Ante la confrontación Gobierno – Congreso Nacional
El movimiento cívico Participación Ciudadana censura el enfrentamiento que han protagonizado las últimas semanas el Gobierno Central y representantes del Congreso Nacional y cuyos términos ponen en entredicho el interés de las partes en contribuir con la gobernabilidad democrática sobre la base de fortalecer el Estado de Derecho.
Aunque una de las características de la democracia es precisamente que el gobierno y la oposición pueden expresar y discutir libremente sus desacuerdos, lo que se ha producido entre el Gobierno y miembros del PRD en el Congreso, no ha sido otra cosa que una sucesiva cadena de presiones, en la que las partes han olvidado sus responsabilidades con la Nación y el pueblo dominicanos, para anteponer sus intereses particulares.
Esto es lo que se deduce al analizar las diferentes propuestas y declaraciones de los funcionarios del Gobierno peledeísta y de los legisladores y dirigentes políticos pertenecientes al PRD. Por una parte, el Lic. Danilo Medina, Secretario de Estado de la Presidencia, amenaza con dar a conocer una serie de auditorias bajo la premisa de que las mismas contienen informaciones “estremecedoras” en perjuicio del pasado gobierno. Parece olvidarse el Lic. Medina que la nueva Ley de Acceso a la Información Pública obliga a las autoridades a dar a conocer esta información a todo aquel que la solicite, pudiendo ser sometido a la acción de la Justicia el funcionario que niegue este acceso. Además, si de estas auditorias se deriva la comisión de algún crimen o delito, es también una responsabilidad de las autoridades del Poder Ejecutivo, el apoderar a los funcionarios judiciales competentes y no utilizar esta información como un mecanismo para silenciar la oposición y obtener su apoyo complaciente.
En otro sentido, es también reprobable que el Senado de mayoría perredeísta postergue sus obligaciones de legislar, condicionándolas a que el gobierno cumpla una serie de demandas. Si el Senado entiende que tal o cual funcionario está violando la ley mediante cancelaciones irregulares o anulando disposiciones adoptadas legítimamente por el Ex Presidente Hipólito Mejía, la Constitución de la República tiene los mecanismos para que ese funcionario sea interpelado ante las propias cámaras legislativas, pudiendo ésta adoptar las sanciones de lugar. Pero intercambiar la aprobación de préstamos o bonos con la reposición de cancelados o con “que no se persiga a ningún compañero”, desnaturaliza los propósitos de la función legislativa y no constituye una acción efectiva de fiscalización.
En ese mismo orden, Participación Ciudadana advierte sobre una peligrosa tendencia que se percibe en ciertos sectores del Gobierno, en el sentido de ofertar impunidad a cambio de una mal entendida “gobernabilidad”, sustentada en la actitud obediente y sumisa por parte de legisladores y opositores. Entendemos que el Ministerio Público debe dar continuidad a los procesos de investigación de actos de corrupción, independientemente de sí sus autores son del actual o del pasado gobierno. Ningún funcionario o ex funcionario puede sentirse molesto porque se inicien acciones de investigación respecto de las responsabilidades públicas en que se ha desempeñado. En todo caso, lo que si debe exigirse es que estas pesquisas se hagan cumpliendo estrictamente el debido proceso y que las mismas no sean utilizadas con fines meramente politiqueros.
Participación Ciudadanallama al Gobierno y a los legisladores a reflexionar muy seriamente sobre el rol que cada uno debe jugar en las actuales circunstancias que vive la República y que precisan del concurso mancomunado de sus mejores hombres y mujeres. A entender que es necesario fomentar la gobernabilidad democrática, pero sobre la base del respeto a la Justicia y el cese a la impunidad, castigando la corrupción de ayer y de hoy; fomentando la ética y la transparencia en la gestión pública; concertando una agenda legislativa y una Agenda Nacional de Desarrollo, que establezcan las prioridades nacionales en los próximos años, dando respuesta a los acuciantes problemas que afectan la población dominicana y que actualmente vive una continua crisis en servicios elementales como el agua, la salud, el suministro de energía eléctrica y la educación.
Advertimos que cualquier tipo de “gobernabilidad” lograda sobre la base de la impunidad, se constituirá en otro factor que aumentará el descrédito y la desconfianza de la ciudadanía en los partidos políticos y sus dirigentes y será además un caldo de cultivo para que en el futuro se cometan nuevos actos de corrupción.
