, la búsqueda de una democracia de calidad, lucha por construir ese buen gobierno, por crear la mayor de las sinergias, entendiendo que Estado y Sociedad Civil no son entes antagónicos, sino complementarios.