En aplazamiento agilicen casos de corrupción Participación Ciudadana recibe respuesta Presidente Suprema Corte de Justicia y Procurador General de la República
Participación Ciudadana recibió respuesta de la Suprema Corte de Justicia con relación al emplazamiento que elevo recientemente, esta organización, para que este alto tribunal agilice el conocimiento de los casos de corrupción pendientes desde hace varios años.
En ese sentido, el Dr. Jorge Subero Isa detalló mediante comunicación la situación en que se encuentran los casos, alegando que fueron remitidos a la Procuraduría General de la corte de Apelación del D.N, otros a la Procuraduría General de la República, que tiene dos recursos de inconstitucionalidad, además señaló que están pendientes de fallos y en otros casos el tribunal no ha sido apoderado.
Este movimiento cívico, precisó que para dar seguimiento a los expedientes pendientes de casos de corrupción en la justicia dominicana, solicitó vía una comunicación al Procurador General de la República, explicación sobre la situación en que se encuentra estos casos y este informó el estado general de los mismos.
El magistrado Domínguez Brito dijo que el expediente de recusación seguido contra el Sr. Angel Lockward, por supuestas irregularidades en la distribución de los cupones para la obtención del Gas Licuado de Petróleo fue remitido al Fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández, quien a su vez apoderó el Juzgado de Instrucción, a los fines de realizar la sumaria.
De acuerdo con la comunicación del Procurador Domíguez Brito, en lo referente a la recusación contra los jueces de la Cámara de Calificación, que conocen el caso BANINTER el representante del Ministerio Público hizo saber a Participación Ciudadana que el proceso está nuevamente en manos de la Suprema Corte de Justicia y que de seguro el alto tribunal lo remitirá al organismo judicial, para que emita su opinión al respeto
En cuanto al caso seguido contra el Sr. José Michelen Stefan (CASO INESPRE), cuyo expediente se encentra en la Procuraduría General de la República, desde el 15 de agosto del año 2002, Domínguez Brito dijo que oportunamente la Procuraduría dejara saber el curso que se le sigue al proceso.
Participación Ciudadana entiende que la agilización de estos casos y otros que demandó recientemente al Ministerio Público deben ser resueltos, puesto que estos han causado un grave daño social, moral, económico e institucional, por las características que presentan.
En tal sentido consideró que los representantes de la justicia dominicana deben darle seguimiento, en cualquier instancia apoderada de los mismos, hasta su conclusión definitiva.
El movimiento cívico esta convencido de que la lucha contra la corrupción y el cese de la impunidad sólo saldrá victoriosa cuando los tribunales del país asuman la responsabilidad que les corresponde, sancionando drásticamente a los culpables de estos delitos, sin importar su poder o su influencia política o económica y sin hacer distinciones por razones de apellidos o abolengo social.
