Balance del año 2008

I.   Aspectos institucionales.

A.     Un año electoral.

Durante el año 2008 se celebraron elecciones presidenciales, siendo este uno de los acontecimientos más relevantes en la parte institucional. Participación Ciudadana desarrolló su acostumbrada labor de observación electoral, la cual nos permitió medir importantes avances en la transparencia del conteo de los votos pero también como ha ido deteriorándose la calidad de la campaña electoral.

La campaña electoral comenzó de manera prematura, lo que aumentó sustancialmente el costo de la misma, no sólo para los partidos sino para la sociedad completa. No bastaron los más de mil millones de pesos distribuidos por la Junta Central Electoral entre los partidos en campaña, los cuales debieron recurrir a la recolección de fondos en el sector privado, sin que la mayoría de ellos haya hasta el momento rendido cuentas sobre las fuentes de donde recibieron tales fondos ni cómo lo gastaron.

El nivel de de los debates fue extremadamente bajo, cediendo paso a las peores prácticas. El clientelismo fue practicado por todos los partidos, mientras el partido oficial aprovechaba los recursos públicos para hacer publicidad electoral, comprar dirigentes de la oposición a través de designaciones en puestos públicos, aumentar los subsidios de todo tipo, crear nóminas como la denominada CB (Comités de Base), pagar a centenares de miles de personas a través de programas sociales como Solidaridad o Vamo´Arriba o estudiantes de la universidad estatal.

Quedó comprobado que el esfuerzo para mejorar nuestras elecciones debe ser reorientado, pues ya las irregularidades no se producen el día de las elecciones sino durante la campaña electoral. La Cámara Administrativa de la JCE utilizó por primera vez y de forma exitosa un sistema de escaneo y transmisión de las actas de votación desde los colegios electorales, lo que permitió adelantar la divulgación de los resultados.

La ausencia de reglamentación de las campañas electorales, y la violación de la Ley Electoral tendrá consecuencias que trascenderán el año que termina, pues son un componente importante del enorme déficit del gobierno.

B.     Justicia, corrupción y narcotráfico.

Durante el 2008 se cerraron los primeros casos judiciales relevantes de corrupción pública y privada, y los imputados, hoy condenados, cumplen las penas impuestas.

El caso de desfalco contra el Estado por más de mil millones de pesos conocido como Plan Renove, concluyó temprano el año 2008, con penas contra ex funcionarios públicos y sindicalistas del transporte que van desde tres meses hasta cuatro años.

En relación con la enorme crisis financiera que sufrió el país en el año 2003 con motivo de la quiebra fraudulenta de los bancos Baninter, Bancrédito y Mercantil, quedaron cerrados los dos primeros casos con penas que van desde seis a diez años de prisión, y el caso Mercantil comienza juicio de fondo este diciembre.  Lamentablemente los tribunales no han podido concluir el caso seguido contra el ex banquero Leonel Almonte, el cual se ha prolongado por más de quince años entre innumerables incidentes.

Una nota negativa ha sido la suerte seguida por los casos PEME y Ángel Lockward, donde el Ministerio Público ha desistido de las persecuciones penales por razones evidentemente políticas, demostrando nuevamente la necesidad de independizarlo del Poder Ejecutivo. Igualmente  vergonzoso es el caso de Anissia Rissi, que fue descargada no por no haber cometido los hechos sino por haberse extraviado el expediente y las pruebas en su contra.

Finalizando el año el señor Secretario de Estado que ocupa la Superintendente de Seguros, Euclides Gutiérrez, desnudó hasta qué punto la política partidista es el mejor aliado de la impunidad cuando señaló que una decisión política del actual gobierno había impedido que fueran sometidos a la justicia más de cuarenta casos de corrupción de la administración de Hipólito Mejía.

Es muy lamentable el pobre papel desempeñado por las instituciones dominicanas llamadas a prevenir y perseguir la corrupción, como la Dirección de Persecusión de la Corrupción Administrativa (DPCA) y la Comisión Nacional de Ética, las cuales no se han caracterizado por su ineficacia en el combate de este importante flagelo.

El narcotráfico se ha convertido en la principal amenaza contra la seguridad ciudadana, lo que quedó evidenciado en el sonado caso de Paya, con la ejecución de ocho personas. Las investigaciones realizadas permitieron descubrir con asombro hasta qué punto nuestras autoridades militares, en este caso de la Marina de Guerra, habían sido infiltradas por el narco.

