PC demanda apertura al diálogo y transparencia al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) .
Santo Domingo.- Participación Ciudadana junto a la Fundación NTD Ingredientes, realizaron una Mesa de Diálogo sobre los “Retos y Perspectivas de Políticas Públicas en Adultos Mayores”.
La actividad contó con la participación de la representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), Sra. Araceli Azuara, la presidente de RED VEJEZ, la Dra. Rosy Pereyra y la Sub-Directora de la Fundación NTD Ingredientes, María Fernanda Ortega.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, quien resaltó la necesidad de que se tome en cuenta a los adultos mayores. “Participación Ciudadana ha identificado que en la actual campaña electoral carece de propuestas para mejorar la condición de vida los adultos mayores”.
Rosalía Sosa resaltó que la Constitución establece que “la familia, la sociedad y el Estado deben proteger y asistir a las personas de la tercera edad y promover su integración activa y comunitaria”. En tal sentido puntualizó “se debe trabajar en el fortalecimiento de los mecanismos de protección como por ejemplo la creación de una Fiscalía especializada para casos de adultos mayores a fin de que se le pueda dar una mejor asistencia legal, adecuada a sus necesidades”. Citó que “solo el 10% de los mayores tienen pensión y un 35% se encuentra aun laborando, donde la mayoría de ellos no cuentan con recursos para trasladarse a sus espacios de trabajo”.
El 91% de los adultos mayores han sido víctimas de violencia emocional, situación que los pone en estado de vulnerabilidad, por lo que es necesario un programa de concientización que favorezca un mejor trato a los adultos mayores en su seno familiar y en la comunidad.
Mientras que la Sra. Araceli Azuara, en representación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), disertó acerca de la Convención Interamericana sobre la Protección de los DDHH de las Personas Mayores, afirmando sobre la importancia que los Estados ratifiquen la misma a los fines de que sea obligatorio su cumplimiento. “Las personas mayores tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano”, puntualizó la representante de la OEA.
La Dra. Rosy Pereyra, presidente de RED VEJEZ, abordo el estado del Plan de Acción sobre envejecimiento de Madrid (2002), el primer acuerdo global que reconoce la contribución de las personas mayores al desarrollo de los pueblos y que compromete a los gobiernos a incluir los adultos mayores en todas las políticas sociales y de desarrollo económico, “El Estado dominicano, a pesar de ser signatario del mismo, continua considerando a los mayores como objetos de dádivas y no como sujetos poseedores de derechos, por consiguiente no se han desarrollado políticas públicas tendientes a empoderar los adultos mayores para lograr los objetivos propuestos", manifestó Pereyra.
El Plan de Acción de Madrid, también llama a los gobiernos a incluir a los adultos mayores en las políticas y programas puestos en marcha para alcanzar los objetivos del milenio tendientes a disminuir la proporción de personas que viven en extrema pobreza en un 50% y que tenían como meta el año 2015. Como sabemos, esos objetivos no fueron alcanzados por nuestro país, concluyó la presidente de RED VEJEZ.
Mientras que María Fernanda Ortega, Sub-Directora de la Fundación NTD Ingredientes, hizo un recuento de los puntos más relevantes de la Ley No. 352 sobre la protección de la persona Envejeciente y que aún están pendientes de ser ejecutados, “El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), debe ser fortalecido para que pueda impulsar la implementación plena de esta ley. Para ello es importante que esta institución se abra al dialogo con las organizaciones que trabajan con y por los adultos mayores y que en este diálogo prime la transparencia, el compromiso y la institucionalidad. Solo así podremos ver políticas publicas verdaderamente eficaces".
La Ley de Protección de la persona envejeciente fue aprobada en el 1998, pero no fue hasta octubre del 2004 que se logró la aprobación de su reglamento, "Once años después son muchas las deudas pendientes para con los adultos mayores, cuya situación económica empeora cada día más, al punto de que 7 de cada 10 personas mayores viven en condiciones de pobreza", resaltó Ortega.
Dicha actividad fue celebrada dentro del marco del proyecto: “Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia”, auspiciada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
