Ministerio Público y organizaciones de la sociedad civil abogan por una nueva ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas en República Dominicana
Santo Domingo, República Dominicana. La Procuraduría Especializada Contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes y la Coalición de Organizaciones de la Sociedad civil contra la Trata de Personas realizaron este jueves la mesa de diálogo “Hacia una nueva legislación en materia de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de personas”.
Este encuentro se realizó con el propósito de seguir aunando esfuerzos para que la República Dominicana pueda contar con un marco jurídico que fortalezca la prevención, persecución y sanción a un delito que lacera la dignidad humana como lo es el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.
El encuentro contó con las palabras de bienvenida de Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana, y la conferencia de la magistrada Yeni Berenice Reynoso, directora general de persecución del Ministerio Público.
Abreu indicó que es de suma importancia aumentar la conciencia pública sobre las violaciones de los derechos fundamentales causado por el delito de trata de personas.
“Sigamos construyendo alianzas para acabar con este flagelo en la República Dominicana, contamos con todos/as ustedes para impulsar la aprobación del anteproyecto que enviará al Congreso Nacional el Poder Ejecutivo, esperamos que el mismo pueda ser aprobado y que se tomen en cuenta todos los aportes hechos por las organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones, para poder contar con un marco jurídico acorde a estos tiempos”, expresó en su intervención.
Por su parte la directora de Persecución del Ministerio Público, la magistrada Yeni Berenice Reynoso, indicó que se hace necesario y urgente la aprobación de una nueva ley sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas en República Dominicana acorde a los nuevos tiempos.
Señaló que las leyes y políticas nacionales e internacionales actuales contra el tráfico de personas resultan insuficientes para detener ese delito, cuando se extiende de los medios convencionales al espacio virtual.
“Los tratantes y traficantes se valen de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería para acceder a sus posibles víctimas y reclutarlas para luego explotarlas sexualmente en el caso de las mujeres y las niñas”, puntualizó.
Las organizaciones participantes de este diálogo señalaron que urge modificar la Ley 137-03, ya que la actual no protege eficazmente a las víctimas de este delito.
Entre las recomendaciones realizadas se encuentra la creación de fondos especiales para la prevención, persecución y atención de víctimas. “Actualmente quien paga por servicios sexuales producto de Trata de Personas no tiene consecuencia legal, y la nueva Ley 137-03 contempla responsabilidad al cliente de estos servicios, por ser cómplice”, señalaron.
Otros de los avances que tendría esta Ley es que crearía una institución que brinde asistencia legal, médica, social y terapéutica a las víctimas, y también educaría a la población para prevenir el delito. La actual Ley no concientiza sobre el tema.
Los presentes reconocieron el trabajo que actualmente está realizando la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de personas, por el golpe que se le dio a la delincuencia organizada con la operación Cattleya, en el Distrito Nacional y Bávaro, donde se desarticuló una red transnacional dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual, en la cual se rescató a más 80 mujeres.
Este diálogo se realiza en el marco del proyecto “Acción Ciudadana por la seguridad y la justicia”, que viene desarrollando Participación Ciudadana en conjunto con la Fundación Institucionalidad y Justicia -Finjus-, con el auspicio de la USAID, donde han realizado varias acciones formativas, incluyendo el estudio “Luchar contra la marea” el cual se realizó en once municipios de la República Dominicana.
El encuentro contó con la moderación de Fátima Lorenzo, directora ejecutiva del movimiento cívico, y con la participación de la señora Yoanna Bejarán, procuradora general de corte, Titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y el señor José Monteiro, director País de Misión Internacional de Justicia -IJM- y coordinador de la Coalición de organizaciones de la sociedad civil contra la trata de personas.
También estuvieron presentes: Diputados/as, Fiscales, funcionarios de la embajada de los Estados Unidos y de la USAID, Periodistas, miembros de la Policía Nacional, representantes de la Dirección Nacional de control de Drogas -DNCD-, organismos de cooperación internacional, servidores públicos, organizaciones de la sociedad civil e invitados en general.
15 de septiembre del 2022