La inseguridad ciudadana en todos los sentidos aumentó considerablemente en el 2008, con innumerables casos de asesinatos  y por primera vez un creciente número de secuestros. El gobierno deberá poner especial atención a este aspecto, para lo cual deberá conducir profundas transformaciones en la  Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas e incluso las Fuerzas Armadas.

C.     El precedente de la Cámara de Cuentas.

Los miembros de la Cámara de Cuentas fueron objeto de un juicio político que se inició con la acusación presentada por la Cámara de Diputados y terminó con la renuncia de todos los miembros y la destitución del único que no renunció por parte del Senado.

Si partimos de los numerosos escándalos en los que se vieron involucrados los anteriores miembros de este organismo, este juicio político se convirtió en un precedente positivo, que debe servir de ejemplo de lo que pudiera pasar si el Congreso decidiera  asumir su rol de control, tan abandonado en el pasado y tal vez de nuevo en el presente.

Lamentablemente el Poder Ejecutivo no aprendió la lección de lo pernicioso que puede resultar designar personas en las funciones de control de los ingresos y gastos públicos por simple interés político partidario, y ha vuelto a seleccionar las ternas que dieron lugar a los nuevos nombramientos por parte del Senado basado estrictamente en este tipo de interés.

D.     La Reforma Constitucional.

No hay duda de que es tema relevante en materia institucional la iniciativa de reforma constitucional del Poder Ejecutivo, que apoderó al Congreso de un proyecto de ley para declarar la necesidad de la reforma y convocar a la Asamblea Revisora a tales fines.

Participación Ciudadana ha sostenido que en razón de la crisis financiera que afecta al mundo y que dejará sentir sus efectos negativos en la República Dominicana, era preferible postergar esta iniciativa que puede generar  división en momentos en que la nación requiere la mayor unidad posible.

En el plano institucional, la prioridad debe ser prestar atención a la aplicación de un conjunto de leyes que no están siendo debidamente aplicadas y que contribuirían a fortalecer la institucionalidad y el estado de derecho, y  en estos momentos limitar la reforma constitucional al establecimiento de la asamblea constituyente, de manera  que sea a partir del 2010 que se discuta el fondo de una reforma integral, debidamente consensuada y legitimada por las fuerzas políticas y sociales de la nación.

El Presidente siguió adelante y el Congreso ha debido posponer para principios de año 2009 el conocimiento de este proyecto, con la finalidad de dedicar tiempo al conocimiento del proyecto de presupuesto.

Durante el último cuatrimestre del año 2008 se invirtieron enormes esfuerzos en estudiar el proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo. Los temas que generan división salieron a flote, como por ejemplo la indefinición con respecto a la posibilidad del actual mandatario de buscar en el 2012 un tercer período consecutivo, lo que creó inquietudes a lo interno del propio partido oficial.

Participación Ciudadana sostiene que de seguir adelante el proyecto, debe reorientarse para que en una primera etapa modifique la Constitución sólo para establecer que su reforma se haría a través de una Asamblea Constituyente y se adopten las reglas necesarias para su elección. Se procedería entonces a elegir a los constituyentes, quienes conocerían el proyecto del Ejecutivo.

E.     Incumplimiento de las leyes vigentes

Reconocemos que en los últimos años se han realizado esfuerzos en procura de dotar al país de un marco jurídico para la transparencia y el fortalecimiento institucional del Estado, en los cuales se han invertido cuantiosos recursos nacionales y otros procedentes de la cooperación internacional.

Sin embargo, a pesar de contar con una ley de libre acceso a la información pública, una de compras y contrataciones, una ley de la función pública y una de municipios y el distrito nacional, estamos aún muy lejos de su efectiva implementación, debido a la falta de voluntad política de las autoridades de actuar conforme a estos preceptos legales.

En relación al cumplimento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, se evidencian claramente  pocos avances en las instituciones públicas, especialmente en el cumplimiento de lo relativo a la instalación y conformación de las Oficinas de Acceso a la Información (OAI) y  a la designación de los Responsables de Acceso a la Información (RAI) en cada institución y la deficiente información básica o de oficio disponible en los portales Web, para la consulta de los ciudadanos.

Consideramos que parte del estancamiento de la implementación de la Ley se debe a la dejadez de muchos de los funcionarios encargados de hacerla cumplir, así como también a la cultura de la opacidad en la administración pública dominicana.

Reconocemos que en este periodo se promulgó la muy demandada Ley de Función Publica, no obstante, desde el Poder Ejecutivo, en este período logramos identificar, signos de incumplimiento de la norma, solo por citar la cantidad de Sub Secretarios designados, los nombramientos de asesores, Secretarios sin cartera, envían una clara señal de que la función pública en la Republica Dominicana, se caracteriza por ser un botín, para favorecer amigos, allegados, partidarios y como instrumento del clientelismo político.

Por otro lado, desde Participación Ciudadana consideramos de urgencia avanzar en la implementación de la nueva Ley de Contrataciones Públicas de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones, esperamos que la aprobación de la misma  pueda garantizar  un sistema de contratación eficiente, eficaz, ágil y transparente, con mayores niveles de institucionalidad y credibilidad, reconocemos que a la fecha se refleja y evidencia que esa ha sido una de las áreas más vulnerable para actos dolosos y para el enriquecimiento ilícito.

II.         Aspectos económicos

El año 2008 puede ser dividido en dos partes con una evolución económica muy dispar. Los primeros meses del año se caracterizaron por un fuerte crecimiento de la economía, con expansión monetaria y fiscal y creciente inflación, muy influenciados por el activismo estatal derivado de la campaña reeleccionista. Pero el déficit de la cuenta corriente de balanza de pagos que se fue generando hizo imposible el sostenimiento de esa tendencia, y obligó a las autoridades a frenar la economía en la segunda mitad del año, mediante mecanismos de contracción monetaria y elevación de las tasas de interés. Con ello se redujo el crecimiento y bajó la inflación. A estas políticas restrictivas contribuyó la crisis internacional, que convirtió el entorno externo en altamente preocupante.

La crisis económica internacional

Durante el año 2008 se presentó una situación internacional que acabó con prácticamente una década de crecimiento persistente de la economía mundial en un ambiente de apertura y estabilidad, para dar paso a lo que es percibido como la peor crisis económica conocida por la humanidad después de la gran depresión del decenio de 1930.

Todo comenzó como una crisis subprime, originada en el mercado inmobiliario. Al parar de crecer los precios de las viviendas en los EUA, y posteriormente comenzar a disminuir, hizo evidente que muchas instituciones financieras se habían excedido otorgando créditos en condiciones muy riesgosas bajo la premisa de que siempre los podrían recuperar con la ejecución de las hipotecas.

Pero esta situación desnudó las insuficiencias y debilidades de la regulación y la supervisión bancarias, que habían permitido que casi todos los sistemas financieros de los países desarrollados, en busca de ganancias superiores a las normales, se aventuraran en la compra de títulos amparados en hipotecas de alto riesgo.  De la crisis subprime se  pasó a una crisis del sistema financiero en general, la cual se globalizó al contagiar a múltiples instituciones de Europa y Japón, y al final del 2008 evolucionó hacia una crisis económica generalizada, al afectar a las empresas de producción, el consumo  y el empleo.

Los gobiernos de las grandes economías capitalistas han estado haciendo lo indecible para evitar la propagación y profundización de la crisis, primero mediante las políticas de tasas de interés, después tratando de salvar de la bancarrota a instituciones financieras y alentándolas a renovar el crédito bancario a las empresas industriales y comerciales, y después bajando impuestos o elevando el gasto público para inducir a los agentes económicos a elevar el consumo y la inversión, con miras a evitar el desempleo. Pero hasta ahora todo ha resultado insuficiente, y al finalizar el año, la tendencia sigue amenazando con convertirse en una depresión

económica mundial.

La evolución de la economía nacional

La reacción del gobierno dominicano, acostumbrado a darle largas a los problemas, bajo la concepción de que el tiempo todo lo resuelve, fue por mucho tiempo negar la crisis o decir que en nada afectaría a la República Dominicana. Eso le permitió seguir gastando dinero público sin mucho sentido de racionalidad y seguir haciendo sucesivas promesas de realizaciones y de un futuro de abundancias, sin tomar decisiones necesarias con miras a preparar mejor a la economía para un eventual choque externo. Sólo al finalizar el año, cuando ya no es posible seguir negando su existencia, y cuando gran cantidad de profesionales, instituciones y gobiernos extranjeros le dicen que debe prepararse para afrontar sus efectos, el gobierno reconoce la nueva situación.

El activismo electoral hizo que el gobierno mantuviera políticas expansivas durante gran parte del año, a pesar de los altos precios del petróleo y la crisis externa. Según los datos oficiales, el PBI se incrementó 7.5% en el primer semestre. Durante ese tiempo el gasto público venía incrementándose a un ritmo cercano al 40% anual, tanto por vía del gasto corriente como de la inversión pública. Ante los constantes incrementos de precios de los bienes básicos en la economía mundial, principalmente petróleo y alimentos, el gobierno respondía estableciendo subsidios.

Pero una vez pasadas las elecciones, si bien la política de gastos públicos siguió su curso anterior, las autoridades monetarias comenzaron a restringir el crédito bancario y elevar las tasas de interés, atemorizadas de que el creciente déficit corriente de la balanza de pagos se tradujera en presiones sobre la tasa de cambio. Después el propio gobierno se vio precisado a controlar un poco la expansión del gasto público, sobre todo, porque la situación internacional y las menores perspectivas internas hicieron que los ingresos fiscales dejaran de aumentar.

De todas maneras, se fue generando un déficit fiscal altamente preocupante. Aún con estadísticas muy incompletas, se estima que el déficit presupuestario terminará entre un tres y un cuatro por ciento del PBI, lo que complica el manejo de la crisis, particularmente porque hace más difícil la aplicación de políticas anticíclicas ahora para responder a los embates del entorno externo.

Las políticas más restrictivas en la segunda mitad del año dieron lugar a que el producto bruto interno casi no creciera. En el trimestre julio-septiembre apenas se incrementó en un 1.3%, y podría ser que en el último trimestre la tasa sea aun menor. Al terminar el 2008 se estima que el crecimiento del año completo podría estar en torno al 4% o el 5%.

Llama la atención que sólo una serie de actividades muy vinculadas al mercado importador habrán viabilizado dicho crecimiento, como el comercio, las finanzas, las telecomunicaciones y algunos servicios, pues la mayoría de las ramas de producción real expuestas a la competencia internacional, como la agricultura, ganadería, minería, industria, zonas francas y turismo, registran crecimiento negativo, afectadas por la existencia de una moneda sobrevaluada y por un entorno internacional adverso.

La inflación constituyó un verdadero problema también en la primera parte del año, aunque se atenuó bastante al final, como efecto principalmente de la caída del precio de los combustibles y de diversos alimentos y materias primas en el mercado internacional. Hasta los meses de agosto y septiembre, la tasa anual de inflación estaba cerca del 15%, pero se espera que al terminar el año la inflación haya sido de menos de 10%.

La mayor amenaza a la estabilidad macroeconómica se deriva del gran desequilibrio de la balanza de pagos. En los primeros nueve meses del 2008, el déficit alcanzó un 12.2%, impactado por los altos precios de los combustibles, pero muy particularmente por la sobrevaluación del peso dominicano, que estimuló un gran crecimiento de las importaciones y la caída de la producción nacional. Las autoridades respondieron frenando el crecimiento de la economía y elevando las tasas de interés para forzar un flujo positivo de capitales. A ese propósito contribuyó que el país está recibiendo importantes ingresos por medio de inversiones extranjeras en el sector inmobiliario y algunos servicios.

El gran perdedor de todo este proceso es la población de menores ingresos. Con la caída de la producción real, se ha agudizado una tendencia que venía de años anteriores de disminución del empleo en el sector formal de la economía, compensado por grandes contingentes ocupándose en actividades informales, de menor productividad y de remuneración más baja e inestable.

Pero en adición a todo ello, se han estado deteriorando los salarios reales y la política social del gobierno sigue siendo insuficiente e ineficaz. Los gastos sociales del gobierno son bajos y asignados muy en función de criterios clientelistas. Mientras todas las comparaciones internacionales presentan al sistema educativo dominicano como algo deprimente, el gasto gubernamental en esta elemental función pública se mantiene alrededor del 2% del PBI, uno de los porcentajes más bajos del mundo.

Tal es la situación en que encuentra al país el año 2009, cuando se espera un empeoramiento de la crisis mundial, y el país se encontrará de manos atadas para hacerle frente por el déficit fiscal previo, pero particularmente por el gran desequilibrio de la balanza de pagos.

Finalmente, el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del año 2009, enviado al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, constituye otro motivo de preocupación al final del 2008. Esto así, porque se trata de un presupuesto concebido con un alto  déficit y con un monto significativo de recursos externos e internos cuyas fuentes de financiamiento no están debidamente identificadas. De manera que, se pone en evidencia, una vez mas, que el Poder Ejecutivo  insiste en mantener un  nivel de gasto excesivo, aunque eso signifique encarecer y mantener restringido el financiamiento para las actividades productivas a través del sector privado, ni proteger la inversión en educación, salud y otros servicios sociales básicos que el Estado debe garantizar a la población, particularmente a las familias más pobres.